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Ahora lo sabemos: Sí, sí y sí.

TEGUCIGALPA, Honduras - La búsqueda de Nelson Mackay Chavarria - padre de familia, abogado del gobierno, posible subversivo - comenzó un domingo de 1982, después de que desayunara y saliera a comprar el periódico.

Terminó el pasado mes de diciembre, cuando su esposa, Amelia, presenció cómo los médicos forenses extraían sus frágiles huesos de una fosa situada en la Honduras rural.

Descubriendo un trozo de la camisa rojiazul que su marido llevaba el día en que desapareció, Amelia exclamó: "¡Díos mío, es él!".

Junto con Amelia Mackay, la nación hondureña ha comenzado a enfrentarse a la verdad tan largamente sospechada: que cientos de sus ciudadanos fueron secuestrados, torturados y asesinados en los años 80 a manos de una unidad secreta del ejército entrenada y asistida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Esta unidad de inteligencia, conocida como Batallón 316, utilizaba dispositivos de shocks y asfixias en los interrogatorios. Con frecuencia, a los prisioneros se les obligaba a permanecer desnudos y, cuando dejaban de ser útiles, se les mataba y eran enterrados en tumbas anónimas.

Documentos recientemente desclasificados y otras fuentes revelan que la CIA y la Embajada de los Estados Unidos tenían conocimiento de numerosos de los crímenes, incluyendo tortura y asesinatos, cometidos por el Batallón 316, y, sin embargo, siguieron colaborando estrechamente con sus líderes.

Con vistas a mantener el flujo de dólares de los Estados Unidos a Honduras para la guerra contra el comunismo en Centroamérica, la Administración Reagan realizó, a sabiendas, una serie de declaraciones engañosas ante el Congreso y la opinión pública, negando o minimizando la violencia del Batallón 316.

Estas son algunas de las averiguaciones de una investigación de 14 meses en la que The Sun ha obtenido antiguos documentos clasificados y ha entrevistado a participantes de los Estados Unidos y de Honduras, muchos de los cuales, temiendo por su posición o sus vidas, habían guardado silencio hasta hoy.

Entre los entrevistados se encuentran tres ex torturadores del Batallón 316, quienes reconocieron sus crímenes y detallaron la estrecha relación del batallón con la CIA.

La colaboración de los Estados Unidos con el Batallón 316 se dio a muchos niveles.

• La CIA fue clave para el entrenamiento y equipamiento del Batallón 316. Sus miembros eran aerotransportados a un lugar secreto de los Estados Unidos para recibir entrenamiento en técnicas de vigilancia e interrogatorio, y después la CIA les seguía entrenando en bases hondureñas.
   

• Desde 1981, los Estados Unidos suministraron fondos clandestinamente a expertos argentinos en contrainsurgencia para que éstos entrenaran a las fuerzas anticomunistas en Honduras. En esa época, Argentina era famosa por su propia "guerra sucia", que se cobró al menos 10.000 muertos o "desaparecidos" en los años 70. Instructores argentinos y de la CIA trabajaron codo con codo en el entrenamiento de los miembros del Batallón 316 en un campamento en Lepaterique, un pueblo a unas 16 millas al Oeste de Tegucigalpa.
   

• El General Gustavo Álvarez Martínez, quien en su calidad de Jefe de las fuerzas armadas hondureñas dirigía personalmente el Batallón 316, recibió un fuerte apoyo de los Estados Unidos, incluso tras haber dicho a un Embajador estadounidense que pretendía usar el método argentino de eliminación de subversivos.
   

• En 1983, cuando los métodos represivos de Álvarez eran bien conocidos por la Embajada de los Estados Unidos, la Administración Reagan le condecoró con la Legión de Mérito por "promover el éxito del proceso democrático en Honduras". Su amistad con Donald Winters, jefe de la estación de la CIA en Honduras, era tan estrecha que cuando Winters adoptó una niña le pidió a Álvarez que fuera su padrino.
   

• Un oficial de la CIA radicado en la Embajada de los Estados Unidos iba con frecuencia a una cárcel secreta conocida como INDUMIL, en donde se torturaba, y allí visitaba la celda de Inés Murillo, víctima de abducción. Esa cárcel y otras instalaciones del Batallón 316, estaban fuera del alcance de los funcionarios hondureños, incluyendo los jueces que intentaban dar con el paradero de las víctimas de secuestro.

Se desconoce el número exacto de personas ejecutadas por el Batallón 316 . A lo largo de los años se han ido encontrando cuerpos no identificados ni reclamados, enterrados en zonas rurales, a lo largo de los ríos y en los bosques.

Posteriormente, en 1993, el Gobierno de Honduras publicó un listado de 184 personas aún desaparecidas y presuntamente muertas. En español se les conoce como "desaparecidos". Mackay es la primera persona de la lista que fue hallada e identificada. El descubrimiento de un cuerpo identificable ha permitido a los fiscales intentar poner a sus victimarios a disposición de la justicia.

Hasta el día de hoy, los sucesos de Honduras han recibido poca atención, una oscura exhibición para una batalla regional tan publicitada. Ocurrieron cuando la Admisnistración Reagan estaba llevando a cabo una guerra contra el régimen marxista de Nicaragua y los insurgentes de izquierdas en El Salvador.

Honduras, aliada de los Estados Unidos, era utilizada por Washington como base principal de sus operaciones principalmente encubiertas. La misión del Batallón 316 era la de mantener a Honduras limpia de izquierdistas.

"Creo que es un ejemplo de la patología de la política exterior", afirma Jack Binns, a quien Carter nombró embajador en Honduras, cargo que desempeñó entre septiembre de 1980 y octubre de 1981. "Fue el deseo de conducir una guerra clandestina contra Nicaragua a partir de Honduras lo que nos llevó a hacer la vista gorda y a suministrar asistencia a gente que hacía estas cosas a pesar de que sabíamos que las hacían".

Elliott Abrams, ex Subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios entre diciembre de 1981 y julio de 1985, cuando fue nombrado Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, defendió vigorosamente la política de Reagan.

Según Abrams, "No era la política de los Estados Unidos desaparecer gente, asesinar gente. Tampoco era nuestra política mirar para otra parte".

Abrams y otros miembros de la Administración Reagan manifestaron que si bien el primer objetivo era combatir el comunismo, animaron a los dirigentes militares de Centroamérica a poner freno a los abusos contra los derechos humanos. A diferencia de la Administración Carter, que colocó los derechos humanos en un punto destacado de su política exterior, ellos abordaron esta cuestión de forma privada, declaró Abrams.

"Una política de derechos humanos no se hace para hacerle sentir bien a uno", afirma, "sino para hacer algún bien en el país en el que quieres actuar".

NADIE ESTABA A SALVO.

Algunas de las víctimas del Batallón 316 eran subversivos, implicadas en delitos tales como colocación de bombas y robos. Nelson Mackay, un hombre de carácter afable y de ascendencia australiana, tenía muchos amigos en la institución militar, pero era sospechoso de arreglar ventas de armas para un grupo radical estudiantil

Muchos otros fueron secuestrados y asesinados por ejercer las mismas libertades por las que los Estados Unidos dicen que estaban luchando en América Latina. Entre las víctimas se encuentran estudiantes que se manifestaban por la liberación de los prisioneros políticos, sindicalistas que organizaban huelgas en pro de salarios más altos, periodistas que criticaban el régimen militar y maestros de escuela que pedían tasas justas para los pobres.

Entre los secuestrados se encontraban 14 que describieron en sus entrevistas a The Sun cómo fueron tratados. Nueve de ellos declararon que miembros del Batallón 316 les colocaron cables en los genitales y les aplicaron corriente eléctrica.

"Empezaban con 110 voltios", cuenta Miguel Carias, delineante que compartió cautiverio con Nelson Mackay durante una semana en 1982. "Luego subían a 220. Cada vez que descargaban sentía cómo mi cuerpo saltaba y cómo mi boca se llenaba de un sabor metálico".

Ex miembros del Batallón 316, entrevistados en Canadá, donde viven exiliados, describen cómo los prisioneros eran casi asfixiados con una máscara de caucho que se les ataba bien fuerte a la cara. La máscara se llamaba "la capucha". A las mujeres se las acosaba y violaba, declaran los torturadores.

El cuerpo de Mackay, que tenía 37 años y era padre de 5 hijos, mostraba signos de otro tipo de torturas.
Los campesinos que encontraron el cuerpo de Mackay en 1982 y que después lo enterraron relataron que sus manos y pies estaban atados con cuerdas y que alrededor de su cuello había un lazo. De su boca salía un líquido negro. Los campesinos reconocieron la sustancia como "creolina", un líquido denso y negro que se aplica al ganado para matar garrapatas y ácaros.

SIGUIENDO A LAS VÍCTIMAS

Antes de ser secuestrados y torturados, los sospechosos eran objeto de seguimiento por parte del Batallón 316.

José Valle, un ex miembro del batallón que ahora se encuentra en Canadá, describe cómo era el seguimiento típico: "Seguíamos a una persona durante cuatro o seis días. Observábamos su camino diario desde que salían de sus casas, el tipo de transporte que utilizaban, las calles por las que iban".

Una vez que el batallón determinaba el momento y el lugar en que un individuo era más vulnerable, se procedía al secuestro de la persona, normalmente a plena luz del día y portando pasamontañas negros de camuflaje. Les tendían emboscadas a sus víctimas en calles transitadas y después abandonaban rápidamente el lugar en coches con cristales ahumados y sin matrícula.

A los prisioneros del Batallón 316 se les confinaba en dormitorios, armarios y sótanos de casas de campo pertenecientes a oficiales del ejército. Algunos permenecían en clubes militares en lugares como INDUMIL, un complejo de industrias militares cercano a Tegucigalpa.

Se les desnudaba y eran atados de pies y manos. Se les vendaban los ojos con cinta adhesiva.

Los que sobrevivieron recuerdan sesiones de interrogatorio que duraban horas. Los miembros del Batallón les gritaban obscenidades, les acusaban de ser terroristas, y les decían que nunca más volverían a ver a sus familias si no respondían a las preguntas y confesaban.

Milton Jiménez, ex dirigente de un grupo estudiantil radical de izquierda, se vio sometido a este tipo de interrogatorio. Él y varios compañeros de universidad fueron secuestrados por la policía militar el 27 de abril de 1982. Jiménez cuenta que cuando se negó a responder a las preguntar los oficiales le dijeron que iban a matarle. "Dijeron que estaban terminando de cavar mi tumba....Estaba convencido de que iba a morir".

Le colocaron de pie frente a un pelotón de ejecución. Apuntaron hacia él, prometiéndole que había llegado su hora. Pero nunca dispararon. Después fue liberado.

"Nunca me acusaron de nada en concreto", dijo Jiménez en una entrevista en Tegucigalpa, en donde ahora ejerce de abogado. "Dijeron que sabían que yo era un terrorista y me preguntaron quiénes eran mis amigos".

Métodos sencillos.

No había nada de sofisticado en los métodos de tortura empleados por el Batallón 316. Además de la capucha -un trozo de caucho extraído del interior de un tubo que impide a una persona respirar a través de la boca y la nariz- usaban sogas para colgar a las víctimas del techo y golpearlas, y cables eléctricos para infligir torturas mediante descargas.

Gloria Esperanza Reyes, que tiene ahora 52 años, hablando para una entrevista realizada en su casa en Vienna, Virginia, describe cómo fue torturada mediante cables eléctricos que le fueron colocados en los pechos y en la vagina. "La primera convulsión fue tan fuerte que sólo quería morirme", manifestó.

José Barrera, un ex torturador del batallón entrevistado en Toronto, recuerda los ruegos de los prisioneros. "Siempre nos pedían que les matáramos", declaró, "La tortura es peor que la muerte".

El Batallón 316 fue entrenado en sus inicios por los argentinos, a quienes el General Álvarez había invitado a Honduras, habiéndose graduado él mismo con honores en la Academia Militar Argentina.

"Los argentinos llegaron primero, y ellos enseñaron como desaparecer a la gente. Los Estados Unidos les hicieron más eficaces", manifestó Oscar Álvarez, un ex oficial de las fuerzas especiales hondureñas y también diplomático, sobrino del general.

"Los americanos...trajeron el equipamiento", dijo. "Impartieron el entrenamiento en los Estados Unidos, y trajeron algunos agentes aquí para impartir entrenamiento en Honduras. Dijeron 'Necesitan a alguien que intercepte los teléfonos, que transcriba las cintas, necesitan grupos de vigilancia'. Trajeron cámaras especiales dentro de termos. Enseñaron técnicas de interrogatorio".

"Los Estados Unidos no venían aquí y ordenaban matar gente", añadió, "Nunca vi actividades de los Estados Unidos encaminadas a crear escuadrones de la muerte".

El jefe de estado mayor del Gral. Alvarez, Gral. José Bueso Rosa, también describe el papel de los Estados Unidos en el desarrollo del batallón. "Ellos tuvieron la idea de crear una unidad de inteligencia que reportaba directamente al jefe de las fuerzas armadas", dijo. "El Batallón 316 se creó ante la necesidad de información. No éramos especialistas en inteligencia, en recabación de información, así que los Estados Unidos se ofrecieron a ayudarnos a organizar esta unidad especial".

(En 1986 Bueso fue condenado por un Tribunal de Distrito de Miami, Estados Unidos, por participar en una operación frustrada, financiada con droga, para asesinar al ex Presidente de Honduras Roberto Suazo Córdoba.)

Ex miembros del Batallón Batallón 316 y oficiales hondureños manifestaron que la CIA entrenó a miembros de la unidad en técnicas de interrogatorio y vigilancia, tanto en los Estados Unidos como en Honduras.

Este entrenamiento a cargo de la CIA fue confirmado por Richard Stolz, a la sazón subdirector de operaciones, en el testimonio secreto que rindió ante el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, en junio de 1988.

En testimonio desclasificado a solicitud de The Sun, Stolz dijo al comité: "El curso consistía en tres semanas de instrucción teórica seguidas de dos semanas de ejercicios prácticos, que contemplaban el interrogatorio de prisioneros de hecho por parte de los estudiantes. Se rechazaban el abuso físico u otros tratos degradantes, no sólo porque no fuera correcto, sino porque históricamente se ha comprobado que no son eficaces".

Confirmó que oficiales de la CIA visitaron el lugar donde estuvo Inés Murillo, de 24 años de edad, durante su cautiverio.

El testimonio de Stolz se ha visto confirmado por las entrevistas a miembros del Batallón 316. La CIA les dijo que aplicaran presión psicológica, pero no tortura física. Pero víctimas y ex miembros del batallón dicen que la CIA sabía que se empleaba la tortura.

Florencio Caballero, ex miembro del batallón, recuerda la instrucción que recibió y la realidad.

"Dijeron que la tortura no era una forma de obtener la verdad en los interrogatorios. Pero Álvarez dijo que la manera más rápida de conseguir información era mediante la tortura", declaró a los investigadores del comité selecto del Senado.

Los investigadores del Senado entrevistaron a Caballero en Canadá, como parte de la misma investigación en la que testificó Stolz.

En una entrevista con The Sun, Oscar Álvarez evoca también la realidad:

"Lo que estaba previsto es que la unidad de inteligencia recabara la información y la pusiera a disposición judicial diciendo que la persona en cuestión pertenecía a la guerrilla y que allí estaban las pruebas", dijo, "Pero los hondureños no hicieron eso", y haciendo el gesto de degollar, dijo "Tomaron el camino más fácil".

Y añadió, "Los oficiales estadounidenses no protestaron".

Mark Mansfield, portavoz de la CIA declaró: "No es nuestra política hacer comentarios sobre las relaciones de nuestros enlaces", pero añadió, "La idea de la que CIA estuvo involucrada o ratificó abusos a los derechos humanos en Honduras carece de fundamento".

UN HOMBRE, UNA MISIÓN.

Cuando Álvarez tomó el mando de las fuerzas armadas hondureñas en 1982, a la edad de 44 años, Washington pasó a tener el hombre ideal para su empresa de combatir la insurgencia comunista en Centroamérica.

"Gustavo Álvarez no compartía el carácter nacional, era dinámico, firme, inflexible", afirmó Donald Winters, jefe de la estación de la CIA en Tegucigalpa entre 1982 y 1984. "Sabía adónde quería ir".

Álvarez era hijo de un director de instituto que le obligaba a recitar poesía para evitar el tartamudeo. No obstante, su lectura favorita era la historia militar. Admiraba tanto al "zorro del desierto" alemán de la II Guerra Mundial, el Mariscal de Campo Erwin Rommel, que a uno de sus hijos le puso el nombre de Erwin y al otro Manfred, como el hijo de Rommel.

El General Álvarez no ocultaba su creencia de que el terror y la violencia eran las únicas formas de tratar con los subversivos. Como comandante de la fuerza de policía nacional conocida como Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), ya había creado una unidad de inteligencia que pasaría a ser conocida como Batallón 316.

El 6 de febrero de 1981, cuando todavía estaba al mando de la FUSEP pero ya había sido elegido como comandante en jefe de las fuerzas armadas hondureñas, le comentó a Binns su admiración por la manera en que los militares argentinos habían tratado la cuestión de los subversivos y le dijo que planeaba usar los mismos métodos en Honduras.

El Embajador de los Estados Unidos estaba sorprendido. En un cable urgente que cursó a sus superiores en Washington describía la conversación:

"Álvarez subrayó que Occidente y las democracias eran blandos, quizás demasiado blandos para hacer frente a la subversión comunista". Los argentinos, decía, habían enfrentado la amenaza eficazmente, identificando -y ocupándose- de los subversivos. Su método, opinaba, es el único medio eficaz de afrontar el desafío.

"En lo relativo a la subversión, [Álvarez] optaría por la acción dura, firme y extra-jurídica", advertía Binns.

Cuatro meses depués, Binns se vio ultrajado al enterarse de la violenta abducción y desaparición de Tomás Nativi, un profesor universitario de 33 años y presunto subversivo. Según testigos y un informe del Gobierno hondureño de 1993, Nativi fue arrancado de su cama el 11 de junio de 1981 por seis hombres con pasamontañas.

Desde entonces no ha sido visto y se presume muerto.

En su cable a Washington acerca del incidente, el Embajador decía: "Creo que debemos cortar esta situación de raíz. Ya he pedido al jefe de la estación [de la CIA] que, tangencialmente, saque a relucir este problema con....Álvarez (cuyos pupilos parecen ser los actores principales y de quien sospecho es la fuerza intelectual detrás de esta nueva estrategia para agarrar subversivos/criminales)".

HACIENDO OÍDOS SORDOS

Binns recomendó que el Gobierno de los Estados Unidos actuara para poner fin a la violencia militar amenazando con retener la ayuda militar. "Esas sugerencias arrancaron un estruendoso silencio de Washington", dijo en una reciente entrevista en su casa de Tucson, Arizona. "Mi mensaje no era el mensaje que todos querían escuchar".

La Administración Reagan había dejado claro que bajaría el perfil de las críticas a los abusos de los derechos humanos cometidos por sus aliados en lugares tales como Centroamérica, donde querían actuar en la ofensiva contra la amenaza comunista.

Thomas O. Enders, ex Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos y arquitecto principal de la estrategia inicial de Reagan, describía el cambio de política en una entrevista reciente en Nueva York, donde se desempeña como director gerente de Salomon Brothers Inc., un banco de inversiones.

"No creíamos que pudiéramos apoyar de manera eficaz la resistencia a las guerrillas en Centroamérica sin estar dispuestos a conceder un apoyo público significativo a sus gobiernos", declaró Enders.

"Temíamos que el enfoque que había sido adoptado por la Administración Carter, que era muy crítico respecto de ellos y podía desmoralizarles, no podría convencer a la Unión Soviética, o a los salvadoreños, hondureños y otros, que íbamos en serio".

En la estrategia de Reagan, Honduras, que ya antes había sido usada por los Estados Unidos como avanzada de sus objetivos en Centroamérica, estaba idóneamente situada entre Nicaragua y El Salvador. El General Álvarez parecía un socio ideal.

"Álvarez era un 'querido' de la Administración Reagan", declaró Cresencio S. Arcos, portavoz de prensa de la Embajada de los Estados Unidos entre junio de 1980 y julio de 1985, y Embajador en Honduras entre diciembre de 1989 y julio de 1993.

A medida que la estrella del General Álvarez crecía, el Presidente Reagan daba órdenes de llevar a cabo una agresiva, y en su mayor parte secreta, arremetida contra el comunismo en Centroamérica.

El 9 de marzo de 1981 -después de menos de dos meses en el cargo- Reagan firmó una "decisión" que ordenaba la ampliación de las operaciones encubiertas autorizadas por la Administración Carter "al suministro, a los Gobiernos centroamericanos que cooperaban [con Estados Unidos ], de todo tipo de entrenamiento, equipamiento, y asistencia correlativa, para confrontar la subversión y el terrorismo promovidos desde el exterior".

El 1 de diciembre de 1981 ordenó a la CIA trabajar contra los sandinistas en Nicaragua y los insurgentes de izquierdas en El Salvador, a través de "no-americanos" principalmente.

Los "no-americanos" incluían a los argentinos, pagados por la CIA, dijo Enders en una entrevista el mes pasado. Dijo que no parecía haber otra alternativa que usar a los argentinos, a pesar de su triste pasado en derechos humanos.

"No había mucha gente con experiencia en contrainsurgencia", afirmó. "¿Cuánta gente había que fuera hispano hablante?. [Los derechos humanos] eran una preocupación obvia, pero cuando nos pusimos a estudiarlo no vimos que tuviéramos ninguna elección clara".

A finales de 1981, la Administración Reagan había sustituído al Embajador Binns por John Negroponte, a quien se consideraba un hombre comprometido con la decisión de la administración de hacer frente al comunismo en América Latina.

USS HONDURAS

La asociación con Honduras y el General Álvarez se intensificó. La ayuda militar a Honduras creció de 3.900 millones de dólares en 1980 a 77.400 en 1984.

El diminuto país se vio saturado con tanto equipamiento militar y personal de los Estados Unidos que algunos empezaron a referirse a él como el "USS Honduras".

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos colmaba de dinero y alababa a Álvarez, la evidencia de violaciones a los derechos humanos aumentaba.

Una de las acusaciones partió del Coronel Leónidas Torres Arias, tras ser despedido de su cargo de jefe de inteligencia de las fuerzas armadas hondureñas.

En agosto de 1982, dio unas conferencias de prensa en Ciudad de México sobre el Batallón 316, "un escuadrón de la muerte que operaba en Honduras y que estaba dirigido por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, General Gustavo Álvarez". Dio los nombres de tres víctimas, entre ellas Nelson Mackay.

En la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, los funcionarios estadounidenses tuvieron que afrontar las peticiones personales y escritas de los familiares de los desaparecidos.

El ex congresista hondureño, Efraín Díaz Arrivillaga, manifestó que él había hablado varias veces con funcionarios de los Estados Unidos en Honduras, incluido Negroponte, sobre los abusos de los militares.

"Su actitud era tolerante y de guardar silencio", dijo. "Necesitaban que Honduras prestara su territorio más de lo que les preocupaba que se estuviera matando a gente inocente".

Negroponte, ahora Embajador en Las Filipinas, ha rechazado reiteradas solicitudes hechas por teléfono y por escrito, desde el mes de julio, para ser entrevistado acerca de este informe, incluyendo, recientemente, una carta entregada en mano a la Embajada en Manila.

Los periódicos hondureños publicaron casi a diario historias acerca de la violencia militar y anuncios a toda página con fotos de los desaparecidos. Sólo en 1982 se publicaron, por lo menos, 318 historias sobre las violaciones a manos de los militares.

Algunas de ellas nombraban directamente a Álvarez.

"General Álvarez, como ser humano que es, le ruego que libere a mis hijos", podía leerse en un titular de El Tiempo del 30 de abril de 1982..

Congresistas hondureños redactaron varias resoluciones pidiendo que se investigaran las desapariciones.

Los familiares de las víctimas del Batallón 316 se manifestaron por cientos en las estrechas calles de Tegucigalpa pidiendo el retorno de los desaparecidos.

"¡Se los llevaron vivos y vivos los queremos de vuelta!", coreaban, en su mayor parte mujeres mayores, de rostros arrugados, con pañuelos blancos en la cabeza y llevando posters con dibujos de sus hijos y nietos desaparecidos.

Sin embargo, con la determinación de evitar las preguntas del Congreso, los funcionarios de los Estados Unidos en Honduras ocultaron las pruebas de las violaciones a los derechos humanos.

"No hay prisioneros políticos en Honduras", afirmaba sobre Honduras el informe de 1983 de derechos humanos del Departamento de Estado.

Por aquel entonces la Embajada estaba al tanto de numerosos secuestros de izquierdistas y había participado en la liberación de dos prominentes víctimas cuya abducción y tortura eran embarazosas.

Era normal que no aparecieran ejemplos específicos de brutalidad a manos de los militares hondureños en los informes de derechos humanos, preparados por la Embajada bajo la directa supervisión del Embajador Negroponte.
Tales informes al Congreso eran un requisito de la Ley de Asistencia Exterior [Foreign Assistance Act], la cual, en la mayor parte de los casos, prohíbe a los Estados Unidos suministrar ayuda militar a naciones cuyos gobiernos estén inmersos en un notable patrón de violaciones graves a los derechos humanos.

EL FINAL DE ÁLVAREZ

En 1984 a otros oficiales hondureños comenzó a preocuparles el que Álvarez hubiera llevado al país a una violencia excesiva contra su propia gente.

El Coronel Eric Sánchez, ya retirado de las fuerzas armadas, pensaba que Álvarez estaba "obsesionado".

Recordando una conversación con Álvarez acerca del Batallón 316, Sánchez declaró que el jefe de las fuerzas armadas le dijo: "Uno tiene que combatir el comunismo con todas las armas y en todos los terrenos, y no siempre los medios son justos".

El General Walter López, en la actualidad uno de los tres vice presidentes de Honduras, recordaba en una entrevista "(Álvarez) era peligroso. Empujaba al país a hacer algo que no queríamos hacer. Queríamos que se nos entrenara profesionalmente, pero sólo para defender nuestro país. No para las llamadas operaciones encubiertas".

El 31 de marzo de 1984, la carrera militar de Álvarez llegó a un repentino e inesperado final.

Acusado de malversación de fondos, fue rechazado por sus propios oficiales. Un joven oficial le puso una pistola en la cabeza y le esposó. Fue introducido en un avión militar rumbo a Costa Rica.

Más tarde ese mismo año, Álvarez y su mujer, con sus cinco hijos, aterrizaban en Miami, donde vivieron durante 5 años. Se unió a una iglesia evangélica en Miami y se aferró a la religión con tanta pasión como se había aferrado a la lucha contra el comunismo.

En 1988 Álvarez dijo que había recibido una llamada en un sueño urgiéndole a volver a Honduras y predicar la Biblia. Esquivando las ofertas de protección que le brindaban sus amigos militares, se pudo a predicar en las esquinas de las calles, exclamando: "Mi Biblia es mi protección".

El 25 de enero de 1989, cinco hombres vestidos de azul y con gorras, rodearon su coche y lo sembraron de balazos. Momentos antes de morir, cuando se desangraba como consecuencia de las 18 heridas, Álvarez preguntó: "¿Por qué me hacen esto?"

Nunca se encontró a los asesinos, pero un grupo llamado Movimiento de Liberación Popular reivindicó el asesinato.

En una declaración, el grupo se refería a Álvarez como un psicópata que intentó "eludir la justicia popular disfrazándose de Cristiano frágil y arrepentido". Bueno

LA DEFENSA DE UNA VIUDA

Lilia Álvarez, la viuda del General, defiende su memoria.
"Era consciente de que lo criticarían por lo que hizo....Hubo algunas detenciones ilegales, y quizás el ejército ejecutara a algunas personas, pero piensen en cuántas vidas se salvaron. Miles de personas se salvaron porque mi marido impidió una guerra civil".

El Gobierno hondureño ha emprendido varias iniciativas en lo referido a la búsqueda de la verdad sobre las desapariciones de los años 80.

En un informe de 1993, "Los hechos hablan por sí mismos", el Gobierno da la lista de los nombres de cada uno de los desaparecidos y admite que no protegió a sus ciudadanos de los abusos de los militares.

"Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la falta del debido proceso....caracterizaron estos años de intolerancia", declaraba el informe del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos en Honduras. "Tal vez, más preocupante que las violaciones en sí mismas, era la tolerancia de las autoridades para con estos crímenes y la impunidad con que que fueron cometidos".

Con este informe, el Gobierno hondureño admite por primera vez que las desapariciones ocurrieron y que comparte la responsabilidad.

En el año que siguió a su toma de posesión como Presidente de Honduras en 1994, Carlos Roberto Reina emprendió medidas adicionales para identificar a los responsables.

"Aquéllos de nosotros que vivimos aquel periodo tenemos el compromiso de que no se vuelva a vivir", afirmó el Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana. "Tenemos el compromiso de construir una sociedad que diga 'nunca jamás'".

Uno de los hechos más importante en el marco de esa tarea fue el descubrimiento de un cuerpo identificable de un desaparecido, Nelson Mackay. Con un cuerpo identificado se podía emprender una investigación por asesinato. El caso se ha visto impulsado por la voluntad de testificar de Miguel Carias, su presunto co-conspirador.

Carias describe su último encuentro en una entrevista.

Estaban juntos en una casa de ladrillo marrón, al norte de Tegucigalpa, que el Batallón 316 usaba como cárcel secreta. Mackay estaba en una habitación y tenía sus manos y pies atados con una cuerda. Carias, que estaba encerrado en el armario, oyó rezar a Mackay.

"Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres....".

La voz de Mackay iba subiendo a medida que recitaba la plegaria una y otra vez.

"Le dije, '¡Mackay, cállate, por favor. Me estás volviendo loco con todos tus rezos!'", relata Carias.

Mackay seguía, "Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte...."

"Nunca más volví a ver a Nelson ni a saber de él", dijo Carias.

Más de una década después de la ejecución de Mackay y otros, las fuerzas hondureñas tratan todavía de frustrar la investigación acerca de los crímenes de los militares hondureños.

Carias está bajo vigilancia las 24 horas.

Otros dos testigos hondureños que participaron en investigaciones previas han sido asesinados.

El Comisionado hondureño de derechos humanos, Leo Valladares, ha recibido tantas amenazas que, en abril, sacó a tres de sus hijos de Honduras, viaje que fue arreglado rápidamente después de que uno de los escoltas de Valladares fuera abatido a disparos en un autobús. No se efectuó arresto alguno por la matanza.

A pesar de este tipo de intimidaciones los familiares de los desaparecidos siguen determinados. Una vez al mes se congregan frente al Congreso hondureño, en el centro de Tegucigalpa, y distribuyen octavillas con los nombres y rostros de los desaparecidos.

Fidelina Borjas Pérez, de 66 años, lleva buscando a su hijo Samuel desde que éste desapareció, en enero de 1982, en un autobús que viajaba a Honduras desde Nicaragua.

"Espero que un día Dios me deje encontrar a mi hijo, aunque sólo sea su cadáver", dijo.

Ninguno de los familiares cree que los desaparecidos estén vivos, pero quieren saber cómo murieron sus familiares y quién es responsable de sus muertes.

"No vamos a abandonar nunca nuestra búsqueda", afirma María Concepción Gómez, cuyo marido, un dirigente sindicalista, desapareció en agosto de 1982. Sentada en su comedor bajo una imagen de La Última Cena, dijo: "Nunca nos cansaremos. El ejército se equivoca si espera que olvidemos o abandonemos".

Amelia, la viuda de Nelson Mackay, comparte la misma determinación.

Pocas semanas después de la desaparición de su marido detuvo su búsqueda pública a causa de amenazas telefónicas contra sus hijos. Entonces se dedicó a trabajar muchas horas para poder mantener a sus hijos en colegios privados.

Por el día trabajaba como auxiliar administrativo en el Ministerio Hondureño de Asuntos Exteriores. Por la noche hacía repostería y la vendía entre los amigos para obtener un ingreso extra.

Escondía debajo de su cama una caja que contenía el historial de la dentadura de su marido, su tarjeta de identificación en la que figuraba su peso y talla, y una fotografía de él llevando una camisa a rayas rojas y azules que llevaba el día en que desapareció.

"No podía dormir por la noche", recuerda. "Daba vueltas a oscuras por la casa pensando que tal vez él regresaría, que aparecería".

LA PRIMERA REPÚBLICA BANANERA

Honduras es la "república bananera" originaria, término acuñado desde principios de siglo 20 para describir la dependencia política y económica del país respecto de las compañías frutícolas estadounidenses.

La costa Norte de Honduras, la región agrícola más rica del país, estuvo bajo control de las compañías frutícolas estadounidenses en el pasado cambio de siglo. En 1914 eran dueños de casi un millón de acres de la tierra más fértil de Honduras.

Las frutícolas construyeron las únicas líneas ferroviarias de Honduras para el transporte de la mercancía, pusieron en marcha su propio sistema de banca y sobornaron a políticos y dirigentes sindicales para que éstos se avinieran a sus deseos.

Casi ningún rico permanecía en Honduras, el país más pobre de Centroamérica.

• Población: 5,2 millones.

• Renta media per capita: 540 dólares/año
   

• Educación: casi la mitad de la población no ha terminado el sexto grado.

• El 40 por ciento son analfabetos.
   

• Forma de vida: el 55 por ciento vive en zonas rurales o suburbios en los alrededores de Tegucigalpa, la capital, o en San Pedro de Sula, la segunda ciudad más grande del país.

• Religión: La católico romana.

Honduras no es el único lugar de América Latina donde la Agencia Central de Inteligencia ha colaborado con los regímenes represores.

Este mismo año se ha revelado que un oficial del ejército guatemalteco vinculado con dos asesinatos de alto perfil era un agente pagado de la CIA. Una de las víctimas era un hostelero estadounidense que vivía en Guatemala, la otra un guerrillero de izquierdas casado con una abogado nacida en Baltimore.

Se supone que los oficiales de la CIA sabían que el Coronel Julio Roberto Alpirez, guatemalteco, estaba involucrado en los asesinatos, pero ocultaron la información.

Creada en 1947, la CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas en América Latina desde sus inicios. En 1954, la CIA diseñó un golpe lanzado desde la vecina Honduras que sirvió para derrocar al Presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán, e instaló un gobierno militar.

La CIA apoyó el derrocamiento del Presidente chileno Salvador Allende en 1973, y procedió a lanzar un programa encubierto para enardecer la reputación del hombre fuerte de Chile, el General Augusto Pinochet. Funcionarios estadounidenses han admitido que la CIA pagó al ex dirigente militar de Panamá, Manuel Antonio Noriega, más de 160.000 dólares por sus servicios como fuente de inteligencia.

En los años 80, la CIA expandió sus actividades en América Latina. La agencia entrenó y financió una fuerza paramilitar clandestina conocida como la "contra" para atacar al Gobierno sandinista de Nicaragua.

En El Salvador, el Coronel Nicolás Carranza, por aquel entonces al frente del Departamento del Tesoro de la policía, según rezan los informes, estuvo en la nómina de la CIA durante los años 80 en calidad de informante. Carranza y la policía del Tesoro han sido vinculados a los escuadrones de la muerte salvadoreños de extrema derecha.

En una de sus actuaciones más controvertidas de la guerra fría, la CIA orquestó la invasión fallida de Cuba, en Abril de 1961, mediante una fuerza de exiliados cubanos.

Con el final de la guerra fría, están aflorando las preguntas acerca del papel de la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses. Las agencias de inteligencia, concretamente la CIA, están siendo sometidas a una intensa re-evaluación por parte de una comisión presidencial que se espera informe de los resultados de sus investigaciones a principios del próximo año.

[Fuente: The Baltimore Sun - Por Gary Cohn y Ginger Thompson, Sun Staff - Publicado originalmente el 11 de junio de 1995. Primera entrega de una serie. Traducido al español desde el original en inglés por el Equipo Nizkor el 10sep01]

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