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Víctima de la dictadura militar
El golpe de Estado perpetrado a sangre y fuego por las Fuerzas
Armadas y liderado por el nuevo comandante en jefe del Ejército de
Tierra, general
Augusto Pinochet Ugarte, el 11 de septiembre de 1973 cayó sobre
la vida de los Bachelet como una noche mortal. La hija asistió en
directo, desde la azotea de la Facultad de Medicina, al bombardeo
aéreo del Palacio de la Moneda, donde Allende perdió la vida.
El padre, firmemente asentado en la tradición del oficial legalista
respetuoso con el orden constitucional, una condición que encarnaron
igualmente los predecesores de Pinochet en la comandancia del
Ejército, los generales René Schneider Chereau (víctima en 1970 de
una conspiración de ultraderecha) y Carlos Prats González (quien
dentro de unos meses iba a ser asesinado también por orden de los
golpistas en su exilio argentino), rehusó colaborar con la Junta
militar presidida por Pinochet; esta negativa, unida a sus
credenciales demócratas y de colaborador de Allende, selló su
destino.
Detenido ya la misma mañana del golpe en su oficina en el Ministerio
de Defensa, dejado en libertad al final de la jornada y vuelto a
arrestar el 14 de septiembre, Bachelet padre fue confinado en la
Academia de Guerra Aérea, donde sus propios subalternos, a los que
no podía ver el rostro por hallarse encapuchado, le infligieron
brutales vejaciones, inclusive palizas y la introducción de objetos
punzantes bajo las uñas.
En octubre, en unas condiciones físicas deplorables, quedó bajo
arresto domiciliario y tuvo una última ocasión de estar con su
esposa y su hija. El 18 de diciembre fue detenido de nuevo y
recluido en la Cárcel Pública de Santiago, donde compartió destino
con varias decenas de oficiales y suboficiales de la FACH. A todos
ellos les abrieron un consejo de guerra por “traición a la patria”.
Las torturas se sucedieron hasta que el 12 de marzo de 1974, el
general, que padecía de isquemia, falleció de un infarto de
miocardio sin haber recibido en todo este tiempo el tratamiento que
su dolencia precisaba. Tenía 51 años.
Semejante tragedia no interrumpió, al menos al principio y de manera
voluntaria, el compromiso de Bachelet con las aulas y con el PSCh,
pese a que esta labor política hubo de desarrollarla en la
clandestinidad, apoyando a la dirección interna de un partido
diezmado por la represión. Incluidas en las listas negras de la
dictadura, Ángela Jeria, que canalizaba su activismo en el terreno
de los Derechos Humanos, ahora mismo conculcados masivamente en
Chile, y su hija quedaron en una situación muy precaria. La
arbitrariedad de la Junta se abatió sobre ellas el 10 de enero de
1975, cuando dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA), la feroz policía política del régimen castrense, irrumpieron
en su apartamento santiaguino y se las llevaron con los ojos
vendados a la Villa Grimaldi, una vasta propiedad residencial
habilitada por la agencia como centro de interrogatorio y torturas.
En este siniestro lugar, donde sucedían cosas como violaciones en
masa de prisioneras, Michelle y su madre pasaron un calvario de
interrogatorios, condiciones degradantes y maltratos físicos y
psicológicos que ella, según ha comentado en entrevistas, no
describe categóricamente como torturas, en el sentido habitual de la
palabra, porque sus captores no les aplicaron electricidad y otros
tormentos atroces que caracterizaban el modo de operar de la DINA,
aunque sí reconoce haber recibido algunas torturas de un grado no
extremo que prefiere no detallar, aduciendo que tras el choque
traumático se le bloquearon muchos recuerdos. Transcurridos unos
días, las dos mujeres fueron transferidas de Villa Grimaldi al
centro de detención de Cuatro Álamos, donde permanecieron hasta
principios de febrero.
Su puesta en libertad fue gracias a la gestión providencial del
general Osvaldo Croquevielle Cardemil, que era familia política
directa al tratarse del marido de Alicia Bachelet, la hermana del
fallecido Alberto Bachelet. El cuñado y tío de las liberadas,
antiguo director de la Aeronáutica Civil, había sido dado de baja de
las FACH el mismo día del golpe de Estado, y aunque no formaba parte
del núcleo del poder militar, conservaba un importante ascendiente
en el alto mando. Croquevielle fue avisado de la suerte que estaban
corriendo sus familiares por su sobrino Alberto, quien a su vez
recibió la noticia en Australia de su esposa Patricia Espinosa, que
se encontraba en Santiago junto con sus dos hijos en el momento de
la detención. Según parece, la exigencia de Croquevielle fue
atendida por el comandante en jefe de la FACH, general Gustavo Leigh
Guzmán, uno de los cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, y el
ministro del Interior, general César Benavides Escobar.
Salvadas de lo peor y aprovechando la puerta abierta que les dejaba
la Junta, madre e hija se apresuraron a tomar un avión que les llevó
a Sidney, donde se reunieron con Alberto, al que no veían desde
hacía años. Atrás quedaban muchos compañeros de la JS y el partido
que terminaron siendo asesinados por la dictadura. Así les sucedió a
Lorca Tobar y a López Arellano: en el plazo de unos meses, los dos
fueron detenidos y hechos desaparecer por la DINA.
Exilio en Alemania Oriental e inicio de la profesión médica en
Chile
En mayo de 1975 Bachelet marchó a la República Democrática de
Alemania (RDA), cuyo régimen comunista brindaba asilo y protección a
miles de refugiados políticos de ideas izquierdistas de toda
Latinoamérica. Su madre le siguió un mes después, aunque no se fue a
vivir con ella en Leipzig, sino que se instaló en Potsdam. En el
país europeo oriental la joven aprendió el alemán en el Instituto
Herder de Leipzig, retomó los estudios de medicina en la Universidad
Humboldt de Berlín y cultivó los contactos con otros miembros de la
comunidad de exiliados chilenos, muchos de los cuales pertenecían al
PSCh.
Uno de ellos era Jorge Leopoldo Dávalos Cartes, un estudiante de
arquitectura también veinteañero, unos años mayor que ella. Dávalos
era miembro del Comité Central del PSCh y se ubicaba en la facción
que encabezaba el antiguo responsable de la diplomacia chilena con
Allende, Clodomiro Almeyda Medina. Entre sus cometidos estaba
supervisar los interrogatorios que el personal del PSCh realizaba a
exiliados recién llegados a la RDA para cerciorarse de que no eran
infiltrados de los servicios de inteligencia de la dictadura.
Bachelet y Dávalos se conocieron en 1976 en Potsdam gracias a que
les presentó la madre de ella, surgiendo el idilio. Unos meses
atrás, Michelle había visto por última vez a su anterior novio,
Jaime López Arellano, en el curso de un viaje que éste estaba
realizando en la RDA y la URSS para recabar recursos para la lucha
clandestina. López era entonces secretario general del PSCh en el
interior, y en diciembre de 1975, tras su vuelta a Chile, la DINA lo
aprehendió, lo encerró en Villa Grimaldi y lo hizo desaparecer. En
diciembre de 1977 Bachelet y Dávalos contrajeron matrimonio civil en
la ciudad brandenburguesa y al cabo de unos meses nacía su primer
hijo, Sebastián.
En febrero de 1979, tras recibir la autorización correspondiente a
instancias del general Fernando Matthei Aubel, sucesor de Leigh como
representante de la FACH en la Junta de Gobierno y buen conocedor de
la familia de su antiguo compañero de armas –cuya integridad, ni él
ni Leigh pudieron o quisieron salvar- las Bachelet retornaron a
Chile. Allí les esperaba una vida incierta, ya que si el régimen
militar parecía dispuesto a no atosigarlas, tal tolerancia estaría
condicionada a que se abstuvieran de realizar actividades
oposicionistas o resistentes. Ni Bachelet ni su esposo tenían
trabajo, y ella se encontró con que su antigua universidad no le
convalidaba los dos cursos de medicina, el cuarto y el quinto, que
había realizado en Berlín, así que tuvo que repetir el segundo ciclo
en la facultad santiaguina.
En 1982, por fin, obtuvo la licenciatura que la acreditaba como
médico cirujano pediatra con mención en epidemiología, pero los
obstáculos al rehacer vital no desaparecieron. Su solicitud al
sistema público de salud para ejercer de médica de cabecera en
barriadas populares fue rechazada, según ella por razones políticas,
pero a cambio consiguió del Colegio Médico de Chile una beca
formativa que le permitió, en el lapso de cuatro años,
especializarse en pediatría y salud pública con adscripción al
personal del Hospital Dr. Roberto del Río, un centro capitalino que
brindaba tratamientos específicos e integrales a la infancia.
En 1984 nació su segundo hijo, una niña, Francisca, pero el
matrimonio con Dávalos, que había abierto su propio estudio de
arquitectura, arrastraba problemas y en 1985 los cónyuges
resolvieron separarse jurídicamente. Entre tanto, su hermano Alberto
se instaló con su familia en Estados Unidos, en San Francisco, donde
la compañía de computación para la que trabajaba había abierto una
delegación. En 2001 iba a fallecer por causas naturales en la ciudad
californiana a los 54 años.
Entregada a su profesión de pediatra, Bachelet se mantuvo alejada
del activismo político, al menos en su faceta visible de resistencia
a la dictadura, y a cambio desarrolló una labor de atención a las
víctimas de la represión. Fue en el seno de la Fundación para la
Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE),
una ONG dedicada a ayudar a niños de padres represaliados, algunos
de los cuales, extraoficialmente, eran huérfanos, ya que los
progenitores desaparecidos, en realidad, estaban muertos. En la
PIDEE Bachelet entró de la mano de María Eugenia Rojas, hija del
escritor Manuel Rojas y esposa del dirigente comunista y académico
Juan Fernando Ortiz Letelier –otro ilustre preso de los calabozos de
la DINA, desaparecido en 1976-, quien era amiga de su madre desde la
infancia.
La experta en atención de niños se hizo cargo del área médica de la
PIDEE en 1986, el año en que Pinochet fue objeto de un atentado por
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo armado de
extrema izquierda que creía factible acabar con el régimen con los
mismos métodos terroristas que éste venía aplicando contra los que
consideraba enemigos. Justo entonces, Bachelet mantenía una relación
amorosa con el portavoz de la banda subversiva, Álex Vojkovic Trier,
ingeniero de profesión y miembro del Partido Comunista (PCCh). Este
vínculo sentimental, terminado en 1987, iba a ser sacado a colación
con ánimo incriminatorio por detractores políticos de la entonces
ministra en 2003, obligándola a aclarar que en aquella época ella no
tenía la menor relación con las actividades del FPMR –aunque sí
participó en algunas reuniones de sus miembros- y que nunca, ni
antes ni después, había apoyado los instrumentos violentos en la
lucha política.
Bachelet fue testigo más que actuante de los grandes procesos
políticos que desembocaron en las históricas elecciones democráticas
del 14 de diciembre de 1989, las cuales fueron ganadas por la
Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD), nucleada en torno
al PSCh y su otrora acerbo adversario, el Partido Demócrata
Cristiano (PDC). Dentro del PSCh era una militante de base y no
estuvo involucrada en la reyerta que enfrentó a las alas socialistas
capitaneadas por el ex canciller Almeyda y el ex secretario general
Carlos Altamirano Orrego (ésta última, más fiel al socialismo
marxista, no socialdemócrata, del PSCh original). Días después de
las elecciones nacionales, los socialistas chilenos enterraron una
década de divisiones orgánicas en el XXIV Congreso del partido,
justamente llamado de la reunificación.
Salto a la política gubernamental con el Partido Socialista
Tras la asunción el 11 de marzo de 1990 del primer Gobierno de la
CPPD bajo la presidencia del democristiano Patricio Aylwin Azócar,
Bachelet fue reclutada como epidemióloga por el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, que cubre la mitad oeste de Santiago y la
Región Metropolitana, donde volcó su experiencia y conocimientos en
la mejora de la red de hospitales y consultorios, dejada languidecer
por unos gobiernos pinochetistas que aplicaron políticas
neoliberales centradas en el saneamiento macroeconómico. Luego,
ejerció en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA) y brindó
consultoría a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ), una empresa de cooperación internacional
privada que tenía contrato permanente con el Gobierno de la
República Federal de Alemania.
Mientras trabajaba para CONASIDA, Bachelet se emparejó con Aníbal
Hernán Henríquez Marich, un médico especializado en enfermedades del
sistema respiratorio que atendía a pacientes con sida en el Hospital
San Juan de Dios y que, a diferencia de las anteriores parejas de
ella, tenía ideas de derecha y simpatizaba con Pinochet (dicho sea
de paso, el general continuó proyectando una sombra amenazadora
sobre la verde democracia chilena desde su puesto de comandante en
jefe del Ejército, que detentó hasta 1998, cuando se convirtió en
senador vitalicio y empezó a tener problemas con la justicia, aunque
el paquete de cortapisas legales al sistema democrático y la
soberanía civil, impuesto por la Constitución de 1980, prolongó su
vigencia unos años más).
Bachelet no contrajo segundas nupcias con Henríquez, de entrada
porque su vínculo matrimonial con Jorge Dávalos no estaba anulado,
pero tuvo una hija de él, Sofía, nacida en 1992. A mediados de la
década, estos dos facultativos con tantas afinidades profesionales
como diferencias ideológicas, terminaron su relación sentimental. En
1994, con la instalación del nuevo Ejecutivo de la CPPD presidido
por el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Bachelet fue
contratada por el Ministerio de Salud como asesora en temas de
atención primaria y en gestión de servicios de salud.
Su perfil, hasta ahora fundamentalmente técnico y profesional,
circunscrito a la salud pública, se politizó de lleno al tiempo que
abarcó los asuntos de seguridad y de defensa en 1996, y por
triplicado: primero, al ser elegida miembro del Comité Central del
PSCh en su XXV Congreso, celebrado en Santiago del 3 al 5 de mayo;
segundo, en octubre, al candidatear, aunque con fracaso total, a un
puesto de concejal de Las Condes, una comuna santiaguina de clase
alta (en aquella ocasión, la lista de la CPPD fue vapuleada, con el
78% de los votos, por la que encabezaba el alcalde reeleccionista y
futuro candidato presidencial de la derecha próxima a Pinochet,
Joaquín José Lavín Infante); y tercero, al cursar un diploma de
Estudios Políticos y Estratégicos impartido por la Academia Nacional
de Asuntos Políticos y Estratégicos (ANEPE), donde tuvo como
profesores a dos antiguos miembros del gabinete militar de Pinochet.
En su biografía oficial contada en primera persona, Bachelet explica
que su interés por un campo tan alejado de su experiencia
profesional y que, a priori, podría resultarle antipático por todo
lo que los militares le habían hecho pasar, nació de la convicción
de que, pese a lo avanzado en la consolidación de la democracia,
“persistían dificultades para la plena normalización de las
relaciones entre el mundo civil y el militar”. En el curso de la
ANEPE tuvo un rendimiento tan destacado, obteniendo mayor puntuación
que sus doce compañeros de aula –la mitad uniformados y la otra
mitad civiles, todos funcionarios públicos- que se hizo merecedora
de una Beca de Honor Presidente de la República, para realizar en
1997 y parte de 1998 el selectivo curso superior de Defensa
Continental en el Colegio Interamericano de Defensa (IADC), sito en
Fort Lesley J. McNair, en Washington D. C., dentro de un grupo de
militares y civiles destacados por los distintos países miembros de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
De vuelta a Chile en 1998, su recién adquirida especialización le
permitió incorporarse al Ministerio de Defensa en calidad de
asesora. Ese mismo año fue reelegida en el Comité Central de los
socialistas chilenos y entró a formar parte de la Comisión Política
del partido. En mayo de 1999 trabajó en el equipo electoral del
precandidato del PSCh en la campaña de las primarias de la CPPD para
la definición del candidato presidencial,
Ricardo Lagos
Escobar, ministro de Educación con Aylwin y de Obras Públicas
con Frei, quien ganó la partida al democristiano Andrés Rafael
Zaldívar Larraín y que en diciembre siguiente hizo lo propio en las
urnas nacionales frente al derechista Joaquín Lavín, de la Unión por
Chile.
Lagos venía tomando buena nota de las aptitudes mostradas por
Bachelet en el último lustro como servidora pública, tal que el 11
de marzo de 2000, con la toma de posesión del tercer ejecutivo
consecutivo de la CPPD, la médica estrenó una cartera ministerial
que le venía como anillo al dedo, la de Salud. Para mejor dedicarse
a su nuevo menester gubernamental, Bachelet abandonó la Comisión
Política del PSCh.
Bachelet se puso manos a la obra para cumplir con el primer
objetivo, asaz complicado, que le había encomendado Lagos: terminar
en el plazo de tres meses con las listas de espera de pacientes que
aguardaban a ser atendidos en los consultorios de la saturada red
pública. A finales de julio, suscitando reacciones escépticas en
usuarios y médicos, la ministra anunció que las colas se habían
reducido ya en un 90%. Pese a la descongestión cierta de numerosos
centros, gracias a la asignación telefónica centralizada de las
consultas y la extensión de los horarios de atención prioritaria, la
evidencia de que la meta de reducir a cero las colas en tan exiguo
plazo no había sido alcanzada le impelió a presentar su cargo a
disposición del presidente, quien por el contrario la confirmó en el
mismo.
El segundo desafío que Bachelet afrontó en los dos años que fungió
al frente del Ministerio, sentar las bases de una reforma
estructural del sistema de salud que trajera el verdadero acceso
universal e igualitario de todos los chilenos a la sanidad pública,
produjo unos resultados satisfactorios, con la definición de los
Objetivos Sanitarios para el año 2010, el desarrollo de nuevos
programas de tratamiento de enfermedades, la extensión de la
cobertura del seguro médico y, con la participación de todos los
colectivos afectados, la elaboración del proyecto de Ley de la
Reforma, Derechos y Deberes de las Personas en Salud.
Otra decisión importante del Ministerio fue la de facilitar
gratuitamente a mujeres víctimas de abusos sexuales la píldora
anticonceptiva poscoital, la popularmente llamada “píldora del día
después”, que desató una cascada de protestas en medios políticos
conservadores y de la Iglesia católica, para quienes se trataba de
un método abortivo encubierto, y que en agosto de 2001 motivó una
sentencia de la Corte Suprema prohibiendo la venta del fármaco.
En la remodelación ministerial del 7 de enero de 2002 Lagos dio a
Bachelet la oportunidad de ejercitar, al más alto nivel, el perfil
adicional que se había labrado en la década anterior, el de experta
en cuestiones militares. Sustituyendo al democristiano Mario
Fernández Baeza, que pasó a encargarse de la Secretaría General de
la Presidencia, el nombramiento de Bachelet como ministra de Defensa
causó sensación no sólo por tratarse de la primera mujer que asumía
la cartera en Chile –y en toda Sudamérica- y en el primer titular
socialista desde la época de Allende; también, por ser hija de quien
era y por haber padecido en sus carnes las atrocidades infligidas
por la misma institución sobre la que ahora adquiría potestad.
La simbología del reencuentro entre verdugos y víctimas en la
democracia civil y de la superación de los rencores sin venganza
pero con un sentido de la justicia y la reparación históricas, en un
momento en que el anciano Pinochet tenía que aducir una supuesta
demencia senil para evitar ser enjuiciado por crímenes cometidos
bajo su gobierno, estaba ahí y Bachelet no defraudó las
expectativas. Su gestión, que encontró la colaboración plena de las
jerarquías de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, se
dirigió a modernizar los distintos cuerpos castrenses y a adecuarlos
a las nuevas necesidades estratégicas y de seguridad, con mención
destacada de la participación en operaciones multinacionales de paz
en el exterior, y registró varias iniciativas que apuntaron al
avance de la reconciliación en el contexto arriba citado.
Así, la coincidencia del trigésimo aniversario del golpe de Estado
favoreció gestos como la organización por el Ministerio y el Alto
Mando de la Armada de una visita de antiguos presos políticos a la
Isla Dawson, allí donde habían estado confinados, la reparación
moral del Ejército al general Prats y, de más valor emocional para
ella y su familia, la rehabilitación también por la FACH del honor
del general Bachelet, en una ceremonia de homenaje a todos los
procesados en el consejo de guerra de 1973 que tuvo lugar en la base
aérea de Quintero en diciembre de 2003. El año anterior, su enérgica
imagen de ministra encaramada en la torreta de un vehículo anfibio,
con capote y gorra militares e impartiendo órdenes a los soldados
durante las labores de socorro a los damnificados por las
inundaciones de Huechuraba, en la Región Metropolitana, resultó tan
chocante como positiva en términos de valoración ciudadana.
El camino a la Presidencia de Chile
Al despuntar 2004, la ministra de Defensa era la dirigente política
más popular del país después del presidente Lagos y su nombre corría
en boca de todos como probable precandidata de la Concertación
Democrática. Los sondeos aseguraban que era la única figura de la
coalición gobernante con claras posibilidades de imponerse en las
urnas a Lavín, el potente jefe de la Unión Demócrata Independiente (UDI)
y desde 2000 alcalde de Santiago. El 1 de octubre de 2004, en lo que
ella ha dado entender fue una especie de sacrificio personal, ya que
no tenía ambiciones de ese calibre pero tampoco quería ser
insensible a la ola de simpatía y apoyos que levantaba por doquier,
Bachelet quedó exonerada de su puesto en el Gabinete para participar
en la campaña de la Concertación en las elecciones municipales, que
ganó holgadamente el oficialismo, y, sobre todo, para preparar su
precandidatura presidencial.
Para la proclamación del aspirante presidencial de la Concertación
se prefiguraba una liza con la democristiana María Soledad Alvear
Valenzuela, una abogada con amplia experiencia gubernamental que en
los cuatro últimos años se había sentado al lado de Bachelet en el
Consejo de Ministros como titular de Relaciones Exteriores. De
hecho, las dos mujeres salieron del Gobierno el mismo día, siendo
sucedida la socialista por Jaime Ravinet de la Fuente y la
democristiana por Ignacio Walker Prieto, ambos del PDC. Bachelet
tuvo un protagonismo estelar en el XXVII Congreso del PSCh,
discurrido en Santiago del 28 al 30 de enero de 2005, que confirmó
su precandidatura y eligió como nuevo presidente orgánico al senador
Ricardo Núñez Muñoz, quien ya ostentara en puesto a principios de la
década anterior. Bachelet se convirtió en la precandidata conjunta
del PSCh, su formación hermana en el seno de la Concertación, el
Partido por la Democracia (PPD), y el Partido Radical Social
Demócrata (PRSD).
No obstante tratarse de una política de muy alto perfil, con una
sólida reputación de servidora competente y ser más conocida a nivel
internacional, Alvear, quien a su vez ganó al senador Adolfo
Zaldívar Larraín (hermano de Andrés Zaldívar) en la primaria interna
del PDC, no consiguió superar a Bachelet en los sondeos de opinión
en ningún momento. Los partidos de la Concertación querían
cerciorarse de que la persona que nominaran tuviera las máximas
posibilidades de vencer a Lavín, entonces el candidato unitario de
la derecha, y ante sí tenían tres métodos para definirlo: una
designación acordada de puertas adentro por las cúpulas partidarias,
como con Aylwin en 1989; una elección primaria limitada a los
afiliados de la Concertación, como con Frei en 1993; o una primaria
abierta a todos los electores chilenos, como con Lagos en 1999. Esta
secuencia definía una línea de progresión democrática de la
Concertación en el proceso de generación de sus candidatos
presidenciales.
Los cuatro integrantes de la Concertación, esto es, el PSCh, el PDC,
el PPD y PRSD, cuyos presidentes respectivos eran Núñez Muñoz,
Adolfo Zaldívar, Víctor Barrueto y José Antonio Gómez, acordaron
acudir a unas primarias abiertas que serían dirimidas el 31 de julio
de 2005. Pero en mayo, la irrupción de la candidatura presidencial
de Sebastián Piñera Echenique, magnate empresarial y dirigente del
partido conservador Renovación Nacional (RN, que había avanzado más
que la UDI en la remoción de la identificación con el pasado
pinochetista, a estas alturas una alforja objetiva) trastocó
aquellos planes, ya que la división del voto de la Alianza por Chile
(la anterior Unión por Chile) convertía en urgente la selección del
candidato del oficialismo y, al mismo tiempo, sepultaba las
esperanzas de Alvear de recortar la distancia que la separaba de
Bachelet. Así, el 24 de mayo, la precandidata democristiana renunció
a su postulación y llamó a cerrar filas tras la socialista, que se
convirtió automáticamente en la candidata concertadora sin necesidad
de primarias. El 20 de agosto el Consejo General del PSCh la
proclamó oficialmente candidata presidencial.
Impulsada por el carisma que alimentaban su discurso suave y
convincente, su imagen de política comprometida, transparente y
empática con la gente, que se identificaba bien con los problemas
específicos de las mujeres y los más jóvenes, y su sonrisa
espontánea, quien se presentaba como una “humanista laica” y
concentraba “todos los pecados capitales en Chile” por ser “mujer,
socialista, separada y agnóstica” (rapto de ironía en torno a sus
señas de identidad con el que invitaba a votar por ella para romper
con los estereotipos de Chile, nada exagerados, como país machista,
conservador y clerical), emprendió la campaña de las presidenciales
del 11 de diciembre de 2005 sacando el máximo provecho de esas sus
dotes personales, del paradigma de su amarga pero superada peripecia
vital y de un manifiesto electoral donde los principios declarativos
y las grandes perspectivas nacionales se imponían sobre las
políticas concretas y las habituales retahílas de dígitos de
necesario cumplimiento.
En el preámbulo de su Programa de Gobierno, elaborado a partir de
las contribuciones hechas por los llamados Diálogos Ciudadanos, los
grupos de trabajo de las precandidaturas de la Concertación y las
comisiones técnicas de los partidos integrantes, Bachelet apelaba
directamente a los sentimientos y a la identificación con su
candidatura con afirmaciones como éstas: “Yo no fui criada para el
poder ni nunca hice nada para obtenerlo. No pertenezco a la élite
tradicional. Mi apellido no es de los apellidos fundadores de
Chile”. Y: “La política entró en mi vida destrozando lo que más
amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir
su garra y convertirlo en comprensión, tolerancia y -por qué no
decirlo- en amor”.
En cuanto al contenido programático, Bachelet, en síntesis,
propugnaba, después de quince años de gobiernos concertadores, una
continuidad con perfeccionamiento, que consolidara los logros
alcanzados e hilvanara los flecos pendientes. Esto significaba que
el magnífico legado de la Administración de Lagos en el terreno
macroeconómico –los datos de 2004 cabían ser calificados de fastos,
con un índice de crecimiento del 6,1%, la inflación constreñida al
1,1% (aunque la tendencia ahora era alcista), un excedente comercial
acumulado de 9.000 millones de dólares, un saldo positivo en la
cuenta corriente equivalente al 2% del PIB y, tras un lustro de
déficits, un superávit fiscal del 2,2%- debía ser preservado para
garantizar el crecimiento, la estabilidad financiera y la creación
de empleo, andando la tasa de paro en torno al 8%. El futuro
Gobierno de la Concertación seguiría “caminando con seguridad por la
senda del desarrollo económico, basado en la seriedad y el
equilibrio presupuestario, sin por eso dejar de ayudar a los que
quedan rezagados y nos necesitan”.
La candidata instaba a no acomodarse a bicocas coyunturales como el
alto precio internacional del cobre, factor clave, junto con los
recientes avances en la red de tratados de libre comercio suscritos
con países y organizaciones de todo el mundo (los últimos, con
Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del
Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y China, que se sumaban a los
de Canadá, México, la Unión Europea y Centroamérica), del boom
de las exportaciones nacionales, y a concebir el desarrollo del
futuro sobre las bases de un comercio exterior diversificado, las
industrias de valor añadido, la inversión en I+D y la formación de
recursos humanos.
A la vez, se imponía dar un “salto de gigante” en la protección
social, mejorando las pensiones, el seguro de desempleo y la
atención sanitaria pública. Era necesario continuar achicando las
bolsas de pobreza, lacra que en 1990 aquejaba al 38% de la población
frente al 19% ahora, y propiciar un reparto más equitativo de la
renta nacional para corregir las flagrantes desigualdades
socioeconómicas (de hecho, ahora, las diferencias entre los que
tenían más y los que menos eran más marcadas que en tiempos de
Pinochet). Para Bachelet, “desigualdad” era sinónimo de
“inseguridad”, y al Estado le correspondía brindar protección social
para vencer esa inseguridad. Puesto que se pretendía gastar más en
lo social, la presión fiscal, a pesar del superávit, tendría que
mantenerse en su actual nivel, aunque, eso sí, redoblando la lucha
contra la evasión y el fraude.
Otro capítulo importante del Programa trataba de la “calidad de la
democracia” chilena. Tras la remoción, reforma constitucional
mediante, de los últimos “resabios institucionales del período
dictatorial” y los “enclaves autoritarios” -con la abolición de los
senadores designados, que agotaban su última legislatura, la
restitución al jefe del Estado de la facultad de nombrar a los
comandantes en jefe y la transformación del Consejo de Seguridad
Nacional (Cosena) en un órgano asesor de la Presidencia-, era la
hora de aplicar una “nueva agenda de reformas democráticas”, como el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como etnias
constitutivas de la nación, la ampliación de los espacios de
participación y decisión ciudadanas (lo que incluía introducir la
iniciativa popular de ley para los ámbitos de competencia no
exclusiva del presidente de la República), la abolición del sistema
electoral binominal (que favorece a los partidos de la oposición de
derecha), la rendición de cuentas de las autoridades ante los
ciudadanos, la descentralización de la administración del Estado y
la potenciación de los municipios, en aras de la eficiencia, la
transparencia y la probidad en el ejercicio de la cosa pública.
Las reivindicaciones de las mujeres chilenas tenían en Bachelet una
firme portaestandarte. Destacando siempre su condición femenina
(“que una mujer sea presidenta no debe ser visto como una rareza,
sino como un augurio”), la candidata del Gobierno se comprometía a
trabajar por la equiparación de los derechos de género y a promover
decididamente las medida de acción afirmativa o de discriminación
positiva de la mujer a la hora de cubrir las plantillas de cargos
públicos y de representación popular.
En cuanto a la política exterior, el mensaje era nítido:
pragmatismo, multilateralismo y búsqueda de las buenas relaciones
con todo el mundo, poniendo siempre un ojo comercial en la inserción
en los mercados internacionales. A diferencia del Brasil de
Luiz Inácio
Lula da Silva, la Argentina de
Néstor Kirchner y
el Uruguay de
Tabaré Vázquez, que completaban el grupo de gobiernos de
centroizquierda e izquierda en el Cono Sur, que eran críticos con el
proyecto, y, más todavía, de la Venezuela de
Hugo Chávez y,
dentro de poco, la Bolivia de
Evo Morales, que lo
impugnaban de cabo a rabo, Chile seguía confiando plenamente en el
Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) como instrumento
positivo para su desarrollo económico, pero siempre que preservara
la diversidad de los países miembros. La candidata opinaba que el
MERCOSUR y el ALCA eran unas vías, no conflictivas entre sí, sino
“complementarias”.
Cabía suponer por tanto que, con Bachelet en el poder, el país
austral no sería un socio militante del comúnmente llamado “eje
progresista sudamericano”, un alineamiento fáctico que defiende las
dinámicas de integración autóctonas, más ambiciosas y atentas a las
especificidades culturales regionales -frente a un proyecto
pancontinental patrocinado por Estados Unidos y meramente
librecambista como es el ALCA- y del que Lagos había tomado ciertas
distancias, aunque las afinidades ideológicas y las simpatías
personales por estadistas como Lula eran evidentes.
Chile continuaría teniendo un enfoque ponderado y equilibrado, sin
convertirlas en arietes geopolíticos, de las diversas iniciativas de
desarme arancelario e integración comercial y económica en que venía
participando, como el MERCOSUR, del que es socio comercial
privilegiado, y la Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC),
del que es miembro pleno. Bachelet hablaba de no descuidar la
dimensión regional, latinoamericana, de la política exterior, de
“gobernar la globalización” y de ceñir las relaciones
internacionales a los valores democráticos, y apostaba por
fortalecer el estatus de Chile como país puente entre Asia, las dos
orillas de América y Europa.
Aunque encabezando siempre, y de manera holgada, la intención de
voto que rastreaban los estudios demoscópicos, Bachelet llegó al
cierre de campaña con una tendencia a la baja frente al ascenso del
mejor situado de los dos candidatos de la derecha, Piñera, que
amagaba con arrebatarle a Lavín el derecho a disputar la segunda
vuelta. La posibilidad de proclamarse presidenta en la primera
vuelta con más del 50% de los votos casi nunca resultó verosímil. El
11 de septiembre la socialista se puso en cabeza con el 45,9% de los
votos, seguida de Piñera con el 25,4%, Lavín con el 23,2% y Tomás
Hirsch Goldschmidt, de Juntos Podemos Más (JPM), alianza forjada por
el PCCh y el Partido Humanista, con el 5,4%. A la segunda vuelta del
15 de enero de 2006 pasaron Bachelet, para la que pidió el voto el
PCCh, y Piñera, siendo el triunfo de ella con el 53,5% de los
sufragios.
En las legislativas, la Concertación, por primera vez desde la
restauración de la democracia, ganó sendas mayorías absolutas en la
Cámara de Diputados, con 65 escaños de 120 (de aquellos, 21 para el
PPD, 20 para el PDC, 15 para el PSCh, 7 para el PRSD y 2 para no
adscritos) y el Senado, con 11 de los 20 escaños sujetos a
renovación, sobre los 38 de que constaba la nueva legislatura tras
la extinción de los 10 senadores vitalicios y designados.
La exultante presidenta electa anunció la formación de un gobierno
compuesto paritariamente por hombres y mujeres, y caracterizado por
un estilo “ciudadano, cercano y participativo”, que se encargaría de
establecer una “gran alianza entre política y sociedad” y de
ejecutar un plan de 36 medidas de obligado cumplimiento en los 100
primeros días. Las tres primeras medidas iban a ser el reajuste de
las pensiones más bajas, el acceso automático a las pensiones
asistenciales y la gratuidad para los mayores de 60 años en los
hospitales públicos. El presidente saliente Lagos, no menos contento
con el resultado, subrayó que la victoria de Bachelet se había
fundado “en su inteligencia, pero también en su historia de entrega
personal”.
El 30 de enero, nada más ser proclamada formalmente presidenta
electa por el Tribunal Calificador de Elecciones, Bachelet presentó
la nómina ministerial. La composición del futuro Gabinete reflejaba
un equilibrio entre la promesa de estricta igualdad en la
representación de sexos y los compromisos de cuotas de los partidos
de la Concertación. El PDC obtuvo siete carteras, entre ellas
Relaciones Exteriores, para Alejandro Foxley Rioseco, e Interior,
para Andrés Zaldívar, que veía premiado así su trabajo como
responsable del comité de campaña de Bachelet en la segunda vuelta.
El PSCh se quedó con cuatro puestos, el PPD con cinco y el PRSD con
uno, amén de la inclusión de tres independientes. Entre las diez
mujeres, destacaban las titularidades de Vivianne Blanlot Soza (PPD)
en Defensa, Paulina Veloso Valenzuela (PSCh) en la Secretaría
General de la Presidencia, Ingrid Antonijevic Hahn (PPD) en Economía
y Fomento, y María Soledad Barría Iroume (PSCh) en Salud. Dos de los
22 puestos, Medio Ambiente y Seguridad Pública, de nueva creación,
no fueron asignados todavía.
Todo quedaba a punto, por tanto, para que el 11 de marzo de 2006
Bachelet, con un mandato de cuatro años, tomara posesión como la
primera presidenta de su país, la cuarta de Sudamérica y la séptima
del continente contando Centroamérica y el Caribe, pero sus
credenciales la convertían en un caso excepcional.
Así, de sus seis predecesoras, dos, la boliviana Lydia Gueiler
(1979-1980) y la haitiana Ertha Pascal-Trouillot (1990-1991),
ejercieron el puesto con carácter interino (en Ecuador, Rosalía
Arteaga fue presidenta en funciones, que no titular, durante unos
días en 1997). Otra, la argentina María Estela Martínez de Perón
(1974-1976), llegó a la Presidencia del país vecino no por elección
popular, sino como sustituta constitucional del presidente
fallecido, a la sazón su marido Juan Domingo Perón. La nicaragüense
Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la guyanesa Janet Jagan
(1997-1999) y la panameña Mireya Elisa Moscoso (1999-2004) sí fueron
elegidas en las urnas, pero, como Isabel Perón, debieron,
como poco, parte de sus carreras políticas a su condición de
esposas, luego viudas, de políticos y estadistas renombrados, lo que
no era el caso de la chilena, que ha llegado a donde ha llegado por
méritos exclusivamente propios. Por lo demás, cuando inaugure su
mandato, Bachelet regirá como la única jefa de Estado en América y
engrosará la lista de presidentas en ejercicio en todo el mundo,
junto con la irlandesa Mary McAleese, la letona Vaira Vike-Freiberga,
la finlandesa Tarja Halonen, la filipina Gloria Macapagal Arroyo y
la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf.
(Última actualización: 20 febrero 2006)
Fuente CIDOB
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