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3. Propuestas de Gobierno para una mudanza histórica
Ubicado él mismo en el "centro izquierda ligero", y en cualquier caso
en el ala menos conservadora del PAN, Fox llegó al poder con la
promesa de acometer una ambiciosa y radical reforma del Estado, la
economía y la sociedad mexicanos, para subsanar las rémoras y déficits
democráticos tras siete décadas de hegemonía priísta. Una tarea
formidable en la que, reconoció, iba a encontrar múltiples
dificultades.
El mandatario electo propuso un "desarrollo económico con rostro
humano", no sometido a los dictados neoliberales, que asegurara un
crecimiento equilibrado y sostenido, entre el 5% y el 7% anual, que
concediera oportunidades a la iniciativa empresarial, las inversiones
foráneas y el ahorro privado como instrumentos generadores de empleo,
precisando la meta de crear 1.300.000 puestos de trabajo, y que
favoreciera el acceso de las extensísimas capas empobrecidas
(alrededor de 45 millones de mexicanos sobre una población total de 98
millones) a la muy desigualmente repartida riqueza nacional.
Contemplaba reformas estructurales que mejorasen la competitividad de
la economía, aunque en la campaña desmintió que fuera a privatizar
íntegramente Petróleos Mexicanos (PEMEX, emblemática empresa que, no
obstante, ha cedido paulatinamente diversas sucursales al capital
privado) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Éstas eran las
últimas ramas productivas que quedaban en manos del Estado luego de
una década de privatizaciones realizadas en las administraciones de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo (1994-2000).
Su agenda incluía otras máximas preocupaciones sociales, como la
corrupción generalizada, el narcotráfico, el crimen organizado y la
delincuencia común, todas los cuáles prometió combatir con
implacabilidad. Su compromiso de democratizar y vigorizar la vida
social mexicana se fundamentaba en una profunda reforma educativa, la
profesionalización de las administraciones públicas, medidas para
asegurar el federalismo y el equilibrio de poderes del Estado
(empezando por una limitación de la todopoderosa institución
presidencial), y el impulso de la participación de la sociedad civil
sin exclusiones flagrantes, para lo que propuso crear las figuras del
plebiscito y el referéndum.
Todavía en esta línea, ofreció una Comisión de Transparencia para
investigar los magnicidios y otros graves delitos ocurridos en las
últimas décadas, concretamente la brutal represión de estudiantes en
1968 bajo la presidencia del autoritario Gustavo Díaz Ordaz. Con
respecto al conflicto de Chiapas, estancado en su reconducción
negociada desde febrero de 1996, cuando se firmaron los luego no
aplicados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas,
Fox se declaró dispuesto a un arreglo que pasaría por una reunión
personal y sin intermediarios con los dirigentes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la concesión de autonomía
efectiva a las comunidades indígenas.
Sobre política exterior, además de su proximidad a Estados Unidos de
sobra conocida, Fox expresó su deseo de continuar la cooperación
tradicional con Cuba, pero sin cuestionar la actitud inaugurada por
Zedillo de exigir un mayor respeto de los Derechos Humanos. Empero, en
el medio año en que ejerció de presidente in péctore, Fox no incluyó
al país caribeño en su gira de presentación por Estados Unidos,
Canadá, Latinoamérica y Europa, como había sido tradición en los
presidentes electos del PRI. Su propuesta de ampliar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según el modelo del
mercado común europeo, a la libre circulación de personas, fue acogida
con frialdad en Washington y con patente rechazo en Ottawa.
4. Desbloqueo del marco jurídico para Chiapas
El 2 de diciembre de 2000 Fox prestó juramento como presidente de
México para los próximos seis años, en una ceremonia a la que
asistieron 19 jefes de Estado y de Gobierno y en un clima de euforia
popular. En sus discursos habló de construir una "democracia genuina"
y de entablar diálogo y entendimiento con todos los actores políticos,
económicos y sociales del país, para "continuar la transición después
de la alternancia". El gabinete que formó incluía personalidades de
trayectoria y talante ideológico dispares, para no ofrecer una
"simbiosis abusiva" entre el partido del presidente y su gobierno, en
clara ruptura con el corporativismo del que habían abusado los
priístas.
Al día siguiente de asumir, Fox ordenó el principio de la retirada del
Ejército de Chiapas, anunció el envío inmediato al Congreso del
proyecto de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas elaborado por la
Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA) y firmó en
Oaxaca con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Mary Robinson, un acuerdo comprometiendo al Estado mexicano con el
respeto de las libertades y los derechos fundamentales. También se
comprometió a facilitar la puesta en libertad de los presos del EZLN.
Este conjunto de iniciativas satisfizo las demandas de la guerrilla,
que sin más dilación aceptó volver a la mesa de diálogo.
Ahora bien, para enero de 2001 las previsiones optimistas sobre el
pronto desenlace negociado del conflicto chiapaneco ya eran
cuestionadas por la negativa de diputados de todos los partidos, del
PAN inclusive, a aprobar el texto de la COCOPA a menos que se
introdujeran en él enmiendas y correcciones en un sentido más
restrictivo de las demandas de los neozapatistas. El presidente fue
receptivo al escepticismo y las presiones de los sectores
conservadores y pidió una "señal" al líder del EZLN, el célebre
Subcomandante Marcos, antes de emprender el diálogo cara a cara.
La respuesta del guerrillero fue convocar la Marcha por la Dignidad
Indígena, más conocida como zapatour, una comitiva pacífica de
varias decenas de zapatistas desarmados encabezada por él mismo y los
23 comandantes del EZLN que, custodiada por voluntarios del Congreso
Nacional Indigenista (CNI) y representantes de la sociedad civil,
comenzó en Chiapas su itinerario a través de doce estados el 24 de
febrero y se presentó en olor de multitudes en Ciudad de México el 11
de marzo.
Dentro de esta pugna por el control de la iniciativa política y la
publicidad mediática, Fox ofreció a Marcos una recepción en persona y
el denominado Plan Puebla-Panamá, un proyecto de desarrollo de los
estados sureños de México a través de la integración en las economías
centroamericanas, pero el subcomandante respondió con una doble
negativa y exigió que se aprobara la ley contemplada en los Acuerdos
de San Andrés.
Fox salió con buen pie de estas expectantes jornadas en las que el
EZLN acaparó la atención internacional. En primer lugar, la alocución
el 28 de marzo de una comandante indígena encapuchada ante la Cámara
de Diputados, evento cuyo simbolismo necesario para la consolidación
de un clima de confianza y la reparación de una exclusión histórica
nadie ignoraba, fue posible gracias a los votos de todos los partidos
principales excepto el PAN, donde el conservadurismo y la hostilidad
al EZLN de dirigentes como Fernández de Cevallos contrastó con la
flexibilidad y la buena disposición del presidente. Tras esta entrada
sin precedentes en la sede del poder legislativo nacional y las
garantías recibidas de la COCOPA, Marcos se dio por ampliamente
satisfecho y ordenó la retirada del zapatour, suscitando el
elogio de Fox a la "dignidad" y la "gran altura" mostradas por el
dirigente del EZLN.
El 25 de abril, luego de cinco años de demora, el Senado aprobó por
unanimidad la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, pero en una
versión retocada que limitaba el marco de la autodeterminación y
arrojaba algunas ambigüedades sobre los mecanismos para hacerla
efectiva. Esta revisión a la baja del proyecto de ley, que prosiguió
el 28 de abril en la Cámara de Diputados con 386 votos a favor y 60 en
contra su alambicado proceso de refrendo y reglamentación por todas
las cámaras legislativas del Estado federal, fue calificada de "burla"
por el EZLN y denunciada por doquier como una interpretación torticera
por los diputados de los partidos mayoritarios. La propia COCOPA
exigió a Fox que vetara el texto legal antes de continuar el trámite
parlamentario.
El asunto evocaba el temor de la clase política mexicana a que la
reforma de cinco artículos de la Constitución, no aplicable hasta ser
validada por al menos 16 de los 32 parlamentos estatales, abriera la
puerta a reclamaciones independentistas, conflictos de jurisdicción
entre las autoridades federales e indígenas, o pleitos por el
usufructo de las tierras y los recursos naturales.
Haciéndose eco del desconcierto y la controversia reinantes, 1 de mayo
Fox reconoció que, efectivamente, la ley indígena no contemplaba
aspectos centrales de la autodeterminación de las comunidades
indígenas y la explotación colectiva de los recursos naturales. Con
todo, cuando la ley fue aprobada por 16 estados (los necesarios para
poder entrar en vigor), Fox la ratificó y ordenó su promulgación, el
15 de agosto, pese a que los congresos de una decena de estados
(incluido Chiapas) se manifestaron en contra.
5. Un presidente en la picota por las inercias
socioeconómicas
Fox tomó posesión de la Presidencia cuando el país estaba a punto de
cerrar un excelente año económico. En 2000 la economía creció el 7%,
el doble que el año precedente, y, dato muy notable, lo hizo sin
recalentamiento de los precios; antes al contrario, la inflación
descendió del 16,6% al 9,5% en los doce meses computados. El peso
estaba estabilizado frente al dólar, el Banco Central había aumentado
sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos del petróleo por
los bajos precios internacionales se había compensado en parte con el
relanzamiento de las exportaciones no petroleras.
Esto formaba parte del legado de Zedillo, pero en el último trimestre
del año ya se detectaron las consecuencias negativas de la
deceleración económica en Estados Unidos, interacción automática desde
el momento en que el poderoso vecino del norte es el cliente de -nada
menos- el 89% de las exportaciones y el proveedor del 73% de las
importaciones de México.
Para Fox era absolutamente prioritaria la reforma del sistema fiscal,
consistente, entre otros puntos, en la aplicación de un IVA único del
15% sobre los alimentos y los medicamentos, con el objeto de aportar a
las arcas públicas 14.000 millones de dólares suplementarios hasta
2006 y así aliviar los compromisos derivados de las deudas del Estado,
que entre montantes internos y externos sumaban los 150.000 millones
de dólares. La necesidad era tanto más perentoria cuanto que la renta
petrolera estaba achicándose y el nivel de ingresos fiscales del
Estado estaba muy lejos del exhibido por las economías más
desarrolladas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), de la que México es miembro.
La reforma precisaba la enmienda de la Constitución y, por ende, la
mayoría de dos tercios en el Congreso para su aprobación. En el primer
semestre de 2001 el presidente intentó reunir los apoyos necesarios al
proyecto del Gobierno, pero las resistencias de muchos diputados del
PRI y el PRD, que arguyeron el temible impacto social del
encarecimiento de los productos de primera necesidad, lo empantanaron
hasta final de año, cuando Fox hubo de plegarse a una versión más
modesta. Así, el 31 de diciembre de 2001 el Congreso aprobó tres leyes
en materia de fiscalidad que dejaron fuera el polémico punto del IVA
sobre alimentos y medicinas.
Una suerte no mejor corrieron los proyectos para regular las
relaciones laborales, modernizar la función pública y expandir la
participación del capital privado en el sector energético, que
precisaban igualmente de sendas enmiendas constitucionales. En el caso
de PEMEX, a la parálisis del proceso legislativo se le añadieron, en
septiembre de 2002, las implicaciones penales y laborales del
escándalo sobre el presunto desvío de 123 millones de dólares de la
compañía a la campaña del PRI en las elecciones de 2000, ya que la
petición de desafuero contra tres diputados priístas que al mismo
tiempo eran líderes sindicales en el gigante empresarial (130.000
asalariados) indujo a los afectados a convocar una huelga de la
plantilla con la reivindicación de subidas salariales del 15%.
La clara defensa de sus intereses corporativos disoció, una vez más, a
estos dirigentes de la vieja guardia sindical de los cuadros
intermedios de trabajadores, que demandaban incrementos en sus nóminas
más moderados, facilitando la intervención negociadora de Fox y la
remoción, a finales del mes, de la amenaza de los paros.
El presidente mexicano cumplió su primer año en el poder presentando
un balance globalmente positivo, que puso el acento en: la estabilidad
monetaria; la elevación de las reservas de divisas, hasta los 30.000
millones de dólares; la continuación de la senda descendente de la
inflación, hasta terminar el año con una tasa histórica del 4,4% (la
más baja desde 1968), y de los tipos de interés; el control del
déficit público, que con el 0,7% del PIB se desvió mínimamente de las
previsiones del Gobierno; y, el vigoroso aumento de la inversión
extranjera directa.
Fox aseguró que el país gozaba de la confianza de los operadores
económicos internacionales, y esa era la mejor señal para encarar con
optimismo el futuro inmediato, no obstante el severo impacto de la
crisis estadounidense, la demora en la puesta a punto de las reformas
estructurales prometidas y la inamovilidad del problema de la pobreza.
En el ámbito de los derechos políticos y civiles, reivindicó el
disfrute por México de una etapa de pluralismo y de libertades sin
precedentes, pero también reconoció que quedaba mucho por hacer en la
lucha contra la corrupción y la criminalidad, fenómenos que se
mostraban con la impunidad habitual.
Por activa y por pasiva, sobre la cuestión tangible del bienestar
económico Fox ha pedido tiempo y paciencia a los mexicanos, quienes,
según se desprende de las encuestas de opinión, están menos
interesados en los planes de liberalización sectorial, considerados
por el presidente ineludibles para el desarrollo nacional, que en la
mejora sustancial de su nivel de vida. En los primeros meses de 2002
el presidente restó importancia, presentándola como una coyuntura
pasajera, a la recesión del 0,3% del PIB con que cerró 2001 e intentó
darle la vuelta a otro dato contundente arrojado por los análisis no
gubernamentales, que más de 500.000 puestos de trabajo se habían
destruido desde diciembre de 2000, a pesar de suponer otros dos
incumplimientos, y muy flagrantes, de sus compromisos electorales.
Las imputaciones de falta de liderazgo, de inconsistencia en los
diversos frentes de actuación gubernamental, de una dedicación
excesiva a las cuestiones internacionales y, sobre todo, de no
realizar lo prometido, han seguido lloviendo a lo largo de 2002 sobre
Fox, presionado por un lado, sobre todo desde los empresarios
privados, para que avance decididamente en las reformas estructurales,
y por el lado opuesto para que no se eche en brazos del
"neoliberalismo". Los fuertes regateos desde el propio partido del
presidente y las disonancias entre miembros del Ejecutivo, sobre todo
en política exterior, han sido otros tantos aspectos que alimentan
estas críticas a Fox.
El 2 de julio de 2001, coincidiendo con su 59 cumpleaños y el primer
aniversario de su victoria electoral, el presidente mexicano contrajo
matrimonio civil por sorpresa y en la más absoluta intimidad con una
estrecha colaboradora desde que llegara al Gobierno de Guanajuato en
1995, Martha Sahagún Jiménez, que últimamente se había desempeñado
como portavoz del Gobierno federal. Para ambos se trataron de las
segundas nupcias: Sahagún obtuvo la nulidad de su primer matrimonio en
2000, mientras que Fox estaba divorciado de Lilian de la Concha desde
1991. Según medios locales, la intención del ferviente católico fue
obtener también la anulación de su matrimonio religioso, pero ante la
negativa de la autoridad eclesiástica optó por formalizar su relación
con Sahagún por lo civil. La pareja reúne siete vástagos, los cuatro
hijos adoptados por Fox con su primera esposa, y los tres hijos
biológicos de Sahagún.
6. Fluctuaciones en las relaciones exteriores de México
(Epígrafe en previsión)
(Última actualización: 25 octubre 2002)
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