180308 - Estados Unidos ha representado siempre el ejemplo más obvio de democracia capitalista, un sistema en el que el poder político está condicionado por el poder económico. Ello se prueba especialmente en los momentos electorales cuando se hacen públicas las donaciones a los candidatos y se comprueba que, sin esas donaciones, nadie puede entrar en una carrera electoral importante.

A varios meses de Noviembre, el escrutinio público tiene ya las listas de las contribuciones de las grandes empresas a los candidatos y en eso no hay diferencias entre republicanos y demócratas. Todos reciben dinero de las grandes corporaciones, un dinero que tiene exenciones fiscales y que los ejecutivos empresariales invierten con la esperanza de recuperarlo en forma de favores políticos.

El “lobby”, los grupos que las empresas organizan para presionar al Gobierno y al Parlamento, constituyen una institución tan aceptada que su carácter intrínsecamente inmoral apenas es aludido. El “lobby” pretende que las decisiones gubernamentales y parlamentarias beneficien a las empresas que los mantienen y lo consiguen, en unos casos más, en otros menos y a veces apoteósicamente, dependiendo de la debilidad y accesibilidad del gobierno de turno. Washington está plagado de edificios donde tiene su domicilio los “lobbies”. Hay “lobbies” de empresas nacionales y extranjeras, de gobiernos extranjeros, de instituciones sociales, de Universidades y hasta de Iglesias, todos buscando la cercanía y el favor del país más poderoso de la tierra. Con el paso del tiempo se ha ido modificando la misión de los “lobbies”. Al principio eran oficinas para presionar, para corromper a los políticos, a los funcionarios con dádivas, viajes, etc. Después fueron convirtiéndose en sus asesores legales al dedicarse los políticos a las campañas y a conseguir dinero para ellas, sin tener tiempo ni equipos suficientes para trabajar en sus tareas propias. Hoy los “lobbies” tienen personal técnico que prepara, por ejemplo, los proyectos de ley para que los legisladores no tengan que hacerlo y de paso, tratan de que el proyecto recoja los intereses de sus empresas patrocinadoras.

Los principales lobbies son los de la industria bélica, la petrolífera y la farmacéutica.

La industria del armamento es sumamente potente en un país que no ha dejado de organizar o participar en guerras desde la segunda mundial y, pese a la advertencia del presidente Eisenhower contra los peligros para la democracia del complejo militar industrial, está a la cabeza de la investigación y la exportación de armas. Los acontecimientos del 11 de Septiembre reavivaron los planes de los creadores del “Proyecto del nuevo siglo americano”, una coalición de intereses que aspira a controlar las vías mundiales de acceso a las mercancías básicas, como el petróleo, y postula una hegemonía internacional americana basada en la guerra preventiva que implica el desprecio formal a la ONU como se vio claramente con motivo de la invasión de Irak.

Pero la prepotencia americana fuera de sus fronteras, con violaciones constantes de los derechos de presuntos sospechosos, conducidos ilegalmente a una red internacional de prisiones secretas que mantiene la CIA en connivencia con la mayoría de los aliados occidentales, ha tenido una versión interna con la promulgación de la Ley patriótica, que cercena gravemente los derechos de los americanos, favoreciendo el espionaje, las detenciones sin permiso judicial e instalando un clima no democrático en las instituciones de lo que escasamente protestan los medios informativos convencionales. Es moneda corriente el espionaje de los correos electrónicos en las Universidades públicas instigado, con otras medidas parecidas, por el nuevo Departamento de Seguridad Nacional cuyos funcionarios actúan casi impunemente.

Este modo de proceder irrita a sus ambientes intelectuales, ilustrados que ven retroceder la democracia americana aunque la Casa Blanca tiene a su favor el apoyo de una población asustada por los supuestos peligros y favorecedora de la aminoración de las garantías constitucionales en aras de un patriotismo acomodaticio. Ello está produciendo una división en la ciudadanía cuya versión electoral empieza a ser apreciable.

Pero el conservadurismo nacional sigue vigente en temas básicos y los candidatos, ni siquiera el senador Obama, se pronuncian enérgicamente contra la pena de muerte o el uso de las armas de fuego, pese a presenciar esas matanzas indiscriminadas a las que se va acostumbrando el pueblo americano.

Y es que como dice un observador de la escena, América sería un país pacífico si legalizara la droga y prohibiera la pistolas pero eso no está en el inmediato horizonte y, mientras tanto, el Gobierno americano endurece la represión con el resultado de tener la mayor población carcelaria del mundo, uno de cada cien americanos está en prisiones cada vez más administradas por la empresa privada, otro negocio boyante creado a partir de la represión.

En ambientes universitarios se está produciendo una irritación notable cuando colegas de otros países les reprochamos el record ominoso de su gobierno en materia de derechos humanos. Este año se celebra el sesenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, complementada por la Declaración de Viena de 1993 y con cualquier índice se puede documentar la posición negativa americana al respecto. (Véase, al respecto, por ejemplo, el libro“Human Rights and the US Constitution”, de Judith Blau, y Alberto Moncada, Editorial Rowman, Littlefield, 2005).

No es solo que su Constitución y las sucesivas enmiendas apenas recogen lo que es hoy una lista universalmente aceptada de ellos sino que el Gobierno americano no ha ratificado prácticamente ninguno de los muchos convenios y tratados internacionales existentes sobre la materia y en algún caso, como su negativa a aceptar la competencia de Tribunales internacionales cuando se trata de sus nacionales, bordea el tercermundismo democrático en el que se encuentra en compañía de algunos países asiáticos y árabes con los que comparte también la aplicación de la pena capital.