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La Municipalidad de Rafaela y el Concejo deben convocar a una Audiencia Pública inmediata
Jorge T Colombo

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Multisectorial por el Agua también demanda una Audiencia Pública - Luís Castellano o más de lo mismo - EL ARI de Rafaela se pronuncia sobre el agua potable - El "corralito" financiero renace en Rafaela, Santa Fe - Superficial nivel de discusión de los concejales de Rafaela - En aguas, negocio es negociado

Rafaela Al día - Santa Fe Al día

Se advierte el impostergable y constitucional derecho que tienen los ciudadanos de Rafaela, de ser consultados, a través de sus múltiples organizaciones y/o asociaciones, para que expresen su parecer y voluntad acerca del tema del agua y su administración, por dos razones primarias:

 

1. Porque se trata del agua, indispensable para la salud y la vida humana


2. Porque vistos los antecedentes de los últimos 10 años, relacionados con el rol que han tenido, la empresa privada Aguas Provinciales-Suez, que administró y proveyó el agua, y los gobiernos sucesivos -provinciales y municipales- encargados de su vigilancia y control, surgen evidencias de grave negligencia y corrupción, imputables a ambos actores


Veamos el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina:
 

Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

 

La verdadera esencia de este artículo, que debería ser aún más explícito, es que los ciudadanos tienen el derecho a ser consultados cuando de servicios públicos se trata. Tratándose de la administración y provisión del agua potable y de todos los servicios con ella relacionados, el espíritu del artículo 42 resalta aún más.

 

Para comprender mejor los alcances de una Audiencia Pública y su excelencia democrática, transcribimos a la derecha un breve comentario

 

¡Audiencia Pública, ya!

De acuerdo con los antecedentes que existen acerca del funcionamiento de la sabia institución de la Audiencia Pública, es que demandamos entonces su realización, con el objeto de  tratar el vital problema del agua potable y de sus servicios derivados para la ciudad de Rafaela

 

Los comentarios vertidos a través de distintos medios de prensa, por parte de la mayoría de los funcionarios y políticos de la ciudad, constituyen, hasta ahora, simple retórica tendiente sólo a cuidar sus espaldas, soslayar sus responsabilidades reales y defender estrategias tendientes a perpetuar el manejo de decisiones vitales, que hacen a la vida y el bienestar de la gente, por parte de pocas y corporativas personas.

 

Es hora de poner en práctica buena parte de los contenidos democráticos-participativos discursivos utilizados para acceder al poder por parte de la clase política rafaelina

 

La Municipalidad es una institución natural y necesaria, basada en relaciones de vecindad.

Su carácter es, en esencia, político, y no simplemente administrativo
La existencia de la Municipalidad tiene que ver, antes que nada, con el bien común de toda la sociedad local.

 

Si se entiende esto, tanto el Concejo Deliberante de Rafaela como la Municipalidad de Rafaela, tienen la histórica oportunidad de dar un vuelco institucional cualitativo formidable, comenzando a escribir auténticas y nuevas páginas de democracia participativa. Tienen la oportunidad de demostrar ante los rafaelinos, interés genuino por sus problemas, sensibilidad ante la cuestión del agua -que es de vida o muerte- y perfil de estadistas, que son aquellos que
-entre otras virtudes- piensan en la necesidad de sus mandantes, más allá del reconocimiento personal y la permanencia en el poder

 

Si por el contrario, se desaprovecha esta oportunidad histórica y se insiste -con maquillaje- en más de lo mismo, los funcionarios públicos actuales y la clase política en general, actuante y responsable de estos críticos días, deberá responder ante los ciudadanos de Rafaela, ante la Justicia y ante su conciencia

 

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¿Qué es una Audiencia Pública?

La audiencia pública es uno de los instrumentos principales de los regímenes democráticos participativos. Por dicha razón, a los fines de la gestión pública (por ejemplo, sobre temas ambientales, sociales, educativos), la audiencia pública pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre vecinos, organizaciones sociales especializadas en las distintas temáticas de preocupación de la comunidad, el sector privado, las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. Es ahí donde pueden presentarse, con absoluta libertad, las perspectivas tanto individuales como grupales o colectivas sobre los problemas comunes y sobre las soluciones que deban encararse.

La audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella.

La audiencia pública puede ser:

a) Facultativa: la autoridad decide si la realiza o no,

b) Obligatoria:
la autoridad debe realizarla y si no la realiza el acto administrativo es nulo por falta de causa suficiente,

c) A petición de la ciudadanía:
algunas normas consideran la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar a las autoridades la realización de una audiencia pública cumpliendo con ciertos requisitos

De hecho, la audiencia pública puede configurar la oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias autoridades en relación a una decisión determinada.

En la Argentina, la modalidad de la audiencia pública fue introducida por el ambientalismo, precisamente como garantía para una participación pública ordenada. Ya en 1984, a inicios del regreso a la democracia, el Senado de la Nación celebró a título demostrativo la primera audiencia pública a raíz de la necesidad de determinar su competencia en el control de la contaminación del Río Reconquista, curso de agua ubicado enteramente en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, corresponde señalar que a pesar del tiempo transcurrido desde la primera audiencia pública, aún son pocos los cuerpos parlamentarios u organismos que institucionalizaron regímenes de Audiencias Públicas en sus propios procedimientos decisorios, con la concepción amplia de las democracias participativas.

Frente a este cuadro, el ciudadano preocupado por la cuestión pública tiene un doble reto:

1. Aprovechar las posibilidades de participar en las audiencias públicas ya institucionalizadas,

2. Frente a la ausencia de un sistema de audiencias públicas, impulsar la institucionalización de esta modalidad participativa en los ámbitos de toma de decisiones más cercanos a su propia actuación.

¿Quienes pueden participar en Audiencia Públicas?

las audiencias públicas están abiertas a las siguientes categorías de personas:

  • cualquier persona que se vea afectada directa o indirectamente, en su propiedad, salud o calidad de vida;

  • toda persona con ciudadanía o residencia en el lugar donde se celebre la audiencia pública;

  • los sectores regulados por la norma propuesta;

  • organizaciones no gubernamentales cuyo objeto social sea el tema tratado por la audiencia pública;

  • entidades técnicas;

  • asociaciones profesionales;

  • asociaciones empresarias;

  • autoridades públicas de otras jurisdicciones, potencialmente afectadas por la propuesta de decisión;

  • defensorías del pueblo, ministerio público.

De acuerdo al grado de flexibilidad del régimen relativo a Audiencias Públicas, el espectro de participantes puede variar. Sin embargo, las democracias más participativas reflejan una gran apertura para el reconocimiento del derecho de cualquier parte interesada.

Fuente FARN


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