130206 - Marcelo Resende y Maria Luisa Mendonça

En varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y las selvas.

Muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un proyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

En el medio rural, los principales programas del Banco incluyen las siguientes etapas:

Catastro y georreferenciamiento de los inmuebles rurales
Privatización de tierras públicas y comunitarias
Titulación de posesiones
Mercantilización de la reforma agraria
Mercado de tierras
Integración de los campesinos al agronegocio

De acuerdo con esta concepción, el Estado se desentiende de su obligación de promover la desconcentración agraria a través de la distribución de la tierra. Al contrario de ello, estimula el control del territorio agrario por parte de grandes empresas.

Imponiendo y supervisando las políticas de desarrollo de los países periféricos, el Banco Mundial les obliga a comprometer sus presupuestos con proyectos que benefician a las grandes corporaciones. El resultado de esta intervención se refleja en el contingente estimado de 4.8 mil millones de personas, en su mayoría desempleados, subempleados o en el sector informal.

La llamada “reforma agraria de mercado” – denominación criticada por los movimientos sociales, por considerar que tal modelo no hace justicia al término “reforma agraria” – tiene como base el fomento de la venta de tierras por parte de los latifundistas a los trabajadores con poca o sin tierra.

El proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia y profunda. Muchos trabajadores rurales, deseando realizar su sueño de acceso a la tierra para trabajar, se comprometen con préstamos con tasas de interés de mercado, estimulados por promesas de una vida mejor. Contrario a ello, ocurre un proceso de endeudamiento que somete a los campesinos a la desilusión y expulsión de las tierras adquiridas.

Por otro lado, esa política genera mayor concentración de tierra y beneficia a los grandes propietarios que venden sus peores áreas a precios inflados, en efectivo. Además, las experiencias muestran que los programas de “reforma agraria de mercado” estimulan practicas de corrupción y clientelismo, pues colocan el control del proceso en manos de las elites rurales.

En Brasil, esos programas van en sentido contrario al precepto legal que determina la desapropiación como el principal instrumento de obtención de tierras improductivas. La constitución brasileña establece que las tierras agrícolas deben cumplir su función social, o sea, deben producir alimentos y respetar las leyes ambientales y de trabajo. En caso de que esto no sea así, el gobierno debe expropiar esas áreas para fines de reforma agraria y asentamiento de familias sin tierra.

Al sustituir la expropiación debido a intereses sociales por la compra y venta de tierras, el estado deja de cumplir su obligación constitucional. De esa forma, no hay penalización al latifundio, sino su valoración pues son los hacendados los que pueden decidir vender o no sus tierras. Una expansión del mercado de tierras acaba en muchos casos provocando un encarecimiento de los precios y, consecuentemente, beneficiando a los grandes latifundistas.

Desde 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, estos programas han alcanzado a 70.000 familias y utilizado cerca de 500 millones de dólares.

De acuerdo con los estudios realizados por académicos y organizaciones sociales, estos programas presentaron los siguientes problemas:
1. Aumento del valor de la tierra y pago al contado, como forma de premiar el latifundio (la existencia del un Fondo de Tierras inflacionó el mercado).
2. Inviabilidad económica, imposibilidad de pago de los préstamos y endeudamiento de los trabajadores rurales. Las áreas adquiridas, muchas de mala calidad, no reunieron las condiciones de permitir la generación de renta suficiente para el pago de la deuda.
3. Adquisición de tierras sin registro e improductivas, por lo tanto aptas para el programa de reforma agraria.
4. La compra de la tierra se hace por medio de asociaciones de trabajadores, sin autonomía a la hora de la elección de las áreas. Dichas asociaciones son, muchas veces, organizadas por los mismos latifundistas y políticos locales.
5. Condiciones precarias de supervivencia y abandono de áreas. En vez de aliviar la pobreza, la situación financiera de los participantes del programa se agravó.
6. Denuncias de corrupción involucrando a administraciones municipales, políticos y sindicatos, que habrían sido favorecidos en las transacciones de compra y venta de tierras.
7. Destrucción ambiental: en muchos proyectos, se ha constatado la explotación de recursos naturales, la producción de carbón como medio de supervivencia y la explotación de reservas forestales, como las de carnaúba en el Nordeste.

Con el inicio del gobierno Lula, el conjunto de los actores sociales del campo depositaron sus esperanzas en la reversión de este proceso. La expectativa era que la reforma agraria estaría en el centro de la agenda política, como una forma importante de generación de empleos, de garantía de la soberanía alimentaria y como base de un nuevo modelo de desarrollo.

Al contrario de eso, asistimos a la continuidad de las políticas del Banco Mundial para el medio rural. En noviembre de 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario anunció la continuación del programa de Crédito Agrario de Combate a la Pobreza Rural, con la meta de alcanzar a 130.000 familias.

Otra política del Banco Mundial en Brasil, que apunta a facilitar la implementación del “mercado de tierras”, es el registro y georreferenciamiento del territorio nacional, con la regularización de 2,2 millones de inmuebles rurales y la titulación de 500.000 “posseiros” (ocupantes sin ducumentación legal). Este programa acaba con el concepto de tierras públicas y comunitarias y puede contribuir al aumento de la concentración de la propiedad de la tierra. La venta de áreas tituladas puede beneficiar a latifundistas y a los llamados “grileiros” (individuos que se apoderan de tierra ajena mediante falsificación de escrituras de propiedad), además de fortalecer a los gobiernos de los estados en la concesión de tierras públicas y devueltas a madereros y grandes empresas agrícolas. En la región amazónica y del cerrado ya se verifica la expansión del monocultivo de soja, que puede ser facilitado por la privatización de las áreas georreferenciadas. El proyecto permite también que el Banco Mundial tenga acceso a datos estratégicos sobre el tejido agrario brasileño.

En diferentes países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras indígenas, de afro descendientes y de otras comunidades rurales, además de la privatización del agua y de las selvas, aumentado las desigualdades sociales. La creación de mercados de tierras se plantea en este contexto más amplio.

El caso de Colombia es ejemplar. En 1950, el Banco Mundial recomendaba la migración incentivada de los campesinos y la formación de un sector agropecuario concentrado en la expansión del rebaño bovino para abastecer al mercado norteamericano de proteína animal. El principal obstáculo al crecimiento del país, de acuerdo con el Banco, era el número excesivo de campesinos, y sugería dos formas de resolver la situación: atraer a los campesinos a las ciudades o expulsarlos mediante un “shock”. Según el economista Héctor Mondragón, “no hay desplazados en Colombia porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados”.

Con el fracaso de las políticas de mercado de tierras, en el 2002, el Banco Mundial inició el programa de “Asociaciones Productivas” en Colombia, con el objetivo de subordinar a los campesinos a las grandes corporaciones. El programa convertía a los campesinos en “socios” de los grandes propietarios, proporcionando mano de obra para las empresas transnacionales y eliminando las obligaciones laborales.

En México, las políticas del Banco incentivaron la destrucción de los ejidos – comunidades de reforma agraria, en las que no era permitida la venta de la tierra y los campesinos mantenían los derechos adquiridos desde la Revolución Mexicana de 1917. En 1991, el presidente Carlos Salinas anunció la enmienda del Artículo 27 de la Constitución, permitiendo la división de los ejidos en propiedades privadas. Esta medida seguía la lógica del “mercado de tierras” y preparaba al país para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA).

En Guatemala, el mercado de tierras fue implementado en 1994, a través de un Fondo de Tierras con financiamiento del Banco Mundial. El objetivo era la privatización de las tierras públicas y la venta negociada de los latifundios para evitar las ocupaciones y vaciar las demandas de los movimientos sociales.

En India, en 1975, el Informe de Política de Reforma Agraria del Banco Mundial indicaba a la articulación y el registro de tierras como los principales problemas para el establecimiento de un próspero “mercado de tierras”. Para ello, ofrecieron un “paquete” que incluía la titulación, el relevamiento catastral y el registro para permitir las transacciones de venta de tierras de los productores “menos eficientes” para los “más eficientes”, que en la terminología del Banco Mundial significa “generar lucros máximos”.

En Tailandia, el acceso seguro a la tierra fue el argumento para la intervención del Banco Mundial en la política agraria. Sin embargo, una evaluación interna hecha por el propio Banco confirma que la posesión de la tierra en el país era “relativamente segura e igualitaria”, basada en sólidas tradiciones sociales y culturales, y de esta forma no se justificaba la prioridad de un proyecto de regularización de la propiedad de la tierra.

En Sudáfrica, orientado por el Banco Mundial, el gobierno dio inicio a un complejo paquete de medidas para la implementación del mercado de tierras, apuntando a aumentar los niveles de producción y mejorar la “confianza de los inversores”. Los programas del Banco se destinaron a una elite de agricultores considerados “eficientes”, con mayor poder adquisitivo. Esto eliminó la participación de los campesinos de baja renta, que siguieron siendo dependientes de los salarios en las haciendas y de relaciones sociales paternalistas. Este modelo impidió la realización de una amplia reforma agraria que tuviera poder de transformación social.

En Zimbabwe, entre 1980 y 1996, el gobierno les compraba tierras a los blancos y se la distribuía a los negros, constituyendo asentamientos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimulaban a la Unión de los Hacendados Blancos a no vender las tierras porque se oponían a la constitución de asentamientos. En los años 90, el Banco Mundial invirtió recursos para operar en el mercado de tierras, según el modelo de producción individual de la agricultura familiar. Sin embargo, la agencia decidió suspender esos recursos y, a partir de 1997, el gobierno pasó a realizar la adquisición compulsiva de tierras, con indemnización tan sólo de las mejoras.

La gran semejanza entre las fórmulas aplicadas por el Banco Mundial y sus impactos negativos en diversos países generó un movimiento internacional de oposición a la política de “reforma agraria de mercado.” Muchas organizaciones sociales – como la Vía Campesina, la Red de acción e Investigación sobre la Tierra (LRAN) - iniciaron un trabajo de articulación, con el objetivo de sistematizar y divulgar tanto las denuncias sobre los proyectos del Banco Mundial como las propuestas construidas a través de las experiencias de trabajadores rurales.

Como podemos observar, los proyectos del Banco Mundial se contraponen a las luchas históricas de los movimientos sociales. Es incomprensible que la responsabilidad de la formulación de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a una institución financiera internacional como el Banco Mundial. Es necesario que cada país posea políticas públicas compatibles con la complejidad de las demandas históricas, de las experiencias y de las formulaciones de los movimientos sociales que luchan por la democratización de la tierra y por la soberanía.