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Un Rato de desvergüenza: La austeridad de Rodrigo Rato

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Haz lo que yo digo, más no lo que hago - Para ahorrar están los pobres

1104 - Marcelo Zlotogwiazda - Los maestros en exigir ajuste fiscal, los mayores expertos en presionar por rebajas en el gasto de los Estados, se comportan puertas adentro al revés de la austeridad que propician.

El último presupuesto aprobado por el Directorio del Fondo Monetario Internacional para el funcionamiento del organismo contempla un aumento en las erogaciones del 12,3 por ciento, hasta superar los 900 millones de dólares, prevé un incremento en la dotación de personal y eleva las remuneraciones de sus funcionarios de máxima jerarquía, comenzando por el director gerente, Rodrigo de Rato, quien pasó a ganar más de 400.000 dólares por año.

De acuerdo con el último presupuesto aprobado, que abarca el período mayo 2004-abril 2005, que aparece publicado en el recientemente difundido Informe Anual, el Fondo prevé gastar en esos doce meses en rubros administrativos un total de 905,1 millones de dólares, a lo que se suma 31,8 millones de dólares de gastos de capital, que fundamentalmente están destinados a la finalización del edificio que se inaugurará a mediados del año próximo.

La asignación a las partidas administrativas representa un incremento del 12,3 por ciento con relación a los 806,1 millones de dólares que se gastaron en el ejercicio cerrado el 30 de abril de este año. Tal como se aprecia en el gráfico, esa elevación en el gasto no es una excepción sino que se viene repitiendo año tras año desde hace por lo menos un decenio. Lo que se prevé gastar en el último presupuesto es casi el doble de lo que se gastó en el ejercicio cerrado en abril de 1995. Como se ve, puertas adentro del FMI suceden muchas cosas menos ajustes.

Llama la atención la permanente tendencia creciente en los gastos del Fondo no sólo si se tiene en cuenta el discurso hacia fuera, sino también los supuestos “esfuerzos” ahorrativos que el organismo asegura realizar. En el Informe 2004 se señala que “la institución viene modernizando sus procedimientos presupuestarios internos, estableciendo un orden de prioridades en la asignación de los recursos y manteniendo topes sobre el número total de puestos de personal”.

Sin embargo, los gastos en “Personal” son por lejos los más abultados dentro del presupuesto administrativo, y al igual que el total de partidas, no ha cesado de aumentar en los últimos años.

En el ejercicio en curso absorbe dos tercios del total de 905,1 millones: los sueldos se llevan 373,8 millones, a lo que se suman 259,9 de “otros gastos en personal”.

A eso contribuyen dos factores. Por un lado el constante aumento en la dotación de personal, que en los últimos catorce años ha pasado de 1774 a 2802 funcionarios. Es decir que mientras la mayoría de sus prestatarios tuvieron que racionalizar sus burocracias, el Fondo la engrosó en un módico 58 por ciento en menos de tres lustros. Si la comparación se hace con 1980, se observa que el plantel se duplicó.

En segundo lugar inciden los aumentos salariales, que en cada uno de los últimos dos ejercicios fueron en promedio del 4 por ciento. Resulta curioso el criterio que el Fondo dice tener como guía para la fijación de su grilla de remuneraciones “La estructura salarial del FMI se revisa anualmente y, si procede, se ajusta tomando como base comparaciones con los sueldos pagados por determinadas empresas privadas financieras e industriales de Estados Unidos, Francia y Alemania y por organismos del sector público, principalmente de Estados Unidos.” Sin duda que se trata de una lógica más que razonable y aceptable para los empleados del organismo, en la medida en de esa manera pueden competir en la captación de los mejores recursos humanos que hay disponible en el mercado y mantener adecuados incentivos laborales. Lástima que esa lógica difiera en lo sustancial y sideralmente en lo cuantitativo con las recomendaciones que el Fondo sugiere que los países socios apliquen a sus empleados públicos.

Gracias al criterio que a ellos los guía y a los constantes ajustes hacia arriba en las remuneraciones, Rodrigo de Rato cobra un sueldo anual de 406.520 dólares, Anne Krueger 302.410 dólares, y los subdirectores que le siguen en el escalafón 288.010 dólares por año.

Debajo de la cúpula, el escalafón más bajo lo ocupan los chóferes, que cobran entre 26.800 y 40.200 dólares por año (las tareas de menor calificación están tercerizadas); una asistenta de secretaria llega a cobrar 50.000 dólares; un economista doctorado con poca experiencia, entre 75.000 y 112.000 dólares; un subjefe de división, hasta 156.720, y un subdirector de departamento, entre 188.000 y 236.000 dólares.

Otro rubro importante son los Viajes, que tienen asignados casi 100 millones de dólares, con un aumento de algo más del 6 por ciento respecto del ejercicio 2004. Sobre este punto, en la página 101 del Informe Anual 2004 afirman que “se registraron aumentos significativos de eficiencia en el rubro viajes”. Pero la verdad es que un repaso a los presupuestos de los últimos años desmiente que haya habido tal mejora de eficiencia, ya que si bien es cierto que la partida destinada a viajes está prácticamente estancada desde hace algunos años, la cantidad de países asociados (y por ende el número de misiones necesarias) también se mantuvo prácticamente estable. Los países sometidos por voluntad propia al Fondo eran 181 hace diez años y hoy suman apenas tres más.

Es decir que si la eficiencia global del Fondo Monetario se midiera según la proporción del gasto por país, un auditor debería bajarle el pulgar: teniendo casi el mismo número de socios, en diez años duplicaron el gasto y engrosaron significativamente el personal. No obstante, sus funcionarios cobran cada año un poco más. ¿Acaso sus economistas no plantean que un empleado debe cobrar según la productividad? Tal vez consideren que más allá de estas proporciones, la tarea que cumplen a lo largo y ancho del mundo es tan eficiente que merece recompensa. - Página 12

La Teoría y la práctica - Para Néstor Kirchner, de Argentina, el Fondo es un acreedor privilegiado

En teoría, la misión del Fondo Monetario Internacional está definida en su Estatuto, que en resumen sostiene que es una institución que tiene por objetivo prevenir crisis de sus miembros, instándolos a adoptar políticas económicas correctas, y eventualmente otorgando préstamos para cubrir desequilibrios transitorios de sus cuentas externas que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones.

Pero más allá de esos enunciados generales, si hay algo que identifica a la intervención práctica del FMI es la presión que ejerce para que sus prestatarios lleven a cabo ajustes fiscales de distinto tipo y magnitud según el caso.
En ese sentido, la experiencia argentina es bien ilustrativa, con la característica de que la exigencia fiscal resultó siempre indisociable del problema de la deuda. Durante los años previos a la convertibilidad, los ajustes presupuestarios que exigía el Fondo tenían como fin la lucha contra una inflación que lo desquiciaba todo, impidiendo incluso que el país pagara su deuda externa.

A lo largo del menemismo, y ya sin problemas de alta inflación, el FMI jugó un papel clave para que el país no sólo cumpliera con los acreedores, sino además para que pagara una buena parte de la deuda mediante la privatización de las empresas públicas.

El auxilio del FMI contribuyó para zafar de la crisis del Tequila a mediados de los años ’90, pero de nada sirvió para evitar el colapso de un modelo que se cayó a pedazos en el 2001, en buena medida por las recetas de ajuste fiscal que ellos exigían para mantener el pago de una deuda que de todas maneras no cesaba de crecer. Y la deuda no cesaba de crecer, entre otras cosas, por el desequilibrio fiscal que, paradójicamente, generó la privatización del sistema de jubilación que ellos propiciaron.
En los últimos dos años, lo lógica de la relación de la Argentina con el Fondo fue más clara que nunca. El organismo –que ahora conduce el español Rato– vino exigiendo y logrando que los gobiernos de Duhalde y Kirchner aprovechen el ajuste fiscal que naturalmente produjo la combinación de devaluación y default (subió la recaudación, bajó el gasto en términos reales y se dejó de pagar la mitad de la deuda) para obtener un nivel de superávit que permita renegociar y reanudar los pagos con los acreedores.

La relación tiene la particularidad de que el Gobierno le ha respetado al Fondo el status de acreedor privilegiado, dejándolo afuera del default y cumpliendo a rajatabla con las amortizaciones, al punto que en los últimos dos años ha cancelado deuda en términos netos por varios miles de millones de dólares.
 


 

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