|
Hugo Chávez |
Parte 1 / Parte 2
CIDOB
8. Prolongación del cisma político y social e inclemencias económicas
9. La batalla del referéndum revocatorio en 2004 y las legislativas de
2005
10. La ofensiva internacional de Chávez: el ALBA, la baza del petróleo y
alianzas estratégicas con Brasil y Argentina
11. Cruzada contra Bush y captación de nuevos aliados: Irán, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua
12. Despegue económico y triunfal segunda reelección en 2006
13. Se acelera la revolución: nacionalizaciones, construcción de
un partido socialista y deriva autocrática
14. Multiplicación de los desencuentros diplomáticos y derrota en el
referéndum constitucional de 2007
8. Prolongación del cisma político y social e
inclemencias económicas
La tentativa golpista de abril de 2002 terminó, contrariamente a lo
pretendido por sus autores, con Chávez sólidamente restituido en el
poder, pero no canceló la tensión política en la sociedad venezolana,
que entró en un período de polarización si cabe más agudo y con
abundantes dosis de violencia. Por de pronto, el presidente se afanó en
aplicar las "decisiones" y los "ajustes" anunciados el día 14, que
presentaron un cariz de sanción y de represalia por otra parte
consecuente en cualquier régimen constituido que ha superado un intento
de derrocamiento. Además, Chávez manifestó su convicción de que la
inteligencia militar de Estados Unidos había estado implicada en la
asonada.
Se procedió a la detención, en previsión de que se formularan en su
contra cargos criminales por rebelión y conspiración, de varios altos
mandos militares que habían voceado su insubordinación, entre ellos el
general Vásquez, el vicealmirante Ramírez y el contralmirante Molina. El
presidente reforzó el control sobre la Fuerza Armada usando los
mecanismos internos de promoción y relevo, lo que se tradujo en
abundantes depuraciones. El generalato fue renovado a conciencia.
Oficiales de confianza coparon los puestos clave de la Fuerza Armada,
como la Comandancia General del Ejército, que pasó al general de
división Julio José García Montoya. El caso más llamativo fue el del
general Rincón, que pese a su alocución del 12 de abril había sido
destituido por Carmona: Chávez lo repuso inmediatamente en la
Inspectoría General de la Fuerza Armada y el 5 de mayo lo nombró
ministro de Defensa como parte de una remodelación gubernamental que
supuso también el paso de Rangel a la Vicepresidencia y de Cabello al
Ministerio de Interior y Justicia.
Paralelamente, el presidente, solventando sus mensajes conciliadores,
abrió un proceso de diálogo con la oposición que encalló casi desde el
principio por las precondiciones de ambas partes: el oficialismo
supeditaba la búsqueda de un consenso nacional al acatamiento estricto
de las instituciones emanadas de la Constitución, empezando por el
Consejo Federal de Gobierno, el órgano escogido para canalizar las
conversaciones, mientras que la oposición partidista, sindical y
patronal, reunida en la Coordinadora Democrática, exigía el
levantamiento de las sanciones y la completa exoneración de todas las
personas, militares y civiles, que habían participado en el movimiento
de abril, así como el cese del acoso a los medios de comunicación y las
intimidaciones de los Círculos Bolivarianos.
El diálogo de sordos y los reproches mutuos, sobre todo en torno a la
identidad de los pistoleros causantes de la masacre del 11 de abril,
desembocaron en una nueva ola de confrontación a partir de junio, con
Caracas convertida en el ágora de manifestaciones masivas exigiendo la
renuncia del presidente y el adelanto electoral, contramanifestaciones
de desagravio de igual magnitud, declaraciones hostiles de militares
afectados por las purgas en la Fuerza Armada y rumores sobre la
inminencia de otro golpe. Partidarios y detractores llegaron a las manos
y a mediados de agosto, tras conocerse el fallo del TSJ –acatado por
Chávez pese a considerarlo una "aberración jurídica"- que eximió de
procesamiento a los mandos militares acusados por la fiscalía de
rebelión por su participación en unos sucesos que el Tribunal no
consideraba constitutivos de intento de golpe de Estado, los primeros
estremecieron la urbe con violentos enfrentamientos que arrastraron a la
Guardia Nacional.
|
Hugo Chávez |
La marejada también invadió las relaciones conyugales del presidente: el
2 de junio, Marisabel Rodríguez, confirmando lo que ya era un secreto a
voces, informó al diario El Universal que estaba separada de su
marido –era de dominio público que en febrero anterior la primera dama
había abandonado La Casona junto con sus hijos para escapar de las
protestas opositoras que se desarrollaban en el exterior- y que se
disponía a obtener la nulidad matrimonial. El presidente "había
cambiado" desde que se conocieron y la política había "influido mucho"
en la relación, explicaba Rodríguez, quien añadía que "no estaba casada
con la revolución bolivariana" y que "no podía seguir sometiendo a los
niños al estrés de vivir en un sitio del que hemos salido tres veces
corriendo".
El 4 de octubre Chávez afirmó que los servicios de inteligencia habían
abortado una conspiración de "sectores golpistas, fascistas y
desesperados" de la oposición a punto de ser ejecutada y cuyo cabecilla
era el octogenario ex canciller adeco Enrique Tejera Paris. Días
después, la Coordinadora Democrática sacó a un millón de personas a la
calle contra el presidente, el cual fue rápidamente confortado por otra
gigantesca demostración popular. El 21 de octubre la CTV y Fedecámaras
ensayaron una huelga general. 24 horas después, 14 altos mandos
militares, la mayoría involucrados en la intentona de abril y el resto
no sancionados y en activo, se declararon en desobediencia al Gobierno y
acamparon en la Plaza de Altamira.
A las crisis política, militar y social se le solaparon las crisis
económica y financiera, con la producción nacional en caída libre, el
bolívar depreciándose a toda velocidad y los capitales huyendo del país
a un ritmo igualmente dramático. El año fatídico de la presidencia de
Chávez iba a terminar con una recesión del 8,9% (frente al crecimiento
positivo del 2,7% registrado en 2001) y el doble de inflación que el año
anterior, el 22,4%. El desplome habría sido todavía mayor de no haberse
mantenido en un nivel relativamente aceptable, entre los 20 y los 30
dólares el barril, los precios internacionales del petróleo. Los
desempleados censados rozaban los dos millones y la pobreza se extendía
por doquier. Para Chávez, cabía hablar de un "golpe económico" sobre la
marcha ante la sospechosa coincidencia de los ataques especulativos a la
moneda, las expatriaciones de capitales, la retención de inversiones,
los paros sectoriales y las amenazas constantes de una huelga general
por parte de las cúpulas empresarial y sindical.
La apertura el 8 de noviembre de una mesa de negociación auspiciada por
el secretario general de la OEA, César Gaviria, con el fin de encontrar
una salida "electoral, constitucional, democrática y pacífica" a la
crisis no detuvo los choques sectarios en las calles y la violenta
acción antidisturbios de los cuerpos del orden. El caballo de batalla
ahora era la celebración a principios de 2003 de un referéndum
consultivo sobre la continuidad de Chávez en el poder. La Coordinadora
Democrática exigía esta consulta amparada en la recogida de millón y
medio de firmas y en virtud del art. 71 de la Constitución. El Gobierno
la rechazaba alegando que invadía el instrumento participativo (art. 72)
del referéndum revocatorio con carácter vinculante, el cual sólo podía
tener lugar tras cumplirse la mitad del periodo presidencial, es decir,
a partir de agosto de 2003, y siempre que lo reclamara más del 20% del
cuerpo electoral. A finales de noviembre el CNE convocó el referéndum
consultivo para el 2 de febrero, pero la decisión fue inmediatamente
anulada por el TSJ. La negativa del oficialismo a lanzar el referéndum
antes del 4 de diciembre empujó a la Coordinadora Democrática a declarar
un "paro cívico" dos días antes de vencer su ultimátum. La huelga
general tenía una duración inicial de 24 horas, pero se convirtió en
indefinida.
Durante 63 días, el presidente, aferrado a la comunicación directa con
sus partidarios a través de Aló presidente (donde, entre otras
cosas, afirmó: "Chávez se va de aquí primero cuando Dios quiera, porque
estoy en manos de Cristo, el Señor de Venezuela; él es el comandante,
cuando él diga, obedezco (…); y segundo, el pueblo, y asumo que la voz
del pueblo es la voz de Dios"), aguantó el embate opositor, que incluyó
descomunales marchas diurnas, caceroladas nocturnas, confusos tiroteos
con víctimas mortales, y que, al conseguir paralizar las actividades de
PDVSA, desde los campos de extracción hasta buques de la flota de
petroleros pasado por las refinerías, se tradujo en el desabastecimiento
energético de hogares, comercios y fábricas, y en una radical caída de
las exportaciones de crudo, causando a la economía nacional pérdidas
multimillonarias (calculadas en más de 7.600 millones de dólares) y
obligando al Gobierno a importar gasolina. En mitad de esta situación
crítica, Chávez tuvo que soportar las públicas recriminaciones de su
esposa Marisabel, con la que estaba en un proceso de divorcio que iba a
producir la nulidad matrimonial en enero de 2004. En una entrevista
televisada y acompañada de sus hijos, la todavía primera dama exigió a
su cónyuge que asumiera la "responsabilidad" por el proceso de
"destrucción" que vivía el país.
A mitad de enero de 2003 el pulso político empezó a inclinarse a favor
del mandatario con la entrada en escena del denominado Grupo de Países
Amigos de Venezuela, en el que participaban Brasil, Chile, México,
España, Portugal y Estados Unidos, así como del ex presidente Jimmy
Carter, que traía toda su experiencia en la resolución de conflictos. El
citado Grupo era una iniciativa del recién inaugurado presidente
brasileño, Lula da Silva, al que Chávez tenía por un buen amigo, lo que
testimonió asistiendo a su toma de posesión en Brasilia el 1 de enero y,
sin terminar el mes, al III Foro Social Mundial, celebrado en Porto
Alegre.
Aunque Chávez rechazó la propuesta de Carter de acudir al referéndum
revocatorio y tampoco veía con buenos ojos las presencias en el Grupo de
Amigos de dos gobiernos, el estadounidense y el español, que habían
enviado señales positivas a Carmona Estanga en abril del año anterior,
la implicación internacional en ayuda de la OEA tuvo el efecto de
refrenar la beligerancia de la oposición. El 3 de febrero, apremiada por
las presiones internacionales y por los síntomas de cansancio de sus
huestes, la Coordinadora Democrática arrojó la toalla y, sin anunciarlo
oficialmente, canceló el paro nacional. El Gobierno no se anduvo por las
ramas a la hora de castigar a los huelguistas y demás "traidores" en el
sector público: sólo en PDVSA despidió a 17.000 trabajadores, cerca de
la mitad de la plantilla. Otra medida expeditiva fue la intervención del
mercado monetario con la fijación del tipo de cambio del bolívar en las
1.600 unidades por dólar, una cotización apreciada con respecto al
último tipo de cambio variable oficial, que había sido de 1.853
bolívares, aunque en el mercado negro se estaban comprando dólares a
2.500 bolívares.
El 18 de febrero la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela dio su
primer fruto, la Declaración contra la Violencia, por la Paz y la
Democracia, por la que Gobierno y oposición se comprometían a rehuir
toda manifestación de violencia e intolerancia, e incluso rechazaban "la
intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y
cualquier retórica que de cualquier manera contribuya o estimule la
confrontación". Este último punto parecía redactado pensando
especialmente en destacadas figuras de los dos bandos, llevándose la
palma en el caso del oficialismo el mismo Chávez. Dos días después, la
Fiscalía General, para satisfacción del jefe del Estado, ordenaba las
detenciones de los presidentes de Fedecámaras, Carlos Fernández Pérez
("un golpista, un saboteador, un fascista, un asesino", según Chávez), y
la CTV, Carlos Ortega Carvajal (que había pasado a la clandestinidad
para luego obtener asilo político en Costa Rica), como sospechosos de
cometer los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir,
agavillamiento (conspiración), traición a la patria y devastación.
El 29 de mayo de 2003, tras año y medio de enfrentamientos que habían
costado la vida a 50 personas, y más de seis meses de complejas
negociaciones mediadas por la OEA, las partes firmaron un acuerdo de 19
puntos para poner fin a la violencia, desarmar a los civiles y convocar
el referéndum revocatorio, posible constitucionalmente a partir del 19
de agosto. Ahora bien, el pacto no fue sino un intermedio que anunciaba
el siguiente asalto en la formidable pelea doméstica que sostenían el
chavismo y sus enemigos políticos.
9. La batalla del referéndum revocatorio en 2004 y las legislativas
de 2005
La campaña de recogida de firmas de la Coordinadora Democrática, el
firmazo, completó su primer acto el 20 de agosto de 2003, en un
ambiente caldeado por enésima vez por la profusión de multitudinarias
manifestaciones de uno u otro signo, con la entrega al CNE de 3.236.320
firmas, casi un millón por encima del padrón electoral, como exigía la
Constitución, para celebrar el referéndum revocatorio. Chávez desafió a
la oposición asegurando que se presentaría a la reelección en 2006 con
el objeto de gobernar hasta 2013. Rápidamente, voces del oficialismo
negaron la validez de las firmas alegando que se habían recogido antes
de terminar la primera mitad del mandato presidencial, un tecnicismo
legal en el que se amparó el CNE para declarar, el 12 de septiembre,
inadmisible la solicitud de referéndum por "extemporánea".
Entre tanto, la crisis económica tocaba fondo: 2003 iba a terminar con
una recesión del 9,2%, la peor en la historia del país, y un 31% de
inflación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el 49% de la población se encontraba en una situación de
pobreza y otro 21% vivía en el límite de la misma. Contrastando
crudamente con tan desastroso cuadro, en 2003 Venezuela fue el octavo
productor mundial de petróleo y el quinto exportador. Según cifras del
Gobierno, el país producía 3,2 millones de barriles diarios, aunque
fuentes independientes rebajaban ese volumen a la mitad. No cabía duda
de que la huelga en PDVSA había resultado devastadora para la economía.
En febrero de 2004 el Gobierno devaluó el bolívar un 20% para
incrementar los ingresos petroleros y disponer de más dinero para
sufragar los programas sociales y las Misiones Bolivarianas, que eran el
motor principal de la inmensa popularidad del presidente entre las
clases con ingresos más bajos. Esta medida, y más la imparable escalada
del precio internacional del barril de crudo iniciada en julio de ese
año –superación de los 40 dólares en esa fecha, de los 50 en octubre
siguiente y de los 60 en agosto de 2005-, auguraban una rápida
recuperación económica.
Tras el revés del firmazo la oposición lanzó una segunda campaña
de recogida de firmas, el reafirmazo, que se desarrolló en un
plazo muy corto, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. En esta
ocasión, los promotores del referéndum entregaron al CNE el 19 de
diciembre 3,08 millones de rúbricas, pero el 2 de marzo de 2004 el
organismo electoral volvió a rechazar la petición con el argumento de
que sólo 1,83 millones de las firmas eran válidas, mientras que 876.000
suscitaban serias dudas, ya que la mayoría presentaban caligrafías
repetitivas, quizá obra de mismas manos, y 377.000 eran completamente
inválidas, abundando entre ellas las de personas fallecidas, menores de
edad y residentes extranjeros. Las 876.000 rúbricas "bajo observación"
eran susceptibles de ser ratificadas por la vía del "reparo",
consistente en la confirmación por los firmantes de la autenticidad de
la rúbrica y por ende de su apoyo al referéndum. Sólo así se alcanzaría
el mínimo exigido de 2,43 millones de firmas.
La decisión del CNE radicalizó las algaradas callejeras, que se saldaron
con nueve muertos por heridas de bala, pero la oposición no se privó de
litigar en los tribunales. Tras una apelación a la Sala Electoral del
TSJ, la corte incluyó como válidas la mayoría de las 876.000 rúbricas
puestas en cuestión, con lo que el total de firmas aptas llegó a 2,7
millones; sin embargo, una semana más tarde, la Sala Constitucional del
mismo tribunal rechazó la decisión de la Sala Electoral al dictaminar
que ésta había obrado fuera de su jurisdicción. Para salir del
atolladero, el CNE aceptó abrir un proceso de reparo de cinco días de
duración en el mes de mayo, al cabo del cual el número de firmas
validadas superó en 15.700 el listón exigido por la Constitución. En
consecuencia, el CNE, el 3 de junio, aceptó la solicitud del referéndum,
que fue convocado para el 15 de agosto.
Lejos de achicarse por lo que objetivamente era una derrota táctica,
Chávez reivindicó como una "victoria" la puesta en práctica de la figura
constitucional del referéndum revocatorio y advirtió a la oposición que
lo verdaderamente difícil para ellos venía ahora. El presidente se
mostraba convencido de que la Coordinadora Democrática no lograría su
propósito, bien porque no superase los 3.757.774 votos, uno más de los
obtenidos por él en las presidenciales de 2000, bien porque, aun
mejorando esa cifra, fuesen más los votos contrarios a la revocación.
Además, en el caso de ser expulsado del poder, ninguna ley impedía a
Chávez volver a presentarse en las elecciones que tendrían que
convocarse en el plazo de 30 meses, de las que saldría el mandatario que
terminaría el sexenio. Y sin un líder opositor capaz de hacerle sombra,
su triunfo en ese hipotético escenario sería casi seguro. Para
robustecer sus posibilidades en las urnas, el presidente ordenó un
fuerte incremento del gasto social con cargo a los fondos petroleros y
fuera del control del BCV.
Los pronósticos triunfalistas de Chávez (se declaró "imperturbable,
serenísimo y segurísimo" de su victoria) fueron cumplidos al pie de la
letra: el 15 de agosto, con una participación del 69,9%, los partidarios
del no a la revocación sumaron 5,80 millones de votos, el 59,1%,
frente a los 3.98 millones, el 40,6%, sacado por el sí. La
oposición, vivamente consternada por este varapalo, denunció un
"gigantesco fraude" y anunció que apelaría, pero los equipos de
observación de los tribunales electorales latinoamericanos, la OEA y el
Centro Carter avalaron sin reparos los datos del escrutinio. Con todo,
el CNE realizó una auditoría de más de la mitad de los votos, cotejando
la información electrónica con sus respaldos en papel, pero no halló
ningún indicio de fraude.
Chávez saboreó con exultación su octava victoria electoral consecutiva y
se permitió ser magnánimo con la oposición, a la que invitó a "trabajar
juntos" por el futuro del país sin tener en cuenta las "heridas" del
pasado, pero a la que también pidió que tuviera un poco de "sentido del
ridículo" y dejara de impugnar los resultados del referéndum. Para
mitigar los temores estadounidenses a otra huelga en PDVSA, el
presidente garantizó que Venezuela mantendría los suministros petroleros
acordados. Sin embargo, el ruido político no cesó, ya que nuevos
desafíos electorales aguardaban a corto plazo. Además, Chávez,
infatigable, se dispuso a abrir un abanico de medidas destinadas a
"profundizar la revolución" y a "construir el socialismo del siglo XXI",
metas que traerían implícitos el desarrollo de la democracia
participativa, el arraigo de un modelo económico alternativo al
capitalismo y una mayor implicación de los militares en la vida civil
sirviendo a la comunidad.
Así, el presidente mandó acelerar la aplicación de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, lo que se tradujo en expropiaciones por decreto de
"tierras ociosas" pertenecientes a grandes terratenientes y su entrega a
campesinos pobres dispuestos a trabajarlas. "La guerra contra el
latifundio es esencia de la revolución bolivariana", manifestó el
mandatario en enero de 2005, mes en el que el Gobierno expropió también
la procesadora de papel Venepal luego de que sus propietarios
pretendieran declarar el negocio en bancarrota. En julio siguiente,
Chávez anunció que las fábricas privadas que, estando paradas por las
razones que fueran, no se reactivaran serían adquiridas por el Estado y
puestas a funcionar bajo la modalidad de Empresas de Producción Social
(EPS), es decir, de propiedad compartida entre el Estado y
organizaciones cooperativas de los trabajadores.
Por otro lado, el 7 de diciembre de 2004 la Asamblea Nacional aprobó la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE), que
prohibía la difusión en determinadas franjas horarias de contenidos
considerados inapropiados para el público infantil por su carácter
violento o sexual, obligaba a las cadenas a transmitir los mensajes y
alocuciones que el Gobierno considerase necesarios, inclusive spots
culturales y educativos patrocinados por el Estado, y otorgaba funciones
de vigilancia mediática a un Directorio de Responsabilidad Social dentro
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Para los
partidos opositores, el sector privado, sindicatos y ONG relacionadas
con la comunicación social y los Derechos Humanos, la Ley RESORTE
evidenciaba el deseo de Chávez de estrangular la libertad de expresión y
de imponer su línea de pensamiento al conjunto de la sociedad.
Tras el rotundo no a la revocación presidencial, Chávez recobró
toda su capacidad para arrollar políticamente a sus adversarios. En las
elecciones del 31 de octubre de 2004 a 23 gobernadores estatales, 229
diputados de los Consejos Legislativos o parlamentos regionales y 336
alcaldes, los candidatos chavistas obtuvieron resonantes victorias en
Caracas, donde resultó elegido Juan Barreto Cipriani, y en los estados
de Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Carabobo, todos ellos sedes de
importantes industrias petroleras, siderúrgicas y agropecuarias. La
única plaza codiciada que se le resistió al oficialismo fue el también
estado petrolero de Zulia, al que pertenece la ciudad de Maracaibo,
donde el ex adeco Manuel Rosales Guerrero, quien había respaldado la
proclama golpista de Carmona Estanga en 2002, derrotó a Alberto
Gutiérrez. En añadidura, el chavismo perdió una de las gobernaciones que
tenía desde 2000, Nueva Esparta.
La decisión tomada el 29 de noviembre de 2005 por los principales
partidos opositores (AD, COPEI y Proyecto Venezuela, amén de otras
fuerzas menores), alegando que no se daban las mínimas condiciones de
transparencia (entre las que citaron la politización del CNE, la
opacidad del padrón electoral y el funcionamiento sospechoso de las
llamadas máquinas captahuellas, que podrían conculcar el voto
secreto), de no participar en las elecciones legislativas faltando sólo
cinco días para su celebración, además de servir en bandeja de plata al
MVR la victoria hegemónica que estaba buscando, puso de manifiesto la
convicción, no confesa, de que poco era lo que podían hacer los
integrantes de la Coordinadora Democrática ante un oficialismo que había
conseguido fidelizar a millones de votantes a golpe de gratificaciones
populistas, emocionales y materiales, fomentando el Estado paternalista
e incidiendo en un discurso de división y enfrentamiento que incorporaba
nociones de la lucha de clases y algún sesgo etnicista, contraponiendo
lo mestizo y lo blanco de estirpe española. No cabía duda de que el
caudillo bolivariano era visto por muchos de sus partidarios como el
artífice justiciero de una especie de revancha histórica, en la que los
pobres iban a desquitarse, estaban desquitándose ya, de los ricos.
Lo que sucedió el 4 de diciembre fue que el MVR obtuvo 116 diputados en
la Asamblea Nacional, una mayoría de más de dos tercios, suficiente para
introducir reformas constitucionales a placer, y eso sin contar con los
35 escaños sacados por los partidos prochavistas PCV, PPT y Por la
Democracia Social (Podemos, una escisión del MAS), pero con una
abstención elevadísima, del 74,7%. Este dato aguó las muestras de
contento del oficialismo, más después de haberse desgañitado Chávez en
los llamamientos a la participación. Pero el resultado fundamental de
los comicios fue que el nuevo Parlamento presentaba un único color, el
rojo bolivariano, y que la oposición, sin liderazgo homogéneo ni
estrategia o proyecto alternativo coherente, se había desvanecido en una
forma políticamente organizada.
10. La ofensiva internacional de Chávez: el ALBA, la baza del
petróleo y alianzas estratégicas con Brasil y Argentina
El triunfo en el referéndum de 2004 espoleó la ambición de Chávez de
transformar drásticamente la geopolítica continental, que pretendía
inclinar a favor de su opción bolivariana, y de paso propiciar el
surgimiento de, nada menos, un nuevo orden internacional de carácter
multipolar, todo ello en detrimento de Estados Unidos. El proceder
exterior de Chávez tomó la forma de una ofensiva en toda regla,
empleando como armas más contundentes el sensacionalismo viajero y
declarativo de un mandatario que, a fuerza de golpes de efecto y
pronunciamientos explosivos, se convirtió en uno de los estadistas más
influyentes y polémicos del planeta, capaz de hacer girar sobre si mismo
una parte considerable de la actualidad mundial y de generar titulares
informativos a un ritmo casi diario.
Pero los inagotables voluntarismo y verborragia del mandatario no eran
meros brindis al sol o bravuconerías de cara a la galería; muchas de sus
ideas y propuestas adquirieron sustancia bien palpable con la activación
de un marco de integración continental radicalmente político, el ALBA, y
de una pléyade de consorcios interestatales donde Venezuela se reservó
la voz cantante: PetroSur, PetroCaribe, PetroAndina, TeleSur, el Banco
del Sur y el Gran Gasoducto del Sur, por citar sólo los más importantes.
Todas estas iniciativas debían articular la bolivarianización del
hemisferio, entendida por Chávez como la emancipación de las naciones
del Sur de los mecanismos económicos y financieros controlados por los
países ricos del Norte, y como la actualización del viejo sueño
unificador del subcontinente concebido por Francisco de Miranda y Simón
Bolívar 200 años atrás.
Un poco a semejanza del yugoslavo Tito décadas atrás, Chávez, líder de
una nación más bien pequeña que hasta entonces no había tenido ningún
protagonismo o ascendiente dignos de reseñar sobre el concierto de las
potencias, parecía empeñado en otorgar a Venezuela una importancia
decisiva en la política internacional y en particular la de América
Latina, cuestionando paradigmas y propiciando nuevos equilibrios en las
relaciones multilaterales. Desde la Segunda Guerra Mundial, sólo Juan
Domingo Perón en Argentina y, por supuesto, Castro en Cuba habían
proyectado una sombra tan alargada sobre la política regional.
En 2003 y la mayor parte de 2004, mientras maduraba el lanzamiento de su
propio instrumento de integración regional, Chávez se dedicó a cortejar,
buscando la membresía, al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), donde tenía
al brasileño Lula como mejor abogado, y a arremeter contra el ALCA y su
patrocinador señero, Estados Unidos. El venezolano asistió en agosto de
2003 en Asunción, con ocasión de la toma de posesión del nuevo
presidente paraguayo, Nicanor Duarte, a la primera cumbre conjunta de
mandatarios del MERCOSUR y la CAN, que preludió la firma en diciembre
siguiente de un Acuerdo de Complementación Económica entre los cuatro
países del primer bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tres
países del segundo (Colombia, Ecuador y Venezuela).
Esta convergencia histórica entre el MERCOSUR y la CAN respondía a una
estrategia del eje argentino-brasileño para potenciar la integración de
los sudamericanos antes de que empezara a funcionar el ALCA, pero Chávez
tenía otros planes para la región, ampliada en su visión a América
Central y el Caribe. El 16 de agosto, un día después de la cita en
Asunción, el presidente avanzó en la sede en Montevideo de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) las líneas maestras de su
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un nuevo esquema de
integración regional que había mencionado por primera vez en diciembre
de 2001 y al que se había referido en múltiples ocasiones desde
entonces.
Chávez concebía el ALBA como un instrumento de convergencia integral,
que aunara los aspectos económicos y sociales y que tuviera un fuerte
contenido político y solidario. Se opondría al neoliberalismo, la
globalización, el FMI, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la
urdimbre de tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos y,
por supuesto, el ALCA, con el que sería radicalmente incompatible, ya
que firmar éste equivaldría a "firmar el acta de defunción de nuestros
pueblos". El ALBA abordaría la implementación de políticas comunes para
ir creando "zonas libres" de analfabetismo, desnutrición infantil,
personas sin vivienda y destrucción medioambiental en el subcontinente.
Más aún, Chávez proponía un debate sudamericano para decidir de forma
coordinada el no pago de la deuda externa sujeto a las directivas
fondomonetaristas, la creación de un "Fondo Latinoamericano de Reservas"
a modo de "Fondo Financiero Sudamericano", la formación de un "Banco de
América del Sur" mediante la fusión de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata),
y la unión de todas las compañías petroleras estatales de la región para
dar lugar a un "Petrosur o Petroamérica, una especie de OPEP
sudamericana". "La unión económica es mucho más lenta, lleva décadas; en
cambio, para la unión política basta un instante para asumirla, basta la
voluntad", aseguraba el presidente.
En enero de 2004, luego de referirse al 12 de octubre, Día de la
Hispanidad, como el "día de la resistencia indígena" y de comparar
implícitamente la conquista española de América con el exterminio nazi
("yo me niego a referirme a España como la madre patria (…) el
descubrimiento no fue tal cosa, sino una conquista, un saqueo, un robo y
un genocidio (…) el comienzo de una operación que arrasó con
civilizaciones enteras"), Chávez saboreó la génesis de un nuevo eje
Caracas-Brasilia-Buenos Aires fundado en el común rechazo al próximo
arranque del ALCA, postura que determinó el resultado devaluado de la
Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada los días 12 y 13 en
Monterrey, México.
El nuevo aliado de Chávez era el mandatario argentino
Néstor Kirchner,
exponente de un peronismo de centroizquierda y firme defensor de la
autonomía y fortaleza del MERCOSUR. El 7 de julio de 2004, en el prólogo
de la XXVI Cumbre del MERCOSUR celebrada en la localidad argentina de
Puerto Iguazú, Chávez y Kirchner firmaron una carta de intención para
crear la compañía sudamericana de energía PetroSur, primera piedra en el
proyecto chavista de fundar una gran transnacional petrolera latina, la
citada PetroAmérica. PetroSur nacía como un mero marco, sin personalidad
jurídica por el momento, con la participación de PDVSA y su equivalente
argentino recién creado, Enarsa, pero Chávez deseaba sobre todo
incorporar a la Petrobrás brasileña, una empresa semipública; Lula, por
el momento, se limitó a notificar que estudiaría la idea.
En la Cumbre de las Américas en Monterrey, en presencia de un
indiferente Bush, Chávez realizó un vibrante homenaje a Fidel Castro, el
gran ausente de la cita, y a la revolución cubana; acabada la cumbre, el
dictador caribeño recibió con los brazos abiertos en el aeropuerto José
Martí a su encendido paladín continental.
Chávez y Castro lanzaron oficialmente el ALBA, con el nombre de
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el 14 de
diciembre de 2004 en La Habana, en la undécima visita del venezolano a
la isla. Fue mediante una declaración fundacional cuyo contenido más
sustancioso era un nuevo convenio de cooperación cubano-venezolano que
ampliaba los lazos ya existentes; así, se suprimían todos los aranceles
y cualquier barrera no arancelaria al comercio bilateral; se otorgaban
grandes facilidades fiscales a las inversiones; Cuba podría comprar a
Venezuela petróleo a un "precio mínimo" de 27 dólares el barril –la
cotización internacional entonces rondaba los 40 dólares-, y su sector
energético e industria eléctrica obtendrían financiación estatal de su
socio; a cambio, la educación y la sanidad venezolanas recibirían más
becas y cooperantes cubanos. Al sellar su alianza estratégica e
ideológica con Castro, Chávez se refirió al ALCA con estas palabras: "El
proyecto perverso y neocolonial que nos quieren imponer ha muerto".
En la II Cumbre del ALBA, celebrada en La Habana el 27 y el 28 de abril
de 2005, los presidentes y su séquito ministerial firmaron la
Declaración Conjunta y el Plan Estratégico de Aplicación, por el que se
constituía efectivamente el ámbito, amén de cinco decenas de documentos
entre acuerdos gubernamentales y cartas de intención sobre inversiones y
creación de empresas mixtas, convenios energéticos y contratos
comerciales. Anfitrión y huésped inauguraron las oficinas de PDVSA y el
Banco Industrial de Venezuela (BIV) en la capital cubana, y se
manifestaron muy satisfechos de poner los cimientos de un proyecto de
integración regional de "carácter verdaderamente independiente y
solidario".
Ahora mismo, Venezuela suministraba a Cuba entre 80.000 y 90.000
barriles de petróleo diarios, liberando prácticamente al régimen
castrista de la necesidad de comprar crudo a los elevados precios del
mercado mundial, y el intercambio de bienes ascendía ya a los 2.300
millones de dólares anuales, convirtiendo a Venezuela en el primer socio
comercial de Cuba con diferencia. Antes de regresar a Caracas, Chávez
intervino en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, al que
asistieron 800 delegados de toda América Latina y donde pregonó el
carácter socialista de la revolución bolivariana. Meses después, en
agosto, Chávez estuvo de vuelta en La Habana para oficiar la entrega de
sus títulos académicos a la primera graduación de la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM) y protagonizar un Aló presidente
especial que fue retransmitido desde la localidad de Sandino, en la
provincia de Pinar del Río, y en el que tomaron la palabra también el
líder sandinista nicaragüense Daniel Ortega y el líder comunista
salvadoreño Schafik Hándal.
También adquirieron un cariz estratégico las relaciones con Brasil. El
14 de febrero de 2005 Chávez y Lula firmaron en Caracas diversos
acuerdos de cooperación económica, entre los que destacaba un protocolo
entre PDVSA y Petrobrás para la construcción en Pernambuco de una
refinería destinada a petróleo venezolano con una inversión de 2.000
millones de dólares, y militar, inclusive un convenio de compra por la
Aviación Nacional de Venezuela de 38 aviones de ataque ligero y
entrenamiento Super Tucano y AMX-T fabricados por la Empresa Brasileña
de Aeronáutica (Embraer).
Poco después, el 2 de marzo, Chávez celebró en Montevideo con Lula y
Kirchner una reunión en la que los presidentes decidieron establecer una
posición común ante los organismos financieros internacionales y la
compra mutua de títulos de deuda, y abordaron la puesta en marcha de
PetroSur y de la Nueva Televisión del Sur (TeleSur), un canal de
televisión dedicado a emitir noticias las 24 horas del día, dando la
réplica latina a la programación en español de la estadounidense CNN.
Una nueva mini-cumbre tripartita, la cuarta de estas características,
celebrada en Brasilia el 9 de mayo, en los prolegómenos de la I Cumbre
América del Sur-Países Árabes, decidió la inmediata activación de estos
dos ambiciosos proyectos en los campos energético y mediático. El foro
PetroSur arrancó formalmente el 10 de mayo con la firma por los tres
ministros de minería y energía de un acuerdo que tenía como objetivo
desarrollar proyectos petroleros conjuntos de PDVSA, Petrobrás y Enarsa.
En cuanto a TeleSur, inició sus emisiones de prueba el 24 de julio de
2005, coincidiendo con el 222 aniversario del nacimiento de Simón
Bolívar, con el objetivo de ser "la contrapartida de la dictadura
informativa de las grandes cadenas internacionales" y bajo el lema de
Nuestro Norte es el Sur, pero debutó con polémica, ya que aireó unas
imágenes del comandante de las FARC, Manuel Marulanda alias Tirofijo,
con las consiguientes reacciones de malestar en Colombia. Sin embargo,
TeleSur era una criatura de Chávez destinada al éxito: con el venezolano
Andrés Izarra, anterior ministro de Comunicación e Información, de
presidente, estudios centrales en Caracas y un 41% de capital social
venezolano, en los años siguientes la cadena iba a emitir por diferentes
canales en abierto y vía satélite para toda Sudamérica, con la
participación de los otros estados fundacionales, Argentina, Cuba y
Uruguay, más Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que se incorporaron
posteriormente.
El 2 de marzo de 2005 Chávez se reunió también con el nuevo presidente
socialista de Uruguay, Tabaré Vázquez, a cuya toma de posesión asistió
en la víspera y con quien firmó un acuerdo sobre intercambio de petróleo
venezolano por alimentos uruguayos. La llegada al poder de Vázquez, que
expresó su interés en sumarse a PetroSur y TeleSur, extendió el redondel
de gobiernos amigos en el sur del continente.
El Caribe insular anglófono no escapó a las atenciones y cortejos de
Chávez, que contemplaba para el ALBA los más anchos horizontes. El 29 de
junio de 2005 el presidente orquestó en Puerto La Cruz, Anzoátegui, el I
Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, al que
asistieron delegaciones de quince estados ribereños, incluidas las
hispanohablantes Cuba (con asistencia de Castro, en su primera salida al
exterior desde mayo de 2003) y República Dominicana. El motivo del
encuentro fue la presentación del Acuerdo de Cooperación Energética
PetroCaribe, proyecto similar a PetroSur para Sudamérica y a través del
cual Chávez pretendía convertir a los países caribeños en socios
preferenciales de PDVSA, que les suministraría petróleo abaratado con
facilidades crediticias o mediante el intercambio de mercancías. Todos
los países asistentes salvo Trinidad y Tobago suscribieron el Acuerdo.
Por otra parte, Chávez invitó a sus colegas de la subregión a crear un
fondo económico, ALBA-Caribe, en el que Venezuela colocaría de entrada
la suma de 50 millones de dólares.
Dos meses después, el 23 de agosto, Jamaica, en virtud de una reunión
mantenida por Chávez y el primer ministro Percival Patterson en Montego
Bay, se convirtió en el primer país del Caribe anglófono en suscribir un
convenio bilateral que le enganchaba al mecanismo ofrecido por
PetroCaribe sobre la base de la venta de 22.000 barriles diarios al
precio de 40 dólares, 24 menos que la tarifa internacional del momento.
El 6 de septiembre tuvo lugar en Montego Bay la II Cumbre de PetroCaribe,
en la que otros ocho países socios firmaron sus respectivos convenios
operativos. En Jamaica, el mandatario venezolano reiteró su tesis de que
la era del petróleo barato había terminado y que la crisis energética,
que él calificó de "tercer shock del petróleo", iba a seguir
agravándose debido al consumo galopante del Norte industrializado, y a
la incapacidad de los países productores para cubrir la demanda, debida
no tanto a sus insuficiencias técnicas como al agotamiento irreversible
de las reservas. PetroCaribe, segunda pata del proyecto PetroAmérica,
era la iniciativa internacional de Chávez más exitosa hasta la fecha por
la rapidez de su ejecución y su alcance geográfico, más cuanto que se
desarrolló ante las mismas y perplejas narices de Estados Unidos.
Ahora bien, la radicalización del discurso y la multiplicación del
activismo regional de Chávez acarrearon problemas con otros países de
América Latina cuyos gobiernos disentían de la línea ideológica del
venezolano. Ya en septiembre de 2003 Caracas anunció la suspensión de la
venta de petróleo a la República Dominicana como represalia por la
negativa del Gobierno de Hipólito Mejía -de credenciales
socialdemócratas- a detener y extraditar al ex presidente Carlos Andrés
Pérez, acusado por Chávez de estar conspirando en su contra, y por su
supuesta colaboración en la financiación de "todos los atentados y toda
la situación de inestabilidad" que vivía Venezuela. Santo Domingo negó
tajantemente las acusaciones y aseguró no tener constancia de que en
territorio dominicano se estuviera fraguando una subversión
antichavista; si detectase una acción de esa naturaleza, la cortaría de
raíz, aseguró el Gobierno de Mejía.
El sucesor de Mejía en agosto de 2004, Leonel Fernández Reyna, recondujo
las relaciones dominicano-venezolanas (no obstante ser su pensamiento
más liberal y conservador que el de su predecesor), de manera que
transcurrido un año no tuvo ningún problema para asistir a las cumbres
de PetroCaribe y beneficiarse del crudo barato que Caracas ofrecía a su
país.
Con Colombia, presidida por el liberal independiente
Álvaro Uribe desde agosto de 2002, los tratos volvieron a
enturbiarse en enero de 2005 a raíz del secuestro en diciembre anterior
por militares venezolanos contratados por el Ministerio de Defensa de
Bogotá de un jefe de las FARC refugiado en Caracas, Rodrigo Granda.
.
Sean Penn, el telentoso actor de EEUU, conversa con Chávez
y Castro
.
Conversations with Chavez and Castro
Chávez, que en noviembre anterior había "jurado por Dios y por mi madre
santa" que él no apoyaba a la guerrilla al término de un encuentro con
Uribe en Cartagena de indias en el que se analizaron las medidas
conjuntas para devolver la seguridad a la frontera compartida y se
decidió acelerar el inicio de la construcción de un gasoducto entre la
península de la Guajira y Maracaibo, castigó al país vecino con la
suspensión de los acuerdos económicos y la retirada del embajador en
Caracas, medidas que sólo levantaría si Uribe, "en nombre de la amistad
que ha surgido entre nosotros", emitía una "rectificación" y reconocía
que la captura del guerrillero había sido un "delito" contra la
soberanía de Venezuela.
La crisis quedó superada al cabo de una nueva reunión presidencial
celebrada en Caracas el 15 de febrero, cuyo contenido no trascendió pero
que debió complacer a Chávez, ya que el anfitrión ordenó la reanudación
inmediata de la cooperación con Colombia. Para consolidar esta
reconciliación, enmarcándola en la cooperación multilateral en el
control de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico, la
diplomacia española organizó una cumbre cuatripartita entre Chávez,
Uribe, Lula y el presidente socialista del Gobierno europeo,
José Luis
Rodríguez Zapatero, que tuvo lugar el 29 de marzo en la localidad
venezolana de Ciudad Guayana. Zapatero y Chávez cerraron horas más tarde
en Caracas un polémico negocio de venta de material civil y militar
español a la Armada y la Aviación venezolanas por 1.300 millones de
euros, operación que había sido acordada en noviembre anterior en una
visita del venezolano a Madrid y que despertaba las reticencias del
Ejecutivo de Washington, el cual asociaba el "rearme" de la República
Bolivariana con el terrorismo en la zona.
La tormenta desatada por el asunto Granda escampó, pero la fijación de
Chávez con las FARC y su ambiguo compromiso con la paz en el país
hermano iban a pautar las sinuosas relaciones con Uribe en los años
siguientes, hasta desembocar en una nueva y más grave crisis diplomática
a finales de 2007.
Las relaciones fueron decididamente malas con el Perú del presidente
Toledo, quien, con las heridas causadas por el asunto de la captura y
entrega de Montesinos en 2001 todavía sin cerrar, afrontó el golpe
antichavista de abril de 2002 con una actitud tan vaga que el Gobierno
restituido del MVR vislumbró un apoyo tácito de Lima a la junta de
Carmona. Chávez no perdonó a Toledo esta falta de respaldo político, y
en los años siguientes fue advirtiéndose que las visiones hemisféricas
de los dos dirigentes divergían sin posibilidad de encuentro, con Chávez
criticando el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos,
declarando en crisis existencial a la CAN por culpa precisamente de ese
tratado de libre comercio y quejándose del escaso fuelle de la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN), un marco impulsado por el mandatario
peruano para institucionalizar las Cumbres Sudamericanas que venían
celebrándose desde 2000.
Echada a andar en Cuzco en diciembre de 2004, la CSN era vista por
Toledo como el embrión de una unión económica sudamericana que en
principio no tenía por qué chocar con el ALBA, cuyo horizonte era
latinoamericano, no limitado al subcontinente meridional. Sin embargo,
Toledo concebía a la CAN como uno de los pilares de la CSN –el otro era
el MERCOSUR- y además consideraba a esta comunidad compatible con el
ALCA, dos puntos inaceptables para Chávez. Por otro lado, Chávez
aprovechó la I Cumbre de la CSN, celebrada en Brasilia el 29 y el 30 de
septiembre de 2005, para adoptar con Lula y Kirchner nuevos acuerdos
energéticos en el marco de PetroSur.
En el XVI Consejo Presidencial Andino, celebrado en Lima el 18 de julio
de 2005, Chávez, que justamente asumía la presidencia pro témpore de la
organización, intentó teñir de color bolivariano una comunidad que no le
inspiraba confianza ("la CAN no ha avanzado y no va a avanzar en el
marco neoliberal (…) hemos visto crecer la pobreza, la exclusión social,
la desigualdad, la inestabilidad política (…) no vamos por buen camino")
proponiendo la creación de PetroAndina, un consorcio energético que de
materializarse convertiría a la larvaria PetroAmérica en una empresa de
alcance verdaderamente continental. La idea de PetroAndina como
mecanismo de cooperación para impulsar la interconexión eléctrica y
gasífera de los estados miembros de la CAN fue incorporada en el Acta de
Lima y su estudio fue encargado al Consejo Andino de Ministros de
Energía, pero Toledo la acogió con patente frialdad, ya que le parecía
una especie de caballo de Troya de la revolución bolivariana. El
desencuentro peruano-venezolano iba a llegar a su clímax con motivo de
la campaña de las elecciones generales peruanas de 2006, en las que
Chávez se inmiscuyó con repercusiones muy negativas.
11. Cruzada contra Bush y captación de nuevos aliados: Irán, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua
(Epígrafe en previsión)
12. Despegue económico y triunfal segunda reelección en 2006
(Epígrafe en previsión)
13. Se acelera la revolución: nacionalizaciones, construcción
de un partido socialista y deriva autocrática
(Epígrafe en previsión)
14. Multiplicación de los desencuentros diplomáticos y derrota en el
referéndum constitucional de 2007
(Epígrafe en previsión)
(Nota del editor: la presente biografía está en
proceso de reedición y actualización completas; próximamente irán
incorporándose nuevos epígrafes hasta cubrir el período informativo que
tiene como tope temporal provisional el 1/1/2008)
Parte 1 / Parte 2
|
