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240511 - Chrisopher Marsden
- World Socialist Web Site
- Traducido del inglés para
Rebelión por
Sinfo Fernández
La orden de
búsqueda y captura emitida por el fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo contra
el
coronel Gadafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe del servicio de
inteligencia libio Abdullah al-Senusi por crímenes de guerra, sirve para
confirmar el papel de la
Corte Penal
Internacional (CPI) como instrumento al servicio de las potencias
imperialistas.
Las órdenes de arresto se están emitiendo, en efecto, en nombre de
Estados Unidos,
Gran Bretaña y
Francia, los
arquitectos-jefe del actual bombardeo sobre Libia. Moreno-Ocampo ha
estado reuniendo pruebas contra los tres acusados con el objetivo de
impedir cualquier posibilidad de llegar a un final negociado de la
guerra, de aislar aún más a Gadafi y allanar el camino para el cambio de
régimen.
(Ver: Moreno Ocampo, el
fiscal bifronte)
Por parte de Washington, Londres y París, apenas se hace ya esfuerzo
alguno para ocultar tales objetivos al referirse a la Resolución 1973
del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, que afirma cínicamente que la intervención se basa
en la responsabilidad que existe de proteger la vida de los civiles. A
pesar de esta especie de hoja de parra legal que supone la tal
Resolución, la guerra libia ha alcanzado velozmente nuevas cotas de
ilegalidad y criminalidad.
(Ver:
Naciones Unidas contra Libia)
El Tribunal de Nuremberg estableció que la planificación y lanzamiento
de una guerra de agresión es el más grave y capital crimen de guerra,
del que brotan inexorablemente otros crímenes contra la humanidad. Bajo
ese estándar, el presidente
Barack Obama, el primer ministro David Cameron y el presidente
Nicolás Sarkozy
son culpables de delitos mucho más grandes que cualquiera de los que
haya podido cometer Gadafi.
(Ver:
Sarkozy, el
minúsculo esbirro del imperio)
(Ver:
Un Nobel sin
escrúpulos)
Además, la realización de este ejercicio neocolonial ha
confirmado la tesis de Nuremberg, con
Estados Unidos
y la
OTAN poniendo descaradamente en marcha
una política de asesinatos contra
Gadafi, los miembros
de su familia y sus más altos colaboradores. Todo esto
se combina con una escalada de ataques contra objetivos
civiles en Trípoli. La acusación del fiscal de la CPI de
que
Gadafi “ha ordenado personalmente ataques contra
civiles libios desarmados” podría también presentarse
seguramente contra
Obama, Cameron y
Sarkozy.
La investigación que Moreno-Ocampo anunció el 3 de
marzo, citando la
Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
fue aprobada el 15 de febrero, quedando la situación en
Libia bajo la jurisdicción de la CPI.
El 5 de mayo, Moreno-Ocampo anunció primero que estaba
preparando tres órdenes de arresto por crímenes contra
la humanidad en Libia, sin nombrar a ninguno de los
candidatos. Esa acción pretendía invalidar los esfuerzos
de la Unión Africana para negociar un alto el fuego,
fomentando al mismo tiempo las deserciones dentro del
régimen libio a fin de facilitar la instalación del
Consejo Nacional Transitorio (CNT) compuesto por la
oposición como gobierno-títere, en el que se incluirían
ex altos cargos de
Gadafi.
(Ver:
Julio Escalona: "Moreno Ocampo cometió actos de guerra
en Libia y debe ser juzgado" CPI ONU)
Programado para que coincidiera con una reunión en Roma
del Grupo de Contacto sobre Libia, en la cual se acordó
canalizar inmensas sumas de dinero hacia el CNT, con
sede en Bengasi, el anuncio de la CPI del 15 de mayo se
produjo a continuación de un ataque aéreo contra la
residencia de la familia de
Gadafi, que trataba de eliminar a Gadafi pero que
mató a uno de sus hijos y a tres de sus nietos.
El reciente anuncio de Moreno-Ocampo se hizo en
similares circunstancias. El día anterior, el primer
ministro libio al-Baghdadi Ali al-Mahmudi le comunicó al
enviado especial de las Naciones Unidas, Abdul Ilah al-Jatib,
que Trípoli querían “un cese el fuego inmediato que
coincidiera con el fin de los bombardeos de la
OTAN”.
(Ver:
La
captura de Hadzic y el Tribunal de La Haya)
El día del anuncio, el ministro de exteriores italiano
Franco Fratini dijo que Italia estaba negociando la
formación de un posible “gobierno de reconciliación
nacional” y la salida de
Gadafi de Libia.
De nuevo, una vez más, esas iniciativas quedaron
anuladas de hecho y sin efecto. En vez de permitir que
pudiera darse una situación por la que Gadafi pidiera
llegar a la paz, la
OTAN se dedica a intensificar los
ataques aéreos contra Trípoli. Todo esto acompañado
además de estridentes exigencias por parte de Gran
Bretaña para que se despliegue una campaña de bombardeos
aún más mortífera, incluyendo también llamamientos
abiertos a liquidar a Gadafi.
El general británico Sir David Richards, jefe del estado
mayor de la defensa, dijo que quería “acciones militares
más intensas”. Exigió cambios en las normas de
enfrentamiento a fin de aumentar “el ámbito de los
blancos que podemos atacar”, de forma que se incluyan
también infraestructuras estáticas para “demostrar por
tanto a Gadafi que el juego ha terminado y que tiene que
irse”.
“No vamos directamente a por Gadafi, pero si ocurriera
que está en un centro de mando y control alcanzado por
la
OTAN y muere, entonces, eso está
dentro de las normas”, dijo. Añadió que el primer
ministro
David Cameron estaba “en la misma onda”.
El secretario del Foreign Office británico William Hague
se negó el domingo a descartar la utilización de los
aviones estadounidenses operados por control remoto para
asesinar a
Gadafi. “Quién es y qué es un objetivo legítimo
depende de su conducta”, dijo.
El objetivo político de emitir órdenes de arresto contra
Gadafi, así como el ultimátum de Richards, fue tan
evidente que el Guardian británico se sintió obligado a
escribir en un editorial:
“Una cosa es insistir en que
Gadafi debe irse en un nuevo orden democrático. Pero
insistir en que debe irse como condición previa de
cualquier negociación hace imposible un alto el fuego.
Insistir en que salga del país y se siente ante la CPI
es asegurarse que caiga combatiendo. Eso sólo permite la
opción militar y con ella la perspectiva de muchas,
muchas más víctimas civiles.”
El Guardian afirma que esto prueba que la estrategia de
la
OTAN es “confusa”. Pues no es nada de
eso. Se utilizó el mismo modus operandi de presentar
acusaciones de crímenes de guerra para legitimar una
guerra imperialista durante la guerra aérea de la
OTAN contra Yugoslavia en 1999, cuando
otro tribunal patrocinado por las Naciones Unidas, el
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia
(ICTY, por sus siglas en inglés) acusó al presidente
serbio
Slobodan Milosevic de crímenes contra la humanidad.
El juicio contra Milosevic empezó en 2001, un año
después de que le hubieran depuesto. A lo largo de los
cinco años que duró, la autodefensa de Milosevic resultó
sumamente embarazosa para las potencias occidentales. El
proceso quedó interrumpido a causa de su muerte por un
ataque al corazón.
Las afirmaciones de Richards y compañía y las acciones
emprendidas ya por la
OTAN indican que ahora no se está
precisamente planeando un juicio-espectáculo parecido.
La orden de detención pergeñada tiene el carácter de una
sentencia de muerte que va a cumplirse en el escenario
de guerra.
El papel de la CPI en la guerra libia es coherente con
sus anteriores antecedentes de servicios al
imperialismo. Cuando se creó en julio de 2002, pareció
representar la reforma más importante de derecho
internacional desde la
II Guerra Mundial, al crear un órgano internacional
para procesar a individuos acusados de genocidio,
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y
crímenes de agresión. Pero desde entonces ha demostrado
ampliamente que sus actuaciones están subordinadas a los
intereses de las potencias imperialistas que dominan las
Naciones Unidas.
Estados Unidos
se ha negado a reconocer la autoridad de la CPI, al
igual –bien formalmente o en la práctica- que Rusia,
China, Israel y docenas de otros países. Washington
rechaza cualquier responsabilidad ante organismos
internacionales en todo lo que se refiere a la agresiva
y violenta búsqueda de sus intereses globales. Sin
embargo, al igual que con la investigación de
Gadafi, Washington se atreve, gracias a su posición
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a
remitir supuestos crímenes a un tribunal que no
reconoce.
Todas las seis situaciones en las que actualmente se han
puesto en marcha investigaciones se encuentran en
África. En el caso del conflicto Sudán-Darfur y Libia,
fue el CSNU el que instigó procesos que encajaban con
los imperativos de política exterior de
Estados Unidos
y las potencias europeas. En conjunto, las
investigaciones emprendidas por la Corte han coincidido
con un renovado impulso de
Estados Unidos
y las potencias europeos por el control de los mercados
y las materias primas africanas, así como por conseguir
ventajas geoestratégicas y militares.
No es posible detallar todos los crímenes monstruosos
perpetrados por los poderes imperialistas desde que se
estableció la CPI. Sin embargo, el peor de esos crímenes
fue la invasión de
Irak en 2003.
En 2006, Moreno-Ocampo publicó una carta reconociendo
haber recibido 240 comunicaciones relativas a la
invasión de Irak.
El hombre que está instando ahora el procesamiento de
Gadafi respondió a ese respecto que dictaminar
acerca de la ilegalidad de la invasión y de cualquier
posible crimen de agresión no caía bajo la autoridad de
la Corte hasta que los estados que habían endosado la
CPI hubieran adoptado una disposición definiendo el
crimen y estableciendo si la Corte tenía jurisdicción.
En cuanto a los crímenes contra los civiles iraquíes,
Moreno-Ocampo afirmó que la información de que disponía
“no indicaba intencionalidad de atacar a la población
civil” ni “ataque excesivo”.
Estas declaraciones se realizaron en un momento en que
fuentes muy fiables estimaban ya en 650.000 los muertos
iraquíes como consecuencia de la guerra y la ocupación
encabezadas por
Estados Unidos, y bastante
después de crímenes tan patentes y tan execrables como
Abu Ghraib y
la destrucción de Faluya.
Dr. Chrisopher Marsden
es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Essex desde 2007 y Director del Centro
EXCCEL para Licenciados en Derecho (1989) y Master en
Derecho (1994), en Essex, e investigador asociado
residente en el Proyecto de Infraestructura de la
Información de Cambridge. Asimismo es editor asociado de
la revista de gestión de comunicaciones
interdisciplinarias ‘info’ desde 2007.
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