1205 - En una carta firmada por Pedro Pablo Kuczynski y Óscar Dancourt, enviada el 20 de mayo de 2005 al director gerente del FMI, Rodrigo Rato, se detalla el programa económico del Perú por los siguientes ocho meses bajo el acuerdo “stand by”. El documento señala que las autoridades peruanas deben consultar con el FMI “la respuesta política apropiada” si los objetivos proyectados no se cumplen dentro de un programa de “habitual diálogo estrecho” con tal entidad (dependiente del Departamento del Tesoro Norteamericano).

De otro lado, además de especificarse los significativos desembolsos “para mantener” nuestra deuda externa, se indica que se establecería la estrategia de salida del Perú de los acuerdos con el FMI luego de finalizado el presente acuerdo “stand by”, dado que Argentina pudo financiar 82 mil millones de dólares de su deuda ante la oposición y el desconcierto del FMI (que estaría por cerrar sus operaciones por la "disfuncionalidad" que demostró Argentina).
Aquí pretendo revisar los acuerdos que se señalan en la carta mencionada con el fin de pedir una explicación al gobierno sobre el sometimiento del Perú al FMI y el carácter de las obligaciones económicas que pesarán sobre el próximo gobierno. El “Memorando de Políticas Económicas y Financieras para el 2005” señala los progresos macroeconómicos del Perú con relación al PBI, pero no precisa que este guarismo es una cifra proyectada a la población nacional, es irreal y resulta no auténtico.

La carta contempla el gran crecimiento proveniente del aumento de las exportaciones de las grandes industrias extractivas sin meditar en la verdadera realidad microeconómica del país. Este crecimiento ha permitido el aumento de las reservas “intangibles” en dólares que el BCR mantiene (250% de la deuda externa con vencimiento a un año). Señala que si bien la reforma en los regímenes de pensiones fue aceptada por el Congreso, no obstante esta entidad no logró aprobar la “Ley de Certificación de las Capacidades Administrativas de los Gobiernos Regionales”.

También señala la carta que el próximo gobierno no contará aún con una regulación completa del sector financiero por la SBS, además de programarse las emisiones de bonos con cláusulas de “acción colectiva”. Asimismo, la tributación se extendería a un impuesto temporal a los activos netos (desincentiva el ahorro) y se ampliará el perfil de participación de los instrumentos a largo plazo en moneda nacional.

La carta en general plantea fortalecer la posición peruana para poder afrontar fenómenos contracíclicos y da pautas para que el Congreso pueda dar una “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, la “Ley de Endeudamiento Público” (proyectándola a un endeudamiento de las regiones), un sistema de reportes de los pasivos del sector público (para utilizarse en los “Programas de Promoción de la Inversión Privada de Concesiones”)

Lo que más llama la atención de la carta es la promesa del gobierno de mejorar la eficiencia de las “operaciones off shore de alto riesgo, incluidas aquellas sobre las cuales no se dispone de información completa”; donde la SBS tendría la obligación de reducir el riesgo financiero “aplicando requerimientos de capitales elevados a los intermediarios”. Estos bancos off shore tienen secreto bancario. Así, bancos que operan en el Perú (sin supervisión de la SBS) prestarían dinero a bancos en el Caribe conocidos por lavar dinero, siendo estos bancos off shore los cuartos compradores de la deuda externa norteamericana.

En aras de la transparencia fiscal que el MEF promueve, esta entidad debería explicar al Perú la necesidad de estas operaciones