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Servicios sanitarios: nuevo tarifazo

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Rafaela Al día - Santa Fe Al día


040206 -
La dirección partidaria de Afirmación por una Republica Igualitaria (ARI) manifiesta su abierto rechazo al aumento del 35% en la tarifa de agua potable en la provincia de Santa Fe.

 

Desde hace meses, el gobierno provincial venia anunciando un aumento de tarifas en la prestación del servicio de agua potable. Por entonces no estaba claro quien se haría cargo de la concesión del servicio. De esta forma el aumento tarifario emergía con independencia de quien tome a su cargo la conducción de los servicios sanitarios. Las tarifas entonces debían incrementarse si o si, sin importar como ni a quienes afecten.  

 

En este sentido el gobierno de Obeid quedó facultado –ley 12.516 mediante- para tomar toda clase de decisiones sin consultar ni a los legisladores, ni a expertos y estudiosos del tema, ni a las entidades intermedias, ONG, asociaciones de consumidores, en suma, a la sociedad civil en su conjunto.

 

Es de público conocimiento que estos superpoderes conferidos al gobernador Obeid fueron avalados por los legisladores rafaelinos Ricardo Peirone, Roberto Mirabella Alcides Calvo – situación que habíamos resaltado en un comunicado anterior-.

 

El gobierno provincial decide entonces, en virtud de los superpoderes mencionados, subir las tarifas sin dar ninguna explicación a la ciudadanía santafecina.

 

La lógica del aumento tarifario que hoy propone el estado provincial, se debe corresponder con un plan de obra e infraestructura a medio y largo plazo que hasta el momento no fue presentado por las máximas autoridades. Es lo que comúnmente se denomina “recuperación normal de costos”.  No se entiende el tarifazo puesto que este no tiene contrapartida alguna y nadie fuera del gobierno de Obeid conoce que va suceder con las obras que hacen falta y que devienen determinantes para una normal prestación del servicio.

 

Por otro lado, sabemos que durante años, nos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe abonamos al grupo Suez un 13,85% más en la tarifa normal (Acta-Acuerdo del 28/4/99) como condición para realizar obras publicas en el territorio provincial. En otras palabras, el frentista estaba subsidiando a Aguas Provinciales para la realización de obras de agua y cloacas.  Como también se sabe, esas obras no se realizaron nunca.

 

Por otro lado, este “costo” adicional pasa a formar parte de la tarifa fija. Sumado al tarifazo del 35% el aumento total asciende a un 49%; un verdadero acto de desprecio y defraudación contra la ciudadanía santafenica.

Como si fuera poco, ni el ENRESS ni el estado provincial realizaron reclamo alguno ni acudieron en defensa de los usuarios. Recién ahora, luego de cocinada las maquinaciones de Suez, el gobernador Obeid regurgita: “Aquí hay un Estado que fue estafado”. ¿Es que recién ahora se da cuenta el gobernador Obeid que el estado fue estafado? ¿Por qué nunca el o su par inundador Carlos Reutemann dijeron o hicieron algo al respecto?

 

Este último punto es caracterizador de una situación que se fue lentamente agudizando y  en la cual los organismos del estado provincial santafenico ayudo a su profundización.

Con el aumento, una vez más (lo cual marca una continuidad con la gestión privatista de Suez) se intenta que los usuarios paguen los reiterados incumplimientos de Aguas Provinciales y las continuas negligencias de un estado que no solo no reclamo sino que avalo y legalizo los planteos privatistas.    

 

Por otra parte, el monto total de este dinero que no fue destinado a la realización de obras y que por ende el grupo Suez debe a los usuarios, asciende a los $50 millones. De esos $50 millones más de $39 se reparten entre los usuarios de Rosario ($28M) y Santa Fe ($11M). En la ciudad de Rafaela, el grupo Suez debe a los usuarios más de $2,2 millones (datos actualizados hasta Enero de 2004 según un análisis de Alberto Muñoz sobre un informe presentado por el ENRESS al estado provincial en esa fecha). .

 

Según un estudio de David Hall (Universidad de Greenwich) en un análisis sobre la privatización del agua en Europa y Latinoamérica “…la privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras al sistema de suministro de agua que tienden a aumentar las tarifas del agua y los servicios sanitarios”. Este incremento de tarifas, según la experiencia mundial, no se traduce en una mejora del servicio. Además, la lógica privatista realiza exigencias financieras a los mas débiles sin consideras las condiciones económicas y sociales que se plantean en el espacio de la prestación. Al grupo Suez, Vivendi o Anglian Water no les interesa si los aumentos tarifarios influyen negativamente en la ciudadanía que recibe el servicio.

 

Por el contrario, cuando el servicio es público, el espectro de consideraciones se amplia considerablemente. El estudio de David Hall hace hincapié en ello: “Una política de precios puede elaborarse sobre la base de una evaluación de las condiciones sociales, económicas, políticas y medioambientales, y sobre un consenso público en cuanto a los objetivos y una forma sustentable de lograrlos”.

 

Nada de este ha sucedido hasta el momento en la provincia de Santa Fe. Ninguna consideración social se ha realizado sobre el impacto del aumento del 35% en la tarifa de aguas. Tampoco se ha abierto el debate a la sociedad civil; debate ineludible dado la importancia y magnitud de lo que esta en juego: la vida, salud y bienestar de los ciudadanos de Santa Fe.

 

Señalamos anteriormente que un aumento tarifario se corresponde con un proceso de “Recuperación normal de costos”. Como todavía no se sabe cual es el plan de inversiones del gobierno provincial no se puede saber, por lógica, cual va a ser la contrapartida del aumento del 35%. El informe de Hall sostiene que “Los ingresos totales por concepto de subsidios y cobros a los usuarios tienen que cubrir los costos totales de funcionamiento, mantenimiento e inversiones en el servicio de agua, y debe existir una contabilidad pública y transparente”.

Sin embargo, advierte Hall que este recupero de costos no debe ser utilizado en forma extensiva puesto que en definitiva, al ser el agua un Derecho Humano, el estado es quien en definitiva debe garantizar ese “funcionamiento”, “mantenimiento” e “inversiones” necesarias para la prestación del servicio; sobre todo si pensamos en una coyuntura en donde prevalece la pobreza, el hambre, los salarios miserables y la

desocupación.

 

Tal es el caso de la provincia de Santa Fe y por supuesto, la Republica Argentina.

 

En suma, desde ARI Rafaela proponemos:

 

1)      Adjudicar una tarifa social a un piso mínimo vital de consumo de metro cúbico de agua por persona.

2)      Los excedentes de ese consumo se cargan a los consumidores con la tarifa correspondiente (sistema de cobro escalonado).

3)      Que el estado provincial asuma sus deberes y obligaciones a los fines de  disponer del dinero necesario para llevar a cabo las obras que hagan falta.   

4)      Que se realice una revisión integral de la tarifa actual, en especial del 13,85% y que se hagan los reclamos que correspondan a los fines de que ese dinero  o retorne a los usuarios y consumidores o se destine a la realización de las obras a las que estaba inicialmente destinado.

 

Reiteramos nuestra opinión contraria al aumento del 35% que propone el estado provincial. Su responsabilidad basadas en la legalización y omisiones durante la gestión privada del grupo Suez, le exigen un rol en donde la transferencia de costos a los ciudadanos, termine de una buena vez.

 

Sin otro particular saluda atentamente:

Rafael Colombo

Juventud ARI Rafaela

Guerra del Agua - Pago al FMI: Kirchner convalida corrupción histórica

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