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Naciones Unidas A/ 59/ 565
Asamblea General Distr. general 2 de diciembre de 2004 Español - 04-60234 (S) 261104 301104
*0460234*

Quincuagésimo noveno período de sesiones
Tema 55 del programa
Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio

Nota del Secretario General Koffi Anan
1. En el discurso que pronuncié ante la Asamblea General en septiembre de 2003,
indiqué que nos encontrábamos en un momento decisivo para las Naciones Unidas y
en particular para la aspiración proclamada en la Carta de proporcionar seguridad
colectiva para todos. Señalé las profundas divisiones que habían surgido entre los
Estados Miembros respecto de la naturaleza de las amenazas que se nos presentaban
y la justificación de usar la fuerza para afrontar esas amenazas. Insté a los Estados
Miembros a que aumentaran la eficacia de las Naciones Unidas. Concluí anunciando
mi intención de convocar un grupo de alto nivel de personas eminentes para que me
proporcionara una visión amplia y colectiva de la manera de avanzar hacia la solu -ción
de los problemas críticos con que nos enfrentamos.
 

2. Solicité al Sr. Anand Panyarachun, ex Primer Ministro de Tailandia, que pres i-die
ra el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, integrado
por las siguientes personalidades de todo el mundo, que aportaron una amplia gama de
experiencia y conocimientos: Robert Badinter (Francia), João Baena Soares (Brasil),
Gro Harlem Brundtland (Noruega), Mary Chinery-Hesse (Ghana), Gareth Evans (Aus-tralia),
David Hannay (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),
Enrique Iglesias (Uruguay), Amre Moussa (Egipto), Satish Nambiar (India), Sadako
Ogata (Japón), Yevgeny Primakov (Federación de Rusia), Qian Qichen (China), Salim
Salim (República Unida de Tanzanía), Nafis Sadik (Pakistán) y Brent Scowcroft
(Estados Unidos de América).
 

3. Pedí al Grupo de alto nivel que evaluara las actuales amenazas a la paz y la
seguridad internacionales y el éxito con que nuestras actuales políticas e instituciones
habían encarado esas amenazas, y formulara recomendaciones para fortalecer a
las Naciones Unidas a fin de que la Organización pudiera proporcionar seguridad
colectiva para todos en el siglo XXI.
 

4. Me complace poder transmitir ahora a los Estados Miembros el informe del
Grupo, en el que se traza un amplio marco para la seguridad colectiva en el nuevo
siglo. Se trata de un informe de considerable amplitud y profundidad, en el que se
adopta una perspectiva abarcadora del tema de la seguridad. No sólo se procura
examinar amenazas concretas, sino que se señalan también nuevas maneras de 1
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comprender las conexiones que existen entre ellas, así como sus consecuencias para
nuestras políticas e instituciones.
 

Conclusiones y recomendaciones
5. El informe ofrece a las Naciones Unidas una oportunidad singular de reestru c -turar
y renovar nuestras instituciones. Hago totalmente mío su llamamiento a la
adopción de un concepto más amplio de la seguridad colectiva, que encare tanto las
amenazas nuevas como las antiguas y que atienda las preocupaciones de seguridad
de todos los Estados, ricos y pobres, débiles y fuertes. Particularmente importante es
la insistencia del Grupo en que debemos comprender la relación que existe entre las
diversas amenazas contemporáneas a nuestra seguridad. No podemos encarar
de manera aislada cuestiones como el terrorismo o las guerras civiles o la pobreza
extrema. El significado de esa relación es profundo. Nuestras estrategias deben ser
abarcadoras. Nuestras instituciones deben superar sus estrechas preocupaciones y
aprender a colaborar en una gama de cuestiones, de manera concertada.
 

6. El informe postula que unos Estados capaces y responsables deben estar a la
vanguardia
de la lucha contra las amenazas de hoy día. Comparto la opinión del
Grupo sobre la importancia y urgencia de la tarea de ayudar a los Estados a mejorar
su capacidad de encarar las amenazas contemporáneas, y su conclusión de que las
Naciones Unidas deben poder desempeñar mejor esta tarea. Acojo con agrado las re -co
mendaciones del Grupo en esa esfera.
 

7. Apoyo la importancia otorgada por el Grupo al desarrollo como fundamento
indispensable
de una nueva seguridad colectiva. La pobreza extrema y las enfermedades
infecciosas son amenazas en sí mismas, pero también crean entornos que aumentan la
probabilidad de que surjan otras amenazas, como los conflictos civiles. Para poder
proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, es esencial dedicar la debida
atención y los recursos necesarios al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio.
 

8. Celebro el criterio innovador con que el informe encara los problemas
de la seguridad biológica. El informe indica con razón que nuestra respuesta
al VIH/ SIDA "sorprendió por su lentitud y vergonzosamente sigue careciendo de
recursos suficientes" y destaca la necesidad de resolver la persistente insuficiencia
de la asistencia necesaria para detener la pandemia. Pero el informe va más lejos.
Señala el deterioro de nuestro sistema mundial de sanidad; su vulnerabilidad a las
nuevas enfermedades infecciosas; y la promesa y los peligros que suponen los avan -ces
de la biotecnología. El Grupo insta a emprender una importante iniciativa mun -dial
para reconstruir el sistema mundial de sanidad, empezando por la creación de
capacidad en materia de salud pública en los planos local y nacional en todo el
mundo en desarrollo. Como se destaca en el informe, semejante iniciativa reportaría
beneficios directos para la prevención y el tratamiento de las enferme dades en todo
el mundo en desarrollo, pero también proporcionaría la base para una defensa eficaz
en el plano mundial contra el bioterrorismo y los brotes naturales de enfermedades
infecciosas mortales.
 

9. Como indica con razón el Grupo, debemos centrar nuestra atención en impedir
la aparición de nuevas amenazas. Pero si esas amenazas llegaran a surgir, debemos
estar mejor preparados para hacerles frente. Dos de las herramientas que debemos
mejorar son las sanciones y la mediación . Aliento a los Estados Miembros a que
consideren positivamente las recomendaciones del Grupo sobre la manera de fort a -lecer
esas herramientas. 2
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10. El Grupo también recomienda criterios para el uso de la fuerza. Celebro su
contribución a este debate tan importante e insto a los Estados Miembros a que
examinen cuidadosamente sus recomendaciones. Es imposible exagerar la importan -cia
que el logro de un nuevo consenso al respecto tiene para la renovación del sis-tema
de segu ridad colectiva.
 

11. El informe llega a la conclusión de que en la lucha contra el terrorismo las
Naciones Unidas no han aprovechado de manera óptima los recursos de que dispo -nen.
Como afirma con razón el Grupo, las Naciones Unidas deben poder articular
una estrategia contra el terrorismo eficaz y basada en principios, que respete
el Estado de derecho y la observancia universal de los derechos humanos. Uno de
los obstáculos que hasta la fecha se han opuesto a ello es, en mi opinión, la incapa -cidad
de los Estados Miembros de llegar a un acuerdo sobre una definición del te -rrorismo.
El informe ofrece una definición y estoy convencido de que ello ayudará a
formar el consenso que necesitamos para avanzar rápidamente en el sentido derecho.
 

12. El Grupo señala con urgencia la precaria situación del régimen de la no prolife-ración
nuclear
y advierte sobre el riesgo de que se desencadene la proliferación.
Sus recomendaciones (fortalecimiento del régimen mediante el Protocolo adicio -nal;
incentivos para que los Estados renuncien al desarrollo de instalaciones naciona -les
para el enriquecimiento y reprocesamiento de uranio; moratoria voluntaria de
duración limitada de la construcción de tales instalaciones; y negociaciones para con -certar
un tratado verificable por el que se prohíba la producción de material fisionable
y se disponga poner fin a la producción de uranio muy enriquecido para la fabricación
de armas y para otros fines) permitirían reducir la posibilidad de un ataque nuclear por
actores estatales o no estatales, y exigen la adopción urgente de medidas.
 

13. Igualmente importante es la visión que ofrece el Grupo de unas Naciones Uni -das
para el siglo XXI
y las recomendaciones que formula para introducir cambios en
cada uno de sus órganos principales, en particular el Consejo de Seguridad. Desde
hace tiempo vengo indicando la necesidad de que el Consejo de Seguridad sea más
representativo. Es decepcionante que en más de 10 años apenas se haya avanzado
hacia ese objetivo. El informe del Grupo ofrece dos fórmulas para la ampliación del
Consejo. Espero que con ello se facilite el debate y se ayude a los Estados Mie m-bros
a alcanzar una decisión en 2005.
 

14. Además de la reforma de las instituciones existentes, el informe propone un
nuevo órgano intergubernamental: la Comisión para la Consolidación de la Paz. Es -toy
de acuerdo con el Grupo en que la consolidación de la paz después de los con -flictos
resulta esencial en vista de los problemas con que nos enfrentamos hoy día.
Las actividades y los recursos en esa esfera están demasiado dispersos, y celebro la
idea de un nuevo órgano intergubernamental y de una capac idad dedicada a ese fin
en la Secretaría. Espero que semejante Comisión, que ayudaría a los Estados en la
etapa de transición entre la fase inmediatamente posterior a los conflictos y la fase
de la reconstrucción y el desarrollo a más largo plazo, también esté disponible, a pe -dido
de los interesados, para ayudar a los Estados Miembros a fortalecer su propia
capacidad.
 

15. El Grupo también recomienda que se introduzcan cambios en la Comisión de
Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo
uno de los mayores logros de la Organización. Deberíamos estar orgullosos de la la -bor
de las Naciones Unidas en la elaboración de normas internacionales de derechos
humanos. Sin embargo, no podemos seguir avanzando sin restablecer la credibilidad 3
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y la eficacia de nuestros mecanismos de derechos humanos y volver a centrar nues-tra
atención en la protección de los derechos individuales. Espero que las recomen -daciones
del Grupo puedan servir de base para lograr esos cambios.
 

16. Me complace también que en el informe se insta al fortalecimiento de la
Secretaría.
Estudiaré cuidadosamente las recomendaciones concretas formuladas.
Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del Grupo de que los Estados Miembros
no pueden permitirse una Secretaría que no tenga la mejor gente, dotada de los
medios adecuados para cumplir su mandato.
 

Necesidad de deliberar y actuar
17. Las recomendaciones del informe son muchas y amplias. Exigirán una
respuesta también amplia.
 

18. Algunas de las recomendaciones del informe están dirigidas hacia los orga -nismos
especializados
y los órganos intergubernamentales que no forman parte de
las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Grupo recomienda que la Junta de Gobernado -res
del Organismo Internacional de Energía Atómica reconozca el modelo de Proto -colo
adicional como el patrón actual para los acuerdos de salvaguardias del Org a -nismo.
En el caso de esta recomendación y de otras similares, emprenderé consultas
con los jefes de esos organismos y buscaré la manera de lograr que las recomenda -ciones
contenidas en el informe se examinen y pongan en práctica a la brevedad po -sible.
Las propias juntas ejecutivas y de gobernadores tal vez deseen tomar medidas
lo antes posible.
 

19. Tomaré rápidamente medidas para examinar y aplicar, según proceda, las
recomendaciones que entren en mi ámbito de competencia como Secretario General.
Por ejemplo, me tomo muy a pecho la recomendación de que debería encabezar la
promoción de una nueva estrategia contra el terrorismo, amplia y basada en
principios, y me comprometo a enunciar el año venidero una visión de esa
estrategia, para su consideración por los Estados Miembros.
 

20. En cuanto a otras recomendaciones que atañen a la Secretaría, necesitaré
la aprobación y el apoyo de los órganos legislativos de las Naciones Unidas. Una
Secretaría capaz y eficaz, con los recursos y la estructura necesarios para afrontar
los desafíos actuales, es un elemento vital en todo sistema de seguridad colectiva.
Aliento con ahínco a los Estados Miembros a que consideren las recomendaciones
del Grupo sobre el fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría en las esferas de
la prevención de conflictos, la mediación, la consolidación de la paz y el análisis es-tratégico.
Estoy a disposición de los Estados Miembros para formular observaciones
más detalladas y, sobre la base de la orientación que deseen proporcionarme, un plan
de ejecución.
 

21. Una tercera categoría de recomendaciones está dirigida hacia los órganos in -tergubernamentales
de las Naciones Unidas
y puede adoptarse con arreglo a las
modalidades correspondientes. Por ejemplo, el Grupo insta al Consejo Económico y
Social a establecer un comité sobre los aspectos económicos y sociales de las ame -nazas
contra la seguridad, a fin de que nos ayude en nuestras deliberaciones sobre
las causas y la consecuencias de las amenazas a que hacemos frente y las relaciones
entre ellas. 4
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22. También tengo muy claro que algunas recomendaciones exigen la ate n -ción
de los más altos niveles gubernamentales y son esenciales para lograr un nuevo
consenso sobre la seguridad colectiva. Por ejemplo, para que la Organización pueda
hacer frente a las amenazas actuales es fundamental llegar a un acuerdo sobre las
normas y reglas que han de regir el uso de la fuerza. En el informe que presentaré a
los Estados Miembros en marzo de 2005 me propongo incluir las recomendaciones
del informe que atañen a la esencia de las Naciones Unidas y de los principios que
éstas representan, lo que será un tema central de la cumbre de septiembre próximo.
 

23. Espero que la adopción de medidas no se vea completamente congelada hasta
septiembre. Debemos actuar con rapidez y tomar medidas para aplicar las reco -mendaciones
toda vez que sea posible.
Por ejemplo, el Grupo recomienda varias im-portantes
iniciativas para mejorar la seguridad biológica. El Consejo de Seguridad
tal vez desee actuar con rapidez para aplicar la recomendación del Grupo de celebrar
una segunda sesión extraordinaria sobre el VIH/ SIDA como amenaza a la paz y la
seguridad internacionales, con especial hincapié en los efectos acumulativos
de la enfermedad en los Estados y las sociedades. Al mismo tiempo, la Asamblea
Mundial de la Salud tal vez desee considerar la recomendación de que aumente los
recursos destinados a la vigilancia y la respuesta mundiales a las nuevas enfermeda -des
infecciosas. Los donantes interesados, trátese de Estados o de fundaciones, tal
vez deseen considerar la importante recomendación del Grupo de emprender una
gran iniciativa para reconstruir el sistema mundial de sanidad. Todas esas cuestiones
son urgentes. Ninguna de ellas debe esperar hasta septiembre.
 

Conclusión
24. Celebro el informe del Grupo. Creo que los Estados Miembros comprobarán
que nos permite acercarnos mucho más a una respuesta a algunas de las cuestiones
más candentes del nuevo siglo. Espero que provoque un debate dinámico entre los
Estados Miembros y facilite una pronta adopción de decisiones. Urge que la
comunidad internacional llegue a un nuevo consenso sobre el futuro de la seguridad
co lectiva y los cambios que se necesitan en las Naciones Unidas.
 

25. Por último, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Presidente y a los
miembros del Grupo por su labor. No vacilaron en encarar las cuestiones más difíc i-les
que nos dividen. El hecho de que este distinguido grupo, de composición tan d i-versa,
haya podido llegar a un consenso sobre unas recomendaciones clarividentes y
al mismo tiempo prácticas me permite abrigar la esperanza de que los miembros de
la Organización podrán hacer otro tanto.
 

(Firmado) Kofi A. Annan 5
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Carta de envío, de fecha 1° de diciembre de 2004, dirigida al Secretario General por el Presidente del Grupo de alto
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio
Tengo el honor de transmitirle el informe del Grupo de alto nivel sobre las
amenazas, los desafíos y el cambio, titulado "Un mundo más seguro: la responsabi-lidad
que compartimos".
 

En el informe se presenta una nueva visión de la seguridad colectiva,
que abarca todas las principales amenazas a la paz y la seguridad internacionales
presentes en el mundo. Nuestras investigaciones y consultas revelaron que nuestra
época se caracteriza por una relación sin precedentes entre las amenazas a la paz
y la seguridad internacionales y una vulnerabilidad mutua entre débiles y fuertes.
Hemos comprobado que las Naciones Unidas han encarado las principales amenazas
a la paz y la seguridad con una eficacia muy superior a la que se le reconoce, pero
que, pese a ello, se necesitan grandes cambios para que las Naciones Unidas puedan
garantizar la seguridad colectiva de todos en el siglo XXI de manera eficaz, eficien -te
y equitativa.
 

El mandato que nos confió descartaba la posibilidad de un examen a fondo de
conflictos concretos y hemos respetado esa directriz. Sin embargo, los miembros del
Grupo consideran que faltarían a su deber si no señalaran que, por más cambio s s is-témicos
que se introduzcan en la manera en que las Naciones Unidas encaran las
amenazas antiguas y nuevas a la paz y la seguridad, la Organización no podrá des-empeñar
con eficacia la función que se le ha conferido en la Carta si no se redoblan
los es fuerzos por resolver varias controversias de larga data que, como llagas abie r-tas,
siguen alimentando las nuevas amenazas con que nos enfrentamos actualmente.
Entre ellas cabe mencionar en primer término los problemas de Palestina, Cachemi-ra
y la península de Corea.
 

Los miembros del Grupo pueden no estar totalmente de acuerdo respecto
de cada punto y detalle del informe, pero todos ellos lo hacen suyo y, en general,
convienen con sus conclusiones. Sin embargo, debo señalar a su atención que los
miembros del Grupo no están de acuerdo respecto de los modelos propuestos para
la ampliación del Consejo de Seguridad ni el método para determinar los criterios
relacionados con la composición del Consejo. Algunos miembros del Grupo están
firmemente convencidos de que sólo el modelo que contempla un aumento en
el número de miembros permanentes, aunque sea sin veto, permitirá al Consejo de
Seguridad afrontar los problemas del nuevo siglo. Otros están igualmente convenc i-dos
de que es preferible el modelo alternativo, con miembros elegidos por períodos
prolongados, pero no miembros permanentes. Todos estamos de acuerdo, sin embar-go,
en que sería un craso error permitir que el debate necesario para escoger entre
ambas opciones desviara la atención de las decisiones que hay que adoptar respecto
de otras propuestas necesarias de cambio, cuya validez y viabilidad no dependen del
aumento del número de los miembros del Consejo de Seguridad.
 

Nuestro informe está dirigido a usted, pero muchas de nuestras recomendacio -nes
requieren el compromiso de los Jefes de Estado y la adopción de medidas por su
parte. Sólo con su liderazgo será posible formar el nuevo consenso necesario para
afrontar las amenazas que se describen en nuestro informe.
 

Nuestras deliberaciones se basaron en aportaciones de numerosas fuentes, en -tre
ellas gobiernos, expertos del mundo académico y organizaciones de la sociedad 6
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civil del mundo entero. Nuestra labor no habría sido posible sin el enorme apoyo
que recibimos. Los gobiernos de los siguientes países proporcionaron generosas
contribuciones financieras a nuestra labor: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cana -dá,
China, Dinamarca, España, Federación de Rusia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Japón, Jordania, Kazajstán, Mauricio, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía. Las
siguientes fundaciones y centros de estudio hicieron contribuciones financieras o
en especie a nuestra labor: Academia Internacional de la Paz, Carnegie Corporatio n
of New York, Fundación Ford, Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, Centro
sobre la Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, Rockefeller
Brothers Fund, Fundación Rockefeller, Centro para la Seguridad y la Cooperación
Internacionales de la Universidad de Stanford, Fundación Stanley, Fundación pro
Naciones Unidas, y Fundación W illiam y Flora Hewlett.
 

Quisiera concluir agradeciéndole calurosamente, en nombre propio y en el
de los demás miembros del Grupo, el honor de habernos confiado esta importante
tarea. Deseo también dejar constancia de nuestra gratitud a todos quienes han con -tribuido
a lo largo del pasado año a nuestro proceso de reflexión, y ante todo a nues-tro
director de investigaciones, Stephen Stedman, y a la secretaria del Grupo, Lora i-ne
Rickard-Martin, y a sus colaboradores, sin cuyos denodados esfuerzos y aport a -ciones
intelectuales el presente informe no habría sido posible.
 

(Firmado) Anand Panyarachun
Presidente
Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio 7
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Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos
Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio*
 

Índice Párrafos Página
Resumen .................................................................. 11
Parte I
Hacia un nuevo consenso en materia de seguridad
 

I. Dos mundos distintos: 1945 y 2005 ................................... 1– 16 17
II. El argumento a favor de un sistema general de seguridad colectiva.......... 17– 43 21
A. Amenazas sin fronteras ......................................... 17– 23 21
B. Los límites d e la autoprotección .................................. 24– 28 22
C. Soberanía y responsabilidad ..................................... 29– 30 23
D. Los elementos de un sistema de seguridad colectiva digno de crédito .... 31– 43 24
1. Eficacia ................................................. 32– 36 24
2. Eficiencia ................................................ 37– 39 25
3. Equidad ................................................. 40– 43 25
Parte II
La seguridad colectiva y el desafío de la prevención
 

III. La pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental........ 44– 73 28
A. Las amenazas con que nos enfrentamos ............................ 44– 58 28
B. Cómo responder al problema de la prevención ...................... 59– 73 31
1. Más recursos y acción ...................................... 59– 65 31
2. Nuevas iniciativas ......................................... 66– 73 32
IV. Los conflictos entre Estados y los conflictos internos ..................... 74– 106 34
A. La amenaza de los conflictos entre Estados ......................... 74– 83 34
B. La amenaza de los conflictos internos ............................. 84– 88 36
C. Cómo responder al problema de la prevención ...................... 89– 106 38
1. Perfeccionamiento de los marcos normativos internacionales ...... 89– 97 38
2. Mejor información y mejor análisis ........................... 98– 99 40
3. La diplomacia preventiva y la mediación ...................... 100– 103 40
4. Despliegue preventivo ..................................... 104– 106 41
 

* Las notas al presente informe pueden consultarse en línea en www. un. org/ secureworld. 8
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V. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas..................... 107– 144 42
A. Las amenazas con que nos enfrentamos ............................ 107– 116 42
1. Las armas nucleares ....................................... 107– 112 42
2. Armas radiológicas ........................................ 113 43
3. Armas químicas y biológicas ................................ 114– 116 43
B. Cómo responder al problema de la prevención ...................... 117– 144 44
1. Mejores estrategias para reducir la demanda.................... 118– 126 44
2. Mejores estrategias para reducir la oferta ...................... 127– 138 46
3. Mayor capacidad coercitiva ................................. 139– 141 48
4. Mejor protección de la salud pública .......................... 142– 144 49
VI. Terrorismo ....................................................... 145– 164 49
A. La amenaza con que nos enfrentamos ............................. 145– 146 49
B. Cómo responder al problema de la prevención ...................... 147– 164 50
1. Una estrategia global....................................... 147– 148 50
2. Mejores instrumentos de lucha contra el terrorismo .............. 149– 153 51
3. Prestación de asistencia a los Estados en la lucha contra el
terrorismo ............................................... 154– 156 52
 

4. Definición del terrorismo ................................... 157– 164 53
VII. La delincuencia organizada transnacional .............................. 165– 177 54
A. La amenaza con que nos enfrentamos ............................. 165– 170 54
B. Cómo responder al problema de la prevención ...................... 171– 177 55
1. Mejoramiento de los marcos normativos internacionales .......... 172– 176 56
2. Mejores estrategias para el fomento de la capacidad estatal........ 177 57
VIII. El papel de las sanciones ............................................ 178– 182 57
Parte III
La seguridad colectiva y el uso de la fuerza
 

IX. El uso de la fuerza: normas y directrices ............................... 183– 209 60
A. La cuestión de la legalidad ...................................... 185– 203 60
1. El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y la legítima
defensa.................................................. 188– 192 60
 

2. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y las amenazas
externas ................................................. 193– 198 61
 

3. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, las amenazas
internas y la obligación de proteger........................... 199– 203 62
 

B. La cuestión de la legitimidad .................................... 204– 209 64 9
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X. Capacidad para imponer y mantener la paz ............................. 210– 220 65
Cooperación regional............................................... 220 67
XI. Consolidación de la paz después del conflicto ........................... 221– 230 67
A. La función del personal de mantenimiento de la paz.................. 221– 223 67
B. La tarea más general de consolidación de la paz..................... 224– 230 68
XII. Protección de los civiles ............................................ 231– 239 69
La seguridad del personal de las Naciones Unidas ....................... 239 71
Parte IV
Unas Naciones Unidas más eficaces para el siglo XXI
 

XIII. La Asamblea General............................................... 240– 243 73
XIV. El Consejo de Seguridad ............................................ 244– 260 74
XV. Comisión para la Consolidación de la Paz .............................. 261– 269 77
Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz ....................... 266– 269 79
XVI. Las organizaciones regionales ........................................ 270– 273 79
XVII. El Consejo Económico y Social ...................................... 274– 281 80
Lograr coherencia normativa ........................................ 280– 281 82
XVIII. La Comisión de Derechos Humanos................................... 282– 291 82
XIX. La Secretaría ..................................................... 292– 296 84
A. Dar mayor respaldo al Secretario General .......................... 293– 294 84
B. Una Secretaría competente y profesional........................... 295– 296 85
XX. La Carta de las Naciones Unidas ..................................... 297– 302 86
Anexos
I. Resumen de las recomendaciones .............................................. 87
II. Composición y mandato del Grupo............................................. 103
III. Secretaría del Grupo ........................................................ 106
IV. Reuniones del Grupo, consultas regionales y seminarios ........................... 107 10
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Resumen
Hacia un nuevo consenso en materia de seguridad
 

Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945 para, ante todo, "preservar a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra" y asegurar que jamás volvieran
a repetirse los horrores de las guerras mundiales. Sesenta años después, sabemos de-masiado
bien que las mayores amenazas a la seguridad con que nos enfrentamos hoy
día, y con que nos enfrentaremos en los decenios por venir, van mucho más allá
de las guerras de agresión entre Estados. Estas amenazas comprenden la pobreza, las
enfermedades infecciosas y la degradación del medio ambiente; la guerra y la violencia
internas; la proliferación y el posible uso de armas nucleares, radiológicas, químicas
y biológicas; el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Las amenazas
provienen tanto de actores estatales como no estatales y afectan la seguridad tanto de
los Estados como de los seres humanos.
 

La principal preocupación de los fundadores de las Naciones Unidas era la segu -ridad
del Estado. Cuando hablaban de crear un nuevo sistema de seguridad colectiva
lo hacían con el tradicional sentido militar: un sistema en que los Estados se manco-munan
comprometiéndose a considerar que una agresión contra uno de ellos es una
agresión contra todos y, en tal caso, a reaccionar colectivamente . Pero también com-prendían
muy bien, mucho antes de que se impusiera la idea de la seguridad
humana, que la seguridad, el desarrollo económico y la libertad humana eran indivis i-bles.
En el preámbulo de la Carta se proclama también que las Naciones Unidas
se crearon para "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre" y para
"promover el progreso social y ... elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad".
 

El desafío central del siglo XXI es plasmar un concepto nuevo y más amplio,
que sintetice todas esas vertientes, de lo que significa la seguridad colectiva, y de
todas las responsabilidades, compromisos, estrategias e instituciones concomitantes
que se necesitan para un sistema de seguridad colectiva eficaz, eficiente y equitativo.
 

El nuevo consenso en materia de seguridad debe basarse en el entendimiento
de que los principales protagonistas de la lucha contra todas las amenazas, nuevas y
antiguas, con que nos enfrentamos, siguen siendo los Estados soberanos, cuya fu n-ción
y responsabilidades, y derecho a ser respetados, están consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas. Pero en el siglo XXI, como nunca antes, ningún Estado pu e-de
hacer frente a esas amenazas por sí solo. Es indispensable contar con estrategias
colectivas, instituciones colectivas y un sentido de responsabilidad colectiva.
 

El argumento a favor de un sistema de seguridad colectiva se basa en tres pila -res
básicos. Las amenazas actuales no respetan las fronteras nacionales, están rela-cionadas
entre sí, y deben encararse tanto en los planos mundial y regional como en
el plano nacional. Ningún Estado, por más poderoso que sea, puede hacerse invuln e-rable,
por sí solo, a las amenazas actuales. Y no se puede suponer que todo Estado
podrá o querrá siempre cumplir su deber de proteger a su propia población y no ca u-sar
daño a sus vecinos. 11
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No debemos subestimar la dificultad de lograr un nuevo consenso sobre el sig -nificado
y las responsabilidades de la seguridad colectiva. Muchos considerarán que
una o varias de las amenazas que hemos señalado no son realmente amenazas a la
paz y la seguridad internacionales. Algunos opinan que el VIH/ SIDA es una enfe r-medad
terrible, pero no una amenaza a la seguridad. O que el terrorismo es una ame -naza
para algunos Estados, pero no para todos. O que las guerras civiles en África
son una tragedia humanitaria pero no, claramente, un problema de seguridad intern a-cional.
O que la pobreza es un problema de desarrollo y no de seguridad.
 

Las diferencias de poder, riqueza y geografía determinan, por cierto, nuestra
sensación de lo que constituye la amenaza más grave a nuestra supervivencia y bie n-estar.
Estas diferencias nos llevan a minimizar lo que otros consideran la amenaza
más grave a su supervivencia. La falta de equidad en la respuesta a las amenazas
acentúa las divisiones. Muchos opinan que la supuesta seguridad co lectiva de hoy
día es simplemente un sistema para proteger a los ricos y a los poderosos. Estas ideas
plantean un obstáculo fundamental a la creación de un sistema de seguridad colecti-va.
En pocas palabras, sin un reconocimiento mutuo de las amenazas no puede haber
seguridad colectiva. La autarquía será la norma, reinará la desconfianza, y seremos
incapaces de lograr los beneficios a largo plazo de la cooperación.
 

Lo que se necesita hoy día es, ni más ni menos, un nuevo consenso entre alian -zas
que parecen estar a punto de desintegrarse, entre naciones ricas y naciones po-bres,
y entre pueblos sumidos en la desconfianza y separados por un abismo cultural
que parece cada vez mayor. La esencia de ese consenso es sencilla: somos todos re s-ponsables
de la seguridad de los demás. Y la manera de poner a prueba ese consenso
será mediante la acción.
 

La seguridad colectiva y el desafío de la prevención
Cualquier suceso o proceso que cause muertes en gran escala o una reducción
masiva en las oportunidades de vida y que socave el papel del Estado como unidad
básica del sistema internacional constituye una amenaza a la seguridad internacional.
Si se parte de esa definición, hay seis grupos de amenazas que deben preocupar al
mundo hoy y en los decenios por venir:
 

° Las amenazas económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades
infe cciosas y la degradación ambiental
 

° Los conflictos entre Estados
° Los conflictos internos, como la guerra civil, el genocidio y otras atrocidades
en gran escala
 

° Las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas
° El terrorismo
° La delincuencia organizada transnacional
En sus primeros 60 años, las Naciones Unidas han hecho contribuciones crucia -les
para reducir o mitigar esas amenazas a la seguridad internacional. Si bien hubo
importantes fracasos y deficiencias, los éxitos y las contribuciones no han sido sufi-cientemente
valorados. Ello permite abrigar la esperanza de que la Or ganización
pueda adaptarse para hacer frente con éxito a los nuevos retos del siglo XXI. 12
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El principal desafío para las Naciones Unidas y sus miembros consiste en as e -gurar
que, de todas las amenazas en las categorías arriba indicadas, las que son dis-tantes
no pasen a ser inminentes y las que son inminentes no lleguen a ser destructi-vas.
Ello exige un marco de acción preventiva que encare todas esas amenazas de t o-das
las maneras que más eco encuentran en las distintas partes del mundo. Ante todo,
exigirá liderazgo en los planos nacional e internacional para actuar rápida, decisiva y
colectivamente contra todas esas amenazas —desde el VIH/ SIDA hasta el terrorismo
nuclear— antes de que hayan tenido sus efectos más devastadores.
 

Al describir cómo se ha de hacer frente al problema de la prevención, come n -zamos
con el desarrollo porque es el fundamento indispensable para un sistema de
seguridad colectiva en el que la prevención se tome en serio. El desarrollo sirve para
muchas cosas. Ayuda a luchar contra la pobreza, las enfermedades infecciosas y la
degradación ambiental, que matan a millones de seres humanos y plantean una ame -naza
a la seguridad humana. El desarrollo es esencial para ayudar a los Estados a
prevenir o remediar el deterioro de la capacidad estatal, que es crucial para hacer
frente a casi todo tipo de amenaza. Y es parte de una estrategia a largo plazo para
prevenir la guerra civil y poner fin a los entornos en los que florecen el terrorismo y
la delincuencia organizada.
 

La seguridad colectiva y el uso de la fuerza
¿Qué ocurre si fracasa la prevención por medios pacíficos, si ninguna de las
medidas preventivas que se han descrito hasta ahora detiene el descenso hacia la gu e-rra
y el caos, si las amenazas distantes se hacen inminentes, si las amenazas inminen-tes
se hacen reales o si una amenaza no inminente cobra carácter muy real y no pare-ce
posible detenerla sin usar la fuerza militar?
 

Nos referimos en esta parte a las circunstancias en que una seguridad colectiva
eficaz puede exigir el respaldo de la fuerza militar, comenzando con las normas de
derecho internacional que deben regir la decisión de ir a la guerra para que no impere
la anarquía. Es necesario distinguir entre las situaciones en que un Estado aduce
actuar en legítima defensa, aquellas en que un Estado supone una amenaza para otros
más allá de sus fronteras y aquellas en que la amenaza es predominantemente interna
y la cuestión reside en la responsabilidad de proteger a la población de un Estado. A
nuestro juicio, la Carta de las Naciones Unidas, debidamente interpretada y aplicada,
es adecuada en todos los casos. No es necesario ampliar ni restringir el alcance bien
conocido del Artículo 51 y el Capítulo VII da plenos poderes al Consejo de Seguri-dad
para hacer frente a las amenazas de toda índole a que puedan verse expuestos los
Estados. La tarea no consiste en encontrar una alternativa al Consejo de Seguridad
como fuente de autoridad sino en que funcione mejor que hasta ahora.
 

El hecho de que la fuerza se pueda usar legítimamente no siempre significa,
por una cuestión de conciencia y sentido común, que haya que usarla. Definimos una
serie de directrices (cinco criterios de legitimidad) que, a nuestro juicio, el Consejo de
Seguridad (y quienquiera participe en las decisiones de esta índole) siempre debería te-ner
en cuenta al considerar si ha de autorizar o emplear la fuerza militar. La adopción
de estas directrices (gravedad de la amenaza, propósito correcto, último recurso, pro-porcionalidad
de los medios y balance de las consecuencias) no ha de producir conclu-siones
convenidas que se puedan predecir automáticamente, pe ro debería aumentar
considerablemente las posibilidades de llegar a un consenso internacional acerca de
cuestiones que en los últimos años han sido causa de profunda div isión. 13
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También nos referiremos en esta parte a otras importantes cuestiones que sur-gen
durante un conflicto violento y después, entre ellos la capacidad necesaria para
imponer, mantener y consolidar la paz y para proteger a la población civil. Se plantea
una y otra vez la necesidad de que todos los miembros de la comunidad internacio-nal,
tanto los países desarrollados como en desarrollo, estén mucho más dispuestos
a proporcionar y financiar recursos militares que se puedan desplegar. Es muy fácil
hacer gestos simbólicos, pero un sistema de seguridad colectiva eficaz, eficiente y
equitativo exige un compromiso real.
 

Unas Naciones Unidas más eficaces para el siglo XXI
Nunca se pensó en las Naciones Unidas como algo utópico, sino como un sis -tema
de seguridad colectiva que funcionara. La Carta de las Naciones Unidas confi-rió
a los Estados más poderosos la condición de miembro permanente del Consejo de
Seguridad y el veto. A cambio, se esperaba que utilizasen su poder en pro del
bien común y promovieran y acataran el derecho internacional. Como dijo Harry
Truman, a la sazón Presidente de los Estados Unidos, en su discurso ante la última
sesión plenaria de la conferencia en que se estableció la Organización, "todos ten e-mos
que reconocer, por más poderosos que seamos, que debemos renunciar a hacer
sie mpre lo que se nos antoje".
 

Al plantearse la cuestión de la reforma de las Naciones Unidas es tan importan -te
hoy como lo era en 1945 llegar a un equilibrio entre el poder y los principios. Las
recomendaciones que desestimen una realidad básica de poder estarán condenadas al
fracaso o al olvido, pero las que simplemente consignen la distribución del
poder sin más y no traten de promover los principios internacionales probablemente
no han de contar con la amplia adhesión que se necesita para un cambio de conducta
en el plano internacional.
 

Los cambios que se propongan deberían obedecer a necesidades del mundo real.
Cambiar por cambiar significaría volver a caer en los eternos debates de reforma en el
último decenio. El criterio definitorio es si el cambio propuesto ayuda o no a resolver
el problema planteado por una amenaza virulenta.
 

Durante todo el curso de nuestros trabajos hemos tratado de determinar las
deficiencias institucionales en la forma en que se reacciona actualmente a una amenaza.
Las que se indican a continuación son las que hay que subsanar con mayor urgencia:
 

° La Asamblea General ha perdido vitalidad y muchas veces no centra eficazmen -te
su atención en los problemas más apremiantes del momento.
 

° El Consejo de Seguridad tendrá que ser más proactivo en el futuro. Para ello,
quienes más contribuyen a la Organización financiera, militar y diplomática -mente
deben participar más en su proceso de adopción de decisiones y quienes
participan en este proceso deben aportar más a la Organización. El Consejo de
Seguridad, para poder hacer todo lo que esperamos de él, necesita mayor cred i-bilidad,
legitimidad y carácter representativo.
 

° Existe una importante laguna institucional en la labor de prestar asistencia a los
países en situación difícil y a los que salen de un conflicto, a los que se suele
prestar poca atención, impartir poca orientación normativa y aportar pocos
recursos. 14
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° El Consejo de Seguridad no ha aprovechado al máximo las posibles ventajas de
la cooperación con organizaciones regionales y subregionales.
 

° Hay que establecer nuevos mecanismos institucionales para hacer frente a las
amenazas económicas y sociales a la seguridad internacional.
 

° La Comisión de Derechos Humanos adolece de un déficit de legitimidad que
arroja dudas sobre la reputación general de las Naciones Unidas.
 

° Se necesitaría una Secretaría más profesional, mejor organizada, y con mucha
mayor capacidad para la acción concertada.
 

Las reformas que proponemos no harán por sí mismas más eficaces a
las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no estarán a la altura de las expecta -tivas
si los Estados Miembros no llegan a un acuerdo sobre los elementos de
seguridad enunciados en el presente informe. Las instituciones no pueden ser
más fuertes que la energía, los recursos y la atención que les dediquen los Esta -dos
Miembros y sus dirigentes. 15
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Parte I Hacia un nuevo consenso en materia de seguridad
 

Resumen
Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945 para, ante todo, "p reservar a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra" y asegurar que jamás volvieran
a repetirse los horrores de las guerras mundiales. Sesenta años después, sabemos
demasiado bien que las mayores amenazas a la seguridad con que nos enfrentamos
hoy día, y con que nos enfrentaremos en los decenios por venir, van mucho más allá
de las guerras de agresión entre Estados. Estas amenazas comprenden la pobreza, las
enfermedades infecciosas y la degradación del medio ambiente; la guerra y la viole n-cia
internas; la proliferación y el posible uso de armas nucleares, radiológicas, quí-micas
y biológicas; el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Las
amenazas provienen tanto de actores estatales como no estatales y afectan la seguri-dad
tanto de los Estados como de los seres humanos.
 

La principal preocupación de los fundadores de las Naciones Unidas era la segu -ridad
del Estado. Cuando hablaban de crear un nuevo sistema de seguridad colectiva lo
hacían con el tradicional sentido militar: un sistema en que los Estados se mancomunan
comprometiéndose a considerar que una agresión contra uno de ellos es una agresión
contra todos y, en tal caso, a reaccionar colectivamente. Pero también comprendían
muy bien, mucho antes de que se impusiera la idea de la seguridad hu mana, que la
seguridad, el desarrollo económico y la libertad humana eran indivisibles. En el preá m-bulo
de la Carta se proclama también que las Naciones Unidas se crearon para "reafir-mar
la fe en los derechos fundamentales del hombre" y para "promover el progreso
social y ... elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad".
 

El desafío central del siglo XXI es plasmar un concepto nuevo y más amplio,
que sintetice todas esas vertientes, de lo que significa la segurid ad colectiva, y de
todas las responsabilidades, compromisos, estrategias e instituciones concomitantes
que se necesitan para un sistema de seguridad colectiva eficaz, eficiente y equitativo.
 

El nuevo consenso en materia de seguridad debe basarse en el entendimiento
de que los principales protagonistas de la lucha contra todas las amenazas, nuevas y
antiguas, con que nos enfrentamos, siguen siendo los Estados soberanos, cuya fu n-ción
y responsabilidades, y derecho a ser respetados, están consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas. Pero en el siglo XXI, como nunca antes, ningún Estado pu e-de
hacer frente a esas amenazas por sí solo. Es indispensable contar con estrategias
colectivas, instituciones colectivas y un sentido de responsabilidad colectiva.
 

El argumento a favor de un sistema de seguridad colectiva se basa en tres pila -res
básicos. Las amenazas actuales no respetan las fronteras nacionales, están rela-cionadas
entre sí, y deben encararse tanto en los planos mundial y regional como en
el plano nacional. Ningún Estado, por más poderoso que sea, puede hacerse invuln e-rable,
por sí solo, a las amenazas actuales. Y no se puede suponer que todo Estado
podrá o querrá siempre cumplir su deber de proteger a su propia población y no ca u-sar
daño a sus vecinos. 16
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No debemos subestimar la dificultad de lograr un nuevo consenso sobre el sig -nificado
y las responsabilidades de la seguridad colectiva. Muchos considerarán que
una o varias de las amenazas que hemos señalado no son realmente amenazas a la
paz y la seguridad internacionales. Algunos opinan que el VIH/ SIDA es una enfe r-medad
terrible, pero no una amenaza a la seguridad. O que el terrorismo es una ame -naza
para algunos Estados, pero no para todos. O que las guerras civiles en África
son una tragedia humanitaria pero no, claramente, un problema de seguridad intern a-cional.
O que la pobreza es un problema de desarrollo y no de seguridad.
 

Las diferencias de poder, riqueza y geografía determinan, por cierto, nuestra
sensación de lo que constituye la amenaza más grave a nuestra supervivencia y
bienestar. Estas diferencias nos llevan a minimizar lo que otros consideran la amenaza
más grave a su supervivencia. La falta de equidad en la respuesta a las amenazas
acentúa las divisiones. Muchos opinan que la supuesta seguridad colectiva de hoy día
es simplemente un sistema para proteger a los ricos y a los poderosos. Estas ideas
plantean un obstáculo fundamental a la creación de un sistema de seguridad colectiva.
En pocas palabras, sin un reconocimiento mutuo de las amenazas no puede haber
seguridad colectiva. La autarquía será la norma, reinará la desconfianza, y seremos
incapaces de lograr los beneficios a largo plazo de la cooperación.
 

Lo que se necesita hoy día es, ni más ni menos, un nuevo consenso entre alianzas
que parecen estar a punto de desintegrarse, entre naciones ricas y naciones pobres, y entre
pueblos sumidos en la desconfianza y separados por un abismo cultural que parece cada
vez mayor. La esencia de ese consenso es sencilla: somos todos responsables de la segu-ridad
de los demás. Y la manera de poner a prueba ese consenso será mediante la acción.
 

I. Dos mundos distintos: 1945 y 2005
1. Las Naciones Unidas fueron creadas en un ambiente de optimismo generado
por el fin de la segunda guerra mundial y el deseo de evitar una repetición de sus
horrores y los de la primera guerra mundial. Para muchos de los Estados que más
sufrieron en esas guerras mundiales, el experimento ha tenido éxito. En los 60 años
siguientes, muchas partes del mundo han gozado de una paz y una prosperidad ja -más
vistas. Desaparecieron las rivalidades y tensiones que llevaron a la segunda
guerra mundial, se evitó la guerra entre las grandes Potencias y se impuso una paz
estable en Europa. El Japón, Alemania e Italia fueron integrados exi tosamente a la
comunidad de naciones y ocupan actualmente el segundo, tercer y sexto lugar por
sus contribuciones financieras a las Naciones Unidas.
 

2. En los primeros 30 años de las Naciones Unidas, decenas de nuevos Estados
surgieron de los sistemas colonia les que, hasta unos años atrás, habían subordinado
a media humanidad a un puñado de capitales. Una de las contribuciones fundamen -tales
de las Naciones Unidas durante ese período fue la asistencia que prestaron al
nacimiento de esos nuevos Estados. La descolonización, a su vez, transformó a las
Naciones Unidas. Cuando las Naciones Unidas fueron creadas en 1945 contaban con
51 miembros; hoy tienen 191. La Asamblea General pasó de ser un órgano compues-to
por Estados que, en general, se parecían entre sí, a uno increíblemente heterogé -neo.
Para mediados del decenio de 1960 los países en desarrollo eran mayoría en la 17
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Asamblea General y gracias a ella lograron tener una voz en la política inte rnacional
que, en general, se les había negado fuera de esa institución.
 

3. La segunda mitad del siglo XX fue una lucha para alcanzar la viabilidad de
esos nuevos Estados y el bienestar de sus ciudadanos. Dichos Estados heredaron
fronteras coloniales arbitrarias y economías coloniales cuyo propósito era atender
las necesidades de la metrópoli. La independencia fue el comienzo de una carrera
para educar a su población y desarrollar los conocimientos profesionales, científicos
y tecnológicos necesarios para hacer funcionar un Estado y una economía modernos.
Todo ello ocurrió en una época de enormes expectativas respecto de lo que el Estado
podía y debía proporcionar, cuando la mayoría de los modelos de crecimiento eco -nómico
se basaban en un fuerte control estatal.
 

4. En los últimos 40 años, la esperanza de vida en los países en desarrollo ha
aumentado en 20 años, y el ingreso per cápita se ha duplicado en países como
Botswana, el Brasil, China, la República de Corea y Turquía, en menos de un tercio
del tiempo que tardaron el Reino Unido o los Estados Unidos hace 100 años o más.
Sin embargo, pese a ese progreso, gran parte del mundo siguió sumida en una
pobreza que pone en peligro la vida. En términos globales, el ingreso per cápita en
el África subsahariana no aumentó entre 1975 y 1999.
 

5. En el decenio de 1980 muchos de esos nuevos Estados se enfrentaban con una cri-sis
de capacidad y legitimidad que llevó a que la guerra interna se convirtiera en la forma
dominante de conflicto armado en la segunda mitad del siglo XX (véase el gráfico I).
 

Gráfico I
Guerras ocurridas entre 1946 y 2002
 

Fuente: Departamento de Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Uppsala;
e Instituto Internacional de Oslo de Investigaciones sobre la Paz.
 

0
10
20
30
40
50
60
 

1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Número de guerras civiles
en curso
 

Número de guerras entre
Estados en curso 18
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6. En los albores del siglo XXI esos conflictos distan de haberse superado. Más
de 1.000 millones de personas carecen de agua potable, más de 2.000 millones no
tienen acceso a servicios sanitarios adecuados, y más de 3 millones de personas
mueren todos los años debido a enfermedades relacionadas con el agua. Catorce
millones de personas, incluidos 6 millones de niños, mueren todos los años de hambre .
En 2000 padecían de malnutrición 842 millones de personas, el 95% de las cuales
vivían en países pobres.
 

7. Hoy día, casi 30 millones de personas en África están enfermas del VIH/ SIDA.
En los Estados más afectados la enfermedad ha diezmado a los miembros adultos de
las élites urbanas, reduciendo la capacidad estatal y devastando la actividad econó -mica
de lo que debería ser el grupo más productivo de un país. El número creciente
de mujeres y niñas infectadas es una amenaza para la producción agrícola y de ali-mentos.
Si las tendencias no se invierten, algunos de esos Estados corren peligro de
un colapso bajo la carga combinada de la pobreza y el VIH/ SIDA.
 

8. La descolonización fue sólo una de las fuerzas que conformaron a las Naciones
Unidas. Los fundadores de las Naciones Unidas no previeron que los Estados Un i-dos
y la antigua Unión Soviética iniciarían poco después una rivalidad a escala
mundial, fabricando y desplegando decenas de miles de armas nucleares capaces de
destruir el mundo una y otra vez.
 

9. El objetivo de controlar la capacidad destructiva de la tecnología nuclear y
aprovechar su potencial se convirtió en un aspecto central de la labor de las
Naciones Unidas. La Asamblea General, en la primera resolución que aprobó en
1946, instó a la eliminación de las armas "capaces de causar destrucción colectiva
de importancia".
 

10. La guerra fría determinó en buena medida la política mundial de los 45 años
siguientes. La rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética impidió que
el Consejo de Seguridad desempeñara un papel dominante en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Casi todos los conflictos armados y las luchas de
liberación se interpretaron a través del prisma de la rivalidad entre Oriente y Occi-dente,
hasta el histórico colapso de la antigua Unión Soviética y el fin del régimen
comunista en Europa oriental.
 

11. Sin embargo, sin las Naciones Unidas el mundo después de 1945 habría sido
probablemente más sangriento. En la segunda mitad del siglo XX hubo menos gue -rras
entre Estados que en la primera mitad. En vista de que durante el mismo perío -do
el número de Estados prácticamente se cuadruplicó, cabía haber esperado un acu -sado
aumento en las guerras entre Estados. Sin embargo ello no sucedió, en parte
gracias a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas redujeron el peligro de la gue -rra
entre Estados de diversas maneras. Se fomentó la paz con la invención del man -tenimiento
de la paz; el Secretario General llevó a cabo gestiones diplomáticas; la
Corte Internacional de Justicia resolvió controversias y se mantuvo una firme pos i-ción
en contra de la guerra de agresión.
 

12. El espectacular aunque pacífico fin de la guerra fría fue una oportunidad para
que floreciera la seguridad colectiva. Los primeros años que siguieron al final de la
guerra fría parecieron anunciar un nuevo papel para las Naciones Unidas. En 1990 el
Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza contra el Iraq para liberar Kuwait.
El Consejo amplió la interpretación de lo que constituía una amenaza a la paz y la
seguridad internacionales para autorizar una intervención con fines humanitarios en 19
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Somalia. Las Naciones Unidas ayudaron a poner fin a varias guerras de larga data en
América Central y África meridional.
 

13. Ese momento duró poco. Muy pronto pudo comprobarse que las Naciones
Unidas habían cambiado las cadenas de la guerra fría por el chaleco de fuerza de la
inercia de los Estados Miembros y la indiferencia de las grandes Potencias. Si bien
las Naciones Unidas dieron origen al concepto de la seguridad humana, demostraron
estar mal preparadas para proporcionarla. Siguieron sin resolverse conflictos regio -nales
de larga data como los de Israel y Palestina y Cachemira. La inacción ante
las depuraciones étnicas y los genocidios en Rwanda y Bosnia socavaron el apoyo
internacional. El optimismo cedió a un nuevo cinismo respecto de la disposición de
los Estados Miembros a apoyar la Organización.
 

14. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y
Washington, D. C. permitieron vislumbrar las posibilidades de un sistema renovado
de seguridad colectiva. El 12 de septiembre de 2001 Francia presentó y el Consejo
de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 1368 (2001) en la que se conde -naban
los atentados y que abrió camino a la campaña militar de legítima defensa co -ntra
el régimen de los talibanes encabezada por los Estados Unidos. El mismo día la
Asamblea General condenó el terrorismo y los atentados. El 28 de septiembre de
2001 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1373 (2001), que impone a todos
los Estados Miembros la obligación de tomar medidas concretas de lucha contra
el terrorismo con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Tres
meses más tarde las Naciones Unidas presidieron la concertación del Acuerdo de
Bonn, en virtud del cual se creó un gobierno provisional para reemplazar el régimen
depuesto de los talibanes. Las Naciones Unidas apoyaron el gobierno provisional
del Afganistán como custodio del proceso de paz y ayudaron a redactar la nueva
constitución del país.
 

15. Ese propósito internacional común sólo duró unos meses y cayó presa de la
discordia causada en 2003 por la guerra en el Iraq dirigida por los Estados Unidos.
 

16. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 revelaron que los Estados, al igual
que las instituciones de seguridad colectiva, no se habían adaptado a los cambios en
la naturaleza de las amenazas. La revolución tecnológica, que ha cambiado radica l-mente
el mundo de las comunicaciones, el procesamiento de información, la salud y
el transporte, ha borrado fronteras, modificado las corrientes migratorias y permit i-do
que la información se comparta en todo el mundo con una rapidez inconcebible
hace dos decenios. Esos cambios han surtido numerosos beneficios, pero también
han hecho posible causar grandes daños. Un número cada vez menor de personas
puede causar daños cada vez mayores, sin el apoyo de ningún Estado. Una nueva
amenaza, la delincuencia organizada transnacional, socava el imperio de la ley a n i-vel
nacional e internacional. Las tecnologías de la vida cotidiana pueden transfo r-marse
en instrumentos de agresión. No hemos comprendido aún la totalidad de los
efectos de esos cambios, que anuncian, sin embargo, un clima fundamentalmente di-ferente
en materia de seguridad, con oportunidades sin precedentes de cooperación y
con posib ilidades nunca vistas de destrucción. 20
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II. El argumento a favor de un sistema general de seguridad colectiva
 

A. Amenazas sin fronteras
17. Hoy más que nunca las amenazas están interrelacionadas y una amenaza contra
uno es una amenaza contra todos. La vulnerabilidad mutua de débiles y fuertes
nunca ha estado más clara.
 

18. La integración económica mundial significa que un atentado terrorista de
envergadura en cualquier parte del mundo desarrollado tendría consecuencias
devastadoras para el bienestar de millones de personas en el mundo en desarrollo. El
Banco Mundial calcula que, por sí solos, los atentados del 11 de septiembre de 2001
aumentaron en 10 millones de personas el número de pobres en el mundo; el costo
total para la economía mundial superó probablemente los 80.000 millones de dólares.
Esas cifras serían mucho mayores en caso de un incidente de terrorismo nuclear.
 

19. Del mismo modo, la seguridad del Estado más rico puede depender de la capaci-dad
del Estado más pobre de contener una nueva enfermedad. Puesto que la duración
de los vuelos internacionales es inferior al período de incubación de muchas enferme -dades
infecciosas, cualquiera de los 700 millones de pasajeros anuales que llevan esos
vuelos puede ser, sin saberlo, un portador de enfermedad a escala mundial. El síndro -me
respiratorio agudo y grave (SARS) infectó a más de 8.000 personas en 30 países
en un período de tres meses y provocó la muerte de casi 700 de ellas. Se estima que la
pandemia de gripe de 1919 se cobró hasta 100 millones de víctimas, mucho más que
la primera guerra mundial, en poco más de un año. Hoy en día un virus similar podría
causar decenas de millones de muertes en mucho menos tiempo.
 

20. En la actualidad, cualquier amenaza a la seguridad internacional amplifica el
peligro que plantean las demás amenazas. La proliferación nuclear por parte de los
Estados aumenta la disponibilidad del material y la tecnología necesarios para que
un terrorista pueda adquirir un arma nuclear. El control estatal ineficiente de las
fronteras y del tránsito a través de Estados débiles facilita el tráfico de material y
tecnología nucleares por parte de actores no estatales.
 

21. Los grupos terroristas internacionales se aprovechan de los Estados débiles para
procurarse refugio. Reclutan voluntarios explotando los rencores avivados por la
pobreza, la ocupación extranjera y la falta de derechos humanos y democracia, por la
intolerancia religiosa y de otro tipo, y por la violencia civil, una combinación
explosiva que se observa comúnmente en las zonas afectadas por la guerra civil y los
conflictos regionales. En los últimos años, los terroristas han aprovechado el acceso a
productos de valor, como los estupefacientes, que tienen en países en guerra civil para
ayudar a financiar sus actividades y realizar abultadas transferencias de dinero.
 

22. La pobreza, las enfermedades infecciosas, la degradación del medio ambiente
y la guerra se refuerzan mutuamente en un ciclo mortífero. La pobreza (expresada
mediante el producto interno bruto (PIB) per cápita) está estrechamente vinculada
con el estallido de la guerra civil (véase el gráfico II). Enfermedades tales como
el paludismo y el VIH/ SIDA siguen cobrándose numerosas víctimas y refuerzan la
pobreza. Las enfermedades y la pobreza, a su vez, están relacionadas con la degra -dación
del medio ambiente; el cambio climático aumenta la incidencia de enferme -dades
infecciosas como el paludismo y el dengue. El estrés ambiental, provocado 21
21 Page 22 23
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por una alta densidad demográfica y una escasez de tierras y otros recursos natura -les,
puede contribuir a la violencia civil.
 

Gráfico II
Relación entre la pobreza y la guerra civil
 

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
 

$-$1 000 $2 000 $3 000 $4 000 $5 000
PIB per cápita (en dólares EE. UU.)
 

Fuente: Estudios realizados por Macartan Humphreys (Universidad de Columbia), sobre la base
de datos proporcionados por el Banco Mundial, el Departamento de Estudios sobre la Paz y
los Conflictos de la Universidad de Uppsala, y el Instituto Internacional de Oslo de
Investigaciones sobre la Paz.
 

23. La delincuencia organizada transnacional coadyuva a muchas de las más gra -ves amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La corrupción, el tráfico ilícito
 

y el blanqueo de dinero contribuyen a debilitar el Estado, impiden el crecimiento
económico y socavan la democracia, creando así un entorno que hace posible el con -flicto civil. Resulta particularmente preocupante la posibilidad de que grupos delic -tivos
 

organizados proporcionen armas nucleares, radiológicas, químicas o biológicas
a los terroristas. El creciente tráfico de estupefacientes explica, en parte, el rápido aumento en las infecciones del VIH/ SIDA, particularmente en Europa oriental y par-tes
 

de Asia. La delincuencia organizada socava también las actividades
de mantenimiento de la paz y alimenta muchas guerras civiles mediante el tráfico ilícito de armas pequeñas y productos básicos de zonas de conflicto.
 

B. Los límites de la autoprotección
24. Ningún Estado, por más poderoso que sea, puede hacerse invulnerable,
por s í solo, a las amenazas actuales. Para garantizar su propia seguridad, todo Estado
necesita cooperar con otros Estados. Por lo tanto, a todo Estado le conviene cooperar 22
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con otros para ayudarlos a encarar las amenazas más urgentes con que éstos se
enfrentan, porque así aumenta la posibilidad de una cooperación recíproca para
encarar sus propias prioridades.
 

25. Tomemos, por ejemplo, la amenaza del terrorismo nuclear. Según los expertos,
un grupo terrorista con 50 kilogramos de uranio muy enriquecido, cantidad que po -dría
ocultarse en seis cartones de leche de un litro, sólo necesita ría transportarla
clandestinamente de un país a otro para improvisar un artefacto nuclear explosivo
que podría arrasar una ciudad de mediano tamaño. Los controles fronterizos no se-rán
una defensa adecuada contra semejante peligro. Para superar la amenaza del te -rrorismo
nuclear se requiere la cooperación entre los Estados, tanto fuertes como
débiles, para administrar mejor las existencias de uranio muy enriquecido, proteger
mejor los contenedores en los puertos, y llegar a un acuerdo sobre nuevas normas
para el enriquecimiento del uranio. La cooperación entre los Estados en cuestiones
de inteligencia es esencial para acabar con el terro rismo.
 

26. Del mismo modo, para poner fin a la delincuencia organizada los Estados
deben cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y seres
humanos y la corrupción. Los esfuerzos internacionales para resolver el problema
fallarán en el eslabón más débil. La ineficacia de las instituciones de seguridad
colectiva compromete la seguridad de todas las regiones y todos los Estados.
 

27. La mejor defensa contra la posibilidad de que los terroristas usen armas
nucleares, químicas o biológicas sería tratar de controlar los materiales peligrosos,
disuadir y capturar a los terroristas, y encarar las amenazas más amplias que aumentan
el riesgo de que se cometan actos terroristas. La guerra civil, las enfermedades y la
pobreza aumentan la posibilidad de un colapso del Estado y facilitan la propagación
de la delincuencia organizada, aumentando también el riesgo del terroris mo y la
proliferación al debilitar a los Estados y la capacidad colectiva de imponer el orden
público. La prevención de actos de terrorismo masivo exige un gran empeño en
fortalecer los sistemas de seguridad colectiva, reducir la pobreza, luchar contra el
extremismo, poner fin a los rencores de la guerra, detener la propagación de las
enfermedades infecciosas y luchar contra la delincuencia organizada.
 

28. Así pues, todos los Estados tienen un interés común en forjar un nuevo sistema
amplio de seguridad colectiva que los comprometa a cooperar entre sí para hacer
frente a una amplia gama de amenazas.
 

C. Soberanía y responsabilidad
29. Al suscribir la Carta de las Naciones Unidas, los Estados no sólo se benefician
de los privilegios de la soberanía, sino también asumen sus responsabilidades. Cua -lesquiera
hayan sido las percepciones prevalecientes cuando el concepto de la sobe -ranía
estatal surgió tras la Paz de Westfalia, hoy día dicho concepto conlleva clara -mente
la obligación de los Estados de proteger el bienestar de su población y de
cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional en general. Pero la historia
nos enseña claramente que no puede darse por sentado que todos los Estados podrán
o querrán siempre cumplir las obligaciones que les incumben en re lación con su
propia población y no causar daño a sus vecinos. Y en tales circunstancias los prin -cipios
de la seguridad colectiva significan que parte de esa obligación debe ser as u -mida
por la comunidad internacional, actuando de conformidad con la Carta de las 23
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Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos para crear la ca -pacidad
o proporcionar la protección necesarias, según el c aso.
 

30. Lo que procuramos proteger refleja lo que valoramos. La Carta de las Nacio -nes
Unidas procura proteger a todos los Estados, no porque sean intrínsecamente un
bien, sino porque son necesarios para lograr la dignidad, la justicia, el valor y la se -guridad
de sus ciudadanos. Éstos son los valores que deben ocupar un lugar central
en cualquier sistema de seguridad colectiva en el siglo XXI, aunque con demasiada
frecuencia los Estados no los han respetado y fomentado. La seguridad colectiva que
procuramos establecer postula precisamente que todos los Estados y las institucio -nes
internacionales, y quienes las dirigen, comparten la responsabilidad de hacerlo.
 

D. Los elementos de un sistema de seguridad colectiva digno de crédito
 

31. Un sistema de seguridad colectiva sostenible y digno de crédito debe ser efi-caz,
eficiente y equitativo. El sistema multilateral que conocemos, por la manera en
que ha respondido a las principales amenazas a la seguridad mundial de los últimos
decenios, ha demostrado ser capaz de ello. Pero es necesario fortalecerlo para que
funcione mejor, y en el presente informe detallamos todas las maneras de hacerlo.
 

1. Eficacia
32. Las instituciones de seguridad colectiva han hecho contribuciones de crítica
importancia al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tanto al
reducir la demanda de armas nucleares como al mediar conflictos interes tatales o
poner fin a guerras civiles, aunque esas contribuciones han sido frecuentemente
denigradas, tanto por quienes desearían que esas instituciones hicieran más como
por quienes desearían que hicieran menos.
 

33. Las instituciones de seguridad colectiva ra ra vez son eficaces por sí solas. Las
instituciones multilaterales funcionan normalmente en paralelo con actores naciona -les
y regionales y, a veces, de la sociedad civil, y alcanzan su mayor eficacia cuando
su labor tiene objetivos comunes, trátese de actividades de mediación, reconstruc -ción
posterior a los conflictos, estrategias de reducción de la pobreza o medidas de
no proliferación.
 

34. Los Estados siguen estando a la vanguardia de la respuesta a las amenazas
actuales. Para luchar contra la pobreza y las enfermedades infecciosas, poner fin a la
delincuencia transnacional, reconstruir una sociedad después de una guerra civil,
reducir el terrorismo y detener la proliferación de materiales peligrosos es necesario
actuar de consuno con unos Estados capaces y re sponsables. Por consiguiente, es
preciso redoblar los esfuerzos para mejorar la capacidad de los Estados de ejercer su
soberanía de una manera responsable. Para quienes estén en condiciones de ayudar a
otros a mejorar esa capacidad, esta tarea debe ser parte de su responsabilidad.
 

35. Las acciones colectivas fracasan a menudo, a veces de manera espectacular.
Los instrumentos colectivos sufren frecuentemente los efectos de la inobservancia,
de una vigilancia y verificación que no son sistemáticas y de medidas coercitivas
insuficientemente estrictas. El alerta temprana sólo es eficaz si lleva a la adopción
temprana de medidas de prevención. La vigilancia y la verificación funcionan mejor 24
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si se consideran complementos, y no sucedáneos, de la aplicación de medidas
coercit ivas.
 

36. Las instituciones de seguridad colectiva han demostrado ser especialmente in -adecuadas
para hacer frente al problema del genocidio y las violaciones manifie stas
y en gran escala de los derechos humanos. Se trata de un desafío normativo para las
Naciones Unidas: el concepto de la obligación que tienen el Estado y la comun idad
internacional de proteger a los civiles de los efectos de la guerra y las violaciones de
los derechos humanos aún no ha logrado superar totalmente la tensión existente en -tre
los principios contradictorios de la inviolabilidad soberana y el derecho de inte r-vención.
Se trata también de un desafío operacional: impedir que un Estado mate a
sus propios ciudadanos exige disponer de una considerable capacidad de despliegue
militar.
 

2. Eficiencia
37. Algunos instrumentos de seguridad colectiva han sido eficientes. El Organis-mo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la expresión institucional del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares, con una trayectoria de considera -bles
éxitos a largo plazo en la prevención de la proliferación generalizada de
las armas nucleares y con un presupuesto ordinario de menos de 275 millones de dó -la
res, es una verdadera ganga. Del mismo modo, las gestiones de mediación del Se -cretario
General, si bien distan de haber contado con recursos adecuados, han ayu -dado
a reducir las tensiones internacionales.
 

38. Sin embargo, muchos instrumentos de seguridad colectiva han sido ineficie n -tes.
Por ejemplo, las operaciones posteriores a los conflictos han estado caracteriza -das
con demasiada frecuencia por la duplicación de esfuerzos y la falta de coordin a -ción
entre un sinfín de programas bilaterales y de las Naciones Unidas, y por una
rivalidad interinstitucional que ha impedido el uso óptimo de recursos limitados.
 

39. El principal motivo de la ineficiencia de nuestras instituciones de seguridad
colectiva ha sido simplemente la renuencia a ocuparse seriamente de la prevención
de la violencia capaz de cobrarse vidas humanas. Cuando no se invierten el tiempo y
los recursos necesarios para impedir el estallido o el agravamiento de un conflicto
en una etapa temprana, se termina luego en una conflagración mucho más amplia y
sangrienta que es mucho más costoso resolver.
 

3. Equidad
40. La credibilidad de todo sistema de seguridad colectiva depende también de la
medida en que promueve la seguridad de todos sus miembros, independientemente
de quiénes son los posibles beneficiarios, de su ubicación geográfica, de sus recu r-sos
o de su relación con las grandes Potencias.
 

41. Con demasiada frecuencia las Naciones Unidas y sus Estados Miembros han
discriminado en su respuesta a las amenazas a la seguridad internacional. Compáre -se
la rapidez con que reaccionaron las Naciones Unidas a los atentados del 11 de
septiembre de 2001 con sus acc iones frente a un acontecimiento mucho más san-griento:
entre abril y mediados de julio de 1994, durante 100 días, Rwanda sufrió
todos los días el equivalente de tres atentados del 11 de septiembre de 2001, en un
país cuya población es 36 veces menor que la de Estados Unidos. Dos semanas des-pués
de comenzado el genocidio, el Consejo de Seguridad retiró del país la mayoría 25
25 Page 26 27
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de sus contingentes de mantenimiento de la paz. Pasó casi un mes antes de que
los funcionarios de las Naciones Unidas hablaran de genocidio y aún más tiempo
para que lo hicieran algunos miembros del Consejo de Seguridad. Cuando por fin se
autorizó una nueva misión para Rwanda, seis semanas después de comenzado
el genocidio, pocos Estados ofrecieron enviar soldados. La misión se desplegó
cuando el genocidio ya se estaba acabando.
 

42. Del mismo modo, durante las deliberaciones del Grupo de alto nivel sobre las
amenazas, los desafíos y el cambio hemos observado nuevamente con estupor el
ritmo glacial con que nuestras instituciones han respondido a las violaciones mas i-vas
de los derechos humanos registradas en Darfur (Sudán).
 

43. La respuesta ineficaz y falta de equidad de las instituciones de seguridad
colectiva revela una verdad mucho más profunda sobre cuáles son las amenazas que
realmente importan. Nuestras instituciones de seguridad colectiva no deben limitar-se
a afirmar que una amenaza contra uno es una amenaza contra todos, sino que
también deben obrar en consecuencia. 26
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Parte II La seguridad colectiva y el desafío de la prevención
 

Resumen
Cualquier suceso o proceso que cause muertes en gran escala o una reducción
masiva en las oportunidades de vida y que socave el papel del Estado como unidad
básica del sistema internacional constituye una amenaza a la seguridad internacional.
Si se parte de esa definición, hay seis grupos de amenazas que deben preocupar al
mundo hoy y en los decenios por venir:
 

° Las amenazas económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades infec -ciosas
y la degradación ambiental
 

° Los conflictos entre Estados
° Los conflictos internos, como la guerra civil, el genocidio y otras atrocidades
en gran escala
 

° Las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas
° El terrorismo
° La delincuencia organizada transnacional
En sus primeros 60 años las Naciones Unidas han hecho contribuciones
cruciales para reducir o mitigar esas amenazas a la seguridad internacional. Si bien
hubo importantes fracasos y deficiencias, los éxitos y las contribuciones no han sido
suficientemente valorados. Ello permite abrigar la esperanza de que la Organización
pueda adaptarse para hacer frente con éxito a los nuevos retos del siglo XXI.
 

El principal desafío para las Naciones Unidas y sus miembros consiste
en asegurar que, de todas las amenazas en las categorías arriba indicadas, las que son
distantes no pasen a ser inminentes y las que son inminentes no lleguen a ser destru c-tivas.
Ello exige un marco de acción preventiva que encare todas esas amenazas de
todas las maneras que más eco encuentran en las distintas partes del mundo. Ante to-do,
exigirá liderazgo en los planos nacional e internacional para actuar rápida,
decisiva y colectivamente contra todas esas amenazas —desde el VIH/ SIDA hasta el
terrorismo nuclear— antes de que hayan tenido sus efectos más devastadores.
 

Al describir cómo se ha de hacer frente al problema de la prevención, come n -zamos
con el desarrollo porque es el fundamento indispensable para un sistema
de seguridad colectiva en el que la prevención se tome en serio. El desarrollo sirve
para muchas cosas. Ayuda a luchar contra la pobreza, las enfermedades infecciosas y
la degradación ambiental, que matan a millones de seres humanos y plantean una
amenaza a la seguridad humana. El desarrollo es esencial para ayudar a los
Estados a prevenir o remediar el deterioro de la capacidad estatal, que es crucial para
hacer frente a casi todo tipo de amenaza. Y es parte de una estrategia a largo plazo
para prevenir la guerra civil y poner fin a los entornos en los que florecen el terr o-rismo
y la delincuencia organizada. 27
27 Page 28 29
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III. La pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental
 

A. Las amenazas con que nos enfrentamos
44. Desde 1990, mientras el ingreso per cápita de los países en desarrollo aumentó
a razón de un promedio anual del 3%, el número de personas que viven en la extre -ma
pobreza aumentó en algunas regiones en más de 100 millones. En por lo menos
54 países el ingreso medio per cápita ha disminuido en el mismo período. Casi
11 millones de niños por año mueren de enfermedades prevenibles y más de med io
millón de mujeres mueren durante el embarazo o el parto. La pobreza creciente
viene de la mano de un aumento en la desigualdad general y la desigualdad de in -gresos
en muchos países pobres. Por ejemplo, en algunas partes de América Latina,
los ingresos del 20% más rico de los hogares eran 30 veces mayores que
los ingresos del 20% más pobre. Las mujeres y los jóvenes son desproporcionada -mente
más pobres en todo el mundo.
 

45. Los rencores que llevan a la violencia civil se agravan cuando la pobreza se
suma a desigualdades étnicas o religiosas. Sin llegar al nivel de una guerra propiamente
dicha, la combinación de una explosión demográfica juvenil, la pobreza, la urbaniza -ción
y el desempleo ha llevado a un aumento de la violencia de pandillas en muchas
ciudades del mundo en desarrollo. Según la conmovedora pregunta formulada por una
mujer durante las consultas que el Grupo mantuvo con organizaciones de la sociedad
civil en África, "¿ Cómo hemos permitido que los jóvenes, que deberían ser nuestro
bien más preciado, se convirtieran en una amenaza para nuestra segu ridad?"
 

46. El continente más afectado por la pobreza es África. Desde 1990 la esperanza
de vida media en el África subsahariana ha disminuido de 50 a 46 años. Mientras
que en el mundo desarrollado menos de 1 niño de cada 100 muere antes de haber
cumplido los 5 años de edad, en la mayor parte del África subsahariana el número
equivalente es 1 de cada 10, y en 14 países es 1 de cada 5. En el África subsahariana
el número de personas que viven con menos de 1 dólar por día ha aumentado desde
1990. En el decenio de 1990 la subnutrición disminuyó a nivel mundial, pero
aumentó en África.
 

47. En los últimos tres decenios, hemos sido testigos de la aparición de nuevas
enfermedades infecciosas, el recrudecimiento de enfermedades ya existentes, y un
aumento en la resistencia a un número cada vez mayor de antibióticos de gran uso.
Los brotes de poliomielitis registrados recientemente amenazan con impedir su
próxima erradicación, uno de los grandes logros del siglo XX. Esas tendencias
señalan un gravísimo deterioro en la capacidad local y mundial de sanidad.
 

48. La respuesta internacional al VIH/ SIDA sorprendió por su lentitud y vergonzo -samente
sigue careciendo de recursos suficientes. La primera iniciativa internacional
importante sobre el VIH/ SIDA, el Programa Mundial contra el SIDA, surgió recién
en 1987, seis años después de que se hubieran detectado los primeros casos de VIH
y después de que millones de personas en todo el mundo hubieran sido infectadas.
Nueve años y 25 millones de infecciones después, se creó el Programa conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA (ONUSIDA) para coordinar la labor de los
organismos de las Naciones Unidas en el campo del VIH/ SIDA. Cuando en 2000 el
Consejo de Seguridad examinó por primera vez el VIH/ SIDA como una amenaza a
la paz y la seguridad internacionales, el número anual de decesos debidos al 28
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VIH/ SIDA en África superaba con creces el número de caídos en combate en todas
las guerras civiles del decenio de 1990. En 2003, cuando se estableció el Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, más de 11 millones
de niños africanos habían quedado huérfanos a causa del VIH/ SIDA.
 

49. El hecho de que África haya sido la principal víctima de la pandemia del
VIH/ SIDA plantea el incómodo interrogante de si la respuesta internacional se
habría demorado de igual manera si la enfermedad hubiera reducido en 30 años la
esperanza de vida en países no africanos.
 

50. Sigue siendo difícil avanzar en la lucha contra otras enfermedades infecciosas
mortales. La campaña mundial para contener la tuberculosis ha registrado avances
importantes, entre ellos mejoras en la voluntad política, la financiación, la formula -ción
de estrategias, el acceso a medicamentos y la investigación médica. Con todo,
anualmente se producen más de 8,5 millones de nuevos casos de tuberculosis y más
de 2 millones de personas por año mueren de esa enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) calcula que, si las tendencias actuales se mantienen has-ta
2020, casi 1.000 millo nes de personas quedarán infectadas, 150 millones
enfermarán y 36 millones morirán de tuberculosis. Persiste la urgente necesidad de
reducir aún más el costo de los medicamentos y mejorar el acceso a ellos, y no sólo
para la tuberculosis.
 

51. La reciente experiencia internacional con el SARS muestra cómo es posible
limitar la propagación de una enfermedad infecciosa cuando unas instituciones
mundiales eficaces trabajan en estrecha cooperación con unas instituciones naciona -les
capaces. La rápida respuesta de la OMS y los organismos nacionales detuvieron
la enfermedad e impidieron un brote mucho más serio que podría haber puesto en
peligro miles de vidas en varios continentes. Ningún Estado por sí solo podría haber
logrado semejante grado de contención.
 

52. Las tendencias actuales indican que en muchos países, especialmente en el Á-frica
subsahariana, persiste y posiblemente se esté agravando la inseguridad alimen -taria.
El crecimiento demográfico del mundo en desarrollo y el aumento en el con -sumo
per cápita en el mundo industrializado han llevado a una mayor demanda de
recursos escasos. La pérdida de tierras cultivables, la escasez de agua, la sobrepesca,
la deforestación y la alteración de los ecosistemas plantean formidables obstáculos
para el desarrollo sostenible. Se prevé que la población mundial aumentará de su ni-vel
actual de 6.300 millones a 8.900 millones en 2050, y que casi todo ese crec i-miento
se registrará en los países menos capaces de absorberlo. Esa creciente pobla -ción
sólo se podrá alimentar si el rendimiento agrícola se puede aumentar de manera
significativa y sostenible.
 

53. La degradación del medio ambiente ha aumentado el potencial destructivo de
los desastres naturales y, en algunos casos, los ha desencadenado. El espectacular
aumento en el número de desastres importantes registrado en los últimos 50 años es
una manifestación preocupante de esa tendencia. Más de 2.000 millones de personas
fueron afectadas por tales desastres en el último decenio y los daños económicos su-fridos
durante el mismo período superaron los de los cuatro decenios anteriores jun -tos.
Si el cambio climático produce más inundaciones, olas de calor, sequías y tor-mentas
graves, esa tendencia podría acelerarse. 29
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54. Las consideraciones ambientales rara vez se incluyen en las estrategias de se-guridad,
desarrollo o asistencia humanitaria. Tampoco hay coherencia en las activ i-dades
de protección del medio ambiente en el plano mundial. La mayoría de los in -tentos
de crear estructuras de gobernanza para encarar los problemas de la degrada -ción
del medio ambiente mundial no han logrado tratar con eficacia las cuestiones
del cambio climático, la deforestación y la desertificación. Los tratados multilatera -les
regionales y mundiales sobre el medio ambiente sufren las consecuencias de una
aplicación y un cumplimiento inadecuados por parte de los Estados Miembros.
 

55. Las instituciones internacionales y los Estados no se han organizado para enca -rar
los problemas del desarrollo de una manera coherente e integrada, y siguen ocu -pándose
de la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación del medio
ambiente como si fueran amenazas aisladas. Los criterios fragmentados y sectoriales
de las instituciones internacionales son un reflejo de los criterios fragmentados
y sectoriales de los gobiernos: por ejemplo, los ministros de hacienda trabajan en
general sólo con las instituciones financieras internacionales, los ministros de des a -rrollo
sólo con los programas de desarrollo, los ministros de agricultura sólo con los
programas de alimentos, y los ministros del medio ambiente sólo con los organis -mos
ambientales. Los donantes bilaterales instan con razón a una mayor coordin a -ción
en las Naciones Unidas pero no muestran mucho entusiasmo por la aplicación
de medidas similares en sus propias actividades.
 

56. Las actuales estructuras mundiales de gobernanza en los ámbitos económico y
social son lastimosamente inadecuadas para hacer frente a los problemas que se
avecinan. Para poder encarar los desafíos del desarrollo sostenible, los países deben
negociar en diversos sectores y sobre diversas cuestiones, como la asistencia ext e -rior,
la tecnología, el comercio, la estabilidad financiera y la política de desarrollo.
Tales paquetes son difíciles de negociar y exigen atención de alto nivel y liderazgo
por parte de los países de mayor peso económico. No hay actualmente ningún foro
de alto nivel que ofrezca periódicamente a los dirigentes de las principales economí-as
industrializadas y en desarrollo la oportunidad de dialogar con franqueza, delibe -rar
y resolver problemas.
 

57. La ventaja comparativa de las Naciones Unidas para encarar las amenazas
económicas y sociales consiste en su inigualado poder de convocatoria, que le pe r-mite
formular objetivos comunes de desarrollo y aglutinar a la comunidad intern a -cional
en torno a un consenso sobre la manera de alcanzarlos. En los últimos años la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudá -frica)
y la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo cele -brada
en Monterrey (México) han conducido a una co mprensión general de esas
cuestiones y a programas ambiciosos para aliviar la pobreza, proporcionar seguridad
alimentaria, lograr el crecimiento económico y proteger el medio ambiente en pro -vecho
de las generaciones futuras. La Declaración del Milenio cont iene un conjunto
ambicioso pero factible de objetivos e indicadores, que luego se consolidaron en los
objetivos de desarrollo del Milenio, como por ejemplo, para el año 2015, reducir a
la mitad la pobreza extrema, proteger el medio ambiente, lograr una mayor igualdad
entre los géneros, y detener y reducir la propagación del VIH/ SIDA.
 

58. En 2002 los dirigentes mundiales acordaron en Monterrey que tanto los donan -tes
como los receptores de asistencia tenían ciertas obligaciones para alcanzar el de -sarrollo.
La responsabilidad primordial del desarrollo económico y social corres-ponde
a los gobiernos, quienes deben crear un entorno favorable a una asistencia 30
30 Page 31 32
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eficaz y a un crecimiento vigoroso impulsado por el sector privado, mediante la
aplicación de políticas económicas racionales, la creación de instituciones eficaces y
responsables y la inversión en servicios públicos y sociales que beneficien a toda su
población. A cambio de mejoras significativas en las políticas e instituciones de los
países en desarrollo, los países donantes convinieron en redoblar sus esfuerzos para
reducir la pobreza, entre otras cosas mediante una reducción de las barreras come r-ciales,
un aumento de la asistencia para el desarrollo, y el alivio de la deuda de los
países pobres muy endeudados.
 

B. Cómo responder al problema de la prevención
1. Más recursos y acción
59. Al adoptar en 2000 los objetivos de desarrollo del Milenio, la comunidad in -ternacional
se comprometió a reducir drásticamente la pobreza para el año 2015.
Las evaluaciones realizadas por el Proyecto del Milenio indican que, si bien algunas
regiones del mundo están bien encaminadas para reducir a la mitad la población con
ingresos inferiores a 1 dólar por día, otras regiones han perdido terreno. El mundo
sigue flaqueando en sus es fuerzos por reducir la mortalidad infantil y aumentar
la tasa de matrícula en la enseñanza primaria. Poco se ha hecho en relación con
los aspectos de género de los objetivos de desarrollo del Milenio. Si bien los países
pobres y ricos han prometido tomar medidas para encarar las amenazas sociales y
económicas, las promesas no se han plasmado en recursos y medidas, y son pocos
los compromisos a largo plazo. Todos los Estados deberían reafirmar su com-promiso
con los objetivos de erradicar la pobreza, lograr un desarrollo econó-mico
sostenido y promover un desarrollo sostenible.
 

60. Creemos que los objetivos de desarrollo del Milenio deben ocupar un lugar
central en las estrategias nacionales e internacionales de reducción de la pobreza. Es
preciso remediar la marcada insuficiencia de los recursos disponibles para alcanzar
los objetivos de desarrollo del Milenio y cumplir los compromisos de aplicar polít i-cas
racionales y ejercer un buen gobierno en todos los niveles. Para los países me -nos
adelantados, la asistencia oficial para el desarrollo tendrá una importancia fu n -damental,
y deberá estructurarse en apoyo de las estrategias nacionales de reducción
de la pobreza basadas en los objetivos de desarrollo del Milenio. Los muchos paí-ses
donantes que actualmente no alcanzan la meta de las Naciones Unidas
de destinar el 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la asistencia oficial
para el desarrollo deberían fijar un calendario para hacerlo.
 

61. Tras años de debate sobre si desarrollar criterios innovadores para financiar el
desarrollo, como el Mecanismo Internacional de Financiación, los donantes han pasado
a discutir cómo hacerlo. Celebramos este progreso, y alentamos a los donantes a
tomar decisiones al respecto a la brevedad posible.
 

62. En Monterrey y Johannesburgo los dirigentes convinieron en que el alivio de
la pobreza se veía obstaculizado por las persistentes desigualdades en el sistema
mundial de comercio. El 70% de los pobres del mundo viven en zonas rurales y se
ganan la vida con la agricultura. Pagan un costo enorme cuando los países desarro -llados
imponen barreras comerciales a las importaciones agropecuarias y otorgan
subsidios a sus propias exportaciones. En 2001 los signatarios de la Declaración de
Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) expresaron explíc itamente
su compromiso de poner las necesidades y los intereses de los países en desarrollo 31
31 Page 32 33
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en el centro de una nueva ronda de negociaciones comerciales. Los miembros de la
OMC deberían tratar de concluir la Ronda de Doha para el Desarrollo a más
tardar en 2006.
 

63. Las reformas en materia de gobernanza y las mejoras en las oportunidades
comerciales no lograrán, por sí solas, aliviar de manera significativa la pobreza
en un número importante de los países menos adelantados, muchos de los cuales se
encuentran en el África subsahariana, y cuyos esfuerzos de desarrollo tropiezan
con una infraestructura inadecuada, una baja productividad agrícola, un cuadro de
enfermedades endémicas y una aplastante deuda externa. Los países desarrollados
también tendrán que hacer más para resolver el problema de la sostenibilidad de la
deuda de los países más pobres. La deuda sostenible debería definirse como el nivel
de deuda compatible con el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Los
gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales deberían
ofrecer a los países pobres muy endeudados un mayor alivio de la deuda, una
reprogramación de los vencimientos y un mayor acceso a los mercados
mundiales.
 

64. Pese a varias importantes iniciativas internacionales, el VIH/ SIDA se sigue
propagando sin control. En los países más afectados del África subsahariana, los
efectos de la pandemia se están agravando. En Asia, el número de infecciones su-pera
los 7 millones y está creciendo rápidamente. Si bien los recursos internacio-nales
dedicados a la lucha contra el VIH/ SIDA han aumentado de alrededor
de 250 millones de dólares en 1996 a unos 2.800 millones de dólares en 2002, se
necesitan más de 10.000 millones de dólares anuales para contener la pandemia.
 

65. La experiencia de algunos países muestra que si se adoptan medidas adecua -damente
financiadas e institucionalizadas se pueden lograr éxitos notables en
la lucha contra el VIH/ SIDA. Por el contrario, cuando los gobiernos se han negado a
reconocer la gravedad de la amenaza y no se han ocupado del problema, la situación
en esos países ha empeorado marcadamente y los esfuerzos internacionales se
han visto obstaculizados. Los dirigentes de los países afectados deberían movili-zar
recursos, comprometer fondos y lograr la participación de la sociedad civil
y el sector privado en la lucha contra la enfermedad.
 

2. Nuevas iniciativas
66. Pese a todo lo que sabemos sobre las víctimas del VIH/ SIDA, la cantidad de
infecciones, las muertes, los niños que han quedado huérfanos, sólo podemos adiv i-nar
cuáles serán los efectos a largo plazo de la pandemia en los Estados más afecta -dos
por la enfermedad. La capacidad de los Estados y las economías africanos se va
reduciendo como resultado del VIH/ SIDA a una velocidad mayor que la velocidad
con que se la puede reponer, pero no sabemos cuáles serán los efectos acumulativos
de la pérdida de funcionarios públicos, trabajadores sanitarios cualificados, maes-tros,
proveedores de servicios, agentes de policía, soldados y personal de manten i-miento
de la paz. Estas cuestiones no se han estudiado en detalle, por lo que no po -demos
comenzar siquiera a elaborar una estrategia para contrarrestar los efectos a
largo plazo del VIH/ SIDA en la gobernanza y la estabilidad estatal.
 

67. El Consejo de Seguridad, en estrecha cooperación con el ONUSIDA, debe-ría
celebrar una segunda sesión extraordinaria sobre el VIH/ SIDA como ame-naza
a la paz y la seguridad internacionales, a fin de estudiar los futuros efectos
del VIH/ SIDA en los Estados y las sociedades, impulsar la investigación del
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problema, y determinar los pasos críticos que se han de tomar con miras a el a-borar
una estrategia a largo plazo para reducir la amenaza.
 

68. La lucha contra el VIH/ SIDA, la tuberculosis y el paludismo requiere la exis -tencia
de Estados capaces y responsables y el funcionamiento eficaz de los sistemas
de salud pública. La falta de instalaciones sanitarias es el principal factor que con -tribuye
a la proliferación del paludismo. La insuficiencia de recursos financieros
impide la reforma del sector de la salud en muchos países en situación difícil, part i-cularmente
en el Asia meridional y el África subsahariana. Los tratamientos no sis-temáticos
o parciales, a causa de una financiación inadecuada, han permitido la apa -rición
de nuevas cepas de tuberculosis mucho más difíciles de tratar. Aun cuando los
programas de lucha contra el VIH/ SIDA cuentan con la financiación necesaria, el
carácter inadecuado de las instalaciones sanitarias en las zonas más pobres del Áfri-ca
subsahariana (o su inexistencia) impide que los progra mas se apliquen de manera
eficaz o sostenible. Los donantes internacionales, en asociación con las autor i-dades
nacionales y las organizaciones locales de la sociedad civil, deberían em-prender
una importante iniciativa mundial para reconstruir los sistemas locales
y nacionales de salud pública en todo el mundo en desarrollo.
 

69. Esas medidas deberían emprenderse simultáneamente con un mejoramiento de
la capacidad mundial de vigilancia de las enfermedades. Ello obedece a tres impera -tivos:
la lucha contra las nuev as enfermedades infecciosas, la defensa contra la
amenaza del terrorismo biológico y la construcción de Estados eficaces y responsa -bles.
Los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud deberían proporcionar
más recursos a la Red Mundial de Alerta y Respues ta ante Brotes Epidémicos
de la OMS, a fin de mejorar su capacidad para hacer frente a posibles brotes de
enfermedad.
 

70. En casos extremos de amenaza planteada por una nueva enfermedad infecciosa
o la liberación deliberada de un agente infeccioso, puede ser necesario que la OMS
y el Consejo de Seguridad colaboren para establecer medidas eficaces de cuarentena
(véase la sección V infra ).
 

71. Para abordar los problemas del cambio climático, las economías modernas de -ben
reducir su dependencia de los hidrocarburos y esforzarse para elaborar estrate -gias
de desarrollo inocuas para el clima. Los Estados Miembros deben prestar espe -cial
atención a la explotación de fuentes de energía de bajo contenido de carbono,
como el gas natural, la energía renovable y la energía nuclear, y hacer especial hin -capié
en el desarrollo de tecnologías con un nivel bajo de emisiones de gases de
efecto invernadero. El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático ha alentado el desarrollo de fuentes de energía renovable que podrían re -mediar
gradualmente la excesiva dependencia actual del uso de combustibles fós i-les.
Para seguir alentando esa tendencia, los Estados deberían proporcionar incen-tivos
para seguir desarrollando las fuentes de energía renovable y comenzar a
eliminar los subsidios nocivos para el medio ambiente, especialmente los rel a-cionados
con el uso y la extracción de combustibles fósiles.
 

72. La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, tras su ratificación por la Federa -ción
de Rusia, es un acontecimiento positivo, si bien el Protocolo, por sí solo, no
basta para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Protocolo ha alentado el desarrollo de fuentes de energía renovable que podrían
remediar gradualmente la excesiva dependencia actual del uso de combustibles fósi-les.
Sin embargo, persisten ciertos problemas. Algunas naciones industrializadas 33
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avanzadas están bien encaminadas para alcanzar sus metas establecidas en el Proto -colo
por motivos ajenos a consideraciones de política climática, como ser una brus-ca
reducción de su producción industrial. Los Estados Unidos, que representan cerca
de la cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, se nie -gan
a ratificar el Protocolo. Al mismo tiempo, los países en desarrollo, que represen -tan
actualmente casi la mitad de las emisiones netas de gases de efecto invern adero
(pero sólo un 10% de las emisiones per cápita) se han negado a aceptar topes oblig a -torios
a sus emisiones, ya que los consideran un obstáculo al crecimiento económi-co.
Los países industrializados se resistirán probablemente a aceptar reducciones
costosas sin una mayor participación de los países en desarrollo. Lo que es más im-portante,
el Protocolo no contiene obligaciones de ningún tipo más allá del año
2012. Exhortamos a los Estados Miembros a que reflexionen sobre la brecha en-tre
el potencial del Protocolo de Kyoto y sus logros reales, reanuden
su participación en las iniciativas para abordar el problema del calentamiento
atmosférico, y emprendan nuevas negociaciones con miras a elaborar una nue-va
estrategia a largo plazo para reducir el calentamiento atmosférico más allá
de los plazos del Protocolo.
 

73. Las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales también
deberían tratar de hacer más para ayudar a los Estados más vulnerables a los desas-tres
naturales graves, cuyos efectos pueden ser desestabilizadores, como ocurrió en
Haití en 2004. La Organización Meteorológica Mundial ha estimado que una inve r-sión
en la reducción de la vulnerabilidad podría reducir drásticamente el número de
muertes debidas a los desastres naturales. El Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro -llo
( PNUD) y el Banco Mundial deberían trabajar de manera más integrada y en co -laboración
con los gobiernos y las instituciones externas de investigación para mejo -rar
las evaluaciones de la vulnerabilidad y ayudar a los gobiernos más afectados a
fo rtalecer su capacidad de adaptación.
 

IV. Los conflictos entre Estados y los conflictos internos
A. La amenaza de los conflictos entre Estados
74. Si bien en los últimos 60 años no ha habido muchas guerras entre Estados,
la amenaza que éstas plantean no ha desaparecido. Las controversias regionales sin
resolver en Asia meridional, Asia nororiental y el Oriente Medio siguen planteando
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Esas controversias pueden de -jar
en la nada 40 años de esfuerzos para prevenir la proliferación de armas nucleares
y más de 75 años de esfu erzos para eliminar el flagelo de las armas biológicas y
químicas. La rivalidad entre los Estados de algunas regiones fomenta y agrava, a su
vez, las guerras internas y hace que sea más difícil ponerles fin. Esas rivalidades, al
promover la acumulación de armas convencionales, desvían recursos escasos que
podrían usarse para reducir la pobreza, mejorar la salud y aumentar la educación.
 

75. La guerra y la persistente inestabilidad en el Iraq y Palestina han estimulado el
extremismo en partes del mundo islámico y del Occidente. Esta cuestión es compleja
y multifacética, e imposible de categorizar de manera simplista. Sin embargo, no
se puede hacer caso omiso de la capacidad de los grupos extremistas, tanto en el
Occidente como en el mundo islámico, de promover la percepción de un antagonismo 34
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cultural y religioso, cuyas consecuencias, de no remediarse, serían profundamente
peligrosas.
 

76. En el pasado, las Naciones Unidas han ayudado a reducir la amenaza de
los conflictos interestatales mediante los "buenos oficios" del Secretario General o
mediante una diplomacia silenciosa encaminada a calmar las crisis y brindar a las
partes en conflicto la oportunidad de hablar libremente con la otra parte y determi-nar
sus intenciones. Los diversos Secretarios Generales han desempeñado ese papel
pese a que la Organización tiene muy poca capacidad de apoyo en la materia.
 

77. Con el final de la guerra fría, el Consejo de Seguridad comenzó a ocuparse
cada vez más activamente de las amenazas internacionales. El número medio de
resoluciones aprobadas anualmente por el Consejo pasó de 15 a 60, es decir, de una
resolución por mes a una resolución por semana. Antes de 1989, el Consejo había
aplicado sanciones en dos oportunidades; desde entonces lo ha hecho 14 veces,
citando una serie cada vez más amplia de propósitos, entre ellos hacer retroceder la
agresión, restablecer el gobierno democrático, proteger los derechos humanos, poner
fin a la guerra, luchar contra el terrorismo y apoyar acuerdos de paz.
 

78. Varios de esos regímenes de sanciones surtieron efecto, al menos parcialmente.
En algunos casos ayudaron a alcanzar acuerdos negociados. En otros casos, sumados
al ejercicio de presión militar, se usaron para debilitar y aislar grupos rebeldes y Es -tados
que se encontraban en abierta violación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad.
 

79. Las sanciones fracasaron cuando sus objetivos no se fijaron eficazmente y
cuando el Consejo de Seguridad no las hizo cumplir. El cumplimiento inadecuado es
el resultado de los intereses estratégicos de Estados poderosos; la falta de claridad
respecto del propósito de las sanciones; el cansancio con la aplicación de las sancio -nes
debido a la preocupación por sus consecuencias humanitarias; un apoyo insufi-ciente
por parte de los comités de sanciones respectivos y una capacidad insuficiente
de los Estados para aplicar las sanciones.
 

80. Como resultado de la creciente preocupación por los efectos humanitarios de
las sanciones generales, el Consejo de Seguridad dejó de imponerlas después de los
casos del Iraq, la ex Yugoslavia y Haití, y pasó a usar exclusivamente sanciones en
los ámbitos de las finanzas, la diplomacia, las armas, la aviación, los viajes y los
productos básicos, tratando de lograr que afectaran a las partes beligerantes y a las
autoridades más directamente responsables de políticas censurables.
 

81. Una mayor actividad no lleva necesariamente a mayores resultados. No todas
las situaciones que merecían la atención del Consejo de Seguridad la recibieron, y
no todas las resoluciones del Consejo fueron seguidas de medidas coercitivas efica -ces.
Sin embargo, dos tendencias del decenio de 1990 indican una creciente eficacia
en la solución de los conflictos internacionales. En primer término, con la creciente
actividad del Consejo y su disposición a valerse de las facultades que le confiere el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se ha producido un cambio notable
en la importancia relativa del uso unilateral de la fuerza y del uso de la fuerza con
autorización colectiva. El uso de la fuerza con autorización colectiva tal vez no sea
la norma en la actualidad, pero ya no es más una excepción. En segundo lugar cabe
mencionar la expectativa surgida recientemente de que el Consejo de Seguridad de -be
ser el árbitro que decida el uso de la fuerza, lo cual es tal vez el indicad or más 35
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elocuente de la importancia creciente del papel de las Naciones Unidas en la solu -ción
de los conflictos internacionales.
 

82. Muchas personas creyeron que era perfectamente natural que los Estados Un i-dos
solicitaran el apoyo del Consejo de Seguridad para la guerra en el Iraq en 2003.
Sin embargo, las superpotencias rara vez han solicitado la aprobación del Consejo
de Seguridad. El principio de que todos los Estados deberían obtener la autorización
del Consejo de Seguridad para usar la fuerza no es algo co nsagrado por el tiempo. Si
así fuese, nuestra fe en él sería mucho mayor. Nuestro análisis parece indicar prec i-samente
lo contrario: se trata de una norma relativamente nueva en proceso de evo -lución,
preciada pero que aún no ha cobrado arraigo.
 

83. El caso del Iraq ha provocado grandes diferencias de opinión. Algunos afirman
que el Consejo de Seguridad resultó ineficaz porque no pudo lograr que el Iraq aca -tara
sus resoluciones. Otros tildan al Consejo de inoperante porque no pudo disuadir
de la guerra a los Estados Unidos y a sus aliados. Hay también quienes sugieren que
la negativa del Consejo de Seguridad a ceder a las presiones de los Estados Unidos
para que legitimara la guerra demuestra su pertinencia y su carácter indispensable:
si bien el Consejo no pudo impedir la guerra, proporcionó una norma clara, basada
en principios, para evaluar la decisión de ir a la guerra. La multitud de ministros de
relaciones exteriores que acudieron a la sala del Consejo de Seguridad durante los
debates y la amplia atención que esos debates suscitaron en el público sugieren que
la decisión de los Estados Unidos de presentar la cuestión del uso de la fuerza al
Consejo de Seguridad reafirmó la pertinencia y el carácter central de la Carta de las
Naciones Unidas.
 

B. La amenaza de los conflictos internos
84. Desde el final de la guerra fría, el establecimiento y el mantenimiento de
la paz y la consolidación de la paz después de los conflictos han pasado a caracteri-zar
operacionalmente a las Naciones Unidas en la esfera de la paz y la seguridad in -ternacionales.
 

85. El rápido crecimiento de las actividades de las Naciones Unidas en situaciones
de guerra civil coincide con una marcada disminución de su frecuencia (véase el
gráfico III). Desde 1992, el número de guerras civiles ha venido disminuyendo sos-tenidamente,
y para 2003 habían caído en cerca de un 40%, a menos de 30 guerras.
La negociación ha permitido poner fin a más guerras civiles en los últimos 15 años
que en los dos siglos anteriores, debido en gran parte a que las Naciones Unid as han
proporcionado liderazgo, oportunidades de negociación, coordinación estratégica y
los recursos necesarios para la aplicación. Se han podido salvar centenares de miles
de vidas y se ha aumentado la estabilidad regional e internacional. 36
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Gráfico III
Reducción del número de guerras civiles y consolidación de la paz, 1970 a 2002
 

0
10
20
30
40
50
60
 

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Número de guerras civiles en curso
Número de operaciones en curso de las Naciones Unidas de mantenimiento y consolidación de la paz desplegadas en
guerras civiles
 

Fuente: Departamento de Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Uppsala;
e Instituto Internacional de Oslo de Investigaciones sobre la Paz.
 

86. Sin embargo, este éxito sin precedentes vino acompañado también de grandes fracasos. La mediación logró poner fin a tan sólo un 25% de las guerras civiles y só-lo,
en algunos casos se pudo atraer los recursos políticos y materiales neces arios pa -ra que el acuerdo entrara en vigor. En consecuencia, muchas actividades de aplica -ción
fracasaron, a veces con resultados desastrosos. Si dos acuerdos de paz, el
Acuerdo de Bicesse de 1991 para Angola y el Acuerdo de Arusha de 1993 para Rwanda, se hubieran aplicado con éxito, el número de víctimas de la guerra en el
 

decenio de 1990 se habría reducido en varios millones. Si el Consejo de Seguridad
hubiera estado verdaderamente empeñado en consolidar la paz en el Afganistán a comienzos del decenio de 1990, habría sido posible salvar más vidas humanas, los
 

talibanes tal vez nunca habrían llegado al poder, y Al-Qaida podría haber sido pri-vada
de su refugio más importante.
 

87. Los peores fracasos de las Naciones Unidas en casos de violencia civil se han
producido ante situaciones de depuración étnica y genocidio. En Rwanda, los fu n -cionarios
de la Secretaría no alertaron al Consejo de Seguridad de los planes de gru -pos
extremistas de asesinar a millares de tutsis y hutus moderados. Cuando comenzó
el genocidio, los países que habían aportado contingentes los retiraron, y el Consejo
de Seguridad, cediendo a la presión de los Estados Unidos, no reaccionó. En Bosnia
y Herzegovina, las actividades de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y
la protección de la asistencia humanitaria se convirtieron en sucedáneos de la adop -ción
de medidas políticas militares para poner fin a la depuración étnica y el geno -cidio.
En Kosovo, la parálisis del Consejo de Seguridad llevó a la Organización del 37
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Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) a hacer caso omiso de las Naciones Unidas.
En un solo caso en el decenio de 1990, en Timor oriental, el Consejo de Seguridad,
respondiendo a las exhortaciones del Secretario General, cooperó con gobiernos
nacionales y actores regionales para aplicar rápidamente una presión coordinada a
fin de detener matanzas masivas.
 

88. El número de víctimas que se cobran semejantes guerras y brotes de violencia
masiva obliga a la comunidad internacional a ejercer una mayor vigilancia para
prevenirlos. Cuando la prevención fracasa, urge poner fin a las matanzas e impedir
que vuelva a estallar la guerra.
 

C. Cómo responder al problema de la prevención
1. Perfeccionamiento de los marcos normativos internacionales
89. El papel de las Naciones Unidas en la prevención de la guerra se puede forta -lecer
prestando más atención a la elaboración de regímenes y normas internaciona -les
aplicables a algunas de las fuentes de los conflictos y a los factores que los ace -leran.
Cabe mencionar aquí una muy amplia gama de leyes, normas, acuerdos y me -canismos,
que abarca regímenes jurídicos y mecanismos de solución de controve r-sias,
regímenes de control de armamentos y desarme, y mecanismos para el diálogo
y la cooperación. A continuación se presentan algunos ejemplos.
 

90. Entre los principales acontecimientos registrados recientemente en la esfera ju -rídica
se destaca la aprobación del Estatuto de Roma, en virtud del cual se estableció
la Corte Penal Internacional. Cuando se esté agravando un conflicto, una oportuna
indicación por parte del Consejo de Seguridad de que está observando de cerca la si-tuación
y está dispuesto a hacer uso de las facultades que le confiere el Estatuto po -dría
disuadir a las partes de perpetrar crímenes de lesa humanidad y violaciones del
derecho de la guerra. El Consejo de Seguridad debería estar dispuesto a hacer
uso de la facultad que le confiere el Estatuto de Roma de remitir causas a la
Corte Penal Internacional
.
 

91. Se necesitan más mecanismos jurídicos en la esfera de los recursos natura -les,
una frecuente fuente de conflictos. Alarmados por el papel incendiario de los
recursos naturales en las guerras desatadas en Sierra Leona, Angola y la República
Democrática del Congo, las organizaciones de la sociedad civil y el Consejo
de Seguridad han recurrido a las técnicas de la denuncia y el descrédito públicos y a
la imposición de sanciones contra particulares y empresas involucrados en el come r-cio
ilícito de esos recursos, y diversos Estados han procurado restringir la venta de
los diamantes de zonas de conflicto. La experiencia de Sierra Leona y Angola sugie -re
que esas medidas contribuyeron a poner fin a esas guerras civiles. Un nuevo des a -fío
para las Naciones Unidas consiste en ayudar a los Estados débiles, especialmente
a los que se están recuperando de una guerra, a gestionar sus recursos naturales de
una manera que evite conflictos en el futuro.
 

92. Las Naciones Unidas, en cooperación con las autoridades nacionales, las
instituciones financieras internacionales, las organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado, deberían elaborar normas para la ordenación de los recur-sos
naturales de los países que salen de situaciones de conflicto o que corren pe-ligro
de conflicto.
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93. También se debería prestar atención a la elaboración de normas, por ejemplo
por conducto de la Co misión de Derecho Internacional, para la explotación de recur-sos
transfronterizos como el agua, el petróleo y el gas natural.
 

94. Las Naciones Unidas deberían colaborar estrechamente con las organizaciones
regionales que han tomado la iniciativa en el establecimiento de estructuras de pre -vención.
Las Naciones Unidas se beneficiarían del intercambio de información y aná -lisis
con sistemas regionales de alerta temprana y, lo que es más importante, las org a -nizaciones
regionales se han adelantado a las Naciones Unid as en la elaboración de
normas que pueden orientar a las actividades de prevención. Por ejemplo, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Africana convienen en la
necesidad de proteger a los gobiernos elegidos de la amenaza de un golpe d e Estado.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha elaborado
normas operacionales en relación con los derechos de las minorías. Las Naciones
Unidas deberían aprovechar la experiencia de las organizaciones regionales en el
campo de la elaboración de marcos para proteger los derechos de las minorías y
para proteger de un derrocamiento inconstitucional a los gobiernos elegidos
democráticamente.
 

95. Queda mucho por hacer en la esfera de los regímenes de control de los
armamentos y el desarme, no sólo en el contexto de las armas nucleares, químicas y
biológicas (véase la sección V infra ), sino también en relación con la proliferación de
las armas pequeñas y las armas ligeras. Las armas pequeñas, las armas ligeras y las
minas terrestres fueron el principal armamento de la mayoría de las guerras civiles del
decenio de 1990. Si bien la acción concertada de las organizaciones de la sociedad
civil y de los Estados Miembros interesados logró la prohibición de las minas
terrestres, los esfuerzos por limitar la disponibilidad generalizada de las armas
pequeñas y las armas ligeras apenas han pasado de las palabras a la acción.
 

96. Hacia fines del decenio de 1990 surgió un criterio global para encarar el pro -blema
de las armas pequeñas, que procura la adopción de medidas internacionales
para limitar su producción y propagación. El principal instrumento para ello en el
plano mundial es el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prev e -nir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y lig eras en todos sus
aspectos, un amplio conjunto de recomendaciones para prevenir y erradicar la manu -factura,
transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras. Una
innovación a la que se recurre en el Programa de Acción para vigilar y verificar
el cumplimiento por los Estados e informar al respecto es la utilización de órganos
regionales, como la Secretaría de Nairobi, que entre otras cosas vigila la aplicación
del Protocolo de Nairobi para la prevención, el control y la reducción de las armas
pequeñas y ligeras en la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África. El Pro -grama
de Acción debe considerarse un primer paso en los esfuerzos de las Naciones
Unidas en la materia, más que un resultado final. Los Estados Miembros deberían
acelerar y concluir las negociaciones para la concertación de acuerdos jurídi-camente
vinculantes sobre la marcación y localización, así como la intermedi a-ción
y la trans ferencia, de armas pequeñas y armas ligeras
.
 

97. Las Naciones Unidas también pueden ayudar a prevenir conflictos entre los Es-tados
aumentando la transparencia de las existencias de armas convencionales de los
Estados Miembros, así como de sus adquisiciones de tales armas. El Registro de Ar-mas
Convencionales de las Naciones Unidas, establecido en 1991, aumenta la trans-parencia
en la esfera militar al solicitar a los Estados Miembros una declaración 39
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anual de sus adquisiciones y ventas de armas convencionales y de sus existencias de
armas, así como de sus posiciones, políticas y doctrinas en materia de defensa. Sin
embargo, la información que se presenta al Registro es incompleta, obsoleta e inco -rrecta.
Todos los Estados Miembros deberían presentar información completa
y correcta sobre todos los elementos del Registro de Armas Convencionales de
las Naciones Unidas, y se debería pedir al Secretario General que informara
anualmente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de cualesquiera
deficiencias en la presentación de información.
 

2. Mejor información y mejor análisis
98. La prevención exige contar con una capacidad de alerta temprana y análisis
basados en una labor de investigación objetiva e imparcial. Aunque las Naciones
Unidas cuentan con una capacidad limitada de alerta temprana y análisis que se en -cuentra
dispersa entre diversos organismos y departamentos, el Secretario General
no ha podido establecer una dependencia con recursos adecuados capaz de integrar
las aportaciones de esas oficinas y elaborar informes de alerta temprana y opciones
estratégicas para la adopción de decisiones. La mejor manera de crear una capacidad
coherente para la elaboración de opciones estratégicas es fortalecer la Oficina del
Secretario General mediante la creación del puesto de Vicesecretario General para
Cuestiones de Paz y Seguridad (véase la sección XIX infra ).
 

99. Si bien algunos organismos sobre el terreno participan en mecanismos de aler-ta
temprana y en los últimos años las organizaciones no gubernamentales intern a -cionales
han desempeñado un importante y oportuno papel de información, análisis
y promoción, el Secretario General tiene un acceso muy limitado a un análisis local
de los conflictos. Una mayor comunicación entre los departamentos de asuntos polí-ticos,
mantenimiento de la paz y asuntos humanitarios de las Naciones Unidas y
fuentes externas de información de alerta temprana y conocimientos locales sobre
los conflictos mejoraría la gestión de los conflictos por parte de las Naciones Un i-das.
Además, en los últimos años diversas instituciones de investigación (en
el mundo académico y en otras organizaciones internacionales) han comenzado a
reunir los datos necesarios y a realizar complejos análisis de las diversas causas de
diferentes tipos de conflicto, así como de los factores que los aceleran. Las depen -dencias
de las Naciones Unidas que se ocupan de la elaboración de políticas deberí-an
establecer una relación más activa con las fuentes locales de conocimientos y
fuen tes externas de investigación.
 

3. La diplomacia preventiva y la mediación
100. Los esfuerzos de las Naciones Unidas para impedir el estallido de la violencia
interna han tenido menos éxito que sus esfuerzos para impedir las guerras entre
Estados, y han tropezado a menudo con la renuencia de los Estados Miembros a la
internacionalización de sus asuntos internos. Pero se podría y se debería hacer más
en esa esfera, particularmente mediante el nombramiento de enviados, mediadores y
representantes especiales con aptitudes, experiencia y conocimiento de la situación
local, que pueden contribuir a la prevención de conflictos de la misma manera en
que contribuyen a su solución.
 

101. La consideración primordial que el Secretario General debería tener en cuenta
al efectuar esos nombramientos es un alto grado de competencia. El Secretario
General también debería esforzarse más por promover la formación de expertos 40
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internos y externos en la materia. Ese objetivo se facilitaría con el establecimiento
de un mecanismo para capacitar e informar a los nuevos o posibles
representantes especiales y otros mediadores de las Naciones Unidas, medida
que recomendamos
.
 

102. Los mediadores y negociadores deben contar con apoyo adecuado. Si bien la
demanda de los servicios de mediación de las Naciones Unidas ha crecido vertigin o -samente
en los últimos 10 años, los recursos dedicados a esa función siguen siendo
mínimos. La deliberada decisión de los Estados Miembros de no proporcionar recur-sos
suficientes al Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Nacio -nes
Unidas no se compadece con el deseo expresado por esos mismos Estados de
unas Naciones Unidas fuertes. Se deberían proporcionar más recursos al Depar-tamento
de Asuntos Políticos y se debería reestructurar el Departamento para
que pudiera prestar un apoyo más coherente y profesional a las actividades de
mediación.
 

103. Si bien los detalles de dicha reestructuración deberían quedar librados al
criterio del Secretario General, habría que tener en cuenta las siguientes nece-sidades
de las Naciones Unidas:
 

a) Una capacidad de apoyo a la mediación orientada hacia el terreno y
de dedicación exclusiva, compuesta de un pequeño equipo de pr ofesionales con
la experiencia directa y los conocimientos especializados pertinentes, que esta-ría
a disposición de todos los mediadores de las Naciones Unidas;
 

b) Competencia en cuestiones temáticas que se plantean una y otra vez
en las negociaciones de paz, como la determinación de la secuencia de las etapas
de aplicación, la elaboración de los mecanismos de vigilancia, la determinación
de la secuencia de los arreglos de transición y la preparación de los mecanismos
de reconciliación nacional;
 

c) Una mayor comunicación con mediadores nacionales, organizaciones
regionales y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la solución
de conflictos;
 

d) Una mayor consulta de voces importantes de la sociedad civil, espe-cialmente
la mujer, a las que a menudo no se presta atención durante las neg o-ciaciones,
y su mayor participación en el proceso de paz.
 

4. Despliegue preventivo
104. En casos de tensión creciente, el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la
paz en una etapa temprana puede alentar a quienes procuran lograr una solución
pacífica del conflicto y disuadir a posibles agresores. Cabe señalar que el único caso
claro de despliegue preventivo registrado hasta la fecha, en la ex República Yugoslava
de Macedonia, respondió a un pedido de las autoridades nacionales y fue, a todas
luces, un éxito. Alentamos a los dirigentes nacionales y a las partes en conflicto a
utilizar en forma constructiva la opción del despliegue preventivo.
 

105. El Consejo de Seguridad también debería observar que, en los países que salen
de situaciones de conflicto, el despliegue de un número reducido de contingentes de
mantenimiento de la paz para adiestrar a las fuerzas armadas nacionales puede
desempeñar una importante función preventiva. 41
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106. Una comunicación adecuada entre los mediadores y los encargados de la plani-ficación
de las operaciones de mantenimiento de la paz también puede ayudar a de -terminar
posibles oportunidades de despliegue preventivo. Debe convertirse en nor-ma
la práctica, hoy día ocasional, de que los encargados de la planificación de las
operaciones de mantenimiento de la paz estén presentes en el proceso de mediación.
 

V. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas
A. Las amenazas con que nos enfrentamos
1. Las armas nucleares
107. Cualquier uso accidental o intencional de armas nucleares plantea un peligro
de dimensiones catastróficas en vidas y dislocación económica. Poner fin a la proli-feración
de esas armas e impedir su uso por actores estatales o no estatales debe
seguir siendo una prioridad urgente para garan tizar la seguridad colectiva.
 

108. La amenaza planteada por la proliferación nuclear, es decir, por la difusión de
las armas nucleares entre los Estados, tiene dos aspectos. El primer aspecto, que susci-ta
la preocupación más inmediata, es la posibilidad de que algunos países, al amparo
de su actual condición de partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares, establezcan secreta e ilegalmente programas de armas en gran escala o, ate -niéndose
a la letra pero quizás no al espíritu del Tratado, adquieran todos los materia -les
y conocimientos especializados necesarios para un programa, con la posibilidad de
retirarse del Tratado cuando estén listos para iniciar la producción de armas.
 

109. El segundo aspecto, a más largo plazo, es el debilitamiento y posible colapso
de todo el régimen del Tratado. Casi 60 Estados están explotando o construyendo
actualmente reactores nucleares para la generación de energía eléctrica o la investi-gación,
y por lo menos 40 poseen la infraestructura industrial y cient ífica que les
permitiría, si así lo desearan, producir armas nucleares en relativamente poco tie m-po,
si las restricciones jurídicas y normativas del régimen del Tratado perdieran su
vigencia.
 

110. Ambas preocupaciones han pasado a ser muy reales: el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares ya no tiene la eficacia que tenía antes. En 1963,
cuando sólo cuatro Estados poseían arsenales nucleares, el Gobierno de los Estados
Unidos pronosticó que en el próximo decenio surgirían entre 15 y 25 Estados posee -dores
de armas nucleares; otros llegaron a pronosticar 50. En 2004, sólo se sabe
de ocho Estados con arsenales nucleares. El estricto régimen de no proliferación,
plasmado en el OIEA y el propio Tratado, ha ayudado a reducir espectacularmente la
tasa de proliferación otrora prevista. Este régimen ha hecho tres contribuciones crí-ticas:
ha fortalecido una prohibición normativa de la posesión, el uso y la prolifera -ción
de esas armas; ha asegurado que los Estados puedan beneficiarse de la tecnolo -gía
nuclear, pero bajo supervisión; y ha tranquilizado a los Estados respecto de la
capacidad de sus vecinos y posibles rivales, permitiéndoles evitar carreras arma -men
tistas innecesarias.
 

111. Sin embargo, el régimen de no proliferación nuclear corre ahora peligro como
resultado del incumplimiento de los compromisos vigentes, el retiro o la amenaza de
retiro del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares para eludir esos
compromisos, la evolución del entorno internacional de seguridad, y la difusión de la 42
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tecnología. Nos estamos acercando a un punto en el que el debilitamiento del rég i-men
de no proliferación podría hacerse irreversible y desencadenar la proliferación.
 

112. Independientemente de si más Estados adquieren armas nucleares, las conside -rables
existencias de materiales nucleares y radiológicos también plantean graves
peligros. En la actualidad hay 1.300 kilogramos de uranio muy enriquecido en los
reactores de investigación de 27 países. El volumen total de las existencias de ura -nio
muy enriquecido es mucho mayor y muchos depósitos de uranio muy enriqueci-do
no son suficientemente seguros. Diversos Estados han confirmado públicamente
20 casos de diversión de material nuclear, y durante el último decenio se han co m-probado
más de 200 incidentes de tráfico ilícito de materiales nucleares. Los cientí-ficos
han formulado repetidas advertencias sobre la facilidad con que los terroristas,
usando componentes disponibles en el mercado, podrían armar un artefacto nuclear
sencillo de tipo cañón en el que simplemente se provoca el impacto entre dos masas
de uranio muy enriquecido. Según los expertos, si se hace detonar un artefacto nu -clear
sencillo en una ciudad importante, el número de víctimas oscilaría entre varias
decenas de miles y más de 1 millón de personas. El efect o en el comercio interna -cional,
el empleo y el transporte ascendería a por lo menos 1 billón de dólares.
Semejante ataque podría tener otras consecuencias de largo alcance en materia de
seguridad internacional, gobernanza demo crática y derechos civiles.
 

2. Armas radiológicas
113. Las armas radiológicas plantean una amenaza distinta, ya que son armas
de caos masivo más que de destrucción masiva. Pueden usar plutonio o uranio muy
enriquecido pero también pueden utilizar simplemente material radiactivo de millo -nes
de fuentes distintas de los sectores médico e industrial del mundo entero. El
efecto destructivo inmediato de una bomba radiológica o bomba "sucia" es el de su
componente explosivo convencional, e incluso los efectos radiactivos de semejante
bomba serán probablemente limitados. Los efectos más perjudiciales serán el caos y
la perturbación económica causados por el temor del público y la necesidad de eva -cuar
y descontaminar las zonas afectadas. La gran difusión que tienen los materia -les
radiológicos y la facilidad con que se podría hacer detonar semejante artefacto
hacen que su uso sea muy probable. De ahí la importancia de educar al público
sobre los efectos limitados de las armas radiológicas para mitigar en parte los temo -res
y la incertidumbre que produciría un atentado.
 

3. Armas químicas y biológicas
114. Los materiales químicos y biológicos plantean también una amenaza creciente:
al igual que las armas nucleares, pueden usarse para causar bajas masivas con un so-lo
ataque. Los agentes químicos tienen una amplia difusión y son relativamente fáci-les
de adquirir y utilizar para producir armas. En todo el mundo hay casi 6.000 ins-talaciones
químicas industriales, que constituyen posibles blancos de atentados y
presentan oportunidades para adquirir materiales. Los Estados poseedores de armas
químicas se han retrasado en el cumplimiento de los plazos para la destrucción de
armas químicas previstos en la Convención sobre las Armas Químicas: de las 70.000
toneladas declaradas de agentes para armas químicas, la Organización para la Prohi-bición
de las Armas Químicas sólo ha confirmado la destrucción de 9.600 toneladas
y, de mantenerse el ritmo actual, el objetivo de la Convención de lograr
la destrucción completa de los agentes para armas químicas no podrá alcanzarse
siquiera para 2012, el plazo acordado como prórroga del plazo inicial. 43
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115. Si bien el rápido crecimiento y los avances científicos del sector de la biotec -nología
prometen hacer posible la prevención y la curación de muchas enfermeda -des,
también aumentan las oportunidades de crear enfermedades nuevas y mortales.
Los espectaculares avances de la tecnología del ADN recombinado y la manipula -ción
directa de genes plantean el peligro de agentes infecciosos sintéticos,
que podrían crearse para reintroducir enfermedades ya erradicadas y para resistir
a las vacunas, los antibióticos y otros tratamientos existentes. Hay innumerables ins-talaciones
de fermentación, centros médicos y laboratorios de investigación equip a -dos
para producir agentes biológicos. En varios talleres de terroristas se ha descu -bierto
ricina, una toxina biológica. A diferencia del carbunco, que se puede tratar
con antibióticos, la ricina no tiene antídoto y provoca la muerte de una persona en
cantidades menores que el ojo de una aguja. El uso de materiales parecidos para
provocar deliberadamente brotes de enfermedades infecciosas podría causar tantas o
más víctimas que una explosión nuclear. En el caso más pesimista, un atentado con
un solo gramo de virus de viruela convertido en arma podría causar ent re 100.000 y
1 millón de víctimas.
 

116. El hecho de que semejante ataque no se haya producido no justifica la inac -ción,
sino constituye un llamado urgente a la adopción de medidas de prevención.
 

B. Cómo responder al problema de la prevención
117. Es necesario adoptar medidas en varios planos. El primer nivel de una estrate -gia
eficaz para prevenir la proliferación de armas nucleares, radiológicas, químicas
y biológicas debe comprender instrumentos mundiales que reduzcan la demanda de
esas armas. El segundo nivel debe comprender instrumentos mundiales que actúen
sobre la oferta, para limitar la capacidad de los actores estatales y no estatales para
adquirir armas, así como los materiales y conocimientos especializados necesarios
para fabricarlas. El tercer nivel debe consistir en la aplicación de medidas coercit i-vas
por parte del Consejo de Seguridad, sobre la base de información y análisis fia -bles
y compartidos. El cuarto nivel debe comprender medidas nacionales e intern a -cionales
de defensa civil y protección de la salud pública.
 

1. Mejores estrategias para reducir la demanda
118. Los discretos progresos hechos en materia de desarme por los Estados poseedo-res
de armas nucleares debilitan la fuerza diplomática del régimen de no proliferación
y, por lo tanto, su capacidad de limitar la proliferación. Pese al compromiso en sentido
contrario expresado por el Consejo de Seguridad (resolución 984 (1995)), los Estados
poseedores de armas nucleares se muestran cada vez menos dispuestos a dar garantías
de que no las usarán (garantías negativas de seguridad) y se reservan el derecho de
responder con armas nucleares a un ataque con armas químicas o biológicas.
 

119. Pese al final de la guerra fría, los Estados poseedores de armas nucleares no han
cumplido todos sus compromisos de desarme. Si bien los Estados Unidos y la Federa -ción
de Rusia han desmantelado cerca de la mitad de sus armas nucleares, se han
comprometido a reducir significativamente el número de ojivas estratégicas desplega -das
y han eliminado la mayoría de sus armas nucleares no estratégicas, esos progresos
han sido eclipsados por recientes reveses. En 2000, los Estados poseedores de armas
nucleares se comprometieron a tomar 13 medidas prácticas de desarme nuclear, a las
que prácticamente renunciaron en la reunión de 2004 del Comité Preparatorio de la 44
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Conferencia de las Partes del Año 2005 encargada del examen del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares.
 

120. Los Estados poseedores de armas nucleares deberían tomar varias medi-das
para dar un nuevo impulso al proces o de desarme:
 

a) Deberían cumplir los compromisos que asumieron en virtud
del artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
y estar dispuestos a tomar medidas concretas para dar cumplimiento a esos
compromisos;
 

b) Deberían reafirmar sus compromisos anteriores de no usar armas
nucleares contra Estados no poseedores de armas nucleares,
con el fin de reducir
aún más el valor aparente de las armas nucleares, y recabar una sólida cooperación
internacional para poner coto a la prolife ración, expresando oficialmente esos
compromisos en acuerdos pendientes y futuros sobre la creación de zonas libres de
armas nucleares.
 

121. Los Estados Unidos y la Federación de Rusia, los demás Estados poseedo-res
de armas nucleares y los Estados que no son partes en el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares deberían comprometerse a adoptar medi-das
prácticas para reducir el riesgo de una guerra nuclear accidental,
incluido un plan de desactivación progresiva de sus armas nucleares estratégi-cas,
según procediera.
 

122. Además, opinamos que sería conveniente que el Consejo de Seguridad
prometiera explícitamente que tomará medidas colectivas en caso de ataque
nuclear o amenaza de tal ataque contra un Estado no poseedor de armas
nucleares
.
 

123. En vista de las dificultades que los Estados que no son partes en el Tratado so-bre
la no proliferación de las armas nucleares plantean para el régimen de no proli-feración
nuclear, y reconociendo sus efectos en la inseguridad regional, recomen-damos
que las negociaciones para resolver los conflictos regionales incluyan
medidas de des arme y fomento de la confianza.
 

124. Los Estados que no son partes en el Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares deberían comprometerse a la no proliferación y el desarme,
y demostrar ese compromiso ratificando el Tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares y apoyando las negociaciones para la concertación de un
tratado por el que se prohíba la producción de material fisionable, ambos
abiertos a la participación de Estados tanto poseedores como no poseedores de
armas nucleares. Recomendamos que, como parte de las iniciativas de paz en
el Oriente Medio y en Asia meridional, se inicien negociaciones de desarme
nuclear que podrían llevar al establecimiento de zonas libres de armas
nucleares en esas regiones, similares a las que se han establecido para América
Latina y el Caribe, África, el Pacífico Sur y Asia sudoriental.
 

125. En cuanto a las armas biológicas y químicas, hay una obligación y una oport u -nidad
histórica de eliminar totalmente todas las existencias declaradas de armas
químicas: todos los Estados poseedores de armas químicas deberían agilizar
las medidas para lograr la destrucción programada de todas las existencias de
armas quí micas para 2012, el plazo acordado para ello.
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126. También se debería fortalecer la verificación de la Convención sobre las Armas
Químicas y se debería superar el punto muerto en que se encuentra desde hace tiempo
la cuestión de un mecanismo de verificación de la Convención sobre las armas bioló -gicas
y toxínicas, que ha socavado la confianza en todo el régimen en esa esfera. Los
Estados partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas deberían
reanudar sin demora las negociaciones sobre un protocolo de verificación digno
de crédito, recabando la participación activa de la industria de la biotecnología.
Los Estados partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas y la Co n -vención
sobre las Armas Químicas deberían aplicar una mayor presión diplomática bi-lateral
para asegurar la adhesión universal a ambas convenciones.
 

2. Mejores estrategias para reducir la oferta
127. Reconocemos que, en opinión de muchos, la energía nuclear es una fuente
importante de energía para usos civiles que podría ser aún más crucial en el conte x-to
de un esfuerzo mundial por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y
las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es preciso encarar y re -solver
la creciente tensión entre los objetivos de alcanzar un régimen de no prolife -ración
más eficaz y el derecho de todos los signatarios del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares de desarrollar una industria nuclear civil.
 

128. En el artículo IV del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
se garantiza el derecho de los Estados partes en el Tratado de desarrollar la investi-gación,
la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos; es
necesario preservar ese derecho. El Tratado dispone asimismo que ese derecho se
debe ejercer de conformidad con sus artículos I y II; también es necesario respetar
esa obligación. En los últimos años se ha vuelto claro que el riesgo de proliferación
planteado por el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible
gastado es considerable y está creciendo. Esos dos procesos en particular constitu -yen
una vía que los signatarios del Tratado pueden utilizar (y en algunos casos han
utilizado) para llevar a cabo clandestinamente actividades que no son conformes con
el Tratado y cuyo propósito es brindarles la posibilidad de adquirir una capacidad en
materia de armas nucleares.
 

129. Se necesitan dos remedios. En primer lugar, las normas de inspección y verifi-cación
seguidas por el OIEA hasta mediados del decenio de 1990 han demostrado
ser cada vez más inadecuadas. El OIEA adoptó normas de inspección más estrictas
en el modelo de Protocolo adicional pero hasta la fecha sólo una tercera parte de
los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares han
ratificado el Protocolo. La Junta de Gobernadores del OIEA debería reconocer
el modelo de Protocolo adicional como el patrón actual para los acuerdos de
salvaguardias del OIEA, y el Consejo de Seguridad debería estar dispuesto a
tomar medidas en casos que suscitaran profunda preocupación por el incu m-plimiento
de las normas sobre la no proliferación y las salvaguardias
.
 

130. En segundo lugar, instamos a que, sin más demora, se inicien y concluyan
rápidamente negociaciones sobre un mecanismo, basado en las disposiciones
existentes de los artículos III y IX del Estatuto del OIEA, que permita al OIEA
ser el garante del suministro de material fisionable a los usuarios civiles de
energía nuclear
. Con arreglo a semejante mecanismo, el Organismo debería poder
satisfacer, por conducto de proveedores por él autorizados y a precios de mercado,
la demanda de uranio poco enriquecido para combustible nuclear y de servicios de 46
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reprocesamiento de combustible gastado, y garantizar la prestación ininterrumpida
de esos servicios mientras no se produjeran infracciones de los procedimientos de
salvaguardia o inspección en las instalaciones en cuestión.
 

131. Mientras se estén celebrando negociaciones sobre ese mecanismo, los Es-tados
deberían observar voluntariamente una moratoria de plazo fijo de la
construcción de nuevas instalaciones de enriquecimiento o reprocesamiento, sin
renunciar al derecho que les confiere el Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares de construir tales instalaciones. A cambio del compromiso de
observar la moratoria se garantizaría que los proveedores actuales suministra-rían
material fisionable a precios de mercado.
 

132. Las recientes experiencias con la red de A. Q. Khan han demostrado la neces i-dad
y el valor de tomar medidas para impedir el comercio ilícito y clandestino
de componentes para programas nucleares. La Iniciativa de lucha contra la prolife -ración
se está ocupando actualmente del problema, con carácter voluntario. Consi-deramos
que se debe alentar a todos los Estados a sumarse a esa iniciativa
voluntaria.
 

133. Se deberían concluir a la brevedad posible las negociaciones en curso en el
marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para enmendar el Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de
1988, a fin de fortalecer las disposiciones del derecho internacional contra el tráfico
ilícito de armas y materiales nucleares, biológicos y químicos. El Consejo de Segu -ridad
debería estar dispuesto a considerar la posibilidad de adoptar medidas de cu m-plimiento
obligatorio si las negociaciones para enmendar el Convenio no avanzaran
satisfactoriamente.
 

134. Si bien en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares se prevé
el derecho a retirarse del Tratado, debería instarse a los Estados a que no lo hicieran.
Quienes se retiren deberían seguir siendo responsables de las infracciones cometidas
cuando aún eran partes en el Tratado. Cuando un Estado notifique de su retirada
del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares se debería proc e-der
inmediatamente a verificar si ha cumplido las disposiciones del Tratado, de
ser necesario en virtud de un mandato del Consejo de Seguridad. La Junta de
Gobernadores del OIEA debería decidir que, en caso de infracciones, se retira-rá
toda asistencia prestada por el Organismo.
 

135. Para defenderse contra el posible uso por terroristas de armas nucleares,
radiológicas, químicas y biológicas es necesario adoptar medidas urgentes a corto
plazo. Se debe prestar prioridad a la tarea de consolidar, asegurar y, en lo posible,
eliminar materiales que puedan ser peligrosos, y aplicar controles eficaces de las
exportaciones. En relación con ello, celebramos la Iniciativa mundial de reducción
de la amenaza nuclear, que facilita a) la reducción de las existencias mundiales de
uranio muy enriquecido; b) la conversión de los reactores nucleares que utilizan
uranio muy enriquecido a reactores "a prueba de proliferación" y c) la dilución de
las existencias de uranio muy enriquecido. El plazo propuesto para poner en
práctica la Iniciativa mundial de reducción de la amenaza nuclear deber ía
reducirse a la mitad, de 10 a 5 años
.
 

136. El Consejo de Seguridad, con arreglo a su resolución 1540 (2004), puede ofre -cer
a los Estados leyes modelo en materia de seguridad, seguimiento, tipificación
penal y control de las exportaciones y, para 2006, elaborar normas mínimas para 47
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su aplicación por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Para alcanzar ese
objetivo, el comité de aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo debería
establecer un enlace permanente con el OIEA, la Organización para la Prohibición
de las A rmas Químicas y el Grupo de Suministradores Nucleares.
 

137. Los Estados partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxíni-cas
deberían negociar también un nuevo protocolo sobre seguridad biológica
para clasificar los agentes biológicos peligrosos y establecer normas internaci o-nales
obligatorias para su exportación.
Durante un plazo determinado, los Estados
partes en la Convención deberían abstenerse de participar en operaciones comercia -les
con Estados que no fueran partes y que involucraran tales agentes.
 

138. Los Estados miembros del OIEA deberían aumentar los recursos financieros
para los programas del Organismo que ayudan a localizar y asegurar fuentes radiac -tivas
y prestan asistencia a los Estados para establecer la legislación interna pert i-nente.
Además, la Conferencia de Desarme debería comenzar sin más dilación
las negociaciones para concertar un tratado verificable por el que se prohíba
la producción de material fisionable y se disponga, con arreglo a un calenda-rio
determinado, poner fin a la producción de uranio muy enriquecido para la
fabricación de armas y para otros fines
.
 

3. Mayor capacidad coercitiva
139. El Consejo de Seguridad dispone actualmente de pocas herramientas, fuera de
la aplicación de sanciones y el uso de la fuerza militar, para hacer cumplir los
acuerdos de no proliferación. Por otra parte, remitir un caso al Consejo de Seguridad
sin que se adopten medidas al respecto es peor que no remitirlo. Debería fortalece r-se
la capacidad del Consejo de Seguridad para obtener información digna de crédito
sobre posibles casos de proliferación.
 

140. Con tal fin también es necesario fortalecer los vínculos entre el OIEA,
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y el Consejo de Seguri-dad.
El Consejo de Seguridad debería invitar a los Directores Generales
del OIEA y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a que le
informaran cada seis meses de la situación de las salvaguardias y los procesos
de verificación, así como de cualquier motivo de honda preocupac ión que tuvie-ran
y que no llegara a constituir una infracción del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares o de la Convención sobre las Armas
Quí micas
.
 

141. El Consejo de Seguridad también debería estar dispuesto a desplegar medios
de inspección de presuntas violaciones en las esferas nuclear y química, recurriendo
a la capacidad del OIEA y la Organización para la Prohibición de las Armas Quími-cas.
Hasta que las negociaciones multilaterales no produzcan un mecanismo de veri-ficación
de la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas, el Consejo de Se -guridad
debería recurrir a la lista de inspectores de armas biológicas del Secretario
General, que deberían mantener su independencia y actuar con arreglo a los códigos
del personal de las Naciones Unidas. Esa lista de inspectores también debería poder
usarse para asesorar al Consejo y mantener el enlace con las autoridades de la OMS
si se produjera un brote sospechoso de enfermedad, como se indica a continuación. 48
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4. Mejor protección de la salud pública
142. Los avances científicos en materia de biotecnología y la presencia generaliza -da
de instalaciones capaces de fabricar agentes biológicos limitan las perspectivas
de eliminar las armas biológicas y complican las medidas de verificación. Sin em-bargo,
a diferencia de las armas nucleares, muchos agentes biológicos (si bien no
todos) pueden neutralizarse con vacunas y con una respuesta eficaz (en particular
con un diagnóstico, una cuarentena y un tratamiento oportunos). Una sociedad bien
preparada podría así evitar las peores consecuencias de un ataque biológico.
 

143. Sin embargo, actualmente la asistencia internacional para la vigilancia, la de -tección
y la lucha contra las enfermedades infecciosas es insuficiente, la planifica -ción
y los gastos en materia de seguridad no están adecuadamente coordinados con
las políticas y los presupuestos sanitarios, y no se comprende suficientemente que el
inevitable futuro que se avecina en la esfera de la biotecnología hace que una biode -fensa
activa sea la opción más viable ante la posibilidad de un ataque.
 

144. En vista de la posible amenaza a la seguridad internacional que plantea la lib e -ración
deliberada de un agente biológico infeccioso o un brote natural de efectos
abrumadores de una enfermedad infecciosa, es necesario que el Director General de
la OMS, por conducto del Secretario General, mantenga informado al Consejo
de Seguridad durante cualquier brote sospechoso o de efectos abrumadores de una
enfermedad infecciosa. En tal caso, el Consejo de Seguridad debería estar dispuesto
a apoyar la labor de los investigadores de la OMS o enviar expertos que informaran
directamente al Consejo y, si el Reglamento Sanitario Internacional no asegurara
un acceso adecuado para las investigaciones de la OMS y la coordinación de
la respuesta, el Consejo de Seguridad debería estar dispuesto a imponer medidas
más coercitivas. Si un Estado no pudiera organizar una cuarentena adecuada de un
gran número de posibles portadores, el Consejo de Seguridad debería estar dispuesto
a apoyar la adopción de medidas internacionales para ayudar a establecer cord o -nes
sanitarios. El Consejo de Seguridad debería celebrar consultas con el Direc-tor
General de la OMS para establecer los procedimientos de colaboración ne-cesarios
en caso de que se produjera un brote sospechoso o de efectos abruma-dores
de una enfermedad infecciosa.
 

VI. Terrorismo
A. La amenaza con que nos enfrentamos
145. El terrorismo atenta contra los valores más centrales de la Carta de las Nacio -nes
Unidas: el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho, las leyes y
usos de la guerra que protegen a la población civil, la tolerancia entre los pueblos y
naciones, y la solución pacífica de las controversias. El terrorismo florece en situa -ciones
de desesperanza, humillación, pobreza, opresión política, extremismo y vio -laciones
de los derechos humanos; también florece en el contexto de los conflictos
regionales y la ocupación extranjera y se aprovecha de la capacidad insuficiente de
los Estados de mantener el orden público. 49
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146. Dos nuevos factores imparten una mayor urgencia a la amenaza del terrorismo.
Al-Qaida es el primer caso, pero seguramente no el último, de una red armada
no estatal de alcance mundial y gran capacidad. Los atentados perpetrados en los ú l-timos
cinco años contra más de 10 Estados Miembros en cuatro continentes han de -mostrado
que Al-Qaida y sus entidades asociadas plantean una amenaza universal a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a las propias Naciones Unidas.
En sus declaraciones públicas, Al-Qaida ha señalado en particular a las Naciones
Unidas como uno de los principales obstáculos al logro de sus objetivos y las ha
llamado uno de sus enemigos. En segundo lugar, la amenaza de que los terroristas,
del tipo que sean y cualquiera que sea su motivación, tratarán de causar bajas mas i-vas
plantea peligros sin precedentes. Las recomendaciones que hemos formulado
más arriba sobre el control de las fuentes de materiales nucleares, radiológicos,
químicos y biológicos y el fortalecimiento de los sistemas mundiales de sanidad son
elementos centrales de una estrategia para impedir que ello ocurra.
 

B. Cómo responder al problema de la prevención
1. Una estrategia global
147. En todas las consultas regionales que mantuvo el Grupo, los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por el hecho de que la
actual "guerra contra el terrorismo" había vulnerado en algunos casos precisamente
los valores que los terroristas pretendían conculcar: los derechos humanos y el Esta -do
de derecho. La mayoría de quienes expresaron esas preocupaciones no pusieron
en tela de juicio la gravedad de la amenaza terrorista y reconocieron que el derecho
a la vida era el más fundamental de los derechos humanos. Sin embargo, expresaron
el temor de que si la lucha contra el terror se centraba exclusivamente en la labor de
las fuerzas militares y policiales y los servicios de información se corría el riesgo de
socavar los esfuerzos por promover la gobernanza y los derechos humanos, de que
una parte considerable de la población del mundo se distanciara y de comprometer
así la posibilidad de adoptar medidas colectivas contra el terrorismo. La necesidad
fundamental, con respecto a los Estados de las regiones de las que provienen los te -rroristas,
es encarar no sólo su capacidad sino también su voluntad de luchar contra
el terror. Para fomentar esa voluntad, y para lograr el apoyo de la población de esos
Estados, en vez de despertar su oposición, se necesita un enfoque más amplio.
 

148. Un elemento común en todas las preocupaciones expresadas es la necesidad
imperativa de elaborar una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo que en -care
sus causas fundamentales y fortalezca a los Estados responsables, así como el
imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales. Lo que se precisa es
una estrategia general que incluya medidas coercitivas, pero no se limite a ellas.
Las Naciones Unidas, con el Secretario General a la cabeza, deberían promover
esa estrategia general, que comprendería los elementos siguientes
:
 

a) La disuasión, que procurar ía remediar las causas del terrorismo o los
factores que lo facilitan, entre otras cosas con medidas para promover los dere-chos
sociales y políticos, el Estado de derecho y la reforma democrática; poner
fin a la ocupación y atender a las principales reivindicaciones políticas; luchar
contra la delincuencia organizada; reducir la pobreza y el desempleo y evitar la
desintegración de los Estados
. Todas las estrategias mencionadas para prevenir 50
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otras amenazas tienen beneficios secundarios al contribuir a eliminar algunas de las
causas del terrorismo o alg unos de los factores que lo facilitan;
 

b) Medidas para contrarrestar el extremismo y la intolerancia, entre
otras cosas mediante la educación y la promoción del debate público
. Una
reciente innovación del PNUD, el Arab Human Development Report, ha contribuido a
abrir un amplio debate en el Oriente Medio sobre la necesidad de la habilitación de
la mujer, la libertad política, el Estado de derecho y las libertades civiles;
 

c) El desarrollo de mejores instrumentos de cooperación mundial en la
lucha contra el terrorismo, dentro de un marco jurídico que respete las liberta-des
civiles y los derechos humanos, en particular en las esferas de la aplicación
de la ley; el intercambio de información confidencial, cuando se a posible; las
medidas de i nterdicción, cuando corresponda y los controles financieros
;
 

d) El fortalecimiento de la capacidad estatal para impedir las activida-des
de reclutamiento y las operaciones de los grupos terroristas
;
 

e) El control de materiales peligrosos y la protección de la salud
pública.
 

2. Mejores instrumentos de lucha contra el terrorismo
149. Varios convenios y convenciones de las Naciones Unidas de lucha contra el te -rrorismo
han sentado importantes bases normativas. Sin embargo, demasiados son
los Estados que permanecen al margen de ellos y no todos los países que los ratifi-can
adoptan seguidamente medidas internas de aplicación. Los intentos de resolver
el problema de la financiación del terrorismo también han sido inadecuados. En los
tres meses que siguieron al 11 de septiembre de 2001 se congelaron fondos presun -tamente
destinados a la financiación del terrorismo por valor de 112 millones de dó -lares,
pero en los dos años siguientes sólo se congelaron 24 millones. Los fondos
confiscados representan sólo una pequeña parte del total a disposición de las organ i-zaciones
terroristas. Muchos Estados no tienen leyes adecuadas contra el lavado de
dinero y carecen de la capacidad técnica necesaria, mientras que los grupos terroris -tas
utilizan técnicas de evasión muy avanzadas, y muchos fondos destinados a la fi-nanciación
del terrorismo son de origen legal y difíciles de reglamentar.
 

150. Los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho deberían considerar
activamente la posibilidad de firmar y ratificar los 12 convenios y convenciones
internacionales contra el terrorismo y adoptar las ocho recomendaciones
especiales sobre la financiación del terrorismo del Grupo de acción financiera
sobre el blanqueo de capitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y las medidas que se indican en sus diversos documentos
sobre prácticas recomendadas.
 

151. El Consejo de Seguridad ha desempeñado una importante función para colmar
las lagunas en la estrategia contra el terrorismo. Desde comienzos del decenio
de 1990, el Consejo ha tratado de reducir el apoyo y fortalecer la resistencia de
los Estados al terrorismo. A partir de 1992, el Consejo de Seguridad ha aplicado san-ciones
contra personas y Estados que han apoyado el terrorismo, y en particular, en
1999 y 2000, contra Osama bin Laden y Al-Qaida y los talibanes. La respuesta inicial
del Consejo de Seguridad a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue
rápida e impresionante. En su resolución 1373 (2001) el Consejo de Seguridad impuso
a todos los Estados obligaciones uniformes de lucha contra el terrorismo y estableció 51
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un Comité contra el Terrorismo para vigilar su cumplimiento y para facilitar la presta-ción
de asistencia técnica a los Estados.
 

152. Sin embargo, el Consejo de Seguridad debe actuar con cuidado. La manera en
que se agregan nombres a la lista de personas y entidades terroristas que mantiene
el Consejo y la inexistencia de un recurso de revisión o apelación para quienes se
incluyen en la lista plantean graves problemas de rendición de cuentas y posiblemente
violan normas y convenciones fundamentales de derechos humanos. El Comité de
Sanciones contra Al -Qaida y los Talibanes debería establecer un proceso para la
revisión de los casos de las personas e instituciones que afirmen que sus nombres
se han incluido o mantenido por error en las listas del Comité.
 

153. Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad y la labor de su Comité
contra el Terrorismo han desempeñado un importante papel para poner fin al apoyo
que algunos Estados prestaban al terrorismo y para movilizar a otros Estados en su
contra. Sin embargo, las sanciones del Consejo contra Al-Qaida y los talibanes no
han sido suficientemente apoyadas y cumplidas por los Estados Miembros y sólo
afectan a una pequeña parte de los agentes conocidos de Al-Qaida; además, varios
Estados se han demorado en acatar las directivas del Comité contra el Terrorismo.
Opinamos que es necesario tomar medidas adicionales para lograr que esas direct i-vas
se apliquen plenamente.
 

3. Prestación de asistencia a los Estados en la lucha contra el terrorismo
154. Debido a que la asistencia que facilitan las Naciones Unidas se limita a la
prestación de apoyo técnico, los Estados que necesitan apoyo operacional para sus
actividades de lucha contra el terrorismo no tienen más alternativa que recurrir a
la asistencia bilateral. La existencia de una capacidad de las Naciones Unidas para
facilitar esa asistencia contribuiría en algunos casos a aliviar dificultades políticas
internas. Semejante capacidad podría lograrse si la Dirección Ejecutiva del Comité
contra el Terrorismo actuara como centro de coordinación de la asistencia prestada
por unos Estados a otros en cuestiones militares, policiales y de control de fronteras
con el objeto de aumentar la capacidad interna de lucha contra el terrorismo. El
Consejo de Seguridad, en consulta con los Estados afectados, debería extender
la competencia de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo al
ejercicio de esa función.
 

155. El incumplimiento pueda deberse a la falta de voluntad pero, con mayor fre -cuencia,
es el resultado de la falta de capacidad. Los miembros y los organis -mos
especializados de las Naciones Unidas deberían redoblar sus esfuerzos por pro -porcionar
a los Estados instrumentos eficaces de carácter jurídico, administrativo y
policial para prevenir el terrorismo. Para apoyar ese proceso, las Naciones Unidas
deberían establecer un fondo fiduciario para la formación de capacidad que
dependería de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.
 

156. Si un Estado tuviera la capacidad de cumplir sus obligaciones pero
persistentemente no lo hiciera, el Consejo de Seguridad podría verse obligado a
tomar medidas adicionales para asegurar el cumplimiento, y debería elaborar un
programa de sanciones predeterminadas en caso de incumplimiento por parte
de un Estado.
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4. Definición del terrorismo
157. La capacidad de las Naciones Unidas para elaborar una estrategia amplia se ha
visto limitada por el hecho de que los Estados Miembros no han podido aprobar un
convenio sobre el terrorismo que incluya una definición del terrorismo. Ello impide
que las Naciones Unidas ejerzan su autoridad moral y proclamen inequívocamente
que el terrorismo no es jamás una táctica aceptable, aún en defensa de la más noble
de las causas.
 

158. Desde 1945, un marco normativo y jurídico cada vez más estricto, que com-prende,
entre otros instrumentos, la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de
Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ha reglamentado y
constreñido las decisiones de los Estados de recurrir a la fuerza, así como su con -ducta
en tiempo de guerra, estableciendo, por ejemplo, la obligación de distinguir
entre combatientes y civiles, de observar la proporcionalidad en el uso de la fuerza y
de respetar principios humanitarios básicos. La violación de esas obligaciones debe
seguir siendo objeto de universal condena y los responsables de crímenes de guerra
deben ser enju iciados.
 

159. Las normas que rigen el uso de la fuerza por actores no estatales no se han
mantenido a la par de las normas aplicables a los Estados. Desde el punto de vista
jurídico, prácticamente todas las formas de terrorismo están prohibidas por uno de
los 12 convenios internacionales contra el terrorismo, el derecho consuetudinario in -ternacional,
los Convenios de Ginebra o el Estatuto de Roma. Esto es bien sabido
por los juristas, pero existe una clara diferencia entre esa lista deshilvanada de con -venios
y disposiciones poco conocidas de otros tratados y un marco normativo elo -cuente
y comprendido por todos, en el que se debe encuadrar la cuestión del terro -rismo.
Las Naciones Unidas deben alcanzar el mismo rigor normativo con respecto
al uso de la fuerza por actores no estatales que el que existe con respecto al uso de la
fuerza por los Estados. La falta de consenso sob re una definición clara y bien cono -cida
compromete la posición normativa y moral contra el terrorismo y ha mancillado
la imagen de las Naciones Unidas. La aprobación de una convención amplia sobre el
terro rismo, con una definición clara, constituye una necesidad política imperiosa.
 

160. La búsqueda de un acuerdo sobre la definición del terrorismo se topa genera l-mente
con dos obstáculos. El primero es el argumento de que cualquier definición
debe incluir el caso de un Estado que use fuerzas armadas contra civiles . Conside -ramos
que el marco jurídico y normativo aplicable a las violaciones por parte de los
Estados es mucho más sólido que en el caso de los actores no estatales y no creemos
que esa objeción sea convincente. La segunda objeción es que un pueblo bajo ocu -pación
extranjera tiene derecho a resistirse y que una definición del terrorismo no
debería derogar ese derecho. El derecho a resistirse es cuestionado por algunos. Pero
el quid de la cuestión no es ese, sino el hecho de que la ocupación de ninguna mane -ra
justifica el asesinato de civiles.
 

161. Ninguna de esas objeciones tiene mérito suficiente para refutar la necesidad de
complementar el estricto y claro marco normativo de las Naciones Unidas aplicable
al uso de la fuerza por los Estados con un marco normativo del mismo peso aplica -ble
al uso de la fuerza por actores no estatales. Todos deben condenar clara e in -equívocamente
los atentados dirigidos específicamente contra civiles y no comba -tientes
inocentes. 53
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162. Celebramos la reciente aprobación de la resolución 1566 (2004) del Consejo
de Seguridad, que incluye varias medidas para fortalecer el papel de las Naciones
Unidas en la lucha contra el t errorismo.
 

163. Sin embargo, consideramos que sería especialmente valioso que se llegara
a un consenso sobre la definición del te rrorismo en la Asamblea General, en
vista de su singular legitimidad en lo que se refiere a cuestiones normativas, y
que la Asamblea concluyera rápidamente sus negociaciones sobre un convenio
general relativo al terrorismo.
 

164. Esa definición del terrorismo de bería incluir los elementos siguientes:
a) El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza contra
civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios
de Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un
crimen de guerra o de lesa humanidad;
 

b) La reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios y
convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos de terrorismo y
una declaración de que constituyen un delito con arregl o al derecho internacio-nal
y la reiteración de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el
terrorismo en tiempo de conflicto armado;
 

c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio interna-cional
de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resol u-ción
1566 (2004) del Consejo de Seguridad;
 

d) La siguiente descripción del terrorismo: "Cualquier acto, además
de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre
determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución
1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones
corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho
acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un
gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo".
 

VII. La delincuencia organizada transnacional
A. La amenaza con que nos enfrentamos
165. La delincuencia organizada transnacional es una amenaza para el Estado y la
sociedad. Atenta contra la seguridad del ser humano y la obligación fundamental del
Estado de mantener el imperio de la ley. La lucha contra la delincuencia organizada
no sólo reduce esa amenaza directa a la seguridad del Estado y el ser humano sino
que constituye un paso necesario en la tarea de prevenir y resolver los conflictos in -ternos,
combatir la proliferación de armamentos y prevenir el terro rismo.
 

166. El tráfico de drogas, una de las principales actividades de los grupos delictivos
organizados, tiene amplias repercusiones en materia de seguridad. Se calcula que las
organizaciones delictivas obtienen entre 300.000 y 500.000 millones de dóla -res
anuales del tráfico de estupefacientes, su más importante fuente de ingresos. En
algunas regiones, las enormes ganancias generadas por esa actividad se acercan al
PIB de algunos países, comprometiendo así la autoridad del Estado, el desarrollo 54
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económico y el imperio de la ley. El tráfico de drogas ha fomentado un aumento en
el uso de heroína por vía intravenosa, lo que en algunas partes del mundo ha contri-buido
a una propagación alarmante del virus del VIH/ SIDA. Hay crecientes indicios
de un vínculo entre la financiación de grupos terroristas y las ganancias generadas
por el tráfico de opio, especialmente en el Afganistán.
 

167. Los Estados y las organizaciones internacionales no han reaccionado con rap i-dez
suficiente a la amenaza que plantean la delincuencia organizada y la corrupción.
Las declaraciones sobre la gravedad del problema rara vez han sido acompañadas
de las medidas correspondientes. Hay tres obstáculos básicos que impiden una res-puesta
internacional más eficaz: una cooperación insuficiente entre los Estados,
la falta de coordinación entre los organismos internacionales y un incumplimiento
in adecuado por parte de muchos Estados.
 

168. La lucha contra las manifestaciones concretas de la delincuencia organizada se
ha encarado con diversos grados de eficacia. Las iniciativas contra la corrupción se
han resentido debido a la falta de empeño y a una comprensión insuficiente de los
tipos, niveles, entornos y costos de la corrupción. En la lucha por reducir la oferta
de estupefacientes, los éxitos registrados en algunos países son a menudo contrarres-tados
por fracasos en otros. Las iniciativas nacionales para reducir la demanda en
los países industrializados también han sido ineficaces, y el número total de usuarios
de opio y heroína ha permanecido relativamente estable a lo largo del último dece -nio.
 

169. Las respuestas a la delincuencia organizada durante los conflictos y después de
ellos han sido descentralizadas y fragmentarias. En el período de la posguerra, los
antiguos beligerantes tratan de aprovechar los contactos, conocimientos y habilida -des
que han adquirido en el mundo delictivo, socavando así los esfuerzos intern a -cionales
de consolidación de la paz. La corrupción enraizada, el uso de la violencia
para proteger actividades delictivas y la existencia de estrechos vínculos entre las
agrupaciones delictivas y las élites políticas dificultan el establecimiento del Estado
de derecho y de instituciones estatales eficaces. Las iniciativas internacionales para
limitar el tráfico de armas han sido insuficientes y los regímenes de sanciones han
sido inadecuadamente aplicados.
 

170. La delincuencia organizada actúa cada vez más frecuentemente en forma
de redes flexibles, más que de jerarquías estructuradas. Esa forma de organización
proporciona a los delincuentes diversidad, flexibilidad, poca visibilidad y longevidad.
En el decenio de 1990 el establecimiento de vínculos entre diversas redes se convirtió
en una importante característica del mundo de la delincuencia organizada, que llevó a
la creación de redes de redes. La agilidad con que operan esas redes contrasta marc a -damente
con el laborioso intercambio de información y la inadecuada cooperación en -tre
los Estados en materia de investigaciones y enjuiciamientos penales.
 

B. Cómo responder al problema de la prevención
171. La lucha contra la delincuencia organizada exige mejorar los marcos normat i-vos
internacionales e intensificar los esfuerzos encaminados a aumentar la capac i-dad
del Estado de preservar el imperio de la ley. También hay que luchar en forma
concertada contra la trata de seres humanos. 55
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1. Mejoramiento de los marcos normativos internacionales
172. Varios recientes convenios y convenciones internacionales brindan la posibili-dad
de eliminar esos obstáculos permitiendo una cooperación más rápida y estrecha
entre los Estados. Sin embargo, esos convenios y convenciones no cuentan con una
adhesión universal y no son aplicados ni observados adecuadamente por los Estados
partes. Se necesitan mecanismos para vigilar si los Estados Miembros están cu m-pliendo
sus compromisos, y para determinar y remediar las deficiencias legislativas
e institucionales. La respuesta colectiva a la delincuencia organizada depende de la
consolidación y el fortalecimiento del marco de tratados internacionales. Más de la
mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas no han firmado o ratificado
aún la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, de 2000, y sus tres Protocolos, ni la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, de 2003, ni proporcionado recursos suficientes para
sufragar las disposiciones de vigilancia de la aplicación de esas Convenciones y
Protocolos. Los Estados Miembros que aún no hayan firmado o ratificado esas
Convenciones y Protocolos o no les hayan asignado los recursos neces a-rios
deberían hacerlo y todos los Estados Miembros deberían apoyar la labor de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en esa esfera.
 

173. Las fronteras estatales no son obstáculos para la actividad de los grupos delict i-vos
organizados, pero sí lo son para la cooperación jurídica. Los Estados Miembros
deberían establecer una autoridad central que facilitara el intercambio de prue-bas
entre las autoridades judiciales nacionales, la prestación de asistencia judicial
mutua entre las fiscalías y el cumplimiento de los pedidos de extradición.
 

174. A diferencia de los terroristas, el móvil de los delincuentes es el dinero. La
mejor manera de debilitar a la delincuencia organizada es eliminar sus posibilidades
de blanquear fondos. La delincuencia organizada transnacional genera ganancias
anuales de aproximadamente 500.000 millones de dólares, y hay quienes calculan
una suma tres veces mayor. En 2000 se blanquearon entre 500.000 millones y
1,5 billones de dólares. Pese a la magnitud de esas sumas y a su importancia en el
fomento de la delincuencia organizada, muchos Estados no reglamentan el blanqueo
de dinero. La aplicación indiscriminada del secreto bancario y el rápido crecimiento
de los paraísos fiscales siguen siendo graves obstáculos a la solución de ese proble -ma.
Se debería negociar, y la Asamblea General debería aprobar, un convenio
internacional amplio sobre el blanqueo de dinero en el que se tuvieran en cue n-ta
esas cuestiones.
 

175. La manifestación más obscena de la delincuencia organizada es la trata de
seres humanos, y todos los Estados Miembros deberían tomar medidas decisivas
para ponerle fin. Los Estados Miembros deberían firmar y ratificar el Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, y las partes en el Protocolo deberían tomar todas las medidas
necesarias para aplicarlo eficazmente.
 

176. Las Naciones Unidas deberían promover también la cooperación técnica entre
los países y los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley para
asegurar que las víctimas de la trata reciban protección y apoyo en los países de ori-gen,
tránsito y destino. En particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deberían pro -mover
enérgicamente los derechos humanos de la mujer y el niño, e integrar en 56
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sus programas estrategias concretas para prestarles asistencia y ayudar a protegerlos
para evitar que se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos.
 

2. Mejores estrategias para el fomento de la capacidad estatal
177. En algunos casos, la aplicación inadecuada es tamb ién el resultado de una ca -pacidad
estatal limitada. Para remediar ese problema las organizaciones internacio -nales,
y especialmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-to,
han establecido programas de asistencia técnica y capacitación para fortalecer
a las instituciones nacionales judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley.
Sin embargo, esas actividades carecen de recursos suficientes. Las Naciones Uni-das
deberían establecer un sólido mecanismo de fomento de la capacidad para
ayudar a afianzar el imperio de la ley.
Las organizaciones regionales y las institu -ciones
financieras multinacionales deberían sumarse activamente a esa labor.
 

VIII. El papel de las sanciones
178. Las sanciones son una herramienta vital, aunque imperfecta, para hacer frente
preventivamente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Desempe -ñan
una necesaria función intermedia entre la guerra y las palabras cuando una na -ción,
una persona o un grupo rebelde infringe las normas internacionales y cuando
la falta de respuesta debilitaría esas normas, alentaría a otros infractores o podría in -terpretarse
como consentimiento.
 

179. Las sanciones selectivas (sanciones en los ámbitos de las finanzas, los viajes o
la aviación, o embargos de armas) permiten ejercer presión sobre los dirigentes y las
élites con consecuencias humanitarias insignificantes, constituyen una alternativa
menos costosa que otras y pueden adaptarse a circunstancias concretas. Al aislar a
los infractores de las normas y las leyes internacionales , incluso unas sanciones de
alcance limitado (como un embargo deportivo) pueden desempeñar un importante
papel simbólico. La amenaza de sanciones puede ser un medio poderoso de disua -sión
y prevención.
 

180. El Consejo de Seguridad debería asegurar que las sanciones se aplicaran y
cumplieran eficazmente:
 

a) Cuando el Consejo de Seguridad impusiera un régimen de sanciones
(por ejemplo, un embargo de armas) debería, como norma, establecer mec a-nismos
de vigilancia y dotarlos de la autoridad y la capacidad necesarias para
realizar investigaciones a fondo de gran calidad. Es necesario consignar crédi-tos
presupuestarios adecuados para poner en práctica esos mecanismos;
 

b) Se debería encomendar a los comités de sanciones del Consejo de S e-guridad
la elaboración de mejores directrices y procedimientos de presentación
de informes para ayudar a los Estados a aplicar las sanciones y mejorar los
procedimientos para mantener listas correctas de personas y entidades sujetas
a la aplicación de sanciones selectivas;
 

c) El Secretario General debería nombrar a un alto funcionario con re-cursos
de apoyo suficientes para poder proporcionar al Consejo de Seguridad
un análisis de la mejor manera de imponer sanciones y de ayudar a coordinar
su aplicación. Ese funcionario también prestaría asistencia en relación con las
medidas de cumplimiento, determinaría las necesidades de asistencia técnica y
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coordinaría la prestación de esa asistencia y formularía recomendaciones sobre
los ajustes que fueran necesarios para hacer más eficaces las sanciones;
 

d) Los donantes deberían destinar más recursos al fortalecimiento de
la capacidad jurídica, administrativa, policial y de control de fronteras de los
Estados Miembros para aplicar las sanciones. Ese fortalecimiento debería
incluir medidas para mejor ar la interdicción aérea en zonas de conflicto;
 

e) En caso de violaciones verificadas y crónicas de las sanciones,
el Consejo de Seguridad debería imponer sanciones secundarias contra los
culpables;
 

f) El Secretario General, en consulta con el Consejo de Seguridad,
debería asegurar la existencia de un mecanismo de auditoría apropiado para
supervisar la administración de las sanciones.
 

181. Los comités de sanciones deberían mejorar los procedimientos para
conceder exenciones por motivos humanitarios y evaluar periódicamente los
efectos humanitarios de las sanciones. El Consejo de Seguridad debería seguir
tratando de mitigar las consecuencias humanitarias de las sanciones.
 

182. Cuando las sanciones se apliquen a listas de personas o entidades, los
comités de sanciones deberían establecer procedimientos para revisar los casos
de quienes afirmen que sus nombres se han incluido o mantenido por error en
esas listas.
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Parte III La seguridad colectiva y el uso de la fuerza
 

Resumen
¿Qué ocurre si fracasa la prevención por medios pacíficos, si ninguna de las
medidas preventivas que se han descrito hasta ahora detienen el descenso hacia la
guerra y el caos, si las amenazas distantes se hacen inminentes, si las amenazas
in minentes se hacen reales o si una amenaza no inminente cobra carácter muy real y
no parece posible detenerla sin usar la fuerza militar?
 

Nos referiremos en esta parte a las circunstancias en que una seguridad colect i-va
eficaz puede exigir el respaldo de la fuerza militar, comenzando con las normas de
derecho internacional que deben regir la decisión de ir a la guerra para que no impere
la anarquía. Es necesario distinguir entre las situaciones en que un Estado aduce
actuar en legítima defensa, aquellas en que un Estado supone una amenaza para otros
más allá de sus fronteras y aquellas en que la amenaza es predominantemente interna
y la cuestión reside en la responsabilidad de proteger a la población de un Estado. A
nuestro juicio, la Carta de las Naciones Unidas, debidamente interpretada y aplicada,
es adecuada en todos los casos. No es necesario ampliar ni limitar el alcance bien
conocido del Artículo 51 y el Capítulo VII da plenos poderes al Consejo de Seguri-dad
para hacer frente a las amenazas de toda índole a que puedan verse expuestos los
Estados. La tarea no consiste en encontrar una alternativa al Consejo de Seguridad
como fuente de autoridad, sino en que funcione mejor que hasta ahora.
 

El hecho de que la fuerza se pueda usar legítimamente no siempre significa,
por una cuestión de conciencia y buen sentido común, que haya que usarla. Defini-mos
una serie de directrices (cinco criterios de legitimidad) que, a nuestro juicio, el
Consejo de Seguridad (y quienquiera participe en las decisiones de esta índole)
siempre debería tener en cuenta al considerar si ha de autorizar o emplear la fuerza
militar. La adopción de estas directrices (gravedad de la amenaza, propósito correcto,
último recurso, proporcionalidad de los medios y balance de las consecuencias)
no ha de producir conclusiones convenidas que se puedan predecir automáticamente,
pero debería aumentar considerablemente las posibilidades de llegar a un consenso
internacional acerca de cuestiones que en los últimos años han sido causa de profunda
división.
 

También nos referiremos en esta parte a otras importantes cuestiones que sur-gen
durante un conflicto violento y después, entre ellas la capacidad necesaria para
imponer, mantener y consolidar la paz y para proteger a la población civil. Se plantea
una y otra vez la necesidad de que todos los miembros de la comunidad internacio-nal,
tanto los países desarrollados como en desarrollo, estén mucho más dispuestos a
proporcionar y financiar recursos militares que se puedan desplegar. Es muy fácil
hacer gestos simbólicos, pero un sistema de seguridad colectiv a eficaz, eficiente y
equitativo exige un compromiso real. 59
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IX. El uso de la fuerza: normas y directrices
183. Los autores de la Carta de las Naciones Unidas reconocieron que la fuerza
podía ser necesaria para "prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos
de agresión u otros quebrantamientos de la paz". La fuerza militar, utilizada legítima
y debidamente, es un componente esencial de cualquier sistema viable de seguridad
colectiva, ya sea que la definamos en el sentido estricto tradicional o en forma más
lata, como preferiríamos. Sin embargo, son pocas las cuestiones de política conte m-poránea
que susciten más dificultades o en las que haya más en juego que los prin -cipios
relativos al uso de la fuerza y su aplicación en cada caso.
 

184. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende en gran
medida de que haya aceptación y un concepto común en el mundo de cuándo es
legal y legítimo utilizar la fuerza. Si existe uno de estos elementos, pero no el otro,
el orden jurídico internacional siempre quedará debilitado y la seguridad del Estado
y del ser humano quedará expuesta a un riesgo mayor.
 

A. La cuestión de la legalidad
185. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente en el párrafo 4 del
Artículo 2 a los Estados Miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus
relaciones internacionales y autoriza únicamente dos excepciones: la legítima
defensa en virtud del Artículo 51 y las medidas de índole militar que autorice el
Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII (y por extensión las organizaciones
regionales en virtud del Capítulo VIII) en respuesta a "toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión".
 

186. Durante los 44 primeros años de las Naciones Unidas, los Estados Miembros
infringieron muchas veces estas normas y emplearon la fuerza militar literalmente
cientos de veces ante un Consejo de Seguridad paralizado que aprobaba muy pocas
resoluciones en virtud del Capítulo VII y en las cuales pocas veces el Artículo 51
servía de justificación verosímil. Desde que terminó la guerra fría, sin embargo, ha
crecido la aspiración de un sistema internacional que se rija por el imperio de la ley.
La idea de que la mejor forma de preservar la seguridad sea un equilibrio de poderes
o una superpotencia única, aunque esté animada de buenos motivos, cuenta con poca
aceptación internacional evidente.
 

187. Sin embargo, al tratar de aplicar el texto expreso de la Carta, se suscitan en la
práctica tres cuestiones particularmente difíciles: en primer lugar, la del Estado que
aduce el derecho a recurrir a la fuerza a título preventivo, en legítima defensa, en
atención a una amenaza que no es inminente; en segundo lugar, la del Estado que
parece estar planteando una amenaza externa, real o posible, a otros Estados o pue -blos
más allá de sus fronteras, pero no hay acuerdo en el Consejo de Seguridad
acerca de cómo reaccionar y, en tercer lugar, la de la amenaza de índole primordia l-mente
interna, para la propia población de un Estado.
 

1. El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y la legítima defensa
188. El texto de este artículo es restrictivo: "Ninguna disposición de esta Carta me -noscabará
el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso
de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el
Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y 60
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la seguridad internacionales". Sin embargo, según un principio de derecho intern a -cional
bien establecido, el Estado amenazado puede recurrir a la acción militar
sie mpre que la amenaza de agresión sea inminente, no haya otro medio de impedirla
y la acción sea proporcional. El problema se plantea cuando la amenaza no es inmi-nente
pero se puede aducir que es real como ocurriría, por ejemplo, con la adquis i-ción,
con un propósito presuntamente hostil, de la capacidad necesaria para fabricar
armas nucleares.
 

189. ¿Puede un Estado aducir en esas circunstancias, sin recurrir al Consejo
de Seguridad, el derecho de actuar anticipadamente en legítima defensa no sólo para
evitar una amenaza inminente o próxima sino también para prevenir una amenaza
que no sea inminente ni próxima? Quienes responden en la afirmativa aducen que el
daño que puede dimanar de algunas amenazas (terroristas con un arma nuclear, por
ejemplo) es tan grande que simplemente no se puede correr el riesgo de esperar has-ta
que la amenaza sea inminente y que ese daño puede ser menor (evitar un inte r-cambio
nuclear o la precipitación radiactiva como consecuencia de la destrucción de
un reactor) si se actúa antes.
 

190. La respuesta en pocas palabras es que si existen buenos argumentos para una
acción militar preventiva y buenas pruebas que los corroboren hay que presentarlos
al Consejo de Seguridad, que puede autorizar esa acción si decide hacerlo. Si el
Consejo de Seguridad decide no hacerlo, por definición habrá tiempo para estudiar
otras estrategias, entre ellas la persuasión, la negociación, la disuasión y la conten -ción,
antes de volver a la opción militar.
 

191. A quienes esa respuesta suscita impaciencia hay que decirles que, en un mundo
lleno de amenazas que se consideran posibles, el riesgo para el orden mundial y para
la norma de la no intervención en que sigue basándose simplemente es demasiado
grande como para aceptar la legitimidad de la acción preventiva unilateral, en con -traposición
a la aprobada colectivamente. Dejar que uno lo haga es dejar que lo
hagan todos.
 

192. No somos partidarios de modificar el texto ni la interpretación del Artículo 51.
 

2. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y las amenazas externas
193. En el caso de un Estado que represente una amenaza para otros Estados, para
poblaciones fuera de sus fronteras o más en general para el orden internacional, el
texto del Capítulo VII es en sí suficientemente amplio y ha sido interpretado con su-ficiente
latitud como para que el Consejo de Seguridad pueda aprobar todo tipo de
acción coercitiva, incluida la acción militar, contra un Estado cuando lo considere
"necesario para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales".
Así ocurre con prescindencia de que la amenaza tenga lugar en este momento, en un
futuro inminente o en un futuro más remoto, de que esté implicado el proceder
del propio Estado o el de agentes no estatales a los que dé amparo o apoyo o de que
revista la forma de un acto u omisió n, un acto real o potencial de violencia o sim-plemente
de un desafío a la autoridad del Consejo.
 

194. Queremos insistir en que las inquietudes que expresamos acerca de la legitimi-dad
y la utilización preventiva de la fuerza militar en el caso de legítima defensa en
virtud del Artículo 51 no son aplicables en el caso de la acción colectiva autorizada en
virtud del Capítulo VII. En el mundo del siglo XXI la comunidad internacional tiene
que preocuparse por visiones apocalípticas que aúnan terroristas, armas de destrucción 61
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masiva y Estados irresponsables, y mucho más, que puedan concebiblemente justificar
el uso de la fuerza no sólo como reacción sino también a título preventivo y antes de
que una amenaza latente cobre carácter inminente. No se trata de saber si se puede
tomar esa medida; si se puede y es el Consejo de Seguridad quien tiene que tomarla
como voz de la comunidad internacional en el ámbito de la seguridad colectiva y en
cualquier momento en que a su juicio haya una amenaza a la paz y la seguridad inter-nacionales.
El Consejo tal vez tenga que estar preparado en este contexto para adoptar
una actitud mucho más proactiva que lo que lo ha estado en el pasado y para adoptar
decisiones más resueltas antes.
 

195. Dejando de lado las cuestiones de legalidad, habrá cuestiones de prudencia o
legitimidad en cuanto a si se deberían adoptar medidas preventivas de esa índole
y entre ellas reviste importancia crucial la de si existen pruebas verosímiles del
carácter real de la amenaza (teniendo en cuenta tanto la capacidad co mo la intención
específica) y la de si la respuesta militar es la única razonable en las circunstancias.
Más adelante nos referiremos a estas cuestiones.
 

196. Bien puede ocurrir que algunos Estados consideren siempre que tienen la
capacidad y la obligación con sus propios ciudadanos de hacer lo que les parezca
necesario sin sujetarse a las restricciones que impone el proceso colectivo del Consejo
de Seguridad. Sin embargo, por comprensible que ello haya sido en la época de la
guerra fría, en que evidentemente las Naciones Unidas no estaban funcionando como
sistema eficaz de seguridad colectiva, el mundo ahora ha cambiado y las expectativas
respecto del cumplimiento del derecho son mucho mayores.
 

197. Una de las razones por las cuales los Estados quieran tal vez soslayar el Con -sejo
de Seguridad es la falta de confianza en la calidad y objetividad de su proceso
de adopción de decisiones. Las decisiones del Consejo muchas veces no han sido tan
uniformes y tan convincentes como debían y muchas veces no han tenido cabalmen -te
en cuenta necesidades de seguridad de los Estados y de los seres humanos que
eran muy reales. Sin embargo, la solución no consiste en reducir el Consejo a la im-potencia
y la intrascendencia; la solución consiste en trabajar desde adentro para re -formarlo,
incluso de la manera que proponemos en el presente informe.
 

198. El Consejo de Seguridad tiene plenas facultades en virtud del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas para hacer frente a las diversas amenazas a
la seguridad que preocupan a los Estados. La tarea no consiste en encontrar
alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de autoridad sino en hacer
que funcione mejor que hasta ahora.
 

3. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, las amenazas internas
y la obligación de proteger
 

199. La Carta de las Naciones Unidas no es tan clara como podría cuando se trata
de salvar vidas en situaciones de atrocidad masiva en un país. Reafirma "la fe en los
derechos fundamentales del hombre", pero no hace mucho para protegerlos y en el
párrafo 7 del A rtículo 2 prohíbe intervenir "en los asuntos que son esencialmente de
la jurisdicción interna de los Estados". Como consecuencia, durante mucho tiempo
ha habido un debate en la comunidad internacional entre quienes insisten en el
"derecho de intervenir" en catástrofes causadas por el hombre y quienes aducen que
el Consejo de Seguridad, por más que el Capítulo VII le confiera atribuciones para
"mantener o restablecer la seguridad internacional", no puede autorizar medidas
coercitivas contra Estados soberanos por lo que ocurra dentro de sus fronteras. 62
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200. Los Estados han acordado en la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en
tiempo de guerra, es un crimen de derecho internacional que se comprometen a pre -venir
y a sancionar. Se ha entendido desde entonces que el genocidio en cualquier
lugar representa una amenaza para la seguridad de todos y no puede ser tolerado. El
principio de la no intervención en los asuntos internos no puede utilizarse para pro -teger
actos genocidas o atrocidades de otra índole, como infracciones en gran escala
del derecho internacional humanitario o la depuración étnica en gran escala, que
bien pueden considerarse una amenaza para la seguridad internacional y, co mo tal,
dar lugar a que el Consejo de Seguridad tome medidas.
 

201. Los sucesivos desastres humanitarios que han tenido lugar en Somalia, Bosnia
y Herzegovina, Rwanda y Kosovo y ahora en Darfur (Sudán) han hecho que la aten -ción
se centre no en la inmunidad de los gobiernos soberanos sino en sus obligacio -nes,
tanto respecto de su propio pueblo como de la comunidad internacional en
general. Existe un reconocimiento cada vez mayor de que el problema no es el
"derecho de intervenir" de un Estado sino la "obligación de proteger" que tienen todos
los Estados cuando se trata de seres humanos que sufren una catástrofe que se puede
evitar, ya se trate de homicidios o violaciones en masa, de la depuración étnica me -diante
el terror y la expulsión por la fuerza, de matarlos deliberadamente de hambre
o de exponerlos a enfermedades. Está cada vez más aceptado por otra parte que si
bien incumbe a los gobiernos soberanos la responsabilidad primordial de proteger a
sus propios ciudadanos de catástrofes de esa índole, cuando no pueden o no quieren
hacerlo es la comunidad internacional en general la que debe asumir esa responsab i-lidad,
que comprende un proceso que va de la prevención y la respuesta a la viole n -cia
de ser necesaria a la reconstrucción de sociedades devastadas. Lo primordial de -be
ser ayudar a que se ponga término a la violencia, sea por conducto de la media -ción
o de otro mecanismo, y proteger a la población con medidas tales como el en -vío
de misiones humanitarias, de derechos humanos o de policía. La fuerza, si hay
que usarla, debe constituir un último recurso.
 

202. Hasta ahora el Consejo de Seguridad no ha sido ni muy sistemático ni muy
eficaz al hacer frente a esos casos y muchas veces ha actuado demasiado tarde o con
demasiada vacilación o no lo ha hecho para nada. Sin embargo, paso a paso el
Consejo, y la comunidad internacional en general, han llegado a aceptar que en virtud
del Capítulo VII, y en cumplimiento de la norma de una obligación internacional
colectiva de proteger, que se está imponiendo, siempre pueden autorizar una acción
militar para reparar una situación interna de enorme iniquidad si está dispuesto a de-clarar
que constituye "una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", lo que
no resulta particularmente difícil cuando se está vulnerando el derecho internacional.
 

203. Aprobamos la norma que se está imponiendo en el sentido de que existe
una responsabilidad internacional colectiva de proteger, que el Consejo de
Seguridad puede ejercer autorizando la intervención militar como último recurso
en caso de genocidio y otras matanzas en gran escala, de depuración étnica o de
graves infracciones del derecho internacional humanitario que un gobierno
soberano no haya podido o no haya querido prevenir.
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B. La cuestión de la legitimidad
204. La eficacia del sistema mundial de seguridad colectiva, al igual que la de cua l-quier
otro ordenamiento jurídico, depende en última instancia no sólo de la legali-dad
de las decisiones sino también de que haya una idea común de que son legítimas
y de que se adoptan sobre la base de pruebas sólidas y por buenas razones, tanto
morales como jurídicas.
 

205. Si el Consejo de Seguridad ha de ganarse el respeto con que debe contar en su
calidad de órgano primario del sistema de seguridad colectiva, es esencial que sus
decisiones más importantes e influyentes, las que surten efectos de vida o muerte en
gran escala, se adopten de mejor forma, estén mejor corroboradas y haya mejor
comunicación. En particular, al decidir si ha de autorizar o no el uso de la fuerza, el
Consejo debe aprobar y tener siste máticamente en cuenta una serie de directrices
convenidas que se refieran directamente ya no a si se puede usar legalmente la fuerza
sino a si se debe usarla por cuestiones de conciencia y sentido común.
 

206. Las directrices que proponemos no han de producir conclusiones convenidas
que se puedan predecir automáticamente. No se trata de que haya que aprobarlas
para garantizar que siempre se obtendrá el mejor resultado objetivo; se trata más
bien de aumentar al máximo la posibilidad de lograr consenso en el Consejo de
Seguridad acerca de si procede o no utilizar la acción coercitiva, incluida la fuerza
armada, de aumentar al máximo el apoyo internacional para lo que decida el Consejo
de Seguridad y de reducir al mínimo la posibilidad de que un Estado Miembro actúe
fuera del seno de éste.
 

207. El Consejo de Seguridad, al debatir si ha de autorizar o aprobar el uso de
la fuerza militar, debe tener siempre en cuenta, además de cualesquiera otras
consideraciones, por lo menos los cinco criterios básicos de legitimidad que se
indican a conti nuación:
 

a) Gravedad de la amenaza . La amenaza de daño a la seguridad del
Estado o del ser humano, ¿es de índole tal y es suficientemente clara y grave
como para justificar a primera vista el uso de la fuerza militar? En el caso de
las amenazas internas, reales o que se consideren inminentes, ¿entrañan
genocidio u otras matanzas en gran escala, actos de depuración étnica o
infracciones graves del derecho internacional humanitario?
 

b) Propósito correcto. ¿Queda de manifiesto que el objetivo primordial
de la acción militar que se propone consiste en poner fin a la amenaza o evitarla,
cualesquiera que sean los demás motivos o propósitos que estén en juego?
 

c) Último recurso. ¿Se han considerado todas las demás opciones no
militares para hacer frente a la amenaza y hay fundamentos razonables para
creer que no arrojarán resultados?
 

d) Proporcionalidad de los medios. La escala, la duración y la intensidad
de la acción militar que se propone ¿constituyen el mínimo necesario para hacer
frente a la amenaza?
 

e) Balance de las consecuencias. ¿Hay posibilidades razonables de que
la acción militar logre hacer desaparecer la amenaza sin que sus consecuencias
sean peores que las de no hacer nada?
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208. Las directrices para autorizar el uso de la fuerza que ant eceden deberían
quedar incorporadas en resoluciones declaratorias del Consejo de Seguridad y
de la Asamblea General
.
 

209. También creemos que sería útil que cada Estado Miembro, sea o no miembro
del Consejo de Seguridad, se adhiriera a ellas.
 

X. Capacidad para imponer y mantener la paz
210. Cuando el Consejo de Seguridad decide que hay que autorizar la fuerza, sub-sisten
interrogantes acerca de la capacidad de que dispone para llevarlo a la práctica.
En los últimos años la decisión de autorizar la fuerza militar a los efectos de impo -ner
la paz ha incumbido primordialmente a fuerzas multinacionales. Los "cascos
azules", personal de mantenimiento de la paz con uniforme de las Naciones Unidas
y bajo el mando directo de ésta, han sido desplegados con mayor frecuencia cuando
las partes en el conflicto han consentido en que se autorice una fuerza para ayudar a
poner en práctica un acuerdo de paz o para vigilar las líneas de cesación del fuego
después del conflicto.
 

211. El debate acerca de la capacidad necesario se ha visto confundido por la ten -dencia
a calificar las misiones de mantenimiento de la paz de "operaciones en virtud
del Capítulo VI" y las misiones de imposición de la paz de "operaciones en virtud
del Capítulo VII", lo que significa que tienen como base el consentimiento o la
coerción, respectivamente. También se suele recurrir a esta jerga para distinguir
entre las misiones que no entrañan la utilización de la fuerza para fines distintos de
la legítima defensa y las que sí la entrañan.
 

212. En cierta medida, ambas caracterizaciones inducen a error. Hay una distinción
entre las operaciones en que la utilización resuelta de la fuerza es esencial para la
misión desde el primer momento (por ejemplo, la reacción a una invasión a través
de la frontera o a un estallido de violen cia, caso en que la práctica actual ha consis-tido
en encomendar esa función a fuerzas multinacionales) y aquellas en que hay
una expectativa razonable de que la fuerza no sea necesaria (por ejemplo, aquellas
en que misiones tradicionales de mantenimiento de la paz supervisan y verifican una
cesación del fuego o ayudan a poner en práctica acuerdos de paz, para las cuales los
cascos azules siguen siendo la norma).
 

213. Sin embargo, los dos tipos de operaciones necesitan autorización del Consejo de
Seguridad (dejando de lado los casos de legítima defensa con arreglo al Artículo 51) y
en los casos de mantenimiento de la paz, al igual que en los de imposición de la paz,
la práctica habitual ahora es que se encomiende un mandato en virtud del Capítulo VII
(si bien los países que aportan contingentes no siempre lo ven con buenos ojos). Se
parte de la base de que incluso las circunstancias más benignas pueden deteriorarse,
porque aparecen facciones que quieren socavar un acuerdo de paz y exponen a los
civiles a un peligro, y de que es conveniente de que haya absoluta certeza acerca de
la capacidad de la misión para responder por la fuerza de ser necesario. Por otra pa r-te,
la diferencia de los mandatos en virtud del Capítulo VI y del Capítulo VII tal vez
sea exagerada; no cabe mayor duda de que las misiones de mantenimiento de la paz
que operan en virtud del Capítulo VI (sin facultades coercitivas) tienen el derecho
de usar la fuerza en legítima defensa y se entiende en general que ese derecho co m-prende
el de "defender la misión". 65
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214. El verdadero problema al desplegar fuerzas en cualquier configuración y con
cualquier función consiste en cerciorarse de que tengan a) un mandato adecuado,
claro y bien entendido, que se aplique a todos los cambios en las circunstancias que
quepa ra zonablemente prever y b) todos los recursos necesarios para desempeñar
ese mandato cabalmente.
 

215. La demanda de personal tanto para misiones de imposición como para misio -nes
de mantenimiento de la paz sigue siendo mayor que la oferta. A fines de 2004
había más de 60.000 efectivos de mantenimiento de la paz desplegados en 16 misio -nes
en todo el mundo. El número necesario pronto ha de aumentar significativamen -te
si prosiguen las gestiones internacionales para poner término a varias guerras de
larga data en África. De no haber un aumento proporcional del personal disponible, se
corre el riesgo de repetir algunos de los peores fracasos de las Naciones Unidas en
los años noventa respecto del mantenimiento de la paz.
 

216. En la actualidad, la oferta total de personal en el mundo se ve limitada tanto
por el hecho de que las fuerzas armadas de muchos países siguen estructuradas para
funciones de la guerra fría y menos del 10% de los uniformados pueden ser desple -gados
activamente en un momento determinado como por el de que pocos países
tienen capacidad logística y de transporte suficiente para trasladar y abastecer a los
que están disponibles. Para que el mantenimiento de la paz, y en casos extremos la
imposición de la paz, sigan siendo un instrumento efectivo y aceptado de seguridad
colectiva, debe haber más efectivos disponibles. Incumbe a los países desarrolla-dos
una responsabilidad especial en este caso y deberían hacer más para trans-formar
sus actuales fuerzas en contingentes aptos para operaciones de paz.
 

217. Una respuesta pronta y eficaz a los desafíos de nuestros días hace necesario
que exista una capacidad fiable de despliegue rápido de personal y equipo para fines
de mantenimiento de la paz y policía. Los Estados que tienen capacidad de transpo r-te
aéreo o marítimo en los planos mundial o regional deberían ponerla a disposición
de las Naciones Unidas, sin cargo o sobre la base de una tarifa negociada para el re -embolso
de los gastos adicionales que entrañe la utilización por las Naciones Un i-das.
 

218. Los Estados Miembros deberían apoyar resueltamente los intentos del
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría
de las Naciones Unidas, sobre la base de la importante labor realizada por el
Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (véase el documento
A/ 55/ 305-S/ 2000/ 809), de mejorar la forma en que utiliza las reservas estratégi-cas
para el despliegue, los dispositivos de reserva, los fondos fiduciarios y otros
mecanismos de manera de cumplir los plazos más estrictos que se necesitan para
un despliegue eficaz
.
 

219. En todo caso es poco probable que la demanda de una acción rápida se pueda
atender exclusivamente por conducto de mecanismos de las Naciones Unidas. Aco -gemos
con beneplácito la decisión de la Unión Europea de establecer batallones au -tosuficientes
en un avanzado estado de preparación que puedan reforzar misiones de
las Naciones Unidas. Habría que alentar a otros con capacidad militar avanzada
a que establecieran fuerzas similares de tamaño que llegue al de una brigada
y las pusieran a disposición de las Naciones Uni das.
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Cooperación regional
220. A partir de mediados de los años noventa la tendencia ha sido hacia diversas
misiones de mantenimiento de la paz con sede regional o subregional. Esta tenden -cia
es promisoria porque permitiría establecer una capacidad regional para enjugar
un déficit en el número de contingentes de mantenimiento de la paz y debería
aumentar, no reducir, la capacidad de las Naciones Unidas para responder cuando se
piden cascos azules. Ello plantea al Consejo de Segu ridad el desafío de trabajar en
estrecha colaboración con las organizaciones regionales para apoyarse recíproca -mente
en la labor de mantener la paz y cerciorarse de que las operaciones regionales
cumplan las normas de derechos humanos universalmente aceptadas. Nos referire -mos
a esta cuestión en la Parte IV del presente documento.
 

XI. Consolidación de la paz después del conflicto
A. La función del personal de mantenimiento de la paz
221. Muchas veces es necesario crear confianza entre ex adversarios y proporcionar
seguridad a la gente que trata de reconstruir su vida y sus comunidades después de
un conflicto. La mediación y la debida puesta en práctica de los acuerdos de paz
abren la esperanza de romper ciclos de violencia de larga data en muchos países
asolados por la guerra. Los recursos asignados a la puesta en práctica de acuerdos de
paz y a la consolidación de la paz son unas de las mejores inversiones que se puede
hacer para prevenir conflictos; los Estados que han pasado por una guerra civil
corren un alto riesgo de que se repita.
 

222. La tarea de poner en práctica acuerdos de paz para poner fin a guerras civiles
plantea dificultades especiales a los encargados de mantener la paz. A diferencia de
las guerras entre Estados, para establecer la paz en una guerra civil hay que resolver
enormes dilemas de seguridad. Las facciones que consideran que un acuerdo de paz
redunda en desmedro de sus intereses, su poder o su ideología recurren a la viole n -cia
para socavarlo o ponerle término. El mantenimiento de la paz fracasa cuando los
recursos no son suficientes y las estrategias no son adecuadas, como ocurrió reitera -damente
en los años noventa en Rwanda y Sierra Leona, por ejemplo. Cuando se
despliegan operaciones de mantenimiento de la paz para hacer cumplir acuerdos de
paz hay que dotarlas del equipo necesario para que puedan repeler ataques de las
facciones que se opongan a ellos. La planificación para imprevistos de manera de
reaccionar ante una oposición hostil debe formar parte integrante de la preparación
de la misión; las misiones que no tienen efectivos suficientes para resistirse a una
agresión son una invitación abierta para que ocurra. En algunos contextos, la opos i-ción
a un acuerdo de paz no es una cuestión táctica sino fundamental. Hay que
aprender la lección: los acuerdos de paz concertados por gobiernos o por rebeldes
que perpetran o instigan abusos masivos de los derechos humanos no sirven para
nada y no se pueden poner en práctica. Estos contextos no se prestan al manten i-miento
de la paz basado en el consentimiento y lo que requieren es una acción con -certada.
El Secretario General debería recomendar y el Consejo de Seguridad
autorizar efectivos suficientes para disuadir y reprimir a las facciones hostiles
. 67
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223. En la mayor parte de las situaciones de mantenim iento de la paz hay que des-empeñar
también funciones de policía y otras de orden público y el lento despliegue
de los contingentes de policía ha malogrado sucesivas operaciones. Las Naciones
Unidas deberían tener un pequeño contingente de altos administradores y ofi-ciales
de policía (50 a 100) que pudieran hacer evaluaciones de las misiones y
organizar el establecimiento de componentes de policía en operaciones de la paz
y las Naciones Unidas deberían autorizar estos contingentes.
 

B. La tarea más general de consolidación de la paz
224. El despliegue de medidas para imponer y mantener la paz puede ser esencial a
los efectos de poner término a los conflictos, pero no es suficiente para la recupera -ción
a largo plazo. Es indispensable prestar detenida atención al proceso a más largo
plazo de consolidación de la paz en todas sus múltiples dimensiones; si no se invie r-te
adecuadamente en la consolidación de la paz, mayores serán las posibilidades de
que un país vuelva a precipitarse en un conflicto.
 

225. En el período que precede al estallido de la guerra civil y en la transición que
le sigue, ni las Naciones Unidas ni la comunidad internacional en general, incluidas
las instituciones financieras internacionales, están bien organizadas para prestar
asistencia a los países que tratan de consolidar la paz. Cuando una operación de
mantenimiento de la paz sale de un país, el Consejo de Seguridad deja de prestarle
atención. Si bien el Consejo Económico y Social ha establecido varios comités es-peciales
para casos concretos, los resultados han sido dispares e incluso quienes
propician estos comités reconocen que no han logrado generar recursos esenciales
para ayudar en transiciones que son frágiles. Lo que se necesita es un órgano inter-gubernamental
único dedicado a la consolidación de la paz, facultado para ocuparse
atentamente de los países en situación de riesgo y seguir la marcha de la situación allí,
asegurar la acción concertada de donantes, organismos, programas e instituciones
financieros y movilizar recursos financieros para una paz sostenible. En la Parte IV
del presente documento nos referiremos a esta necesidad.
 

226. Igualmente, muchos elementos distintos del sistema de las Naciones Unidas y de
la comunidad internacional en general participan de alguna forma en la consolid a -ción
de la paz sobre el terreno, pero trabajan con demasiada lentitud y sin coordin a -ción
suficiente. Una coordinación efectiva reviste importancia crucial. En el centro de
esta labor deben encontrarse las autoridades nacionales, con el apoyo de una presencia
internacional y una presencia de las Naciones Unidas coherentes. El establecimiento
de sólidos mecanismos de coordinación sobre el terreno entre los donantes, con part i-cipación
de gobiernos, donantes bilaterales, instituciones financieras internacionales y
el coordinador de las Naciones Unidas (el representante especial del Secretario Gene -ral
o el coordinador residente) en representación de los fondos, programas y organis-mos
de las Naciones Unidas, ha demostrado su utilidad para una efectiva consolid a -ción
de la paz. Los representantes especiales deberían tener atribuciones y orien-tación
para trabajar con quien corresponda a fin de establecer mecanismos de
esa índole, así como los recursos para desempeñar eficazmente las funciones de
coordinación, entre ellas la de cerciorarse de que la secuencia de las actividades
de las Naciones Unidas y las evaluaciones que éstas efectúen sean compatibles con
las prioridades del gobierno.
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227. Habida cuenta de que cabe prever que en muchas operaciones de paz faltarán
recursos, la utilización eficiente de éstos cobra tanta más importancia. La desmov i-lización
de los combatientes es el factor más importante que determina el éxito de
las operaciones de paz. Sin ella, no es posible poner término a una guerra civil y son
pocas las posibilidades de alcanzar otros objetivos críticos, como la democratiza -ción,
la justicia y el desarrollo. Sin embargo, en muchos casos, quienes deciden el
destino de los fondos no asignan prioridad a la desmovilización. Cuando se desplie -gan
operaciones de paz hay que asignarles recursos para llevar a cabo la desmovili-zación
y el desarme de los combatientes, que reviste prioridad para poder imponer
la paz. Estas tareas deben estar incorporadas en el presupuesto de las operaciones
de mantenimiento de la paz, bajo la autoridad del jefe de la misión. El Consejo de
Seguridad debería disponer que se financiaran programas de desarme y de s-movilización
con cargo a los presupuestos prorrateados y la Asamblea General
debería autorizar estos fondos
.
 

228. En todo caso, estos programas no serán eficaces si no se proporcionan recursos
para fines de reinserción y rehabilitación. De no ponerse debidamente en práctica
programas de esa índole habrá desempleo entre los jóvenes y se avivarán la forma -ción
de pandillas delictivas y la vio lencia y, en última instancia, resurgirá el conflic -to.
Habría que establecer un fondo permanente para la consolidación de la paz,
de cuantía no inferior a 250 millones de dólares, que pueda utilizarse para fi-nanciar
los gastos periódicos de un gobierno rec ién instalado, así como pr o-gramas
esenciales de los organismos en materia de rehabilitación y reinserción.
 

229. La tarea central de la consolidación de la paz, además de implantar la seguri-dad,
consiste en establecer instituciones públicas eficaces que, mediant e negocia -ciones
con la sociedad civil, puedan establecer un marco de consenso para gobernar
en un Estado de derecho. Las inversiones de costo relativamente bajo en seguri-dad
civil, mediante la reforma policial, judicial y de las instituciones de derecho, en
formación de capacidad local para los derechos humanos y la reconciliación y en
formación de capacidad local para la prestación de servicios por el sector público
pueden a la larga ser muy provechosas para la consolidación de la paz. Habría que
tener en cuenta lo que antecede en las normas de las Naciones Unidas, las instit u -ciones
financieras internacionales y los donantes y habría que asignarle prioridad en
la política y la financiación a largo plazo.
 

230. Para hacer frente a esta tarea, los representantes de las Naciones Unidas sobre
el terreno (incluidos los jefes de las operaciones de mantenimiento de la paz), nece -sitan
apoyo concreto respecto de los aspectos más generales de la estrategia para la
consolidación de la paz, especialmente en el campo del Estado de derecho. El estable -cimiento
de una oficina de apoyo para la consolidación de la paz (véase la Parte IV
del presente documento) atendería esta necesidad.
 

XII. Protección de los civiles
231. En muchas guerras civiles los combatientes atacan con impunidad a civiles y
personal de organizaciones de socorro. Más allá de la violencia directa, el número
de muertes causadas por el hambre, la enfermedad y el colapso del sistema de salud
pública superan con mucho a las causadas por balas y bombas. Millones más tienen
que desplazarse dentro del país o a través de las fronteras. Los abusos de los dere -chos
humanos y la violencia de género están a la orden del día. 69
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232. Según el derecho internacional, la responsabilidad primordial de proteger a los
civiles para que no sufran en la guerra recae sobre los beligerantes, sean o no
Estados. El derecho internacional humanitario proporciona un mínimo de protección
y normas mínimas aplicables a quienes son más vulnerables en situaciones de
conflicto armado, entre ellos las mujeres, los niños y los refugiados, y es preciso
respetarlo.
 

233. Todos los combatientes deben cumplir lo dispuesto en los Convenios de
Ginebra. Todos los Estados Miembros deberían firmar y ratificar todos los tr a-tados
relativos a la protección de civiles, como la Convención sobre el Genocidi o,
los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
y todas las convenciones sobre los refugiados, y actuar de conformidad con lo
dispuesto en ellos
.
 

234. La asistencia humanitaria es un instrumento esencial para ayudar a los gobier-nos
a cumplir esta obligación. Su propósito fundamental consiste en proteger a
las víctimas civiles, minimizar su sufrimiento y hacerlos sobrevivir al conflicto para
que, cuando termine, puedan reconstruir su vida. El suministro de asistencia forma
parte necesaria de esta labor. Los donantes deben financiar íntegramente y en forma
equitativa las operaciones de asistencia y protección humanit aria.
 

235. El Secretario General, tomando en parte como base la labor realizada por el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la resuelta labor de
promoción hecha por organizaciones no gubernamentales, ha preparado una plata -forma
de acción de diez puntos para la protección de los civiles en conflictos armados.
Los Estados, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones intern a -cionales
deberían tener en cuenta esa plataforma en su acción para proteger a los
civiles en conflictos armados.
 

236. Habría que prestar especial atención a la cuestión del acceso a los civiles, por
lo general y a veces abiertamente denegado. El personal humanitario de las Naciones
Unidas sobre el terreno y los representantes de misiones de mantenimiento de la paz
y de misiones políticas de las Naciones Unidas deberían recibir capacitación ade -cuada
y estar bien respaldados para negociar tal acceso. Esa labor exige también
una mejor coordinación de las iniciativas bilaterales. Las Naciones Unidas pueden
recurrir a misiones sobre el terreno y otras medidas diplomáticas para lograr un mayor
acceso a los civiles y protegerlos mejor.
 

237. Las transgresiones particularmente atroces, como las que tienen lugar cuando
grupos armados militarizan campamentos de refugiados, requieren una respuesta
enfática de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad actuando en
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El Secretario General, si
bien ha reconocido que esa militarización es una amenaza a la paz y la seguridad, no
ha establecido la capacidad necesaria ni demostrado voluntad para hacer frente al
problema. El Consejo de Seguridad debería aplicar cabalmente la resolución
1265 (1999), relativa a la protección de los civiles en los conflictos armados.
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238. Suscita particular inquietud la violencia sexual como arma en los conflictos.
Habría que conferir a los componentes de derechos humanos de las operaciones de
mantenimiento de la paz mandatos expresos y darles recursos suficientes para inves-tigar
y denunciar las transgresiones de derechos humanos contra la mujer. En la re -solución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad, relativa a la mujer, la paz y la segu -ridad,
y en la evaluación conexa de los expertos independientes figuran impo rtantes
recomendaciones adicionales en cuanto a la protección de la mujer. El Consejo de
Seguridad, los organismos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros de-berían
poner plenamente en práctica esas recomendaciones.
 

La seguridad del personal de las Naciones Unidas
239. La capacidad de las Naciones Unidas para proteger a los civiles y ayudar a
poner término a un conflicto guarda relación directa con la seguridad de su personal,
que ha ido en descenso desde mediados de los años noventa. Las Naciones Unidas,
para poder mantener una presencia y funcionar eficazmente y en condiciones de
seguridad, necesitan cuatro cosas: la capacidad para desempeñar cabalmente las tareas
que les han sido encomendadas; el derecho de que los Estados Miembros no se injie -ran
injustificadamente en las operaciones; el pleno respeto por el personal de las
normas de imparcialidad de las Naciones Unidas y un servicio profesional de segu -ridad
que tenga acceso a la evaluación de amenazas y a información confidencial y
en poder de Estados Miembros. El Secretario General ha recomendado que se esta-blezca
un servicio de esa índole, encabezado por un director que le es tará directa -mente
subordinado. Los Estados Miembros deberían apoyar y financiar plena-mente
la Dirección de Seguridad que se ha propuesto y asignar alta prioridad a
la tarea de ayudar al Secretario General a poner en práctica para 2005 un nuevo
sistema de seguridad del pe rsonal.
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Parte IV Unas Naciones Unidas más eficaces para el siglo XXI
 

Resumen
Nunca se pensó en las Naciones Unidas como algo utópico sino como un siste -ma
de seguridad colectiva que funcionara. La Carta de las Naciones Unidas confirió
a los Estados más poderosos la condición de miembro permanente del Consejo de
Seguridad y el veto. A cambio, se esperaba que utilizasen su poder en pro del bien
común y promovieran y acataran el derecho internacional. Como dijo Harry Truman,
a la sazón Presidente de los Estados Unidos, en su discurso ante la última sesión plena-ria
de la conferencia en que se estableció la Organización, "todos tenemos que rec o-nocer,
por poderosos que seamos, que debemos renunciar a hacer siempre lo que se
nos antoje".
 

Al plantearse la cuestión de la reforma de las Naciones Unidas, es tan impo r-tante
hoy como lo era en 1945 llegar a un equilibrio entre el poder y los principios.
Las recomendaciones que desestimen una realidad básica de poder estarán conden a-das
al fracaso o al olvido, pero las que simplemente consignen la distribución del p o-der
sin más y no traten de promover los principios internacionales probablemente no
han de contar con la amplia adhesión que se necesita para un cambio de conducta en
el plano internacional.
 

Los cambios que se propongan deberían obedecer a necesidades del mundo
real. Cambiar por cambiar significaría volver a caer en los eternos debates de
reforma en el último decenio. El criterio definitorio es si el cambio propuesto ayuda
o no a resolver el problema planteado por una amenaza virulenta.
 

Durante todo el curso de nuestros trabajos hemos tratado de determinar las de -ficiencias
institucionales en la forma en que se reacciona actualmente a una amenaza.
Las que se indican a continuación son las que hay que subsanar con mayor urgen cia:
 

° La Asamblea General ha perdido vitalidad y muchas veces no centra eficazmen -te
su atención en los problemas más apremiantes del momento.
 

° El Consejo de Seguridad tendrá que ser más proactivo en el futuro. Para ello,
quienes más contribuyen a la Organización financiera, militar y diplomática -mente
deben participar más en su proceso de adopción de decisiones y quienes
participan en este proceso deben aportar más a la Organización. El Consejo de
Seguridad, para hacer todo lo que esperamos de él, necesita mayor credibilidad,
legitimidad y carácter representativo.
 

° Existe una importante laguna institucional en la labor de prestar asistencia a los
países en situación difícil y a los que salen de un conflicto, a los que se suele
prestar poca atención, impartir poca orientación normativa y aportar pocos
recursos.
 

° El Consejo de Seguridad no ha aprovechado al máximo las posibles ventajas de
la cooperación con organizaciones regionales y subregionales.
 

° Hay que establecer nuevos mecanismos institucionales para hacer frente a las
amenazas económicas y sociales a la seguridad internacional. 72
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° La Comisión de Derechos Humanos adolece de un déficit de legitimidad que
arroja dudas sobre la reputación general de las Naciones Unidas.
 

° Se necesitaría una Secretaría más profesional, mejor organizada y con mucha
mayor capacidad para la acción concertada.
 

Las reformas que proponemos no harán por sí mismas más eficaces a las
Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no estarán a la altura de las expectativas si
los Estados Miembros no llegan a un acuerdo sobre los elementos de seguridad
enunciados en el presente informe. Las instituciones no pueden ser más fuertes que
la energía, los recursos y la atención que les dediquen los Estados Miembros y sus
dirigentes.
 

XIII. La Asamblea General
240. La Asamblea General es, en primer lugar y primordialmente, un órgano unive r-sal
que representa prácticamente a todos los Estados del mundo. Hay que aprovechar
su legitimidad singular para hacernos avanzar hacia un consenso mundial sobre las
cuestiones de política de mayor trascendencia contemporánea. Nunca se insistirá
demasiado en la importancia de que haya cada año un debate general en que cada
gobierno exprese su opinión, pues se trata de una oportunidad fundamental para
tomar el pulso de la comunidad internacional. La Asamblea General constituye un
foro de importancia singular para formar consenso. Los miembros deberían apr o-vechar
la oportunidad que ofrece la Cumbre para el examen de los objetivos
del Milenio en 2005 a fin de formar un nuevo consenso sobre una seguridad
colectiva más amplia y eficaz
.
 

241. Concentración y estructura son los elementos esenciales para reforzar el papel
de la Asamblea General. Sus facultades normativas se pierden muchas veces en de -bates
sobre minucias o sobre temas que han quedado a la zaga de lo que ocurre en el
mundo de verdad. La incapacidad de cerrar definitivamente un tema redunda en
desmedro de su importancia. Un programa estático e inmanejable causa debates
re petitivos. Si bien algunas resoluciones, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y la Declaración del Milenio de 2000, revisten gran importancia,
muchas otras son reiterativas, confusas e inaplicables y ello resta credibilidad a la
Asamblea. En todo caso, los cambios de procedimiento, por detallados que sean, no
han de hacer de la Asamblea un instrumento más eficaz de lo que es hoy; ello ún i-camente
ocurrirá si sus miembros demuestran en forma sostenida que están decididos
a dejar atrás la forma en que han actuado hasta ahora.
 

242. Los Estados Miembros deberían redoblar sus esfuerzos para que la Asam-blea
General pudiera desempeñar su función de principal órgano deliberativo
de las Naciones Unidas. Para ello es necesario reducir y conceptualizar mejor
su programa, que debe reflejar los problemas contemporáneos a que hace fre n-te
la comunidad internacional. Mediante comisiones de menor tamaño y con un
programa más preciso se podrían afinar y mejorar las resoluciones presentadas
al pleno de la Asamblea.
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243. A nuestro juicio, la sociedad civil y las organizaciones internacionales pueden
aportar útiles puntos de vista y conocimientos sobre cuestiones mundiales. Hacemos
nuestra la recomendación formulada en el informe del Grupo de personas emi-nentes
encargado de examinar la relación entre las Naciones Unidas y la socie-dad
civil recientemente publicado (véase el documento A/ 58/ 817), de que la
Asamblea General establezca un mecanismo mejor para que pueda haber rel a-ciones
sistemáticas con las organizaciones de la sociedad civil.
 

XIV. El Consejo de Seguridad
244. Los fundadores de las Naciones Unidas confirieron al Consejo de Seguridad la
responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y la seguridad intern a -cionales.
El Consejo de Seguridad fue diseñado de manera que el órgano mundial
pudiera actuar en forma resuelta para prevenir y eliminar amenazas. Fue creado para
ser un órgano responsable, no simplemente representativo, que pudiera pasar decid i-damente
a la acción. Al conferir a los cinco miembros permanentes el derecho de
veto también se esperaba que asumieran una carga adicional en la promoción de la
seguridad mundial. En el Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas se establecía
que la composición del Consejo en general guardaba una relación expresa no sólo
con el equilibrio geográfico sino también con la contribución al mantenimiento de la
paz y la seguridad.
 

245. Desde que se estableció el Consejo, las amenazas y los desafíos a la paz y la
seguridad internacionales han cambiado y también lo ha hecho la distribución del
poder entre los miembros. Sin embargo, el Consejo de Seguridad ha reaccionado
con lentitud. Las decisiones no pueden ser puestas en práctica exclusivamente por
sus miembros, sino que requieren una amplia participación de otros Estados en los
ámbitos militar, financiero y político. Las decisiones adoptadas y los mandatos en -comendados
muchas veces han carecido de los componentes esenciales de realismo,
recursos suficientes y determinación política de llevarlos a cabo. El Secretario
General muchas veces tiene que ir implorando que se cumplan decisiones del Co n -sejo
de Seguridad. Además, el hecho de que sean pocos los miembros de la Organ i-zación
representados en el Consejo reduce el apoyo a las decisiones de éste.
 

246. Desde fines de la guerra fría la eficacia del Consejo ha aumentado y está tam-bién
más dispuesto a actuar, pero no siempre lo ha hecho en forma equitativa ni lo
ha hecho sistemática o eficazmente frente al genocidio u otras atrocidades y ello ha
redundado en grave desmedro de su credibilidad. Las contribuciones financieras y
militares que aportan a las Naciones Unidas algunos de los cinco miembros perma -nentes
del Consejo son modestas en comparación con su condición especial
y muchas veces los miembros no permanentes no han podido aportar la contribución
necesaria a la labor de la Organización que preveía la Carta. Incluso sin neces i-dad
de recurrir a un veto oficial, la posibilidad que tienen los cinco miembros pe r-manentes
de excluir del orden del día del Consejo de Seguridad cuestiones funda -mentales
de paz y seguridad ha reducido aún más la confianza en la labor de este
órgano.
 

247. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado también que el Consejo de
Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas más capaz de organizar una acción y
reaccionar con rapidez ante nuevas amenazas. 74
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248. Así, el problema en cualquier reforma consiste en hacer al Consejo de Seguri-dad
a la vez más eficaz y más digno de crédito, y, lo que es más importante, hacer
que esté en mejores condiciones para actuar ante una amenaza y más dispuesto a
ello. Para estos efectos es necesario que quienes más contribuyen participen más en
el proceso de adopción de decisiones en el Consejo; que quienes tienen atribuciones
especiales en la adopción de decisiones aporten mayores contribuciones y que haya
más consultas con quienes han de poner en práctica las decisiones del Consejo. Se
necesita también un firme consenso sobre la índole de las amenazas del mundo de
hoy, sobre las obligaciones que impone una seguridad colectiva más amplia, sobre la
necesidad de prevenir y sobre cuándo y por qué el Consejo ha de autorizar el uso de
la fuerza.
 

249. A nuestro juicio, las reformas del Consejo de Seguridad deberían cumplir
los principios siguientes
:
 

a) En cumplimiento del Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas
deberían dar mayor participación en el proceso de adopción de decisiones a
quienes más contribuyen a las Naciones Unidas desde el punto de vista fina n-ciero,
militar o diplomático, especialmente en cuanto a las cuotas para el pres u-puesto
prorrateado de las Naciones Unidas, la participación en operaciones de
paz, las aportaciones a actividades voluntarias de las Naciones Unidas en mate-ria
de seguridad y desarrollo y a las actividades diplomáticas en apoyo de los
objetivos y mandatos de las Naciones Unidas. El hecho de alcanzar la meta in-ternacionalmente
convenida de asignar el 0,7% del producto nacional bruto a
la asistencia oficial para el desarrollo o de avanzar considerablemente hacia esa
meta debe considerarse un criterio importante en cuanto a la aportación;
 

b) El Consejo debe incorporar en el proceso de adopción de decisiones a
países que sean más representativos de la composición general de la Organiz a-ción,
especialmente del mundo en desarrollo;
 

c) Las reformas no deberían redundar en desmedro de la eficacia del
Consejo de Seguridad; y
 

d) Las reformas deberían hacer del Consejo un órgano más democrático
y que rindiera mayor cuenta de su actuación.
 

250. El Grupo considera que en estos momentos es necesario tomar la decisión
de ampliar el Consejo cumpliendo al mismo tiempo estos criterios. La presenta-ción
de dos opciones claramente definidas, llamadas modelos A y B, debería
servir para aclarar, y tal vez resolver, un debate en el que se ha avanzado poco
en los doce últimos años
.
 

251. En los dos modelos, A y B, se distribuyen los puestos entre cuatro grandes
regiones que denominamos respectivamente "África", "Asia y el Pacífico",
"Europa" y "América". Estas denominaciones nos parecen útiles para tomar y
aplicar decisiones acerca de la composición del Consejo de Seguridad, pero no
recomendamos cambiar la composición de los grupos regionales actuales para
elecciones generales o para otros fines de las Naciones Unidas. Algunos mie m-bros
del Grupo, particularmente de países latinoamericanos, expresaron que
preferían que la distribución de los puestos estuviese basada en los grupos
regionales actuales.
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252. Según el modelo A habría seis nuevos puestos permanentes, no habría
nuevos derechos de veto y habría tres nuevos puestos no permanentes de dos
años de duración, divididos entre las grandes regiones según se indica a
continuación:
 

Región Número de Estados
Puestos permanentes
(que se
mantienen)
 

Nuevos puestos permanentes
(que se
proponen)
 

Puestos con un mandato
de dos años (no renovable)
que se proponen Total
 

África 53 0 2 4 6
Asia y el Pacífico 56 1 2 3 6
Europa 47 3 1 2 6
América 35 1 1 4 6
 

Total modelo A 191 5 6 13 24
 

253. Según el modelo B no habría nuevos puestos permanentes pero se crearía
una nueva categoría de ocho puestos con un mandato re novable de cuatro años
y un nuevo puesto no permanente con un mandato de dos años (no renovable),
divididos entre las grandes regiones según se indica a continuación:
 

Región Número de Estados
Puestos permanentes
(que se
mantienen)
 

Puestos con un mandato
renovable de cuatro años que
se proponen
 

Puestos con un mandato
de dos años (no renovable)
que se proponen Total
 

África 53 0 2 4 6
Asia y el Pacífico 56 1 2 3 6
Europa 47 3 2 1 6
América 35 1 2 3 6
 

Total modelo B 191 5 8 11 24
 

254. En los dos modelos, teniendo en cuenta el Artículo 23 de la Carta de las
Naciones Unidas, un método para alentar a los Estados a contribuir más a
la paz y la seguridad internacionales consistiría en que la Asamblea General,
teniendo en cuenta las prácticas establecidas de consulta regional, eligiera a los
miembros del Consejo de Seguridad dando preferencia en los puestos perma-nentes
o de mayor duración a los Estados que se cuenten entre los tres primeros
en la aportación de contribuciones financieras al presupuesto or dinario en la
región a que pertenezcan o se cuenten entre los tres mayores contribuyentes vo-luntarios
o contribuyentes de efectivos en su región a misiones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
 

255. La firme opinión del Grupo fue que ninguna modificación en la composición
del Consejo de Seguridad debía considerarse permanente o inimpugnable en el futuro.
Por lo tanto, habría que revisar la composición del Consejo de Seguridad en 2020
y, en ese contexto, revisar las contribuciones (definidas en el párrafo 249
supra )
de los miembros permanentes y los no permanentes desde el punto de vista de la
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eficacia del Consejo en la adopción de medidas colectivas para prevenir y elimi-nar
amenazas nuevas o ya existentes a la paz y la seguridad internacionales.
 

256. En ninguno de los dos modelos se amplía el veto ni se modifican las atribucio -nes
que tiene el Consejo de Seguridad según la Carta. Reconocemos que cabía al ve -to
la importante función de dar seguridades a los miembros más poderosos de las
Naciones Unidas de que sus intereses quedarían protegidos. No vemos forma prácti-ca
alguna de cambiar el veto que tienen algunos miembros. Sin embargo, en general
la institución del veto es anacrónica, lo que no es adecuado para la institución en
una era de democracia cada vez mayor e instaríamos a que únicamente se utilizara
en cuestiones en que realmente estuviesen en juego intereses vitales. Pedimos ta m-bién
a los miembros permanentes que, a título individual, se comprometan a abste -nerse
de utilizar el veto en casos de genocidio y abusos en gran escala de los dere -chos
humanos. Recomendamos que en ninguna propuesta de reforma se prevea
una ampliación del veto.
 

257. Proponemos que se instituya un sistema de "voto indicativo" en virtud
del cual los miembros del Consejo de Seguridad podrían pedir una indicación
pública de las posturas respecto de una decisión que se propusiera.
En este sistema
los votos en contra no tendrían un efecto de veto ni el resultado final tendría fuerza
alguna. La segunda votación oficial respecto de cualquier resolución tendría lugar
con arreglo a los procedimientos vigentes en el Consejo. A nuestro juicio, ello haría
que el veto se utilizara en forma más responsable.
 

258. En los últimos años y a título extraoficial se han introducido muchas mejoras
en la transparencia y la rendición de cuentas en los procedimientos deliberativos y
de adopción de decisiones del Consejo de Seguridad. Recordamos también al Co n -sejo
que, con arreglo al Artículo 44 de la Carta, los países que aportan contingentes
tienen el derecho de ser plenamente consultados en relación con el despliegue de
efectivos para operaciones establecidas por el Consejo. Recomendamos que en el
reglamento del Consejo se incorporen y formalicen procesos para mejorar la
transparencia y la rendición de cuentas
.
 

259. Numerosas delegaciones ante el Consejo de Seguridad no tienen acceso a as e -soramiento
militar profesional y, sin embargo, muchas veces tienen que adoptar de -cisiones
con consecuencias militares de vasto alcance. Por lo tanto, recomendamos
que el Asesor Militar del Secretario General y su personal inmediato estén dispon i-bles
para impartir, cuando lo pida el Consejo de Seguridad, asesoramiento técnico y
pro fesional sobre opciones militares.
 

260. Observamos con satisfacción la mayor participación de la sociedad civil en la
labor del Consejo de Seguridad.
 

XV. Comisión para la Consolidación de la Paz
261. Nuestro análisis ha puesto de manifiesto una laguna institucional básica: no
hay un componente del sistema de las Naciones Unidas expresamente destinado a
evitar el colapso de un Estado y que éste se precipite hacia la guerra ni para prestar
asistencia en los países en su transición de la guerra a la paz. No cabe sorprenderse
de que ello no se haya tenido en cuenta en la Carta de las Naciones Unidas ya que la
labor de las Naciones Unidas en conflictos en gran medida internos es relativamente
reciente. Sin embargo, en una era en que docenas de Estados están en situación difícil 77
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o se recuperan de un conflicto existe una clara obligación internacional de ayudar a
los Estados a incrementar su capacidad para desempeñar sus funciones soberanas en
forma efectiva y responsable.
 

262. La función singular que cabe a las Naciones Unidas en esta materia dimana de
su legitimidad internacional, la imparcialidad de su personal, su capacidad para
atraer personal con una amplia comprensión cultural y con experiencia en una gran
variedad de sistemas administrativos, incluso en el mundo en desarrollo, y su recie n -te
experiencia en la organización de operaciones de administración de transición y
autoridad de transición.
 

263. Debe ser prioritario para la Organización incrementar su capacidad para la
consolidación de la paz en su sentido más amplio. Las Naciones Unidas tienen que
estar en condiciones de actuar de manera coherente y eficaz en un proceso continuo
que comienza en la alerta temprana, pasa por la acción preventiva y llega a la conso -lidación
de la paz después del conflicto. Recomendamos que el Consejo de Se-guridad,
actuando en virtud del Artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas y
previa consul ta con el Consejo Económico y Social, establezca una Comisión
para la Consolidación de la Paz.
 

264. Las funciones básicas de la Comisión para la Consolidación de la Paz de-berían
consistir en constatar qué países se encuentran en graves dificultades y
corren el riesgo de un colapso, organizar, en forma proactiva y en asociación
con el gobierno del país, la asistencia para impedir que el proceso avance más,
ayudar en la planificación para la transición entre el conflicto y la consolida-ción
de la paz después del conflicto y, en particular, coordinar y mantener la
labor de la comunidad internacional en la consolidación de la paz después del
conflicto durante el período que sea neces ario.
 

265. Si bien habrá que establecer con precisión la composición y los procedimien -tos
de la Comisión para la Consolidación de la Paz y a quien estará subordinada, se
deberían tener en cuenta las directrices siguientes:
 

a) La Comisión para la Consolidación de la Paz debería tener un número
razonablemente reducido de miembros
;
 

b) Debería reunirse en distintas configuraciones para examinar cuesti o-nes
generales de política y estrategias en cada país;
 

c) Debería ser presidida durante por lo menos un año y tal vez más por
un miembro aprobado por el Consejo de Seguridad;
 

d) Además de representantes del Consejo de Seguridad, debería incluir
representantes del Consejo Económico y Social;
 

e) Habría que invitar a que asistieran representantes del país cuya
situación se estuviese examinando;
 

f) El Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, el Preside n-te
del Banco Mundial y, cuando procediera, los jefes de los bancos regionales
de desarrollo deberían hacerse representar en las reuniones de la Comisión
mediante altos funcionarios de categoría adecuada;
 

g) Habría que invitar a participar en sus deliberaciones a representan-tes
de los principales países donantes y, cuando procediera, de los principales
países que aportan contingentes;
78
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h) Habría que invitar a participar en sus deliberaciones a representan-tes
de organizaciones regionales y subregi onales cuando éstas tuvieran partici-pación
activa en el país de que se tratase.
 

Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz
266. Habría que establecer en la Secretaría una Oficina de Apoyo para la Con-solidación
de la Paz a fin de que proporcionase a la Comisión apoyo de secreta-ría
adecuado y de asegurar que el Secretario General pueda integrar estrate-gias
y normas para el mantenimiento de la paz en todo el sistema, establecer
prácticas recomendadas y proporcionar un apoyo cohesivo para las operaciones
sobre el terreno.
 

267. La Oficina debería constar de unos veinte o más funcionarios procedentes
de distintas entidades del sistema de las Naciones Unidas y con gran experiencia en
operaciones y estrategia de consolidación de la paz. La Oficina, además de prestar
apoyo al Secretario General y a la Comisión para la Consolidación de la Paz, ta m-bién
podría, previa solicitud, impartir asistencia y asesoramiento a los jefes de ope -raciones
de paz, coordinadores residentes de las Naciones Unidas o gobiernos a los
efectos, por ejemplo, de formular estrategias para mecanismos políticos de trans i-ción
o establecer nuevas instituciones estatales. La Oficina debería presentar dos
veces al año a la Comisión para la Consolidación de la Paz análisis de alerta te m-prana
que le sirv ieran para organizar sus trabajos.
 

268. La Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz debería además confe c -cionar
listas de expertos nacionales e internacionales, particularmente con experie n -cia
en situaciones posteriores a conflictos.
 

269. La Oficina debería tener una junta consultiva interinstitucional, dirigida por el
Presidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que asegurara que
la Oficina cooperara efectivamente con otros elementos del sistema que prestan
apoyo en la materia.
 

XVI. Las organizaciones regionales
270. El Consejo de Seguridad quedará en mejores condiciones de actuar en forma
más proactiva para prevenir amenazas y reaccionar ante ellas si se utilizan las dispo -siciones
del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas en fo rma más cabal y
productiva que hasta aho ra.
 

271. Desde que se fundaron las Naciones Unidas se ha establecido un número con -siderable
de agrupaciones regionales y subregionales. Algunas de ellas han aportado
importantes contribuciones a la estabilidad y prosperidad de sus miembros y algunas
han comenzado a hacer frente en forma directa a amenazas a la paz y la seguridad
internacionales. Creemos que las Naciones Unidas deberían alentar el establec i-miento
de agrupaciones de esa índole, especialmente en partes sumamente vulnera -bles
del mundo en que no existen actualmente organizaciones de seguridad efic aces.
 

272. La experiencia reciente ha demostrado que las organizaciones regionales pueden
constituir parte esencial del sistema multilateral. Su labor no tiene por qué ser inco m-patible
con la de las Naciones Unidas ni tienen que absolver a las Naciones Unidas 79
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de su responsabilidad primordial por la paz y la seguridad. La clave consiste en or-ganizar
la acción regional en el marco de la Carta y de los propósitos de las Naciones
Unidas y en asegurarse de que las Naciones Unidas y cualquier organización regio -nal
con que colaboren trabajen en forma más integrada que hasta ahora. Los requis i-tos
para ello son los siguientes:
 

a) En todos los casos habría que recabar autorización del Consejo de
Seguridad para operaciones regionales de paz
, reconociendo que en algunas
situaciones urgentes tal vez haya que hacerlo una vez comenzadas las operaciones;
 

b) La consulta y la cooperación entre las Naciones Unidas y las organi-zaciones
regionales deberían ampliarse y podrían formalizarse en un acuerdo
que se refiriera a cuestiones tales como reuniones de los jefes de las organiz a-ciones,
intercambio de información más frecuente y alerta temprana, capacita-ción
conjunta al personal civil y militar e intercambio de personal en operacio-nes
de paz;
 

c) En el caso de las organizaciones regionales y subregionales de África,
los países donantes deberían comprometerse a prestar apoyo sostenido para la
formación de capacidad en un proceso de diez años de dur ación y dentro del
marco estratégico de la Unión Africana;
 

d) Las organizaciones regionales con capacidad en materia de preve n-ción
de conflictos o mantenimiento de la paz deberían incorporarla en el marco
del sistema de dispositivos de reserva de las Naciones Unidas
;
 

e) Los Estados Miembros deberían convenir en permitir que las Nacio-nes
Unidas proporcionaran a las operaciones regionales equipo de propiedad de
las Naciones Unidas según las necesidades;
 

f) Habría que modificar las normas relativas a los pr esupuestos de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a fin de dar a éstas la posibi-lidad
de financiar con cargo a contribuciones prorrateadas según el caso opera-ciones
regionales autorizadas por el Consejo de Seguri dad.
 

273. En los últimos años, alianzas tales como la Organización del Tratado del
Atlántico del Norte (que habitualmente no se han considerado organizaciones regio -nales
en el sentido del Capítulo VIII de la Carta pero tienen algunas características
similares ) han realizado operaciones de mantenimiento de la paz fuera de las regiones
de su competencia. Ello nos parece bien mientras las operaciones estén autorizadas
por el Consejo de Seguridad y se rinda cuentas de ellas al Consejo de Seguridad.
También podría caber a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte una
constructiva función de asistencia para adiestrar y equipar a Estados y organizacio -nes
regionales con menores recursos.
 

XVII. El Consejo Económico y Social
274. Los autores de la Carta de las Naciones Unidas entendían que la paz y la segu -ridad
eran inseparables del desarrollo económico. El problema institucional a que
hacemos frente tiene dos caras: en primer lugar, hace mucho tiempo que la adopción
de decisiones sobre cuestiones económicas internacionales, particularmente en los
campos de la financiación y el comercio, ha salido del ámbito de las Naciones Unidas
y no ha de volver por mucha reforma institucional que se introduzca y, en segundo 80
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lugar, la Carta autorizaba la creación de organismos especializados independientes
de los órganos principales de las Naciones Unidas, con lo que el Consejo Económico
y Social quedaba reducido a una función de coordinación. La fragmentación de los
fondos, los programas y los organismos de las Naciones Unidas hacen de la coord i-nación
una tarea difícil en las mejores circunstancias. Sin embargo, no sería realista
tratar de que el Consejo Económico y Social se convirtiera en el centro del proceso
de adopción de decisiones sobre cuestiones de comercio y finanzas en el mundo ni
dirigiera los programas de los organismos especializados o las instituciones finan -cieras internacionales.
 

275. Sin embargo, las Naciones Unidas tienen posibles ventajas en cuestiones de
desarrollo económico y social. En primer lugar, son el único lugar en que se pueden
tratar de resolver simultáneamente a nivel mundial cuestiones de paz, seguridad y
desarrollo. En segundo lugar, tienen un poder de convocatoria sin parangón, sobre la
base del cual la Asamblea General y las grandes conferencias y reuniones en la cu m-bre
celebra das en los tres últimos decenios han generado consenso en torno a objet i-vos
internacionalmente aceptados, especialmente en el campo social. En tercer lugar,
la comunidad apoya sus objetivos y pueden así movilizar a la opinión pública en su
favor. Hay tres estrategias que pueden servir para que el Consejo Económico y
Social cobra mayor pertinencia y aporte una mayor contribución a la seguridad
colectiva aprovechando las ventajas comparativas de las Naciones Unidas.
 

276. En primer lugar, el Consejo Económico y Social puede impartir orienta-ción
normativa y analítica
en tiempos de gran debate sobre las causas de las mu -chas amenazas a que hacemos frente y las relaciones entre ellas. Para esos efectos:
 

a) Recomendamos que el Consejo Económico y Social establezca un
comité sobre los aspectos económicos y sociales de las amenazas contra la seg u-ridad
y utilice sus atribuciones para encomendar investigaciones y lograr una mejor
comprensión acerca de las amenazas económicas y sociales a la paz y de los aspec -tos
económicos y sociales de otras amenazas tales como el terrorismo y la delin -cuencia
organizada;
 

b) Observamos con satisfacción que últimamente ha mejorado el intercam-bio
de información entre el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad
mediante, por ejemplo , reuniones periódicas de sus presidentes y alentamos a ambos
órganos a que den carácter periódico a esos intercambios.
 

277. En segundo lugar, el Consejo Económico y Social puede servir de foro en
que se compare de manera abierta y transparente la contribución de los Estados
a la consecución de objetivos clave de des arrollo.
 

278. En tercer lugar, puede servir de foro habitual para hacer participar a la
comunidad de desarrollo al más alto nivel, transformándose en la práctica en
un "foro sobre cooperación para el desarrollo". Para esos efectos
:
 

a) Habría que adoptar un nuevo planteamiento respecto del programa
del Consejo Económico y Social reemplazando la actual predominancia de cues-tiones
administrativas y de coordinación de programas por uno más preciso que
gire en torno a los principales temas de la Declaración del Milenio;
 

b) Habría que establecer un pequeño comité ejecutivo, integrado por
miembros de cada uno de los grupos regionales, a fin de impartir orientación y
dirección a su labor y a su interacción con los principales órganos, organismos
y programas;
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c) Habría que aprovechar las reuniones anuales entre el Consejo
Económico y Social y las instituciones de Bretton Woods para alentar la acción
colectiva en apoyo de los objetivos de desarrollo del Milenio y el Consenso de
Monterrey;
 

d) El Consejo Económico y Social, con aportaciones de su secretaría y
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, debería tratar de impartir
orientación sobre cooperación para el desarrollo a los órganos rectores de los
fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas;
 

e) El Consejo Económico y Social debería apoyar resueltamente la labor
del Secretario General y del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a
fin de hacer más coherente la acción de las Naciones Unidas sobre el terreno y la
coordinación con las instituciones de Bretton Woods y los donantes bilaterales.
 

279. Creemos que ha llegado el momento de reconsiderar las modalidades y el
volumen de la financiación para los organismos, fondos y programas de las Naciones
Unidas. Recientemente se han estudiado nuevas iniciativas a este respecto que
merecen especial atención de la comunidad internacional.
 

Lograr coherencia normativa
280. Si bien las estrategias que anteceden son importantes para que el Consejo Eco -nómico
y Social funcione mejor, somos conscientes de que la evolución histórica de
la gestión del sistema multilateral ha limitado la capacidad del Consejo para ejercer
influencia en la política internacional sobre comercio, finanzas e inversión. Subsiste
la necesidad de un órgano que congregue a los países clave, desarrollados y en des a -rrollo,
para examinar la concatenación esencial entre comercio, finanzas, medio a m-biente,
pandemias y desarrollo económico y social. Ese órgano, para ser eficaz, debe
funcionar a nivel de autoridades nacionales.
 

281. Si bien las reuniones anuales del Grupo de los Ocho a nivel de Jefes de Estado
o de Gobierno tienen algunas de las características que se requieren para dar mayor
coherencia e impulso a las políticas necesarias, sería útil que hubiese un foro más
amplio que congregara a autoridades de los principales países desarrollados y en de -sarrollo.
Una solución podría consistir en convertir en un grupo de líderes el Grupo
de los Veinte, integrado por Ministros de Hacienda, en el que actualmente participan
Estados que en su conjunto comprenden el 80% de la población mundial y el 90%
de la actividad económica en el mundo y al que asisten regularmente el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y
la Unión Europea. Recomendamos que asistan a esas reuniones el Secretario Gene -ral
de las Naciones Unidas y el Presidente del Consejo Económico y Social a fin de
asegurar un sólido apoyo a los programas y las iniciativas de las Naciones Un idas.
 

XVIII. La Comisión de Derechos Humanos
282. Uno de los cometidos centrales de las Naciones Unidas, reafirmado en
la Declaración del Milenio, es proteger los derechos humanos. Se han encomendado
a la Comisión de Derechos Humanos las funciones de promover el respeto de estos
derechos en todo el mundo, promover la cooperación internacional en la materia, ac - 82
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tuar en caso de transgresiones en un país y ayudar a los países a formar capacidad en
materia de derechos humanos.
 

283. En los últimos años, una menor credibilidad y un menor profesionalismo han
redundado en desmedro de la capacidad de la Comisión para desempeñar estas fu n -ciones.
No es posible que Estados que carecen de un compromiso demostrado con la
promoción y la protección de los derechos humanos procedan a estable cer normas
para afianzarlos. Nos preocupa observar que en los últimos años ha habido Estados
que se han hecho partes en la Comisión no para afianzar los derechos humanos sino
para protegerse contra críticas o para criticar a otros. La Comisión no puede ser
creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones
de derechos humanos.
 

284. Por lo tanto, es necesario reformar este órgano para que el sistema de las Nacio-nes
Unidas funcione eficazmente y cumpla mejor su mandato y sus tareas. Apoyamos
las recientes gestiones realizadas por el Secretario General y el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos a fin de que estos derechos queden integrados en toda la
labor de las Naciones Unidas y para respaldar el establecimiento de sólidas institucio -nes
nacionales en la materia, especialmente en países que salen de situaciones de con-flicto
y en la lucha contra el terrorismo. Los Estados Miembros deben prestar su pleno
apoyo al Secretario General y al Alto Comisionado en esta labor.
 

285. En muchos aspectos, la cuestión más delicada y difícil en relación con la Comi-sión
de Derechos Humanos es la de su composición. En los últimos años, la cuestión
de qué Estados son elegidos miembros de la Comisión se ha convertido en fuente de
gran tensión internacional, lo que no surte efectos positivos para los derechos huma -nos
y en cambio repercute negativamente en la labor de la Comisión. Con propues-tas
relativas a los criterios para la condición de miembro de la Comisión no habrá
mayores posibilidades de cambia r esta dinámica y se corre de hecho el riesgo de poli-tizar
aún más la cuestión. Por ello, en cambio, recomendamos que se amplíe la
composición de la Comisión de Derechos Humanos para que sea universal
. De
esta manera se destacaría que todos los miembros están comprometidos en virtud de
la Carta con la promoción de los derechos humanos y tal vez se podría volver a cen -trar
la atención en cuestiones sustantivas en lugar de en quién las debate y quién vo -ta.
 

286. En la primera mitad de su existencia la Comisión estaba integrada por jefes de
delegación que eran personalidades eminentes en el campo de los derechos humanos
y tenían los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria en la materia. Esa
práctica luego desapareció. Creemos que habría que restablecerla y proponemos que
todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos designen jefes de
delegación a personas eminentes y con experiencia en el campo de los derechos
humanos
.
 

287. Proponemos además que un consejo o grupo asesor apoye a la Comisión
de Derechos Humanos en su labor.
Este grupo o consejo constaría de unos quince
expertos independientes (tres por región, por ejemplo) designados en razón de su ex-periencia
por un período de tres años renovable una vez. Serían designados por la
Comisión previa propuesta conjunta del Secretario General y el Alto Comisionado. El
consejo o grupo, además de asesorar sobre cuestiones propias de un país, podría
también asesorar acerca de la racionalización de algunos de los mandatos temáticos
y ejercer por sí mismo algunos de los mandatos actuales que se refieren a la investi-gación,
la labor normativa y las definiciones. 83
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288. Recomendamos que se pida al Alto Comisionado que prepare un informe
anual sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo
. El informe,
que podría servir de base luego para un completo debate en la Comisión, debería es-tar
dedicado al ejercicio de todos los derechos humanos en todos los países, sobre la
base de información dimanada de la labor de órganos creados en virtud de tratados,
mecanismos especiales y otras fuentes que el Alto Comisionado considere apropia -das.
 

289. El Consejo de Seguridad debería asimismo dar una participación más activa al
Alto Comisionado en sus deliberaciones, incluidas las que se refieren a mandatos
para operaciones de paz. Observamos también con satisfacción que el Consejo de
Seguridad viene invitando con cada vez mayor frecuencia al Alto Comisionado a
que le informe de la situación en determinados países. Creemos que ello debería ser
la regla general y que el Consejo de Seguridad y la Comisión para la Consolida-ción
de la Paz deberían pedir al Alto Comisionado que les informara periódi-camente
acerca del cumplimiento de las disposiciones relativas a los derechos
humanos de las resoluciones del Consejo de Seguridad, a fin de proceder a su
seguimiento de manera precisa y eficaz
.
 

290. También hay que hacer más con respecto a la situación de los fondos para la
Oficina del Alto Comisionado. Existe para nosotros una clara contradicción entre la
asignación del 2% del presupuesto ordinario para esta Oficina y la obligación enun -ciada
por la Carta de las Naciones Unidas de que la promoción y protección de los
derechos humanos constituya uno de los principales objetivos de la Organización.
También es necesario rectificar la situación actual, en que hay pocos fondos dispo -nibles
para formar capacidad en materia de derechos humanos. Los Estados Mie m-bros
deberían examinar detenidamente la cuestión de la insuficiente financiación de
esta Oficina y sus actividades.
 

291. A más largo plazo, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de
convertir la Comisión en un "Consejo de Derechos Humanos" que no estuviera
subordinado al Consejo Económico y Social sino que fuera un órgano creado en vir-tud
de la Carta y tuviera la misma categoría que éste y el Consejo de Seguridad, de -jando
de manifiesto en el proceso la importancia que se atribuye en el preámbulo de la
Carta a los derechos humanos, junto con las cuestiones económicas y de seguridad.
 

XIX. La Secretaría
292. Un Secretario General con sólidas atribuciones y que encabece una Secretaría
más profesional y mejor organizada constituye un componente esencial de cualquier
sistema eficaz de seguridad colectiva en el siglo XXI.
 

A. Dar mayor respaldo al Secretario General
293. El establecimiento en 1996 del puesto de Vicesecretario General sirvió para
dar mucha más coherencia a la labor de las Naciones Unidas en los campos econó -mico,
social y de desarrollo y en cuestiones de reforma administrativa. Habida cuen -ta
del enorme aumento que ha tenido el volumen de trabajo del Secretario General
en el ámbito de la paz y la seguridad en los años noventa, el establecimiento de un se -gundo
puesto de Vicesecretario General para cuestiones de paz y seguridad asegura - 84
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ría que la labor del Secretario General en este campo estuviese igualmente bien res-paldada.
Para ayudar al Secretario General habría que establecer un puesto
adicional de Vicesecretario General, encargado de cuestiones de paz y segur i-dad.
 

294. Mientras uno de los Vicesecretarios Generales se dedicaría a la labor de las
Naciones Unidas relativa al desarrollo económico y social, el segundo y su personal
prestarían asistencia al Secretario General en la tarea de supervisar sistemáticamente
la labor del sistema de las Naciones Unidas en el campo de la paz y la seguridad con
el objetivo de formular estrategias integradas y asegurar una acción concertada. No
se trataría de una oficina operativa ni tampoco duplicaría funciones burocráticas
existentes, sino que las racionalizaría y haría más eficaces. La Oficina, con aport a -ciones
de los diversos departamentos y organismos, prepararía informes de alerta
temprana y posibles estrategias para que el Secretario General tomase una decisión.
Debería estar compuesta de unos quince funcionarios del cuadro orgánico capacit a -dos
para desempeñar funciones de análisis estratégico, planificación y coordinación.
Asimismo, debería aportar al Secretario General nueva pericia para superar amena -zas
nuevas como, por ejemplo, el asesoramiento científico necesario para hacer fren -te
a cuestiones de seguridad biológica y ambiental.
 

B. Una Secretaría competente y profesional
295. La tarea de poner en práctica las decisiones de los Estados Miembros y de pro -porcionarles
análisis y asesoramiento oportunos recae no solamente sobre el Secre -tario
General sino también sobre la Secretaría en su conjunto. Las Naciones Unidas,
para ser eficaces, necesitan una Secretaría profesional y con capacitación adecuada
cuyas aptitudes y experiencia estén a la altura de las funciones que tiene que desem-peñar.
En los quince últimos años se ha registrado un gran aumento de la labor rela -tiva
a la prevención de conflictos, al mantenimiento de la paz, a la negociación y
puesta en práctica de acuerdos de paz y a la consolidación de la paz. Sin embargo, a
pesar de las mayores exigencias desde que terminó la guerra fría, el número total de
funcionarios de la Secretaría ha disminuido desde 1990 y únicamente un 6% del
personal de la Secretaría se ocupa de toda la variedad de cuestiones que incluyen
mediación, organización y gestión de operaciones de mantenimiento de la paz, apoyo
al Consejo de Seguridad, desarme, apoyo para la celebración de elecciones y san -ciones.
Muchos de los funcionarios que trabajan en la Sede no tienen formación ni
experiencia sobre el terreno y las normas vigentes hacen difícil que las adquieran.
Además, prácticamente no se dispone de pericia para hacer frente a muchas de las
amenazas nuevas o incipientes a que se hace referencia en el presente info rme.
 

296. Habría que proporcionar al Secretario General los recursos que necesita
para desempeñar debidamente su cargo y la autoridad para administrar a su
personal y otros recursos según considere mejor. Para atender a las necesidades
indicadas en el presente informe, recomendamos que:
 

a) Los Estados Miembros reafirmen su compromiso con los Artículos
100 y 101 de la Carta de las Naciones Unidas;
 

b) Los Estados Miembros examinen la relación entre la Asamblea Gene-ral
y la Secretaría con el objetivo de dar una flexibilidad considerablemente
mayor al Secretario General en la administrac ión de su personal, con sujeción
siempre a la obligación de rendir cuentas a la Asamblea;
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c) Habría que poner en práctica cabalmente y sin más dilación las pr o-puestas
de reforma formulada por el Secretario General en 1997 y 2002 en rel a-ción
con los recurs os humanos;
 

d) Habría que proceder por una sola vez a la revisión y la sustitución de
personal, incluso mediante la jubilación anticipada, a fin de asegurarse de
que la Secretaría tenga la dotación adecuada para desempeñar las tareas que le
incumben, con inclusión de la mediación y el apoyo a la consolidación de la
paz y el apoyo a la oficina del Vicesecretario General para Cuestiones de Paz y
Seguridad. Los Estados Miembros deberían financiar este proceso de sustitu-ción
como inversión a largo plazo con una buena relación costo-eficacia;
 

e) Habría que autorizar de inmediato la creación por el Secretario
General de 60 puestos, menos del 1% del total en la Secretaría, para los efectos de
aumentar la capacidad de la Secretaría según lo propuesto en el presente informe.
 

XX. La Carta de las Naciones Unidas
297. Nuestras recomendaciones relativas a la reforma del Consejo de Seguridad
harán necesario modificar el Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas. Sugeri-mos además las siguientes modificaciones a la Carta, de alcance reducido.
 

298. Los Artículos 53 y 107 (referencias a los Estados enemigos) están obsoletos
y habría que revisarlos
. Las revisiones deberán estar redactadas adecuadamente
para que no se redunde retroactivamente en desmedro de las disposiciones ju rídicas
de estos artículos. La Carta debería consignar las esperanzas y aspiraciones de hoy y no los temo res de 1945.
 

299. Habría que suprimir el Capítulo XIII (" El Consejo de Administración Fi-duciaria").
El Consejo de Administración Fiduciaria desempeñó una importante ta -rea
al ayudar al mundo a salir de la era del colonialismo y dirigir muchos casos de
descolonización que terminaron bien. Las Naciones Unidas deben volver la espalda a cualquier intento de regresar a la mentalidad de colonialismo y a sus formas.
 

300. Habría que suprimir el Artículo 47 (" El Comité de Estado Mayor")
y todas las referencias a este órgano que aparecen en los Artículos 26, 45 y 46
.
Ya no procede que los Jefes de Estado Mayor de los cinco miembros permanentes
desempeñen la función que les fu e confiada en 1945. Ya hemos mencionado en el
párrafo 258 la necesidad de que el Consejo de Seguridad cuente con mejor asesora -miento militar.
 

301. En todo caso, creemos que la Carta en su conjunto sigue constituyendo
una sólida base de política y de derecho para la organización de la seguridad colec -tiva
y permite al Consejo de Seguridad reaccionar ante las amenazas a la paz y la
seguridad internacionales, tanto las antiguas como las nuevas, de manera oportuna
y eficaz. La Carta fue también clarividente al reconocer que la paz y la seguridad in -ternacionales dependen del desarrollo económico y social.
 

302. Todos los Estados Miembros deben reafirmar su dedicación a los propós i-tos
y principios de la Carta y ponerlos en práctica en forma resuelta aunando la
voluntad políti ca y los recursos necesarios. Un liderazgo empeñado en esa tarea
a nivel nacional e internacional es la única forma de generar una efectiva seg u-ridad
colectiva para el siglo XXI y forjar un futuro que sea a la vez sostenible y
seguro.
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Anexo I
Resumen de las recomendaciones
 

Nota: El número entre paréntesis que aparece después de cada recomendación res u -mida
se refiere al párrafo de la parte principal del informe que contiene el texto
completo de la recomendación.
 

Índice Recomendaciones Página
 

Parte II
La seguridad colectiva y el desafío de la prevención
 

La pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental........ 1– 11 88
Los conflictos entre Estados y los conflictos internos ..................... 12– 20 89
Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas..................... 21– 37 90
Terrorismo ....................................................... 38– 44 92
La delincuencia organizada transnacional .............................. 45– 49 93
El papel de las sanciones ............................................ 50– 52 94
Parte III
La seguridad colectiva y el uso de la fuerza
 

El uso de la fuerza: normas y directrices ............................... 53– 57 95
Capacidad para imponer y mantener la paz ............................. 58– 62 96
Consolidación de la paz después del conflicto ........................... 63– 65 96
Protección de los civiles ............................................ 66– 69 97
Parte IV
Unas Naciones Unidas más eficaces para el siglo XXI
 

La Asamblea General............................................... 70– 72 97
El Consejo de Seguridad ............................................ 73– 81 97
Comisión para la Consolidación de la Paz .............................. 82– 85 99
Las organizaciones regionales ........................................ 86 100
El Consejo Económico y Social ...................................... 87– 89 100
La Comisión de Derechos Humanos................................... 90– 94 101
La Secretaría ..................................................... 95– 96 102
La Carta de las Naciones Unidas ..................................... 97– 101 102 87
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Parte II La seguridad colectiva y el desafío de la prevención
 

La pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental
1. Todos los Estados deberían reafirmar su compromiso con los objetivos de
erradicar la pobreza, lograr un desarrollo económico sostenido y promover un des a -rrollo
sostenible. (59)
 

2. Los muchos países donantes que actualmente no alcanzan la meta de las
Naciones Unidas de destinar el 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) a la
asistencia oficial para el desarrollo deberían fijar un calendario para hacerlo. (60)
 

3. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberían
tratar de concluir la ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales para
el desarrollo a más tardar en 2006. (62)
 

4. Los gobiernos acreedores y las instituciones financieras internacionales deberían
ofrecer a los países pobres muy endeudados un mayor alivio de la deuda, una repro -gramación
de los vencimientos y un mayor acceso a los mercados mundia les. (63)
 

5. Si bien los recursos internacionales dedicados a la lucha contra el VIH/ SIDA
han aumentado de alrededor de 250 millones de dólares en 1996 a unos 2.800 millo -nes
de dólares en 2002, se necesitan más de 10.000 millones de dólares anuales para
contener la pandemia. (64)
 

6. Los dirigentes de los países afectados por el VIH/ SIDA deberían movilizar
recursos, comprometer fondos y lograr la participación de la sociedad civil y el
sector privado en la lucha contra la enfermedad. (65)
 

7. El Consejo de Seguridad, en estrecha cooperación con el ONUSIDA, debería
celebrar una segunda sesión extraordinaria sobre el VIH/ SIDA como amenaza a la
paz y la seguridad internacionales, a fin de estudiar los futuros efectos del
VIH/ SIDA en los Estados y las sociedades, impulsar la investigación del problema,
y determinar los pasos críticos que se han de tomar con miras a elaborar una estrate -gia
a largo plazo para reducir la amenaza. (67)
 

8. Los donantes internacionales, en asociación con las autoridades nacionales y
las organizaciones locales de la sociedad civil, deberían emprender una importante
iniciativa mundial para reconstruir los sistemas locales y nacionales de salud pública
en todo el mundo en desarrollo. (68)
 

9. Los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud deberían proporcionar más
recursos a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), a fin de mejorar su capacidad para hacer
frente a posibles brotes de enfermedad. (69)
 

10. Los Estados deberían proporcionar incentivos para seguir desarrollando las
fuentes de energía renovable y comenzar a eliminar los subsidios nocivos para
el medio ambiente, especialmente los relacionados con el uso y la extracción de
combustibles fósiles. (71) 88
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11. Exhortamos a los Estados Miembros a que reflexionen sobre la brecha entre el
potencial del Protocolo de Kyoto y sus logros reales, reanuden su participación en
las iniciativas para abordar el problema del calentamiento atmosférico y emprendan
nuevas negociaciones con miras a elaborar una nueva estrategia a largo plazo para
reducir el calentamiento atmosférico más allá de los plazos del Protocolo. (72)
 

Los conflictos entre Estados y los conflictos internos
12. El Consejo de Seguridad debería estar dispuesto a hacer uso de la facultad que
le confiere el Estatuto de Roma de remitir a la Corte Penal Internacional casos de
presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. (90)
 

13. Las Naciones Unidas, en cooperación con las autoridades nacionales, las
instituciones financieras internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado, deberían elaborar normas para la ordenación de los recursos naturales de
los países que salen de situaciones de conflicto o que corren peligro de conflicto. (92)
 

14. Las Naciones Unidas deberían aprovechar la experiencia de las organizaciones
regionales en el establecimiento de estructuras para proteger los derechos de las mi-norías
y para proteger de un derrocamiento inconstitucional a los gobiernos elegidos
democráticamente. (94)
 

15. Los Estados Miembros deberían acelerar y concluir las negociaciones para la
concertación de acuerdos jurídicamente vinculantes sobre la marcación y localización,
así como la intermediación y la transferencia, de armas pequeñas y armas ligeras. (96)
 

16. Todos los Estados Miembros deberían presentar información completa y
correcta sobre todos los elementos del Registro de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas y se debería pedir al Secretario General que informara anualmente
a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de cualesquiera deficiencias en la
presentación de información. (97)
 

17. Se debería establecer un mecanismo para capacitar e informar a los nuevos o
posibles representantes especiales del Secretario General y otros mediadores de las
Naciones Unidas. (101)
 

18. Se deberían proporcionar más recursos al Departamento de Asuntos Políticos y
se debería reestructurar el Departamento para que pudiera prestar un apoyo más co -herente
y profesional a las actividades de mediación. (102)
 

19. Si bien los detalles de dicha reestructuración deberían quedar librados al crit e -rio
del Secretario General, habría que tener en cuenta las siguientes necesidades de
las Naciones Unidas:
 

a) Una capacidad de apoyo a la mediación orientada hacia el te rreno y
de dedicación exclusiva, compuesta de un pequeño equipo de profesionales con la
experiencia directa y los conocimientos especializados pertinentes, que estaría a
disposición de todos los mediadores de las Naciones Unidas;
 

b) Competencia en cuestiones temáticas que se plantean una y otra vez en
las negociaciones de paz, como la determinación de la secuencia de las etapas de
aplicación, la elaboración de los mecanismos de vigilancia, la determinación de la
secuencia de los arreglos de transición y la preparación de los mecanismos de
reconciliación nacional; 89
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c) Una mayor comunicación con mediadores nacionales, organizaciones
regionales y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la solución de
conflictos;
 

d) Una mayor consulta de voces importantes de la sociedad civil, especia l-mente
la mujer, a las que a menudo no se presta atención durante las negociaciones,
y su mayor participación en el proceso de paz. (103)
 

20. Los dirigentes nacionales y las partes en conflicto deberían utilizar en forma
constructiva la opción del despliegue preventivo de fuerzas de mantenimiento de la
paz. (104)
 

Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas
21. Los Estados poseedores de armas nucleares deberían tomar varias medidas
para dar un nuevo impulso al proceso de desarme:
 

a) Deberían cumplir los compromisos que asumieron en virtud del artículo
VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y estar dispuestos a
tomar medidas concretas para dar cumplimiento a esos compromisos;
 

b) Deberían reafirmar sus compromisos anteriores de no usar armas nucle a -res
contra Estados no poseedores de armas nucleares. (120)
 

22. Los Estados Unidos y la Federación de Rusia, los demás Estados poseedores
de armas nucleares y los Estados que no son partes en el Tratado sobre la no prolife -ración
de las armas nucleares deberían comprometerse a adoptar medidas prácticas
para reducir el riesgo de una guerra nuclear accidental, incluido un plan de desact i-vación
progresiva de sus armas nucleares estratégicas, según procediera. (121)
 

23. El Consejo de Seguridad debería prometer explícitamente que tomará medidas
colectivas en caso de ataque nuclear o amenaza de tal ataque contra un Estado no
poseedor de armas nucleares. (122)
 

24. Las negociaciones para resolver los conflictos regionales deberían incluir
medidas de desarme y fomento de la confianza. (123)
 

25. Los Estados que no son partes en el Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares deberían comprometerse a la no proliferación y el desarme
y demostrar ese compromiso ratificando el Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares y apoyando las negociaciones para la concertación de un tratado
por el que se prohíba la producción de material fisionable, ambos abiertos a la
participación de Estados tanto poseedores como no poseedores de armas nucleares.
Recomendamos que, como parte de las iniciativas de paz en el Oriente Medio y en
Asia meridional, se inicien negociaciones de desarme nuclear que podrían llevar al
establecimiento de zonas libres de armas nucleares en esas regiones, similares a las
que se han establecido para América Latina y el Caribe, África, el Pacífico Sur y
Asia sudoriental. (124)
 

26. Todos los Estados poseedores de armas químicas deberían agilizar las medidas
para lograr la destru cción programada de todas las existencias de armas químicas
para 2012, el plazo acordado para ello. (125) 90
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27. Los Estados partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas
deberían reanudar sin demora las negociaciones sobre un protocolo de verificación digno
de crédito, recabando la participación activa de la industria de la biotecnología. (126)
 

28. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) debería reconocer el modelo de Protocolo adicional como el patrón actual
para los acuerdos de salvaguardias del OIEA, y el Consejo de Seguridad debería es-tar
dispuesto a tomar medidas en casos que suscitaran profunda preocupación por el
incumplimiento de las normas sobre la no proliferación y las salvaguardias. (129)
 

29. Sin más demora, se deberían iniciar y concluir rápidamente negociaciones
sobre un mecanismo, basado en las disposiciones existentes de los artículos III y IX
del Estatuto del OIEA, que permitiera al OIEA ser el garante del suministro de
material fisionable a los usuarios civiles de energía nuclear. (130)
 

30. Mientras se estén celebrando negociaciones sobre ese mecanismo, los Estados
deberían observar voluntariamente una moratoria de plazo fijo de la construcción de
nuevas instalaciones de enriquecimiento o reprocesamiento, sin renunciar al derecho
que les confiere el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de cons-truir
tales instalaciones. A cambio del compromiso de observar la moratoria
se garantizaría que los proveedores actuales suministrarían material fisionable a
precios de mercado. (131)
 

31. Se debería alentar a todos los Estados a sumarse a la Iniciativa de lucha contra
la proliferación, de carácter voluntario. (132)
 

32. Cuando un Estado notifique de su retirada del Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares se debería proceder inmediatamente a verificar si ha cumpli-do
las disposiciones del Tratado, de ser necesario en virtud de un mandato del Con -sejo
de Seguridad. La Junta de Gobernadores del OIEA debería decidir que, en caso
de infracciones, se retirará toda asistencia prestada por el Organismo. (134)
 

33. El plazo propuesto para la conversión de los reactores que usan uranio muy en -riquecido
y la reducción de las existencias de uranio muy enriquecido en el marco
de la Inic iativa mundial de reducción de la amenaza nuclear debería reducirse a la
mitad, de 10 a 5 años. (135)
 

34. Los Estados partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas
deberían negociar un nuevo protocolo sobre seguridad biológica para clasificar los
agentes biológicos peligrosos y establecer normas internacionales obligatorias para
su exportación. (137)
 

35. La Conferencia de Desarme debería comenzar sin más dilación las negociacio -nes
para concertar un tratado verificable por el que se prohíba la producción
de material fisionable y se disponga, con arreglo a un calendario determinado, poner
fin a la producción de uranio muy enriquecido para la fabricación de armas y para
otros fines. (138)
 

36. El Consejo de Seguridad debería invitar a los Directores Generales del OIEA y
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a que le informaran cada
seis meses de la situación de las salvaguardias y los procesos de verificación, así
como de cualquier motivo de honda preocupación que tuvieran y que no llegara a
constituir una infracción del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares o de la Convención sobre las Armas Químicas. (140) 91
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37. El Consejo de Seguridad debería celebrar consultas con el Director General de
la OMS para establecer los procedimientos de colaboración necesarios en caso de
que se produjera un brote sospechoso o de efectos abrumadores de una enfermedad
in fecciosa. (144)
 

Terrorismo
38. Las Naciones Unidas, con el Secretario General a la cabeza, deberían
promover una estrategia general contra el terrorismo, que comprendería los
elementos siguientes:
 

a) La disuasión, que procuraría remediar las causas del terrorismo o los fa c -tores
que lo facilitan, entre otras cosas con medidas para promover los derechos so-ciales
y políticos, el Estado de derecho y la reforma democrática; poner fin a
la ocupación y atender a las principales reivindicaciones políticas; luchar contra la
delincuencia organizada; reducir la pobreza y el desempleo y evitar la desintegra -ción
de los Estados;
 

b) Medidas para contrarrestar el extremismo y la intolerancia, entre otras
cosas mediante la educación y la promoción del debate público;
 

c) El desarrollo de mejores instrumentos de cooperación mundial en la
lucha contra el terrorismo, dentro de un marco jurídico que respete las libertades
civiles y los derechos humanos, en particular en las esferas de la aplicación de la
ley; el intercambio de información confidencial, cuando sea posible; las medidas de
interdicción, cuando corresponda, y los controles financieros;
 

d) El fortalecimiento de la capacidad estatal para impedir las actividades de
reclutamiento y las operaciones de los grupos terroristas;
 

e) El control de materiales peligrosos y la protección de la salud pública.
(148)
 

39. Los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho deberían considerar activa -mente
la posibilidad de firmar y ratificar los 12 convenios y convenciones intern a -cionales
contra el terrorismo, y adoptar las ocho recomendaciones especiales sobre
la financiación del terrorismo del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo
de capitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
y las medidas que se indican en sus diversos documentos sobre prácticas recomen -dadas.
(150)
 

40. El Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes debería establecer un
proceso para la revisión de los casos de las personas e instituciones que afirmen que
sus nombres se han incluido o mantenido por error en las listas del Comité. (152)
 

41. El Consejo de Seguridad, en consulta con los Estados afectados, debería
extender la competencia de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo
al ejercicio de una función de coordinación de la asistencia prestada por unos
Estados a otros en cuestiones militares, policiales y de control de fronteras con el
objeto de aumentar la capacidad interna de lucha contra el terrorismo. (154) 92
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42. Para ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de lucha co -ntra
el terrorismo, las Naciones Unidas deberían establecer un fondo fiduciario para
la formación de capacidad que dependería de la Dirección Ejecutiva del Comité co -ntra
el Terrorismo. (155)
 

43. El Consejo de Seguridad debería elaborar un programa de sanciones predeter-minadas
en caso de que un Estado incumpliera las resoluciones del Consejo relati-vas
a la lucha contra el terrorismo. (156)
 

44. La Asamblea General debería concluir rápidamente sus negociaciones sobre un
convenio general relativo al terrorismo, que debería incluir una definición del terro -rismo,
con los elementos siguientes:
 

a) El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza contra
civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios de
Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un crimen de
guerra o de lesa humanidad;
 

b) La reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios y
convenciones anteriores contra el terrorismo constituyen actos de terrorismo y una
declaración de que constituyen un delito con arreglo al derecho internacional y la
reit eración de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el terrorismo en
tiempo de conflicto armado;
 

c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio internacional
de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resolu ción 1566
(2004) del Consejo de Seguridad;
 

d) La siguiente descripción del terrorismo: "Cualquier acto, además de los
actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados
aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del
Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a
un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza
o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organiza -ción
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". (163 y 164)
 

La delincuencia organizada transnacional
45. Los Estados Miembros que aún no hayan firmado o ratificado la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000,
y sus tres Protocolos, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
de 2003, o no les hayan asignado los recursos necesarios deberían hacerlo y todos
los Estados Miembros deberían apoyar la labor de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito en esa esfera. (172)
 

46. Los Estados Miembros deberían establecer una autoridad central que facilitara
el intercambio de pruebas entre las autoridades judiciales nacionales, la prestación
de asistencia judicial mutua entre las fiscalías y el cumplimiento de los pedidos de
extradición. (173)
 

47. Se debería negociar, y la Asamblea General debería aprobar, un convenio
internacional amplio sobre el blanqueo de dinero en el que se tuvieran en cuenta las
cuestiones del secreto bancario y el establecimiento de los paraísos fiscales. (174) 93
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48. Los Estados Miembros deberían firmar y ratificar el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y las
partes en el Protocolo deberían tomar todas las medidas necesarias para aplicarlo
eficazmente. (175)
 

49. Las Naciones Unidas deberían establecer un sólido mecanismo de fomento de
la capacidad para ayudar a afianzar el imperio de la ley. (177)
 

El papel de las sanciones
50. El Consejo de Seguridad debería asegurar que las sanciones se aplicaran y
cumplieran eficazmente:
 

a) Cuando el Consejo de Seguridad impusiera un régimen de sanciones
(por ejemplo, un embargo de armas) debería, como norma, establecer mecanismos
de vigilancia y dotarlos de la autoridad y la capacidad necesarias para realizar
investigaciones a fondo de gran calidad. Es necesario consignar créditos presupues-tarios
adecuados para poner en práctica esos mecanismos;
 

b) Se debería encomendar a los comités de sanciones del Consejo de Segu -ridad
la elaboración de mejores directrices y procedimientos de presentación
de informes para ayudar a los Estados a aplicar las sanciones y mejorar los proced i-mientos
para mantener listas correctas de personas y entidades sujetas a la aplica -ción
de sanciones selectivas;
 

c) El Secretario General debería nombrar a un alto funcionario con recursos
de apoyo suficientes para poder proporcionar al Consejo de Seguridad un análisis de
la mejor manera de establecer sanciones y de ayudar a coordinar su aplicación. Ese
funcionario también prestaría asistencia en relación con las medidas de cumplimien -to,
determinaría las necesidades de asistencia técnica y coordinaría la prestación de
esa asistencia y formularía recomendaciones sobre los ajustes que fueran necesarios
para hacer más eficaces las sanciones;
 

d) Los donantes deberían destinar más recursos al fortalecimiento de la
capacidad jurídica, administrativa, policial y de control de fronteras de los Estados
Miembros para aplicar las sanciones. Ese fortalecimiento debería incluir medidas
para mejorar la interdicción aérea en zonas de conflicto;
 

e) En caso de violaciones verificadas y crónicas de las sanciones, el
Consejo de Seguridad debería imponer sanciones secundarias contra los culpables;
 

f) El Secretario General, en consulta con el Consejo de Seguridad, debería
asegurar la existencia de un mecanismo de auditoría apropiado para supervisar la
administración de las sanciones. (180)
 

51. Los comités de sanciones deberían mejorar los procedimientos para conceder
exenciones por motivos humanitarios y evaluar periódicamente los efectos human i-tarios
de las sanciones. El Consejo de Seguridad debería seguir tratando de mitigar
las consecuencias humanitarias de las sanciones. (181)
 

52. Cuando las sanciones se apliquen a listas de personas o entidades, los comités
de sanciones deberían establecer procedimientos para revisar los casos de quienes
afirmen que sus nombres se han incluido o mantenido por error en esas listas. (182) 94
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Parte III La seguridad colectiva y el uso de la fuerza
 

El uso de la fuerza: normas y directrices
53. No habría que modificar el texto ni la interpretación del Artículo 51, sea para
ampliar su bien conocido alcance (de manera de autorizar medidas de prevención
respecto de amenazas que no sean inminentes) o para restringirlo (de manera de
autorizar su aplicación exclusivamente en caso de amenazas reales). (192)
 

54. El Consejo de Seguridad tiene plenas facultades en virtud del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas para hacer frente a las diversas amenazas a la seguri-dad
que preocupan a los Estados. La tarea no consiste en encontrar alternativas al
Consejo de Seguridad como fuente de autoridad sino en hacer que funcione mejor
que hasta ahora. (198)
 

55. El Grupo aprueba la norma que se está imponiendo en el sentido de que existe
una responsabilidad internacional colectiva de proteger, que el Consejo de Seguri-dad
puede ejercer autorizando la intervención militar como último recurso en caso
de genocidio y otras matanzas en gran escala, de depuración étnica o de graves in -fracciones
del derecho internacional humanitario que un gobierno soberano no haya
podido o no haya querido prevenir. (203)
 

56. El Consejo de Seguridad, al debatir si ha de autorizar o aprobar el uso de la
fuerza militar, debe tener siempre en cuenta, además de cualesquiera otras consid e -raciones,
por lo menos los cinco criterios básicos de legitimidad que se indican a
continuación:
 

a) Gravedad de la amenaza. La amenaza de daño a la seguridad del Estado
o del ser humano, ¿es de índole tal y es suficientemente clara y grave como para jus-tific
ar a primera vista el uso de la fuerza militar? En el caso de las amenazas in ter-nas,
reales o que se consideren inminentes, ¿entrañan genocidio u otras matanzas en
gran escala, actos de depuración étnica o infracciones graves del derecho intern a -cional
humanitario?
 

b) Propósito correcto. ¿Queda de manifiesto que el objetivo primordial de
la acción militar que se propone consiste en poner fin a la amenaza o evitarla, cua -lesquiera
que sean los demás motivos o propósitos que estén en juego?
 

c) Último recurso . ¿Se han considerado todas las demás opciones no militares
para hacer frente a la amenaza y hay fundamentos razonables para creer que no arro -jarán
resultados?
 

d) Proporcionalidad de los medios. La escala, la duración y la intensidad de
la acción militar que se propone ¿constituyen el mínimo necesario para hacer frente a
la amenaza?
 

e) Balance de las consecuencias. ¿Hay posibilidades razonables de que la
acción militar sirva para disipar la amenaza y que sus consecuencias no hayan de ser
peores que las de no hacer nada? (207)
 

57. Las directrices para autorizar el uso de la fuerza que anteceden deberían
quedar incorporadas en resoluciones declaratorias del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General. (208) 95
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Capacidad para imponer y mantener la paz
58. Los Estados desarrollados deberían hacer más para transformar sus fuerzas ac -tuales
en contingentes aptos para operaciones de paz. (216)
 

59. Los Estados Miembros deberían apoyar resueltamente los intentos del Depart a-mento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría de las Naciones
Unidas, sobre la base de la importante labor realizada por el Grupo sobre las Opera -ciones
de Paz de las Naciones Unidas (véase el documento A/ 55/ 305-S/ 2000/ 809), de
mejorar la forma en que utiliza las reservas estratégicas para el despliegue, los dispo-sitivos
de reserva, los fondos fiduciarios y otros mecanismos de manera de cumplir los
plazos más estrictos que se necesitan para un despliegue eficaz. (218)
 

60. Los Estados con capacidad militar avanzada deberían establecer batallones au -tónomos
de reserva con un alto grado de preparación y de tamaño que llegue al
de una brigada que pudieran reforzar misiones de las Naciones Unidas y deberían
ponerlos a disposición de éstas. (219)
 

61. El Secretario General debería recomendar y el Consejo de Seguridad autori-zar
efectivos para las misiones de mantenimiento de la paz que fueran suficientes
para disuadir y reprimir a las facciones hostiles. (222)
 

62. Las Naciones Unidas deberían tener un pequeño contingente de altos ad mi-nistradores
y oficiales de policía (50 a 100) que pudieran hacer evaluaciones de las
misiones y organizar el establecimiento de componentes de policía en operaciones
de la paz y las Naciones Unidas deberían autorizar estos contingentes. (223)
 

Consolidación de la paz después del conflicto
63. Los representantes especiales del Secretario General deberían tener atribuciones
y orientación para trabajar con quien corresponda a fin de establecer sólidos meca -nismos
de coordinación con los donantes, así como los recursos para desempeñar
eficazmente funciones de coordinación, entre ellas la de cerciorarse de que la secuen -cia
de las actividades de las Naciones Unidas y las evaluaciones que éstas efectúen se-an
compatibles con las prioridades del gobierno. (226)
 

64. El Consejo de Seguridad debería disponer y la Asamblea General autorizar que
se financiaran programas de desarme y desmovilización con cargo a los presupues-tos
prorrateados para operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz. (227)
 

65. Habría que establecer un fondo permanente para la consolidación de la paz, de
cuantía no inferior a 250 millones de dólares, que pueda utilizarse para financiar los
gastos periódicos de un gobierno recién instalado, así como programas esenciales de
los organismos en materia de rehabilitación y reinserción. (228) 96
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Protección de los civiles
66. Todos los combatientes deben cumplir lo dispuesto en los Convenios de Gine -bra.
Todos los Estados Miembros deberían firmar y ratificar todos los tratados rela -tivos
a la protección de civiles, como la Convención sobre el Genocidio, los Conve -nios
de Ginebra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y todas las
convenciones sobre los refugiados, y actuar de conformidad con lo dispuesto
en ellos. (233)
 

67. El Consejo de Seguridad debería aplicar cabalmente la resolución 1265 (1999),
relativa a la protección de los civiles en los conflictos armados. (237)
 

68. El Consejo de Seguridad, los organismos de las Naciones Unid as y los Es ta -dos
Miembros deberían poner plenamente en práctica la resolución 1325 (2000), re -lativa
a la mujer, la paz y la seguridad. (238)
 

69. Los Estados Miembros deberían apoyar y financiar plenamente la Dirección de
Seguridad que se ha propuesto y asignar alta prioridad a la tarea de ayudar al Secre -tario
General a poner en práctica para 2005 un nuevo sistema de seguridad del pe r-sonal.
(239)
 

Parte IV Unas Naciones Unidas más eficaces para el siglo XXI
 

La Asamblea General
70. Los miembros de la Asamblea General deberían aprovechar la oportunidad que
ofrece la Cumbre para el examen de los objetivos del Milenio en 2005 a fin de fo r-mar
un nuevo consenso sobre una seguridad colectiva más amplia y eficaz. (240)
 

71. Los Estados Miembros deberían redoblar sus es fuerzos para que la Asamblea
General pudiera desempeñar su función de principal órgano deliberativo de las Nacio -nes
Unidas. Para ello es necesario reducir y conceptualizar mejor su programa, que
debe reflejar los problemas contemporáneos a que hace frente la comunidad interna -cional.
Mediante comisiones de menor tamaño y con un programa más preciso se po-drían
afinar y mejorar las resoluciones presentadas al pleno de la Asamblea. (242)
 

72. Con arreglo a la recomendación formulada en el informe del Grupo de personas
eminentes encargado de examinar la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad
civil (véase el documento A/ 58/ 817), la Asamblea General debería establecer un
mecanismo mejor para que pueda haber relaciones sistemáticas con las organizaciones
de la sociedad civil. (243)
 

El Consejo de Seguridad
73. Las reformas del Consejo de Seguridad deberían cumplir los principios
siguientes:
 

a) En cumplimiento del Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas d e -berían
dar mayor participación en el proceso de adopción de decisiones a quienes
más contribuyen a las Naciones Unidas desde el punto de vista financiero, militar o
diplomático, especialmente en cuanto a las cuotas para el presupuesto prorrateado 97
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de las Naciones Unidas, la participación en operaciones de paz, las aportaciones a
actividades voluntarias de las Naciones Unidas en materia de seguridad y desarrollo y
a las actividades diplomáticas en apoyo de los objetivos y mandatos de las Naciones
Unidas. El hecho de alcanzar la meta internacionalmente convenida de asignar el
0,7% del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo o de avan -zar
considerablemente hacia esa meta debe considerarse un criterio importante en
cuanto a la aportación;
 

b) El Consejo debería incorporar en el proceso de adopción de decisio nes
a países que sean más representativos de la composición general de la Organización,
especialmente del mundo en desarrollo;
 

c) Las reformas no deberían redundar en desmedro de la eficacia del
Consejo de Seguridad; y
 

d) Las reformas deberían hacer del Consejo un órgano más democrático y
que rin diera mayor cuenta de su actuación. (249)
 

74. En estos momentos la decisión de ampliar el Consejo, cumpliendo al mismo
tiempo estos criterios, es necesaria. La presentación de dos opciones claramente de -finidas,
llamadas modelos A y B, debería servir para aclarar, y tal vez resolver, un
debate en el que se ha avanzado poco en los doce últimos años. (250)
 

75. En los dos modelos, A y B, se distribuyen los puestos entre cuatro grandes re -giones
que denominamos respectivamente "África", "Asia y el Pacífico", "Europa"
y "América". Estas denominaciones nos parecen útiles para tomar y aplicar decisio -nes
acerca de la composición del Consejo de Seguridad, pero no recomendamos
cambiar la composición de los grupos regionales actuales para elecciones generales
o para otros fines de las Naciones Unidas. Algunos miembros del Grupo, partic u -larmente
de países latinoamericanos, expresaron que preferían que la distribución
de los puestos estuviese basada en los grupos reg ionales actuales. (251)
 

76. Según el modelo A habría seis nuevos puestos permanentes, no habría nuevos
derechos de veto y habría tres nuevos puestos no permanentes de dos años de dura-ción,
divididos entre las grandes regiones. Según el modelo B no habría nuevos
puestos permanentes pero se crearía una nueva categoría de ocho puestos con un
mandato renovable de cuatro años y un nuevo puesto no permanente con un manda -to
de dos años (no renovable), divididos entre las grandes regio nes. (252 y 253)
 

77. En los dos modelos, teniendo en cuenta el Artículo 23 de la Carta de
las Naciones Unidas, un método para alentar a los Estados a contribuir más a la paz
y la seguridad internacionales consistiría en que la Asamblea General, teniendo en
cuenta las prácticas establecidas de consulta regional, eligiera a los miembros
del Consejo de Seguridad dando preferencia en los puestos permanentes o de mayor
duración a los Estados que se cuenten entre los tres primeros en la aportación de
contribuciones financieras al presupuesto ordinario en la región a que pertenezcan o
se cuenten entre los tres mayores contribuyentes voluntarios o contribuyentes de
efectivos en su región a misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz. (254)
 

78. Habría que revisar la composición del Consejo de Seguridad en 2020 y, en ese
contexto, revisar las aportaciones (definidas en el párrafo 249 del informe) de los
miembros permanentes y los no permanentes desde el punto de vista de la eficacia del 98
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Consejo en la adopción de medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas
nuevas o ya existentes a la paz y la seguridad internacionales. (255)
 

79. El Grupo recomienda que en ninguna propuesta de reforma se prevea una
ampliación del veto. (256)
 

80. Habría que instituir un sistema de "voto indicativo" en virtud del cual los
miembros del Consejo de Seguridad podrían pedir una indicación pública de las pos-turas
respecto de una decisión que se propusiera. (257)
 

81. Habría que incorporar y formalizar en el reglamento del Consejo procesos para
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. (258)
 

Comisión para la Consolidación de la Paz
82. El Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Artículo 29 de la Carta de las
Naciones Unidas y previa consulta con el Consejo Económico y Social, debería
establecer una Comisión para la Consolidación de la Paz. (263)
 

83. Las funciones básicas de la Comisión para la Consolidación de la Paz deberían
consistir en constatar qué Estados se encuentran en graves dificultades y corren el
riesgo de un colapso, organizar, en forma proactiva y en asociación con el gobierno
del país, la asistencia para impedir que el proceso avance más, ayudar en la planific a -ción
para la transición entre el conflicto y la consolidación de la paz después del con -flicto
y, en particular, coordinar y mantener la labor de la comunidad internacional en
la consolidación de la paz después del conflicto durante el período que sea necesario.
(264)
 

84. Si bien habrá que establecer con precisión la composición y los procedimien -tos
de la Comisión para la Consolidación de la Paz, y a quien estará subordinada, se
deberían tener en cuenta las directrices siguientes:
 

a) La Comisión para la Consolidación de la Paz debería tener un número
razonablemente reducido de miembros;
 

b) Debería reunirse en distintas configuraciones para examinar cuestiones
generales de política y estrategias en cada país;
 

c) Debería ser presidida durante por lo menos un año y tal vez más por un
miembro aprobado por el Consejo de Seguridad;
 

d) Además de representantes del Consejo de Seguridad, debería incluir
representantes del Consejo Económico y Social;
 

e) Habría que invitar a que asistieran representantes del país cuya situación
se estuviese examinando;
 

f) El Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, el Presidente del
Banco Mundial y, cuando procediera, los jefes de los bancos regionales de desarro -llo
deberían hacerse representar en las reuniones de la Comisión mediante altos fu n -cionarios
de categoría adecuada;
 

g) Habría que invitar a participar en sus deliberaciones a representantes de
los principales países donantes y, cuando procediera, de los principales países que
aportan contingentes; 99
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h) Habría que invitar a participar en sus deliberaciones a representantes de
organizaciones regionales y subregionales cuando éstas tuvieran participación activa
en el país de que se tratase. (265)
 

85. Habría que establecer en la Secretaría una Oficina de Apoyo para la Consoli-dación
de la Paz a fin de que proporcionase a la Comisión apoyo de secretaría ade -cuado
y de asegurar que el Secretario General pueda integrar estrategias y normas
para el mantenimiento de la paz en todo el sistema, establecer prácticas recomenda -das
y proporcionar un apoyo cohesivo para las operaciones sobre el terreno. (266)
 

Las organizaciones regionales
86. Con respecto a las organizaciones regionales:
a) En todos los casos habría que recabar autorización del Consejo de Segu -ridad
para operaciones regionales de paz;
 

b) La consulta y la cooperación entre las Naciones Unidas y las organiza -ciones
regionales deberían ampliarse y podrían formalizarse en un acuerdo que se
refiriera a cuestiones tales como reuniones de los jefes de las organizaciones, inte r-cambio
de información más frecuente y alerta temprana, capacitación conjunta al
personal civil y militar e intercambio de personal en operaciones d e paz;
 

c) En el caso de las organizaciones regionales y subregionales de África, los
países donantes deberían comprometerse a prestar apoyo sostenido para la forma -ción
de capacidad en un proceso de diez años de duración y dentro del marco estra -tégico
de la Unión Africana;
 

d) Las organizaciones regionales con capacidad en materia de prevención de
conflictos o mantenimiento de la paz deberían incorporarla en el sistema de disposit i-vos
de reserva de las Naciones Unidas;
 

e) Los Estados Miembros deberían convenir en permitir que las Naciones
Unidas proporcionaran a las operaciones regionales equipo de propiedad de las
Naciones Unidas según las necesidades;
 

f) Habría que modificar las normas relativas a los presupuestos de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a fin de dar a éstas la posibilidad
de financiar con cargo a contribuciones prorrateadas, según el caso, operaciones
regionales autorizadas por el Consejo de Segu ridad. (272)
 

El Consejo Económico y Social
87. El Consejo Económico y Social debería impartir orientación normativa y
analítica en tiempos de gran debate sobre las causas de las muchas amenazas a que
hacemos frente y las relaciones entre ellas. Para esos efectos el Consejo Económico
y Social debería establecer un comité sobre los aspectos económicos y sociales de
las amenazas contra la seguridad. (276)
 

88. El Consejo Económico y Social debería servir de foro en que se compare de
manera abierta y transparente la contribución de los Estados a la consecución de ob -jetivos
clave de desarrollo. (277) 100
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89. El Consejo Económico y Social debería servir de foro habitual para hacer
participar a la comunidad de desarrollo al más alto nivel, transformándose en la
práctica en un "foro sobre cooperación para el desarrollo". Para esos efectos:
 

a) Habría que adoptar un nuevo planteamiento respecto del programa del
Consejo Económico y Social reemplazando la actual predominancia de cuestiones
administrativas y de coordinación de programas por uno más preciso que gire en
torno a los principales temas de la Decla ración del Milenio;
 

b) Habría que establecer un pequeño comité ejecutivo, integrado por mie m-bros
de cada uno de los grupos regionales, a fin de impartir orientación y dirección a
la labor del Consejo Económico y Social y a su interacción con los principales órga -nos,
organismos y programas;
 

c) Habría que aprovechar las reuniones anuales entre el Consejo Econ ó -mico
y Social y las instituciones de Bretton Woods para alentar la acción co lectiva
en apoyo de los objetivos de desarrollo del Milenio y el Consenso de Monterrey;
 

d) El Consejo Económico y Social, con aportaciones de su Secretaría y del
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, debería tratar de impartir orienta -ción
sobre cooperación para el desarrollo a los órganos rectores de los fondos, pro -gramas
y organismos de las Naciones Unidas;
 

e) El Consejo Económico y Social debería apoyar resueltamente la labor del
Secretario General y del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de
hacer más coherente la acción de las Naciones Unidas sobre el terreno y la coord i-nación
con las instituciones de Bretton Woods y los donantes bilaterales (278)
 

La Comisión de Derechos Humanos
90. La composición de la Comisión de Derechos Humanos debería ser universal.
(285)
 

91. Todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos deberían designar
jefes de delegación a personas eminentes y con experiencia en el campo de los dere -chos
humanos. (286)
 

92. Un consejo o grupo asesor debería apoyar a la Comisión de Derechos Hu ma -nos
en su labor. (287)
 

93. Se debería pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere -chos
Humanos que preparase un informe anual sobre la situación de los derechos
humanos en todo el mundo. (288)
 

94. El Consejo de Seguridad y la Comisión para la Consolidación de la Paz deberían
pedir al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que les informara
periódicamente acerca del cumplimiento de las disposiciones relativas a los derechos
humanos de las resoluciones del Consejo de Seguridad, a fin de proceder a su
seguimiento de manera precisa y eficaz. (289) 101
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La Secretaría
95. Para ayudar al Secretario General habría que establecer un puesto adiciona l de
Vicesecretario General, encargado de cuestiones de paz y seguridad. (293)
 

96. Habría que proporcionar al Secretario General los recursos que necesita para
desempeñar debidamente su cargo y la autoridad para administrar a su personal y
otros recursos según considere mejor. Para atender a las necesidades indicadas en el
presente informe, el Grupo recomienda que:
 

a) Los Estados Miembros reafirmen su compromiso con los Artículos 100 y
101 de la Carta de las Naciones Unidas;
 

b) Los Estados Miembros examinen la relación entre la Asamblea General
y la Secretaría con el objetivo de dar mucha más flexibilidad al Secretario General
en la administración de su personal, con sujeción siempre a la obligación de rendir
cuentas a la Asamblea;
 

c) Habría que poner en práctica cabalmente y sin más dilación las propues -tas
de reforma formulada por el Secretario General en 1997 y 2002 en relación con
los recursos humanos;
 

d) Habría que proceder por una sola vez a la revisión y la sustitución
de personal, incluso mediante la jubilación anticipada, a fin de asegurarse de que la
Secretaría tenga la dotación adecuada para desempeñar las tareas que le incumben,
con inclusión de la mediación y el apoyo a la consolidación de la paz y el apoyo a la
oficina del Vicesecretario General para Cuestiones de Paz y Seguridad. Los Estados
Miembros deberían financiar este proceso de sustitución como inversión a largo
plazo con una buena relación costo-eficacia;
 

e) Habría que autorizar de inmediato la creación por el Secretario General de
60 puestos, menos del 1% de la dotación total, para los efectos de aumentar la capaci-dad
de la Secretaría según lo propuesto en el presente informe. (296)
 

La Carta de las Naciones Unidas
97. Además de las modificaciones del Artículo 23 de la Carta de las Naciones
Unidas que hagan necesaria la reforma del Consejo de Seguridad que se ha
propuesto, el Grupo sugiere las siguientes modificaciones en la Carta, de alcance
reducido:
 

98. Los Artículos 53 y 107 (referencias a los Estados enemigos) están obsoletos y
habría que revisarlos. (298)
 

99. Habría que suprimir el Capítulo XIII (" El Consejo de Administración Fidu -ciaria").
(299)
 

100. Habría que suprimir el Artículo 47 (" El Comité de Estado Mayor") y todas las
referencias a este órgano que aparecen en los Artículos 26, 45 y 46. (300)
 

101. Todos los Estados Miembros deben reafirmar su dedicación a los propósitos y
principios de la Carta y ponerlos en práctica en forma resuelta aunando la voluntad
política y los recursos necesarios. Un liderazgo empeñado en esa tarea a nivel na -cional
e internacional es la única forma de generar una efectiva seguridad colectiva
para el siglo XXI y forjar un futuro que sea a la vez sostenible y segu ro. (302) 102
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Anexo II
Composición y mandato del Grupo
 

Miembros
Anand Panyarachun (Tailandia)
(Presidente)
ex Primer Ministro de Tailandia
 

Robert Badinter (Francia) Miembro del Senado Nacional y
ex Ministro de Justicia de Francia
 

João Clemente Baena Soares (Brasil) ex Secretario General del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Brasil y
ex Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos
 

Gro Harlem Brundtland (Noruega) ex Primera Ministra de Noruega y
ex Directora General de la Organización
Mundial de la Salud
 

Mary Chinery-Hesse (Ghana) Vicepresidenta de la Comisión Nacional
de Planificación del Desarrollo de Ghana
y ex Subdirectora General de la
Organización Internacional del Trabajo
 

Gareth Evans (Australia) Presidente del International Crisis Group
y ex Ministro de Relaciones Exteriores de
Australia
 

David Hannay (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte)
ex Representante Permanente del Reino
Unido ante las Naciones Unidas y
ex Enviado Especial del Reino Unido a
Chipre
 

Enrique Iglesias (Uruguay) Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo y ex Ministro de Relaciones
Exteriores del Uruguay
 

Amre Moussa(Egipto) Secretario General de la Liga de los
Estados Árabes y ex Ministro de
Relaciones Exteriores de Egipto
 

Satish Nambiar (India) ex Teniente General del Ejército de la
India y Comandante de la UNPROFOR
 

Sadako Ogata (Japón) Presidenta del Organismo del Japón para
la Cooperación Internacional y ex Alta
Comisionada de las Naciones Unidas
para los Refugiados
 

Yevgeny Primakov (Federación de
Rusia)
ex Primer Ministro de la Federación de
Rusia
 

Qian Qichen (China) ex Viceprimer Ministro y Ministro de
Relaciones Exteriores de China 103
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Miembros
Nafis Sadik (Pakistán) Enviada Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para el
VIH/ SIDA en Asia y ex Directora
Ejecutiva del Fondo de Población de las
Naciones Unidas
 

Salim Ahmed Salim (República Unida
de Tanzanía)
ex Primer Ministro de la República Unida
de Tanzanía y ex Secretario General de la
Organización de la Unidad Africana
 

Brent Scowcroft (Estados Unidos) ex Teniente General, Fuerza Aérea de los
Estados Unidos, y ex Asesor de
Seguridad Nacional de los Estados
Unidos
 

Mandato
1. En el último año se han sacudido los cimientos de la seguridad colectiva y ha
mermado la confianza en la posibilidad de soluciones colectivas para nuestros pro -blemas
y desafíos comunes. Han quedado también de manifiesto profundas discre -pancias
de opinión acerca del alcance y la índole de los problemas a que hacemos
frente y probablemente seguiremos haciendo frente en el futuro.
 

2. El Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio obedece al
propósito de recomendar medidas claras y prácticas para asegurar una acción colec -tiva
eficaz sobre la base de un riguroso análisis de las amenazas futu ras a la paz y la
seguridad, una evaluación de la aportación que puede hacer la acción colectiva y
una minuciosa evaluación de los métodos, instrumentos y mecanismos que existen,
entre ellos los órganos principales de las Naciones Unidas.
 

3. No se pide al Grupo que formule normas sobre cuestiones concretas ni sobre el
papel que cabe a las Naciones Unidas en determinados lugares. Más bien, lo que se
pide es que haga una nueva evaluación de los problemas que habrá que superar y
re comiende los cambios necesarios para poder superarlos eficazmente mediante la
acción colectiva.
 

4. Concretamente, el Grupo:
a) Examinará las amenazas en el mundo de hoy y hará un análisis de los fu -turos
desafíos a la paz y la seguridad internacionales. Por más que pueda seguir
habiendo dis tintas ideas acerca de la importancia relativa de las diversas amenazas a
que hace frente un determinado Estado Miembro, es importante encontrar un equili-brio
adecuado en el plano mundial y también es importante entender las conexiones
que hay entre distintas amenazas;
 

b) Indicará claramente la contribución que puede hacer la acción colectiva
para superar esos problemas;
 

c) Recomendará los cambios necesarios para asegurar una acción colectiva
eficaz procediendo, entre otras cosas, a un estudio de los prin cipales órganos de las
Naciones Unidas. 104
104 Page 105 106
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5. La labor del Grupo se limita al ámbito de la paz y la seguridad en sentido lato,
esto es, debe ampliar su análisis y recomendaciones a otras cuestiones e institucio -nes,
incluidas las económicas y sociales, en la medida en que guarden relación di-recta
con amenazas futuras a la paz y seguridad. 105
105 Page 106 107
106 0460234s
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Anexo III
Secretaría del Grupo
 

Stephen Stedman, Director de Investigación
Loraine Rickard-Martin, Secretaria del Grupo
Bruce Jones , Subdirector de Investigación
Muhammad Zeeshan Amin
Tarun Chhabra
Sebastian Graf von Einsiedel
Angela Irving
Graham Maitland
Angelica Malic
Thant Myint-U
Maria Zaroui 106
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Anexo IV
Reuniones del Grupo, consultas regionales y seminarios
 

A. Reuniones del Grupo
Fecha Lugar
5 a7 de diciembre de 2003 Princeton (Estados Unidos de América)
13 a 15 de febrero de 2004 Mont Pelerin (Suiza)
30 de abril a 2 de mayo de 2004 Addis Abeba
16 a 18 de julio de 2004 Baden (Austria)
24 a 26 de septiembre de 2004 Tarrytown (Estados Unidos de América)
3 a 5 de noviembre de 2004 Nueva York (Estados Unidos de América)
 

B. Consultas regionales y seminarios
Fecha (2004) Reunión Lugar Organizador
13 y 14 de enero "The Secretary General's High-level
Panel: maximizing
prospects for success"
 

Harriman (Estados
Unidos de América)
Stanley Foundation
 

29 de enero Reunión con organizaciones
no gubernamentales sobre las
iniciativas de reforma de las
Naciones Unidas y el Grupo de
alto nivel
 

Nueva York Departamento de Información
Pública de la Secretaría de las
Naciones Unidas
 

16 de febrero Reunión del Grupo de alto nivel
con la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa
 

París Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa
 

23 a 25 de febrero "Addressing contemporary
security threats: what role for
the United Nations?
 

West Sussex (Reino
Unido)
Wilton Park
 

27 de febrero "Security Council reform" New Haven Yale Center for the Study of
Globalization
 

1° de marzo "Nuclear proliferation" Stanford Center for International Security
and Cooperation, Stanford
University
 

1° y 2 de marzo "Use of force" Harriman Stanley Foundation y Fundación
pro Naciones Unidas
 

2 y 3 de marzo "Intervention in humanitarian
crises"
Harriman Stanley Foundation y Fundación
pro Naciones Unidas 107
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Fecha (2004) Reunión Lugar Organizador
4 de marzo "Terrorism and non-State actors" Nueva York Stanley Foundation, Fundación pro Naciones Unidas e Instituto Ralph
Bunche de Estudios
Internacionales
 

5 de marzo "The future of the weapons of mass destruction regimes" Nueva York Gobierno de Nueva Zelandia y Academia Internacional de la Paz
 

7 y 8 de marzo Consultas regionales Río de Janeiro (Brasil) Viva Rio y Center on International Cooperation, New York University
12 a 14 de marzo
26 y 27 de marzo
Retiro para representantes
permanentes y miembros del
Grupo a fin de discutir la labor
de éste
 

Manhasset (Estados
Unidos de América)
Los Gobiernos de Australia,
México, los Países Bajos, Singapur
y Sudáfrica y la Academia
Internacional de la Paz
 

18 a 20 de marzo Consultas regionales Oslo Instituto Noruego de Asuntos Internacionales y Center on
 

International Cooperation,
New York University
 

28 a 30 de marzo Seminario sobre el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas
 

y las amenazas a la seguridad
internacional en el futuro
 

Ginebra Gobierno de Suiza
 

29 y 30 de marzo "Small arms and light weapons" Harriman Stanley Foundation y Fundación pro Naciones Unidas
2 a 4 de abril Simposio asiático de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos
y el cambio
Hangzhou (China) Gobierno de China
 

5 de abril "Nuclear arms control and proliferation" Cambridge (Estados Unidos de América) Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard
University, Nuclear Threat
Initiative y Fundación pro
Naciones Unidas
 

8 de abril Outreach to humanitarian and human rights NGOs Nueva York Friedrich Ebert Stiftung y Fundación pro Naciones Unidas
 

16 y 17 de abril Governance and sovereignty Stanford Stanford Institute for International Studies
19 de abril "Bio -security" Washington, D. C. United States National Academies of Sciences, Nuclear Threat
Initiative y Fundación pro
Naciones Unidas
 

21 a 24 de abril "Dialogue on security in Asia: concepts, threats and assurances
 

after 9/ 11"
Singapur Singapore Institute for International Affairs y Center on
International Cooperation, New
York University 108
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Fecha (2004) Reunión Lugar Organizador
25 a 27 de abril Reunión de la labor del Grupo de Alto Nivel con ocasión del
60° período de sesiones de la
CESPAP
 

Shanghai (China) Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
 

27 a 29 de abril Consultas regionales Addis Abeba Inter-Africa Group y New York University Center on International
Cooperation
30 de abril Reunión de Alto Nivel con la Comisión de la Unión Africana Addis Abeba Secretaría del Grupo de alto nivel y Presidencia de la Unión Africana
 

2 de mayo Reunión con organizaciones de la sociedad civil de África Addis Abeba Secretaría del Grupo de alto nivel
6 de mayo Outreach to civil society, economic and social development NGOs
Nueva York Friedrich Ebert Stiftung y Fundación pro Naciones Unidas
 

10 y 11 de mayo "Development, poverty and security" Warrenton (Estados Unidos de América) Stanley Foundation y Fundación pro Naciones Unidas
13 y 14 de mayo Conferencia sobre cambios en el Consejo de Seguridad Washington, D. C. Institute for Transatlantic Relations, Johns Hopkins
University 17 a 19 de mayo Gobernanza, democracia y mercados libres México, D. F. Instituto Tecnológico Autónomo de México, Friedrich Ebert Stiftung y
 

Fundación pro Naciones Unidas
21 a 23 de mayo "The United Nations, regional organizations and future security threats in Africa" Cape Town (Sudáfrica)
Center for Conflict Resolution,
Friedrich Ebert Stiftung y
Fundación pro Naciones Unidas
 

24 y 25 de mayo "New threats, new responses" Varsovia Gobierno de Polonia
27 a 29 de mayo "The United Nations and new threats: rethinking security" Roma Istituto Affari Internazionali, Aspen Institute Italia, Istituto Italiano per
 

l? Africa e l? Oriente, Fundación pro
Naciones Unidas e Instituto
Interregional de las Naciones
Unidas de Investigación sobre el
Delito y la Justicia
 

2 de junio "Environment and security" Washington, D. C. Woodrow Wilson International Center for Scholars y Fundación
 

pro Naciones Unidas
8 y 9 de junio "Strengthening United Nations' capacity for crisis management" Copenhague Gobierno de Dinamarca
 

11 a 16 de junio Thirty-ninth Conference on the United Nations for the Next
Decade
Prouts Neck (Estados
Unidos de América) Stanley Foundation 109
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110 0460234s
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Fecha (2004) Reunión Lugar Organizador
17 y 18 de junio "Poverty and security: an integrated approach" Londres London School of Economics and Political Sciences, United
Kingdom Department of
International Development y
Fundación pro Naciones Unidas
 

28 y 29 de junio "Security for the billion at the bottom" Oxford (Reino Unido) Oxford University y Stanford Institute for International Studies
 

1° a 3 de julio "United Nations and the new threats: rethinking security" Nueva Delhi Institute of Peace and Conflict Studies y Fundación pro Naciones
Unidas
6 y 7 de julio "Threats, challenges and change: internal violence" Kyoto (Japón) Gobierno del Japón
 

11 y 12 de
septiembre
"Threats, challenges and reform:
building security in the
Mediterranean and Gulf region"
 

El Cairo Consejo Egipcio para las Relaciones Exteriores, Centro
Al-Ahram de Estudios Políticos y
Estratégicos, Fundación pro
Naciones Unidas, Friedrich Ebert
Stiftung, Istituto Affari
Internazionali 110

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