Las elecciones generales del 18 de mayo de 1980, primeras en 17 años, proyectaron a García al escenario nacional como número uno por Lima en la lista de candidatos apristas a la Cámara del Congreso, donde el partido, con el 26% de los votos y 58 diputados, quedó en segunda posición tras Acción Popular (AP), la formación centrista o conservadora moderada del ex presidente Fernando Belaúnde Terry, quien fuera depuesto por los militares en 1968.

En las presidenciales, Belaúnde batió a Villanueva, que no pudo remendar el tirón electoral dañado por la desaparición de Haya. Mientras la vieja guardia del partido se desprestigiaba con las tarascadas entre la facción izquierdista de Villanueva y la moderada de Andrés Townsend Ezcurra -candidato a la vicepresidencia-, García atraía todas las miradas con su vehemente oposición parlamentaria al Gobierno accionpopulista.

El APRA, preocupado por su futuro, concentraba sus esperanzas en un García apenas adentrado en la treintena y empezó a conferirle responsabilidades internas. Confirmado en la Secretaría Nacional de Organización en octubre de 1979 en el XII Congreso, en el tumultuoso XIII Congreso, celebrado el 3 y 4 de agosto de 1980, fue designado presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina desplazando a Luis Alberto Sánchez, dirigente alineado con las tesis de Townsend. En 1981 cesó como secretario nacional de Organización y en el XV Congreso, el 9 y 10 de octubre de 1982, sustituyó al disminuido Villanueva en la Secretaría General del partido, tomando posesión del liderazgo efectivo del aprismo.

Sus propuestas de superación de las divisiones internas, de apertura a otros segmentos del electorado y de renovación del discurso del partido, en el sentido de revisar los lemas tradicionales de soberanía nacional frente a la prepotencia estadounidense y de justicia social asumiendo las nociones de modernidad y eficacia (lo que supuso una mudanza de los símbolos e iconografía de regusto izquierdista), ganaron la adhesión progresiva de los cuadros apristas, de manera que en enero de 1984, mediante el sufragio secreto de todos los afiliados, fue proclamado candidato a las elecciones presidenciales de 1985.

García basó su campaña en la denuncia del modelo liberal de mercado aplicado por Belaúnde, en la moralización de la administración y en el combate enérgico a la insurgencia del grupo maoísta Sendero Luminoso, que había iniciado sus acciones guerrilleras y terroristas en Ayacucho coincidiendo con el retorno de la democracia. Su amistad personal con el entonces presidente del Gobierno español, el socialista Felipe González, y las comparaciones entre el nuevo APRA y el PSOE español (que había ganado una rotunda mayoría en 1982 haciendo bandera del cambio y la transformación), coadyuvaron, sin duda, a la imagen de modernidad y progresismo del postulante peruano. Una de las proclamas más socorridas fue la del "Gobierno para todos los peruanos".

2. Presidente de la República con una agenda heterodoxa
La jornada electoral del 14 de abril de 1985, boicoteada por los senderistas con atentados y sabotajes, resultó doblemente histórica para el Perú, pues trajo tanto el primer relevo democrático desde 1945 (la sucesión de Manuel Prado y Ugarteche por José Luis Bustamante y Rivero) como la conquista del poder por el partido que siempre había ostentado el protagonismo político y era el más antiguo de país.

García acaparó el 45,7% de los votos emitidos (si bien el 53,1% de los votos válidos, excluyendo a los blancos y nulos), más del doble de los obtenidos por su inmediato rival, el marxista y alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, por la coalición Izquierda Unida. En tercer lugar quedó el socialcristiano Luis Bedoya Reyes, por Convergencia Democrática, y en un cicatero cuarto puesto el candidato oficialista, Javier Alva Orlandini, reflejando el grado de descontento generado por la gestión del sobrio y sofisticado Belaúnde.

Al no alcanzar el preceptivo 50% de los sufragios con el código electoral entonces vigente, García debía acudir a una segunda ronda con Barrantes, pero éste se retiró del proceso con el fin, según su declaración, de no prolongar más la incertidumbre política, de manera que el 1 de junio el Consejo Nacional Electoral proclamó al primero presidente electo y el 28 de julio tomó posesión de su mandato quinquenal. Además, el APRA contaba con sendas mayorías absolutas de 110 legisladores (sobre 180) en la Cámara de Diputados y de 32 (sobre 60) en el Senado. En su condición de jefe del Estado García cesó como diputado y secretario general del partido, mientras que en el Gobierno presidido por Luis Alva Castro obtuvo ministerios el Partido Demócrata Cristiano (PDC), escisión del Partido Popular Cristiano (PPC) de Bedoya Reyes.

El más joven mandatario constitucional -36 años- en la historia del Perú comenzó su administración con unos índices de popularidad igualmente sin precedentes, aglutinando las esperanzas de una población castigada por las políticas de ajuste y una violencia alarmante a cargo tanto de los grupos insurgentes como de las fuerzas de seguridad del Estado. El país sufría una crisis más financiera que de producción, con el dólar cotizando a 12.000 soles y la inflación marcando el 230%. Además, el desempleo afectaba a la tercera parte de la población activa.

Al principio, García afrontó los embates de la guerrilla con ánimo apaciguador. Creó una Comisión de Paz encargada de velar por los Derechos Humanos y de mediar entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, pero la impunidad persistente en los abusos y exacciones de unos y de otros precipitó el naufragio, por la dimisión de sus miembros, de este órgano de la sociedad civil el 7 de julio de 1986. Antes y después el Gobierno se vio obligado a renovar periódicamente los estados de emergencia en los departamentos más conflictivos y hasta en la propia Lima.

Ciertamente, la truculenta organización maoísta no prestó oído a ninguna fórmula de apaciguamiento y redobló sus ataques contra instalaciones de suministro energético, no dando tregua a la nueva administración. Por otro lado, los ceses por García de altos mandos policiales y militares se vincularon tanto al deseo de combatir la violencia desde el Estado de derecho como a cercenar las ramificaciones del narcotráfico. Sin embargo, la disposición pacificadora del Gobierno recibió el golpe de gracia en junio de 1986 cuando los motines simultáneos de presos senderistas en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara (los dos últimos en Callao) fueron sofocados brutalmente por la Guardia Republicana y el Ejército.

Tras el asalto por las fuerzas del orden se contaron dos centenares y medio de víctimas mortales, muchas de ellas ejecutadas sumariamente. La desmesurada represión tuvo mayor repercusión internacional por producirse en vísperas del XVII Congreso de la Internacional Socialista (IS), el primero celebrado en Latinoamérica, y del que García esperaba declaraciones de apoyo a su gestión. El encuentro quedó devaluado al no asistir ningún mandatario en activo alegando razones de seguridad.

Con todo, las críticas internacionales por la masacre fueron menos erosionadoras ante la opinión pública nacional que la oleada de represalias desatada por Sendero Luminoso, que incluyó entre sus operaciones el asesinato selectivo de dirigentes políticos y activistas sociales. El 11 de octubre de 1986 el propio García escapó ileso de un atentado en Juliaca.

En el delicado capítulo la de deuda externa, cifrada entonces en los 13.000 millones de dólares y cuyo reembolso lastraba las posibilidades del desarrollo nacional, García dejó bien a las claras desde el principio que las contemporizaciones no figuraban en su agenda.

Ya en su primer mensaje a la nación explicó que el Perú tenía la firme voluntad de hacer honor a sus compromisos internacionales y de abonar a sus acreedores, pero, puesto que no tenía capacidad de pago, no iba a destinar al servicio de la deuda más del 10% de sus ingresos en divisas provenientes de la exportación, ni tampoco iba a seguir los dictámenes del FMI, prefiriendo las negociaciones directas y puntuales con los gobiernos y bancos proveedores. En los días posteriores, García anunció la revisión de los beneficios de las grandes empresas y de los contratos de explotación de las firmas extranjeras, así como la restricción de las actividades monopolísticas.

En agosto de 1985 su Gobierno aplicó un primer paquete anticrisis cuyas principales medidas fueron: una moratoria de seis meses en los pagos internacionales del Perú; una devaluación monetaria del 12% a partir de la fijación del tipo oficial de cambio del sol con respecto a la nueva moneda, el inti, a razón de 1000 por unidad, y de éste con relación al dólar a razón de 10,9 por unidad (la transición del sol al inti concluyó en el verano de 1987); la congelación de los precios de los bienes y servicios, exceptuando los derivados del petróleo, que experimentaron leves alzas; severas disposiciones contra la evasión fiscal; y subidas controladas en los salarios mínimos.

El explosivo anuncio de García atrajo la atención de todo el subcontinente, en mayor o menor grado angustiado por el dogal de la deuda, y su popularidad entre los sectores progresistas se incrementó cuando en septiembre anunció en las Naciones Unidas que si no se encontraba una solución a este problema cardinal de los países menos desarrollados el Perú podría incluso abandonar el FMI.

Las tiranteces con Estados Unidos tomaron un cariz serio cuando el 27 de diciembre el Gobierno nacionalizó la compañía Belco Petroleum, que operaba en la plataforma continental frente a la costa septentrional peruana, por no acceder a las nuevas condiciones para renovarle el contrato. Las negociaciones terminaron en acuerdo con otras petroleras estadounidenses y el Gobierno se guardó de expropiarlas.

1986 fue un año de crispaciones que divorciaron a García de los organismos financieros internacionales, cuya asistencia era vital para un país con una estructura muy débil, pero no aún de la mayoría de la sociedad, que continuó apoyando por un tiempo su estilo enérgico y sus desplantes, en lo que él mismo calificaba de "política de resistencia contra el imperialismo".

El rechazo del ya conocido como el Enfant terrible de Latinoamérica a adoptar las recetas neoliberales prescritas para reescalonar la creciente deuda externa culminó, el 15 de agosto de 1986, coincidiendo con el vencimiento de una partida de deuda de 180 millones de dólares, con la declaración por el FMI de Perú como país inelegible, lo que supuso en la práctica la interrupción de los créditos tanto de la citada organización como del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

García reaccionó a esta consecuencia negativa de su política intervencionista defendiendo los éxitos de su primer año de gestión, en la lucha contra la inflación (rebajada al 60%) y en el estimulo del crecimiento (el 8,5% del PIB, la tasa más alta de Latinoamérica). También destacó la aprobación de medidas favorables a los trabajadores, como la ley de estabilidad laboral y los incrementos salariales por encima del índice de precios, lo que efectivamente mejoró la capacidad de compra de los beneficiados, al precio, eso sí, de recurrir a la emisión incontrolada de moneda, germen de la espiral inflacionaria de los años siguientes, y de agravar los déficits en la tesorería del Estado.

El presidente esperaba basar el crecimiento de la economía fundamentalmente en el consumo interno, sin recurrir al crédito y las inversiones extranjeras, salida populista de regusto autárquico que topaba con una doble realidad insoslayable del Perú: los escasos recursos propios de un país en vías de desarrollo y el elevado porcentaje de la población activa separada del sistema productivo, bien por estar en el paro, bien por trabajar en las economías sumergidas.

Las directrices heterodoxas del Gobierno aprista no fueron imitadas en ningún otro país del hemisferio, pero en 1986 el sentir nacional era todavía favorable a las izquierdas: en las elecciones municipales del 9 de noviembre el APRA se adjudicó una victoria aplastante y se aseguró las alcaldías de Lima, Cuzco y otras ciudades principales.

3. Los balances sombríos del quinquenio alanista
La suerte de cuarta vía, ni neoliberal proestadounidense, ni socialista a la cubana, ni revolucionario-militar al estilo del velasquismo, que predicaba García se agotó a ojos vista en 1987. Los subsidios a todos los sectores y los créditos a interés cero llevaron a la quiebra a entidades financieras públicas, mientras que el control de los precios terminó por colapsar a muchas industrias privadas.

La angustiosa iliquidez del Estado, por causa de la evasión fiscal y la evaporación de las reservas de divisas, llevó a García el 28 de julio de 1987 a anunciar dos medidas draconianas: primera, la nacionalización, con derecho a indemnización, de todas las entidades bancarias, excepto las filiales extranjeras, y de algunas aseguradoras, no pertenecientes al Estado, y segunda, la prohibición de las operaciones de cambio de divisas fuera de las instituciones públicas.

La intervención, normalizada como ley de estatificación, fue sancionada por la Cámara de Diputados con el apoyo de IU el 29 de septiembre y entró en vigor el 12 de octubre en medio de una fenomenal controversia nacional. Dos días después, el Gobierno tomó con un despliegue espectacular el control de los dos principales bancos privados del país, el de Crédito y el Wiese. Sin embargo, las nacionalizaciones se quedaron ahí, ya que la ley de estatificación fue impugnada por colectivos que se consideraban perjudicados y todo el proceso quedó enfangado en los tribunales de justicia.

García se defendió de los que le acusaron de imponer la dictadura económica y de quebrar los principios del Estado liberal aduciendo que se trataba de controlar la masa monetaria circulante, de impedir la fuga de capitales y de asegurar que las financiaciones bancarias se dirigían efectivamente a proyectos de desarrollo y no a operaciones especulativas. El empresariado y los accionistas privados reaccionaron en bloque contra el Gobierno aprista, pero éste se enajenó también el apoyo de las clases medias urbanas, que vieron peligrar su poder adquisitivo con el aumento imparable de la inflación.

El giro a la izquierda de García se interpretó como una huida hacia delante en una situación límite para su administración, acosada desde múltiples frentes, últimamente también desde el terreno sindical, que en mayo convocó la primera huelga general de su mandato. Por lo demás, el 22 de junio dimitió el primer ministro Alva Castro, primero de cuatro recambios hasta 1990 relacionados con las tensiones políticas y económicas, con la intención de retar el liderazgo de García en el próximo congreso del partido.

987 aún registró un crecimiento del 6%, pero quedó eclipsado por los descubiertos en las balanzas comercial y financieras. Además, la inflación retornó a los tres dígitos -el 120%-, y la población, que había visto amargamente decepcionadas sus esperanzas de paz y prosperidad, empezó a sufrir el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Al comenzar 1988 la administración de García parecía paralizada, incapaz de conjurar la catástrofe económica que se avecinaba.

En septiembre de 1988 el Gobierno presidido por Villanueva del Campo lanzó un plan de ajuste, el denominado paquetazo, consistente en la devaluación del inti de las 33 a 250 unidades por dólar, la elevación media de los precios de los bienes y servicios en un 300% y la reprivatización parcial de la banca, pero fracasó inapelablemente: el año terminó con una tasa de inflación del 2000%, una recesión del 8%, un déficit comercial de 600 millones de dólares, un saldo negativo en la cuenta de reservas de divisas de 350 millones, deuda exterior acumulada por 18.000 millones y una disminución media del poder adquisitivo de los trabajadores superior al 50%. No obstante la cotización oficial, en la calle el dólar se pagaba ya a 700 intis.

Entre tanto, Sendero Luminoso, que por boca de su líder, Abimael Guzmán, declaró su intención de tomar el poder por la fuerza, aterrorizaba la capital con sus paros armados y sabotajes contra líneas de alta tensión, y en las áreas rurales compartía actividades guerrilleras con el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyo jefe máximo, Víctor Polay Campos, fue detenido el 14 de febrero de 1989 sin mayores consecuencias para el curso de la subversión. De los estragos padecidos por las comunidades rurales andinas no eran ajenos algunos efectivos del Ejército, autores de matanzas de campesinos y responsables de una situación de impunidad que favoreció la aparición de grupos al estilo de los escuadrones de la muerte centroamericanos.

Afectado por una dramática pérdida de popularidad, el 16 de diciembre de 1988 García dimitió de la jefatura del APRA en el congreso del partido como antesala de su futuro abandono de la política, y Alva Castro fue nominado candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1990. El vituperado García tuvo por delante año y medio de calvario en el que los datos del desastre económico se solaparon a los rumores de renuncia anticipada o de golpe militar, y los amagos de estallido popular por la crisis de suministros.

Sólo en diciembre de 1989 García, luego de ofrecer a los deudores el cobro en especie (el 10% de las exportaciones peruanas) arrojó la toalla y volvió a la ortodoxia: aceptó efectuar un pago de 42 millones de dólares en concepto del último servicio trimestral de la deuda y el FMI respondió reactivando sus líneas de crédito. Asimismo, el Gobierno intentó -y consiguió- revertir el déficit comercial y la penuria de divisas cortando pura y simplemente las importaciones, con el consiguiente impacto sobre la carestía de todo tipo de bienes de consumo.

El penúltimo año del mandato de García marcó una recesión del 14% del PIB y una deuda externa de 20.000 millones de dólares, esto es, el 90% del PIB. La hiperinflación alcanzó el 2.773% y el dólar llegó a cotizar hasta los 4.800 intis al cambio oficial. Como datos positivos, la balanza comercial registró un excedente de 1.300 millones de dólares y el déficit de las reservas nacionales se recortó sensiblemente.

En política exterior, García se atuvo al principio de no alineamiento y se mostró activo en los diversos foros multilaterales del hemisferio de los que el Perú era miembro. El 12 de octubre de 1989 presidió en Ica la III Reunión del entonces denominado Grupo de los Ocho (hoy, Grupo de Río), que puso énfasis en la inserción de las economías nacionales en los mercados externos, y el 18 de diciembre del mismo año se unió a sus homólogos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en la firma de la Declaración de Galápagos, que aunó compromisos para potenciar la integración multisectorial de la zona y la cooperación en cuestiones de seguridad, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.

Sin alcanzar los niveles de Colombia, la criminalidad ligada al comercio ilegal de estupefacientes creció pareja a la violencia política durante el quinquenio de García. La participación del mandatario peruano en la cumbre especial antidroga de Cartagena de Indias el 15 de febrero de 1990 junto con los presidentes George Bush, Jaime Paz Zamora y Virgilio Barco sirvió para ratificar el compromiso de su país en la lucha contra este gravísimo problema y de paso alivió las tensiones con Estados Unidos.

Además, García, en tanto que estadista del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora (foros informales de consultas sobre la exploración de medidas preventivas contra la extensión de los conflictos armados en Centroamérica, y de cuya fusión en diciembre 1986 surgió precisamente el Grupo de los Ocho), facilitó las rondas de negociaciones entre Gobierno y guerrilla salvadoreños, y por otro lado lideró el denominado Grupo de Consenso formado por los 11 países más endeudados de Latinoamérica.

Las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1989 sirvieron de termómetro de una presidencia que la gran mayoría de los peruanos consideraban, no ya fracasada, sino como la peor que recordaban. El APRA sufrió un estrepitoso varapalo frente a la coalición conservadora Frente Democrático (Fredemo), liderada por el célebre literato Mario Vargas Llosa e integrada por AP, el PPC y el Movimiento Libertad (ML) que animaba el propio Vargas Llosa, una organización calificada a sí misma de movimiento cívico e independiente pero que representaba a las poderosas élites empresariales defensoras del libre mercado.

Así las cosas, en las elecciones del 8 de abril de 1990 el candidato presidencial aprista, Alva Castro, sólo sumó el 22% de los sufragios y fue descalificado para la segunda vuelta frente a Vargas Llosa y el independiente Alberto Fujimori, un desconocido doctor en Ciencias que en cuestión de días saltó al proscenio político y que terminó alzándose con la victoria en las urnas mediante una campaña populista a costa del monumental desbarajuste socioeconómico dejado por García. En la Cámara de Diputados, el APRA cayó a los 54 escaños con el 17% de los votos y fue superado por el Fredemo, si bien a raíz de la disolución de esta alianza tripartita el partido del mandatario saliente recuperó la primacía parlamentaria.

4. Una década de desarraigo tras la salida del poder
El 28 de julio de 1990 García abandonó la suprema magistratura con un amplio consenso sobre su ruinosa gestión, que había dejado el país en quiebra económica (aquel año la producción decreció otro 6% y la hiperinflación marcó la cota máxima del 7.500%), con el orden público destrozado por una guerra civil larvada y con la honorabilidad de sus instituciones cuestionada por los casos de corrupción y los excesos en la lucha contrainsurgente.

García se convirtió en senador vitalicio por derecho y éste nuevo cargo vino a compensar en parte los privilegios de inmunidad inherentes al anterior, pero no pasó mucho tiempo sin que se tomaran acciones procesales en su contra por diversas irregularidades presuntamente cometidas durante su mandato. El 1 de agosto de 1991 el fiscal de Nueva York que investigaba la trama corrupta del Banco de Crédito y Comercio Internacionales (BCCI) le incriminó en las actividades ilegales de este grupo financiero, concretamente en la colocación de depósitos por cuenta del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, operación en la que se habrían generado sobornos.

La Corte Suprema peruana admitió la demanda elevada por una comisión de investigación del Congreso y abrió a García sendos sumarios por los delitos de enriquecimiento ilícito (en relación con su presunta participación en la irregularidad del BCR y en la compraventa de aviones Mirage a Francia, así como con la presunta tenencia de cuentas bancarias no justificadas), evasión tributaria y contra la fe pública. El 19 de octubre de 1991 el Senado resolvió suspender a García en sus funciones de congresista para que respondiese ante la justicia de la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito, pero el 29 de enero de 1992 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema le declaró absuelto por falta de pruebas.

El ex presidente defendió personalmente su inocencia ante las instancias políticas y judiciales concernidas, y aseguró ser objeto de una "operación de destrucción personal y moral" por parte de aquellos que temían su retorno a la lid electoral. Cuando parecía que se alejaba el fantasma de un enjuiciamiento se produjo, del 5 al 6 de abril de 1992, el autogolpe de Estado de Fujimori y para García, que desde el año anterior volvía a ser secretario general de su partido, comenzó una etapa de persecución y exilio.

En las últimas horas del 5 de abril García se zafó por muy poco del comando militar enviado para arrestarle en su domicilio de Lima. En rocambolesca peripecia, el ex presidente, según su testimonio, se defendió a balazos y consiguió huir por las azoteas de su vecindario antes de refugiarse en una casa en construcción. Durante dos meses permaneció oculto en Lima en diversas viviendas de particulares, hasta que el 1 de junio se acogió en la embajada de Colombia y al día siguiente partió al país vecino en un avión militar fletado por el presidente César Gaviria. Allí se reunió con su esposa e hijos, que habían permanecido incomunicados y bajo arresto tras el golpe.

En los ocho años siguientes García y su familia repartieron su residencia entre Bogotá, acogido al asilo político brindado por el Gobierno colombiano, y París. El Gobierno de Fujimori resucitó las diligencias judiciales en su contra e inició causas nuevas, cobrando notoriedad el asunto de la presunta recepción de un soborno de un millón de dólares a cambio de otorgar a la empresa italiana Tralima la concesión del tren eléctrico de Lima.

El 23 de septiembre de 1992 la nueva Fiscalía de la Nación, del todo acomodaticia a los intereses del poder, ordenó reabrir la instrucción por el delito de enriquecimiento indebido, auto que fue confirmado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 17 de marzo de 1993 y que facultó el desafuero como senador vitalicio. Privado de su inmunidad parlamentaria, García cesó también en la Secretaría General del APRA, pero no se separó de las actividades políticas.

En agosto de 1995 un tribunal especial a cargo del caso dictó una orden internacional de búsqueda y captura por malversación de fondos destinados a sufragar el proyecto del tren eléctrico. Igualmente, para evitar la prescripción de los delitos imputados, García fue declarado reo contumaz. El mandamiento de arresto fue asumido por la Corte Suprema en septiembre de 1996 y en agosto de 1997 lo reiteró.

Entre tanto, la implacable maquinaria del fujimorismo y el incontestable apoyo popular del que gozó durante años relegaron al APRA y otros partidos desprestigiados del antiguo régimen a la marginación más absoluta. En las elecciones generales del 9 de abril de 1995, que remataron con éxito el entramado jurídico e institucional elaborado a la medida del presidente y su partido, la candidata aprista Mercedes Cabanillas Bustamante quedó en tercer lugar con el 4,1% de los votos, y en el Congreso el partido sólo colocó a 8 diputados con el 6,5% de los sufragios.

Los resultados fueron aún peores en las elecciones del 9 de abril de 2000, sospechosas de fraudulentas, con el 1,4% para Abel Salinas Eyzaguirre en las presidenciales y el 5,5%, traducido en 6 escaños, en las legislativas, las cifras más exiguas nunca obtenidas por el APRA en las urnas. El 6 de junio de 1997 el APRA se unió a los partidos AP, PPC, IU, Unión por el Perú (UPP) y Frente Independiente Moralizador (FIM) en el Bloque Parlamentario de Oposición Democrática para aunar fuerzas contra la hegemonía de la alianza oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría.

García, que en 1998 creó en la capital gala la asociación Municipios sin Fronteras, vio bloqueado un hipotético regreso a la contienda electoral peruana por dos normas aprobadas por el Congreso: las denominadas ley anti-impunidad, más conocida en la calle como "ley anti-Alan", que impedía la postulación a un cargo representativo de aquellas personas con procesos judiciales pendientes por delito contra el Estado, y la ley de contumacia, que asentaba la no prescripción de las causas mientras el acusado estuviera fuera del país. El afectado insistió en todo este tiempo ser víctima de una persecución con acusaciones inventadas.

5. Sonoro retorno con la caída de Fujimori
Pero tras la fuga en noviembre de 2000 de Fujimori a Japón, precipitada por el cariz que estaba tomando el escándalo de sobornos políticos protagonizado por su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, la ley anti-impunidad fue hallada inconstitucional y el 1 de diciembre el Congreso la derogó. Luego, el 18 de enero de 2001, la Corte Suprema concluyó que las causas pendientes contra García habían prescrito y anuló las órdenes de detención en su contra.

En su fallo, la más alta instancia judicial peruana acogió la recomendación de declarar inaplicable la ley de contumacia formulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que García había elevado una queja por considerar que la aplicación retroactiva de aquella norma en su caso violaba sus derechos fundamentales. De hecho, el 8 de enero, anticipándose al veredicto de la Corte Suprema, el ex mandatario inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones su candidatura a las elecciones presidenciales del 8 de abril, que debían completar el período de normalización democrática abierto tras la caída del régimen autoritario de Fujimori.

La entrada en la contienda electoral se produjo en el último día del plazo hábil para ello y obtuvo la previa aprobación "por unanimidad" del Comité Ejecutivo Nacional del APRA, con el secretario general Jorge del Castillo Gálvez a la cabeza. El 27 de enero García aterrizó en compañía de su esposa en el aeropuerto de Lima procedente de Bogotá, poniendo fin a cerca de nueve años de exilio, para poner en marcha su campaña.

El espectacular regreso de García, aunque no por desconocimiento de la que siempre había sido su ambición desde que expiró su primer ejercicio en el poder, causó un revuelo en el Perú, donde se expresaron opiniones para todos los gustos. Y es que el personaje, objeto de odios inextinguibles y de afectos no menos firmes (los menos, no obstante), a nadie dejaba indiferente.

De entrada, muchos dirigentes apristas desconfiaban de su antiguo jefe y preferían apoyar a Alejandro Toledo Manrique, candidato derrotado en las elecciones de 2000 al frente del partido Perú Posible (PP) y principal líder de la oposición en el último tramo del fujimorismo; político de fuerte tirón entre las clases populares y en especial entre los colectivos raciales cholo (mestizos de indios y criollos, de los que él era un claro exponente) y puramente indio, Toledo les parecía a los apristas con preocupación ideológica el único capaz de batir a Lourdes Flores Nano, candidata de las fuerzas conservadoras agrupadas bajo la sigla Unión Nacional. Entre las fuerzas de la oposición García también tenía censuradores, como el congresista del FIM e igualmente candidato presidencial Fernando Olivera, su principal acusador por los delitos de corrupción.

Al comenzar el año por García sólo apostaban un puñado de incondicionales, siendo así que el 65% de los encuestados seguía considerándole un delincuente y aseguraba que nunca votaría por él. Con todo, ya en los días posteriores a su llegada a Lima, García se encaramó al tercer lugar con el 12% de apoyo en las preferencias de voto de entre una decena de aspirantes.

Ahora bien, la experiencia política, su formidable talento como orador y su desenvoltura ante los medios, aptitudes reconocidas aún por sus enemigos más inveterados (medio en serio medio en broma, la prensa difundió el consejo de no escuchar sus mítines porque el "encantador de serpientes" era "capaz de convencer"), permitieron a García irrumpir con fuerza en la campaña electoral. Mientras Toledo, que temía la capacidad de seducción del ex presidente, y Flores se enzarzaron en una guerra de insultos y acusaciones, García les adjudicó implícitamente las etiquetas de izquierda y derecha, respectivamente, para situarse él en una posición centrista caracterizada por los discursos moderados y las propuestas concretas de Gobierno.

Explotando su imagen de mestizo criollo, García se presentó al electorado indeciso y más susceptible de olvidar el pasado reciente del país como un estadista experimentado y templado, más maduro que en los años ochenta y que había aprendido de los "errores" pretéritos, expresión de una leve autocrítica que hacía hincapié en el fenómeno de la hiperinflación, el cual "originó el descrédito del régimen y no tenía disculpa".

El tercer candidato en discordia recolectó muchos votos entre los electores desencantados con la pelea barriobajera entre Toledo y Flores, rehuyendo las proclamas populistas y excluyentes e incidiendo en cuestiones como la revisión de la política económica liberal, la reestructuración de la deuda, la rebaja de los precios de las tarifas públicas, el equilibrio fiscal, la atracción de inversiones y el lanzamiento de un Banco Agrario.

De alcanzar la Presidencia, aseguró, el rigor y la estabilidad económica serían los ejes de su Gobierno, y en el capítulo social prometió crear un millón de puestos de trabajo el primer año, la total gratuidad de las escuelas, la creación de universidades tecnológicas en las provincias y la reducción en un 50% del coste de los medicamentos. Para mejor salvaguardar los Derechos Humanos, opinó que lo correcto sería restaurar la Constitución de 1979, desplazada por la Carta Magna de 1993.

Así las cosas, el 8 de abril saltó la sorpresa y García, con el 25,8% de los votos, arrebató a Flores el segundo puesto. En las elecciones al Congreso el APRA se hizo con 29 escaños con el 19,7% de los sufragios, convirtiéndose en la segunda fuerza de la Cámara de 120 miembros tras PP. De cara a la segunda ronda del 3 de junio, García y Toledo sostuvieron un debate televisado que acabó en tablas porque se neutralizaron mutuamente con vituperios irónicos (el primero fue calificado de violador de Derechos Humanos y ladrón, y el segundo de cocainómano poco legitimado para dar consejos de moralidad). En esa ocasión, ambos soslayaron los aspectos que más preocupaban a la población: las penurias económicas, la corrupción y los abusos de las fuerzas de seguridad.

La franja de electores indecisos iba a resultar decisiva para decantar la balanza hacia uno u otro aspirante, y el 3 de junio fue García, con el 47,5% de los votos, el derrotado. Según los analistas, en última instancia prevalecieron el recuerdo de la calamitosa gestión del ex presidente, que se apresuró a felicitar al vencedor en un ejemplo de buenas maneras democráticas, y el reconocimiento de los méritos de Toledo en la caída del régimen de Fujimori. En respuesta a la oferta del presidente electo de formar un ejecutivo de concertación con todas las fuerzas políticas "libre de corrupción", el líder aprista ofreció su colaboración para la gobernabilidad del país, pero aclaró que su lugar estaba en la oposición parlamentaria.

Alan García es autor de varios libros sobre la realidad peruana y latinoamericana: El futuro diferente, A la inmensa mayoría, El desarme financiero, La falsa modernidad, El mundo de Machiavello, La revolución regional, La defensa de Alan García, Mi Gobierno hizo la regionalización, El nuevo totalitarismo y La década infame: deuda externa 1990-1999. En la actualidad es presidente honorario de la IS.

Elecciones 2006 en Perú. Alan García es nuevamente presidente