201108 - Max Larraín (210904)
El origen del nombre
El “Consenso de Washington” debe su nombre al economista inglés John
Williamson, quien a fines de la década de los 80 se refirió así a los
temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras
instituciones, en la época del re-enfoque económico que siguió a la
crisis de la deuda desatada a principios de la década. Algunos se
refieren a este acuerdo como la “Agenda de Washington”, otros como la
“Convergencia de Washington” y unos pocos la denominan “Agenda
Neoliberal”.
¿Quiénes conforman el consenso de Washington?
Aparte del
Banco Mundial y el BID, conforman el consenso de Washington
altos ejecutivos del Gobierno de EEUU, las agencias económicas del mismo
Gobierno, el Comité de la
Reserva Federal, el Fondo Monetario
Internacional, miembros del Congreso interesados en temas
latinoamericanos y los “think tanks” neo-derechistas dedicados a la
formulación de políticas económicas que apuntan a forzar cambios
estructurales en Latinoamérica.[1]
Desde luego, este consenso de Washington no representa una sola opinión
prevaleciente, sino que se compone de acuerdos básicos en materias
macroeconómicas pero que incorpora diferentes matices.
Las recomendaciones y/o exigencias del Consenso
John Williamson convocó a una cincuentena de economistas de varios
países a un seminario que se realizó el 6 y 7 de noviembre de 1989 en la
capital federal y que tuvo por finalidad analizar los avances alcanzados
y las experiencias obtenidas de la aplicación de las políticas de ajuste
y de reforma estructural impulsadas al inicio de la década por los
organismos y agencias que componen el Consenso. En aquella oportunidad,
Williamson intentó sintetizar las diversas ponencias que se presentaron
por los paneles, obteniendo un listado de una decena de instrumentos de
política económica, en las cuales se verificó un razonable grado de
acuerdo. Entre estas:
(1) Mantenimiento de la disciplina fiscal. No más déficit fiscal.
Presupuestos balanceados
(2) Garantía a los derechos de propiedad
(3) Prioridades en el gasto público: infraestructura, salud, educación
(4) Reforma tributaria: ampliar la base tributaria y tasas marginales
moderadas
(5) Tasas de interés real positivas y fijadas por el mercado
(6) Tipo de cambio real competitivo que favorezca al sector exportador
(7) Política comercial abierta con aranceles moderados
(8) Incentivo a la Inversión Extranjera Directa
(9) Régimen de privatizaciones
(10) Desregulación: reducción de las barreras burocráticas
Donde los supuestos fallan: el caso argentino
Las políticas económicas que Washington impulsa sobre el resto del mundo
se pueden resumir, a grandes rasgos, como políticas macroeconómicas
aparentemente prudentes, de orientación hacia afuera y de capitalismo en
su versión de libre mercado. El supuesto sería que aquello que es bueno
para Washington, es bueno para el resto del mundo y viceversa.
Pero es en este supuesto donde puede encontrarse el origen de los
problemas que se han presentado en la aplicación del modelo y que han
sido señalados por diversos críticos al proceso globalizador. Cabe
preguntarse si lo que resultó en Estados Unidos en alguna época,
¿resultará también en Kenya, en Camboya o en
Argentina?
La aplicación de las medidas económicas recomendadas o, más bien
exigidas por el órgano central del Consenso de Washington, el FMI, han
dejado más de algún desastre en diversos países del mundo. El caso
argentino no está ajeno a esta realidad.
Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República
Argentina, en Julio de 1989, el país se encontraba sumido en un profundo
caos económico y social. En el lapso de diez años, el notable estadista,
hijo de inmigrantes sirios, desarrolló una verdadera revolución en su
nación, solo comparable a la realizada en
Chile bajo el régimen militar,
salvo que la gracia de Menem fue que tales cambios los realizó en plena
vigencia del estado de derecho y bajo el ejercicio de las libertades de
expresión, reunión y organización sindical. El secreto de su éxito se
basó no sólo en un atrevido “plan de convertibilidad”, que prácticamente
dolarizó la economía argentina, sino que en la aplicación, contra viento
y marea, de las recetas más ortodoxas del Consenso de Washington.
Como lo señaló el articulista de Newsweek, Peter Hudson: “Su empleo de
las recetas del libre mercado, previamente un tabú en la mayor parte de
América Latina, transformó Argentina en un modelo de reforma económica
para la región”.[2] Al mismo tiempo que cortejaba al gran capital, les
vendió cerca de cien empresas de propiedad estatal y se dio a la tarea
de implementar una drástica reducción de la planta de servicio público,
dando paso así a la proliferación de los actualmente afamados “contratos
a honorarios”.
En diez años logró controlar una hiperinflación de cuatro dígitos hasta
reducirla a una mínima expresión. En el mismo lapso atrajo más de 50.000
millones de dólares en inversión extranjera directa, logrando un
incremento del PIB desde poco más de 80.000 millones de dólares en 1989,
a más de 290.000 millones de dólares en 1998.
¿Una historia de éxito?
Al término del mandato de Menem las estadísticas entregadas por Gallup
indicaban lo siguiente:
“Un 37 % de los menores de 22 años que buscan trabajo, no lo encontrará.
Un 30 % de la masa trabajadora carece de todo tipo de previsión de
salud, ni cuenta tampoco con un sistema de jubilación.
En Argentina se produce una muerte violenta cada seis horas. Cada cuatro
minutos se registra algún tipo de robo en el país. El 80 por ciento de
la población esta segura que la criminalidad es hoy más fuerte que nunca
antes. Uno de cada cuatro habitantes de la ciudad de Buenos Aires ha
sido asaltado en los últimos cuatro meses.
Según cifras realistas, el desempleo en Argentina se eleva por sobre el
19 %, y afecta a más de 7 millones de trabajadores. Pero el problema
clave aquí no es la cantidad de pobres, sino el empobrecimiento. Más del
70 % de estos siete millones eran, hace algunos años, miembros de la
clase media, y el 30 % restante vive en condiciones de miseria. Si se
proyectan los datos a nivel nacional, más de 10 millones de personas se
encuentran por debajo de la línea de pobreza. Poco menos de un tercio de
la población.”[3]
Como en todo orden de cosas, nada es absolutamente bueno ni nada es
absolutamente malo. Muchas de las medidas económicas recomendadas por el
Consenso de Washington son muy razonables, hasta de sentido común. No
obstante, la aplicación del modelo de manera ideológica, carente de
pragmatismo y sin adaptación a cada realidad, produce resultados como
los que acabamos de señalar.
No hay duda que la imposición de este modelo obedece a un único objetivo
que consiste en satisfacer los intereses de
Estados Unidos. El resto de
los países desarrollados, la Unión Europea y
Japón se benefician
marginalmente del modelo y, en muchos casos, es también resistido por
estas naciones.
Septiembre 2004
[1] Latin American Adjustment: How Much Has Happened? John Williamson,
editor. Institute for International Economics. Washington, DC. 1990.
Página 7.
[2] Newsweek. September 13, 1999. Página 9.
[3] Frances Relea. “El rastro de corrupción de la ‘década Menem’ “. El
País Digital Internacional. Miércoles 20 de octubre de 1999.