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. ¿Qué comemos?

020910 - Esther Vivas - A menudo cuando se habla del impacto de la crisis alimentaria y de la dificultad para acceder a una alimentación sana y saludable miramos hacia los países del Sur. Actualmente, más de mil millones de personas en el mundo pasan hambre, uno de cada seis, y éstas se encuentran, mayoritariamente, en países empobrecidos.

Esta circunstancia se da en un periodo histórico donde se producen más alimentos que nunca, con un aumento de la producción de un 2% en los últimos veinte años mientras que la población crece a un ritmo del 1,14%. Por lo tanto de comida hay, pero la creciente mercantilización de los alimentos ha hecho que el acceso a los mismos se convierta en prácticamente imposible para amplias capas de la población.

Pero más allá del impacto dramático de estas políticas agrícolas y alimentarias en la generación de hambre en el mundo, hay que señalar, también, sus consecuencias en el aumento del cambio climático, la deslocalización alimentaria, la creciente descampesinización del mundo rural, la pérdida de agrodiversidad, etc., especialmente en los países del Sur global, pero también aquí.

En Cataluña, actualmente, tan solo el 2,46% de la población activa se dedica a la agricultura y este porcentaje se reduce año tras año, a la vez que se constata un envejecimiento progresivo del sector, ya que el relevo generacional es muy escaso. Se calcula que la incorporación de jóvenes al campo es diez veces inferior al de hace siete años. Si en el 2001, 478 jóvenes se sumaron a la actividad campesina; en el 2008, tan sólo lo hicieron 49, según datos del sindicato Unió de Pagesos.

El empobrecimiento del campesinado es una realidad innegable. La renta agraria en Cataluña ha caído desde el 2001 en un 43,7%, situándose muy por debajo de la renta general. El encarecimiento de los costes de producción y la baja remuneración que los campesinos reciben por sus cultivos serían algunas de las causas principales que explicarían esta tendencia.

El sistema agroindustrial ha generado una progresiva desvinculación entre producción de alimentos y consumo, favoreciendo la apropiación por parte de un puñado de empresas, que controlan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria (semillas, fertilizantes, transformación, distribución), con la consiguiente pérdida de autonomía del campesinado.

Para describir la estructura del actual modelo de distribución de alimentos se acostumbra a utilizar la metáfora del 'reloj de arena', donde unas pocas empresas monopolizan el sector generando un cuello de botella que determina la relación entre productores y consumidores. En la actualidad, el diferencial entre el precio pagado en origen, al campesino, y lo que pagamos en el supermercado se sitúa en torno a un 500% de media, siendo la gran distribución quien se lleva el beneficio. Por este motivo, los diferentes sindicatos campesinos reclaman una Ley de márgenes comerciales y que se les pague un precio digno por sus productos.

Frente a este modelo agrícola, desde mitades de los años 90, diferentes movimientos sociales vienen reivindicando el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. Una demanda que implica recuperar el control de las políticas agrícolas y alimentarias, el derecho a decidir sobre aquello que comemos, que los bienes naturales (agua, tierra, semillas...) estén en manos del campesinado. Una propuesta que se basa en la solidaridad internacional y que no tiene que confundirse con los discursos chovinistas partidarios de "primero lo nuestro".

En Cataluña, esta soberanía alimentaria implica el acceso a la tierra de quienes quieren incorporarse a la actividad agrícola, apostar por un banco de tierras, y denunciar la creciente especulación con el territorio. Es urgente, como reivindica la plataforma catalana Som el que sembrem, una moratoria en el cultivo de transgénicos y dejar bien claro que la coexistencia es imposible. Cataluña y Aragón son las principales zonas de la Unión Europea donde se cultivan transgénicos, incluso variedades prohibidas en otros países. Hace falta una nueva Política Agraria Común (PAC), en clave de soberanía alimentaria, priorizando una producción, una distribución y un consumo de proximidad, un modelo agrícola vinculado a la agroecología, inversiones en servicios públicos y de calidad en el mundo rural y una legislación sanitaria adecuada para la transformación artesana y la comercialización local.

Sin un entorno rural y un campesinado vivo, otro mundo y otro consumo no serán posibles. Como dice La Vía Campesina, hoy "comer se ha convertido en un acto político".

*Artículo publicado en Público (edición Catalunya)

¿Qué comemos? - Esther Vivas

Cada día nos llevamos a la boca decenas de alimentos. Confiamos en marcas como Kraft, Coca-cola, Nestlé, Danone. Pensamos que los nuevos alimentos funcionales, a los que se les atribuye cualidades terapéuticas, como huevos enriquecidos con ácidos grasos omega 3, leche y yogures fermentados con cultivos probióticos y cereales con ácido fólico nos permitirán vivir más y mejor. Pero hay un lado oscuro de aquello que comemos.

El uso de colorantes, edulcorantes, emulsionantes y saborizantes es una práctica habitual a la hora de procesar los alimentos que consumimos. En Estados Unidos, y a través de la ingesta de comida, se calcula que cada ciudadano toma anualmente 52 kilos de aditivos, hecho que genera crecientes dosis de intolerancia y alergias a los mismos. El ingrediente artificial que más problemas genera es la sacarina, el más extendido de todos, junto con la cola y la cafeína.

Según una investigación realizada en la Universidad de Southampton, en el 2007, por encargo de la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido, la mezcla de colorantes artificiales alimentiarios con el benzoato de sodio, un conservante utilizado en helados y repostería, produciría un aumento de la hiperactividad en niños. Cómo señalaba el profesor Ruperto Bermejo, experto en colorantes alimentarios de la Universidad de Jaén, la solución pasa por sustituir los colorantes artificiales por otros naturales, sin embargo "para la industria, el coste de los colorantes naturales es mucho más elevado que el de los sintéticos". Una vez más los intereses económicos prevalecen por encima las necesidades y el bienestar de las personas.

Y es que unas pocas empresas monopolizan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria, desde las semillas, pasando por los fertilizantes hasta la distribución de los alimentos. La distancia entre el campesino y el consumidor se ha ido alargando en los últimos años, con la consecuente pérdida de autonomía por parte del productor y la creciente mercantilización de la comida. Unas pocas empresas acaban determinando aquello que comemos: qué, cómo, cuándo y dónde se elaboran los alimentos y qué precio se paga por los mismos tanto en el origen, al campesino, como en destino, en el supermercado.

El derecho a decidir en las políticas agrícolas y alimentarias no está hoy garantizado. Hay que reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el acceso del campesinado al agua, a la tierra y a las semillas, a poder escoger alimentos libres de transgénicos. Sólo así nuestra seguridad alimentaria será una realidad.

*Esther Vivas es coautora de Del campo al plato (Icaria ed., 2009).

**Artículo publicado en el El Punt


 

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