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Invasión norteamericana a Panamá en 1989: Causas y consecuencias

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Olmedo Beluche - A propósito del debate público y jurídico que se ha generado en torno al destino futuro del general Manuel Antonio Noriega, se ha reabierto en Panamá un debate sobre la invasión norteamericana de 1989. Para ayudar a refrescar la memoria, reproducimos aquí un extracto de nuestro libro 'Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)':

A. Los objetivos de la invasión norteamericana

El presidente de Estados Unidos, George Bush (padre), justificó la invasión a Panamá sobre la base de una serie de pretextos cuya lógica es casi innecesario rebatir. Según Bush, los objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron: proteger la vida de los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el narcotráfico sometiendo a Noriega a la justicia y 'restaurar' el proceso democrático panameño.

El régimen militar jamás amenazó la vida y las propiedades de los norteamericanos y los grandes capitalistas, por el contrario, protegió hasta el final dichos intereses a costa del sacrificio de los trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la política de las FDP fue la de evitar la confrontación, pese a las reiteradas provocaciones del ejército norteamericano. Es más, la inconsecuencia de la dirección norieguista llegó al extremo de que la mayoría absoluta de la alta oficialidad, con un par de honrosas excepciones, abandonó los cuarteles y huyó cobardemente apenas supo que venía la invasión, dejando a la tropa librada a su suerte.

Si el problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en el paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que decir que estas actividades han continuado con fuerza después de la invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario norteamericano Washington Post decía: 'El Departamento de Estado reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero del hemisferio'.

A nuestro juicio, se pueden resumir en tres los objetivos reales de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989: los relativos a la estabilización de la situación política y el tipo de régimen necesario para lograrlo; los económicos, que estaban muy relacionados con lo anterior, es decir, la aplicación del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema de las bases militares y su control sobre el Canal de Panamá

Respecto al primero y segundo objetivos, es conveniente recordar lo que ya hemos señalado en los capítulos anteriores, el proceso de democratización que fuera pactado entre los militares panameños y el imperialismo norteamericano fue hecho añicos por las luchas de los trabajadores contra los planes de ajuste estructural. Muchas personas, al calor de las contradicciones surgidas entre la Casa Blanca y Manuel A. Noriega, a partir de 1987, olvidan que el plan de 'democratización' fue pactado entre ambos, y que las contradicciones entre los militares panameños y los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron luego de 1985, cuando las luchas populares habían afectado la estabilidad política del régimen y a sus 'ajustes'.

El plan de 'reacción democrática' se desarrolló de común acuerdo entre los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo que otorgan al presidente Ardito Barletta. La conjunción de intereses se manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización de la Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de esto señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en 1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares.

¿Cuándo y por qué se inician las contradicciones entre el gobierno norteamericano y la cúpula militar panameña? Ya hemos citado a prominentes personalidades burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo Arias, que en julio de 1985 exigían (el primero a los militares y el segundo a Estados Unidos) cambios políticos para romper la parálisis en que se había sumido el gobierno de Barletta producto de las luchas populares contra el plan fondomonetarista.

Ese año (1985) para superar la crisis, la cadena se rompió por el eslabón más débil: los militares ofrecieron la 'cabeza' (en el sentido político) de Barletta. Inmediatamente importantes sectores de la burguesía y la 'oposición' dieron una tregua al nuevo gobierno de Eric Delvalle en un intento por mantener a flote el proyecto de 'reacción democrática'.

Pero persistía un problema: debido al fraude electoral y a las luchas contra el plan de ajuste el pueblo panameño no había mordido el anzuelo, y no se comía el cuento de que vivía en un régimen democrático. Se sabía que los militares eran el poder real, y que eso no había cambiado. El asesinato de Spadafora había colocado dramáticamente este problema en el centro de la escena política, aunque no olvidemos que un año antes, en el programa de COCINA ya figuraba allí la exigencia de recortar el presupuesto de las FDP. La movilización popular amenazaba directamente al centro del poder político, las FDP, y colocaba la posibilidad de que una serie de luchas llevara a una debacle del régimen sin que existieran mecanismos de recambio.

Este es el origen de las contradicciones: un sector de la burguesía panameña, y el Departamento de Estado norteamericano, empezaron a exigir a los militares panameños (durante 1986) que adoptaran medidas concretas que hicieran creíble ante el pueblo que ellos se replegaban de la actividad política cediendo el poder a los civiles, subordinándose al Presidente de la República, etc. Había que establecer un calendario de 'democratización', en el que la fecha clave era el retiro o jubilación del General Manuel A. Noriega, quien a los ojos de todo el mundo era el 'hombre fuerte' de Panamá. Si esto no se hacía, no había manera de darle legitimidad al gobierno y al régimen, pues las masas panameñas no se tragarían el cuento de la 'democracia'.

No olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear un régimen presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el parlamento para que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía electoral. De esta manera, frente a las luchas obreras y populares se crean mecanismos de intermediación y contención que los regímenes militares no tienen.

Mientras que para la estrategia imperialista y la oposición burguesa se trataba de realizar a cabalidad la institucionalización democrática, lo que implicaba no sólo elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC ganara, y que el mando de las FDP fuera impersonal, llevado por funcionarios militares sometidos a un acuerdo nacional que limitaba su intervención en aparato estatal, etc.; para el régimen militar y sus acólitos se trataba de ejecutar una 'democratización' aparente, pero que jamás cuestionara su papel de árbitro supremo, ni su control del aparato estatal.

La resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un acuerdo gracias a las particularidades históricas panameñas, en las que el problema nacional y la presencia norteamericana determinan decisivamente los acontecimientos políticos. De manera que, una crisis que en otro país latinoamericano probablemente se habría resuelto en un tiempo menor, con la imposición por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados internos de sus designios, en Panamá se prolongó por dos años.

Debido al arraigado sentimiento antiimperialista de importantes sectores del pueblo panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en nuestros asuntos, una parte notable del movimiento obrero cesó sus luchas contra el régimen y su plan económico conforme aumentaban las presiones norteamericanas. Es más, parte importante de la clase obrera y las capas medias de la sociedad, apoyó activamente a Noriega porque lo veían como la cabeza de la lucha nacionalista de nuestro pueblo. Por supuesto, este hecho no está en contradicción con el apoyo de masas recibido por la Cruzada Civilista, especialmente en la clase media. Porque, aunque minoritarios con relación a los civilistas, no se puede desconocer que también el nacionalismo levantado por el régimen militar tuvo apoyo en miles de activistas.

Esta base social, activa o pasiva, fue la que permitió al régimen militar panameño sobrevivir dos años de aguda crisis política, sanciones económicas y presiones norteamericanas. A la base social interna, hay que sumar el respaldo internacional por la causa panameña frente al imperialismo norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA votar una resolución de condena al régimen panameño, sin que por otro lado, tuviera que condenar la intromisión extranjera.

Noriega, sin ser un consecuente antimperialista ni nacionalista, se apoyó en estas contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados Unidos, para sobrevivir autoconvirtiéndose en vocero de la causa nacionalista panameña.

El choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis se centró durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega. Conforme la crisis política se fue agudizando este punto fue concentrando todos los problemas. Agobiado por las presiones, el General Noriega estuvo dispuesto a ceder el gobierno civil a Guillermo Endara a principios de 1989 (por eso las elecciones fueron 'las más limpias de la historia', hasta el día de la elección), e inclusive después (entre junio y agosto) se propuso un 'gobierno compartido' encabezado por Endara. Lo único que no aceptaba Noriega era que se le obligara a renunciar, menos aún si Estados Unidos no retiraba la acusación por narcotráfico, ni que se desmantelara la institución.

Pero ni la ADOC ni el Departamento de Estado yanqui podían aceptar a Noriega, pues su sola presencia indicaba una continuidad del régimen y de la crisis. A la vez que ellos necesitaban liquidar la autonomía relativa alcanzada por los militares panameños, para reorganizar la institución militar de acuerdo al nuevo régimen político presidencialista que se intentaba imponer.

Estas diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el problema concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus privilegios. El triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto es lo que quería señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega significaba el 'comienzo del fin'. Era el final de un régimen político, y de los funcionarios civiles y militares que lo encarnaban. Más que eso, era el final del régimen político con mayor autonomía (con respecto a Estados Unidos) de la historia panameña, el cual logró crear también una élite de funcionarios y tecnócratas con relativa independencia de lo que se ha dado en llamar la 'sociedad civil'.

Estas contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían que ser más agudas cuando se estaba a las puertas de la última década del siglo, momento en que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos - Carter, debían revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el canal mismo, a la soberanía y economía panameñas. La fracción de la burguesía que maneje los destinos políticos del país será, sin duda, la mayor beneficiaria de la privatización de los 'bienes revertidos', evaluados en unos 30,000 millones de dólares.

¿Quería el imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las FDP por ser un ente 'nacionalista', tal y como lo pintan los defensores del régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor parte de la crisis ésta no fue la intención del gobierno norteamericano. Además de que el comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y aún después), no representaba una amenaza para los intereses norteamericanos, más bien actuaban como aliadas ¿Por qué destruir un aparato cuidadosamente construido por el propio Comando Sur? Las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y las resoluciones del Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de que Noriega ponga la fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.

La invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la realidad recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un punto sin salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército norteamericano para recuperar su prestigio e intentar superar el 'síndrome de Vietnam' realizando acciones militares directas en otros países.

Según el periodista norteamericano Bob Woodward, la administración del presidente George Bush empezó a planear seriamente la invasión en mayo de 1989, después de la anulación de las elecciones. Pero todavía en el mes de julio de ese año el general Frederick Woerner, jefe del Comando Sur, se oponía a la acción armada por lo que fue suplantado por el general Maxwell Thurman. Ya en octubre de 1989 la decisión de invadir estaba tomada, y simplemente se afinaban los detalles. Por eso, Estados Unidos no apoyó al mayor Moisés Giroldi y los golpistas del 3 de octubre.

¿Se oponía de tal manera el régimen militar panameño a legalizar la permanencia de sus bases militares más allá del año 2,000, de tal manera que necsitaba Estados Unidos invadir y destruir a las FDP? ¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre el Pentágono y el régimen militar fue de colaboración, por lo cual, si fuera el caso, habríase podido renegociar la permanencia de las bases militares sin que eso significara un choque violento. Todavía después, en la fase más aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio general Noriega dijo, 'si los norteamericanos quieren las bases, que vayan y las pidan, pero que no hagan como el hombre que quiere enamorar a una mujer y la viola'. Esta declaración dice mucho del 'nacionalismo' de Noriega y su régimen.

¿Necesita Estados Unidos renegociar la permanencia de sus bases militares en Panamá más allá del año 2,000? Definitivamente sí. Cuando el Presidente James Carter firmó el Tratado del Canal, Estados Unidos pasaba por un momento altamente crítico (Watergate, pérdida de la guerra de Vietnam, etc.). En una circunstancia como esa Norteamérica accedió a ponerle una fecha final para la presencia militar en Panamá, reservándose el derecho de intervención a perpetuidad. Pero a medida que esa potencia se ha recuperado del 'síndrome de Vietnam', se ha replanteado el problema de su control sobre zonas estratégicas del mundo, y Panamá es una de ellas. Por eso, el Senado y grupos asesores en política exterior, como el llamado Grupo de Santa Fe (que asesoró los gobiernos de Reagan y Bush), han planteado con claridad el objetivo de obtener un nuevo acuerdo sobre las bases militares en nuestro país.

No se trataba de que las FDP tuvieran una postura recalcitrantemente nacionalista, pero si era cierto que Estados Unidos necesitaba resolver la crisis política panameña también para que un régimen estable, y sumiso, pueda renegociar un acuerdo de bases. Esta fue una situación parecida a lo que sucedía a fines de los años 60, la crisis política se había convertido en obstáculo para la incluso renegociación del tratado sobre el Canal de Panamá. Además, el gobierno norteamericano debía promover una reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando de acabar con los elementos nacionalistas y torrijistas que habían crecido a lo interno y que podrían ser reacios a una relación de sometimiento hacia el Comando Sur. Esto se ha venido haciendo desde la invasión.

Lo que no es cierto es la versión propagandística lanzada por los acólitos del régimen militar, de que era completamente antagónica la existencia de las FDP y las tropas norteamericanas. Por el contrario, el Pentágono promovió en sus inicios el desarrollo de la Guardia Nacional, pues necesitaba de un cuerpo de seguridad panameño que les ayude a mantener el control sobre el Canal, sin que sus tropas tengan que intervenir constantemente.
 
B. El régimen de la ocupación y sus características

La madrugada del 20 de diciembre de 1989 fue juramentado como presidente de Panamá, en una base militar norteamericana, el Lic. Guillermo Endara. Según él mismo diría en una transmisión montada por el Comando Sur, poco después de empezado el bombardeo del Cuartel Central de las FDP, la invasión norteamericana había recibido 'su autorización'. Por supuesto, esto era una formalidad para intentar dar legitimidad a la invasión, porque en realidad ya estaba montada y decidida sin Endara.

El gobierno y el régimen surgidos el 20 de diciembre de 1989 quedaron marcados por la invasión, no sólo en un sentido general, sino también en su práctica concreta y cotidiana. El gobierno de Endara, especialmente durante sus primeros dos años, fue un gobierno 'títere' en el sentido literal. Según denuncias realizadas por el Partido Revolucionario Democrático, y confirmadas por ex funcionarios del Partido Demócrata Cristiano, cuando salieron del gobierno, unos 42 oficiales del ejército norteamericano y miembros de la embajada de ese país codirigían los ministerios y entidades públicas junto a los ministros y directores panameños, fungiendo como supuestos 'enlaces'. Por otra parte, se sabe que el embajador Dean Hinton acostumbraba a reunirse una vez por semana, con Endara y el Contralor Rubén D. Carles para analizar la marcha del país.

Durante el primer año de ocupación los partes policivos eran llenados en dos formularios, uno en español y otro en inglés. Las rondas policiales eran 'mixtas', y aún a fines de 1993 era posible apreciar eventualmente patrullas conjuntas. Con la excusa de realizar trabajos de 'acción cívica' o ejercicios militares, las tropas y pertrechos de guerra norteamericanos han deambulado por todo el país. Además el ejército norteamericano brindó, y sigue brindando, asesoría, entrenamiento y armamento a la nueva Fuerza Pública.

En cuanto a soberanía y autonomía el estado panameño retrocedió a 1903. Se firmaron toda clase de convenios que someten al país a los intereses de Estados Unidos; desde un Tratado de Asistencia Legal Mutua, por el cual los tribunales norteamericanos pueden investigar personas y cuentas en Panamá, hasta un acuerdo por el cual naves norteamericanas vigilarían el mar territorial panameño. Inclusive, un año después de la invasión, el 5 de diciembre de 1990, tropas norteamericanas volvieron a intervenir a pedido de Endara para sofocar un levantamiento de militares panameños.

En el plano económico, Estados Unidos confirmó que uno de sus objetivos con la invasión era asegurar la aplicación a cabalidad del paquete de ajuste estructural, cuando en julio de 1990 hizo firmar a Panamá un Convenio de 'Donación' (supuesta ayuda para compensar los daños sufridos en la economía por la invasión). En este Convenio se impuso al país el sometimiento a la política fondomonetarista a cambio de 400 millones de dólares de ayuda, que no compensaban en nada los cerca de 4,000 millones perdidos por el PIB en dos años de sanciones y con la invasión.

En dicho convenio se leen condiciones impuestas por el imperialismo como las siguientes: adopción de un programa de estabilización económica a corto plazo que llene los requisitos del FMI; 'una carta que identifique las primeras empresas públicas que serán privatizadas'; 'un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones comerciales cuantitativas, y reducir el número de productos sujetos a control de precios'; prueba de que Panamá ha llegado a un acuerdo ... con el BIRD y el BID; 'Prueba aceptable en la ejecución de reformas de políticas en las áreas de finanzas del sector público, privatización, política laboral y política comercial y mercantil...'.

Todas estas condiciones fueron luego presentadas a través de la 'estrategia' económica del gobierno, o 'Plan Ford', y se han cumplido más o menos fielmente por le gobierno títere de Guillermo Endara, salvo las privatizaciones, que tuvieron muchas dificultades gracias a la resistencia sindical y a las disputas de los diversos clanes empresariales.

En cuanto al problema del Canal, el gobierno de Endara empezó a dar los pasos para concretar una repartición de las áreas revertidas en beneficio de una minoría de empresarios panameños y corporaciones multinacionales, al crear la llamada Autoridad de la Región Interoceánica (1993). La misión esencial de la ARI es la de estudiar los mecanismos para privatizar, vender o arrendar las instalaciones adyacentes al canal que reviertan a la República de Panamá.

Por otro lado, se ha presentado, con carácter constitucional, la creación de la Autoridad del Canal de Panamá, entidad que administraría la vía acuática dando continuidad a la actual Comisión del Canal. Aquí también se ven frustradas las aspiraciones del pueblo panameño, ya que se pretende crear un organismo completamente autárquico y alejado tanto económica como administrativamente del resto del país. Según la reglamentación propuesta los ingresos del Canal no serían parte del presupuesto nacional.

En cuanto a la permanencia o no de las bases militares en Panamá más allá del año 2,000, el Senado de Estados Unidos hizo una sugerencia a su gobierno para que negocie un convenio para la permanencia de las mismas, basándose en el criterio de que la 'región tiene una historia de gobiernos inestables que representan una amenaza para la futura operación del canal'. Los senadores opinan que los 'Estados Unidos deben tener el juicio y los medios para defender el canal y asegurar su operación continua y la disponibilidad para los embarques militares y comerciales de los Estados Unidos y sus aliados en tiempos de crisis'.

Este es el único punto que el gobierno de Guillermo Endara dejó para su sucesor, pues el canciller panameño, Julio Linares, insistió que no era conveniente que el gobierno de Endara firme este tipo de tratado (9). Seguramente que en esta decisión jugó un papel importante el problema de que un gobierno producto de la invasión le restaría legitimidad a cualquier convenio de este tipo. Se podría argumentar que el país carecía de soberanía para decidir con libertad.

La invasión en sí misma fue condenada por todos los pueblos del mundo, incluso por gobiernos y organismos sometidos al imperialismo norteamericano, como la OEA, la ONU, etc. Y, pese a que el gobierno de Guillermo Endara intentó presentarse desde un principio como el gobierno 'electo' por el pueblo panameño el 7 de mayo de 1989, su espurio origen en la invasión, le restó la legitimidad que reclamaba. En el ámbito latinoamericano el cuestionamiento a la legitimidad del gobierno títere de Endara se manifestó en el mantenimiento de la exclusión de Panamá del Grupo de Río.

Pero la socialdemocracia internacional jugó un papel de primer orden tratando de evitar la crisis prematura del gobierno títere. En febrero de 1990, Daniel Oduber junto con otros prominentes políticos latinoamericanos (como Raúl Alfonsín) solicitaron a los gobiernos del continente obviar el problema de la ilegitimidad del gobierno panameño producto de la invasión. Tal parece que este pedido surtió su efecto, pues desaparecieron las denuncias que inicialmente se hacían respecto a la legitimidad del gobierno panameño impuesto por la invasión.

En el plano interno, al gobierno panameño le costó superar su estigma. Las movilizaciones populares contra las consecuencias de la política económica y las movilizaciones antimperialistas contra la ocupación norteamericana, que se iniciaron tan temprano como junio de 1990, contribuyeron a cuestionar la permanencia del gobierno títere y su régimen. A tal punto que, Dan Quayle, a principios de 1990 llegó a sugerir la realización de elecciones.

Pero el PRD, ayudó a la estabilización del gobierno títere cuando modificó su posición inicial de exigir la renuncia de Endara y elecciones anticipadas, para pasar a reconocer a Endara como presidente legítimo. Desde el 26 de enero de 1990, cuando se formalizó el régimen con un cuestionado reparto de las bancas de la Asamblea Legislativa, el PRD se comportó como una oposición leal que sólo intentaba capitalizar electoralmente el descontento popular, pero nunca cuestionar la legitimidad del régimen.

Sin embargo, en el referéndum nacional sobre las reformas constitucionales, realizado el 15 de noviembre de 1992, que debía otorgar parte de la legitimidad requerida, la opinión popular fue abrumadora y contundente: en una relación de 2 a 1 el pueblo rechazó las reformas propuestas. En realidad, los votos favorables de los electores hacia el gobierno no fueron más del 13% de los electores. La abstención, símbolo también de la desilusión popular, alcanzó un 40%.

Pese a lo cual, el régimen de la ocupación y su gobierno siguieron como si nada, frente a un hecho que en circunstancias normales habrían producido una gran crisis política. Pero el sustento del gobierno títere estuvo, por un lado, en manos de las tropas norteamericanas (ahora constituidas, junto con la embajada yanqui, en máximos árbitros de las disputas interburguesas nacionales) y, por otro, en la leal actitud del PRD y su influencia en las organizaciones populares, que por todas partes llamaron a esperar a las elecciones.

C. El movimiento obrero y el régimen de la ocupación

Pese a los miles de muertos y heridos producidos por la invasión norteamericana, el 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos no pudo asestar una derrota histórica al movimiento obrero y popular panameño, ni imponer un gobierno fuerte. Esto se debió, en parte, al hecho de que la crisis política del régimen militar del General Noriega fue originada por la gran movilización de las masas panameñas, que entre 1983 y 1987 derribó 4 presidentes, y enfrentó los planes fondomonetaristas.

El aplauso recibido por las tropas invasoras de parte de importantes sectores de masas, sobre todo de las capas medias, lo que rompía la tradición histórica de lucha antiimperialista del pueblo panameño, encuentra en parte su explicación en que, para la conciencia confusa de muchos sectores, la caída de Noriega era la culminación de diez años de luchas y movilizaciones contra el régimen militar. Hasta cierto punto, el imperialismo y la Cruzada Civilista se ganaron la conciencia y dirección política de sectores de masas que habían luchado contra el régimen militar y sus medidas económicas. Esto obligaba a la invasión, con sus mortíferas y destructivas consecuencias, a guardar las apariencias garantizando cierto marco de libertades, y una represión selectiva, para dar credibilidad al gobierno de Endara como continuidad del proceso de democratización.

Cuando apenas habían transcurrido seis meses de la invasión se empezaron a producir masivas movilizaciones antimperialistas que rechazaban la ocupación norteamericana organizadas por el llamado Comité Pro Rescate de la Soberanía. Este frete antimperialista se organizó por acuerdo entre el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la izquierda del PRD, denominada la 'Tendencia', al que luego se sumarían gremios sindicales, la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de Diciembre y los refugiados de guerra de El Chorrillo. El FER-29, pese a haber sido invitado, se negó a participar.

Así mismo, a mediados de 1990, se inició un proceso de lucha y movilización de los gremios de empleados públicos que enfrentaban los despidos y las privatizaciones, a través de lo que se llamó la Coordinadora por el Derecho a la Vida, encabezada por los gremios sindicales del sector público.

El 20 de junio de 1990, el recién nacido Comité Pro Rescate de la Soberanía, realizó la primera gran manifestación pública contra la invasión - ocupación, a la que asistieron cerca de 20,000 personas, según fuentes periodísticas. El 16 de octubre de ese año, los gremios públicos realizaron otra marcha de protesta contra el plan económico estimada en 50,000 personas. El 17 de noviembre un Encuentro Sindical convocó otra gran manifestación para el 4 de diciembre, a la que también asistieron decenas de miles de trabajadores, y a una huelga general a partir del día 5 de diciembre. El proceso culminante del primer año de gobierno de Guillermo Endara, fueron las decenas de miles de personas que caminaron con la Gran Marcha Negra en el primer aniversario de la invasión, al grito de: '¡Fuera tropas yanquis!'.

Las movilizaciones de los sindicatos del sector público, que también fueron la vanguardia de la lucha contra el régimen militar, sólo pudieron ser contenidas a fines de 1990 y principios de 1991 con el despido en masa de las juntas directivas y delegados de los gremios del sector (Ley 25), combinado con una política de concertación nacional impulsada por la burocracia sindical, mayoritariamente socialdemócrata (PRD). Esto produjo una victoria relativa del gobierno y una aparente estabilidad del mismo durante el año 1991, lo que le permitió avanzar parcialmente en la aplicación del plan económico. Se reformó la ley orgánica del Seguro Social (aumentando los años para la jubilación, entre otras cosas), se hizo una reforma fiscal, se pagaron al contado más de 600 millones de dólares de deuda externa, se cerró Air Panamá, etc.

Se podría decir que durante 1991, Panamá también sufrió los efectos de la coyuntura política mundial marcada por la Guerra del Golfo Pérsico, en la que el imperialismo norteamericano parecía tener la ofensiva contra el movimiento de masas.

Pero desde los primeros meses de 1992 empezó a producirse un cambio en la situación política nacional, producto de la aplicación del plan económico. Asfixiadas por la miseria creciente, las masas empezaron a movilizarse y a enfrentar aspectos parciales de la política económica del régimen de ocupación. El ascenso, aunque tiene como móvil central la lucha por reivindicaciones económicas, combinaba también fuertes elementos políticos que, no iban más allá, gracias al papel de las direcciones del movimiento de masas. El ascenso empezó a producirse por sectores nuevos del movimiento popular, y no exactamente obreros o empleados públicos. Las provincias dieron la pauta.

En el primer semestre de 1992, la provincia de Bocas del Toro, afectada por un fuerte el año anterior, empezó a reclamar que el gobierno cumpliera sus promesas de reconstruir los hospitales, escuelas, carreteras y viviendas afectadas, llegando a producirse un paro provincial total, que incluyó al poderoso sindicato bananero. Al otro lado de la cordillera central, donde se encuentra la otra seccional de la empresa bananera United Brands, en Puerto Armuelles, se levantó una huelga distrital, que consiguió arrancarle al gobierno 50 millones de dólares para inversiones en obras públicas en el área.

Colón, la segunda ciudad del país, la cual padece el más alto índice de desempleo y miseria, pese a los miles de millones de dólares en ganancias que produce su Zona Libre, fue vanguardia de las luchas durante todo el año 1992. Primero, salieron a las calles los transportistas de carga amenazados por una ley que autorizaba a los comerciantes de la Zona Libre a comprar sus propios camiones. Luego, las calles fueron ocupadas por los desempleados que se organizaron en el llamado Movimiento de Desempleados de Colón (MODESCO) dirigido por jóvenes cuyas edades promedio eran inferiores a los 20 años. Durante varios meses MODESCO desarrolló movilizaciones callejeras que acabaron en batallas campales (semiinsurrecciones) durante las cuales la policía perdía el control de la ciudad, que sólo recuperaba con el uso inusitado de la fuerza. MODESCO logró arrancarle al gobierno un plan de empleo parcial y temporal para algunos cientos de personas.

En Panamá, los habitantes del Barrio Mártir de El Chorrillo, arrasado por las tropas yanquis durante la invasión, también protagonizaron varios enfrentamientos con la policía cuando se movilizaban para exigir el pago de indemnizaciones por los bienes perdidos durante la agresión yanqui.

En el movimiento sindical, el ascenso producido durante el primer semestre del año 1992 se manifestó en un proceso de paulatina reorganización de los gremios de empleados públicos que habían sido virtualmente destruidos con los despidos en diciembre de 1990. Esta reorganización fue acompañada de reclamos salariales, exigiéndose el pago de reajustes pactados y no pagados por el gobierno desde antes de la invasión. Los empleados y profesores universitarios, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Seguro Social realizaron movilizaciones. Lo más destacado fueron los piqueteos montados por los pasacables del Canal de Panamá, protestando contra el desmejoramiento de sus condiciones de trabajo. Era la primera vez que salían a la lucha los trabajadores de la vía acuática desde hacía décadas.

Políticamente, el hecho más relevante del primer semestre de 1992 lo constituyó el fracaso de la visita del presidente norteamericano, George Bush. La visita tenía un doble propósito, mostrar ante el electorado norteamericano uno de los 'logros' de la política exterior norteamericana (la invasión a Panamá), y hacer la primera manifestación pública de apoyo a la invasión y al gobierno de Endara desde enero de 1990.

Ni el gobierno norteamericano, ni su títere en Panamá, lograron su objetivo. Durante los días previos a la visita (el 11 de junio) importantes movilizaciones estudiantiles que rechazaban a Bush crearon un clima de inestabilidad en la ciudad de Panamá. La víspera, una movilización convocada por el Comité Pro Rescate de la Soberanía llegó incluso a quemar parte de la tarima que sería usada en el acto.

El propio día de la 'visita', miles de panameños se movilizaron a protestar, encabezados por los familiares de los caídos durante la invasión, la federación de empleados públicos (FENASEP), diversos sindicatos y partidos de izquierda, entre los que estaba el PST y el FER-29, además de algunos sectores del PRD. Disturbios callejeros, quemas de neumáticos y las bombas lacrimógenos impidieron la realización del acto cuando ya Bush estaba sentado en la tribuna.

El fracaso del acto de Bush mostró las debilidades y la crisis creciente del gobierno y el régimen de la ocupación. Al acto sólo asistió un reducido grupo de no más de 1500 personas, muchos de los cuales eran empleados públicos obligados. La burguesía y la pequeñaburguesía, entusiasta base social de la ocupación yanqui, no se atrevió a hacerse presente en el acto. Por otro lado, se manifestó un creciente renacimiento de la conciencia antiimperialista por parte del sector popular. Y hasta se evidenció un resentimiento en las filas de la Policía Nacional (por el uso indiscriminado de las bombas lacrimógenas) hacia los gringos, ya que durante la invasión murieron cerca de 300 miembros de las Fuerzas de Defensa.

En los meses de julio y agosto, impulsados por las luchas anteriores, salieron a la escena los trabajadores exigiendo el pago de la segunda partida del décimo tercer mes (bonificación), que había sido destinada a los fondos del Seguro Social en la reforma recientemente aprobada en 1991. En esta ocasión la vanguardia la ocuparon los obreros bananeros de Bocas del Toro, con una huelga de casi dos semanas de duración, y los obreros de la construcción (SUNTRACS) en la ciudad de Panamá, que organizaron varias movilizaciones masivas, a las que asistieron otros sectores laborales. Fueron las primeras movilizaciones netamente obreras desde 1986. Fue una victoria importante de los trabajadores, que en un plazo de unas pocas semanas, alcanzaron el pago de esta partida.

Esta victoria dio pie a que se reforzara la organización de los sindicatos y asociaciones de empleados públicos y que estos empezaran a exigir con más fuerza el pago de los reajustes salariales pactados e incumplidos por varios años. En septiembre y octubre, la vanguardia la ocupó el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SITINTEL), que con dos paros y varias manifestaciones consiguió que se le pagaran los reajustes.

Inmediatamente, en noviembre y diciembre, el ejemplo se extendió a otros sectores públicos que protagonizaron paros y movilizaciones, como los administrativos y médicos del Seguro Social, de la electricidad (SITIRHE), correos, acueductos, Universidad, etc., los cuales salieron a exigir no sólo el pago de los reajustes adeudados, sino también del monto adeudado por el gobierno desde hacía más de 4 años.

Durante 1993 el ascenso de luchas obreras iniciadas el año anterior se mantuvo. Exigiendo aumentos salariales se desarrollaron las huelgas, duramente reprimidas por la fuerza pública, de los obrero de la empresa SKANSKA, apoyados por SUNTRACS, que construía la presa alta de la hidroeléctrica de La Fortuna en Chiriquí, y los trabajadores cañeros (SITACA) de la Azucarera La Estrella, en la provincia de Coclé. También se realizó el primer paro del transporte público, por 5 días (!), que registra la historia del país.

En el sector estatal también se mantuvieron los conflictos por mejoras salariales, siendo los más destacados los siguientes (durante 1993): en febrero los empleados del IDAAN tuvieron 39 días de huelga, en agosto los 26,000 educadores se fueron a dos meses de huelga por un reajuste salarial, y los obreros del INTEL a un mes de huelga para que se cumplieran los acuerdos del año anterior. En 1994 la coyuntura política estuvo dominada por el proceso electoral y se produjo un bajón en el número de conflictos obreros, lo que no impidió huelgas como la de la DIMA y los recolectores de basura municipales, iniciada el día de las votaciones.

Los resultados electorales del 8 de mayo de 1994 confirmaron el repudio del pueblo panameño a los partidos y políticos del gobierno nacido con la invasión. La mayoría del pueblo votó rechazando tanto la política económica impuesta por la invcasión, como a los candidatos que más claramente se postulaban como pronorteamericanos. Destacan la derrota de Rubén Carles, Ray Bishop y Leo González que abogaban por un referéndum para que se queden las bases militares yanquis y la aplicación acelerada del ajuste estructural.

Es significativo que, a cuatro años de la invasión, las dos candidaturas presidenciales que más calaron en la juventud y los trabajadores, la de Ernesto Pérez Balladares y Rubén Blades, se apoyaron en gran parte en una propaganda nacionalista. Balladares apoyó su propaganda en el recuerdo de las posturas nacionalistas y las conquistas sociales del régimen del General Torrijos. Por supuesto, el suyo es un falso nacionalismo, puesto que también en la campaña se comprometió con continuar el plan de fondomonetarista de ajuste a la economía y considerar la renegociación de la permanencia de las bases militares más allá del año 2,000. Sus primeras medidas como gobierno muestran que el del PRD seguirá siendo un gobierno sumiso al imperialismo norteamericano, como su antecesor.
 - Argenpress

 


 

 

 

 

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