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1105 - Con el
estreno de una reforma electoral que puede significar un retroceso
democrático por restarle posibilidades a los partidos menores, los
hondureños se preparan para concurrir a las urnas el día 27 en medio de una
campaña con la inseguridad ciudadana en el centro de la escena.
Casi cuatro millones de ciudadanos de Honduras están habilitados para elegir
presidente, vicepresidente, 128 diputados y 289 alcaldes en los séptimos
comicios generales desde 1982, tras dos décadas de dictaduras militares.
Encuestas de la empresa CID-Gallup señalan que el actual titular del
Congreso legislativo, Porfirio Lobo, candidato a la presidencia por el
gobernante Partido Nacional, encabeza la intención de votos con 39 por
ciento de adhesiones, seguido de
Manuel Zelaya, del
opositor Partido Liberal, con 31 por ciento.
También compiten en esta oportunidad, aunque con casi nulas posibilidades
según las consultas, Carlos Sosa, por el socialdemócrata Partido Innovación
y Unidad, Juan Almendares, por la izquierdista Unificación Democrática, y
Juan Ramón Martínez, por la centroizquierdista Democracia Cristiana.
Los postulantes de los tradicionales partidos Liberal y Nacional, que se han
intercalado en el gobierno desde el retorno de la democracia, basan sus
respectivas campañas en acusaciones mutuas de incapacidad para preservar la
seguridad ciudadana, que tiene en las pandillas juveniles o "maras" como
centro de la violencia urbana.
El hecho de que Lobo centrara su discurso en la inseguridad y el accionar de
las temibles pandillas, que es de gran preocupación popular, arrastró a los
demás partidos en el mismo rumbo dejando de lado otros temas clave, como la
lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo, dijo al respecto a IPS
Reina Rivera, del hondureño Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos.
Honduras, El Salvador y Guatemala afrontan en las maras el mayor problema de
seguridad, al punto de que, en el marco de la XXVI Reunión Ordinaria del
Sistema de Integración Centroamericano celebrada el 30 de junio en
Tegucigalpa, firmaron con México y Estados Unidos el compromiso de poner en
marcha la llamada "Fuerza de Respuesta Rápida" contra este flagelo.
El origen de estas pandillas, dedicadas al robo con extrema violencia,
violaciones y tráfico de drogas y armas a pequeña escala, se remonta a los
años 80 en la comunidad de inmigrantes salvadoreños de la sudoccidental
ciudad estadounidense de Los Ángeles.
Las leyes de inmigración de Estados Unidos provocaron a partir de 2000 la
deportación a sus países de origen de todas las personas con una condena
penal superior a un año.
Pero muchos de estos jóvenes simplemente fueron expulsados sin especificar
sus condiciones judiciales y quedaron libres muy pronto, generando un
fenómeno que se extendió por varios países de América Central y México,
donde se presume que hoy las maras conforman una fuerza de entre 150.000 y
300.000 miembros activos.
Las condiciones económicas de extrema precariedad que afronta la región
sirve de caldo de cultivo para que las maras se fortalezcan hasta
convertirse en un problema que prácticamente ha desbordado la seguridad del
Estado.
En particular, 64 por ciento de los 6,5 millones de hondureños viven hoy en
la pobreza, 45 por ciento en la indigencia, mientras que la desocupación
alcanza a 35 por ciento de la población económicamente activa.
Diariamente ingresan a este país entre 20 y 30 menores de 18 años deportados
de Estados Unidos, México o Guatemala, aseguró a IPS la abogada Marta
Savillón, directora de programas de la organización no gubernamental Casa
Alianza.
Lobo, quien sufrió el secuestro de familiares suyos a manos de una pandilla
juvenil, propone endurecer aún más la legislación y hasta restituir la pena
de muerte. En su gestión parlamentaria ya logró hacer aprobar la llamada ley
antimaras, que impuso hasta 20 años de prisión y multas de 50.000 dólares
para quienes integren una pandilla, lo cual ha llevado a 2.500 personas a la
cárcel.
Pero esta prédica en favor de la mano dura ha llevado a organizaciones no
gubernamentales a alertar sobre el riesgo de que el endurecimiento de la
lucha contra las maras redunde en un incremento en las violaciones a los
derechos humanos por parte de las autoridades.
Para el politólogo Ernesto Paz Aguilar, ninguno de los dos partidos
mayoritarios tienen una propuesta de estrategia pública de seguridad, sino
que presentan sólo un conjunto de ideas sobre cuestiones puntuales. "En el
ámbito de la seguridad y los derechos hay evidentemente un retroceso, una
involución autoritaria al menos en el discurso", apuntó.
Para la analista Rivera, es claro el oportunismo en este discurso político
electoral, mientras que los temas fundamentales que agobian a la sociedad
hondureña y que son causa de estos males, brillan por su ausencia.
También, según dijo, se ha tolerado una campaña sucia y los grandes partidos
no han rendido cuentas claras sobre el financiamiento de sus millonarias
campañas.
Mientras se debate el foco de la campaña política, organizaciones no
gubernamentales ponen el alerta sobre las consecuencias para la
institucionalidad de la reforma electoral aprobada este año,
Esos grupos civiles temen que, como resultado de la reforma, se dé un
retroceso en el desarrollo democrático y representativo, pues los partidos
pequeños tienen ahora menos posibilidades de atraer votantes frente a las
grandes maquinarias propagandísticas y electorales de los dos partidos
tradicionales.
A pesar de que la nueva ley electoral impulsó un voto razonado, al exigir la
foto de los candidatos a diputados en las papeletas, los partidos han
llamado a la votación "en plancha", es decir por el conjunto de los
candidatos del sector en las tres papeletas.
Además, el número de electores departamentales se divide entre el número de
diputados elegibles de ese distrito y el cociente es la cifra que debe
alcanzar el candidato para alcanzar un escaño. Los sufragios restantes se
suman a los postulantes más votados.
Ernesto Paz explicó que la reforma no fue hasta el fondo, pues no se crearon
los distritos electorales, por lo cual se puede dar la paradoja de que
algunos partidos pequeños obtengan más votos que en las elecciones pasada,
pero ahora logren menos escaños.
Los partidos de izquierda habían obtenido cinco diputados en las elecciones
anteriores. En la disputa presidencial, los pequeños partidos Innovación y
Unidad, Demócrata Cristiano y Unificación Democrática obtuvieron en los
anteriores comicios apenas uno por ciento de los votos, equivalentes a unos
150.000.
De esta manera, el balance legislativo que se esperaba con la nueva ley
podría resultar en lo contrario. Reina Rivera agregó que, al no alcanzar
siquiera un escaño, algunos partidos pequeños pierdan incluso su personería
jurídica.
El analista Víctor Mesa manifestó a IPS que ha sido la campaña electoral más
"primaria y primitiva" que ha habido en los últimos años en Honduras,
cargada de insultos.
"Es una campaña vacía de propuestas, ofertas coherentes y políticas nuevas.
Se perdió la oportunidad de convertir un proceso electoral en un proceso que
sirva para generar valores de cultura política y democrática", agregó.
La presentación de listas o planchas "mantiene y consolida lo que la nueva
ley electoral trató de combatir y es que la gente vota, pero no elige. Hemos
perdido una oportunidad importante de fortalecimiento de la democracia",
puntualizó Mesa, con evidente escepticismo. |
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