Agenda de Datos Utiles
País por País

Aliviando la Pobreza en México. Hacia el Análisis de un Modelo que no Debemos Seguir
Fernando Pineda Morales

Agenda México Publicaciones Para
investigar por temas

América Latina URGENTE
Venezuela Acosada
Argentina en Crisis
Colombia en Guerra


Instituto de Investigaciones Sociales

Más de la mitad de la población en México es pobre. Hay razones históricas y actuales vinculadas con el Estado, que derivan del estilo fundamentalista con que el neoliberalismo se impuso en nuestro país

En México, el desarrollo del Estado de bienestar emerge durante la industrialización sustitutiva,
cuando se generaliza el asalariado y se crean un conjunto de instituciones que garantizaran el acceso de la población, en un principio de la clase trabajadora, a bienes y servicios. Esta tarea fue asumida por el Estado, conformándose el sistema de bienestar mexicano. Desde entonces, la asistencia social se ha expresado de múltiples maneras, instrumentando una serie de programas con características distintas en las que ha existido interés especial por incluir a los sectores marginados al desarrollo nacional. De este modo, durante las tres últimas décadas se han aplicado estrategias de corte asistencial, populista o neopopulista, como se les ha llamado a las implementadas durante al menos los últimos veinte años, hasta políticas subsidiarias y experiencias incipientes y aisladas de desarrollo integral.
Si bien las ciudades fueron las más beneficiadas por esta idea de bienestar -el crecimiento experimentado en la etapa de industrialización hizo necesario que absorbieran bienes y servicios sociales, ya sea individuales o colectivos-, en el campo la situación era muy distinta, pues una vez concluido dicho periodo -a finales de la década de los años 70' la migración masiva -procedente en su mayoría de zonas rurales- no se hizo esperar, pese a que algunos programas sociales habían sido enfocados a este sector.
Con el gradual establecimiento de una buena parte de la población rural en las principales ciudades de nuestro país, se produjo una situación que, si no en sus causas, sí en sus manifestaciones, era asimilable a aquella experiencia europea de finales del siglo XIX, donde la cuestión era: ¿cómo asegurar la reproducción y el disciplinamiento de la población -ejes de la integración social-, desligando al Estado de toda responsabilidad?
Para hacer frente a esta realidad social surgieron programas asistenciales como el SAM, Coplamar, Solidaridad, Procampo, y actualmente el programa Oportunidades que ha sustituido al Progresa, para aliviar la situación social prevaleciente. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, los rezagos en los niveles de bienestar y pobreza se han mantenido y se agudizan gradualmente, constituyendo uno de los principales desafíos que hoy por hoy enfrenta nuestro país.
A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, también se asiste al desmantelamiento del Estado de bienestar y a su reemplazo por el Estado subsidiario, concepción inherente a las estrategias de ajuste ahora dominantes. Los subsidios connotan una visión residual de las políticas públicas: al Estado sólo le corresponde actuar allí donde el mercado no llega o donde no hay mercado.
Consecuentemente, con el cambio hacia la globalización y nuevas formas tecnológicas se inicia un proceso de flexibilización del trabajo cuyo principal efecto es la degradación de la condición salarial y, por ende, de todos aquellos atributos que garantizaban las prestaciones; aparecen entonces una vulnerabilidad social y un empobrecimiento que se creían superados, y se arriba así a un replanteo de la cuestión social con consecuencias todavía imprevisibles, especialmente en lo que respecta a la intervención del Estado.
No hay duda que la sustitución de un régimen por otro se hizo a un ritmo vertiginoso, no conocido antes aquí ni en otras latitudes, y sin interesar el costo social que implicaba la transición. Emerge así abruptamente una inusitada masa de desocupados, subocupados, asalariados precarios, en negro, ocultos, cuentapropistas marginales, etcétera: los excluidos primero de la ciudadanía social y pronto de la ciudadanía política (los desafiliados del sistema, según la potente expresión de Robert Castel). Para los todavía insertos en la producción, el salario se situó en el mínimo indispensable para reconstituir la capacidad de trabajo; las prestaciones relativas al reemplazo generacional del trabajador (educación, asignaciones familiares) agudizaron su deterioro; las relacionadas con su mantenimiento en inactividad (servicios de salud, haberes jubilatorios) tendieron en la práctica a eliminarse. Asimismo, el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo fue transferido a los propios trabajadores (ocupados o desocupados) a través de la anulación de los aportes patronales y de la agudización de la tributación indirecta. El resultado fue una descomunal transferencia de ingresos desde los asalariados a los no asalariados.
La contrapartida previsible de estos hechos fue un aumento sin precedentes de la incidencia, la heterogeneidad y la intensidad de la pobreza. Hoy por hoy, en México, el nivel de la pobreza (60 por ciento de la población) es incomparablemente superior a cualquier momento pasado; su composición social es más heterogénea, ya que las carencias recaen sobre un espectro social más amplio (que incluye las capas medias); existe un creciente número de indigentes que agravó su infraconsumo alimentario.
En el límite, este proceso de confiscación de los derechos sociales culmina con el gradual empobrecimiento de la clase media, destruyendo algunos ejes constitutivos de nuestra integración social; en particular, los altos flujos de movilidad ascendente que, en el pasado, permitían transitar la vida en términos de un proyecto. Sin trabajo, sin seguridad social y sin ahorros, campesinos, clase obrera y clase media deben readaptarse al estigma de "vivir al día".
Tal dinámica social conlleva la necesidad de disciplinar esa masa de población destituida, ya sea mediante políticas de asistencia social, ya sea por medio de la represión directa. En el plano asistencial, el paradigma aperturista se estructura sobre la noción de focalización en grupos vulnerables, lo que significa que el Estado sólo ayuda a los extremadamente carecientes. En el plano de la represión, fue feroz y desembozada durante la década de los sesenta y setenta, y se mantuvo como una amenaza permanente durante los gobiernos llamados democráticos de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo.
Por todo lo anterior, México se ha ido constituyendo en un paradigma mundial de cómo no debe establecerse un orden neoconservador, incluso entre los propulsores de esta opción: la retracción pública en materia de bienestar procedió a la restauración de las ideas decimonónicas sobre la beneficencia, postulando que el Estado sólo debe asegurar la existencia de servicios sociales pobres destinados a los pobres Se olvidó que el fin del Estado subsidiario llegaba después de décadas de vigencia del Estado de bienestar, o sea, cuando los despojados tienen con qué comprar.
Finalmente, cabe preguntarnos por qué, en nuestro país, los procesos de reconversión económica son tanto más fundamentalistas que en el resto del mundo. A mi entender, hay que buscar la respuesta en el comportamiento de algunos actores sociales.
En primer término, en nuestra dirigencia económica. De acuerdo a cánones de la cultura occidental, dos atributos definen el comportamiento empresario: por un lado, la capacidad de asumir riesgos (de ahí deriva parte de su legitimidad la ganancia capitalista); por otro, la vigilante preservación del espacio propio de acumulación (la empresa). La clase empresarial mexicana (muy distinta de cualquier otra en Latinoamérica o del resto del mundo) parece carecer de ambos atributos: no asume riesgos en los mercados cautivos o con las prebendas estatales para asegurar su ganancia; tampoco cuida al país (el que, como la fábrica para el industrial, constituye su coto privado de acumulación), sino que lo depreda al buscar maximizar sus beneficios en el más corto tiempo, sin otra consideración.
En segundo término, en nuestra dirigencia política (en todos sus niveles), que parece irremediablemente constituida con base en prácticas corporativas y clientelares y que, en los últimos tiempos -a pesar de toda una campaña publicitaria que funciona como cortina de humo- exhibe niveles de incompetencia y de corrupción inaceptables. Por otro lado, los sindicatos, que aún sobreviven, en lugar de liderar las reivindicaciones sociales, buscan disciplinarlas.
Si nos fijamos bien, ninguno de estos actores incorpora la idea de Nación. Paradójicamente, si algo debemos aprender de este último cuarto de siglo es que, en las sociedades modernas, no hay Nación sin cohesión social; que la cohesión social tiene un costo económico que no pueden financiar los más débiles; y que el Estado es insustituible en la gestión de las políticas sociales que logran cohesión
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México
http://morgan.iia.unam.mx/usr/humanidades/index.html

Principal-|-Consulta a Avizora-|-Titulares-| Clima-|-Sugiera su Sitio
Temas Que Queman | Periodísticos Selectos | Libros Gratis | Publicaciones | Glosarios
Desarrollo Web | Libro de Visitas |-Chat-|-Horóscopo


AVIZORA
TEL: +54 (3492) 434313 /+54 (3492) 452494 / +54 (3492) 421382 /
+54 (3492) 15 612463 ARGENTINA
Web master: webmaster@avizora.com
Copyright © 2001 m. Avizora.com