|
La tentativa golpista, sin precedentes en 34 años de historia
democrática desde la caída del último dictador, Marcos Pérez Jiménez,
en 1958, fue sin embargo acogida con indisimulado júbilo por una parte
considerable de la población, de manera que desde entonces la
popularidad del teniente coronel de paracaidistas no hizo más que
aumentar al tiempo que Pérez se hundía en el descrédito.
Chávez, cuya incierta ideología bolivariana suscitó
especulaciones sobre si era de extrema izquierda o si, por el
contrario, tenía filiaciones fascistas, fue de inmediato detenido y
procesado por un tribunal militar caraqueño por el delito de rebeldía,
imputación relativamente benigna dado que lo sucedido fue un verdadero
intento de golpe de Estado.
En la prisión de Yare Chávez suscribió un manifiesto titulado Cómo
salir del laberinto y el 27 de noviembre del mismo 1992 fue
testigo de una nueva rebelión protagonizada por sus compañeros,
quienes, con mayor determinación que en febrero, bombardearon los
edificios de las principales instituciones y durante unas horas
tuvieron el control de acuartelamientos clave y la casa de la
televisión.
Desde allí se transmitió un mensaje sedicioso de Chávez, lo que hizo
pensar que los alzados obraban por su cuenta; de hecho, con
posterioridad a los hechos, se supo que intentaron su liberación. En
cualquier caso, esta asonada revistió más peligro para Pérez, ya que
la encabezaron oficiales de mayor graduación que además involucraron a
las tres fuerzas armadas, los contraalmirantes Hernán Gruber Odreman y
Luis Cabrera Aguirre, y el general del Aire Efraín Francisco Visconti
Osorio.
El día 28, un centenar de militares rebeldes, encabezados por el
general Visconti, escapó a Perú, mientras que otros muchos fueron
detenidos. El Gobierno reconoció 200 muertos en los combates, mientras
que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad
internacional expresaron su rotunda condena por la nueva irrupción
castrense.
2. Traslado del proyecto político al frente civil
El 26 de marzo de 1994, menos de un año después de la destitución
parlamentaria de Pérez por malversación de fondos, el nuevo
presidente, el veterano estadista
Rafael Caldera Rodríguez, firmó el sobreseimiento del caso del
militar. A cambio de su libertad, a Chávez se le exigió la baja en la
Fuerza Armada por la incompatibilidad del uniforme con las conductas
antiinstitucionales, lo que, de hecho, le dio vía libre para
desarrollar todo su activismo político.
Lejos de mostrar gratitud a Caldera, al que no consideraba diferente
del resto de los políticos tradicionales, Chávez se dedicó de
inmediato a contactar con sus antiguos camaradas de 1992 y con
militantes de los partidos de izquierda para formar un frente político
dirigido a derrocar a la vieja clase política, aunque ahora por vías
no insurreccionales.
De esta iniciativa surgió el Movimiento V República (MVR), versión
civil del MBR-200 que recogía su mismo programa de restauración del
"honor perdido de la nación", una gestión gubernativa de la riqueza
nacional honrada y eficiente y medidas concretas contra la inseguridad
ciudadana.
Erigido en director general del MVR, Chávez recorrió el país
con un discurso fieramente populista, bien ilustrado con mensajes
redentoristas y articulado reiteradamente en los conceptos de misión y
de servicio a la patria, tomando la figura de Simón Bolívar como un
referente casi hagiográfico. Sin una ideología clara, acaso
confusamente izquierdista, el movimiento chavista aspiraba a abrir una
tercera vía en un continente que ya había experimentado el
estatalismo de mayor o menor regusto socialista y más recientemente,
prácticamente sin excepciones en todos los países, el capitalismo
neoliberal.
Chávez, casado y padre de cuatro hijos, dijo sentirse de izquierdas,
pero también se definió como un católico devoto a quien la Biblia le
inspiraba tanto como su idolatrado prócer de la independencia
nacional. Podía encontrarse en el movimiento de Chávez, a falta de
referentes doctrinales cercanos y al menos en su etapa puramente
castrense, algún eco de las experiencias de los regímenes militares de
Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Juan José Torres González
en Bolivia (1970-1971) y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador
(1972-1976), excepcionales en el subcontinente por adoptar unas
posiciones nacionalistas y revolucionarias, pero carentes de una
ideología articulada. Otros observadores describían su estilo como
neocaudillista, en alusión a otra forma de hacer política
igualmente periclitada en la región.
Aunque al principio de su andadura política rehusó optar a cualquier
mandato representativo para no legitimar un sistema que juzgaba
caduco, el 29 de abril de 1997 Chávez inscribió el MVR en el registro
electoral con la intención de concurrir a los procesos electorales en
ciernes.
En las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 1998 el MVR se
convirtió en el segundo partido del país con 49 de los 189 escaños de
la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, sólo cuatro décimas
por debajo de Acción Democrática (AD), el histórico partido
socialdemócrata que había aportado la mayoría de los presidentes de la
democracia -Pérez entre ellos- y que con el Partido Social Cristiano
(COPEI) había constituido el sistema bipolar vigente entre 1959 y
1994. Precisamente, en los comicios de 1998 el COPEI quedó en cuarta
posición, mientras que el partido del presidente Caldera,
Convergencia, puesto en marcha después de separarse del COPEI, tuvo
que conformarse con un testimonial 2,4% de los votos y 3 escaños.
3. Arribo espectacular al poder a través de las urnas
Chávez acudió a las presidenciales del 6 de diciembre siguiente en un
clima triunfalista. Enormemente popular entre los numerosísimos
desfavorecidos tras una década de políticas económicas de austeridad
poco convincentes y bien arropado por un Polo Patriótico en el que
además del MVR estaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido
Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT) y otras cuatro
formaciones menores -esto es, la izquierda en bloque-, el ex militar
arrolló con el 56,5% de los votos, por delante del economista Henrique
Salas Romer, que contaba con los apoyos de AD y COPEI, y la ex miss
universo Irene Sáez Conde.
Chávez, presentándose como un hombre del pueblo, salido de las clases
humildes, caló profundo entre las masas populares esperanzadas con un
cambio, pero para sus detractores, aturdidos por tamaño éxito, se
trataba de un demagogo proclive al autoritarismo castrense y, dado el
precedente sedicioso, de dudoso pedigrí democrático.
El 2 de febrero de 1999 Chávez tomó posesión para un período de cinco
años ante una nutrida representación de mandatarios regionales, entre
los que figuraban el boliviano
Hugo Banzer, el peruano
Alberto Fujimori y el cubano
Fidel Castro. Tras añadir a la fórmula legal la apostilla "juro
sobre esta Constitución moribunda", el flamante presidente pronunció
un áspero discurso inaugural, lleno de citas bíblicas y bolivarianas,
en el que arremetió contra Caldera y los recién elegidos diputados no
pertenecientes al Polo Patriótico.
También, anunció la declaración del "estado de emergencia social" en
el país, solicitó poderes excepcionales para un plan de reformas
económicas y convocó a un referéndum para disolver el Congreso, elegir
una Asamblea Constituyente y anular la Carta Magna de 1961, con la
advertencia de que "o hacemos la revolución democrática o la
revolución nos pasa por encima".
Añadió que los militares saldrían de los cuarteles para desempeñar
tareas civiles y que aspiraba a sacar de Venezuela de su postración y
convertirla en la nueva abanderada continental, como lo fuera en los
tiempos de El Libertador. Abonando su atribuida fe en el tercerismo
económico, propugnó "tanto Estado como sea necesario, tanto mercado
como sea posible".
Así, ya en la campaña prometió emprender una drástica reforma de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el emporio estatal que aporta el
80% de las exportaciones, el 40% de los ingresos del presupuesto
nacional y el 27% del PIB, para erradicar la mala gestión y las
prácticas corruptas. Ahora bien, lo que se perseguía no era un
saneamiento típicamente liberal con vistas a una eventual
privatización, sino precisamente lo contrario: hacer más eficiente el
funcionamiento de una empresa clave para fortalecer su aportación
financiera a las arcas del Estado.
Chávez, a falta de mayor precisión, dio a entender que ni se avanzaría
en las privatizaciones ni se volverían a nacionalizar antiguas
empresas públicas. Se proponía estabilizar la economía, de la que
había heredado una coyuntura francamente negativa, pero sin devaluar
la moneda o imponer un sistema de control de cambios.
Precisamente, eran sus planes económicos, y desde luego los referidos
al petróleo (Venezuela es el cuarto productor mundial y el segundo de
la OPEP tras Arabia Saudí), lo que más inquietaba a la comunidad
internacional. De hecho, Chávez culpó al petróleo -verdadera bendición
y, al mismo tiempo, condenación para las perspectivas de progreso
nacional- de los males en el desarrollo de los sectores industrial,
agrícola, minero y de servicios, y subrayó la necesidad de estrenar un
modelo que escapara de la dependiera de este recurso natural como
única fuente generadora de riqueza.
Antes de asumir la Presidencia, Chávez viajó a Europa para
tranquilizar a las multinacionales petroleras que compran a Venezuela,
pero fue tajante en que iba a revisar todas las concesiones. Asimismo,
si bien aseguró que iba respetar los acuerdos firmados con OPEP, no
ocultaba su intención de propiciar un cambio en la filosofía de esta
organización para hacerla menos complaciente con los países
importadores del mundo desarrollado. En estas declaraciones, Chávez
tenía presente que el desplome de los precios del barril de crudo en
1998 había causado mucho daño a la economía venezolana.
4. Instauración de la República Bolivariana
Aunque Chávez quiso remover los temores a una forma suya de gobernar
excluyente o despreciativa de las fórmulas de consenso básicas en
democracia, con alusiones a la unidad y la reconciliación nacionales,
sus declaraciones lapidarias sobre la "muerte" del Estado tradicional
y el nacimiento de una "verdadera democracia" provocaron ansiedad
entre los paisanos que no le habían votado y la preocupación en varios
gobiernos del exterior por el rumbo que podría tomar el sistema
venezolano.
El caso es que el presidente, impertérrito ante las crispaciones que
sus modos y lenguaje iban generando, no perdió el tiempo en el
cumplimiento de sus promesas de "barrer" los principales centros del
poder. Otras disposiciones, como la instrucción premilitar de todos
los estudiantes de primaria y secundaria, la apertura en los cuarteles
de cientos de "escuelas bolivarianas" (centros dedicados al estudio de
la obra de El Libertador) y el empleo de miles de soldados en diversas
labores de instrucción civil y servicios comunitarios, levantaron bien
pronto airadas protestas de la oposición, que alertó contra una deriva
militarizante de la sociedad civil.
El populismo de Chávez, solemne y mesiánico a veces, cordial y
dicharachero las más, desmedido siempre, se expresó a través de medios
tan insólitos en las democracias normales como un programa semanal de
televisión, Aló presidente, en el que él personalmente atendía
las peticiones y consultas de los oyentes, hacía apología de su
pensamiento político y defendía la obra de su Gobierno, manteniendo un
canal de comunicación directa con el pueblo por encima de las
estructuras formales del poder.
El 25 de abril de 1999 el Congreso le concedió los poderes especiales
solicitados para gobernar por decreto en materia económica durante
seis meses (a esas alturas, la caída de los precios del petróleo había
incrementado el déficit fiscal al 9% del PIB) y negociar con el FMI la
reestructuración de la deuda externa, cuyo monto de 35.000 millones de
dólares devoraba el 40% del presupuesto nacional.
No obstante, se esperaba que el FMI le iba exigir a cambio el recorte
del gigantesco aparato estatal (un millón de trabajadores públicos
sobre una población total de 24 millones). Cauto y conservador en sus
primeras decisiones de economía interna, en el mes de marzo se apuntó
un primer éxito exterior al conseguir que la OPEP decidiera una nueva
reducción de la producción, lo que iba a aportar miles de millones de
dólares extras muy necesarios para corregir el desequilibrio
presupuestario.
El mismo 25 de abril Chávez ganó el referéndum sobre la elección de
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el 92% de los votos, si
bien con sólo un 39% de participación, lo que venía a significar que
en la consulta votaron a favor los mismos que lo hicieron por Chávez
en las presidenciales. Aunque se había determinado que el referéndum
sólo tendría validez si se superaba el 50% de participación, el
Consejo Nacional Electoral dictaminó que bastaba una mayoría de
síes.
Sintiéndose legitimado, Chávez siguió adelante con su programa. El 25
de julio se eligió en las urnas la ANC y el Polo Patriótico arrasó con
120 escaños sobre 131, lo que no dejaba dudas sobre el desenlace de la
catarata de cambios desencadenada por Chávez. La ANC, o
Soberanísima en la expresión de Chávez, cuya primera sesión se
celebró el 3 de agosto de 1999, elaboró el proyecto de Constitución,
si bien los detractores del oficialismo acusaron a dicha asamblea de
limitarse a certificar un borrador que ya había redactado el equipo
del presidente.
Sus puntos más significativos eran: la consagración de la V República,
incluyendo el cambio de nombre del país por el de República
Bolivariana de Venezuela; la ampliación del mandato presidencial de
cinco a seis años y renovable una sola vez; la adición a los tres
poderes clásicos -ejecutivo, legislativo y judicial- de otros dos
nuevos: el moral, aplicado en la lucha contra la corrupción, y
el electoral, entendido como el ejercicio de fórmulas de
democracia directa; la sustitución del Congreso bicameral por una sóla
Asamblea Nacional de 165 miembros elegida cada cinco años; el refuerzo
del poder ejecutivo del presidente, que ahora podría decidir los
ascensos militares, nombrar al vicepresidente, convocar referendos y
disolver el Parlamento; vagas referencias al modelo de economía
planificada; el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas; y, un especialmente controvertido artículo sobre la
participación de los militares en la vida pública.
El 5 de agosto Chávez proclamó en el pleno de la ANC la defunción de
la IV República y pidió la aprobación de una declaración de
"emergencia nacional" que facultase a la asamblea para intervenir en
todas las instituciones del Estado. La oposición, que parecía incapaz
de reaccionar ante el huracán chavista, lanzó débiles denuncias de
"ilegalidad" y de "golpe de Estado". Reincidiendo en su ambigüedad
económica, Chávez apostrofó contra "un dogma de mercado que pretende
ser Dios" y propuso un modelo intermedio "autóctono".
El 9 de agosto la ANC consagró la victoria total de Chávez con la
aprobación de la declaración de emergencia y la creación de una Alta
Comisión de Justicia para asumir la función legislativa del Congreso y
con capacidad para nombrar y destituir magistrados. Ante esta
situación, el 24 de agosto la Corte Suprema de Justicia se plegó al
acatamiento, lo que fue calificado por su presidenta, Cecilia Sosa,
como un acto de "suicidio" para evitar el "asesinato" de la
institución.
Desde el 31 de agosto el Congreso, declarado en rebelión pero en
realidad resignado a su destino (el 28 de julio los diputados habían
anunciado la suspensión de sus actividades para no obstruir la labor
de la ANC), quedó en situación de "cierre técnico". El 20 de noviembre
la ANC presentó el texto acabado, el 16 de diciembre (coincidiendo con
las catastróficas riadas en Vargas, que provocaron entre 30.000 y
50.000 muertos y arrasaron este estado costero) un segundo referéndum
lo sancionó con el 71,2% de los votos (la participación subió
discretamente al 46%) y el 20 de diciembre la ANC promulgó
solemnemente la nueva Constitución.
No obstante el triunfalismo oficial, en los primeros meses de 2000 el
chavismo afrontó su primera crisis importante al declararse desafectos
varios antiguos comandantes de las aventuras golpistas de 1992,
quienes acusaron a su ex camarada de laxitud ante los comportamientos
corruptos de algunos mentores políticos del MVR. Este malestar,
extensible a sectores en activo de la Fuerza Armada, debido a ciertos
errores y precipitaciones del Gobierno y a supuestos relajos no
precisamente bolivarianos, hacía suponer la configuración de una
oposición interna a Chávez, cuando paradójicamente la oposición
nominal se hallaba fuera de juego y carecía de una voz influyente.
Por otro lado, el 27 de febrero de 2000 el presidente dio banderazo de
salida al Plan Bolívar 2000, una estrategia para revertir las
tendencias negativas en lo social y medioambiental. A través de las
fases Propatria, Propaís y Pronación, el Plan
comenzó por movilizar a miles de ciudadanos, civiles y militares, en
tareas de restauración de infraestructuras sociales y vías de
comunicación, en un ejercicio de voluntarismo popular muy al gusto
cubano.
Culminando el arrollador proceso constituyente, el 30 de julio de
2000, luego de suspenderse (con gran polémica) el 25 de mayo anterior
por falta de condiciones técnicas, se celebraron las elecciones
generales. En las legislativas, el Polo confirmó su hegemonismo con un
centenar de escaños (sólo el MVR se hizo con 76), y en las
presidenciales, Chávez se deshizo de su único contrincante, el antiguo
compañero de armas Francisco Arias Cárdenas (cabeza del golpe de 1992
en Maracaibo y gobernador del estado de Zulia en 1995), con el 59% de
los votos. El 19 de agosto, cumpliendo con lo prometido en su primer
juramento año y medio año atrás, Chávez inauguró mandato hasta 2006
ante un ejemplar de la Soberanísima.
5. Protagonista internacional apoyado y cuestionado
El presidente venezolano ha conducido una agresiva política exterior,
insólita en un mandatario latinoamericano en muchos años, que le ha
erigido en uno de los actores más conspicuos del panorama
internacional.
El 26 de mayo de 1999 asistió en la ciudad colombiana de Cartagena de
Indias al XI Consejo Presidencial de la Comunidad Andina (CAN) y llamó
a crear en las próximas décadas una federación de estados
latinoamericanos y caribeños que, luego de resolver los más
perentorios problemas domésticos, podría dotarse de una política
exterior común.
El 21 de septiembre siguiente, con motivo de su alocución en la
Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego de concederle Estados
Unidos el visado (durante largo tiempo denegado por considerarle un
terrorista y por sus simpatías cubanas), departió con el presidente
Bill Clinton, quien le expresó su respaldo, y de nuevo con el
colombiano
Andrés Pastrana, con el que se había indispuesto a raíz de su
anunciado ofrecimiento para mediar entre el Gobierno de Bogotá y las
guerrillas comunistas, para muchos, en tratos inconfesables con el
Gobierno venezolano.
Días antes de estos encuentros, Chávez mantuvo en Manaos una cordial
entrevista con el presidente brasileño
Fernando Henrique Cardoso (preclaro partidario de avanzar la
integración económica y social en el subcontinente antes de proceder a
la liberalización hemisférica de los mercados junto con Estados
Unidos), y ambos se manifestaron rotundamente en contra de una
eventual intervención militar estadounidense en Colombia para combatir
el narcotráfico. En la cumbre especial de Brasilia del 1 de septiembre
de 2000, Chávez advirtió que la región sería "aniquilada" si no
avanzaba en la unidad antes de la creación en 2005 del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) perseguida por Washignton.
Significativamente, Chávez sostiene una relación especial con el
dictador cubano cuyo prólogo público fue la recepción en La Habana el
14 de diciembre de 1994, meses después de ser excarcelado. Cuando la
asunción presidencial en 1999, Castro le felicitó y presentó su
elección como un triunfo para toda Latinoamérica. Desde entonces, el
dirigente venezolano ha cultivado la imagen de discípulo del mítico
comandante, con el que ha intercambiado todo tipo de elogios: así,
Chávez retrata a Castro como un "campeón de las libertades" en el
continente, mientras que éste le define como el "mayor demócrata de
América".
Siendo presidente electo, Chávez visitó a Castro en La Habana (al
encuentro se sumó Pastrana) el 17 de enero de 1999, de vuelta de su
primer viaje a España. Repitió el viaje el 16 de noviembre del mismo
año y el 26 al 30 de octubre de 2000 tributó a Castro en Caracas una
bienvenida de héroe, en el primer viaje a Venezuela del líder cubano
desde 1959, cuando se acogió a la hospitalidad del presidente Rómulo
Betancourt antes de que éste le incluyera en su elenco de enemigos. En
este encuentro, los mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación
Integral, que levantó fuertes controversias domésticas, por el que
Venezuela proveería a Cuba con 50.000 barriles de petróleo al día en
condiciones financieras blandas a cambio de servicios profesionales y
técnicos cubanos.
Esta diplomacia de prestigio e independencia nacional perseguida por
Chávez quedó bien reflejada con su maratoniana gira del 10 al 14 de
agosto de 2000 por los otros diez estados de la OPEP, para invitar a
sus respectivos mandatarios a una cumbre en Caracas encaminada a
fortalecer la unidad organizativa y a estabilizar el precio del barril
de crudo.
Más aún, Chávez propuso dar entrada en la OPEP a Rusia, Noruega y
Omán, y, por otro lado, al no excluir a Bagdad, Teherán y Trípoli de
su gira, Chávez suscitó un considerable malestar en el Gobierno de
Estados Unidos. El líder venezolano, que era el primer jefe de Estado
que visitaba a
Saddam Hussein desde la guerra del Golfo en 1991, rechazó las
críticas y advirtió que Venezuela era un país soberano al que nadie
podía dictaminar su política exterior.
Durante el itinerario, Chávez calificó a la OPEP de "arma" para los
Países en Vías de Desarrollo, una "especie de instrumento estratégico"
que "no se puede dejar escapar". En Libia estuvo de acuerdo con
Muammar al-Gaddafi en que si se producía un nuevo desplome en los
precios sería imprescindible un recorte drástico de la producción.
Estas presuntas ínfulas de institucionalización de la OPEP han sido
interpretadas en Estados Unidos -sobre todo tras la asunción de la
administración republicana de
George W. Bush - y la Unión Europea como un intento de politizarla,
y acaso de convertirla en un cártel del petróleo verdaderamente
corporativo, si bien Washington no ha estado en condiciones de ir más
allá de las amonestaciones verbales porque importa de Venezuela 1,4
millones de barriles de petróleo al día, más de la mitad del total de
las ventas venezolanas. De momento, la escalada del precio del barril,
que alcanzó en agosto de 2000 el pico de los 34,6 dólares, sin
precedentes desde la invasión de Kuwait en 1990, amortiguó los efectos
de la crisis económica en Venezuela.
Así, 2000 registró una inflación del 16,2%, siete puntos menos que
1999 y la tasa más baja desde 1986, mientras que la balanza de pagos
por cuenta corriente registró su mayor superávit en cinco años y el
déficit fiscal se redujo hasta el 2%. Igualmente, el segundo año de la
Presidencia de Chávez se saldó con un crecimiento del 3,2% del PIB,
cuando 1999 había padecido una recesión brutal del 7,2%.
La segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP desde la
celebrada en Argel en 1975 tuvo lugar en Caracas el 28 de septiembre
de 2000. En ella, el anfitrión Chávez invitó a los países consumidores
de petróleo a discutir fórmulas para contener el alza de los precios.
Pero los saudíes hicieron valer su peso tradicional, así que la
denominada Declaración de Caracas no extremó las críticas a los países
desarrollados y consumidores (fundamentalmente, se les demandó el
alivio de las cargas fiscales sobre los carburantes) y aparcó para
ulteriores encuentros toda decisión sobre cuotas de producción.
En los albores del verano de 2001 Chávez protagonizó otro período de
hiperactividad diplomática, primero, con una gira que le llevó por
Rusia, Irán, India, Bangladesh, China (país que, al igual que Irak y
Cuba, no ha sido condenado por Venezuela a la hora de votar los
informes de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos),
Malasia e Indonesia, donde asistió, el 30 de mayo, a la cumbre del
Grupo de la Cooperación Sur-Sur o Grupo de los Quince (G-15).
Luego, el 23 y el 24 de junio, presidió en Valencia el XIII Consejo
Presidencial Andino, en cuya clausura anunció en primicia la captura
en Caracas del que fuera principal colaborador del dimitido Fujimori,
Vladimiro Montesinos, y su inmediata entrega a las nuevas autoridades
peruanas que lo reclamaban para juzgarlo por diversos crímenes. Ahora
bien, la disputa con Lima estalló al punto cuando el ministro del
Interior peruano, desplazado a Caracas para coordinar la búsqueda y
captura de Montesinos, fue amonestado por violar la soberanía
nacional, mientras que el Gobierno del país andino acusó a su homólogo
de haber protegido al prófugo durante meses. La crisis culminó, el 29
de junio, con la retirada de los respectivos embajadores.
Con Colombia, los rifirrafes continuaron por la insistencia de Chávez
en declarar una posición neutral y potencialmente facilitadora en el
tortuoso proceso de paz (por lo demás, fracasado en febrero de 2002)
entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC, cada vez más
percibidas fuera y dentro de Colombia como una mera organización
criminal no obstante su discurso revolucionario.
Las actitudes de proteccionismo comercial y freno a la integración
regional percibidas por Colombia, Perú y Ecuador en el seno del CAN,
la denuncia por el ex cónsul venezolano en París de que el mandatario,
supuestamente, intentó que Francia excarcelara al sangriento
terrorista internacional de los años setenta Carlos o Chacal,
venezolano de nacimiento, y la furibunda reacción de Estados Unidos,
con la llamada a consultas a su embajadora en Caracas, ante la demanda
de que cesaran los bombardeos contra Afganistán porque no se podía
"combatir el terror con el terror", fueron otros tantos episodios de
destemplanza -o independencia de criterio, según fuera el opinador-
que aparejaron a Chávez el perfil de outsider en el escenario
internacional.
Del 11 al 13 de agosto Chávez agasajó a Castro en Santa Elena de
Uairén, estado de Bolívar, con motivo de su 75 cumpleaños, y de paso
amplió el convenio petrolero a nuevas áreas. Este nuevo ejercicio de
efusividad con el anciano dictador ahondó las suspicacias en sectores
de la sociedad civil venezolana sobre los riesgos de la "cubanización"
del país.
A lo largo de octubre desarrolló otra prolongada gira por las
capitales de la OPEP, así como París, Roma, Bruselas, Lisboa, Moscú,
Londres -donde sostuvo, el día 23, una reunión con el primer ministro
Tony Blair-, Ottawa y México, para intentar fraguar un consenso
entre los países exportadores e importadores de petróleo en torno a
unos precios estables con unos niveles de extracción bajos. Y el 11 y
12 de diciembre Isla Margarita brindó el escenario para la III cumbre
de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a la que no faltó, por
supuesto, el incondicional mentor cubano.
6. Sucesión de contestaciones y auge de la oposición
Si la controvertida actuación de Chávez en el exterior no daba tregua
a observadores y analistas, el sosiego tampoco arraigaba en el
interior. El incremento a ojos vista de la corrupción, la pobreza -que
afectaba ya al 80% de los venezolanos-, el paro -el 25% de la
población activa- y la criminalidad común -de proporciones
insoportables en los núcleos urbanos, municionaron los argumentos de
la aún deshilvanada oposición (los "escuálidos", en la expresión de
Chávez), igualmente presta a criticar los citados acercamientos a
líderes y organizaciones del mundo de naturaleza democrática más que
dudosa, en detrimento de los interlocutores tradicionales de
Venezuela.
En mayo de 2001, la constatación del malestar y la impaciencia
sociales indujo a Chávez a sopesar la declaración del estado de
excepción para combatir por decreto la corrupción y la pobreza, lo que
motivó la ruptura con el MAS, primera baja del Polo Patriótico,
llamado a disgregarse. El 9 de junio, en un acto con estética
guevarista convocado en su honor por el PCV, urgió a sus seguidores a
unirse bajo la bandera de la "revolución antiimperialista" y a estar
listos para parar la "avalancha de ataques desde todos los frentes" y
derrotar a la "contrarrevolución" en marcha.
Después, el 8 de septiembre, presidió la entrega de 105.000 acres de
latifundios baldíos del estado de Zulia al Instituto Agrario Nacional
(IAN), como preámbulo de la ultimada Ley de Tierras y Desarrollo Rural
y en lo que se atisbó el arranque de una reforma agraria de tipo
radical para acabar con una situación sangrante: mientras que unos
cientos de propietarios acaparan el 70% de las tierras cultivables, el
país debe importar casi todos los alimentos que consume la población;
no en vano, Chávez instó a los terratenientes, so pena de afrontar
subidas de impuestos o expropiaciones forzosas por ley, a que
entregaran las fincas no cultivadas al Estado, el cual dispondría su
distribución entre las comunidades rurales empobrecidas.
A finales de noviembre, con las encuestas de opinión muy desmejoradas
y en un ambiente enrarecido que auguraba más protestas e
inestabilidad, el presidente negó que hubiera riesgo de golpe de la
fuerza armada. El ministro civil de Defensa, José Vicente Rangel,
alertó de la existencia de "gente que quiere reeditar en Venezuela lo
que pasó en Chile con Salvador Allende" y el propio Chávez, incapaz de
moderar su talante de confrontación y de pergeñar un solo consenso,
advirtió: "esta revolución está armada".
El 10 de diciembre marcó el punto de no retorno en una etapa de
contestación en las calles, a través de marchas masivas, caceroladas a
la argentina y paros nacionales, convocada por un arco creciente de
partidos, organizaciones sectoriales, ONG y demás componentes de la
sociedad civil. Hecho insólito, los empresarios, a través de la
patronal Fedecámaras, representante del 90% del PIB no petrolero, y
los sindicatos, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) -ligada a AD y que Chávez había intentado, sin éxito,
descabezar- en primer lugar, unieron fuerzas para propiciar una
revuelta civil que forzara, sin esperar a un referéndum revocatorio,
la dimisión del presidente.
Aquel día, una huelga general al grito de "¡fuera el loco!" saludó la
promulgación de 49 decretos-ley, entre los que figuraban la ya
comentada Ley de Tierras y otra sobre hidrocarburos que perseguía
aumentar la tributación de las corporaciones extranjeras hasta el 30%
y reservar al Estado una participación mayoritaria, del 51%, en las
sociedades mixtas con las empresas concesionarias privadas. El cambio
de rumbo en PDVSA trataba de compensar la inesperada merma de la renta
petrolera, a causa del desplome del precio del barril por debajo de
los 16 dólares tras los atentados del 11 de septiembre en Estados
Unidos, que a su vez había desbaratado los presupuestos de 2002.
En opinión de Fedecámaras, pero también de la CTV, los propietarios
agropecuarios y los medios de comunicación privados, este paquete
legal ponía en peligro el derecho a la propiedad privada y la misma
estructura de la economía de mercado, considerando claramente
inconstitucionales algunas de las disposiciones. Por lo que respecta a
los cambios en PDVSA, denunciaron su carácter estatista y
centralizador, y en un análisis general, alertaron que el derrumbe de
las inversiones privadas resultaba inevitable. Por de pronto,
señalaron la escalada en la fuga de capitales y, de nuevo, en los
débitos del Estado. El déficit fiscal se acercaba entonces al 10% del
PIB, unos 9.000 millones de dólares.
El 23 de enero de 2002, sendas marchas de uno y otro signo (si bien
sólo la antigubernamental fue verdaderamente multitudinaria) midieron
sus fuerzas en Caracas en el 44 aniversario del derrocamiento del
último dictador militar, Marcos Pérez Jiménez. Sólo un día después,
Chávez destituyó a Luis Miquelena, ministro del Interior y considerado
el preceptor intelectual del chavismo, aparentemente por defender una
posición de diálogo y acercamiento a sectores de la sociedad más allá
del MVR. La proclamación por Chávez el 4 de febrero, el décimo
aniversario del intento de golpe de 1992, como "día de celebración
nacional" ante 100.000 de sus partidarios fue considerada un ultraje a
la democracia por la oposición
El creciente número de militares, en activo o retirados, ocupando
altos cargos del Gobierno y la administración, lejos de anular la
capacidad de la Fuerza Armada para perturbar la República Bolivariana,
la estimuló. La dedicación de los uniformados a menesteres no
propiamente castrenses, los discretos vínculos con las guerrillas
colombianas, la promoción de la ideología bolivariana en los
cuarteles, los indicios de entregas de armas a chavistas organizados
como Círculos Bolivarianos (imitación de los Comités de Defensa de la
Revolución cubanos) y las mudanzas en el escalafón para asegurar la
lealtad al Gobierno, generaron un resentimiento en varios mandos
intermedios que cristalizó, primero, en expresiones de descontento más
o menos contenidas en el perímetro de los cuarteles, y luego, en
desafecciones públicas.
Quien abrió la más peligrosa caja de Pandora para Chávez fue, el 7 de
febrero, el coronel de Aviación Pedro Luis Soto, que en un programa de
televisión, asegurando hablar en nombre del "70% de la Fuerza Armada",
demandó la sustitución de Chávez por un presidente civil y la
celebración de elecciones, ya que aquel no había sido elegido "para
que se adueñara de Venezuela" e "impusiera un sistema con una
ideología que en otros países ha fracasado, trayendo miseria y
pobreza".
Soto fue castigado con la expulsión del Ejército y el Alto Mando
Militar ignoró su llamamiento a la sublevación, pero recibió la
solidaridad de otros oficiales de diverso rango, como el capitán de la
Guardia Nacional Pedro José Flores y el contraalmirante Carlos Molina
Tamayo, que en los días y semanas siguientes le secundaron con sus
propias proclamas sediciosas. Los generales Alberto Poggioli y
Guaicaipuro Lameda fueron asimismo cesados de servicio, el primero por
pertenecer a la disidencia y el segundo a voluntad expresa, por
discrepar con la reforma de PDVSA, de la que era presidente.
Al tiempo que estos desafíos en el estamento militar, Chávez hubo de
hacer frente al imparable deterioro de la situación económica,
damnificada en parte por la incertidumbre política y la misma retórica
beligerante del presidente. El 13 de febrero, tras varias semanas de
intervenciones infructuosas del Banco Central (BCV) en defensa del
bolívar frente al dólar, el Gobierno eliminó la banda de fluctuación
vigente desde 1996 y dejó en libre flotación a la moneda nacional, que
sólo en las primeras 24 horas se devaluó un 31,4%, y anunció el ajuste
fiscal, grato al FMI, para enjuagar el déficit. De entrada, los
presupuestos del Estado serían podados en un 22%.
Las borrascas militar y económica animaron a la oposición civil a
intensificar la campaña de protestas, de manera que el 5 de marzo,
Fedecámaras, la CTV, la Conferencia Episcopal y el rectorado de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) firmaron un Pacto Democrático
contra Chávez en el que convocaban a la unidad de todos los sectores
del país para rescatar el diálogo social y acometer medidas urgentes
contra los múltiples y graves problemas que arrastraba el país.
7. Derrocamiento, contragolpe y restauración del
chavismo
La CTV convocó una huelga general el 9 de abril y, constatado su
seguimiento desigual (en PDVSA se trabajó sin novedad, no obstante la
crispación causada por los recientes despidos de ejecutivos rebelados
contra el nombramiento de la nueva dirección y la revisión de los
criterios de gestión mercantilistas del holding), decidió
prolongarla al día siguiente. En la segunda jornada de paros se
disparó la tensión, con la llamada por la CTV y Fedecámaras a la
huelga general indefinida, la desautorización de Chávez por otros dos
generales y la advertencia del Gobierno de que había una conspiración
para derribarlo.
El día 11, jueves, se aceleraron los acontecimientos. En respuesta al
llamamiento de Fedecámaras y la CTV, varios cientos de miles de
caraqueños, en torno al medio millón, exigieron la renuncia inmediata
de Chávez. La marcha, pacífica y protagonizada por las clases medias,
se encaminó hacia la sede de PDVSA, en el sector este de la ciudad,
pero luego cambió el itinerario y se dirigió hacia el Palacio de
Miraflores, en cuyas inmediaciones estaba congregada también una
muchedumbre de partidarios del presidente. Las manifestaciones no
llegaron a tocarse, pero esto no evitó que corriera la sangre por la
aparición de armas de fuego. Lo que sucedió después estuvo trufado de
confusión y dio pábulo a una encendida controversia llamada a durar
años.
Según las informaciones iniciales, los marchistas opositores fueron
tiroteados indiscriminadamente por miembros de la Guardia Nacional y
francotiradores de paisano, aparentemente chavistas armados, que se
encontraban apostados en los márgenes de la riada humana. Pero más
tarde se acumularon testimonios que apuntaban a elementos de la
Policía Metropolitana, cuerpo de orden público hostil al Gobierno,
como los iniciadores del tiroteo.
Como resultado del intercambio de disparos, entre 17 y 20 personas
perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas;
contrariamente a lo divulgado primeramente, varias de las víctimas
resultaron ser partidarios chavistas, lo que alimentó las dudas sobre
la verdadera autoría de estos crímenes, si fueron obra exclusiva de
uno u otro bando, o si fueron perpetrados por los dos.
Con posterioridad a tan dramáticos hechos, en los medios oficialistas
cundió la convicción de que la matanza fue planificada por aquellos
que estaban interesados en crear una situación de caos, provocando
víctimas en las dos manifestaciones, para desacreditar al Gobierno y
justificar su derrocamiento. Para la oposición, en cambio, no cabían
dudas de que su marcha se topó con una encerrona de elementos
chavistas que dispararon a matar.
Sea como fuere, la masacre del Puente Llaguno y la Avenida Baralt en
el corazón de Caracas desencadenó en las horas siguientes una cascada
de declaraciones de rebeldía o de condena por parte de un grupo de
generales encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Armada,
vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, del alcalde de Caracas,
gobernadores estatales y el ex ministro Miquelena, mientras que los
medios de comunicación privados, desde tiempo ha enfrentados con el
Gobierno por el acoso de los Círculos Bolivarianos a sus trabajadores
y las trabas oficiales a la libertad de expresión, pusieron el grito
en el cielo por el corte de sus emisiones.
El día 12, pródigo en informaciones confusas, se produjo la caída de
Chávez como consecuencia de la desautorización pública del Alto Mando
Militar, inclusive el comandante del Ejército, general Efraín Vásquez
Velasco, y el inspector general y comandante en jefe de la Fuerza
Armada, general Lucas Rincón. Éste, no sin ambigüedad sobre su postura
personal, leyó un comunicado en el que informó que la cúpula militar
había pedido la renuncia del presidente y que éste había aceptado.
En lo que tenía el aspecto de ser un golpe de Estado, Chávez, vestido
con su uniforme de teniente coronel de paracaidistas, fue puesto bajo
arresto por el general Néstor González (que el día 10 se había
anticipado a los hechos acusando de "traidor" al mandatario por
proteger a las FARC colombianas) en el Fuerte Tiuna, sede de la
Comandancia General del Ejército, después de que, según parece, viera
frustrado un intento de escapar del país al estar tomados los
aeropuertos por soldados rebeldes. Trascendió que el mandatario
aguardaba su comparecencia ante la justicia por la matanza del día
anterior y circularon versiones contradictorias sobre si llegó a
firmar o no la carta de dimisión.
Entretanto, el presidente de Fedecámaras y principal rostro de la
oposición en los últimos meses, Pedro Carmona Estanga, anunció que
contaba con el apoyo de los militares para formar un Gobierno
Transicional de seis miembros, de hecho una junta cívico-militar.
Carmona, con el título de presidente de la República, y su ejecutivo
de "transición democrática y unidad nacional" tomaron posesión por la
tarde en el Palacio de Miraflores, en un clima de euforia en las filas
opositoras, que, con la consigna de "ni un paso atrás", creían asistir
al final de la era Chávez.
Carmona precisó que su mandato era interino, prometió gobernar para
reponer "la pluralidad democrática civil" y asegurar "el pleno imperio
de la ley", así como castigar a los elementos de las "hordas chavistas"
responsables de los asesinatos de la víspera, desconvocó la huelga
general, nombró un nuevo Alto Mando Militar y se lanzó a emitir un
torrente de decretos ejecutivos, dirigidos a desarticular toda la
institucionalidad vigente desde 1999, entre los que figuraban: la
retirada de la condición de Bolivariana del nombre de la
República, el desarme de las organizaciones civiles adictas al poder
derrocado, la disolución de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo
y la Fiscalía General, la celebración de elecciones generales en un
año a más tardar, la dotación al presidente de potestad para cesar y
designar a todos los representantes públicos, desde ministros a
alcaldes, en el período de transición, y la suspensión de los
polémicos 49 decretos-ley.
Amparado en el artículo 350 de la Constitución de 1999, que faculta al
pueblo, en tanto que depositario del poder constituyente originario,
para "desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe
los Derechos Humanos", Carmona parecía tener la situación bajo
control, pero en menos de un día confluyeron una serie de
circunstancias que precipitaron la desbandada de su gobierno y la
reposición triunfal de Chávez en la Presidencia.
En tan sorpresivo y vertiginoso vuelco en la correlación de fuerzas
resultó decisiva la retirada de la confianza a Carmona por los mismos
militares que lo habían aupado, por intentar blindar su autoridad
civil en el período de transición y el alcance, de regusto revanchista
y totalitario, de algunos de sus decretos, así como el comienzo de la
persecución sistemática por los cuerpos de seguridad de figuras del
régimen depuesto y miembros de los Círculos Bolivarianos. La fractura
de la institución armada, como la del conjunto de la sociedad,
polarizada hasta el borde de la guerra civil (según algunos análisis
fatalistas de observadores locales), era un hecho.
El ostentoso distanciamiento de los generales titubeantes, el malestar
de partidos políticos y sindicatos por lo que veían un giro a la
derecha y la disparidad de reacciones en la comunidad internacional
ante el forzado relevo, con Estados Unidos congratulándose sin
disimulos, España deseando la pronta recuperación de la "calma y
solidez democrática" y el resto de Latinoamérica, a través de la XVI
Reunión en Costa Rica del Grupo de Río, condenando la "interrupción
del orden constitucional" en Venezuela (los presidentes de Argentina,
Paraguay y México se expresaron en términos duros, mostrándose
distantes y cautos otros mandatarios), animaron a los apesadumbrados
partidarios de Chávez, muy numerosos en los suburbios pobres, a
adueñarse de las calles céntricas de Caracas y, con cólera desatada,
exigir la liberación del ex teniente coronel.
En la tarde del 13, Carmona, después de que el general Vásquez (a su
vez, presionado por unidades salidas en defensa de Chávez, como los
paracaidistas de Maracay) dijera que el Gobierno de transición había
cometido "errores", anunció correcciones a los decretos del día
anterior y restituyó los poderes del Estado, pero los partidarios de
Chávez, civiles y militares, ya habían iniciado el contragolpe.
Mientras Caracas era devastada por disturbios y pillajes y una decena
de personas moría a manos de las fuerzas del orden público, que no
estaba claro si disparaban para contener a los saqueadores o por
motivos políticos contra los chavistas, el vicepresidente ejecutivo
Diosdado Cabello Rondón, nombrado el 13 de enero anterior y
extrañamente destituido por Chávez justo antes de abandonar, emergió
de la clandestinidad para restaurar el régimen.
Al final del día, Cabello juró como presidente provisional en el
Palacio de Miraflores, ya tomado por los ministros y demás hombres
fieles a Chávez, ante el presidente de la Asamblea Nacional, Willian
Lara, que en todo este tiempo se había negado a obedecer a Carmona. El
empresario reconoció al punto a Cabello y presentó su dimisión, siendo
a continuación arrestado y confinado en el Fuerte Tiuna. Ya en la
madrugada del domingo 14, Chávez partió en helicóptero de la isla
caribeña de La Orchila, a 100 km del continente, y aterrizó
directamente en Miraflores, en cuyas inmediaciones le esperaban
cientos de miles de enfervorecidos partidarios.
Acto seguido y vestido de civil, retomó la jefatura del país de manos
de Cabello y Lara y, en una atmósfera de euforia apenas contenida,
pronunció un discurso inesperadamente mesurado y conciliador, en el
que declaró sentirse "estupefacto" por el triunfo de la
"contra-contrarrevolución" y que regresaba "sin odio ni rencor", llamó
a la "calma" y la "cordura" de todos y negó que el Gobierno fuera a
desatar una "caza de brujas" en la oposición, a la necesitaba "leal
con el país y el pueblo". Con todo, la larga intervención televisada
comenzó con unas palabras enigmáticas, "a Dios lo que es de Dios, al
César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo", y, a
modo de advertencia, sentenció que era hora de "tomar decisiones y
ajustar muchas cosas", exhortando directamente a los medios de
comunicación para que hicieran "profundas rectificaciones".
(Cobertura informativa hasta el 14 abril de 2002) |
Fuente
CIDOB