301107 - Propuesto por el presidente Hugo Chávez y sometido a consulta popular el 2 de Diciembre del 2007

Reelección presidencial indefinida (Artículo 230)

El texto de reforme propuesto no hace referencia a una reeelección "indefinida", pero el artículo modificado lo da a entender.

La actual Constitución de Venezuela señala que el periodo presidencial es de seis años y que el Presidente de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una única vez, para un periodo adicional.

En la reforma al texto, el periodo presidencial pasa a ser de siete años y el Presidente o Presidenta puede ser reelegido o reelegida. Es decir, que no se define un límite a la cantidad de reelecciones que se pueden dar y, en teoría, abre la puerta a que el personaje se perpetúe en el poder.

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Atribuciones y obligaciones del presidente (artículo 236)

En este punto la reforma establece 27 apartados relativos a la actuación del mandatario, que puede ejercer con o sin necesidad de una decisión del Consejo de Ministros.

Así, el artículo 236 establece que el presidente puede declarar los estados de excepción y decretar la suspensión de garantías (apartado 9) o disolver la Asamblea Nacional (apartado 23), con aprobación de su gabinete ministerial.

Pero no es obligatorio un visto bueno del Consejo de Ministros o de la Asamblea Nacional para los apartados 8 y 13 del mismo artículo; ambos de fundamental importancia porque se refieren al nombramiento de oficiales de las Fuerzas Armadas y a la política monetaria del país, respectivamente.

Autonomía del Banco Central (artículos 156 y 318)

Éste es uno de los aspectos más criticados de la reforma y varios analistas ven en él, una intención del presidente Hugo Chávez de aumentar su poder hasta la misma política monetaria.

Chávez ha dicho que para fortalecer la independencia del estado venezolano contra lo que llama "un plan imperialista neoliberal", es necesario terminar con la autonomía del Banco Central para fijar las políticas monetarias y el control de las reservas internacionales del país.

Entonces la reforma puntualiza que el sistema monetario debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, y que será el ejecutivo, a través del Banco Central de Venezuela, quien fije esas políticas.

En síntesis, las funciones del Banco Central serán compartidas con el Poder Ejecutivo cuyo jefe es el presidente de la república, quien asume el derecho de manejar las reservas del país.

Modelo económico socialista (Artículos 112, 113, 299, 300 y 307)

Parece quedar clara la idea de Chávez de establecer una administración de tipo socialista y ello se desprende del propio texto de la reforma.

El artículo 112 señala que el Estado fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal.

El Estado también promoverá empresas y unidades económicas de producción o distribución social, pudiendo ser éstas de propiedad mixta entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista".

Y en el artículo siguiente (113) se prohíben los monopolios y las posiciones de dominio de empresas privadas o grupos de empresas en los mercados de bienes o de servicios.

Y con el artículo 307 se prohíbe el latifundio por considerarlo contrario al interés social y se establece que su propiedad será transferida al Estado o a empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales capaces de administrarlas.

Propiedad de recursos estratégicos (artículos 156, 302 y 303)

Este punto está vinculado con las competencias del Poder Público Nacional (artículo 156) que tienen que ver con aspectos fundamentales como la política internacional, la defensa del territorio, la administración, los impuestos y políticas macroeconómicas, entre otros.

En el apartado 17 del artículo 156, la reforma específica que es competencia del Poder Público "el régimen y administración de las minas e hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos" y también "la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas, salinas, ostrales y otras riquezas naturales del país" como los minerales estratégicos.

Se refuerza la propiedad estatal con el artículo 302, que señala que "el Estado se reserva por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos", al igual que su recolección, transporte y almacenamiento inicial.

El artículo 303 establece claramente la propiedad estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, cuando señala que "por razones de soberanía económica, desarrollo e interés nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y los entes o empresas de propiedad exclusiva del estado que desarrollen en el territorio nacional actividades reservadas, no podrán ser privatizados total ni parcialmente".

Fuerzas armadas (Artículos 328, 329 y 236, numeral 8)

Éste es uno de los aspectos más delicados de la reforma porque además de modificarse la denominación de las actuales Fuerzas Armadas también se cambia su objeto y se extiende su ejercicio.

Inicialmente y de acuerdo al artículo 328, pasa a llamarse Fuerza Armada Bolivariana y "constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y anti-imperialista".

Además de garantizar la soberanía e independencia de Venezuela, tendrá como objetivo ejecutar lo que la nueva Constitución llama "defensa integral y guerra popular de resistencia".

Pero también fue modificado el artículo 329 relativo a la integración de la Fuerza Armada y sus cuerpos de tierra, mar y aire, en el cual se establece que "podrá ejercer las actividades de policía que le atribuya la ley".

Seguridad social y jornada laboral (Artículos 87 y 90)

La nueva Constitución establece en su artículo 87 modificado, que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar y señala que para garantizar el ejercicio de los derechos laborales a los trabajadores independientes, la ley creará y desarrollará un Fondo de Estabilidad Social.

La idea es que al Fondo aporten el Estado y los trabajadores, para que puedan gozar de derechos laborales fundamentales como jubilaciones, pensiones, vacaciones y atención pre y post-natal, entre otros beneficios.

Y en el artículo 90, considera que para que los trabajadores dispongan de tiempo suficiente para su desarrollo integral, la jornada de trabajo diurna no excederá seis horas diarias o 36 horas semanales.

Además, ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario, al tiempo que el Estado se compromete a promover mecanismos para utilizar el tiempo libre en actividades educativas, de formación integral y desarrollo humano, técnico, cultural y físico.

Voto a los 16 años (Artículo 64)

El artículo 64 señala que son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 16 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

Es claro sin embargo que se trata únicamente del derecho al voto y a decidir pero no de ciudadanía o de adquisición de derechos civiles.

Juan Carlos Higuerey, director general de la oficina nacional del registro electoral, le explicó a BBC Mundo que de ser aprobada la reforma, el gobierno estima que con el voto a los 16 años el registro electoral podría aumentar en cerca de 4.300.000 personas, con lo cual, a partir de 2008 el padrón electoral se ampliaría a un poco más de 20 millones de personas.

La cifra del registro electoral es importante porque será la base para un sinnúmero de decisiones en la vida política venezolana que podrían ser sometidas a referendo, como establecen los artículos 71 (decisiones de importancia nacional), 72 (revocatoria de cargos), 73 y 74 (proyectos de ley y leyes).

Referendos aprobatorios (Artículos 71,72,73 y 74)

Según el artículo 71 las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo, por iniciativa del presidente aprobada en Consejo de Ministros, por voto mayoritario de la Asamblea Nacional, o a solicitud de un número no menor del 20% de los electores inscritos en el registro electoral (actualmente 3.220.000 votantes)

Es decir que, hipotéticamente, el presidente Hugo Chávez podría someter a referendo la nacionalización de empresas de servicios públicos o estratégicos y temas de relaciones exteriores como la aprobación de tratados internacionales o participación en organizaciones internacionales.

A su vez, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables (artículo 72), por los electores siempre que hayan concurrido al referéndum más del 40% de los inscritos en el registro electoral.

Y también las leyes podrán ser sometidas a referendo para ser abrogadas, total o parcialmente, por iniciativa de un número no menor del 30% de los electores inscritos en el registro o por el Presidente de la República.

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