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Los descontentos con el nuevo gobierno reclaman por la
seguridad jurídica, concepto que se aplica tanto a la renegociación de
los contratos con las empresas privatizadas y los acreedores externos como
a la renovación del personal en la Corte Suprema de Justicia o los entes
reguladores. Durante los tres lustros pasados esto significó
superganancias con nulo riesgo para un grupo de privilegiados. Cambiar esa
lógica es un campo central de debate.
El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe,
el norteamericano David de Ferranti, especializado en programas sociales,
vivienda, obras sanitarias y financiamiento para la salud, entregó un
fajo de más de cien páginas al ministro de Planificación Federal,
Inversiones y Servicios, Julio De Vido. Contenía las recomendaciones del
organismo sobre los criterios de regulación para los servicios públicos
privatizados. De Vido lo entregó a un asistente con la solicitud de que
fuera traducido al castellano y comentó: “Supongo que incluirá un capítulo
de autocrítica”. El viceministro de Economía Oscar Tangelson se hundió
en su sillón, más inquieto que De Ferranti. De Vido dijo que la
Argentina era responsable por los malos reguladores designados pero que el
Banco era corresponsable, porque les había suministrado el libreto. En
verdad, no sólo el libreto: en varias de las empresas privatizadas el
organismo auditor es al mismo tiempo accionista privilegiado, a través de
la Corporación Financiera Internacional.
Tanto Néstor Kirchner como De Vido ya habían anunciado que no habría
aumentos de tarifas a cuenta sino una revisión integral de cada contrato
y nuevos marcos regulatorios. En algunos casos como las rutas federales
licitadas por el ex ministro Roberto Dromi y renegociadas por Domingo
Cavallo y Nicolás Gallo, los contratos caducan en octubre y no se renovarán.
Esto implica terminar con la renegociación interminable, cada vez con
nuevos beneficios para los concesionarios, que cobran peaje a los
automovilistas y, además, subsidio del Estado, y volver a licitar las
rutas. Los concesionarios han elogiado esta decisión que, en cambio, ha
sido objetada por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Un
estudio realizado por Claudio Lozano y Martín Schorr impugna el concepto
de borrón y cuenta nueva, y sostiene que las empresas obtuvieron
beneficios extraordinarios en dólares mediante la integración vertical
entre peajistas y constructoras e incumplieron con el 65 por ciento de las
inversiones comprometidas. A su juicio, “recuperar las rutas por parte
del Estado supone el manejo de una herramienta estratégica en materia de
precios relativos y competitividad”. La autoridad pública ganaría con
ello unos 700 millones de pesos anuales “que podría poner en función
de obras de infraestructura vial debidamente auditadas, fuertemente
intensivas en mano de obra y evitando las tradicionales maniobras de
sobrefacturación que resultan de la natural colusión entre
concesionarios de peajes y constructoras”. En otros casos, como los del
Correo y los Aeropuertos, el gobierno exigirá a los concesionarios el
pago del canon atrasado y, si no cumplen, rescindirá los respectivos
contratos. En todos, se modificará el marco regulatorio que permitió
tantos abusos, lo cual implicará también una renovación del personal,
ya sea por resolución ministerial, decreto o ley, según sea necesario.
Primero que pague
La concesión del Correo fue ganada por un consorcio integrado por dos
empresas del grupo SOCMA (Sociedades Macri) y el Banco de Galicia. Otra
empresa de SOCMA, Servicios Viales, administra uno de los 19 corredores
viales adjudicados por Menem. La Auditoría General de la Nación estudió
ambos contratos y sus conclusiones fueron demoledoras. Recomendó
rescindir el del Correo Argentino por la suma de incumplimientos del
concesionario y sostuvo que Servicios Viales recibió una indemnización
indebida por 65,6 millones de dólares cuando en realidad debía ser
deudora del fisco por 10,4 millones. Ese premio equivale a la quinta parte
del total de 322 millones de dólares reconocido por el Estado a los
peajistas. A raíz de ello la Oficina Anticorrupción presentó una
denuncia contra el ex presidente Fernando de la Rúa y cinco de sus ex
ministros (Domingo Cavallo, Chrystian Colombo, José Luis Machinea, Carlos
Bastos y Nicolás Gallo) por fraude contra la administración pública,
malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la
función pública. Ya en junio de 2001 el entonces subsecretario de
Recursos y Ejecución Presupuestaria, Rubén Torres, había recomendado a
la Jefatura de Gabinete la rescisión del contrato del Correo. La semana
pasada Franco Macri solicitó una audiencia con De Vido para discutir la
situación del Correo, que se declaró en convocatoria de acreedores, no
paga al Estado el canon comprometido y reclama una suma próxima a los mil
millones de pesos por presuntos incumplimientos oficiales que el Estado
nunca reconoció. De Vido le hizo llegar la respuesta a través de su
secretaria:
Primero que pague el canon. Después hablamos.
Usuarios sin embajador
La situación del Correo también fue tema de la conversación que el
saliente embajador de los Estados Unidos, James Walsh, mantuvo con el
ministro que llegó del frío. Durante el último fin de semana Walsh se
reunió en la ciudad uruguaya de Colonia con empresarios y diplomáticos y
declaró al diario La Nación que “la seguridad jurídica sigue siendo
el gran desafío de los argentinos”, frase insidiosa aun en labios
amables como los de Walsh. Durante el encuentro con De Vido, Walsh quiso
saber si el gobierno se proponía reestatizar la prestación del servicio
postal (que sólo es por completo privado aquí, en Nigeria y en Burundi).
Si el concesionario no cumple con el contrato, vamos a relicitar el
Correo. Si Federal Express se presenta a la licitación con una buena
oferta, se la adjudico. Pero si no se presenta no voy a cerrar el Correo
–le respondió De Vido.
Luego le explicó su idea de una armónica sinergia entre el sector público
y el privado, en la que habría espacio también para microcooperativas de
trabajadores que construirían viviendas y realizarían el mantenimiento
de hospitales y escuelas. De este modo se reproduciría una experiencia
que Kirchner y De Vido realizaron en Santa Cruz en 1999 cuando las compañías
petroleras racionalizaron un 10 por ciento de su personal de un día para
otro. Otro esquema que se intentará repetir es el del entubamiento del
arroyo Cildáñez, en La Matanza. Además de su valor simbólico como
reivindicación histórica de la zona más poblada del Gran Buenos Aires,
la obra debería generar unos 300 puestos de trabajo que las constructoras
privadas se obligan a cubrir con desocupados de la misma zona.
Otro diplomático que deja el país es el embajador francés Paul Dijoud,
quien durante un agasajo de empresarios calificó a Roberto Lavagna de héroe
por su desempeño al frente de la economía argentina en 2002. Dijoud
aboga aquí por los intereses de Telecom y Aguas Argentinas. En su primer
encuentro con De Vido, dijo que esas compañías de origen francés habían
sufrido mucho.
Los usuarios argentinos también. La diferencia es que no han tenido un
embajador que los defendiera –le respondió De Vido con una sonrisa
campechana.
El ministro de Planificación consulta con frecuencia sobre estos temas al
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al ex subsecretario de
seguridad de Duhalde, Carlos Vilas, y a la flamante subsecretaria de
Defensa del Consumidor del ministerio de Economía, Patricia Vaca Narvaja,
quienes suelen poner el acento en la seguridad jurídica de los usuarios,
cuyos intereses no fueron atendidos en las sucesivas renegociaciones
contractuales. También coinciden en la realización de audiencias públicas
en todos los casos, de modo que la sociedad pueda escuchar y ser oída y
no se aprueben aumentos o modificaciones contractuales en las sombras,
como fue la regla hasta ahora. Lavagna había incluido en el proyecto de
ley marco para las renegociaciones el reemplazo de las audiencias por unas
denominadas “consultas públicas”, que se reducían a un electrónico
derecho al pataleo por el cual los usuarios podrían dejar constancia de
su desacuerdo en una página de Internet, pero no discutir cara a cara con
los funcionarios y con los representantes de las empresas prestadoras. El
secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, está
revisando ahora el texto que se enviará al Congreso, en el que reaparecerán
las audiencias públicas, en línea con las palabras que Kirchner pronunció
en La Matanza al anunciar la primera obra pública que se iniciará bajo
su gobierno: “Juntos y organizados podremos terminar con la Argentina
injusta de la concentración económica y la desigualdad en la distribución
del ingreso”.
Ser y parecer
El martes 10, Kirchner escuchó otra versión acerca de la seguridad jurídica,
de labios del ministro estadounidense de Relaciones Exteriores, el general
Colin Luther Powell, quien le transmitió el reclamo que le había llegado
desde la Corte Suprema de Justicia de su país. Tres de sus jueces, el
ultraconservador Antonin Scalia, Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy
mantienen relaciones con el vicepresidente de su caricatura argentina,
Eduardo Moline O’Connor. Todos ellos estuvieron aquí, invitados por la
Corte Suprema a instancias de Moliné. Con la oposición de Enrique
Petracchi y Augusto Belluscio, el tribunal argentino se hizo cargo de los
pasajes en primera clase y el alojamiento en hoteles de cinco estrellas de
los magistrados estadounidenses, quienes participaron en actividades académicas
organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia. El ex presidente de ese órgano creado por el menemismo, Rodolfo
Luis Vigo, recordó en un trabajo académico una conferencia sobre ética
judicial del juez Kennedy. Si en una reunión social en algún momento un
juez quedara a solas con un abogado que tuviera un litigio en su tribunal,
debería llamar de inmediato a un tercero para que fuera testigo de la
conversación, sostenía. En Estados Unidos los grupos de interés
conservadores y liberales prevén que en las próximas semanas podría
producirse una vacante en la Corte Suprema de Justicia y han comenzado a
prepararse para conquistar el favor de la opinión pública. Una fundación
favorable a la libertad de elección reproductiva abrió el fuego con un
aviso en el que una mujer lee con estupor la portada de un diario que
dice: “Prohíben el aborto. La Corte niega el derecho de elección”.
Es decir, se discuten temas de enorme trascendencia colectiva que dividen
a la sociedad según líneas ideológicas o filosóficas, no por lealtades
personales o protección para los negocios turbios de los amigos. Grupos
de presión de ambos bandos han comenzado a reunirse para discutir sus
estrategias y cada uno ha formado dossiers acerca de un buen número de
posibles candidatos, lo cual implica un saludable escrutinio previo de sus
calidades intelectuales y morales. Ninguna de estas prácticas ha regido
en las pampas chatas.
¿Ignorancia o malicia?
Ante la inquietud de Powell, Kirchner respondió que nada se haría al
margen de los procedimientos constitucionales del juicio político,
similares a los que los estadounidenses pusieron en práctica con la mayor
publicidad hace pocos años. Como era de esperar, Powell se dio por
satisfecho con haber introducido en la agenda un tema que se encargarán
de seguir algunos especialistas nativos. Es una involuntaria ironía que
entre ellos se destaque el ex secretario de Hacienda de la dictadura
militar, Juan Alemann, quien además se asoció con el socio de Carlos
Menem en el diario La Razón. En sus páginas firmó un editorial en el
que afirma que Kirchner pretende ubicar en la Corte Suprema “a personas
afines a su pensamiento”. Con toda soltura añade que de ese modo el
gobierno “pretende darle un sentido más laxo al derecho de propiedad,
en el sentido del derecho socialista, que condiciona tanto a la propiedad
privada, que le cambia la esencia. Este es el temor que existe en esta
cuestión, ya que se apuntaría hacia un Estado de derecho distinto, que
para empresarios e inversores ciertamente no es confiable”. Alemann
imputa a políticos y a “ciertos periodistas” haber demonizado a la
Corte Suprema y ser responsables de su “mala imagen”. Con una
ignorancia llamativa aun para un lego en temas jurídicos, afirma que los
periodistas “tienen una deuda de gratitud con esta Corte” porque
“estableció el principio de la real malicia, o sea, que un periodista
puede equivocarse, pero que si es advertido del error y publica la
corrección, no cabe un juicio por calumnias e injurias” (sic). Alguien
también le hizo creer que “la Corte estableció que no se podía
invocar la defensa de la privacidad cuando se trataba de casos de
trascendencia pública y/o que involucran a altos funcionarios o políticos”,
es decir lo contrario de lo que el tribunal dictaminó en la causa de
Menem contra la revista Noticias, que ha motivado una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinada por la Asociación
Periodistas.
“Justicia de clase”
Más sofisticado pero no menos amenazador, el presidente de la
International Bar Association, Emilio J. Cárdenas, advirtió que en el
fuero penal federal no existe el secreto de los sumarios. “Las causas se
convierten en folletines mediáticos y, a través de ellas, el honor de
las personas inocentes es fácilmente despedazado”, escribió en La Nación.
Cárdenas levanta principios liberales inobjetables, como la presunción
de inocencia, e interpreta que ha sido “reemplazada por la de
culpabilidad”. Parece creer, o lo finge, que éste es un fenómeno
reciente, tal vez porque sólo analiza su propia experiencia. Pero se
guarda una carta en la manga. Para que el público tuviera todos los
elementos de juicio a su disposición sólo le faltaría consignar que el
juez Mariano Berges lo procesó y lo dejó en libertad a cambio de una
fianza de 100.000 pesos, en una causa por administración fraudulenta de
la descontadora de aportes jubilatorios Máxima, y que también fue citado
por el juez federal Claudio Bonadío, como testigo en la causa por las
coimas en el Senado.
En lugar de ello, Cárdenas sostiene que “algún periodismo (llamado
‘de investigación’) condiciona constantemente a la opinión pública
en lo que aparece como una suerte de ejercicio destructivo, sin límites
de ningún tipo, donde el éxito legítimo tiene connotaciones automáticas
de deshonestidad. Miles de delitos flagrantes no se investigan siquiera,
al tiempo que las persecuciones mediáticas alimentan una suerte de
resentida y disociadora ‘justicia de clase’”. Cárdenas es el
banquero que sin transición pasó de denunciar al gobierno de Menem y
Duhalde como una cleptocracia a representarlo como embajador ante las
Naciones Unidas. Este año era uno de los candidatos del menemismo a la
cancillería. Su opinión es representativa de un sector tan minúsculo
como poderoso: los éxitos que sus integrantes han obtenido en los mismos
años en que el conjunto de la sociedad se hundía en la miseria y la
desesperación es, por definición, legítimo, y cualquiera que tenga algún
reparo que oponer es un rencoroso jacobino, ya sea un juez, un periodista
o un mandatario constitucional.
Cinco por uno
Algo similar debe pensar del diputado Mario Cafiero y de los fiscales
Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes pidieron el procesamiento por
abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y asociación
ilícita a los responsables del Mecaganje de junio de 2001, entre ellos De
la Rúa, Cavallo, Colombo, Horacio Tomás Liendo (h.), David Mulford, el
ex Procurador del Tesoro Ernesto A. Marcer y los directivos de los bancos
que intervinieron, entre ellos el de Hong Kong y Shangai, del que Cárdenas
era director ejecutivo. Los peritos de la defensa, encabezados por quien
Menem había presentado como su hipotético ministro de Economía, Carlos
Melconian, fueron quince luminarias del sector financiero, entre ellos el
ex presidente del Banco Central de la dictadura, Ricardo Arriazu.
Reconocieron en forma implícita que el Megacanje implicó un perjuicio
para el Estado, al afirmar que “desde un punto de vista financiero y
económico, evitó un perjuicio mayor”. El perjuicio mayor hubiera sido
el default, que de todos modos se produjo pocos meses después. Como
resultado, la deuda pública se incrementó en alrededor de 55 mil
millones de dólares, a cambio de postergar unos 11 mil millones que vencían
entre 2001 y 2005, versión financiera del 5 por 1. El comité de bancos
creado por decreto, fusionó al acreedor con el deudor en forma dolosa y
premeditada, anulando la capacidad de negociación del Estado. “Se
generaron así compromisos totalmente exorbitantes a la capacidad de pago
de la Argentina. Mediante una operación financiera disparatada, realizada
entre gallos y medianoche con el concurso de un puñado de funcionarios,
se pretende obligar a toda una generación de argentinos a pagar a lo
largo de su vida útil laboral una enormidad de dinero”, sostiene
Cafiero. Según el legislador del ARI violaron el artículo 65 de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, según el cual la reestructuración de la deuda
pública sólo es admisible si implica “un mejoramiento de los montos,
plazos y/o intereses de las operaciones originales”, es decir todo lo
contrario de lo sucedido. A raíz de ello, Cafiero también solicitó al
juez federal Jorge Ballesteros la nulidad del Megacanje y una medida
cautelar para que hasta que haya pronunciamiento sobre ese punto el Poder
Ejecutivo “se abstenga de comenzar la renegociación de la deuda externa
en bonos”
Pura seguridad jurídica
Fuente: Página 12. Buenos Aires. 15/06/2003
http://www.pagina12.com/
La Inmunidad
Horacio Verbitsky
Luego de su encuentro con Powell, Kirchner voló a
Brasilia en reciprocidad con Lula, quien eligió la Argentina para su
primer viaje como presidente. La decisión de desarrollar las
instituciones políticas del Mercosur, coordinar las políticas macroeconómicas,
tender hacia una moneda única, establecer una política común de defensa
y seguridad, más la declarada voluntad de ampliar el bloque con la
incorporación de Venezuela y los demás países andinos, intentan crear
un contrapeso a la mono-hiperpotencia emergente en la postguerra fría. La
primera prueba es inminente.
La Cámara de Diputados devolvió al Poder Ejecutivo la solicitud de
autorización enviada por Duhalde en las últimas horas de su mandato
transitorio, para un ejercicio aéreo en Mendoza con los Estados Unidos.
Invocó un detalle formal, que podría haberse subsanado de otro modo, un
error en la fecha. En los contactos entre los ministerios de Defensa y de
Relaciones Exteriores en procura de una respuesta razonable, la preocupación
no estriba en la realización en sí del ejercicio, sino en la inmunidad
diplomática solicitada para todo el personal civil y militar
estadounidense que participe. Se entiende. Esta semana el gobierno de
Estados Unidos amenazó con remover de Bruselas la sede de la OTAN, en
protesta por la ley de jurisdicción universal que permite juzgar en Bélgica
crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo. Debido a la
presión estadounidense, Bélgica ya había modificado la ley, de modo de
permitir al gobierno el rechazo de acusaciones que respondan a motivos políticos.
Tal excepción se aplicó hace pocas semanas cuando el gobierno desestimó
una acusación de ciudadanos iraquíes contra el jefe de las fuerzas
estadounidenses en Irak, general Tommy R. Franks. Sin embargo, el ministro
de Defensa Donald Rumsfeld exige la lisa y llana derogación de la ley.
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó
por 12 votos y sólo 3 abstenciones la resolución
1487 que protege “por un período de 12 meses, eventualmente
prorrogable, a todos los participantes en operaciones de mantenimiento de
la paz provenientes de países que no hayan firmado el Tratado de Roma”,
sobre el que se basa el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Las únicas
abstenciones fueron las de Francia (que hubiera podido vetar la resolución),
Alemania y Siria. El Secretario General Kofi Annan se había opuesto, con
un argumento principista (se erosionará la autoridad del Tribunal Penal
Internacional y la propia legitimidad de las misiones de paz) y otro pragmático
(no es necesario, dado que nunca algún miembro de esas misiones fue
juzgado y porque, vayan donde vayan, sólo están sujetos a la jurisdicción
de su país de origen). Además, Gran Bretaña, España, Italia y Bulgaria
aceptaron la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, concediendo
la inmunidad a sus ciudadanos. Washington consiguió la primera resolución
hace un año, bajo amenaza de retirar sus tropas de la fuerza de paz en
Bosnia. Ni siquiera tuvo que recordarlo ahora. A la luz de este
precedente, el único camino que se le abre a la Argentina es acordar una
posición con Brasil, tanto para negar la inmunidad como para concederla
y, en cualquier caso, compartir los costos
Fuente: Página 12. Buenos Aires. 15/06/2003
http://www.pagina12.com/
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