Más tarde, él mismo reveló que en marzo de 1999, cuando se preparaba para el ascenso a coronel, transmitió una misiva al Alto Mando criticando al Gobierno por desatender los problemas del Ejército, y que en noviembre siguiente, en otra iniciativa rayana en la insubordinación que en aquel momento tampoco trascendió fuera de los ámbitos castrenses, entregó un memorándum al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza Poveda, donde expresaba su oposición a la pretensión del presidente Mahuad de incrementar los impuestos sobre la renta y el consumo, y donde advertía que no se podía seguir "estrangulando al pueblo ecuatoriano" mientras no se moralizara la función pública y no se pusiera coto a la corrupción generalizada.

Más aún, el coronel demandaba una "revolución democrática" en el Ecuador a partir de un "diálogo cívico-militar" imbuido de espíritu regenerador y patriótico, tarea tanto más urgente por cuanto que "la descomposición social era evidente" y existía un "altísimo riesgo de entrar en una guerra civil". Semanas más tarde, en diciembre de 1999, Gutiérrez culminó sus exámenes para coronel y en la ceremonia de recepción de despachos, en el INAGUE, estrechó la mano de Mahuad a la vista de todo el mundo, incurriendo en una infracción de protocolo que constituía un desacato abierto a la primera autoridad del Estado.

2. Papel protagonista en la insurrección indígeno-militar de 2000
Aquella proclama de Gutiérrez en favor del retorno de las Fuerzas Armadas a la gestión política del país con un talante nacionalista, estatalista, disciplinal y antioligárquico puede considerarse un aviso de lo que se pergeñaba, ya que todo indica que el coronel, lejos de adherirse espontáneamente en enero de 2000 a la revuelta indígena sobre la marcha, planificó el movimiento insurreccional con antelación, por lo menos desde noviembre del año anterior, junto con los coroneles Fausto Cobo Montalvo, Luis Aguas Narváez, Gustavo Lalama Hervas y Jorge Luis Brito Albuja, más la implicación incierta del general Mendoza, recién nombrado ministro de Defensa, y, fuera de los cuarteles, en estrecha coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que lideraba el quechua Carlos Antonio Vargas Guatatuca, la cual debía actuar como la punta de lanza del movimiento.

El desarrollo de los hechos fue como sigue. El 9 de enero Mahuad anunció la dolarización total de la economía ecuatoriana; la mudanza monetaria, al igual que el decreto unos meses antes de la congelación parcial de los depósitos bancarios de los particulares, era de hecho una medida desesperada que buscaba estabilizar el tipo de cambio del sucre, cuya cotización con respecto a la moneda estadounidense estaba en caída libre, y recuperar la confianza de los mercados financieros, pero en un contexto social explosivo, que se nutría de la indigencia crónica de extensas capas de la población, puso la espoleta para el estallido definitivo. El 12 de enero, vigente de nuevo el estado de emergencia nacional por las protestas callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades, un autodenominado "Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador" llamó a la desobediencia civil y a la toma del poder.

Mahuad se negó a dimitir o a revocar el decreto de dolarización, pero el viernes, 21 de enero, miles de indígenas, reforzados, en inopinada alianza, por efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios, ocuparon los edificios del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Contraloría General, y declararon cesantes los poderes del Estado. Fue en este momento de anarquía en que no se sabía muy bien qué estaba sucediendo cuando emergió Gutiérrez como presidente de una denominada Junta de Gobierno de Salvación Nacional, flanqueado por Vargas y por el magistrado Carlos Solórzano Constantine, ex presidente de la CSJ.

Secundado por los cuatro coroneles arriba citados, que se hicieron cargo de los puestos cimeros del Alto Mando militar (Cobo, la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Aguas, la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, y Lalama, la Jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre) y por numerosos oficiales y suboficiales jóvenes de la ESPE y la Academia de Guerra -varios de ellos veteranos de la guerra del Cenepa contra el Perú-, Gutiérrez asumió la portavocía del movimiento y, micrófono en mano, proclamó el inicio de "una lucha pacífica para romper las cadenas que atan a la más espantosa corrupción, cambiar las estructuras del Estado y fortalecer las instituciones democráticas".

Con posterioridad a los hechos, Gutiérrez justificó su rebelión como un acto de patriotismo ante una situación nacional crítica, ya que Mahuad "había perdido toda cualidad moral" para conducir el Estado por, según él, haber aceptado dinero empresarial y haber antepuesto los intereses particulares de los capitalistas ecuatorianos a los intereses del pueblo desde el momento en que confiscó los ahorros.

Según el coronel, la asonada fue legítima en virtud de los artículos 3 y 97 de la Constitución ecuatoriana, que obligan, respectivamente, al Estado, a garantizar el sistema democrático y la administración pública libres de corrupción, y a todos los ciudadanos, a denunciar y combatir estos mismos actos de corrupción; puesto que Mahuad había "violado" la Carta Magna, concluía Gutiérrez, el Ejército se sintió compelido a intervenir porque había jurado defender aquella suprema ley.

A posteriori también, Gutiérrez desveló que medidas habría adoptado la Junta de haber permanecido más tiempo en el poder: reversión de la dolarización y, con carácter temporal, elevación del tipo intervenido de cotización de los 25.000 a los 13.000 sucres por dólar; inicio de procedimientos de extradición contra políticos y banqueros corruptos para "hacerles devolver el dinero que robaron al Ecuador y meterlos en la cárcel"; fiscalización, "casi inquisidora", de todas las instituciones que recibían dinero público para cubrir sus agujeros financieros; levantamiento del sigilo bancario a todo funcionario público; creación de un cuarto poder del Estado, llamado de "control financiero" o de "rendición de cuentas"; y, una profunda reforma en los órganos del poder legislativo y judicial, reduciendo el número de diputados y despolitizando la magistratura.

Claro que entonces apenas hubo tiempo para conjeturas sobre los pasos a tomar por la Junta, porque en cuestión de horas la aventura de Gutiérrez y sus compañeros tocó a su fin. Antes de acabar el día y sin explicar las razones -lo que, de entrada, sugirió graves descoordinaciones y divisiones entre los militares-, la Junta fue sustituida por otro triunvirato denominado Consejo de Estado, en el que Gutiérrez ya no figuró.

Su puesto fue ocupado por el general Mendoza, quien acto seguido procedió a reconducir la sublevación engañosamente triunfante a la situación precedente, lo que desde el punto de vista de los alzados constituyó un acto de "traición". Según el testimonio autoexculpatorio del general, él se vio arrastrado a la sedición cuando Mahuad le exigió, el día 20, que empleara la fuerza para contener a las turbas antigubernamentales, lo que, en su opinión, agotó los "escenarios de rectificación" para dar a la crisis una salida dentro del orden establecido.

Con las seguridades recibidas de Mendoza y el Alto Mando, el 22 de enero el Congreso tomó las riendas de la crisis y le dio un cerrojazo institucional: declaró cesante a Mahuad por abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, un exponente de la élite política tradicional del mismo partido que Mahuad, presidente constitucional con mandato hasta el 15 de enero de 2003. Poco después, Mahuad, desde su escondite, comunicó su conformidad con el nombramiento de Noboa.

En resumidas cuentas, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la clase dirigente civil se apresuraron a apuntalar el orden de cosas puesto en peligro por unos sectores sociales desde siempre marginados por las clases dirigentes blancas que creyeron conquistar el poder por la vía insurreccional y con la ayuda inestimable de Gutiérrez y su grupo de coroneles, los cuales fracasaron en convencer a todos los mandos por encima de ellos.

Gutiérrez y sus compañeros fueron inmediatamente arrestados y sometidos a las autoridades judiciales, tanto civiles como militares. El 1 de junio el coronel llevaba más de cuatro meses encarcelado cuando el Congreso, a instancias del Gobierno de Noboa, que deseaba apaciguar la tensa situación social por la reactivación de la protesta indígena y la escalada en los precios, aprobó una ley de amnistía para él y otros 16 oficiales, los cuales recobraron la libertad al día siguiente. Se trataba de una exoneración ante las justicias civil y militar por los cargos de insubordinación y sedición, no ante la Comandancia General del Ejército, que aún debía dictar las sanciones disciplinarias correspondientes. Según un sondeo de opinión realizado poco antes, el 67% de los ecuatorianos rechazaba el enjuiciamiento de los oficiales implicados en la asonada de enero.

Sin perder un minuto, Gutiérrez se hizo entrevistar por la prensa local y extranjera para defender su actuación en los acontecimientos del 21 enero. Así, negó que aquel día se intentase un golpe de Estado, tal como aseguraban Mahuad y otros políticos, y, antes bien, describió los hechos como una "rebelión popular nacida de las entrañas mismas del pueblo ecuatoriano", que, como "forma de autodeterminación de los pueblos", le parecía tan legítima como las revoluciones francesa, norteamericana y la propia de los ecuatorianos cuando la independencia de España a principios del siglo XIX.

Estos comentarios le acarrearon el 5 de junio un arresto de cuatro días por orden de la autoridad militar. Superado este último encontronazo con sus superiores uniformados, Gutiérrez se lanzó de lleno a la política. Con celeridad, articuló un movimiento de apoyos para catapultarle a la Presidencia de la República en las elecciones de 2002, meta que, estaba convencido, quedaba al alcance de su mano, no obstante ser un absoluto neófito en estas lides y, a priori, un rival no de talla para los líderes políticos consolidados, algunos de ellos, empresarios multimillonarios que no iban a reparar en gastos para sufragar sus campañas.

3. Proyecto político presidencial con mensajes de regeneración nacional
El 10 de junio de 2000 Gutiérrez solicitó a la Comandancia General el estado de servicio pasivo en las Fuerzas Armadas. Una vez obtenido el pase a la reserva del Ejército, el 5 de julio presentó junto con algunos militares, policías y civiles que participaron en la asonada el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP). La primera parte del nombre aludía al fracasado alzamiento patriótico de 1809 contra los españoles, que prologó la verdadera independencia en 1822; la segunda parte dejaba constancia de la reciente "gesta heroica" en la que, en una "simbiosis maravillosa con el pueblo ecuatoriano", su grupo de militares dio "horas de libertad, dignidad y autoestima" a ese mismo pueblo.

Gutiérrez explicó que su movimiento aspiraba a ser tan grande como los 12 millones de ecuatorianos -"sólo los corruptos" no tendrían acceso al mismo-, a traer "la segunda y definitiva liberación" del Ecuador, y a "refundar el país" de manera pacífica y democrática, y atendiendo a criterios morales, ya que el problema más grave que tenía la nación andina no era "el económico ni el social, sino el ético". Indagado sobre el sustrato ideológico del PSP, Gutiérrez esquivó la atribución de cualquier etiqueta clásica de izquierda e insistió en que sólo se guiaba por la devoción por la patria y un sentimiento de unidad nacional que bebía del pensamiento y las acciones de los próceres de la independencia y, muy especialmente, del Libertador Simón Bolívar.

La presentación de sí mismo como un "ferviente" seguidor de las ideas integracionistas bolivarianas enriqueció el cuadro de similitudes de Gutiérrez, por antecedente sedicioso y por discurso regeneracionista, con el otrora teniente coronel y ahora presidente de Venezuela Hugo Chávez, quien en diciembre de 1998 había arrollado en las urnas por acertar a capitalizar el profundo rechazo de la gran mayoría de la población venezolana a su clase política y a transmitir a la sociedad del país vecino un proyecto ilusionante. Gutiérrez no se privó de expresar su admiración por el movimiento chavista -dos años después de llegar al poder en Venezuela, tan puesto en entredicho-, cuyo éxito en la implicación de los militares en política y en el salto al poder por la vía exclusivamente democrática constituía para el coronel ecuatoriano una referencia de primer orden.

La estirpe contemporánea de militares progresistas (Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia) tenía en el mismo Ecuador un notorio representante, el ya citado dictador Guillermo Rodríguez Lara, el cual dirigió entre 1972 y 1976 un régimen calificado de nacionalista y revolucionario que se asignó los objetivos de la reforma agraria, el control estatal del petróleo, la plena explotación de los recursos naturales, el desarrollo educativo y el sometimiento de la oligarquía al poder popular, con resultados bastante discutibles. Como Gutiérrez 25 años después, Rodríguez Lara aseguraba carecer de ideología al uso.

Más cerca en el tiempo estaba el caso de Frank Vargas Pazzos, díscolo general de Aviación que provocó varias perturbaciones golpistas durante la Presidencia del conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), en 1986 y 1987; erigido en fustigador de corruptos en los estamentos civil y militar, Vargas se hizo muy popular entonces por su talante, difícil de clasificar, a caballo entre el nacionalismo presuntamente regeneracionista, un machismo típicamente castrense y la admiración por los métodos de acción directa en lugar de las fórmulas legalistas y los cabildeos políticos.

Otro elemento de carisma en Gutiérrez tenía que ver con su tez morena, evocadora de un grado de mestizaje con el que, un poco al modo del presidente peruano Alejandro Toledo (no obstante presentar éste un tipo racial mucho mas acusado, de indígena quechua), podían sentirse más identificados esa gran mayoría de ecuatorianos mestizos e indígenas puros que desde la restauración de la democracia sólo habían conocido presidentes blancos de ascendencia española o libanesa.

En enero de 2001 Gutiérrez acompañó a Antonio Vargas en la nueva campaña de movilizaciones de la CONAIE contra las subidas de las tarifas de los servicios públicos y el IVA decretadas por el Gobierno de Noboa, y en los meses siguientes multiplicó los actos públicos como preparación de su candidatura presidencial. El 27 de febrero de 2002 el PSP fue inscrito en el registro de partidos.

Para robustecer las posibilidades de pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de octubre, a lo largo de 2002, el coronel napeño pactó el respaldo de la CONAIE, ahora presidida por Leónidas Iza, y de otras organizaciones y sindicatos, más sendas alianzas con los partidos políticos de izquierda Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), coordinado por Miguel Lluco Tixe y estrechamente ligado a la CONAIE en tanto que brazo político del colectivo indígena militante, y el Movimiento Popular Democrático (MPD), éste de tendencia marxista. También, se fraguaron listas comunes con el Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio (PSE-FA), de extrema izquierda, pero el acuerdo fue roto a los dos meses de la firma. Como compañero de fórmula para la Vicepresidencia de la República, Gutiérrez escogió a un independiente, el médico cardiólogo y ex ministro de Sanidad Alfredo Palacio González.

En el programa de Gobierno de Gutiérrez y el PSP señoreaban dos puntos. En primer lugar, la lucha frontal e implacable, con características de cruzada, contra toda forma de corrupción y fraude económicos cometidos por funcionarios públicos, empresarios privados y personal bancario. En particular, proponía una legislación especial para combatir la evasión tributaria, el contrabando aduanero y el trasiego ilícito de dinero entre los poderes públicos y la banca y la empresa privadas, así como proceder a extraditar para ser juzgados por tales delitos a quienes estando procesados se hallaban refugiados en el extranjero, y aplicar penas draconianas, como la cadena perpetua para todo funcionario público hallado culpable de malversar fondos superiores a los 5.000 dólares.

El otro aspecto destacado del programa electoral era la atención prioritaria, por delante de transformaciones como la privatización de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones, a las cuestiones sociales, aliviando de cargas al ecuatoriano de a pie golpeado por la crisis y brindando servicios y oportunidades a los más desfavorecidos.

Entre las propuestas en este terreno, calificadas alternativamente de "izquierdistas" y "populistas" por sus detractores, figuraban: la rebaja del IVA del 12% al 10%; el aumento de los gastos de educación hasta suponer el 30% del presupuesto total (tal como recoge la Constitución, que exhorta a erradicar el analfabetismo); el establecimiento de un seguro universal de salud; la dotación de vivienda subvencionada y vivienda prefabricada a cargo del Estado a cuatro millones de familias; y, una oferta de bonos específicos para cubrir las necesidades de los pobres, los estudiantes, los agricultores, los pescadores y los artesanos.

Adicionalmente, Gutiérrez manifestaba su intención de impulsar la creación de una Agencia de Garantías del Emigrante para atender todas las necesidades de este importantísimo colectivo, que subvenía a la economía nacional con sus remesas, y vigilar sus condiciones legales y laborales en los países de acogida, fundamentalmente Estados Unidos y España, de lo que se derivaba la lucha policial contra el tráfico de personas.

En política exterior, Gutiérrez se presentaba como un latinoamericanista convencido que desearía la articulación de un "gran frente continental" para presentar una propuesta global contra la hipoteca al desarrollo que suponía la deuda externa y para enfrentar el resto de problemas compartidos por los estados del subcontinente, cuales eran la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y las agresiones al medio ambiente. En consecuencia, durante la campaña Gutiérrez se declaró muy crítico con el denominado Plan Colombia -acometido por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país vecino con incidencia en los medios militares-, con el convenio ecuato-estadounidense de noviembre de 1999 para el uso conjunto de la Base Área de Manta –sita en la provincia de Manabí, la instalación era un importante centro operacional de Estados Unidos en su lucha contra el narco-terrorismo en la región- y también con el proyecto del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).

En el cierre de la campaña, Gutiérrez refutó las imputaciones de "comunista" vertidas por el candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), el magnate y antiguo bucaramista Álvaro Fernando Noboa Pontón, recalcando que, como hombre de la milicia, no tenía formación ideológica ni doctrina política, que su "única ideología" era "el pueblo del Ecuador" y que, de hecho, se trataba de un hombre de profundas convicciones cristianas, respetuoso con la propiedad privada y los Derechos Humanos. El 6 de octubre, en una entrevista concedida a un diario guayaquileño, se había definido como "un nacionalista que ama profundamente al Ecuador" y como "un individuo no dogmático, sino más bien pragmático".

4. Inopinada victoria electoral en 2002
Según los sondeos demoscópicos, Gutiérrez ni siquiera tenía seguro el paso a la segunda vuelta y aparecía rezagado con respecto al ex presidente socialdemócrata (1988-1992) Rodrigo Borja Cevallos, de la Izquierda Democrática (ID). Pero el 20 de octubre, el militar en la reserva dio la campanada al colocarse el primero con el 20,3% de los votos seguido de Noboa, León Roldós Aguilera por el Movimiento Ciudadano, y Borja. El otro protagonista de la asonada de 2000, Antonio Vargas, compitió por cuenta propia, como candidato del partido Amauta Jatari, y sólo cosechó el 0,8% de los votos.

En el interludio hasta la segunda vuelta, donde se vería las caras con Noboa, Gutiérrez aplicó a su discurso un tono más conciliador y menos retórico, para aquietar los temores que sus propuestas programáticas -más que su estilo personal, habitualmente contenido y alejado, por ejemplo, de la exuberancia y la agresividad de Hugo Chávez- estaban suscitando en los operadores económicos.

Gutiérrez amplió su relación de contactos con los actores sociales ecuatorianos, mantuvo reuniones con el presidente saliente y con la cúpula militar, e incluso viajó a Estados Unidos para entrevistarse con empresarios, banqueros y representantes del FMI, a quienes causó una buena impresión al asegurarles que un gobierno suyo respetaría la dolarización, mantendría el diálogo con el organismo financiero sobre un préstamo de contingencia de 240 millones de dólares y cuidaría la austeridad fiscal, un punto este último que se antojaba difícilmente conciliable con la prometida expansión del gasto social del Gobierno.

De paso, Gutiérrez se etiquetó por primera vez como un político de "centro-izquierda", negó que pudiera ser la tercera ficha de un dominó ideológico en América Latina luego de los triunfos de Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y aclaró que apoyaba la presencia de militares estadounidenses en Manta, todo lo cual generó suspicacias en el movimiento indígena.

El 24 de noviembre, arropado por una masa de enfervorizados partidarios, Gutiérrez acudió a votar en su colegio quiteño vestido "por última vez" con la indumentaria paramilitar de color verde oliva con que había realizado toda la campaña, y exudando triunfalismo. Al cabo de una jornada electoral impecablemente democrática, el escrutinio otorgó la victoria a Gutiérrez sobre el magnate de Guayaquil con el 54,3% de los votos.

En sus primeros momentos como presidente electo, Gutiérrez anunció un gobierno pluralista y de concertación nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales a la vez que banqueros y hombres de negocios de probada honestidad. Tanto el Pachakutik como el MPD obtendrían ministerios. También, indicó que tras asumir enviaría al Congreso sendos proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado, la de control y rendición de cuentas, reducir el número de diputados, reformar el código electoral y modernizar el aparato burocrático.

La salida adelante de esta reforma política y estatal se auguraba complicada, ya que Gutiérrez iba a tener que negociar con el atomizado Congreso que produjeron los comicios del 20 de octubre, los cuales sólo otorgaron 13 escaños sobre 100 a las candidaturas del PSP y el Pachakutik, bien como lista conjunta, bien concurriendo por separado. Entre los escaños ganados estaban los de la futura primera dama, Ximena Bohórquez, por Pichincha, el hermano menor de Gutiérrez, Fausto Gilmar, también militar de carrera, por Napo, y un primo materno, Aníbal Renán Borbúa Espinel, por Guayas. Además, Gilmar Gutiérrez y Renán Borbúa eran respectivamente el presidente nacional del PSP y el jefe del partido en Guayaquil.

Aparte, un puñado de candidatos de ambas formaciones obtuvo el escaño en algunas circunscripciones dentro de listas conjuntas con partidos de izquierda. Contrastando vivamente con lo sucedido en las presidenciales, el PSC, el PRE y la ID, esto es, los partidos dominantes tradicionales, se hicieron con las bancadas más nutridas del hemiciclo.

Para tranquilizar a los descontentadizos del Pachakutik a raíz de su viraje a la moderación entre los turnos electorales, Gutiérrez aseguró que no iba a aplicar un paquetazo, es decir, medidas de ajuste traumáticas de la economía, porque "los ecuatorianos no resisten más". Ya entonces, a modo de análisis prospectivo, cabía aventurar que el nuevo mandatario ecuatoriano se exponía a correr la suerte de otros líderes sudamericanos aupados al poder con muy parecidas o idénticas promesas de luchar contra la corrupción y la pobreza rampantes, es decir, que en un tiempo muy breve viera evaporarse su popularidad. Lo cierto era que los esperanzados votantes de Gutiérrez, que no estaban homogéneamente repartidos en todos los ámbitos sociales y geográficos del país, ya que predominaban abrumadoramente los indígenas y mestizos del interior serrano, ansiaban apreciar con la mayor prontitud una mejora sustancial en sus deplorables condiciones de vida.

En este sentido, la accidentada cuenta atrás de la toma de posesión de la Presidencia con un mandato de cuatro años el 15 de enero de 2003, a la que asistieron varios presidentes de la región inclusive Chávez y el recién inaugurado Lula de Silva, podía ser vista como un aviso de entrada a Gutiérrez. En los días previos al evento, en el que lanzó la advertencia lapidaria "o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento", el antiguo uniformado desató una tormenta política con su declaración de que los nueve ex presidentes vivos del país deberían "ir a la cárcel" por su responsabilidad "en el desastre nacional". Gutiérrez arremetió especialmente contra el veterano político guayaquileño Febres Cordero, que seguía conservando un considerable ascendiente en la política nacional desde que terminó su mandato presidencial en 1988, a quien llamó "el personaje más nefasto del país".

Gutiérrez se vio obligado a retractarse de estos comentarios y a pedir disculpas públicamente, y también hubo de abandonar su intención inicial de prestar juramente de su cargo, no ante el pleno del Congreso, sino "ante el pueblo", en un foro alternativo que no especificó. Por si fuera poco, las negociaciones emprendidas con los partidos de la oposición para intentar asegurarse una mayoría de respaldo en el Congreso no prosperaron. Este rosario de tropezones, insólito en un mandatario que ni siquiera había tomado posesión aún, mereció duras reprimendas de la prensa ecuatoriana, que presentó los tempranos bandazos de Gutiérrez como los propios de un líder impulsivo y bisoño, acostumbrado a las fórmulas autoritarias de la milicia y no familiarizado con las formalidades y mecanismos de la institucionalidad civil.

5. Temprano giro a la derecha y ruptura con el principal colectivo indígena
Quienes entre las élites políticas y empresariales tradicionales habían temido que el Ejecutivo, con Gutiérrez al timón, tomara una deriva populista de izquierdas, empezara a aplicar medidas de corte socialista o impusiera soluciones expeditivas al estilo "castrista" o "chavista" quedaron rápidamente aliviados. Al contrario, la frustración afloró en los partidos de la izquierda, los sindicatos y los colectivos indígenas al ver cómo el ex coronel, a las primeras de cambio, se desdecía de las promesas electorales de contenido social y se sometía a las directrices liberales.

El 19 de enero, a los cuatro días de empezar a gobernar, en un vuelco que recordó el dado por Bucaram nada más iniciar su mandato en agosto de 1996, el presidente y su ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo Crespo, anunciaron a la nación un "Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano" que contemplaba el incremento inmediato de los precios de los combustibles, la congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los gastos del Estado. Como compensación, el llamado bono solidario, que recibían 1.200.000 ecuatorianos, subía de 11,5 a 15 dólares.

"Con profundo dolor asumo la responsabilidad de las medidas y pido la comprensión y el apoyo de todos los ecuatorianos", dijo el presidente en su alocución televisada. El Gobierno reconoció que lo que tenía entre manos era un programa de ajuste, pero "no tradicional", por fijarse metas tanto de ingresos como de gastos. Las medidas, proseguía el Gobierno, eran insoslayables debido al voluminoso déficit fiscal heredado de la Administración de Noboa Bejarano.

A continuación, el 9 de febrero, Gutiérrez inició en Estados Unidos un viaje no oficial de seis días. El 10 de febrero asistió a la firma por el ministro Pozo en la sede del FMI en Washington de una carta de intenciones sobre la liberalización de los precios, el manejo cuidadoso de los ingresos fiscales, la introducción de reformas en los terrenos laboral, tributario y arancelario, y el pago de la deuda externa, que entonces alcanzaba los 16.400 millones de dólares. A cambio, el país andino recibía del FMI un crédito de 200 millones de dólares y la elegibilidad para obtener otros 500 millones más a cuenta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la jornada posterior, el presidente comunicó a su homólogo anfitrión en la casa blanca, George W. Bush, que el Ecuador deseaba convertirse "en el mejor amigo y aliado de Estados Unidos en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, fortalecer la democracia, reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y terminar con otra lacra humana como es el terrorismo". De estas palabras se desprendía que Quito aceptaba participar en el Plan Colombia y levantaba cualquier objeción al convenio sobre el uso conjunto de la Base Aérea de Manta hasta 2009.

Sectores de la CONAIE y el Pachakutik, que tenían a dos líderes históricos en el Ejecutivo, Nina Pacari Vega, ministra de Relaciones Exteriores, y Luis Macas Ambuludi, ministro de Agricultura y Ganadería, acusaron a Gutiérrez de estar enajenando la soberanía nacional con sus primeras decisiones de puertas afuera. Además, el presidente se puso a cortejar con acciones clientelistas de entrega de prebendas y dádivas a una ONG de nuevo cuño que se erigió en rival de la CONAIE, el Frente de Defensa de los Pueblos Indígenas Campesinos y Negros del Ecuador (FEDEPICNE). Ahora bien, la inquietud de la opinión pública, aquí sin distingos de ideología, comenzó a manifestarse también en relación con los fuertes indicios de nepotismo presidencial.

Si la condición de diputados del PSP de la esposa, el hermano menor y un primo del presidente no presentaba ninguna incompatibilidad, las dudas y el estupor resultaron inevitables a medida que fue conociéndose el número impresionante de parientes sanguíneos y políticos que estaban recibiendo un despacho o una prebenda en la función pública del Estado. De entrada, el presidente colocó a sus tres hermanas: Janeth, a quien hizo su secretaria particular, Paola, a la que nombró coordinadora general de Banco del Estado (BEDE), y Susana, encargada de misión en la Embajada ecuatoriana en Buenos Aires.

El esposo de Janeth Gutiérrez, Gualberto Napoleón Villa Barragán, coronel retirado de la Policía, fue designado presidente ejecutivo del Fondo de Solidaridad, un organismo clave encargado de financiar los programas de desarrollo social, aunque su gestión aquí iba a ser efímera. Varios familiares del cuñado del jefe del Estado recibieron importantes nombramientos en el Fondo de Solidaridad y en las empresas estatales Petroecuador, Petrocomercial, Petroproducción y Pacifictel, así como en el servicio diplomático.

El apellido Borbúa, es decir, la familia carnal del presidente por parte de madre, también abundaba en las instituciones del sector público. Por ejemplo, un tío, Mario Aníbal Borbúa Bohórquez, antiguo gobernador de Napo, era el gerente general del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Y lo mismo sucedía con la familia materna del primo Renán Borbúa. En añadidura, una hermana de la primera dama, Rocío Bohórquez Romero, tomó asiento en el Directorio de Andinatel y en calidad de presidenta del mismo, un puesto que cabía calificar de sinecura.

Todo prácticamente sin solución de continuidad, los entresijos de la familia presidencial desembocaron en un galimatías de recriminaciones atizadas por propios y extraños. El 7 de abril, cuando ya habían tenido que dimitir cinco altos cargos del oficialismo, entre ellos el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Nelson Álvarez, tras revelarse que arrastraba una orden judicial de arresto por estafa desde 1996 y una denuncia por falsificación de documento bancario y desfalco desde el año pasado, y el propio Supercuñado del presidente, Napoleón Villa, acusado de haberse embolsado irregularmente haberes de la Policía en 1994, Ximena Bohórquez, que no vivía en Carondelet y que a todos los efectos estaba separada de su marido, generó un nuevo escándalo al declarar al periódico El Universo que su marido había errado en la selección de funcionarios, que el Gobierno debía "entrar en un sano proceso de depuración" y que el país merecía "respeto" y "transparencia".

Gutiérrez reaccionó inmediatamente, tachando de "lamentables" y "rayanas en los límites de la inmoralidad" las declaraciones de la primera dama, pero se vio obligado a dejar caer a más allegados identificados por la prensa como integrantes de la "red" de familiares y amigos, y como beneficiarios de las "cuotas" de poder pactadas por el presidente. La puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE) a partir de una Comisión adscrita a la Presidencia no impresionó a unas cabeceras de prensa decididamente fiscalizadoras y hostiles que endilgaron al cabeza de tal comisión, el dirigente del PSP Alejandro Nájera, la elaboración de "listas negras" de "enemigos" del Gobierno, entre los que habría numerosos periodistas, y la comisión de espionajes telefónicos.

El ambiente se enrareció más a partir del 12 de abril, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que las autoridades del país estaban colaborando con las ecuatorianas en el esclarecimiento de un presunto complot para asesinar a Gutiérrez; los anónimos conspiradores habrían contratado a sicarios de Cali para perpetrar un "atentado" contra la vida del presidente. El 6 de julio, el MPD, que tenía dos ministros en el Gobierno, abandonó el barco del oficialismo por la "derechización" del presidente. El primero de agosto dimitió sin dar una explicación satisfactoria el ministro de Gobierno y Policía, Mario Canessa Oneto.

Cinco días después de la salida de Canessa, poniendo el colofón a unas relaciones tormentosas que habían tomado este vericueto el mismo día de la asunción del Ejecutivo, y al tiempo que el Congreso derrotaba un proyecto de ley enviado por el Gobierno para introducir controles en la contratación de trabajadores estatales y podar la burocracia, la CONAIE y el Pachakutik declararon rota la coalición porque el presidente, así rezaba el duro manifiesto de la ONG indígena, había "traicionado el mandato que le fue entregado por el pueblo ecuatoriano" desde el momento en que firmó la carta de intenciones con el FMI, asumió el principio de la privatización de los activos del Estado, flexibilizó el mercado laboral, reformó la fiscalidad y lanzó "una reforma de la Seguridad Social que busca destruirla". El grupo de los ahora dimitidos Pacari, Macas y Doris Solís Carrión, ministra de Turismo, se desligaba de "cualquier responsabilidad" por la actuación del Gobierno y llamaba a los ecuatorianos a movilizarse y a expresar "su rechazo a un régimen que se caracteriza cada vez más por la corrupción y el entreguismo".

La espantada de sus socios indígenas e izquierdistas dio a Gutiérrez plena libertad para, por necesidad legislativa y, al parecer, también por convicciones personales, negociar el soporte de los partidos escorados al centro y la derecha, empezando por el PSC. El 17 de diciembre de 2003 se hizo cargo del Ministerio de Gobierno y Policía un antiguo lugarteniente de Rodrigo Borja, Raúl Baca Carbo, mientras que para la Secretaría General de la Administración Pública fue reclutado el ex ministro con Durán-Ballén y ex diputado del PUR Xavier Ledesma Ginatta.

Antes de terminar 2003, la CONAIE celebró una denominada Asamblea de los Movimientos Indígenas, Campesinos, Sociales y Partidos Políticos de Izquierda y Democráticos, la cual, ya sin tapujos, llamó a forzar la salida del poder del "traidor" Gutiérrez "por no ser coherente con los principios y programas que le permitieron triunfar en las urnas y por haberse subordinado una vez más al PSC y a los planteamientos del FMI, que han profundizado el modelo neoliberal, la corrupción y pobreza para el 80% de los ecuatorianos". La CONAIE expresó también su "rechazo a la política dictatorial y autoritaria" del Ejecutivo, en referencia a la represión policial de una huelga de maestros y de varias movilizaciones de los colectivos indígenas y campesinos.

6. Cuenta atrás para el estallido social
La "gran marcha hacia la unidad nacional" y la "gran asamblea de trabajadores y los pueblos del Ecuador" convocadas por la CONAIE para principios de 2004 con la intención de poner a Gutiérrez contra las cuerdas fracasaron debido a las disensiones con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negros (FENOCIN), las cuales impidieron por el momento la realización de movilizaciones conjuntas. Y eso, a pesar de un suceso tan grave como el intento de asesinato de Leónidas Iza, que el 1 de febrero fue blanco de los disparos efectuados por dos pistoleros en el momento de apearse de un taxi él y su familia frente a la sede de la CONAIE en Quito; aunque el presidente de la confederación indígena salió ileso, su hijo, su esposa y otros dos familiares resultaron heridos de diversa consideración.

El atentado contra Iza sucedió al asesinato, el 30 de enero, del funcionario de Petroecuador Patricio Campana, justo cuando se disponía a presentar a la justicia un informe sobre la sustracción ilícita de combustible por una mafia de propietarios de gasolineras, y precedió al intento de asesinato, fallido también, el 9 de febrero, del presidente ejecutivo de la emisora de televisión Telesistema, Carlos Muñoz Insúa. El Gobierno condenó enérgicamente estos crímenes y habló de "grupos extremistas" que pretenderían desestabilizarlo, pero la alarmada oposición política y social no tuvo ambages en enmarcarlos en una "política de persecución, crimen e impunidad" que tendría sus expresiones más cotidianas en las amenazas anónimas a periodistas. A estas alturas, las relaciones entre el poder y los medios de comunicación, sobre todo los basados en Guayaquil, que no se cansaban de publicar detalles escandalosos sobre presuntas corruptelas y abusos en el oficialismo, eran absolutamente belicosas.

La tensión política fue escalando de nivel a lo largo de 2004. A finales de mayo, el presidente no tuvo más remedio que cesar a uno de los pesos pesados del Ejecutivo y el partido, el coronel en la reserva Patricio Acosta Jara, que venía fungiendo de ministro de Bienestar Social desde diciembre, cuando dejó el puesto de secretario general de la Administración Pública, luego de saberse que el Departamento de Estado de Estados Unidos le había incluido en su lista de autoridades extranjeras sospechosas de corrupción y le había cancelado el visado de entrada en el país. La defenestración de Acosta fue unánimemente considerada un rudo golpe para Gutiérrez, que nombró para el Ministerio de Bienestar Social a su antiguo compañero en la revuelta de 2000, el quechua Antonio Vargas.

Antes de poder digerir el escándalo en torno a Acosta la opinión pública se encontró con la renuncia del ministro Mauricio Pozo, que se encontraba muy desgastado por el coro de críticas del frente social e indígena, el cual empezaba a tener éxito en el liderazgo de la oposición popular a los intentos del presidente y los diputados afectos de que el Congreso diera luz verde a la explotación de los campos petrolíferos amazónicos de Shushufindi, Lago Agrio, Culebra-Yulebra y Auca, a cual más rentable, por concesionarias privadas extranjeras. Gutiérrez reemplazó a Pozo por el presidente del Directorio del Banco Central, Mauricio Yépez Najas. El país era un mentidero, y el rumor del momento apuntaba a una inminente "autodictadura" del Gobierno que incluiría el cierre del Legislativo.

Una semana después de la caída de Pozo, el 6 de junio, coincidiendo con el arranque en la capital del XXXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que no faltó el secretario de Estados de Estados Unidos, Colin Powell, el país fue sobresaltado por un rosario de bombas de escasa potencia que estallaron en Quito, Guayaquil y Cuenca, y que tenían el remite del Grupo de Combatientes Populares. Al mismo tiempo, piquetes de la CONAIE bloqueaban la carretera panamericana en dos puntos al norte de Quito. Ahora mismo, la aceptación popular del presidente no superaba el 20%, de creer los sondeos periodísticos.

El estilo porfiado de Gutiérrez fue ganando en intensidad a medida que arreciaban las acusaciones de sus detractores. Su agenda exterior había sido, e iba a seguir siéndolo, perturbada por los conflictos en el Gobierno y el Congreso, aunque el 12 de julio de 2004 discurrió sin novedad en Quito el XV Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Teniendo a Gutiérrez de anfitrión, los presidentes de los cinco países miembros adoptaron la Declaración sobre el Establecimiento y el Desarrollo de la Zona de Paz Andina.

Uno de los principales motivos de la irritación de la CONAIE era el acusado interés de Gutiérrez por las dinámicas de integración comercial y desarme arancelario. El otrora crítico con los procesos librecambistas se había convertido en un paladín de los mismos. El Gobierno no ahorraba los gestos ostensiblemente favorables al ALCA; así debía verse la decisión de conceder parte del patrimonio de Petroecuador a las multinacionales. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, propuesto formalmente por Gutiérrez a Bush en octubre de 2003, empezó a negociarse el 18 de mayo siguiente en Cartagena de Indias en una mesa multilateral que también incluía a Perú y Colombia.

Entre medio, el 16 de diciembre de 2003, en Montevideo, el canciller Patricio Zuquilanda Duque firmó un Acuerdo de Complementación Económica que, con vistas a la formación a la mayor brevedad de un área de libre comercio entre los dos bloques, comprometía al Ecuador, Colombia y Venezuela por parte de la CAN, y a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay por parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Justo un año después, el MERCOSUR iba a conceder al Ecuador el estatus de Estado asociado.

Transcurrido el verano de 2004, las relaciones de mutuo interés entre el PSP y el PSC, es decir, entre Gutiérrez y Febres Cordero, quien para muchos era la segunda figura política más influyente del país, se fueron a pique por diferencias insuperables en torno a las licitaciones y concursos a la hora de sacar a la venta los activos del Estado; la oposición izquierdista describió el conflicto como una reyerta por el "botín de las privatizaciones" entre unos partidos que no renunciaban a convertir las transformaciones del sector público en un negocio para engrosar patrimonios y clientelas. Las acusaciones cruzadas de latrocinio se recrudecieron durante la campaña de las elecciones seccionales (a prefectos y consejeros provinciales, a alcaldes y concejales municipales, y a miembros de las juntas parroquiales) del 17 de octubre, que depararon unos resultados harto mediocres al oficialismo (28 alcaldías sobre 219 con el 8% de los votos).

Crecidos con sus buenos resultados en estos comicios, los socialcristianos capitanearon en el Congreso un movimiento de destitución del presidente por unos supuestos de corrupción, por uso ilícito de fondos del Estado para financiar giras de candidatos electorales del PSP. El 4 de noviembre, un grupo de parlamentarios del PSC, la ID, el Pachakutik y el MPD presentó una petición de juicio político al presidente bajo las presunciones de peculado (malversación de fondos públicos), cohecho y delitos contra la seguridad del Estado.

Aunque un proceso de impeachment, de destitución con juicio político, tenía muy pocas posibilidades de prosperar, Gutiérrez montó en cólera, prometió "luchar a muerte" en defensa de su cargo y de su reputación, y acusó a Febres Cordero de ser el "cerebro" de una "conspiración" de políticos y empresarios conservadores que, según él, actuarían por venganza, porque el Gobierno había empezado a cobrarles las deudas que tenían con el fisco. El 8 de noviembre renunció el ministro Baca Carbo, a quien sucedió Jaime Damerval Martínez. Al día siguiente, la iniciativa opositora contra el presidente quedó frenada en seco al no reunir sus promotores el número suficiente de votos, 51, para nombrar una comisión legislativa que sería la encargada de determinar la factibilidad del enjuiciamiento.

Para escapar del cerco que le estaban tendiendo sus enemigos políticos, Gutiérrez se echó en los brazos de los partidos populistas PRE, de Bucaram, y PRIAN, de Noboa Pontón, que sumaban 25 escaños en un Congreso atomizado. Las dos agrupaciones que se sentaban con el PSP en el Gobierno, el Amauta Jatari y el Movimiento Esperanza, Transformación y Acción (META), eran dos grupúsculos extraparlamentarios que no podían ofrecerle ningún soporte más allá de lo simbólico. En cuanto al vicepresidente Palacio, tomó la decisión de cancelar todo acto institucional que le juntara con Gutiérrez hasta que éste escuchara a los colectivos populares, apostara por el consenso político, cumpliera con sus promesas electorales y abrazara "un nuevo modelo económico y social".

El enorme riesgo político que este movimiento entrañaba no disuadió a Gutiérrez de negociar en secreto una delicada transacción con el ex presidente Bucaram, con quien ya el primero de septiembre sostuvo una entrevista en Panamá, no obstante ser un prófugo de la justicia ecuatoriana, y con su rival electoral en 2002, Noboa. Como pago a su vital respaldo en el Congreso, el presidente accedió a que representantes de los dos partidos tomaran asiento en la CSJ. El más interesado en una politización favorable de la CSJ era Bucaram, sobre el que pendían varias causas criminales por corrupción que únicamente el alto tribunal podía cerrar.

La grave crisis política y social, que no económica, en términos de producción e ingresos financieros, ya que las macromagnitudes se estaban beneficiando del boom petrolero, con más exportaciones y a precios más altos (así, 2004 iba a cerrar con un crecimiento del PIB del 6,6%, la inflación rebajada a un histórico 1,9%, un superávit primario del sector público no financiero del 4,9% del PIB y un superávit comercial de 318 millones de dólares), entró en una fase de no retorno a partir de dos actuaciones extremadamente controvertidas de la nueva mayoría congresual formada por el oficialismo y sus aliados, entre los que volvían a estar los izquierdistas MPD y PSE.

La primera, el 25 de noviembre, fue la destitución en bloque de los vocales del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral. La segunda, el 8 de diciembre, fue la idéntica medida tomada con 27 de los 31 jueces de la CSJ, seguida del nombramiento de sus sustitutos, la mayoría de los cuales eran afines al bloque progubernamental. Sin ir más lejos, el presidente de la nueva corte, Guillermo Castro Dáger, era un roldosista confeso, amigo de Bucaram y también de Gutiérrez.

La drástica "reforma judicial" abrió la caja de los truenos, con la oposición formada por el PSC, el Pachakutik y la ID hablando lisa y llanamente de "usurpación de los poderes del Estado" y de "dictadura". Las acusaciones de escalada autoritaria recibieron un nuevo estímulo el 20 de diciembre con el anuncio por el presidente de que el 21 de enero de 2005 los ecuatorianos serían preguntados en referéndum si estaban de acuerdo en que los integrantes de la CSJ, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Procuraduría General del Estado fueran nombrados, no por el Legislativo, sino a través de colegios electorales.

La consulta, situada por Gutiérrez en su lucha contra quienes se habían "apoderado de todos los mecanismos de control" no llegó a celebrarse, pero el 5 de enero, la elección del diputado del PRE Omar Quintana Baquerizo como presidente del Congreso fue presentada por la oposición como la primera prueba de que entre Bucaram y su antiguo edecán existía un conciliábulo. A final de mes, el presidente arremetió contra una serie de periodistas críticos con su Gobierno, a los que tildó de "miserables, testaferros, podridos y sinvergüenzas".

En febrero, el pulso político entre el poder y la oposición adquirió un inquietante matiz de polarización social al reflejar las encuestas que el índice de aprobación del presidente había subido al 35% y al registrarse en Quito y Guayaquil, cuyos alcaldes eran respectivamente el ex jefe de las Fuerzas Armadas Paco Moncayo Gallegos (ID) y el dos veces candidato presidencial Jaime Nebot Saadi (PSC), nutridas manifestaciones en contra y a favor de Gutiérrez, si bien sólo las marchas antigubernamentales fueron verdaderamente multitudinarias.

Con el tono de quien estaba presto a librar batalla, el presidente arengó a sus partidarios y aseguró que las movilizaciones en su contra eran obra de la "oligarquía corrupta". El 16 de febrero, desde la balconada de Carondelet, afirmó que él era "un guerrero que va a cambiar el país o morir en el intento", y que "esos señoritos sinvergüenzas y amanerados, que se hacen la cirugía plástica y se robaron el dinero del pueblo para llevárselo a Miami, son ahora los que me critican porque me he atrevido a reclamarles lo que hurtaron durante la crisis financiera de hace siete años". Moncayo llamó "tirano, dictador y cínico" a Gutiérrez, quien para refutar este tipo de denuestos se le ocurrió decir que él, en realidad, era un "dictócrata", es decir, "dictador para los pelucones [oligarcas]" y "demócrata para los pobres".

El diputado Gilmar Gutiérrez insistió en que la oposición conspiraba contra el Gobierno, que el 21 de este mes registró su enésima baja, la del titular de Interior, Jaime Damerval, por estar en desacuerdo con la propuesta del referéndum. A Damerval le sucedió el hasta entonces secretario general de la Administración, Xavier Ledesma, el cual a su vez fue reemplazado por Óscar Ayerve Rosas. El trasiego de ministros se prolongó con la renuncia de Ledesma tan sólo un mes después de ser nombrado, alegando "motivos de salud". Esta vez Gutiérrez recurrió a un hombre de su entera confianza, Fausto Cobo, uno de los coroneles rebeldes que le siguieron en la revuelta contra Mahuad, para ocupar la Secretaría General de la Administración, en tanto que Ayerve cubrió la vacancia de Ledesma en Gobierno y Policía.

En marzo, para mostrar que seguía liderando la iniciativa política, el presidente envió al Congreso el proyecto de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, más conocida como Ley Topo. El instrumento buscaba modificar la legislación en tres áreas: los hidrocarburos, para que Petroecuador pudiera firmar contratos de obras, bienes o servicios con el sector privado en todas las fases de la industria petrolera; la electricidad, para que el Gobierno pudiera subsidiar las tarifas; y, la Seguridad Social, para iniciar reformas tendentes a establecer un sistema mixto.

7. La caótica revuelta popular de abril de 2005 y remoción del poder
Las dudas que pudieran quedar sobre la existencia de un pacto entre Gutiérrez y Bucaram quedaron disipadas el 31 de marzo. Ese día, en un auto no por esperado o temido menos escandaloso, la CSJ canceló los dos juicios contra Bucaram y de paso los que pendían, también por corrupción, sobre el ex presidente Noboa Bejarano y el ex vicepresidente (1992-1995) Alberto Dahik Garzoni. Para anular y archivar los casos, el magistrado Guillermo Castro invocó razones de procedimiento, señalando que la justicia había emprendido los procesos penales sin contar con la autorización del Congreso.

Los tres beneficiados se apresuraron a regresar al país desde sus respectivos exilios: Dahik desde Costa Rica, Bucaram desde Panamá y Noboa desde la República Dominicana. El retorno de Bucaram, alias El Loco, como él mismo gustaba llamarse, a su bastión de Guayaquil el 2 de abril fue muy espectacular, con miles de partidarios aclamándole con fervor mesiánico y él mismo advirtiendo que volvía "más viejo y más loco que nunca".

La sensación general de que la impunidad había vuelto a triunfar en el Ecuador atizó la ira popular, y los aspavientos de los bucaramistas no hicieron más que encrespar esos ánimos. La primera protesta organizada tuvo lugar el 5 de abril, cuando una "asamblea ciudadana" encabezada por el alcalde Moncayo y el prefecto de Pichincha, Ramiro González Jaramillo, también de la ID, intentó llegar a la sede del Congreso para exigir a los diputados el cese inmediato de la CSJ.

El 15 de abril, la profusión de violentos alborotos en Quito, las caceroladas, los paros y la desafección de algunos prefectos provinciales empujaron a Gutiérrez, luego de llamar "forajidos" a quienes querían echarle del poder, y encomendándose a Dios, a dar una de cal y otra de arena, con la esperanza de desactivar la protesta: la primera palada fue la declaración del estado de excepción en la capital y la segunda el decreto de cese de los magistrados de la CSJ nombrados en diciembre. Por su parte, el vicepresidente Palacio denunció el "estado dictatorial" que vivía la república.

El día 16, el presidente retiró la excepcionalidad constitucional, llamó a todas las organizaciones sociales, políticas y ciudadanas a un "diálogo respetuoso y abierto" para buscar una salida a la crisis, y pidió al Congreso que ratificara la disolución de la CSJ y emprendiera los pasos para asentar "la mejor Corte Suprema de la historia, que tendrá que ser independiente de los grupos de poder político y económico". El 18, el Congreso, con el voto unánime de los 89 diputados presentes, aprobó una resolución por la que dejaba sin efecto el reemplazo de los anteriores magistrados y admitió a trámite la reforma de La Ley Orgánica de la Función Judicial. Con este proceder, el Legislativo no ratificó el decreto presidencial de tres días atrás, sino que anuló su propia decisión del 8 de diciembre.

Las medidas de apaciguamiento no surtieron efecto. Al ver que Gutiérrez titubeaba y rectificaba, y que el Congreso se apresuraba a modularse al sentir popular, los participantes en las protestas se pusieron a exigir el cese en bloque de todos los políticos con mandato electoral, sin distinción de etiquetas, lo que demostraba el carácter espontáneo de las algaradas. Un descomunal y furibundo movimiento de repudio a la clase política ecuatoriana, jaleado con gritos como los proferidos durante la crisis argentina de diciembre 2001 (se escuchó con insistencia el "¡Que se vayan todos!"), se adueñó del país.

La situación se desbordó el día 19 con la represión policial de los manifestantes que pretendían llegar al Palacio de Carondelet, con el resultado de un muerto y numerosos heridos. En la mañana del 20, miércoles, la dimisión del comandante de la Policía Nacional, Jorge Poveda Zúñiga, y los rumores sobre que las Fuerzas Armadas, el poder fáctico decisivo en esta y anteriores crisis de similar calado, estaban flaqueando en su apoyo a Gutiérrez, hicieron que el Legislativo reaccionara como un resorte.

Reunidos en sesión de urgencia en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), ya que el edificio del Congreso estaba cercado por los manifestantes (quienes terminarían asaltándolo y destrozándolo), los diputados tomaron tres decisiones consecutivas: elegir a la socialcristiana Cynthia Viteri Jiménez como vicepresidenta primera de la institución, destituir a Omar Quintana y, con el voto a favor de 60 de los 62 presentes, invocar el punto sexto del artículo 167 de la Constitución para declarar "que el coronel Lucio Gutiérrez ha abandonado el cargo de presidente y en consecuencia deben operar los mecanismos de sucesión constitucional". En realidad, Gutiérrez no había sacado un pie de Carondelet, donde continuaba atrincherado.

Al punto, la cúpula de las Fuerzas Armadas retiró su apoyo al jefe del Estado en un comunicado que fue leído por el jefe del Comando Conjunto, vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, y ordenó a los soldados que retornaran a sus cuarteles. Finalmente, Viteri, en calidad de presidenta en funciones del Congreso, tomó juramento a Palacio como presidente de la República y encargado de terminar el mandato electoral en enero de 2007. La primera decisión de Palacio fue ordenar el cierre de las fronteras para impedir las huidas de Gutiérrez y Bucaram, pero en las horas siguientes, el cardiólogo y los diputados iban a estar demasiado ocupados en zafarse de los zarandeos y las agresiones de la turba de exaltados que, con total impunidad e inaudita violencia, penetraron en la CIESPAL con la pretensión de que los legisladores renunciaran a sus escaños.

Gutiérrez, en efecto, se dio a la fuga. Minutos después de su destitución por el Congreso, salió de Carondelet montado en un helicóptero del Ejército y con la intención de abandonar el país. La televisión especuló con que trataría de llegar a Panamá, donde ya se encontrarían su esposa y sus dos hijas, extremo este último que no era cierto. Sin embargo, la avioneta que debía recogerle en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito se encontró con que las pistas estaban ocupadas por manifestantes hostiles. Gutiérrez quedó acantonado en una zona militar restringida del aeropuerto antes de ser puesto bajo custodia en una guarnición del Ejército en las afueras de Quito. Entretanto, la fiscal general, Cecilia Armas de Tobar, dictaba contra él una orden de arresto y prisión preventiva por el "delito flagrante de ordenar a miembros de la Policía y militares reprimir al pueblo capitalino".

El desenlace, aunque provisional, de toda esta peripecia comenzó a aclarársele a Gutiérrez en la noche de la dramática jornada, al permitirle la Embajada de Brasil en Quito acogerse a su protección. Una vez en la legación brasileña, Gutiérrez, toda vez que se sentía "personalmente amenazado e incapaz de garantizar mi libertad e integridad física, así como las de mi esposa y mis hijas", como hacía constar en la misiva, solicitó el asilo político, que le fue otorgado, por un período de dos años. En el exterior del edificio, la Policía ecuatoriana desplegó un cordón de seguridad con la aparente intención de impedir la evasión del ilustre refugiado; unos metros más allá, cientos de detractores hacían guardia.

En la madrugada del 24 de abril, amparados en la nocturnidad y burlando a los manifestantes, una dotación de agentes especiales sacó a Gutiérrez de la Embajada por la puerta trasera, disfrazado de policía y cubierto con pasamontañas negro y casco. Un vehículo le condujo hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde se reunió con su esposa y una de sus hijas, Viviana Estefanía, de 15 años (la primogénita, Karina Ximena, de 20, a quien alcanzaba el asilo, se quedó en Quito, prosiguiendo sus estudios en un centro castrense). Desde allí, los tres volaron en helicóptero hasta un aeródromo más pequeño en Latacunga, 80 kilómetros al sur, donde les esperaba un avión de la Fuerza Aérea Brasileña con la orden de trasladarlos directamente a Brasilia. Para el mediodía, los Gutiérrez ya estaban alojados en una vivienda propiedad del Ejército brasileño, en un suburbio del sur de la capital.

Los nuevos ministros de Gobierno y Policía, Mauricio Gándara Gallegos, y de Exteriores, Antonio Parra Gil, reconocieron que las autoridades ecuatorianas habían concedido a las brasileñas el correspondiente salvoconducto para poder sacar a Gutiérrez del país, y ajustándose estrictamente a las reglas internacionales para el asilo político. Las esperanzas de Gutiérrez de una reacción internacional favorable a su tesis de que había sido expulsado de la Presidencia de manera inconstitucional se desvanecieron al evitar la OEA, la Comunidad Sudamericana de Naciones, Estados Unidos y la Unión Europea una condena explícita de la polémica remoción.

De entrada, la OEA demandó una explicación convincente del procedimiento legislativo aplicado el día 20, ya que se había basado en un quórum insuficiente de diputados, la sesión no había sido convocada por el presidente titular del hemiciclo y, a mayor abundamiento, no concurría el supuesto constitucional del abandono del cargo. Los representantes ecuatorianas replicaron que esa dejación, si no físicamente, sí se había producido en términos "morales", y que, de todas maneras, si alguien había violado la Constitución fue el propio Gutiérrez, al inmiscuirse en la judicatura y quebrantar el principio de la separación de poderes, actos que no habían merecido la reconvención de la organización. La OEA envió a Quito una misión indagatoria que se limitó a constatar el hecho consumado. Superadas las dudas iniciales, Palacio recibió de la comunidad internacional pleno reconocimiento como el presidente legítimo del Ecuador.

8. Retorno al Ecuador y sometimiento a la justicia
Gutiérrez no tardó en romper su silencio y en intentar un contraataque político. El 6 de junio, la cadena Teleamazonas difundió un vídeo entregado por Fausto Cobo en el que el ex presidente anunciaba su intención de regresar al Ecuador lo antes posible para oponerse a Palacio, quien, según él, se apoyaba en un plantel de "deudores morosos" de la banca, y al que poco después, en una entrevista concedida a la BBC, tachó de "usurpador". El mismo día, el Ministerio de Exteriores brasileño comunicó que el súbdito bajo su protección había renunciado al estatus de asilado político.

Con tono vindicativo, en su vídeo, que según Cobo fue grabado en Río de Janeiro, Gutiérrez afirmaba que se consideraba víctima de un "golpe de Estado" al que se llegó por tres razones: porque comenzó "a cobrar" a los morosos de la banca, porque no dejó que "se repartieran" la CSJ y porque se estaba convirtiendo en "una amenaza para la oligarquía". "No sólo me querían sacar del poder (…), sino que me querían matar, y yo tenía que proteger mi vida para continuar esta lucha y mi compromiso con los tres millones de ecuatorianos que votaron por mí y que me siguen respaldando", añadía en el documento audiovisual. Al día siguiente, 7 de junio, Gutiérrez abandonó Brasil en dirección a Estados Unidos y recaló en un inmueble particular que su primo Renán Borbúa tenía en la ciudad de Miami.

Gutiérrez ejecutó una estrategia consistente en crear un ambiente de presión nacional e internacional sobre el Gobierno de Palacio para que "el Ecuador vuelva a la democracia, se cobren las deudas de los ladrones y se llame inmediatamente a nuevas elecciones". No aclaró si intentaría presentarse a esas elecciones presidenciales –aunque todo sugería que sí lo haría-, pero las denuncias de la supuesta ilegalidad de su destitución no encontraron eco fuera de las palestras periodísticas. La OEA no quiso recibirlo en Washington. Por el contrario, agravaron sus cuentas con la justicia ecuatoriana, ya que el ministro Gándara solicitó a la fiscal general que investigara si sus declaraciones a la prensa de Miami suponían una "incitación a la rebelión en contra del Gobierno" y, por ende, un "atentado contra la seguridad interna y externa del Estado".

La iniciativa procesal del Ministerio Público fue aceptada a trámite y registró las diligencias oportunas hasta llegar a la orden del magistrado jefe de la Corte Superior de Justicia de Quito, el 22 de julio, de prisión preventiva contra Gutiérrez y de paso contra su hermano Gilmar, que afrontaba una acusación de peculado y que el 30 de junio anterior había sido despojado de su escaño parlamentario, y contra Fausto Cobo. Al parecer, el mandamiento judicial trastocó los planes de Gutiérrez de regresar al Ecuador entrando por la provincia de El Oro desde la ciudad peruana de Tumbes, donde en efecto se hallaba el día de la orden del juez.

Instalado en Lima, Gutiérrez inició el trámite para su asilo en Perú, aunque el 21 de septiembre, en mitad del proceso, se trasladó a Bogotá, donde volvió a solicitar el asilo. Las autoridades colombianas se lo concedieron el 4 de octubre, pero sólo nueve días después, el inquieto dirigente renunció por segunda vez a este fuero y anunció su intención de partir inmediatamente al Ecuador. En rueda de prensa celebrada en el hotel bogotano que lo hospedaba, Gutiérrez afirmó enfáticamente que regresaba a casa con el objeto de emprender "todas las acciones legales y constitucionales para recuperar el poder que ilegítimamente está en manos del usurpador".

De paso, aprovechó para presentar el libro El Golpe, en el que narraba "la verdad" de los sucesos que llevaron a su apartamiento del poder. A vueltas con la crisis de abril, explicó que el llamado golpe había tenido como autores a "ciertos grupillos complotados que no significan más allá del 0,1% de la población ecuatoriana y que no representan a nadie, sino a sus oscuros intereses". Asimismo, acusó al venezolano Chávez de tomar parte en la supuesta conjura.

Dicho y hecho, en la noche del 14 de octubre, los hermanos Gutiérrez aterrizaron en el aeropuerto de Manta acompañados de sus abogados y a bordo de un vuelo chárter. Nada más bajar del avión, la Policía, tal como había advertido el Ministerio, procedió a detenerles y sin pérdida de tiempo les montó en un helicóptero que puso rumbo a Quito. Una vez allí, quedaron recluidos en un pabellón de máxima seguridad del antiguo penal García Moreno. El mayor de los Gutiérrez pasó a compartir celda con Cobo, mientras que el menor fue metido en la celda contigua.

El estado de prisionero de Lucio Gutiérrez era sólo provisional, conforme a la medida preventiva ordenada por la Corte Superior de Justicia de Quito en relación con la acusación de atentado contra la seguridad del Estado por sus declaraciones en el exilio. Las otras seis causas que pendían sobre él y que se referían a delitos presuntamente cometidos durante su ejercicio presidencial se hallaban en la etapa de indagación previa por la Fiscalía General del Estado, que era como decir congeladas.

Éso era así porque correspondía a la CSJ pronunciarse sobre los cargos, y en estos momentos, debido al decreto ejecutivo dictado por Gutiérrez en vísperas de su caída y ratificado a su manera por el Congreso, no funcionaba dicho tribunal. Los cargos eran: "atentado contra el orden constituido"; malversación de fondos del Ministerio de Bienestar Social; peculado en campañas de propaganda oficial; peculado en la organización del certamen de Miss Universo; ilegalidades en la adquisición de equipos para la Radio Nacional; y, responsabilidad en la muerte del periodista chileno Julio García Romero, acaecida durante los disturbios del 19 de abril.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2006)

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