Avizora - Néstor Kirchner

El 19 de diciembre de 2001 se produjo el temido y anunciado estallido social en Buenos Aires y otras ciudades del país con el detonante inmediato

del corralito financiero, esto es, la inmovilización parcial y temporal de todos los saldos bancarios como medida desesperada del Gobierno aliancista para evitar la fuga masiva de depósitos. En los días siguientes se abatió sobre Argentina una vorágine de mudanzas políticas e institucionales sin precedentes, empezando por la renuncia de de la Rúa el 20 de diciembre. Por lo que se refiere a Kirchner, jugó un papel relevante en las graves decisiones políticas que se tomaron en estos días convulsos.

(George W Bush y Néstor Kirchner en la foto de la derecha. El presidente argentino se expresa como independiente pero actúa tratando de no irritar al norteamericano)

Así, los medios periodísticos citaron al santacruceño entre los participantes en un conciliábulo restringido de líderes regionales justicialistas que consensuó la colocación de uno de los suyos, Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis desde 1983, para el puesto de presidente de la República interino. Todos estos capitostes provinciales, inclusive el bonaerense Carlos Ruckauf, el santafesino Carlos Alberto Reutemann y el cordobés José Manuel de la Sota sostenían, o se sospechaba que sostenían, ambiciones presidenciales, y otorgaron la investidura congresual a Rodríguez Saá en la creencia de que éste se iba a conformar con servir el interinato y convocar elecciones presidenciales anticipadas para marzo.

Cuando el puntano dejó entender que no se descalificaba para la carrera electoral y además dio muestras de afrontar la calamitosa situación económica con talante populista y con escaso sentido de la realidad, Kirchner y los demás barones le retiraron al punto el apoyo, de manera que el 30 de diciembre, con la calle hirviendo en una segunda ola de protestas, Rodríguez Saá hubo de renunciar al cabo de una semana de ejercicio. El santacruceño calificó la efímera presidencia de su colega de filas de "retorno al populismo de los años 30". El minué de inquilinos en la Casa Rosada tocó a su fin el 1 de enero de 2002 con la investidura de Duhalde como presidente interino, y aunque la sensación de una inminente y catastrófica desintegración social, e incluso de una guerra civil al decir de los agoreros, se difuminó, siguió respirándose una atmósfera extraordinariamente enrarecida, con la tensión a flor de piel.

Kirchner no cuestionó las medidas de contingencia que el Gobierno de Duhalde fue aplicando a lo largo de 2002, las cuales apuntaron a un nuevo modelo económico y social en Argentina. Estas fueron fundamentalmente dos, y ambas hicieron notar sus efectos balsámicos: una de tipo estructural, la abrogación de la Ley de Convertibilidad, con la consiguiente devaluación de la divisa argentina y la pesificación de los créditos de los particulares; y otra puramente coyuntural, el levantamiento gradual del corralito, a medida que la crisis de iliquidez del sistema financiero iba apagando luces rojas. Ahora bien, en su jurisdicción Kirchner se las ingenió para minimizar el impacto brutal que el corralito y la pesificación estaban teniendo sobre el poder adquisitivo de la población sacando más de 500 millones de dólares del erario provincial provenientes de los devengos petroleros del Estado y depositándolos en la Reserva Federal de Estados Unidos y en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.

Mientras el traumatizado país parecía dejar atrás la fase más angustiosa de la crisis, si bien en el camino se quedaban millones de damnificados entre trabajadores despedidos, ahorradores arruinados y nuevos pobres, en el justicialismo fueron descubriéndose sobre la mesa las distintas ambiciones presidenciales, hasta entonces más o menos soterradas, un proceso que se aceleró después de que Duhalde decidiera en julio adelantar a marzo (posteriormente se retrasó la fecha a abril) de 2003 las elecciones presidenciales previstas al principio para septiembre.

Kirchner, Menem, Rodríguez Saá, de la Sota y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunciaron su intención de presentarse a un proceso de elecciones primarias del PJ que primero se anunció para noviembre de 2002 y que luego se postergó a febrero de 2003. Duhalde estaba resuelto a frustrar las posibilidades de Menem y Rodríguez Saá, máximos favoritos en unas primarias justicialistas. A tal fin, primero confió en la presentación de Reutemann, pero el ex piloto de Fórmula 1 declinó competir en estas condiciones de atomización de las postulaciones justicialistas.

Entonces Duhalde trasladó sus preferencias a de la Sota, pero el 15 de enero de 2003 anunció que su apuesta para la sucesión presidencial era Kirchner, hasta hacía bien poco hundido en las encuestas sobre favoritos para la Presidencia, porque compartía "sus ideas vinculadas a la defensa de la producción" y porque figuraba entre los que no querían "volver atrás", en alusión a las políticas de ajuste de Menem. El apoyo de Duhalde implicaba para Kirchner tener detrás, no sólo el núcleo oficialista del partido y la institución presidencial, sino todo el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, con mucha diferencia, el distrito político y económico más importante del país. Al día siguiente, Kirchner celebró el acto de presentación oficial de su candidatura arropado por una representación del peronismo bonaerense y por funcionarios del Gobierno federal. Desbordando autoconfianza, el gobernador patagónico afirmó que no le faltaba coraje "ni todo lo que hay que tener" para sacar a Argentina de su postrada situación.

El 24 de enero Duhalde, con el acuerdo de Kirchner, remachó su estrategia al obtener la aprobación del Congreso del PJ a su moción para suspender la elección partidaria interna y trasladar la liza del santacruceño y los dos ex presidentes directamente a la elección presidencial del 27 de abril. La decisión fue tomada pese al fallo de una juez federal con competencia electoral prohibiendo la reforma de la Carta Orgánica del PJ con aquel objeto, y en ausencia del sector menemista.

Con el argumento de que los tres aspirantes, de hecho, presentaban programas contrapuestos, el aparato del partido controlado por los oficialistas resolvió que Kirchner, Menem y Rodríguez Saá concurrieran bajo un régimen llamado de neolemas, es decir, con la autorización de exhibir los símbolos partidarios comunes y los lemas específicos de cada lista, pero sin adjudicación de todos los sufragios justicialistas al más votado de entre ellos, de suerte que, desde el principio hasta el final, los tres iban a enfrentarse como si pertenecieran a partidos diferentes. El artificio era una variedad, teóricamente pergeñada para esta ocasión excepcional, de la tradicional ley de lemas, concebida para dar satisfacción a una pluralidad de ambiciones presidenciales en un partido, pero que al mismo tiempo favorecía la dispersión del voto de dicha fuerza partidaria.

Desprovisto del carisma, el conocimiento público y el empuje mediático de Menem y Rodríguez Saá, y, en opinión de algunos analistas, de esa visión estratégica, propia del estadista avezado, de la situación de Argentina en el mundo de la que tanta gala hacía Menem, el gobernador santacruceño arrancó la campaña en una posición zaguera en los sondeos de intención de voto frente a sus dos conmilitones y adversarios y al ex ministro delarruísta Ricardo López Murphy, valedor de una plataforma liberal. Para atraer votos, Kirchner se apoyó en la figura del ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, que tenía una imagen positiva por su gestión anticrisis, y anunció que lo mantendría en su futuro gabinete, lo que equivalía a dar continuidad al programa económico duhaldista. Cristina Fernández de Kirchner, que desde 1995 venía realizando una labor política descollante como senadora y diputada santacruceña en el Congreso Nacional, aportó a la campaña de su marido un elemento

de atracción no desdeñable.

(Luis D´Elía y Néstor Kirchner en la foto de la derecha. El presidente usa a D´Elía para las tareas sucias y para medir la reacción de los ciudadanos ante experimentes controvertidos)

La lista presidencial de Kirchner, el Frente para la Victoria, presentó el programa Un país en serio, que incidía en una serie de primeridades: la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud, de alguna manera sintetizadas en el eslogan de Primero Argentina. En esta declaración, de regusto socialdemócrata e intencionadamente contrastada con la experiencia y la herencia del menemismo, Kirchner ha propuesto un modelo de producción y trabajo que exige "articular inteligentemente y con sentido nacional lo público y lo privado", tal que Estado y mercado (preferentemente, el interno) puedan "asociarse en la construcción de un país distinto" con un reparto de funciones: el primero, "promoviendo, regulando y controlando"; el segundo, "invirtiendo, produciendo y ganando".

En el terreno de lo concreto, Kirchner se ha planteado un buen número de objetivos: obtener la reducción de las amortizaciones y los intereses de la deuda externa, y la reprogramación de los servicios; mantener el sistema monetario flotante, con el peso cotizando libremente con el dólar, y vinculado a las necesidades del sistema productivo, con el fin de estimular las exportaciones y permitir la reducción progresiva de la dependencia de las importaciones; rebajar gradualmente los impuestos al consumo y establecer un sistema tributario simplificado y "progresivo", con tipos de retención más ceñidos al nivel de rentas contributivas, así como luchar vigorosamente contra el fraude fiscal y el contrabando; lanzar un vasto plan "neokeynesiano" de inversiones públicas en vivienda, transportes y servicios educativos y sanitarios, con el objeto de reparar la arrasada red de prestaciones sociales y, de paso, generar cinco millones de empleos, directa o indirectamente; crear un programa laboral específicamente orientado a la microempresa; prolongar las subvenciones y ayudas sociales del Gobierno, en especial las destinadas a combatir la indigencia extrema y el hambre en regiones concretas del país, en tanto dure la situación de emergencia; y, renegociar los contratos y tarifas de las empresas proveedoras de servicios, aceptando un ajuste inicial del 10% al 15% en algunas prestaciones.

La puntualización "cuidando el equilibrio fiscal" o "sin déficit fiscal" coletea como un mantra en las propuestas de Kirchner, en parte por convicción personal y en parte para mitigar las reluctancias del FMI, que, pese a haber accedido el Gobierno de Duhalde a varias de sus exigencias, sigue demandando restricción monetaria, no obstante hallarse la inflación controlada -en abril el índice mensual fue el 15%, frente al 41% anual de 2002, como consecuencia de la devaluación del peso- y el peso en vías de recuperación frente al dólar, así como la reindexación de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

El FMI pide al Estado argentino nuevos ajustes y correcciones para avalar la financiación del sobrepago de intereses de la deuda en bonos con acreedores privados, que asciende a 60.000 millones de dólares, y para conceder reestructuraciones en la deuda crediticia propia y, eventualmente, nuevas postergaciones de pagos ya vencidos que no se cancelaron en su momento, so pena de incurrir Argentina en el ominoso default. Por lo demás, desde la implosión de diciembre de 2001 el FMI se ha negado a socorrer al país sudamericano con más ayudas de contingencia.

Aquellos compromisos financieros fueron congelados, al igual que las tarifas de los servicios públicos, por Duhalde en enero de 2002, y desde entonces el Gobierno saliente vino tejiendo, con actitud más retardataria que resolutiva en algunos aspectos, un extremadamente complicado encaje de bolillos que ha intentado ahorrar a una ciudadanía con los ingresos derrumbados el reajuste alcista de las tarifas -lo que afecta muy negativamente a las necesidades de inversión de las empresas proveedoras para sostener sus servicios y a la capacidad de atender sus propias deudas- mientras contiene el gasto público y recauda más impuestos para alcanzar los objetivos de un superávit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2,5% del PIB en 2003 y el 4% en 2004, considerados imprescindibles para cumplir las obligaciones financieras del Estado y recuperar la confianza de los fiadores domésticos y foráneos.

En resumidas cuentas, Kirchner se lanzó a la justa presidencial haciendo suyo lo esencial de las políticas económicas y sociales del Gobierno Duhalde y comprometiéndose -aunque sin excesivas rotundidades- con las grandes tareas dejadas intactas o inconclusas por su colega partidario, a saber: la reforma del sistema tributario y una lucha eficiente contra los delitos económicos; la remoción de las angustias contables del Estado, con los dogales que suponen los sucesivos vencimientos de deuda; la reforma del sistema bancario y la restitución de la solvencia de las entidades financieras privadas; y, una reforma general de las instituciones del Estado, que incluya reducciones de los cuerpos legislativo y judicial para reducir los gastos de la política.

Pero además, como si todo lo anterior no fuera suficiente, había que devolver las esperanzas de futuro a un país devastado socialmente, donde la pobreza en alguna de sus formas golpea ya al 54% de la población (20 millones de argentinos, de los cuales la mitad son considerados indigentes al percibir ingresos mensuales inferiores a los 220 dólares), la tasa de desempleo excede el 20%, la previsión social recibe cotizaciones de sólo el 40% de la población ocupada, y las penurias especialmente dramáticas de la desnutrición y el hambre están causando mortandad infantil en Misiones y Tucumán.

Sobre el cálculo de Kirchner gravitan las ya citadas tendencias moderadamente halagüeñas del índice de precios y la cotización monetaria, así como el curso de la producción, que registró un crecimiento del 5% en el primer trimestre del año, frente a la brutal recesión, el -11%, experimentada en el conjunto de 2002.

Al cabo de una campaña caracterizada por la apatía y el escepticismo del electorado, mientras seguía reverberando el grito de hastío "Que se vayan todos" que ha presidido las revueltas y movilizaciones del último año y medio, Kirchner llegó a la jornada del 27 de abril en competición muy reñida con Menem y con López Murphy por el derecho a disputar la segunda vuelta, requerida constitucionalmente si el candidato más votado no reúne el 45% de las papeletas válidas o más del 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el siguiente candidato. En opinión de politólogos y expertos en análisis electoral, las opciones estaban abiertas en una tesitura muy fluida, donde las lealtades partidarias y las ataduras ideológicas clásicas cuentan menos que la preferencia subjetiva y mudable por uno u otro candidato. Por primera vez en 57 años, la antinomia clásica peronismo-radicalismo no presidía unas elecciones generales y el peronismo, además, se presentaba fraccionado en candidaturas rivales.

Pues bien, Kirchner, con el 22% de los votos, fue superado por Menem (Lista Frente por la Lealtad), que obtuvo el 24,3%. Descalificados para la segunda ronda quedaron López Murphy (Lista Movimiento Federal Recrear), Rodríguez Saá (Lista Frente Nacional y Popular) y la independiente de izquierda y ex radical Elisa María Carrió (Lista Alternativa por una República de Iguales), receptores respectivamente del 16,3%, el 14,2% y el 14,1% de los sufragios. br>
En un distante y testimonial sexto puesto quedó el candidato de la UCR, Leopoldo Raúl Guido Moreau, que sólo recogió el 2,3% de los votos. A la sazón, el peor resultado nunca cosechado por un presidenciable radical era todo lo que quedaba del efímero fenómeno aliancista, que tantas expectativas suscitó a finales de los años noventa. La papeleta de Kirchner acaparó el 78,7% de los votos en Santa Cruz y fue también la preferida en la provincia de Buenos Aires (25,2%) y en el conurbano o gran Buenos Aires (27,8%); ahora bien, en la circunscripción propiamente capitalina, otrora bastión del voto radical y frepasista, Kirchner sólo quedó en tercer lugar tras López Murphy y Carrió.

Kirchner celebró su paso a la segunda vuelta del 18 de mayo haciendo un llamamiento a la población para que escogiera entre dos modelos de país, el de la "exclusión y el endeudamiento", en alusión a Menem, y el de una "Argentina de igualdad y con posibilidades para todos". También expresó su confianza en aglutinar todo el voto de rechazo que Menem suscitaba, especialmente en los votantes de López Murphy y Carrió, el electorado urbano susceptible de definirse en la categoría socioeconómica (barrida por la crisis) de clase media, o en aquellos que podían apreciar en el santacruceño un perfil más frepasista que peronista.

El apoyo implícito de Carrió y el espaldarazo de líderes peronistas como de la Sota y de los presidentes socialistas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes comunicó en Brasilia y Santiago su deseo de priorizar un MERCOSUR integrado económica y políticamente frente al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) que patrocina Estados Unidos -con el respaldo entusiasta de, precisamente, Menem-, convirtieron a Kirchner en un presidente in péctore. Las encuestas tras la primera vuelta electoral adjudicaban entre un 60% y un 70% de intención de voto para el santacruceño, si bien semejante caudal de apoyos no obedecía tanto a méritos propios como a un rechazo frontal a ver de nuevo a Menem presidiendo el país.

Sin embargo, la segunda ronda no llegó a disputarse porque el 14 de mayo Menem, al cabo de un día largo de rumores y desmentidos, anunció su retirada del proceso electoral en una decisión que suscitó la increpación general. La opinión compartida fue que el riojano arrojó la toalla antes que sufrir su primera derrota, y por goleada, en una carrera cuajada de éxitos electorales, y también para arrojar una sombra de ilegitimidad sobre Kirchner, que de esta manera inopinada se proclamó presidente electo con el nivel de voto popular más bajo en la historia de Argentina. También se habló de un intento de Menem de condicionar al futuro presidente, mala noticia para un aspirante a estadista que ya se embarcó en la carrera hacia la Casa Rosada con la imagen de factótum de Duhalde.

Visiblemente irritado por este escamoteo de un capital electoral masivo que, con certeza, le habría permitido gozar de un período de gracia popular más prolongado a la espera de resultados concretos de su gestión, Kirchner devolvió los dardos dirigidos por Menem acusándole de "cobarde" y de "huir" de sus responsabilidades, y definió expresamente su decisión como un "intento de deslegitimar la voluntad de cambio expresada por la sociedad" y de "mostrar débil y frágil al Gobierno que se inicia para tratar de imponerle la continuidad de las políticas llevadas adelante durante la década de los noventa".

Consciente de esa necesidad, Kirchner aseguró que presidirá "con todos los argentinos" y explicó que su idea era que "el consenso se refleje en el país que se va a construir" y no en "acuerdos entre dirigentes para cambiar apoyos por cargos", una "práctica vieja que los argentinos no quieren más". Por de pronto, deberá gobernar durante medio año, hasta las elecciones legislativas de octubre, con la actual composición del Congreso, en la que predomina un bloque justicialista de unos 150 diputados y senadores, de los cuales menos de la tercera parte son duhaldistas.

El 25 de mayo, cinco días después de cesar en la gobernación de Santa Cruz, Kirchner recibió de Duhalde en el Congreso los atributos de presidente constitucional e inició su mandato que expira en 2007, en una ceremonia a la que asistieron sólo uno (Alfonsín) de los otros cuatro presidentes de la Argentina democrática y una decena de mandatarios sudamericanos, inclusive Lula da Silva, Lagos, el cubano Fidel Castro, el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Lucio Gutiérrez.

En su discurso de inauguración, que no registró mención alguna a Juan y Eva Perón o a Duhalde, Kirchner hizo una vehemente defensa del Estado como articulador social de la función económica del mercado, interviniendo allá donde éste "excluye y abandona", esgrimió las nociones de "capitalismo nacional" y "modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable", y llamó a extender la seguridad jurídica a todos y cada uno de los argentinos independientemente de su estatus socioeconómico. Durante toda su alocución gravitó el rechazo de Kirchner al modelo neoliberal practicado en los años noventa.

(Última actualización: 27 mayo 2003)

«Conozco el territorio bonaerense desde los años 70, porque estudié en La Plata y me espanto del estado en que ahora está. Era una provincia muy fuerte, que tenía de todo, y hoy estamos mil veces mejor los santacruceños. Lo que han hecho quienes gobernaron no tiene perdón.»
-Néstor Kirchner, 14 de junio de 2002 -

Los dos hombres hacen un esfuerzo denodado por fabricar un clima de mutua confianza que, inevitablemente, les queda como impostado y fuera de lugar. Debe haber sido conmovedor verlos cuando, hace poco, en uno de esos fines de semana que coronan las agobiantes giras por el conurbano, donde se cosechan los porotos, Eduardo Duhalde lo convidó con una cama para la siesta. Dicen que el sureño, su último candidato, aceptó gustoso. Se acostó sin correr las sábanas. Se sacó los zapatos y se aflojó la corbata. Pero no pudo dormir; quizá el ambiente lo ponía nervioso. Algún motivo tenía: ese hombre gordito de boca fruncida que le ofrecía una cama había sido su enemigo. Renunció a la siesta y se levantó a tomar unos mates con Alberto Fernández, su fiel ladero. "Ya voy a tener tiempo para dormir en la Residencia de Olivos", le dijo. Parecía convencido. ¿Cómo había llegado hasta ahí?

Un joven con ambición

Kirchner se refugió en su provincia cuando el espectro de la dictadura recién asomaba. Tras completar sus estudios universitarios en La Plata, retornó a Río Gallegos en 1976 y se consagró a su trabajo de abogado en su propio estudio jurídico.

Por esos años fue asesor legal de la financiera Finsud. Regía la temible circular 1050, una medida impuesta por José Alfredo Martínez de Hoz que llevó a la quiebra a muchos argentinos que no pudieron hacer frente a los créditos contraídos. "A partir de la 1050, y frente a la imposibilidad de mucha gente de pagar los créditos asumidos con instituciones financieras, Kirchner operaba comprando esos créditos desde una posición privilegiada -la de asesor legal de la financiera-, lo que le permitió adquirir varias viviendas y engrosar el número de propiedades que antes había heredado de su padre y su abuelo", explicó el periodista santacruceño Daniel Gatti, que prepara un libro sobre la trayectoria de Kirchner.

La actividad del joven Kirchner tenía algún antecedente familiar. En Los vengadores de la Patagonia Trágica, Osvaldo Bayer narra que alrededor de 1920, cuando los obreros de la Patagonia realizaron boicots contra los propietarios y comerciantes que hostigaban a los trabajadores, el nombre de Kirchner, el abuelo de Nestor, era conocido en la Patagonia por su condición de usurero.

El nieto llegó a intendente en 1987. Tuvo como bastión de su carrera a Cristina Fernández, su mujer, a la que conoció mientras estudiaba en La Plata y hoy es una pieza clave en la administración provincial. Cristina no es una figurita decorativa. Ambiciosa, con vuelo propio, tiene una trayectoria casi tan profusa como la de su marido: fue diputada cuatro veces y actualmente es senadora. En los años de plomo, la joven pareja consiguió labrarse un porvenir y antes de 1983 los Kirchner ya eran propietarios de 22 de las 24 propiedades que hoy se les conocen, conformando una pequeña fortuna de algo más de dos millones de pesos que exhiben en sus declaraciones juradas como prueba de transparencia. La carrera política fue más laboriosa. Luego de la intendencia de Río Gallegos, en 1991 Kirchner se consagró gobernador provincial; más tarde, conquistó la reelección indefinida.

El fantasma

En los quince años que configuran sus tres gestiones de gobierno, Kirchner acompañó todas las privatizaciones del menemismo, especialmente las de YPF y Gas del Estado. Su aprobación silenciosa se deslizó en medio del regateo de alguna participación en el negocio para la burocracia del Supe (a la que estaba vinculado) y de algún porcentaje menor para la provincia.

Coherentemente, los representantes del PJ santacruceño dieron su aval en las cámaras a las leyes de privatización, incluido el quórum cuando se aprobó el marco regulatorio de la privatización del gas, que tantas penurias ocasionó a los pobladores de la Patagonia.

Por eso, a pesar de sus intentos por diferenciarse, el fantasma de Menem lo persigue. Del mismo modo que el caudillo riojano, Kirchner hizo una reforma constitucional para ser reelecto en dos oportunidades. "El gobernador hace cualquier cosa por el poder. Es personalista, autoritario y desprecia la institucionalidad. La justicia provincial es manipulada por el poder político y el legislativo está subordinado a él", escribieron en una nota los periodistas Nicole Saffie y Rodrigo Cuevas.

Kirchner, que aspira a encarnar otro capítulo de la renovación peronista (¿cuántas van?), aumentó de tres a cinco el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia y llenó los cupos con jueces ligados a su partido. Lo mismo hizo con el nuevo presidente del organismo, al tiempo que el cargo de procurador general fue suprimido, a pesar de que se suponía inamovible. Su actual discurso nacional y popular tampoco pudo borrar la polémica decisión de depositar en un banco de Luxemburgo entre 600 y 1000 millones de dólares de reservas del distrito provenientes de regalías petroleras y de la venta de acciones de Repsol-YPF. La diferencia entre las cifras se debe a que nadie sabe a ciencia cierta el monto exacto ni qué se hizo con esos recursos.

Ese dinero surgió de un juicio por regalías mal liquidadas que la provincia le ganó al Estado nacional y que había sido iniciado por el anterior gobernador, el menemista Arturo Puricelli. Kirchner ingresó parte de esos fondos al presupuesto provincial, pero nunca se pudo establecer el monto preciso a través del Tribunal de Cuentas, organismo que siempre tuvo control oficial por simple mayoría.

La decisión de depositar dinero público en el exterior tuvo curiosas argumentaciones. "Fue para salvar la plata del corralito", adujo uno de los voceros del gobernador, Miguel Núñez, alardeando de una información de la que carecieron miles de ahorristas. Sin embargo, sus críticos señalan que ese dinero fue sacado del país hace ocho años. "Desde 1995 que no hay ni un solo informe que diga qué pasó con esa plata. Kirchner no da cuentas a nadie", coinciden al unísono

El precio de la moral

Esas críticas no lo inmutaron, pero el gobernador se enfureció cuando fue vinculado con las irregularidades ocurridas en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En una nota aparecida en el diario santacruceño Tiempo Sur, el abogado Bernardino Zaffrani denunció que Kirchner no le exigió a la mina el pago de impuestos ni patentes por más de cuatro millones de dólares, fondos que deberían haber ido a la provincia y a los municipios de la zona. Zaffrani cuestionó el papel de Kirchner en la rescisión del contrato de concesión de YCRT y lo responsabilizó por las irregularidades que llevaron a la crisis de la empresa.

Era demasiado. El 11 de julio, Kirchner le inició una querella por calumnias e injurias, y por vía civil solicitó un resarcimiento económico de un millón de pesos por los supuestos "daños morales" (sic) causados por la denuncia. La asociación PERIODISTAS expresó su enérgico rechazo ante una querella que "implica una virtual exhumación del derogado delito de desacato", cuya anulación fue una conquista precisamente contra los abusos de la década menemista.

Zaffrani, que es abogado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), de A.DO.S.AC (Asociación de Docentes de Santa Cruz), de los organismos de derechos humanos provinciales y de los ciudadanos apaleados por funcionarios del gobierno provincial cuando se realizaba un "cacerolazo" en Río Gallegos, no fue el único que tuvo problemas por sus opiniones.

Las jornadas de diciembre de 2001 agudizaron la dualidad del discurso de Kirchner que, al mismo tiempo que criticaba el ajuste en Buenos Aires, lo justificaba en Santa Cruz. En medio de la explosión popular que había consumido a De la Rua, Kirchner dispuso por decreto la rebaja a la mitad de las asignaciones familiares a empleados públicos y municipales de toda la provincia, recortó adicionales varios y anuló el beneficio del pasaje anual a los jubilados. Impulsó un recorte de gastos del presupuesto por 75 millones de pesos y obtuvo autorización para seguir usando discrecionalmente los fondos depositados en el exterior. Los recortes generaron resistencia y al gobernador le nacieron piquetes en Río Gallegos, Caleta Olivia y la cuenca carbonífera; tampoco pudo evitar el surgimiento de la asamblea del cacerolazo con sede en Adosac, que concretó decenas de movilizaciones semanales.

Sus nervios se crisparon y la furia estalló en la cara de sus funcionarios que habían permitido que el cacerolazo pisara los jardines de la Casa de Gobierno. Ahí fue cuando llamó a "correr" a los manifestantes, un llamado que no fue desoído. Entre enero y abril, la etapa de auge de la protesta, unos 200 funcionarios montaron guardia todos los viernes en la Casa de Gobierno, a pocos metros del "cacerolazo". Entonces ocurrió algo curioso: en cada cacerolazo la policía desaparecía y el centro de Río Gallegos se convertía en una zona liberada. El 26 de abril, sobre el fin de una protesta, aparecieron unos doscientos matones armados con palos y gomas, y dispersaron la manifestación a puro garrote. "Nos cazaron como a perros", explicó uno de los manifestantes. "Nos golpearon a mansalva, patearon a los chicos, tiraron a las mujeres en el piso, las patearon". En la patota fueron identificados varios funcionarios de alto rango del municipio y del gobierno provincial, como Mario Vidal, gerente de Servicios Públicos, José Luis Gómez, Director de Transito municipal, Jorge Ferreyra, Secretario de Acción Comunitaria Municipal, Pablo Noguera, miembro del Tribunal de Disciplina, y Pablo Gasso, director de la Casa de la Juventud, entre otros. También estaba entre ellos el asistente personal y antiguo chofer de Kirchner, Rudy Ulloa.

El 29 de abril, el periodista Roberto Petroff, del diario Tiempo Sur, fue interceptado en plena calle en Río Gallegos por dos individuos que lo golpearon y amenazaron. "Te vamos a matar", le advirtieron. Petroff había informado sobre el ataque consumado por la patota. Al día siguiente, su compañera de trabajo, Lorena Nahuelcurá, también fue amenazada mediante un anónimo.

Los hombres del gobernador

En el juicio que el actual candidato le inició a Zaffrani se había fijado una audiencia para el 17 de marzo, pero fue suspendida por pedido del propio Kirchner. El caso fue prudentemente postergado para después de las elecciones. Además de las irregularidades que denunció, Zaffrani asegura poseer pruebas que esgrimirá en su defensa. "Tengo documentación que acredita pagos de 10 mil pesos a favor de una persona que el gobierno tenía dentro de la empresa. Se trata de un funcionario del Ministerio de Economía provincial que realizaba tareas en Punta Loyola. Este hombre recibía pagos regulares de la empresa. Y la cantidad de incumplimientos es pavorosa", aseguró el abogado.

El hombre al que se refiere Zaffrani se llama Jorge Sanz. Figuraba como asesor en el Ministerio de Economía y era representante de la Provincia en la comisión fiscalizadora que debía controlar la concesión de Río Turbio, a cargo de Taselli. Sanz es un hombre del Opus Dei que volvió a trabajar en la provincia luego de enfrentar un serio conflicto con la iglesia por un desfalco producido tras la instalación de una FM junto con el obispado. "Sanz recibía sumas mensuales que llegaron hasta los 15 mil pesos en concepto de subsidio, una suma que no tiene contrapartida contable ni figura como ingresada en ningún lado -explicó Gatti-. Además, como dato general, en la provincia no se conoce una ejecución presupuestaria en todo el período de gestión de Kirchner: no se sabe en qué se gastó el dinero que figura en el presupuesto".

Sanz tuvo problemas judiciales, pero antes de recibir una condena por un intento de estafa al Banco de Santa Cruz se acogió a la "probation". Renunció a su cargo como asesor en el Ministerio de Economía y pasó a desempeñarse como asesor en YCRT. Cruzó del otro lado del mostrador: de representante del Estado ante la empresa, pasó a representar a la empresa en la comisión fiscalizadora. Cuando Taselli comenzó a tener dificultades en YCRT y entrevió que debía preparar su retirada, Sanz -ya sin causas judiciales- fue designado por el actual gobernador en funciones como asesor en la Cámara de Diputados. "Acá los que llegan a funcionarios nunca dejan de serlo. Le llamamos el funcionarato", dicen Gatti y Zaffrani.

El linaje de Baez y Sanz estaría incompleto si se omitiera a Fernando Rudy Ulloa. "Ulloa era asistente en el estudio jurídico de Kirchner -explica Zaffrani- y fue uno de los funcionarios que encabezó la represión a los caceroleros el 26 de abril del año pasado. Hace un tiempo le apareció una cuenta bancaria a su nombre en el Banco de la Provincia de Santa Cruz por valor de 1.300.000 dólares".

Nadie pudo explicar cómo este hombre que había sido un oscuro chofer del gobernador pudo acumular esa fortuna. Cuando se le venía encima un proceso por enriquecimiento ilícito, Ulloa sorprendió a todos: simplemente dijo que ese millón trescientos mil dólares eran de Kirchner y no suyos. Aunque no aportó ninguna prueba, la causa judical se esfumó.

Ulloa acompañó a Kirchner en sus viajes a Nueva York y en una provincia donde viven muchos chilenos o descendientes de chilenos, maneja toda la comunidad de inmigrantes. La mayoría de chilenos se localiza en el barrio del Carmen. Allí, cualquiera que deba realizar un trámite de nacionalización, que aspire a un cargo público o simplemente busque un trabajo tiene que ir con Ulloa. "Es el monje negro de Kirchner", dice Zaffrani.

El keynesiano santacruceño

Kirchner se jacta de haber impulsado como nadie la obra pública en Santa Cruz y de haber gastado más de 1500 millones de dólares por ese concepto. Sin embargo, el grueso de esas inversiones en la última década fue acaparado por tres empresas: Gotti Hnos SA, Palma SA y el grupo Peterson-Ezkenazi. Esta última firma luego resultó dueña del Banco de San Juan y del Banco de Santa Cruz. Desde 1994 tomó obras públicas muy importantes en las que aparecieron casos de sobreprecios. "En el borde costero de Río Gallegos hubo adicionales de obras por más de 3 millones de pesos. Así una obra que costaba 2 millones pasó a costar más de 5 millones de pesos", explicó Gatti.

Palma SA es la segunda beneficiaria de las obras públicas y está dirigida por Diego Palleros, hijo del coronel Palleros, el traficante de armas que se encuentra en algún lugar de Sudáfrica. Sin embargo, en más de 10 años de gobierno ininterrumpido de Kirchner, fue Gotti la que se alzó con más del 70% de la obra pública, tanto en la construcción de viviendas como de caminos. No obstante, pese a su febril actividad, hoy Gotti está quebrada: tiene al menos 6 pedidos de quiebra en los tribunales de Río Gallegos. "A Gotti nadie puede cobrarle -explicó Gatti- porque tiene una empresa, llamada Invernes SA con domicilio en Capital Federal, que es la que cobra todas las acreencias de Gotti a cambio de una supuesta ayuda financiera para la consecución de las obras. Todo los cobros se giran directamente a Invernes, mientras los proveedores cobran habituamente con cheques de Gotti que sistematicamente rebotan". En la página web del Banco Central figuran cientos de cheques rechazados de Gotti por más de 3 millones de pesos.

- ¿Cuál es la relación de Kirchner con estas empresas? -preguntó este cronista.
- La relación se produce a partir de que Gotti se endeuda muy fuerte durante su gestión de gobierno -explicó Gatti-. Venía con un problema muy serio por un préstamo que le había otorgado el Banco de la Provincia con avales truchos. Aprovechando esta situación, lo que hizo Kirchner fue cooptar la empresa colocando gente de su confianza que, si bien no figura en los papeles, son ampliamente conocidos en la zona, como Lázaro Baez. Este hombre es autor de la mayoría de las operaciones financieras que se han denunciado en la provincia y es el que maneja desde las sombras las dos empresas, Gotti y Palma. A partir de allí, dos integrantes de la familia Gotti, que tenían la mayoría del paquete accionario, ofician de prestanombres a cambio de unos 50 mil pesos mensuales que perciben en efectivo de manos de Lázaro Baez, pero sin tener ningún tipo de injerencia en el manejo de la empresa. En término legales la empresa ya no podría existir, por la cantidad de pedidos de quiebra y de concursos, y de denuncias de la Amses, la Afip y los bancos. Alrededor de estas empresas han girado todos los escándalos de obras públicas y de sobreprecios. Se han pagado integramente obras que nunca se realizaron, como el gimnasio de Río Turbio, y se construyeron obras que hoy resultan inhabitables.
- Acerca de la relación de Kirchner con estas empresas, ¿existe algún vínculo jurídico?
- Si acá alguien hace un planteo para pedir trabajo, como hicieron los desocupados concurriendo a actos del propio Kirchner en Río Gallegos, inmediatamente algún ministro o el jefe del Instituto de la Vivienda lo deriva a la empresa Gotti, donde se le concede inmediatamente un trabajo, generalmente en condiciones precarias. Y esto sucede habitualmente, a pasado cientos de veces en estos diez años. El año pasado especialmente, que fue muy conflictivo por los cacerolazos y la represión, se terminaba acordando que fueran a trabajar como empleados de la construcción -concluyó Gatti. La suerte del Banco de la Provincia de Santa Cruz no fue muy distinta. Poco antes de ser privatizado no tenía recursos. Anticipando el corralito de Cavallo, durante mucho tiempo no se pudo retirar más de 200 o 300 pesos de la caja; el efectivo escaseaba, se venía la privatización. Se estaba acordando el monitoreo del Banco Mundial para concederle un crédito al fondo fiduciario para privatizar el banco. Y hacía falta dinero -mucho dinero- para tapar los varios agujeros de la institución. Más de 150 millones de dólares, que habían sido prestados sin garantías, nunca fueron devueltos. El banco estaba en una situación crítica, aunque nunca se pudo conocer en detalle su estado patrimonial: antes de ser privatizado, carecía de libros contables.

Entre los beneficiarios de esos préstamos figuran varias empresas conocidas, incluyendo personajes como el Dr. Mariani, un juez que actualmente se desempeña en la Cámara Oral y que, además, era abogado de Sergio Taselli, el concesionario de la explotación de Río Turbio. Mariani recibió un préstamo de un millón de dólares que nunca devolvió. Cuando accedió al crédito era integrante del Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de controlar las finanzas del estado provincial. Finalmente, el banco provincial fue privatizado sin pasivos y pasó a manos del grupo Peterson-Ezkenazi, uno de los tres beneficiarios del plan de obras públicas del gobierno santacruceño. Turbios

A mediados de 2002, los mineros de la desértica y helada Río Turbio quedaron librados a su propia suerte. La única mina de carbón existente en Argentina volvía a manos del Estado en las peores condiciones: con una deuda de 15 millones de pesos y sin clientes para vender el carbón.

En 1994, el gobierno nacional había privatizado Yacimientos Carboníferos Fiscales, única fuente de vida de los pobladores de Río Turbio. La concesión fue ganada por un consorcio liderado por el grupo Taselli, un experto en comprar empresas en dificultades: en su lista figuran Aceros Zapla, Materfer, Massey Fergusson y Ferrocarriles Metropolitanos, empresa que Kirchner, si llega a presidente, promete controlar con más esmero.

El consorcio recibió la compañía con un subsidio estatal de 22,5 millones de pesos o dólares durante 10 años y un contrato de provisión de carbón a la usina térmica de San Nicolás, que tenía que pagar por el carbón un 20% más que el valor internacional. Desde agosto, el estado nacional dejó de girar el subsidio y la central de San Nicolás cortó las compras de carbón. En enero, los dueños privados de Río Turbio le anticiparon al Gobierno que se iban; en mayo se declararon en convocatoria. Eduardo Duhalde tomó cartas en el asunto y designó interventor al ex vice gobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, enfrentado políticamente con Néstor Kirchner.

Pareciera que no hay aquí ninguna responsabilidad de Kirchner. "Pero hay un detalle fundamental -explicó Zaffrani-. Entre quienes debían velar por el cumplimiento del pliego condiciones impuestas al concesionario estaba un representante de la Provincia que integraba la comisión fiscalizadora. Ese hombre era Daniel Cámeron, un representante del gobierno de Kirchner en esa comisión. Por eso Kirchner es cómplice del vaciamiento; si no hubiera sido así, no hubiera permitido lo que Taselli hizo en Río Turbio durante 8 años".

El interventor Arnold sostuvo en una nota periodística que la diferencia entre lo que recibió el concesionario y lo que dejó era catastrófica. Los trabajadores de la seccional de ATE y Zaffrani, luego de 7 meses de trabajo, presentaron a fines de 2001 una denuncia por vaciamiento en el Juzgado Federal del Dr. Camaño en Santa Cruz, denuncia que está actualmente en trámite.

El Estado provincial tenía dos mecanismos de control. Uno era la comisión fiscalizadora, que consintió todo lo actuado por la empresa, sobre todo en la primera etapa de la concesión. Cuando Taselli abandonó la concesión dejó atrás el desguase de la empresa, la falta de inversiones, la pérdida de materiales. El otro mecanismo de control debía ejercerse a través de la Subsecretaría de Trabajo. Pero entre 1994 y 1998 este organismo otorgó vía libre a la empresa. Por ejemplo: la obligación del concesionario era mantener una planta estable de 1331 empleados, pero nunca llegó a los 900. Para estos fines (personal y mantenimiento), Taselli percibía los 22,5 millones de dólares por año de subsidio.

Emiratos

Desde Buenos Aires, Santa Cruz parece un oasis en el desierto de la crisis: leyendo las cifras oficiales, emerge como la jurisdicción con mayor inversión en educación, menor índice de analfabetismo y más baja tasa de mortalidad infantil. Su única deuda con el Banco Mundial alcanza los 200 millones de dólares a pagar en 16 años. Por eso, en su entorno íntimo Kirchner se compara con Jacques Chirac y José María Aznar para justificar su prolongada gestión. En público ensaya otras explicaciones. Dice, por ejemplo, que su gobierno pudo revertir el déficit público y que logró mantener la tasa de desempleo en el nivel más bajo de todo el país, con un 3,5 por ciento.

Nunca menciona que Santa Cruz es un distrito rico en recursos naturales, ni que el principal empleador es el Estado, que ocupa el 50 por ciento del empleo de la provincia, algo que facilita el clientelismo político. También olvida que el sector privado provincial depende fuertemente de las compras públicas y que los municipios, ahogados económicamente, necesitan los adelantos de fondos coparticipables para pagar sueldos. Pero, sobre todo, nunca admitió que Santa Cruz es un rico emirato que se sostiene gracias a las regalías petroleras y donde la mayoría de los medios de comunicación dependen de la publicidad oficial; un emirato -en fin- donde la oposición está confinada al silencio. Sus críticos dicen que la tasa de desempleo que muestra el Indec solo corresponde a Río Gallegos y que en el interior de la provincia crece ostensiblemente. También ilustran la situación real con un ejemplo contundente: La Matanza tiene 1,5 millones de habitantes y en diciembre de 2001 su presupuesto anual eran 200 millones de dólares; Santa Cruz gozó durante más de una década de un presupuesto de 700 millones de dólares anuales más otros 600 (ó 1000) millones por regalías mal liquidadas para atender ... 197 mil habitantes. "El sueldo promedio en Santa Cruz es de 500 pesos y aquí, con esa plata, nos cagamos de hambre -ilustra Zaffrani-. Con esos recursos, Santa Cruz no debería tener ni un desocupado y debería haber triplicado su población en estos diez años".

Ese entramado de generosos recursos, lealtades y clientelismo le permitió a Kirchner convertirse en un virtual patrón de la provincia, donde lo público y lo privado se confunden permanentemente. Así pudo tejer una amplia red de apoyos para competir por la Casa Rosada. Eduardo Duhalde no es el único ejemplar que lo acompaña de esa vieja política que ahora critica. También lo hacen González Gaviola, cuñado de José Octavio Bordón y actual vicegobernador mendocino, y el insondable Gustavo Béliz, ex ministro de Carlos Menem y ex aliado de Domingo Cavallo, el mismo Cavallo sobre el cual Kirchner desparramó elogios en los tiempos de oro de la convertibilidad. Con esta compañía dice que va a cambiar la política corrupta y degradada encarnada por Carlos Menem, el enemigo que hoy lo obsesiona, el mismo que llevó en su boleta en las elecciones de 1995.

Angustias de un candidato

Pero Santa Cruz queda lejos de Buenos Aires, donde dominan los grandes medios nacionales, y nadie pudo probar que Kirchner haya pagado espacios encubiertos en la prensa, cuando su imagen pulcra aparecía de modo recurrente en Crónica TV y en los suplementos de algunos medios gráficos. En esas apariciones aseguraba su rechazo a la política "punteril" que caracteriza a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. Seducidos por esas palabras, en junio del año pasado Elisa Carrió y Aníbal Ibarra se sentaron a su lado para reclamar la caducidad de todos los mandatos y exigir elecciones generales.

Después de formular esa exigencia, un misterioso azar -quizá el mismo azar que a otro gobernador lo arrojó desnudo y maniatado en un hotelucho de ruta-, llevó a las cuevas de la Side a elaborar un minucioso plan de seguimiento de las actividades cotidianas del santacruceño. La aguerrida Cristina Fernández desenvainó sus uñas. "No creo que el Gobierno esté ajeno a estos temas", escupió.

Otros cortocircuitos con la Rosada explotaron cuando Duhalde intentaba fijar retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. Aunque existía una ley y un decreto reglamentario estableciendo el impuesto a las ventas externas de crudo, Repsol y sus socios resistían la medida y mantenían abierto un regateo con las provincias productoras que se alinearon con las transnacionales en contra del gobierno nacional. Allí, Néstor Kirchner se reveló como un lobbista eficaz del cartel petrolero.

Esa oposición al poder central alimentó la sospecha de que el santacruceño impulsaba una estrategia separatista. El 8 de julio del año pasado, la Justicia federal recibió una denuncia del peronista Juan Labaké para que se investigue si los gobernadores de la Patagonia propugnaban la "independencia" de sus provincias del resto del país. Un mes antes, el ultraortodoxo profesor de Relaciones Internacionales, Carlos Escudé, había arrojado la primera piedra en un congreso educativo realizado en San Luis. "Tengo noticias ciertas de que emisarios de las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz viajaron a España para sondear a funcionarios y directivos de Repsol-YPF para conocer su potencial actitud frente a la eventual independencia de la Patagonia", dijo el sofista del realismo periférico.

Sin embargo, hoy el sureño no aspira a independizar su reducto, sino a conquistar la Nación. Por eso, su alianza con Duhalde lo forzó a adoptar resoluciones contundentes, inesperadas. Fueron esas alianzas utilitarias las que lo llevaron a escoger a su segundo, Daniel Scioli, que parece un digno heredero del espíritu de Heráclito: fluye como un río y antes de que le termine de caer la etiqueta, él ya es otra cosa. Ese perfil tan dinámico lo hizo votante de Raúl Alfonsín en los ochenta, protegido de Carlos Menem en los noventa, compañero de Adolfo Rodríguez Saá en la inolvidable semana del default, y ariete de Eduardo Duhalde para dejar su semilla en el próximo gobierno. Scioli ya pasó los cuarenta pero aún juega al Scalectrix, mantiene su cercanía al jet set y fiel a su espíritu versátil, hasta hace muy poco definía a Menem como "el mejor presidente que tuvo el país". En el amplio hall de su departamento en el barrio del Abasto, se entremezclan fotos y adornos con los rostros de Perón, Evita, Don Johnson, Bo Derek, Menem, Duhalde y Donald Trump. Es un tipo amplio, pragmático, inasible. Sus metamorfosis pueden ser instantáneas: hace un año estampó su firma en el registro oficial para "que se vayan todos", pero no terminó de dejar su banca cuando ya reaparecía transfigurado en secretario de Estado. El domingo 23 de febrero fue por un instante candidato a dos cosas: para jefe de Gobierno porteño y para vicepresidente, como había acordado con el delfín de Duhalde.

Pero a Kirchner las contradicciones -propias y ajenas- parecen importarle poco. Llegó a conciliar con Duhalde luego de haber criticado ferozmente su designación tras el ocaso de De la Rua. Con Duhalde supo de idilios y tempestades con la misma frecuencia que un matrimonio de la farándula. Ahora viven sus días con nerviosismo, sin saber qué será de ellos. Los ha unido la adversidad y el espanto ante Menem, que oye hablar de renovación peronista y suelta una carcajada. Duhalde estaba urgido por hallar un delfín y no tuvo alternativa; Kirchner odiaba ser el candidato oficial, pero necesitaba el aparato para abrigar esperanzas de alcanzar el ballottage. Aunque no parezca, a ellos también los alcanzan las angustias desatadas por la crisis argentina. Por eso el sureño no logra dormir más de cinco horas por día, ni concilia el sueño cuando Duhalde, generosamente, le ofrece su cama.