100907
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A propósito del debate público y jurídico
que se ha generado en torno al destino futuro del general Manuel Antonio
Noriega, se ha reabierto en Panamá un debate sobre la invasión
norteamericana de 1989. Para ayudar a refrescar la memoria, reproducimos
aquí un extracto de nuestro libro 'Diez años de luchas políticas y
sociales en Panamá (1980-1990)':
A. Los objetivos de la invasión norteamericana
El presidente de Estados Unidos, George
Bush (padre), justificó la invasión a Panamá sobre la base de una serie
de pretextos cuya lógica es casi innecesario rebatir. Según Bush, los
objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron: proteger la vida de
los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el narcotráfico
sometiendo a Noriega a la justicia y 'restaurar' el proceso democrático
panameño.
El régimen militar jamás amenazó la vida y las propiedades de los
norteamericanos y los grandes capitalistas, por el contrario, protegió
hasta el final dichos intereses a costa del sacrificio de los
trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la política de las FDP
fue la de evitar la confrontación, pese a las reiteradas provocaciones
del ejército norteamericano. Es más, la inconsecuencia de la dirección
norieguista llegó al extremo de que la mayoría absoluta de la alta
oficialidad, con un par de honrosas excepciones, abandonó los cuarteles
y huyó cobardemente apenas supo que venía la invasión, dejando a la
tropa librada a su suerte.
Si el problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en
el paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que
decir que estas actividades han continuado con fuerza después de la
invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario
norteamericano Washington Post decía: 'El Departamento de Estado
reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente
democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero
del hemisferio'.
A nuestro juicio, se pueden resumir en
tres los objetivos reales de la invasión norteamericana del 20 de
diciembre de 1989: los relativos a la estabilización de la situación
política y el tipo de régimen necesario para lograrlo; los económicos,
que estaban muy relacionados con lo anterior, es decir, la aplicación
del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema de las bases
militares y su control sobre el
Canal de Panamá
Respecto al primero y segundo objetivos, es conveniente recordar lo que
ya hemos señalado en los capítulos anteriores, el proceso de
democratización que fuera pactado entre los militares panameños y el
imperialismo norteamericano fue hecho añicos por las luchas de los
trabajadores contra los planes de ajuste estructural. Muchas personas,
al calor de las contradicciones surgidas entre la Casa Blanca y Manuel
A. Noriega, a partir de 1987, olvidan que el plan de 'democratización'
fue pactado entre ambos, y que las contradicciones entre los militares
panameños y los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron
luego de 1985, cuando las luchas populares habían afectado la
estabilidad política del régimen y a sus 'ajustes'.
El plan de 'reacción democrática' se desarrolló de común acuerdo entre
los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y
que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo
que otorgan al presidente Ardito Barletta. La conjunción de intereses se
manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización
de la Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de
esto señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas
por parte de Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en
1980 y 1981, a 5.4 en 1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6
en 1985, 8.2 en 1986, para volver a caer en 1987 a 3.5 millones de
dólares.
¿Cuándo y por qué se inician las contradicciones entre el gobierno
norteamericano y la cúpula militar panameña? Ya hemos citado a
prominentes personalidades burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo
Arias, que en julio de 1985 exigían (el primero a los militares y el
segundo a Estados Unidos) cambios políticos para romper la parálisis en
que se había sumido el gobierno de Barletta producto de las luchas
populares contra el plan fondomonetarista.
Ese año (1985) para superar la crisis, la cadena se rompió por el
eslabón más débil: los militares ofrecieron la 'cabeza' (en el sentido
político) de Barletta. Inmediatamente importantes sectores de la
burguesía y la 'oposición' dieron una tregua al nuevo gobierno de Eric
Delvalle en un intento por mantener a flote el proyecto de 'reacción
democrática'.
Pero persistía un problema: debido al fraude electoral y a las luchas
contra el plan de ajuste el pueblo panameño no había mordido el anzuelo,
y no se comía el cuento de que vivía en un régimen democrático. Se sabía
que los militares eran el poder real, y que eso no había cambiado. El
asesinato de Spadafora había colocado dramáticamente este problema en el
centro de la escena política, aunque no olvidemos que un año antes, en
el programa de COCINA ya figuraba allí la exigencia de recortar el
presupuesto de las FDP. La movilización popular amenazaba directamente
al centro del poder político, las FDP, y colocaba la posibilidad de que
una serie de luchas llevara a una debacle del régimen sin que existieran
mecanismos de recambio.
Este es el origen de las contradicciones: un sector de la burguesía
panameña, y el Departamento de Estado norteamericano, empezaron a exigir
a los militares panameños (durante 1986) que adoptaran medidas concretas
que hicieran creíble ante el pueblo que ellos se replegaban de la
actividad política cediendo el poder a los civiles, subordinándose al
Presidente de la República, etc. Había que establecer un calendario de
'democratización', en el que la fecha clave era el retiro o jubilación
del General Manuel A. Noriega, quien a los ojos de todo el mundo era el
'hombre fuerte' de Panamá. Si esto no se hacía, no había manera de darle
legitimidad al gobierno y al régimen, pues las masas panameñas no se
tragarían el cuento de la 'democracia'.
No olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear
un régimen presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el
parlamento para que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía
electoral. De esta manera, frente a las luchas obreras y populares se
crean mecanismos de intermediación y contención que los regímenes
militares no tienen.
Mientras que para la estrategia imperialista y la oposición burguesa se
trataba de realizar a cabalidad la institucionalización democrática, lo
que implicaba no sólo elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC
ganara, y que el mando de las FDP fuera impersonal, llevado por
funcionarios militares sometidos a un acuerdo nacional que limitaba su
intervención en aparato estatal, etc.; para el régimen militar y sus
acólitos se trataba de ejecutar una 'democratización' aparente, pero que
jamás cuestionara su papel de árbitro supremo, ni su control del aparato
estatal.
La resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un
acuerdo gracias a las particularidades históricas panameñas, en las que
el problema nacional y la presencia norteamericana determinan
decisivamente los acontecimientos políticos. De manera que, una crisis
que en otro país latinoamericano probablemente se habría resuelto en un
tiempo menor, con la imposición por parte del imperialismo
norteamericano y sus aliados internos de sus designios, en Panamá se
prolongó por dos años.
Debido al arraigado sentimiento antiimperialista de importantes sectores
del pueblo panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en
nuestros asuntos, una parte notable del movimiento obrero cesó sus
luchas contra el régimen y su plan económico conforme aumentaban las
presiones norteamericanas. Es más, parte importante de la clase obrera y
las capas medias de la sociedad, apoyó activamente a Noriega porque lo
veían como la cabeza de la lucha nacionalista de nuestro pueblo. Por
supuesto, este hecho no está en contradicción con el apoyo de masas
recibido por la Cruzada Civilista, especialmente en la clase media.
Porque, aunque minoritarios con relación a los civilistas, no se puede
desconocer que también el nacionalismo levantado por el régimen militar
tuvo apoyo en miles de activistas.
Esta base social, activa o pasiva, fue la que permitió al régimen
militar panameño sobrevivir dos años de aguda crisis política, sanciones
económicas y presiones norteamericanas. A la base social interna, hay
que sumar el respaldo internacional por la causa panameña frente al
imperialismo norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA votar una
resolución de condena al régimen panameño, sin que por otro lado,
tuviera que condenar la intromisión extranjera.
Noriega, sin ser un consecuente antimperialista ni nacionalista, se
apoyó en estas contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados
Unidos, para sobrevivir autoconvirtiéndose en vocero de la causa
nacionalista panameña.
El choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis
se centró durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega.
Conforme la crisis política se fue agudizando este punto fue
concentrando todos los problemas. Agobiado por las presiones, el General
Noriega estuvo dispuesto a ceder el gobierno civil a Guillermo Endara a
principios de 1989 (por eso las elecciones fueron 'las más limpias de la
historia', hasta el día de la elección), e inclusive después (entre
junio y agosto) se propuso un 'gobierno compartido' encabezado por
Endara. Lo único que no aceptaba Noriega era que se le obligara a
renunciar, menos aún si Estados Unidos no retiraba la acusación por
narcotráfico, ni que se desmantelara la institución.
Pero ni la ADOC ni el Departamento de Estado yanqui podían aceptar a
Noriega, pues su sola presencia indicaba una continuidad del régimen y
de la crisis. A la vez que ellos necesitaban liquidar la autonomía
relativa alcanzada por los militares panameños, para reorganizar la
institución militar de acuerdo al nuevo régimen político
presidencialista que se intentaba imponer.
Estas diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el
problema concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus
privilegios. El triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto
es lo que quería señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega
significaba el 'comienzo del fin'. Era el final de un régimen político,
y de los funcionarios civiles y militares que lo encarnaban. Más que
eso, era el final del régimen político con mayor autonomía (con respecto
a Estados Unidos) de la historia panameña, el cual logró crear también
una élite de funcionarios y tecnócratas con relativa independencia de lo
que se ha dado en llamar la 'sociedad civil'.
Estas contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían
que ser más agudas cuando se estaba a las puertas de la última década
del siglo, momento en que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos
- Carter, debían revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el
canal mismo, a la soberanía y economía panameñas. La fracción de la
burguesía que maneje los destinos políticos del país será, sin duda, la
mayor beneficiaria de la privatización de los 'bienes revertidos',
evaluados en unos 30,000 millones de dólares.
¿Quería el imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las
FDP por ser un ente 'nacionalista', tal y como lo pintan los defensores
del régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor
parte de la crisis ésta no fue la intención del gobierno norteamericano.
Además de que el comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y
aún después), no representaba una amenaza para los intereses
norteamericanos, más bien actuaban como aliadas ¿Por qué destruir un
aparato cuidadosamente construido por el propio Comando Sur? Las
declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y las resoluciones del
Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de que Noriega ponga la
fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.
La invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la
realidad recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un
punto sin salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército
norteamericano para recuperar su prestigio e intentar superar el
'síndrome de Vietnam' realizando acciones militares directas en otros
países.
Según el periodista norteamericano Bob Woodward, la administración del
presidente George Bush empezó a planear seriamente la invasión en mayo
de 1989, después de la anulación de las elecciones. Pero todavía en el
mes de julio de ese año el general Frederick Woerner, jefe del Comando
Sur, se oponía a la acción armada por lo que fue suplantado por el
general Maxwell Thurman. Ya en octubre de 1989 la decisión de invadir
estaba tomada, y simplemente se afinaban los detalles. Por eso, Estados
Unidos no apoyó al mayor Moisés Giroldi y los golpistas del 3 de
octubre.
¿Se oponía de tal manera el régimen militar panameño a legalizar la
permanencia de sus bases militares más allá del año 2,000, de tal manera
que necsitaba Estados Unidos invadir y destruir a las FDP?
¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre el Pentágono y el
régimen militar fue de colaboración, por lo cual, si fuera el caso,
habríase podido renegociar la permanencia de las bases militares sin que
eso significara un choque violento. Todavía después, en la fase más
aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio general Noriega dijo,
'si los norteamericanos quieren las bases, que vayan y las pidan, pero
que no hagan como el hombre que quiere enamorar a una mujer y la viola'.
Esta declaración dice mucho del 'nacionalismo' de Noriega y su régimen.
¿Necesita Estados Unidos renegociar la permanencia de sus bases
militares en Panamá más allá del año 2,000? Definitivamente sí. Cuando
el Presidente James Carter firmó el Tratado del Canal, Estados Unidos
pasaba por un momento altamente crítico (Watergate, pérdida de la guerra
de Vietnam, etc.). En una circunstancia como esa Norteamérica accedió a
ponerle una fecha final para la presencia militar en Panamá,
reservándose el derecho de intervención a perpetuidad. Pero a medida que
esa potencia se ha recuperado del 'síndrome de Vietnam', se ha
replanteado el problema de su control sobre zonas estratégicas del
mundo, y Panamá es una de ellas. Por eso, el Senado y grupos asesores en
política exterior, como el llamado Grupo de Santa Fe (que asesoró los
gobiernos de Reagan y Bush), han planteado con claridad el objetivo de
obtener un nuevo acuerdo sobre las bases militares en nuestro país.
No se trataba de que las FDP tuvieran una postura recalcitrantemente
nacionalista, pero si era cierto que Estados Unidos necesitaba resolver
la crisis política panameña también para que un régimen estable, y
sumiso, pueda renegociar un acuerdo de bases. Esta fue una situación
parecida a lo que sucedía a fines de los años 60, la crisis política se
había convertido en obstáculo para la incluso renegociación del tratado
sobre el Canal de Panamá. Además, el gobierno norteamericano debía
promover una reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando
de acabar con los elementos nacionalistas y torrijistas que habían
crecido a lo interno y que podrían ser reacios a una relación de
sometimiento hacia el Comando Sur. Esto se ha venido haciendo desde la
invasión.
Lo que no es cierto es la versión propagandística lanzada por los
acólitos del régimen militar, de que era completamente antagónica la
existencia de las FDP y las tropas norteamericanas. Por el contrario, el
Pentágono promovió en sus inicios el desarrollo de la Guardia Nacional,
pues necesitaba de un cuerpo de seguridad panameño que les ayude a
mantener el control sobre el Canal, sin que sus tropas tengan que
intervenir constantemente.
B. El régimen de la ocupación y sus características
La madrugada del 20 de diciembre de 1989 fue juramentado como presidente
de Panamá, en una base militar norteamericana, el Lic. Guillermo Endara.
Según él mismo diría en una transmisión montada por el Comando Sur, poco
después de empezado el bombardeo del Cuartel Central de las FDP, la
invasión norteamericana había recibido 'su autorización'. Por supuesto,
esto era una formalidad para intentar dar legitimidad a la invasión,
porque en realidad ya estaba montada y decidida sin Endara.
El gobierno y el régimen surgidos el 20 de diciembre de 1989 quedaron
marcados por la invasión, no sólo en un sentido general, sino también en
su práctica concreta y cotidiana. El gobierno de Endara, especialmente
durante sus primeros dos años, fue un gobierno 'títere' en el sentido
literal. Según denuncias realizadas por el Partido Revolucionario
Democrático, y confirmadas por ex funcionarios del Partido Demócrata
Cristiano, cuando salieron del gobierno, unos 42 oficiales del ejército
norteamericano y miembros de la embajada de ese país codirigían los
ministerios y entidades públicas junto a los ministros y directores
panameños, fungiendo como supuestos 'enlaces'. Por otra parte, se sabe
que el embajador Dean Hinton acostumbraba a reunirse una vez por semana,
con Endara y el Contralor Rubén D. Carles para analizar la marcha del
país.
Durante el primer año de ocupación los partes policivos eran llenados en
dos formularios, uno en español y otro en inglés. Las rondas policiales
eran 'mixtas', y aún a fines de 1993 era posible apreciar eventualmente
patrullas conjuntas. Con la excusa de realizar trabajos de 'acción
cívica' o ejercicios militares, las tropas y pertrechos de guerra
norteamericanos han deambulado por todo el país. Además el ejército
norteamericano brindó, y sigue brindando, asesoría, entrenamiento y
armamento a la nueva Fuerza Pública.
En cuanto a soberanía y autonomía el estado panameño retrocedió a 1903.
Se firmaron toda clase de convenios que someten al país a los intereses
de Estados Unidos; desde un Tratado de Asistencia Legal Mutua, por el
cual los tribunales norteamericanos pueden investigar personas y cuentas
en Panamá, hasta un acuerdo por el cual naves norteamericanas vigilarían
el mar territorial panameño. Inclusive, un año después de la invasión,
el 5 de diciembre de 1990, tropas norteamericanas volvieron a intervenir
a pedido de Endara para sofocar un levantamiento de militares panameños.
En el plano económico, Estados Unidos confirmó que uno de sus objetivos
con la invasión era asegurar la aplicación a cabalidad del paquete de
ajuste estructural, cuando en julio de 1990 hizo firmar a Panamá un
Convenio de 'Donación' (supuesta ayuda para compensar los daños sufridos
en la economía por la invasión). En este Convenio se impuso al país el
sometimiento a la política fondomonetarista a cambio de 400 millones de
dólares de ayuda, que no compensaban en nada los cerca de 4,000 millones
perdidos por el PIB en dos años de sanciones y con la invasión.
En dicho convenio se leen condiciones impuestas por el imperialismo como
las siguientes: adopción de un programa de estabilización económica a
corto plazo que llene los requisitos del FMI; 'una carta que identifique
las primeras empresas públicas que serán privatizadas'; 'un plan para
rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones
comerciales cuantitativas, y reducir el número de productos sujetos a
control de precios'; prueba de que Panamá ha llegado a un acuerdo ...
con el BIRD y el BID; 'Prueba aceptable en la ejecución de reformas de
políticas en las áreas de finanzas del sector público, privatización,
política laboral y política comercial y mercantil...'.
Todas estas condiciones fueron luego presentadas a través de la
'estrategia' económica del gobierno, o 'Plan Ford', y se han cumplido
más o menos fielmente por le gobierno títere de Guillermo Endara, salvo
las privatizaciones, que tuvieron muchas dificultades gracias a la
resistencia sindical y a las disputas de los diversos clanes
empresariales.
En cuanto al problema del Canal, el gobierno de Endara empezó a dar los
pasos para concretar una repartición de las áreas revertidas en
beneficio de una minoría de empresarios panameños y corporaciones
multinacionales, al crear la llamada Autoridad de la Región
Interoceánica (1993). La misión esencial de la ARI es la de estudiar los
mecanismos para privatizar, vender o arrendar las instalaciones
adyacentes al canal que reviertan a la República de Panamá.
Por otro lado, se ha presentado, con carácter constitucional, la
creación de la Autoridad del Canal de Panamá, entidad que administraría
la vía acuática dando continuidad a la actual Comisión del Canal. Aquí
también se ven frustradas las aspiraciones del pueblo panameño, ya que
se pretende crear un organismo completamente autárquico y alejado tanto
económica como administrativamente del resto del país. Según la
reglamentación propuesta los ingresos del Canal no serían parte del
presupuesto nacional.
En cuanto a la permanencia o no de las bases militares en Panamá más
allá del año 2,000, el Senado de Estados Unidos hizo una sugerencia a su
gobierno para que negocie un convenio para la permanencia de las mismas,
basándose en el criterio de que la 'región tiene una historia de
gobiernos inestables que representan una amenaza para la futura
operación del canal'. Los senadores opinan que los 'Estados Unidos deben
tener el juicio y los medios para defender el canal y asegurar su
operación continua y la disponibilidad para los embarques militares y
comerciales de los Estados Unidos y sus aliados en tiempos de crisis'.
Este es el único punto que el gobierno de Guillermo Endara dejó para su
sucesor, pues el canciller panameño, Julio Linares, insistió que no era
conveniente que el gobierno de Endara firme este tipo de tratado (9).
Seguramente que en esta decisión jugó un papel importante el problema de
que un gobierno producto de la invasión le restaría legitimidad a
cualquier convenio de este tipo. Se podría argumentar que el país
carecía de soberanía para decidir con libertad.
La invasión en sí misma fue condenada por todos los pueblos del mundo,
incluso por gobiernos y organismos sometidos al imperialismo
norteamericano, como la OEA, la ONU, etc. Y, pese a que el gobierno de
Guillermo Endara intentó presentarse desde un principio como el gobierno
'electo' por el pueblo panameño el 7 de mayo de 1989, su espurio origen
en la invasión, le restó la legitimidad que reclamaba. En el ámbito
latinoamericano el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno títere
de Endara se manifestó en el mantenimiento de la exclusión de Panamá del
Grupo de Río.
Pero la socialdemocracia internacional jugó un papel de primer orden
tratando de evitar la crisis prematura del gobierno títere. En febrero
de 1990, Daniel Oduber junto con otros prominentes políticos
latinoamericanos (como Raúl Alfonsín) solicitaron a los gobiernos del
continente obviar el problema de la ilegitimidad del gobierno panameño
producto de la invasión. Tal parece que este pedido surtió su efecto,
pues desaparecieron las denuncias que inicialmente se hacían respecto a
la legitimidad del gobierno panameño impuesto por la invasión.
En el plano interno, al gobierno panameño le costó superar su estigma.
Las movilizaciones populares contra las consecuencias de la política
económica y las movilizaciones antimperialistas contra la ocupación
norteamericana, que se iniciaron tan temprano como junio de 1990,
contribuyeron a cuestionar la permanencia del gobierno títere y su
régimen. A tal punto que, Dan Quayle, a principios de 1990 llegó a
sugerir la realización de elecciones.
Pero el PRD, ayudó a la estabilización del gobierno títere cuando
modificó su posición inicial de exigir la renuncia de Endara y
elecciones anticipadas, para pasar a reconocer a Endara como presidente
legítimo. Desde el 26 de enero de 1990, cuando se formalizó el régimen
con un cuestionado reparto de las bancas de la Asamblea Legislativa, el
PRD se comportó como una oposición leal que sólo intentaba capitalizar
electoralmente el descontento popular, pero nunca cuestionar la
legitimidad del régimen.
Sin embargo, en el referéndum nacional sobre las reformas
constitucionales, realizado el 15 de noviembre de 1992, que debía
otorgar parte de la legitimidad requerida, la opinión popular fue
abrumadora y contundente: en una relación de 2 a 1 el pueblo rechazó las
reformas propuestas. En realidad, los votos favorables de los electores
hacia el gobierno no fueron más del 13% de los electores. La abstención,
símbolo también de la desilusión popular, alcanzó un 40%.
Pese a lo cual, el régimen de la ocupación y su gobierno siguieron como
si nada, frente a un hecho que en circunstancias normales habrían
producido una gran crisis política. Pero el sustento del gobierno títere
estuvo, por un lado, en manos de las tropas norteamericanas (ahora
constituidas, junto con la embajada yanqui, en máximos árbitros de las
disputas interburguesas nacionales) y, por otro, en la leal actitud del
PRD y su influencia en las organizaciones populares, que por todas
partes llamaron a esperar a las elecciones.
C. El movimiento obrero y el régimen de la ocupación
Pese a los miles de muertos y heridos producidos por la invasión
norteamericana, el 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos no pudo
asestar una derrota histórica al movimiento obrero y popular panameño,
ni imponer un gobierno fuerte. Esto se debió, en parte, al hecho de que
la crisis política del régimen militar del General Noriega fue originada
por la gran movilización de las masas panameñas, que entre 1983 y 1987
derribó 4 presidentes, y enfrentó los planes fondomonetaristas.
El aplauso recibido por las tropas invasoras de parte de importantes
sectores de masas, sobre todo de las capas medias, lo que rompía la
tradición histórica de lucha antiimperialista del pueblo panameño,
encuentra en parte su explicación en que, para la conciencia confusa de
muchos sectores, la caída de Noriega era la culminación de diez años de
luchas y movilizaciones contra el régimen militar. Hasta cierto punto,
el imperialismo y la Cruzada Civilista se ganaron la conciencia y
dirección política de sectores de masas que habían luchado contra el
régimen militar y sus medidas económicas. Esto obligaba a la invasión,
con sus mortíferas y destructivas consecuencias, a guardar las
apariencias garantizando cierto marco de libertades, y una represión
selectiva, para dar credibilidad al gobierno de Endara como continuidad
del proceso de democratización.
Cuando apenas habían transcurrido seis meses de la invasión se empezaron
a producir masivas movilizaciones antimperialistas que rechazaban la
ocupación norteamericana organizadas por el llamado Comité Pro Rescate
de la Soberanía. Este frete antimperialista se organizó por acuerdo
entre el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores y la izquierda del PRD, denominada la
'Tendencia', al que luego se sumarían gremios sindicales, la Asociación
de Familiares de los Caídos el 20 de Diciembre y los refugiados de
guerra de El Chorrillo. El FER-29, pese a haber sido invitado, se negó a
participar.
Así mismo, a mediados de 1990, se inició un proceso de lucha y
movilización de los gremios de empleados públicos que enfrentaban los
despidos y las privatizaciones, a través de lo que se llamó la
Coordinadora por el Derecho a la Vida, encabezada por los gremios
sindicales del sector público.
El 20 de junio de 1990, el recién nacido Comité Pro Rescate de la
Soberanía, realizó la primera gran manifestación pública contra la
invasión - ocupación, a la que asistieron cerca de 20,000 personas,
según fuentes periodísticas. El 16 de octubre de ese año, los gremios
públicos realizaron otra marcha de protesta contra el plan económico
estimada en 50,000 personas. El 17 de noviembre un Encuentro Sindical
convocó otra gran manifestación para el 4 de diciembre, a la que también
asistieron decenas de miles de trabajadores, y a una huelga general a
partir del día 5 de diciembre. El proceso culminante del primer año de
gobierno de Guillermo Endara, fueron las decenas de miles de personas
que caminaron con la Gran Marcha Negra en el primer aniversario de la
invasión, al grito de: '¡Fuera tropas yanquis!'.
Las movilizaciones de los sindicatos del sector público, que también
fueron la vanguardia de la lucha contra el régimen militar, sólo
pudieron ser contenidas a fines de 1990 y principios de 1991 con el
despido en masa de las juntas directivas y delegados de los gremios del
sector (Ley 25), combinado con una política de concertación nacional
impulsada por la burocracia sindical, mayoritariamente socialdemócrata (PRD).
Esto produjo una victoria relativa del gobierno y una aparente
estabilidad del mismo durante el año 1991, lo que le permitió avanzar
parcialmente en la aplicación del plan económico. Se reformó la ley
orgánica del Seguro Social (aumentando los años para la jubilación,
entre otras cosas), se hizo una reforma fiscal, se pagaron al contado
más de 600 millones de dólares de deuda externa, se cerró Air Panamá,
etc.
Se podría decir que durante 1991, Panamá también sufrió los efectos de
la coyuntura política mundial marcada por la Guerra del Golfo Pérsico,
en la que el imperialismo norteamericano parecía tener la ofensiva
contra el movimiento de masas.
Pero desde los primeros meses de 1992 empezó a producirse un cambio en
la situación política nacional, producto de la aplicación del plan
económico. Asfixiadas por la miseria creciente, las masas empezaron a
movilizarse y a enfrentar aspectos parciales de la política económica
del régimen de ocupación. El ascenso, aunque tiene como móvil central la
lucha por reivindicaciones económicas, combinaba también fuertes
elementos políticos que, no iban más allá, gracias al papel de las
direcciones del movimiento de masas. El ascenso empezó a producirse por
sectores nuevos del movimiento popular, y no exactamente obreros o
empleados públicos. Las provincias dieron la pauta.
En el primer semestre de 1992, la provincia de Bocas del Toro, afectada
por un fuerte el año anterior, empezó a reclamar que el gobierno
cumpliera sus promesas de reconstruir los hospitales, escuelas,
carreteras y viviendas afectadas, llegando a producirse un paro
provincial total, que incluyó al poderoso sindicato bananero. Al otro
lado de la cordillera central, donde se encuentra la otra seccional de
la empresa bananera United Brands, en Puerto Armuelles, se levantó una
huelga distrital, que consiguió arrancarle al gobierno 50 millones de
dólares para inversiones en obras públicas en el área.
Colón, la segunda ciudad del país, la cual padece el más alto índice de
desempleo y miseria, pese a los miles de millones de dólares en
ganancias que produce su Zona Libre, fue vanguardia de las luchas
durante todo el año 1992. Primero, salieron a las calles los
transportistas de carga amenazados por una ley que autorizaba a los
comerciantes de la Zona Libre a comprar sus propios camiones. Luego, las
calles fueron ocupadas por los desempleados que se organizaron en el
llamado Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) dirigido por
jóvenes cuyas edades promedio eran inferiores a los 20 años. Durante
varios meses MODESCO desarrolló movilizaciones callejeras que acabaron
en batallas campales (semiinsurrecciones) durante las cuales la policía
perdía el control de la ciudad, que sólo recuperaba con el uso inusitado
de la fuerza. MODESCO logró arrancarle al gobierno un plan de empleo
parcial y temporal para algunos cientos de personas.
En Panamá, los habitantes del Barrio Mártir de El Chorrillo, arrasado
por las tropas yanquis durante la invasión, también protagonizaron
varios enfrentamientos con la policía cuando se movilizaban para exigir
el pago de indemnizaciones por los bienes perdidos durante la agresión
yanqui.
En el movimiento sindical, el ascenso producido durante el primer
semestre del año 1992 se manifestó en un proceso de paulatina
reorganización de los gremios de empleados públicos que habían sido
virtualmente destruidos con los despidos en diciembre de 1990. Esta
reorganización fue acompañada de reclamos salariales, exigiéndose el
pago de reajustes pactados y no pagados por el gobierno desde antes de
la invasión. Los empleados y profesores universitarios, del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario y del Seguro Social realizaron
movilizaciones. Lo más destacado fueron los piqueteos montados por los
pasacables del Canal de Panamá, protestando contra el desmejoramiento de
sus condiciones de trabajo. Era la primera vez que salían a la lucha los
trabajadores de la vía acuática desde hacía décadas.
Políticamente, el hecho más relevante del primer semestre de 1992 lo
constituyó el fracaso de la visita del presidente norteamericano, George
Bush. La visita tenía un doble propósito, mostrar ante el electorado
norteamericano uno de los 'logros' de la política exterior
norteamericana (la invasión a Panamá), y hacer la primera manifestación
pública de apoyo a la invasión y al gobierno de Endara desde enero de
1990.
Ni el gobierno norteamericano, ni su títere en Panamá, lograron su
objetivo. Durante los días previos a la visita (el 11 de junio)
importantes movilizaciones estudiantiles que rechazaban a Bush crearon
un clima de inestabilidad en la ciudad de Panamá. La víspera, una
movilización convocada por el Comité Pro Rescate de la Soberanía llegó
incluso a quemar parte de la tarima que sería usada en el acto.
El propio día de la 'visita', miles de panameños se movilizaron a
protestar, encabezados por los familiares de los caídos durante la
invasión, la federación de empleados públicos (FENASEP), diversos
sindicatos y partidos de izquierda, entre los que estaba el PST y el FER-29,
además de algunos sectores del PRD. Disturbios callejeros, quemas de
neumáticos y las bombas lacrimógenos impidieron la realización del acto
cuando ya Bush estaba sentado en la tribuna.
El fracaso del acto de Bush mostró las debilidades y la crisis creciente
del gobierno y el régimen de la ocupación. Al acto sólo asistió un
reducido grupo de no más de 1500 personas, muchos de los cuales eran
empleados públicos obligados. La burguesía y la pequeñaburguesía,
entusiasta base social de la ocupación yanqui, no se atrevió a hacerse
presente en el acto. Por otro lado, se manifestó un creciente
renacimiento de la conciencia antiimperialista por parte del sector
popular. Y hasta se evidenció un resentimiento en las filas de la
Policía Nacional (por el uso indiscriminado de las bombas lacrimógenas)
hacia los gringos, ya que durante la invasión murieron cerca de 300
miembros de las Fuerzas de Defensa.
En los meses de julio y agosto, impulsados por las luchas anteriores,
salieron a la escena los trabajadores exigiendo el pago de la segunda
partida del décimo tercer mes (bonificación), que había sido destinada a
los fondos del Seguro Social en la reforma recientemente aprobada en
1991. En esta ocasión la vanguardia la ocuparon los obreros bananeros de
Bocas del Toro, con una huelga de casi dos semanas de duración, y los
obreros de la construcción (SUNTRACS) en la ciudad de Panamá, que
organizaron varias movilizaciones masivas, a las que asistieron otros
sectores laborales. Fueron las primeras movilizaciones netamente obreras
desde 1986. Fue una victoria importante de los trabajadores, que en un
plazo de unas pocas semanas, alcanzaron el pago de esta partida.
Esta victoria dio pie a que se reforzara la organización de los
sindicatos y asociaciones de empleados públicos y que estos empezaran a
exigir con más fuerza el pago de los reajustes salariales pactados e
incumplidos por varios años. En septiembre y octubre, la vanguardia la
ocupó el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de
Telecomunicaciones (SITINTEL), que con dos paros y varias
manifestaciones consiguió que se le pagaran los reajustes.
Inmediatamente, en noviembre y diciembre, el ejemplo se extendió a otros
sectores públicos que protagonizaron paros y movilizaciones, como los
administrativos y médicos del Seguro Social, de la electricidad (SITIRHE),
correos, acueductos, Universidad, etc., los cuales salieron a exigir no
sólo el pago de los reajustes adeudados, sino también del monto adeudado
por el gobierno desde hacía más de 4 años.
Durante 1993 el ascenso de luchas obreras iniciadas el año anterior se
mantuvo. Exigiendo aumentos salariales se desarrollaron las huelgas,
duramente reprimidas por la fuerza pública, de los obrero de la empresa
SKANSKA, apoyados por SUNTRACS, que construía la presa alta de la
hidroeléctrica de La Fortuna en Chiriquí, y los trabajadores cañeros (SITACA)
de la Azucarera La Estrella, en la provincia de Coclé. También se
realizó el primer paro del transporte público, por 5 días (!), que
registra la historia del país.
En el sector estatal también se mantuvieron los conflictos por mejoras
salariales, siendo los más destacados los siguientes (durante 1993): en
febrero los empleados del IDAAN tuvieron 39 días de huelga, en agosto
los 26,000 educadores se fueron a dos meses de huelga por un reajuste
salarial, y los obreros del INTEL a un mes de huelga para que se
cumplieran los acuerdos del año anterior. En 1994 la coyuntura política
estuvo dominada por el proceso electoral y se produjo un bajón en el
número de conflictos obreros, lo que no impidió huelgas como la de la
DIMA y los recolectores de basura municipales, iniciada el día de las
votaciones.
Los resultados electorales del 8 de mayo de 1994 confirmaron el repudio
del pueblo panameño a los partidos y políticos del gobierno nacido con
la invasión. La mayoría del pueblo votó rechazando tanto la política
económica impuesta por la invcasión, como a los candidatos que más
claramente se postulaban como pronorteamericanos. Destacan la derrota de
Rubén Carles, Ray Bishop y Leo González que abogaban por un referéndum
para que se queden las bases militares yanquis y la aplicación acelerada
del ajuste estructural.
Es significativo que, a cuatro años de la invasión, las dos candidaturas
presidenciales que más calaron en la juventud y los trabajadores, la de
Ernesto Pérez Balladares y Rubén Blades, se apoyaron en gran parte en
una propaganda nacionalista. Balladares apoyó su propaganda en el
recuerdo de las posturas nacionalistas y las conquistas sociales del
régimen del General Torrijos. Por supuesto, el suyo es un falso
nacionalismo, puesto que también en la campaña se comprometió con
continuar el plan de fondomonetarista de ajuste a la economía y
considerar la renegociación de la permanencia de las bases militares más
allá del año 2,000. Sus primeras medidas como gobierno muestran que el
del PRD seguirá siendo un gobierno sumiso al imperialismo
norteamericano, como su antecesor.
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