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020709 -
Mark Weisbrot -
El gobierno de Washington, reacio en un principio a apoyar la
democracia en
Honduras,
se ve forzado a hacerlo ante la nueva actitud de Latinoamérica.
El golpe de Estado que derrocó a
Manuel Zelaya,
presidente constitucional de
Honduras,
ha provocado una unánime condena internacional. Pero las
respuestas de algunos países han sido reacias y la ambivalencia
que ha mostrado Washington hace sospechar que el gobierno
usamericano está tratando de obtener algo de la situación.
La primera declaración de la Casa Blanca en respuesta al golpe
fue imprecisa y evasiva. No lo condenó, sino que hizo más bien
un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales de
Honduras
para que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley
y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Dicha declaración contrastó con las de otros presidentes del
hemisferio Sur, como fueron
Lula da Silva, de Brasil, y
Cristina Fernández, de Argentina.
La
Unión Europea también emitió comunicados similares, menos
ambiguos y más inmediatos.
A lo largo del día del golpe, conforme la respuesta de otras
naciones fue quedando clara, Hillary Clinton, nuestra Secretaria
de Estado, dio a conocer una declaración mucho más enérgica, en
la cual condenó el golpe... aunque sin llamarlo golpe. Y siguió
sin exigir que Zelaya fuese reinstituido en el cargo.
La Organización de Estados Americanos (OEA),
el Grupo de Río (es decir, la mayor parte de Latinoamérica) y la
Asamblea General de
Naciones Unidas han exigido el “regreso inmediato e
incondicional” del presidente Zelaya.
>>El
golpe en Honduras paso a paso. ¿Quién es el ilegal Micheletti?>>
Las firmes posiciones del Sur forzaron declaraciones
subsiguientes de funcionarios anónimos del Departamento de
Estado, en las que ya se notaba una posición más favorable al
regreso de
Manuel Zelaya.
El lunes por la tarde, el presidente
Barack Obama
declaró por fin: “Creemos que este golpe [sic] no fue legal y
que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de
Honduras…”.
Pero en una conferencia de prensa que tuvo lugar un poco más
tarde el mismo lunes, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton
le preguntaron si la “restauración del orden constitucional” en
Honduras significaba el regreso de
Manuel Zelaya.
No dijo que sí.
¿Por qué esa reticencia a exigir abiertamente el regreso
inmediato e incondicional de un presidente elegido, como han
hecho el resto del hemisferio y
Naciones Unidas?
Parece obvio que Washington no comparte dicho objetivo. Los
dirigentes del golpe carecen de apoyo internacional, pero
todavía podrían salirse con la suya por una simple cuestión de
tiempo, ya que a Zelaya no le quedan más que seis meses en el
cargo. ¿Apoyará el gobierno de Obama las sanciones contra el
gobierno golpista para impedir el triunfo de los golpistas? Los
gobiernos vecinos de Guatemala,
Nicaragua y
El Salvador ya han dado el
primer aviso al anunciar que en 48 horas suspenderán las
relaciones comerciales con
Honduras.
Por el contrario, una de las razones de la reticencia de Hillary
Clinton a la hora de llamar golpe al golpe es que la ley
usamericana de ayuda exterior prohíbe que los fondos destinados
a ese fin vayan a gobiernos cuyo jefe de Estado ha sido depuesto
por un golpe militar.
Otra posibilidad es que el gobierno de
Barack Obama
pretenda arrancar concesiones a Zelaya como parte de un acuerdo
para su regreso a la presidencia. Pero no es así cómo funciona
la democracia. Si Zelaya quiere negociar un acuerdo con sus
adversarios políticos después de su regreso, allá él. Pero nadie
tiene derecho a arrancarle concesiones políticas a punta de
pistola, mientras está en el exilio.
>>Obama
dijo, finalmente, que el golpe en Honduras es "Ilegal">>
Este golpe no tiene justificación alguna. Hubo una crisis
constitucional cuando el presidente Zelaya ordenó a los
militares que distribuyesen materiales electorales para un
referéndum no vinculante que debía tener lugar el sábado pasado.
En dicho referéndum los ciudadanos debían votar si estaban a
favor de incluir una propuesta de Asamblea Constituyente en el
programa de las próximas elecciones de noviembre, con el fin de
reformar la Constitución. El general Romeo Vásquez, el militar
de mayor graduación en el ejército, se negó a cumplir las
órdenes presidenciales. Entonces el presidente, como comandante
en jefe, lo destituyó, tras lo cual el ministro de la Defensa
dimitió. Más tarde, la Corte Suprema dictó que la destitución de
Vásquez era ilegal y la mayoría del Congreso se puso en contra
del presidente Zelaya.
Los partidarios del golpe sostienen que el presidente infringió
la ley al tratar de sacar adelante el referéndum después de que
la Corte Suprema dictase una sentencia contraria a dicha
celebración. Se trata de un asunto puramente jurídico: puede que
sea así y también puede que la Corte Suprema carezca de base
legal para su sentencia. Pero todo ello se vuelve irrelevante si
consideramos lo sucedido: el ejército no tiene mandato alguno
para arbitrar las disputas constitucionales entre las diversas
ramas del gobierno, más aún si, como sucede en este caso, el
referéndum propuesto no era vinculante, sino un mero plebiscito
consultivo. No hubiera cambiado ninguna ley ni tampoco hubiera
afectado las estructuras del poder: era sólo una encuesta entre
el electorado.
Por lo tanto, los militares no pueden alegar que actuaron para
impedir un daño irreparable. Se trata de un golpe militar de
índole política.
>>
Ultimátum de la OEA a los golpistas de Honduras>>
Hay otros aspectos en los que Washington ha permanecido
sospechosamente silencioso: las informaciones sobre represión
política, el cierre de emisoras de radio y televisión, la
detención de periodistas, la detención y los malos tratos de
diplomáticos y eso que el Comité para la Protección de
Periodistas ha calificado de “apagón informativo” todavía no han
merecido el menor comentario de nuestro gobierno. Con el fin de
controlar la información y reprimir la disidencia, el gobierno
hondureño de facto está preparando unas ilícitas elecciones para
el próximo noviembre.
Muchos informes de prensa han señalado las diferencias
existentes entre el rechazo del golpe de Estado en Honduras por
parte del gobierno de Obama y el apoyo inicial con el que el
gobierno de Bush acogió el golpe militar de 2002 que derrocó
brevemente a
Hugo Chávez en Venezuela.
Pero en realidad las respuestas de ambos gobiernos a ambos
golpes tienen más similitudes que diferencias. En un mismo día,
el gobierno de
Bush dio marcha atrás en su posición oficial con respecto al
golpe en
Venezuela,
y si lo hizo fue porque el resto del hemisferio había anunciado
que no reconocería al gobierno golpista. De forma similar, en
este caso el gobierno de Obama está siguiendo la corriente de lo
que hace el resto del hemisferio para no quedarse solo, pero al
mismo tiempo no se atreve a afirmar rotundamente su compromiso
con la democracia.
Después del golpe en Venezuela hubieron de pasar varios meses
antes de que el Departamento de Estado admitiese que había
otorgado ayuda económica a “individuos y organizaciones
implicadas en el breve derrocamiento del gobierno de Chávez”.
En el golpe de Estado de Honduras, el gobierno de Obama afirma
que trató de desanimar a los militares para que no lo llevasen a
cabo. Valdría la pena saber en qué consistieron tales
conversaciones. ¿Acaso los representantes de nuestro gobierno
les dijeron: “Ustedes saben que tendremos que decir que nos
oponemos, porque todo el mundo se opondrá” o bien les dijeron
esto otro: “Ni se les ocurra dar el golpe, porque haremos todo
lo que esté en nuestra mano para que éste fracase”? La actitud
que ha adoptado nuestro gobierno desde el golpe indica que lo
que les dijeron está más bien del lado de la primera opción, si
no fue algo peor.
El duelo entre Zelaya y sus oponentes enfrenta a un presidente
reformador, que tiene el apoyo de los sindicatos y las
organizaciones sociales, con una elite política corrupta y
narcomafiosa, acostumbrada a elegir a dedo no sólo a la Corte
Suprema y al Congreso, sino también al presidente. Es esta una
historia que se repite una y otra vez en Latinoamérica, y lo
peor es que Usamérica se ha puesto casi siempre del lado de las
elites. En este caso, Washington mantiene estrechos vínculos
desde hace décadas con el ejército hondureño. Durante los años
ochenta, nuestro gobierno utilizó bases en Honduras para
entrenar y armar a los Contras, es decir, a los paramilitares
nicaragüenses que se hicieron famosos por sus atrocidades en la
guerra contra el gobierno sandinista de la vecina Nicaragua.
El hemisferio ha cambiado sustancialmente desde el golpe de
abril de 2002 en Venezuela, pues más de once gobiernos de
izquierda han salido de las urnas. Toda una serie de normas,
instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte han
cambiado. El gobierno de Obama se enfrenta a unos vecinos mucho
más unidos y mucho menos deseosos de transigir en cuestiones
fundamentales de democracia, lo cual hace que Hillary Clinton
tenga mucho menos espacio de maniobra. Pero Honduras no dejará
de advertir la ambivalencia demostrada por Washington y es muy
probable que el gobierno golpista de facto trate de aprovecharla
para mantenerse en el poder, lo cual no augura nada bueno. -
Center for
Economic and Policy Research
Mark Weisbrot es codirector
del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C.
Obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Michigan.
Es coautor con Dean Baker de Social Security: The Phony Crisis (University
of Chicago Press, 2000) y ha escrito numerosos artículos sobre
economía política. Es asimismo presidente de Just Foreign Policy.
Manuel Talens es miembro de
Rebelión
y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de
respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la
fuente.
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