Uruguay
El Sistema de Partidos Políticos en Uruguay
Julio Barreiro

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I. HISTORIA Y POLÍTICA
 

1.1. En el campo de la ciencia política moderna existe una tendencia muy

desarrollada que considera a los "sistemas políticos" como configuraciones de

estructuras políticas históricamente determinadas.

Me parece imposible examinar el sistema de partidos políticos en Uruguay

sin tomar en cuenta esa tendencia. Historia y política están estrechamente ligadas

en el caso uruguayo.

Uruguay es el país más joven de América del Sur y a la vez, por

comparación, su historia política es la de una democracia estable cuyas crisis

internas han sido superadas por los propios uruguayos usando siempre el recurso

de los partidos políticos. En la vida política del Uruguay hay una relación tan

estrecha entre el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil que muchos

autores se inclinan a considerar el sistema político uruguayo como fruto de una

partidocracia. Sin participar totalmente de esta posición, creemos que el desarrollo

de la democracia uruguaya -a pesar de sus altibajos, no tan pronunciados como en

otras comunidades sudamericanas- es el producto evidente de una civilización

Partidocrática, sujeta permanentemente a captaciones muy sensibles de los

reflejos provocados por los sucesos históricos fuera de nuestras fronteras o por el

choque interno de los juegos partidarios. Todo lo cual es característico de la suerte

que les corresponde a los países subdesarrollados, en especial a los más

pequeños como es el caso de Uruguay, frente a los grandes centros

internacionales del poder económico y político.

Ninguna de estas situaciones a las que hacemos referencia, vividas por el

sistema uruguayo, han finalizado con el reemplazo o el reequilibrio del régimen

anteriormente subsistente en el momento en que se produjeron.

En otras palabras, aún en medio de una dictadura cívico militar como la que

se vivió entre 1973 y 1984 (para poner un ejemplo extremo) la salida a la crisis no

alteró de manera radical mente transformadora aquellas configuraciones de

estructuras políticas, históricamente determinadas, de las que recién hablábamos.

En Uruguay, hablar de su historia, de sus partidos políticos y de su democracia es

prácticamente idéntico a manejar una determinada diversidad de aspectos

fenoménicos mediante el uso de sinónimos que son comunes para el lenguaje de la

ciencia política.

Por lo menos, en la perspectiva política de este fin de siglo.

1.2.
Conviene señalar al mismo tiempo otra de las singularidades del caso

uruguayo. Me refiero a su particular legislación electoral que a pesar de la

complejidad de sus mecanismos, de la minucia de sus disposiciones y muchas

veces del fárrago creado por sus continuas modificaciones -constitucionales o

legales- obliga al analista político a tomarla muy en cuenta, por más que le cueste

entenderla (como muchas veces nos ocurre a los propios uruguayos) si pretende

comprender el funcionamiento de la democracia en nuestro país.

En otras palabras, como quizá ocurra en pocos países del mundo, la

legislación electoral integra las estructuras políticas a que hicimos referencia.

A pesar de que las primeras leyes electorales datan de la primera década de

este siglo, a partir de 1918 Uruguay ha sido una democracia estable durante

cincuenta años: de 1918 a 1933 (hay luego un corte dictatorial de carácter civil), de

1941 a 1973 (período al cual le sigue una dictadura cívico-militar de muy triste y

reciente memoria) y nuevamente desde 1985 hasta el presente. Ese largo período

está caracterizado por continuas creaciones y recreaciones de nuestra legislación

electoral. Al decir de uno de nuestros analistas políticos, "el primer medio siglo

desde el nacimiento de la democracia en Uruguay (1918-1968) puede ser

considerado como un ejemplo de libro de texto a los efectos de la legislación

electoral sobre el sistema de partidos".

Como lo haremos más adelante, es necesario darle la importancia que se

merece a la legislación electoral uruguaya evitando la caída en sus minucias

porque le restaría claridad a la relación que deseamos demostrar entre este

aspecto puramente formal, en apariencia, y la comprensión del sistema de los

partidos políticos en nuestro país.

Por ultimo, si bien a partir de 1918 debemos considerar los inicios de la

democracia uruguaya en términos constitucionales y de relativa estabilidad social,

hay detrás más de medio siglo cuyo conocimiento es indispensable para

comprender el desarrollo de la democracia en el Uruguay, tanto como la

importancia de su sistema de partidos políticos.

Tendremos que referimos a ese período aunque sea en forma muy breve.

1.3
. A pesar de que se ha escrito mucho en los últimos veinte años sobre los

partidos políticos en Uruguay todavía no existe una historia general que los

abarque. El núcleo de nuestro sistema de partidos, conocido nacional e

internacionalmente como los Partidos Colorado y Nacional (vulgarmente dicho

"colorados y blancos") tiene cerca de 150 años y se confunde de manera a veces

muy vaga con el nacimiento del país. Más aún, se puede afirmar sin temor de

exageraciones, que "blancos y colorados" están en el nacimiento de nuestra nación

mucho antes de que se aceptase la idea, ya un tanto académica o por lo menos

nacida en el circulo de los "doctores" del siglo pasado, de considerarlos partidos

políticos y como tales empezar a legislar sobre ellos. Es decir, las primeras normas

constitucionales y legales del Uruguay no crean los Partidos Blanco y Colorado

sino que simplemente los reconocen como parte inseparable de nuestra historia

nacional.

Los demás Partidos Políticos van naciendo como reflejo de éstos o como

respuestas a un sistema político, social y económico que indagaban sobre la suerte

del país y de la sociedad uruguaya, mucho más allá de su legislación electoral y de

los cintillos tradicionales representados por "blancos y colorados".

Vale decir que en el siglo pasado "blancos y colorados" no eran partidos

políticos en el sentido moderno del término. Eran organizaciones políticas de

"arrastre social" girando en tomo al poder del Gobierno más que el del Estado, sino

coherentes ideológicamente por lo menos fuertes, con apoyos masivos de carácter

policlasista, también con ejércitos o milicias armadas y que habiendo perdido su

ingrediente militar a partir de 1910, han subsistido políticamente hasta el día de

hoy.

Estos "bandos", más que partidos, llamados "tradicionales" con toda

propiedad nacieron de las huestes de los principales caudillos en los años

posteriores a la Independencia nacional del poder español (1810-1830). Vale la

pena anotar esta especial pecularidad: nacieron en un territorio sin fronteras

determinadas -como uno de los productos remanentes y de largo peso en el

desarrollo de la historia del Uruguay- de la descomposición primero del Virreynato

del Río de la Plata y, posteriormente, de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Desaparecida la figura prócer del General Don José Artigas y con él su

utopía de la Liga Federal en los vastos espacios del Río de la Plata, sus principales

tenientes, Lavalleja, Oribe y Rivera, en permanentes pugnas caudillescas que no

es del caso historiador ahora, fueron conduciendo aquellos procesos de aluvión

que mezclaban los intereses propios de la Banda Oriental que había defendido

Artigas, con los de los unitarios y federales argentinos y con los de los "farrapos"

brasileños, en interminables luchas por el control de la región.

En esas luchas, el "bando" y la divisa fueron una misma cosa, como ya lo

veremos. Como también la divisa y el lema para distinguir a los bandos fueron los

antecedentes reales antes que formales para señalar con el tiempo a los partidos

tradicionales y por extensión jurídico-formal a los partidos modernos: "blancos y

colorados".

1.4.
Esos "bandos" políticos y la configuración forzada del Uruguay como un

Estado nacional que recién alcanzaría su identidad real con la Constitución de 1918

soportaron muy graves contingencias a lo largo de las dos terceras partes del siglo

XIX. Muchos fueron los problemas a resolver de los cuales solamente podemos

considerar cuatro en razón del espacio del cual disponemos:

A) La lucha por la tierra fue el Primero de ellos. Problema que ya lo había encarado

Artigas en su Reglamento de Tierras de 1815 y que si bien había empezado a

aplicarse durante su hegemonía política en la región (1815-1820) nunca terminó de

resolverse. Los problemas sociales que dejó pendientes fueron el gran caldo de

cultivo de las luchas caudillescas posteriores. El latifundio -mal endémico de

América Latina- está todavía por resolverse en la región del Plata.

Las guerras civiles del primer período independentista confundieron, por la

pasión de los caudillos, la lucha por la tierra con la lucha de las divisas partidarias y

le dieron un contenido épico que alimentó el carácter de lo tradicional, de lo

simbólico y también de lo mítico. Esta lucha fue perfilando uno de los caracteres de

los blancos en el sentido de propietarios del latifundio y por tanto patricios, de

legalistas en el sentido jurídico y de conservadores en el sentido del ejercicio del

gobierno, aunque éste fuera fraccionado o parcial.

B) No es de extrañar, entonces, que esa lucha por la tierra desembocase en una

temprana Guerra Civil, la llamada Guerra Grande (1839-1851) que derivó

trágicamente en intervenciones extranjeras: primero argentinos y brasileños;

posteriormente franceses e ingleses. Fue la ocasión para que la cuestión nacional

se plantease con toda intensidad y dramatismo.

La Defensa de Montevideo (la "Nueva Troya") por parte de los Colorados

presididos por D. Joaquín Suárez, sitiada por los Blancos que comandaba el

General Oribe y el entrecruzamiento de los conflictos con los unitarios y los

federales argentinos y con los intereses imperiales de Brasil, Francia e Inglaterra,

hizo que los incipientes Partidos Políticos uruguayos se enfrentasen con el

problema de la identidad nacional sin un contexto de referencias básicas y

comunes para determinar la figura de un Estado. La mejor demostración de esta

situación estuvo representada por la existencia de dos Gobiernos que pretendían

ser "nacionales" sobre el mismo territorio aún indefinido. El Gobierno Blanco del

Cerrito y el Gobierno Colorado de Montevideo.

Puede decirse con toda propiedad, teniendo en cuenta esta singular

experiencia histórica, que los partidos políticos uruguayos precedieron a la

Nación-Estado unificada. No es de extrañar, entonces, que hasta la entrada del

siglo XX una considerable masa de ciudadanos sin distinción de clases, depositase

más confianza en los Partidos Blanco o Colorado que en las incipientes

instituciones que encarnaban al Estado.

Analizando este período un historiador contemporáneo decía:

"...partidos políticos en el sentido moderno del término no existen sino a

partir de las primeras décadas del siglo XX. La política no significaba notoriamente

lo mismo para las elites dirigentes que para las masas. Más que sobre el "destino

del país" se discutía sobre el "poder" y el discurso político parecía entonces

impermeable a la "cuestión social". Otra lenta respuesta, otro vacío que sería

colmado en el siglo XX".

C) Hay un tercer problema que es imposible ignorarlo por sus posteriores

repercusiones políticas en las figuras de los modernos partidos políticos uruguayos.

Nos referimos al contexto latinoamericano en que se desarrollaban estas luchas

políticas que estamos reseñando. Carlos Real de Azúa escribió un párrafo

magistral al respecto que no podemos olvidarlo:

"Si hay que partir de un hecho -mejor dicho de un cuadro de fenómenoseste

no puede ser otro que la patente, innegable debilidad que en el Uruguay del

siglo XIX presentó la constelación típica de poder del continente. La hegemonía

económico social de los sectores empresarios agrocomerciales y su

entrelazamiento con la Iglesia y las fuerzas armadas como factores de consenso y

respaldo coactivo, respectivamente, no asumió la misma consistencia que poseyó

en casi todo el resto del área latinoamericana".

Esta defensa, consciente o inconsciente, de la originalidad del proceso

político uruguayo determinaría, junto con otros hechos provocados velozmente por

los fenómenos de la modernidad, las características más sobresalientes de un

universo político propio, a pesar de la pequeñez del país, cuyos rasgos más

destacados son la secularización de la vida política, el desarrollo de las libertades

públicas y privadas, la educación popular, la laicidad, el pluralismo y una especie

de sabiduría tanto de las elites como de los gobernados para conducir los procesos

ciudadanos en base al diálogo -a veces inacabable-, a la moderación y al rechazo

de la violencia.

D) El proceso de modernización del país arrastró cuentas pendientes de resolución

que venían del siglo pasado. Hemos visto algunas. Los uruguayos encaran su vida

política, partidaria o no partidaria, en ese marco del cual se tiene una especie de

conciencia más clara o más difusa que hace muy fluida la comunicación entre las

diversas banderías políticas, contando ya a los llamados "partidos de ideas" que

marcaron su presencia a partir de la primera década del presente siglo.

Los grandes flujos migratorios que tuvo el país -uno al principio de este siglo

y el otro después de la segunda Guerra Mundial- contribuyeron a afirmar los

procesos de modernización y a asentar las bases para las transformaciones del

bipartidismo dominante durante el siglo XIX.

El patriciado arruinado durante las guerras civiles de las que fueron

causantes y protagonistas, tuvo que enfrentarse o mezclarse con la estirpe de los

nuevos ricos ligados al aluvión inmigratorio. Las nuevas industrias, el comercio

ultramarino, las empresas estatales, la burocracia naciente y un proletario vitalizado

por los aportes ideológicos de los inmigrantes fueron transformando a los partidos

tradicionales al mismo tiempo que le daban vida a los nuevos partidos que

respondían mejor a las necesidades provocadas por esas transformaciones.

Los colorados se convirtieron en la versión uruguaya de los partidos

liberales latinoamericanos. Eran más urbanos que los blancos. Cosmopolitas por el

influjo inmigratorio y anti-clericales, encerraron más estrechamente a los blancos

en el conservadurismo. No obstante ambos partidos conservaban su electorado.

Hasta la segunda Guerra Mundial cada uno de estos partidos tenían el apoyo de la

mitad del país. Blancos y colorados representaban en conjunto cerca del 90 % de

los votos hasta la mitad de la década del 60. Varios partidos compartían el 10%

restante. En principio el país era bipartidista.

1.5. La preeminencia del bipartidismo empezó a encontrar resistencias entre el

electorado después de las elecciones de 1971, con el nacimiento del Frente Amplio

y como consecuencia de la gran crisis económica y financiera iniciada en 1965 en

el país, y después de 1984 como consecuencia de la dictadura cívico-militar. El

acceso del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en 1985 marca un jalón

totalmente novedoso en este proceso que estamos estudian do.

Importa señalar que a finales del siglo XIX hubo tres intentos de quebrar el

bipartidismo. La Unión Liberal (1855), el Partido Radical (1873) y el Partido

Constitucional (1880). Todos fracasaron después de una vida muy corta.

Los intentos de este siglo han tenido mayor perdurabilidad y sus

perspectivas están abiertas. Tuvieron que romper un largo ghetto electoral. El

Partido Socialista (PS) nació a comienzos del siglo. Se dividió en 1921. La rama

disidente se convirtió en el Partido Comunista (PC). La Unión Cívica nació en 1910;

medio siglo más tarde se dividió y su rama disidente se convirtió en la Democracia

Cristiana (DC). Todas estas transformaciones políticas hacia mediados de la

década de los 60 habían conseguido representación parlamentaria y menos uno

(DC) la mantienen actualmente.

II. LA LEGISLACION ELECTORAL

2.1.
En el sistema político uruguayo su legislación electoral es una pieza

fundamental del marco institucional. Como ya lo hemos dicho, es imposible

comprender cómo funciona el sistema de los partidos políticos en el Uruguay

prescindiendo del conocimiento de esta legislación.

Vamos a dejar de lado, por razones de espacio, las referencias específicas a

los textos legales. Intentaremos reseñar esta legislación electoral de acuerdo con

cinco características fundamentales:

A) Régimen de lemas partidarios. Se entiende por lema el nombre del partido

político. A su vez se entiende por sublema la denominación de una fracción del

partido (lema) en todos los actos y procedimientos electorales. Dentro del actual

sistema desde el punto de vista tanto jurídico como político no hay elecciones sin

partidos políticos y no hay partidos políticos sin lemas o sublemas. Así está

estipulado en normas jurídicas, constitucionales y legales. Por ejemplo, el art. 77,

num. 9 de la Constitución actual de la República es bien preciso en este sentido.

Dice así:

"Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para Presidente y

Vicepresidente de la República, deberán figurar en una hoja de votación. En hoja

aparte, individualizada con el mismo lema se votarán conjuntamente, las listas de

candidatos a Juntas Departamentales, Intendentes, y, en su caso, Juntas Locales

Autónomas electivas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79".

B) La Representación Proporcional (RP)

El mecanismo de la Representación Proporcional integral, como una de las

bases del sufragio, sin perjuicio de reservar a la ley su organización, ha estado en

vigencia en la Cámara Baja desde 1918. Hoy se aplica a la conformación de ambas

Cámaras. La calificación de "integral" significa que el principio de la representación

proporcional alcanza aún dentro de los lemas, a la distribución entre los lemas y

dentro de éstos a la que corresponde a las distintas listas o distintivos.

La experiencia electoral ha ido demostrando que la integralidad del sistema

electoral no se cumple nunca plenamente. Solamente es posible en el caso de la

elección de los Senadores, por hacerse en un solo circuito electoral que abarca

todo el territorio nacional.

C) Régimen de listas "cerradas y bloqueadas"

Esto significa que el elector no puede modificar las listas ni agregando ni

suprimiendo candidatos ni tampoco cambiando el orden de los mismos. Esta,

disposición, como lo veremos de inmediato, constriñe las opciones para el elector.

D) Régimen de "doble voto simultáneo"

Agreguemos: y aún la posibilidad del triple voto simultáneo, cuando el

elector inclina sus preferencias a alguno de los sublemas dentro del lema por el

cual optó.

El fenómeno del voto simultáneo, llamado vulgarmente "ley de lemas" es

una peculiaridad del derecho político uruguayo. Supone que el elector vota

simultáneamente por el Partido (lema) (y eventualmente por el sublema) y por una

lista de candidatos de modo que se acumulan los votos. Cuando hay un solo cargo

en juego (ej. Presidente de la República o Intendente ) es asignado al candidato

más votado del lema más votado. Cuando se elige más de un cargo, éstos son

asignados en función del número de votos al lema (o sublema en su caso) y

distribuidos dentro del mismo.

Una característica destacable de este sistema electoral -y también la más

discutida desde hace más de 50 años- es que el ganador de la carrera presidencial

no es necesariamente el candidato más votado, sino el candidato más votado del

partido ganador. Se explica mejor considerando la siguiente característica:

E) Mayoría simple para decidir la Presidencia de la República: La actual

Constitución lo dispone así:

"El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y

directamente por el Cuerpo Electoral, a mayoría simple de votantes mediante el

sistema de doble voto simultáneo y sin que en ningún caso pueda efectuarse

acumulación de sublema". (Art. 151, incs. 1-2).

Regirán además las disposiciones pertinentes que consideran a la República

como una sola circunscripción electoral. Se reitera, también para este caso singular

por su importancia la acumulación de votos. El sistema es obviamente mayoritario

dado que sólo hay un titular por lista en cada cargo. El sistema se aplica por

analogía a la elección de los Intendentes Municipales en todo el país, por tratarse

de órganos unipersonales.

La discusión política más enconada en todo el país, desde hace más de

medio siglo, gira en tomo a estas disposiciones de la legislación por causa de las

tergiversaciones que siente el elector en el momento en que emite su voto por su

candidato a la Presidencia de la República y comprueba que ese mismo voto ha

servido para el triunfo de otro candidato que a pesar de encontrarse en el mismo

Lema o Partido no responde a sus expectativas de mejor Gobierno. O lo que es

peor, que puede ser contrario a esas expectativas.

2.2. Aunque la tradición política de Uruguay desde 1918 en adelante y las normas

constitucionales reconocen y aceptan el pluripartidismo, la legislación electoral se

ha empecinado, disimuladamente, en "encorsetar" al elector (valga la expresión

popular al respecto) en un sistema bipartidista que no responde a las vivencias ni a

los anhelos de la ciudadanía desde 1968 en adelante. La realidad política del país

está rompiendo los moldes legales heredados de una larga permanencia en el

poder del Partido Colorado y de las alternancias ocasionales del Partido Blanco en

el ejercicio del mismo, aunque coincidiendo siempre con los intereses de las clases

políticas tradicionales para mantener aquella legislación. Las tendencias marcadas

en su momento por Duverger y sucesivamente por otros analistas (Sartori, Dahl)

respecto a los efectos de la legislación electoral sobre el sistema de partidos

señalan que las disposiciones electorales de mayoría simple pueden ser

condiciones facilitadoras de un formato bipartidista y, por el contrario, son

condiciones obstruyentes del multipartidismo.

Paradójicamente -siguiendo a esos mismos autores- se sabe que la

representación proporcional tiende a facilitar el multipartidismo y por lo tanto

difícilmente conduce al bipartidismo.

Entre estas tensiones se desarrolla el sistema de partidos en el Uruguay

actual. Después de la vigencia de la Constitución de 1966, el

cuasi-presidencialismo, creado por la misma es percibido por la mayoría de los

votantes como simple presidencialismo. A la hora de la aplicación de nuestra

llamada "ley de lemas" en cada una de las últimas elecciones reaparece en la

arena política la discusión sobre la necesidad de abrogarla, sea por los caminos de

nuevas leyes electorales o por los de la Reforma de la Constitución. El clima

político actual del país se espeja en el desarrollo de esas contradicciones. La

ciudadanía uruguaya sabe, con mayor o menor claridad, que detrás de esas

tensiones se oculta un fenómeno de inevitable repercusión en el futuro de nuestra

democracia que es la fraccionalización de los partidos políticos que ha hecho crisis

en los últimos veinte años y que se plantea como el tema mayor -a nuestro juicio en

las perspectivas político-electorales de aquí al fin de este siglo.

III. EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA URUGUAYA

3.1.
Si hay un campo de la actividad humana dónde no existe lugar para los

profetas, ése es el campo de la vida política.

En las condiciones económicas y sociales de las comunidades políticas

latinoamericanas es imposible hacer predicciones sobre lo que nos espera en los

próximos años, antes de que finalice el siglo. Pero no tenemos la menor duda de

que en el caso de Uruguay el fraccionalismo de sus partidos políticos será uno de

los elementos determinantes de los cambios sociales que ya se están

desarrollando.

3.2.
Los distintos analistas coinciden en señalar que los lemas partidarios en la

política uruguaya son una especie de federación amorfa de grupos políticos, a

veces antagónicos entre si pero con el interés común de proteger sus intereses

hegemónicos bajo el mismo color de partido.

Algunos dicen que el fraccionalismo es, por un lado, una patología y por otro

un medio estratégico de ganar las elecciones. Consideran benévolamente el

fracciónalismo. Por supuesto que si lo observamos desde el ángulo de los electores

que son quienes alimentan el sistema político que seguimos considerando

"democracia" no podemos compartir esa benevolencia. Para comprobarlo sobran

los ejemplos en los últimos gobiernos que ha tenido el país de cómo los equipos de

gobierno se arman, con frecuencia, sobrepasando los límites partidarios. Han

nacido así los criterios de la "gobernabilidad" del país, de la "coincidencia", de los

"pactos", de los gobiernos de "entonación nacional", etc. Han sido siempre

armazones políticos fugaces dados entre los partidos tradicionales. Es decir, entre

las clases políticas conservadoras del país para defender sus privilegios e

ignorando la oposición, señalada peyorativamente como la "izquierda nacional".

Basándose en las ideas de Sartori, algunos analistas de mayor cuño

intelectual han estudiado el fenómeno prefiriendo usar el término de "fracción"

considerándolo etimológicamente "neutral". Dicen así que la palabra "fracción" no

tiene la connotación despectiva que tiene, tanto en español como en italiano o en

inglés, la palabra "facción". Y agregan, en algunos de sus comentarios, que los

políticos en particular usan 'fracción" y no "facción" haciendo natural la expresión

de Sartori. Alguno de esos comentaristas, con mayor lucidez, llega a decir "que

quizás la mayoría de las fracciones históricas uruguayas han sido realmente

facciones (en el sentido peyorativo) pero seguramente no todas ellas lo fueron".

Termina diciendo: "esto es una cuestión empírica, no terminológica".

Por nuestra parte todavía no hemos encontrado en la experiencia política

uruguaya de los últimos veinte años -es decir en lo empírico, de la vida políticadónde

se puede trazar el límite preciso entre la "fracción" y la facción. Como

también aquella misma experiencia sigue demostrando que son las facciones

políticas en que están sumergidos nuestros partidos políticos (no se salva de esta

apreciación el Frente Amplio) las que crean las diversas patologías que advierte el

hombre de la calle y que han determinado el estancamiento y el bloqueo actual del

sistema político uruguayo.

3.3.
Pero sigamos usando el término "fraccionalismo" impuesto por los sectores

ideológicos dominantes. Lo cierto es que cuando se dio el golpe de Estado de 1973

estaba claro para el ciudadano común que el bipartidismo impostado por la

legislación electoral estaba a punto de quebrarse. Los hechos posteriores a 1984,

gestados para salir de la dictadura, simplemente congelaron aquella situación

política.

La elección nacional de 1984 ganada por el ala liberal del Partido Colorado

restauró la situación previa, precisamente en el momento en que toda la ciudadanía

anhelaba ansiosamente la conformación de un verdadero Gobierno de unidad

nacional para salir de la profunda crisis anterior agravada por el gobierno militar.

En esa situación el Frente Amplio (FA) ganó el 21 % del voto nacional y

consolidó su posición como competidor en Montevideo. Lamentablemente también

el FA estaba pagando el precio de su fraccionalismo. Tenía dos partes diferentes:

un ala moderada formada por los demócratas cristianos y la "lista 99" (ex grupo

colorado) y un ala izquierda que incluía a los demás miembros.

Esto se confirmó en 1989 cuando el FA se rompió exactamente en esas líneas: el

ala izquierda mantuvo el nombre de FA y los grupos disidentes adoptaron el de

"Nuevo Espacio". Las elecciones de 1989, no obstante haberle dado el triunfo en

Montevideo al FA terminaron por demostrar aquel fraccionalismo y contribuyeron a

redondear la imagen en todo el país de un sistema de partidos aún más

fragmentado, pese a toda la ingeniería electoral de la cual se habían alimentado.

En esas elecciones ganaron los Blancos (gobierno del Presidente Lacalle

por el juego de la "ley de lemas") pero las dos mitades de la izquierda obtuvieron

casi un tercio del voto nacional y el 48% del voto montevideano.

Aún para los electores menos perspicaces estaba claro que algo muy

importante estaba pasando en la historia política del país. Por debajo o por encima

de la legislación electoral, el bipartidismo se había quebrado.

3.4.
Los hechos sociales y políticos y, por consiguiente, las opciones electorales

fueron demostrando que los sistemas de partidos "encorsetados" por la legislación

electoral fueron más resistentes a los cambios que la voluntad política de los

ciudadanos.

También demostraron que la vida de la democracia no es opuesta al

pluralismo partidario., En cambio, resiste al espíritu "fáccioso" que se introdujo al

amparo de aquella misma vida en el interior de todas nuestras colectividades

partidarias, disfrazando sus tendencias interesadas en la defensa de motivaciones

particulares, ajenas a las necesidades cada vez más apremiantes de la comunidad

social, mimetizándose de "fraccionalismos" al servicio de gimnasias electorales que

se practican por encima de la voluntad general.

3.5.
Como quiera que se enfoque esta problemática partidaria hacia el futuro de la

democracia uruguaya hay algunas cosas que nos parecen claras. Trataremos de

reseñarlas para ponerle punto final a estas reflexiones sobre un panorama político

totalmente abierto hacia un futuro cargado de señales de parto:

A) A partir de las elecciones de 1971 y del golpe de Estado de 1973 el sistema de

partidos políticos en Uruguay comenzó a cambiar sustancialmente. El nacimiento

de la guerrilla urbana, el fracaso activo de los partidos tradicionales en aquellas

circunstancias, en términos de mitigadores de los desequilibros, la escalada de

violencia entre izquierda y derecha y la aparición de las Fuerzas Armadas en el

escenario político son las señales más evidentes de la profunda crisis del sistema.

B) La historia acelerada de estos últimos veinte años todavía no nos permite

vislumbrar si estamos presenciando una transformación radical del sistema de

partidos políticos uruguayos (por ejemplo, caminando hacia un sistema de 3 o 4

partidos) o simplemente asistiendo a un nuevo combate político, frecuente en

nuestra historia nacional, después del cual quedarían vencedoras nuevamente las

fuerzas conservadoras. Si tuviésemos que optar entre estas dos hipótesis nos

inclinaríamos por la primera, por la sencilla razón de' que las fuerzas progresistas

han ganado cada vez más su propio espacio en la escena nacional y han

aprendido a defenderlo con tenacidad.

C) Hay nuevos actores políticos en este escenario. Lamentable mente, los límites

de este trabajo nos han impedido ocuparnos de ellos. Pero vale la pena marcarlos.

En primer lugar (sin orden de prioridades) las Fuerzas Armadas que quebraron

recientemente la continuidad del gobierno de partidos se han retirado del escenario

político no sin anunciar que siempre estarán dispuestas a volver para defender "la

legalidad, el orden y la democracia". Pueden retornar, según las circunstancias

continentales, según el desarrollo de la política nacional o según nuevas

modalidades producto, entre otros elementos, "del gusto al poder" que le han

tomado sus jefes, sus personeros actuales que ya han lanzado al ruedo una nueva

colectividad política, o según la "filosofía" que les impartan desde el exterior en

función de las conmociones sociales que parecen inevitables en la mayor parte de

los países sudamericanos.

En segundo lugar, la persistencia del desarrollo de los movimientos sociales,

fenómeno colectivo surgido a partir de la década del sesenta y que ha cobrado

renovadas fuerzas después de la reaparición de la democracia. Aunque no

podemos ocuparnos de ellos en esta instancia de reflexiones, cabe señalar que, en

más de un sentido, esos movimientos están cubriendo el vacío de respuestas que

los partidos políticos han dejado al descubierto para grandes sectores de la

población, especialmente los más necesitados, y aquellos representados por la

emergencia de nuevas generaciones de jóvenes que se asoman al escenario social

y político con los desencantos de estos últimos veinte años.

En tercer lugar, la aparición de nuevas formas de sindicalismo y de

gremialismo, surgidas al socaire de la gran crisis económica de la década de los

80, del fracaso de las dirigencias tradicionales, del desmoronamiento de ideologías

que ya no son representativas de los intereses de los trabajadores, particularmente

después de la disolución de la URSS y del impacto sin respuesta aún creado por la

rápida expansión científico-tecnológica con sus derivados en los nuevos modos de

producción, en las nuevas modalidades de la distribución y del consumo de los

bienes y de la organización del trabajo asalariado.

3.6.
No hay duda de que en la década que está corriendo y con total seguridad en

los comienzos del siglo XXI cambiará sustancialmente el escenario de las

vinculaciones entre el Estado y la sociedad civil. Ello está ocurriendo

aceleradamente en las naciones desarrolladas. Ese vértigo nos alcanzará, nos

arrastrará o nos liquidará como país sino como nación. ¿No sería muy ingenuo

pensar que el policentrismo de la sociedad uruguaya o su "partidocracia" actual, tal

como existen con ánimos de seguir subsistiendo, puedan tener algún lugar de

importancia en ese escenario? Es casi seguro que dentro de diez años -no más- la

actual legislación electoral del Uruguay estudiada por nuestros hijos y nuestros

nietos como ejemplo de una Arcadia que nunca existió.

3.7.
Por último, desde nuestro punto de vista, la posibilidad que pueda existir para

la subsistencia de los actuales partidos políticos en el Uruguay o de los que puedan

surgir en el futuro inmediato -al igual que en los demás países latinoamericanosestará

marcada por su capacidad de respuesta efectiva a las angustiosas

necesidades de los desheredados de nuestras ricas y explotadas tierras. Por

millones son cada vez más. Y las demandas siguen siendo las mismas, por

desgracia. Como al principio: pan, tierra, trabajo, techo, salud, educación, paz y

libertad.

Fuente Diputación Barcelona

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