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Animado por el dirigente del partido Ciriaco De Mita y gozando siempre de
los parabienes de Andreatta, el 28
de noviembre de 1978 Prodi aceptó la cartera de Industria y Comercio, un
puesto considerado técnico, que le ofrecía el primer ministro Giulio
Andreotti, sucediendo en el Ministerio a Carlo Donat-Cattin. La experiencia
gubernamental fue breve, ya que en el nuevo Gabinete que Andreotti alineó el
20 de marzo de 1979 Prodi quedó excluido e Industria fue a manos de Franco
Nicolazzi.
En 1981 Prodi puso en marcha en Bolonia la sociedad Nomisma, dedicada a los
estudios económicos y la consultoría. Este centro, que se aseguró el
patrocinio de un buen número de bancos privados, adquirió un prestigio
internacional por el gran número de corporaciones que le solicitaron
informes y asesoría, como la firma financiera estadounidense Goldman Sachs.
Presidente –hasta 1995- del Comité científico de la sociedad, Prodi
acrecentó su reputación en los círculos económicos y vio multiplicarse las
invitaciones a que divulgara sus teorías en universidades extranjeras.
En noviembre de 1982, el Gobierno de coalición que presidía el republicano
Giovanni Spadolini le nombró presidente del Instituto para la Reconstrucción
Industrial (IRI), el conglomerado que reunía a las principales empresas y
bancos públicos italianos, que arrastraba un déficit desmedido. Cuando siete
años más tarde, en noviembre de 1989, Prodi dejó el cargo (simultáneamente a
la baja de Franco Reviglio al frente del otro gigante de la industria
pública, el Ente Nacional de Hidrocarburos, ENI), el IRI presentaba un
superávit de más de 600 millones de dólares y se había consolidado como la
cuarta corporación industrial del mundo fuera de Estados Unidos, aunque el
sector del acero continuaba generando pérdidas.
Con tamaño éxito contable a sus espaldas, Prodi retornó a su cátedra
boloñesa y hasta 1992 no se decidió a repetir la incursión, si bien por
breve tiempo, en el servicio público, como consejero de la comisión del
Gobierno que estudiaba el proyecto del tren de alta velocidad. Aquel mismo
año condujo en la primera cadena televisiva de la RAI un programa sobre
nociones de economía.
El 15 de mayo de 1993, el nuevo Gobierno de Carlo Azeglio Ciampi, hasta
ahora gobernador del Banco de Italia y nombrado por el presidente de la
República, Oscar Luigi Scalfaro, con el mandato de preparar las elecciones
generales anticipadas del año siguiente, aprobar unos presupuestos de
austeridad y enderezar las cuentas públicas, le pidió que volviera a hacerse
cargo del IRI, esta vez para sacarlo del marasmo financiero en que había
vuelto a caer debido a las prácticas corruptas de algunos de sus
responsables, investigadas por los jueces. De hecho, el recurso al
professore, como con tono afectivo y respetuoso se la apodaba, respondía
a una necesidad urgente: su sucesor en la presidencia del Instituto en 1989,
Franco Nobili, un colega del partido, había sido detenido el 12 de mayo bajo
la acusación de pagar sobornos a responsables políticos.
Renuente a interrumpir de nuevo su vida académica y consciente de los
numerosos enemigos, empresariales y políticos, que la primera gestión le
había granjeado, Prodi aceptó el requerimiento de Ciampi a condición de que
gozara de plena autonomía para someter al holding público a una
drástica reforma estructural. Su propósito era impedir que las deudas
astronómicas, en torno a los 60.000 millones de dólares, precipitaran el
hundimiento del IRI, con la consiguiente catástrofe económica y social.
Una vez en el puesto, Prodi intentó que las grandes corporaciones vinculadas
a las familias de magnates italianos no coparan la privatización de las
empresas del IRI aprovechándose de su posición ventajosa ante un modelo
basado en la oferta pública de venta de acciones. La controversia sobre el
procedimiento de capitalización del IRI, y en particular la privatización de
los bancos de Crédito y Comercial, enfrentó a Prodi con el ministro de
Industria, Paolo Savona. Cuando Ciampi salió en apoyo de Prodi, Savona, el
10 de octubre, presentó la dimisión, aunque luego el ministro se retractó
siguiendo la exhortación de su jefe en el Gabinete.
El 31 mayo de 1994 Prodi dimitió en la presidencia del IRI a los pocos días
de formar gobierno el magnate de los medios de comunicación
Silvio Berlusconi, vencedor en las elecciones de marzo con su partido
creado para la circunstancia, Forza Italia (FI), y una plataforma derechista
y liberal, el Polo de la Libertad, de la que también formaban parte los
posfascistas de la Alianza Nacional (AN), los federalistas de la Liga Norte
(LN) y los restos conservadores del naufragio de la DC, autodisuelta meses
atrás, en enero, después de que su cúpula histórica quedase barrida por los
arrestos y encarcelamientos ordenados por los jueces anticorrupción.
La derrota del Partido Democrático de la Izquierda (PDS, el antiguo PCI,
refundado y desmarxistizado en 1991) en estos comicios empujó a su
nuevo secretario nacional, Massimo D'Alema, a reestructurar la alianza de
fuerzas del centro y la izquierda en torno a un nuevo liderazgo y un
proyecto político más articulado. Prodi, con su perfil de intelectual
católico progresista y laico, su sobresaliente bagaje económico y sus
vínculos con el Partido Popular Italiano (PPI), que era la principal
agrupación, de orientación centrista, surgido de las cenizas de la DC,
apareció como el hombre idóneo para encabezar este proyecto y ofrecer una
alternativa sólida al Polo de la Libertad.
Así, el 2 de febrero de 1995, Prodi, avalado por los dirigentes populares
Andreatta, su mentor y amigo, y Nicola Mancino, ex ministro del Interior, se
ofreció para liderar el centro-izquierda italiano y llevarlo al Gobierno por
primera vez desde la proclamación de la República en 1946. En las semanas
siguientes se concretó El Olivo, coalición con vocación de permanente, no
meramente electoral, y dotada de un programa de amplia base partidaria,
escorado al centro progresista y cuyos ejes principales eran las reformas de
la Constitución -para profundizar la descentralización territorial- y de la
ley electoral -para extender el sistema mayoritario a todos los escaños del
Parlamento-, así como la prosecución de las políticas de austeridad que
aseguraran la entrada de Italia en la tercera etapa de la Unión Económica y
Monetaria europea (UEM) en enero de 1999.
Tras arduas negociaciones a múltiples bandas, El Olivo quedó finalmente
integrado por el PDS de D’Alema, el PPI de Rocco Buttiglione, la Unión
Democrática (UD, liberal) de Antonio Maccanino, la Renovación Italiana (RI,
liberal), que era una lista animada por Lamberto Dini, primer ministro
técnico desde el 17 de enero del año en curso (a raíz de la dimisión
prematura de Berlusconi motivada por el abandono de la coalición por los
liguistas de Umberto Bossi), la Federación de los Verdes (FV), el Partido
Republicano Italiano (PRI, liberal) y el Partido Popular del Tirol del Sur (SVP,
representante de la minoría germanófona). Sin llegar a la categoría de
partido, el octavo componente de El Olivo era el Foro Prodi, una lista
electoral formada por partidarios de Il Professore.
En las elecciones legislativas del 21 de abril de 1996 El Olivo se adjudicó
la victoria con 284 de los 630 escaños de la Cámara baja, entre ellos el
obtenido por su cabeza de lista y candidato a primer ministro, por el
sistema mayoritario y representando a Emilia-Romaña, y el 34,7% de los votos
computados por el sistema proporcional. Se trataba de una mayoría relativa,
no muy superior a la cuota conseguida por el Polo de Berlusconi (246
diputados), pero Prodi estaba en condiciones de formar gobierno.
En el Ejecutivo obtuvieron ministerios el PDS, que era, con diferencia, el
mayor partido de la coalición, el PPI, la RI, la UD y la FV, más algunas
carteras que fueron otorgadas a personalidades independientes, como Ciampi,
reservado para el Tesoro, y el popular magistrado Antonio Di Pietro, adalid
de la lucha judicial anticorrupción, que recibió Obras Públicas. Tres
responsables del PDS, Walter Veltroni, Giorgio Napolitano y Vincenzo Visco,
fueron nombrados vicepresidente del Consejo, ministro del Interior y
ministro de Finanzas, respectivamente. Dini se hizo cargo de Exteriores y,
como se anticipó arriba, el veterano Andreatta, por el PPI, fue de alguna
manera premiado por Prodi con el Ministerio de Defensa. El 18 de mayo tomó
posesión el Consejo de Prodi, que hacía el número 56 desde el final de la
guerra.
El equipo de Prodi aportó la necesaria estabilidad al panorama político
italiano, que había sufrido una permanente situación de provisionalidad,
exceptuando el efímero gobierno de Berlusconi en la segunda mitad de 1994,
desde 1992. Como El Olivo carecía de mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados, Prodi, para conseguir sacar adelante sus proyectos de ley,
suscribió un pacto de legislatura con el Partido de la Refundación Comunista
(PRC), los antiguos ortodoxos del PCI que se negaron a sumarse al proyecto
socialdemócrata de Achille Occhetto y D’Alema. Sin embargo, esta formación,
que lideraban Armando Cossutta y el más quisquilloso Fausto Bertinotti, no
escondió sus reservas frente al aviso de Prodi de que iba a atenerse
escrupulosamente a los presupuestos de austeridad y al monetarismo estricto
perseguidos por los ejecutivos precedentes, de que privatizaría las empresas
no competitivas y de que culminaría la reforma del sistema de pensiones.
Prodi sorteó diversos rumores lanzados por sus enemigos sobre supuestas
prácticas corruptas, murmullos sin fundamento para la opinión pública, que
le atribuía una integridad a toda prueba. Transcurrido un bienio, los
observadores hacían un balance positivo de la gestión del bonancible
profesor convertido en presidente del Consejo de Ministros. Además, el 23 de
abril de 1998 la Cámara de Diputados aprobó dos enmiendas constitucionales
que prefiguraban el futuro Estado autonómico.
El 25 de marzo de aquel año, la Comisión Europea incluyó a Italia entre los
once países cumplidores de los requisitos de convergencia para acceder a la
moneda única europea, un logro unánimemente reconocido y que se antojaba
harto difícil a comienzos de 1996, cuando el déficit de las administraciones
públicas equivalía al 7% del PIB (la convergencia establecía el tope del 3%)
y la lira estaba fuera del mecanismo de cambios del Sistema Monetario
Europeo (SME).
La reducción del déficit en un tiempo récord y el regreso de la lira al SME
(en noviembre de 1996) encumbraron a Prodi dentro y fuera de Italia, ya que
no pocos socios de la UE habían manifestado su desconfianza de la capacidad
del país para someterse a la disciplina presupuestaria. Sobre este
particular debe precisarse que Italia, en puridad, no satisfizo los cuatro
requisitos de convergencia, ya que, con un monto equivalente al 122% del
PIB, su deuda pública duplicaba el límite permitido. Pero, como los demás
países miembros (excepto Finlandia y Luxemburgo), se acogió a la
interpretación “flexible” de la convergencia que el Consejo Europeo decidió
con un sentido político.
Además de la presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 1996,
que cerró el Consejo Europeo de Florencia de los días 21 y 22 de junio,
Prodi asumió otros protagonismos en política exterior: en abril de 1997
ordenó el envío de tropas a Albania en el contexto de la operación militar
multinacional Alba, liderada por Italia y autorizada por el Consejo
de Seguridad de la ONU, para el restablecimiento de los servicios
elementales en el país balcánico, desarticulados por las revueltas
populares; el 30 de junio de 1998 realizó el primer viaje de un gobernante
occidental a Irán desde el triunfo de la Revolución islámica en 1979; y en
julio siguiente fue el anfitrión en Roma de la histórica Conferencia
Diplomática que, con la participación de 120 estados, signó el Estatuto
constitutivo de la Corte Penal Internacional.
No obstante el éxito que supuso la entrada de Italia en el pelotón de cabeza
del euro -o precisamente por ello-, las trifulcas de Prodi con los aliados
parlamentarios del PRC fueron regulares. Su secretario nacional, Bertinotti,
se mostró intransigente y combativo frente a la restricción del gasto
público que propugnaban los ministros económicos en aras de la UEM. El 9 de
octubre de 1997 Prodi llegó a presentar la dimisión como señal de protesta,
pero cinco días después la revocó al aceptar Bertinotti una serie de
concesiones más la promesa de introducir en Italia, tal como se disponía a
hacer en Francia el Gobierno socialista de Lionel Jospin, la semana laboral
de 35 horas.
El rifirrafe del otoño de 1997 fue superado, pero justo un año después la
crisis se reprodujo en idénticas circunstancias: la votación en la Cámara de
los presupuestos del Estado para el año siguiente, que pese a ser menos
austeros que los de 1998 seguían presentado un carácter socialmente
regresivo a juicio del dirigente comunista, especialmente en el capítulo de
las pensiones. Para Berlusconi, por el contrario, la condición inaceptable
de los presupuestos radicaba en el mantenimiento de la presión fiscal.
El 4 de octubre de 1998 el comité político nacional del PRC aprobó la
línea dura esgrimida por Bertinotti (lo que, a la postre, provocó la
escisión de la facción posibilista de Cossutta). El 9 de octubre, Prodi,
jugándoselo el todo por el todo, se sometió a una moción de confianza y la
perdió por un sólo voto: 313 diputados votaron en contra y 312 a favor. En
el instante en que conoció el desenlace parlamentario, presentó la dimisión
irrevocable. El día 15 renunció a encabezar de nuevo el Gabinete, un
Gobierno "Prodi-bis", ante la imposibilidad de aunar en el voto de
investidura a los diputados de Cossutta y a los que se sometían al dictado
del ex presidente de la República Francesco Cossiga, imprescindibles todos
para recomponer una mayoría, exigua en cualquier caso, a falta del grupo de
Bertinotti.
D'Alema, en cambio, sí fue capaz de ganar a estos dos extremos ideológicos
para una nueva gran coalición que, de hecho, ya no se trataba de El Olivo,
con lo que el 21 de octubre asumió la presidencia del Consejo. Días después,
Veltroni sustituyó en la Secretaría del partido, que desde febrero se
llamaba simplemente Demócratas de Izquierda (DS), a D’Alema, a quien algunos
atribuyeron un papel instigador en la caída de Prodi.
Prodi, que recibió múltiples manifestaciones de adhesión durante esta
crisis, reivindicó los logros de su Gobierno y anunció que seguiría activo
en la política desde su escaño en la Cámara de Diputados. El 5 de febrero de
1999 presentó, a partir del Foro que portaba su nombre, Los Demócratas, un
movimiento político liberal que nacía con la aspiración de arrebatarle a la
Unión Democrática de la República (UDR) de Cossiga el papel de
fuerza-bisagra en el Gobierno de D'Alema, de restaurar El Olivo, cuyo
espíritu, estimaba, no estaba guiando al presente Ejecutivo, y aún de
convertirse en la gran fuerza del centro italiano. Entre quienes asistieron
a Prodi en su empresa política destacaba con brillo propio Francesco Rutelli,
el popular alcalde de Roma desde 1993, antiguo miembro del Partido Radical
de Marco Pannella y luego militante verde.
En su primera prueba electoral, los comicios al Parlamento Europeo del 13 de
junio de 1999, los Demócratas obtuvieron un meritorio 7,7% de los votos, que
les dio derecho a siete eurodiputados (Rutelli entre ellos), y superaron al
PPI, la LN y el PRC. Posteriormente, en diciembre, cuando D'Alema rompió con
el intrigante Cossiga, los prodistas, así como los renovadores de la UDR,
ahora denominada Unión de Demócratas Europeos Reformistas (Udeur), fueron
llamados a cubrir las vacancias dejadas en el Gobierno por los ministros
leales al ex presidente.
Liberado de las tareas gubernamentales en su país, Prodi empezó a ser
valorado como un buen sustituto de Jacques Santer en la presidencia de la
Comisión Europea cuando el mandato del luxemburgués expirara a comienzos de
2000. Así, en el Consejo Europeo celebrado en Pörtschach, Austria, el 24 y
el 25 de octubre de 1998, varios mandatarios abogaron por él. La dimisión de
Santer y de todos sus comisarios el 16 de marzo de 1999 como resultado de
los informes de prácticas irregulares en la Comisión urgió a los líderes
europeos a buscar un recambio anticipado que contara con la aceptación
general, una tarea doblemente perentoria al coincidir la crisis del
ejecutivo europeo con el momento álgido de los debates sobre la reforma del
presupuesto de la Unión. De esta manera, la opción de Prodi, patrocinada por
el canciller socialdemócrata alemán Gerhard Schröder y por D'Alema, fue
aprobada por el Consejo Europeo extraordinario reunido en Berlín el 24 y el
25 de marzo de 1999.
El Parlamento Europeo, donde eran mayoría los diputados de centro-derecha,
dio luz verde a la designación del italiano el 5 de mayo por 392 votos a
favor, 72 en contra y 41 abstenciones, pero Prodi no tomó posesión de su
despacho, sustituyendo al español Manuel Marín, presidente de la Comisión en
funciones desde el cese definitivo de Santer el 14 de julio, hasta el 15 de
septiembre, cuando los diputados dieron la aprobación final a la lista de
comisarios presentada por el ex primer ministro, que fue sometida a un
minucioso escrutinio.
Aquel día, la eurocámara realizó cuatro votaciones, dos sobre Prodi y dos
sobre el colegio de comisarios, que fueron investidos con doble mandato,
hasta el 22 de enero de 2000 (agotando el mandato quinquenal iniciado en
1995) y hasta el 22 de enero de 2005. En la quinta y definitiva votación,
Prodi fue investido con 414 votos a favor, 142 en contra y 35 abstenciones.
Constó que los síes fueron masivos en el grupo socialista, y
ampliamente mayoritarios entre los populares, los liberales y los verdes. El
16 de septiembre el profesor cesó en su condición de parlamentario italiano,
después de terminar también su largo vínculo
académico con la Universidad de Bolonia.
El flamante presidente de la Comisión Europea prometió una "revolución" para
restaurar el prestigio maltrecho de la institución, necesitada de una
reforma administrativa y de un liderazgo más marcadamente presidencialista,
y aseguró que el consenso y la cooperación iban a marcar la pauta en las
relaciones con las demás instituciones comunitarias. Fue muy enfático en que
habría una “tolerancia cero” con cualquier indicio de corrupción en el seno
de la Comisión.
Se pensó entonces que con Prodi a su frente, la institución legisladora por
excelencia de la UE, así como ejecutora de las políticas comunes (agraria,
comercial y de transportes), “guardiana de los tratados” y responsable,
ahora mismo, de conducir las negociaciones sectoriales con los países
aspirantes a la membresía para el cumplimiento de los requisitos políticos y
económicos y del llamado acervo comunitario, recobraría su condición de
motor de la construcción europea, unánimemente reconocida cuando estuvo
presidida por el dinámico y carismático Jacques Delors en la década decisiva
de 1985-1995.
Sin embargo, no se había cumplido el primer aniversario de su asunción
cuando Prodi empezó a escuchar numerosas críticas a su "bajo perfil"
político, y acusaciones sobre que carecía de iniciativa y que no sabía
conectar con la opinión pública europea. En octubre de 2000 el interpelado
salió a la palestra con una contundente intervención en el Parlamento, donde
arremetió contra los gobiernos de los estados miembros por, en su opinión,
favorecer una dinámica de la construcción europea basada en el protagonismo
del Consejo y en la marginación de la Comisión y el Parlamento, que son las
instituciones supranacionales. Para evitar la instalación de un "ejecutivo
de burócratas" en la UE, Prodi solicitó la dotación de más atribuciones a la
Comisión, si bien manteniendo el equilibrio de poderes con las demás
instituciones, y propuso al Parlamento una alianza para frenar el creciente
peso de los gobiernos en las decisiones de la UE.
En esta línea, manifestó sus reservas sobre el elenco de competencias que el
nuevo Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Amsterdam el 2 de
octubre de 1997 y vigente desde el 1 de mayo de 1999, confería al Alto
Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, popularmente
conocido como Mr. PESC, oficina que había sido estrenada en octubre
de 1999 por el español Javier Solana y que quedaba fuera de la jurisdicción
de la Comisión. Abundando en este tono crítico, como de aquel que quiere
ahorrarse encasillamientos de funcionario acomodaticio, advirtió contra la
creación de un homólogo de Solana para personalizar la UEM. El Banco Central
Europeo (BCE), presidido por el holandés Wim Duisenberg, no quedó tampoco a
resguardo de las críticas de Prodi.
Este torrente de declaraciones fue valorado por los analistas como un
posicionamiento defensivo en vísperas del trascendental Consejo Europeo de
Niza, en diciembre de 2000, que debía abordar la demorada reforma de las
instituciones para dar cabida a una docena de nuevos estados miembros en la
primera década del siglo XXI. En efecto, al decir de esos mismos
observadores, los prolegómenos y el desarrollo de la cumbre de Niza se
proyectaron a la opinión pública europea como un debate y un regateo sobre
cuotas de poder exclusivamente intergubernamentales, relegando a la Comisión
a la condición de una especie de espectador mudo e impotente de lo que
decidían los jefes de Estado y de Gobierno.
Entonces, la Comisión Europea constaba de 20 miembros: el presidente (Prodi),
un vicepresidente, responsable de la Reforma Administrativa (el británico
Neil Kinnock), una vicepresidenta, encargada de las Relaciones con el
Parlamento y los asuntos de Transporte y Energía (la española Loyola de
Palacio) y otros 17 comisarios nacionales. Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España tenían dos representantes, y los otros diez estados
miembros, uno.
El Tratado aprobado en Niza, por el que se modificaba el TUE, alteró este
criterio, ya que en una UE de 27 estados su vigencia daría lugar a una
Comisión de 33 miembros (considerando a Polonia como el sexto país grande),
un colegio a todas luces artificioso por inmanejable. Así, como fórmula
provisional, el Protocolo sobre la ampliación de la UE anexado al Tratado de
Niza estableció el tope de un comisario por país, difiriendo hasta que se
alcanzaran los 27 países miembros el momento de decidir el número definitivo
de comisarios, que tendría que ser sensiblemente inferior a esa cifra, lo
que supondría que algunos países, por temporadas, no tendrían ningún
nacional en la institución comunitaria. Los miembros de la futura Comisión
serían designados sobre la base de una rotación equitativa por estados.
En cuanto al presidente, sus poderes quedaban reforzados, ya que a partir de
ahora, además de definir las orientaciones políticas colegiales, decidía la
organización interna de la Comisión, adjudicaba las distintas
responsabilidades entre los comisarios y podía reorganizar dicho reparto a
lo largo de su mandato. Además, para ser designado por el Consejo bastaría
la mayoría cualificada en lugar de la unanimidad.
Ahora bien, a la Comisión del ejercicio 1999-2004 no le iban a afectar estas
disposiciones, ya que el Protocolo especificaba la fecha del 1 de enero de
2005 para su entrada en vigor (en el caso de la rotación con menos
comisarios que países, el cambio se postergaba, en principio, a noviembre de
2009, fecha teórica de la inauguración de la primera Comisión tras la
adhesión del vigésimo séptimo Estado, muy probablemente Bulgaria o Rumanía).
Por lo demás, el Tratado de Niza, llamado rápidamente a quedarse obsoleto o
a resultar insatisfactorio para la mayoría de los estados miembros, fue
firmado en la ciudad francesa por el Consejo de Ministros de la UE el 26 de
febrero de 2001 y, superando el escollo que supuso el resultado negativo del
primer referéndum irlandés, entró en vigor el 1 de febrero de 2003.
El Consejo Europeo de Laeken-Bruselas, en diciembre de 2001, declaró la
conveniencia de elaborar un “texto constitucional para los ciudadanos
europeos” que avanzara en la reforma institucional tocada sólo parcialmente
en Niza, repartiera y definiera las competencias exclusivas y compartidas,
simplificara los tratados, incorporara de algún modo la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión (aprobada, firmada y proclamada en 2000,
en los consejos europeos de Biarritz y Niza), y, en definitiva, sentara las
bases del ordenamiento de la UE del futuro. Para ello, la Declaración de
Laeken convocaba una Convención sobre el Futuro de Europa, más conocida en
breve como la Convención Europea, con la misión de elaborar un anteproyecto
o propuesta de tratado constitucional que sirviera de borrador de trabajo
más o menos elaborado a una posterior Conferencia Intergubernamental (CIG),
la cual sería la encargada de presentar el borrador final al Consejo Europeo
para su eventual retoque y aprobación.
La Convención arrancó sus trabajos en Bruselas el 28 de febrero de 2002, el
mismo día en que dejaron de tener curso legal la mayoría de las monedas
nacionales de los doce estados donde el euro había entrado en circulación el
1 de enero. Sus 105 miembros se repartían de la siguiente forma: un
presidente, el francés Valéry Giscard d’Estaing; dos vicepresidentes, el
italiano Giuliano Amato (después de haber fungido de primer ministro
preelectoral un año largo, entre la dimisión de D’Alema, motivada por el mal
resultado del centro-izquierda en las elecciones municipales, en abril de
2000 y el triunfal retorno al poder de Berlusconi en junio de 2001) y el
belga, también antiguo primer ministro de su país, Jean-Luc Dehaene; 30
representantes de los parlamentos nacionales de los estados miembros (dos
por cada uno de los quince); 26 representantes de los parlamentos nacionales
de los estados candidatos a la adhesión (también, dos por cada uno de los
trece, contando ya con Turquía); 28 representantes de los jefes de Estado o
de Gobierno de los estados miembros y candidatos; 16 representantes del
Parlamento Europeo; y, solamente, dos representantes de la Comisión.
La Convención gozaba de una importante legitimidad democrática habida cuenta
de sus 72 miembros salidos de asambleas elegidas directamente por los
ciudadanos, pero llamaba la atención la infrarrepresentación de la Comisión
con respecto al Consejo. Prodi, que acababa de entablar sendos pulsos con el
Consejo en relación con la propuesta de la Comisión de avisar a Alemania por
su excesivo déficit, próximo al tope del 3% fijado por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE (aviso que fue frenado por el
Consejo de Ministros de Economía, o Ecofin) y su denuncia ante el Tribunal
de Justicia de Luxemburgo de unas ayudas a la producción del porcino
portugués declaradas primero ilegales por ella y aceptadas luego por los
ministros, flanqueó al presidente de turno del Consejo, el español
José María Aznar,
al igual que Giscard, en el solemne acto de apertura de la Convención.
Desde el primer día, Prodi puso sus cartas sobre la mesa, dispuesto a librar
una batalla política con los gobiernos: entre otras cosas, no estaba
dispuesto a que la futura Constitución recortara los poderes de la Comisión,
idea que venían sugiriendo algunos gobernantes. El 28 de febrero advirtió en
Bruselas que la casa común europea no podía “edificarse sobre la ley que
marquen unos pocos porque sean más grandes, más fuertes o más antiguos del
club”, pero para no parecer desequilibrado en sus planteamientos precisó que
la ambición europea no era “construir un superestado”.
En los 16 meses que duraron los trabajos de la Convención, Prodi se esforzó
empecinadamente porque se recogieran sus ideas “federalistas de izquierdas”,
que así las llamó la prensa, en la línea de un Jacques Delors, en lo que
entró en dura pugna con Giscard y los gobiernos (el francés, el británico y
el español, en especial), quienes, a la postre, en líneas generales, le
ganaron la partida. Él mismo no tuvo ambages en reconocer sus simpatías por
el “modelo federal” de Europa, tal como lo propugnaba el ministro de
Exteriores alemán Joschka Fischer, y su preferencia por las cooperaciones
reforzadas y una “cierta vanguardia”, formada por el eje franco-alemán y
otros países, para dinamizar la construcción europea.
Así, no se tuvieron en cuenta sus propuestas, recogidas en un borrador
personal llamado Penélope, de que el futuro presidente de la UE,
cargo destinado a personalizar la política exterior de Unión, fuera el
propio presidente de la Comisión, quien gozaba de legitimidad democrática al
ser investido por el Parlamento; que Mr. Pesc se integrara en el
colegio de comisarios; que se extendiera el principio de la mayoría
cualificada sin derecho de veto a todos los ámbitos de decisión del Consejo
salvo el de la ampliación; y, que se conservara el principio de un comisario
por país, independientemente del número de estados miembros.
Por el contrario, los convencionales aprobaron el puesto de presidente del
Consejo Europeo, nombrado por la institución intergubernamental con un
mandato de dos años y medio renovable una sola vez, para reemplazar las
presidencias nacionales semestrales; la conversión del alto representante de
la PESC en un ministro de Asuntos Exteriores nombrado también por el Consejo
(aunque con un pie en la Comisión en calidad de vicepresidente de la misma,
luego asumiendo las responsabilidades de la acción exterior repartidas en
los ámbitos de las dos instituciones); el mantenimiento de 16 materias
sujetas a la unanimidad (fundamentalmente en política exterior, seguridad,
fiscalidad y las perspectivas financieras de la Unión); y, la reducción de
la Comisión a dos tercios del número de estados y la elección de los
comisarios de acuerdo con un sistema de rotación igualitario, pero contando
desde la segunda Comisión nombrada estando la Constitución vigente, lo que,
si todo iba bien, podría ser un hecho a partir de noviembre de 2014 (por
ende, la primera Comisión, desde 2009, estaría formada por tantos comisarios
como países).
El hecho de que el texto finiquitado por la Convención renunciara
expresamente al federalismo, esto es, a la prevalencia del elemento
supranacional, al referirse a la Constitución como nacida “de la voluntad de
los ciudadanos y de los Estados” -y no “de los pueblos y los estados”, como
señalaba la versión inicial- y al especificar el “modo comunitario” que
regiría el ejercicio por la Unión de las competencias atribuidas por los
estados, tendió a ser visto como una derrota de las tesis del presidente de
la Comisión, quien, en otras propuestas, como la potenciación de la Política
Exterior de Seguridad y de Defensa (PESD, referida en el texto como la
Política Común de Seguridad y de Defensa) a través de dos cláusulas, de
defensa mutua en caso de guerra y de solidaridad en los casos de desastre
natural o ataque terrorista, sí vino a coincidir con la mayoría de los
convencionales.
Por otro lado, finalmente, la Comisión no veía recortados sus poderes; al
contrario, ampliaba sus competencias ejecutivas. Sin embargo, la percepción
general era que los grandes beneficiados por el nuevo esquema institucional
eran el Consejo y el Parlamento. Por todo ello, en vísperas del carpetazo de
la Convención al proyecto constitucional, el 13 de junio de 2003, Prodi
redobló sus ataques a Giscard y sus descalificaciones a lo redactado en
Bruselas: el texto definitivo le parecía un “paso atrás”, estaba falto de
“visión y ambición” y, en algunos aspectos, amenazaba “con paralizar
Europa”. En particular, consideraba un “serio problema” la permanencia del
derecho al veto en política exterior y fiscalidad.
La pataleta era singular, si acaso compartida, aunque por motivos bien
diferentes –la adopción del sistema de doble mayoría, de población y de
estados, para la aprobación de decisiones no unánimes por el Consejo a
partir de noviembre de 2009, poniendo término al lustro de vigencia del
sistema de cuotas fijas de votos por país instituido por el Tratado de Niza-
y en el campo contrapuesto, por el presidente del Gobierno español, Aznar.
El 20 de junio, el Consejo Europeo de Salónica aprobó con carácter
provisional el proyecto entregado por Giscard. El 10 de julio, la Convención
terminó de introducir los “cambios técnicos” autorizados por el Consejo.
La CIG, reunida en Roma, estudió el texto a partir del 4 de octubre, aunque
lo dejó virtualmente intacto. La confirmación del sistema de la doble
mayoría soliviantaba a España y Polonia, cuyo rechazo impidió la aprobación
de la Constitución en el Consejo Europeo de Bruselas el 12 y el 13 de
diciembre de 2003. Entonces, Prodi salió en defensa del tratado
constitucional, a pesar de los puntos que no le gustaban, y advirtió que si
no se resolvían los desacuerdos intergubernamentales la UE corría el riesgo
de moverse a dos velocidades.
La sensación de Prodi de ser tratado en las negociaciones sobre la mayor
mutación en la historia de la UE como un convidado de piedra no era ajena al
recrudecimiento de las tarascadas con algunos gobiernos por su patente
incumplimiento del PEC. El 19 de noviembre de 2002, después de tachar su
presidente al PEC de “estúpido, rígido e imperfecto”, y tal como acaba de
procederse contra Portugal, la Comisión abrió un expediente a Alemania por
déficit excesivo y solicitó al Consejo que iniciara contra este país un
procedimiento de advertencia y, eventualmente, sanción. En enero de 2003, el
Consejo adoptó una decisión en ese sentido. El 2 de abril siguiente la
Comisión hizo lo mismo con Francia y el Consejo inició el correspondiente
procedimiento en junio.
Sin embargo, el 25 de noviembre de 2003 el Ecofin paralizó los
procedimientos contra ambos países en una decisión puramente política tomada
por los ministros del llamado Eurogrupo. El comisario de Asuntos Económicos,
el español Pedro Solbes, que habló también como altavoz de la opinión de
Prodi, acusó a los ministros de Finanzas de haber “cambiado las reglas del
juego” y luego, el 27 de enero de 2004, la Comisión interpuso un recurso
ante el Tribunal de Luxemburgo contra la no adopción por el Consejo de sus
recomendaciones sobre los déficits francés y alemán, y contra la
“suspensión” de los procedimientos.
Prodi tenía otro motivo para sentirse agraviado por los gobiernos, ahora por
“abuso de autoridad”, pero lo cierto era que venía debilitado de dos
polémicas recientes, a saber, el escándalo por las presuntas prácticas
corruptas en el Eurostat, la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas, en el que tuvo que salir a defender a tres comisarios bajo
sospecha, y la irrupción de él mismo en el debate político italiano. Y es
que Prodi, desde que estrenó el puesto en Bruselas, nunca había cortado
amarras con la política de su país. Los Demócratas, acatando las
instrucciones de su jefe de hecho, siguieron formando parte del Ejecutivo
cuando Giuliano Amato reemplazó a D’Alema en abril de 2000.
En las elecciones generales del 13 de mayo de 2001, que depararon un
contundente varapalo al centro-izquierda y su candidato a presidir el
Gobierno, Rutelli, los prodistas participaron con el marchamo de Asinello
(literalmente, Burrito, que era el logotipo del partido) y coligados
con los populares de Pierluigi Castagnetti, los renovadores de Dini y los
demócratas europeos reformistas de Clemente Mastella en la lista conjunta de
La Margarita, la cual sacó el 14,5% de los votos y 27 diputados. La
Margarita, a su vez, integraba un Olivo en permanente transformación junto
con los DS, el Partido de los Comunistas Italianos (PDCI) de Cossutta y otro
bloque nuevo, El Girasol, al que daban vida la FV y los Socialistas
Demócratas Italianos (SDI) de Enrico Boselli.
El mal sabor de boca de las legislativas de mayo de 2001, parcialmente
enjuagado por las victorias de sus candidatos en las elecciones a alcaldes,
celebradas simultáneamente, en Roma, Turín y Nápoles, tuvo consecuencias
internas en el centro-izquierda italiano. Los DS eligieron en noviembre, en
su II Congreso, a un nuevo secretario nacional, Piero Fassino, en
sustitución de Veltroni, que había dimitido para dedicarse en exclusiva a su
recién ganada alcaldía romana, pero las alas moderada e izquierdista del
partido continuaron achacándose las culpas por la sangría de votos a nivel
nacional. D’Alema, aliado a Fassino, fue confirmado en la presidencia del
partido,
Al mismo tiempo, acontecían unas negociaciones entre los miembros de La
Margarita con vistas a la creación de un partido unificado de estructura
federal y de nombre Democracia y Libertad-La Margarita. El congreso
fundacional tuvo lugar en Parma del 22 al 24 de marzo de 2002 y supuso la
disolución de Los Demócratas, la RI y el PPI en el nuevo partido, cuyas
presidencia y vicepresidencia fueron otorgadas respectivamente a Rutelli y
al sociólogo Arturo Parisi, el hasta ahora presidente del Ejecutivo Nacional
de Los Demócratas, viejo amigo y colega de Prodi en su quehacer
universitario y editorial en Bolonia.
Sin embargo, la Udeur no quería perder su identidad en el seno de La
Margarita y poco después rompió con su grupo parlamentario para pasarse al
Grupo Mixto. El portazo de Mastella retumbó en los cuarteles de un Olivo que
ya hacía aguas por el paulatino alejamiento de los grupos de Fassino y
Rutelli, que parecían ir cada uno por su lado con proyectos disímiles. En
octubre de 2002, la irrupción del hasta entonces secretario general del
sindicato Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Sergio
Cofferati, a la sazón miembro de los DS, con sus fuertes críticas a los
capitostes de El Olivo y sus ínfulas de liderar orgánicamente la izquierda
política italiana –en lo que entró en conflicto directo con Fassino-,
agudizó la metáfora de un navío a la deriva por falta de timonel, o por
tener a bordo demasiados capitanes con pretensiones de mando.
A lo largo de 2003, la sombra de Prodi se alargó sobre El Olivo, donde se
multiplicaban los llamamientos a la unidad bajo un liderazgo indisputable y
se añoraba el período en que el ahora alto funcionario europeo desempeñó ese
papel. El empresario Carlo de Benedetti, antiguo patrón de Olivetti y gran
adversario de Berlusconi, el semiólogo Umberto Eco y otras personalidades de
la sociedad civil italiana patrocinaron la Asociación Libertad y Justicia,
una suerte de foro de debate y reflexión que no ocultaba sus simpatías por
la formación de una alternativa de Gobierno dirigida por Prodi.
El 10 de noviembre de 2003 Prodi desató una fuerte polémica, tanto en Italia
como en Bruselas, con la publicación de un manifiesto político titulado
Europa, el sueño, las opciones en el que, inserto en un cuerpo de
reflexiones generalistas que la Comisión presentó como la “contribución” de
su presidente “al debate sobre el futuro de Europa”, se vislumbraba la
formación de una “lista común de todos los reformistas italianos” que
ofreciera “una visión de apertura, innovación y solidaridad”, y se opusiera
“a aquellos que explotan los temores generados por las transformaciones
sociales y económicos con el fin de empujar a los europeos a replegarse
egoístamente y a aislarse de todo lo que es nuevo y viene del exterior”.
Esta “lista común” debería dotarse de un “programa común” y su reto
inmediato serían las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004.
Prodi, incluso, citó al Olivo original como la “inspiración” de la
propuesta.
Desde Roma, el Gobierno de Berlusconi protestó airadamente por las obvias
alusiones a su gestión, y el Parlamento Europeo, por boca de su presidente,
Pat Cox, también expresó su estupor por un pronunciamiento con sesgo
ideológico y nacional que podría suponer un menoscabo de la naturaleza
supranacional y suprapartidista del cargo de presidente de la Comisión. En
la propia Comisión hubo malestar, ya que Prodi, ahora mismo en viaje por
África, no había advertido a los comisarios de su iniciativa unilateral.
A menos de un año del final de su mandato y con la suerte del Tratado de la
Constitución Europea exclusivamente en manos de los estados (el Consejo
Europeo de Bruselas iba a conseguir firmarlo el 18 junio de 2004, tras lo
cual comenzaba un complicado proceso de ratificación país por país que, si
salía bien, permitiría la entrada en vigor de la Constitución el 1 de
noviembre de 2006), Prodi parecía tener un ojo, si no un pie,
permanentemente puesto en la política de su país. Aunque guardaba silencio
sobre sus planes tras la despedida de Bruselas el 1 de noviembre de 2004,
era un secreto a voces que ambicionaba liderar el centro-izquierda italiano
para derrotar al centro-derecha de Berlusconi y sus aliados en las
elecciones generales de 2006.
Sin relación aparente con estos planes, el 27 de diciembre de 2003 Prodi
salió ileso de la explosión de un paquete bomba que había burlado los
controles de seguridad y que abrió personalmente en su residencia boloñesa.
La deflagración, de muy escasa entidad, ni siquiera dañó sus manos, aunque
chamuscó parte del mobiliario. La Policía adjudicó el atentado a la
Federación Anárquica Informal, un grupúsculo anarquista que había convertido
al presidente de la Comisión Europea en objetivo de sus acciones de
terrorismo urbano de baja intensidad por ser “uno de los burócratas
representantes del nuevo orden europeo” y el coartífice de una Constitución
Europea que consolidaba la “política represiva” de los estados de la UE.
Las exhortaciones del manifiesto de diciembre fueron escuchadas: el 12 y el
13 de febrero de 2004, Fassino (DS), D’Alema (DS), Rutelli (La Margarita),
Amato (socialista independiente), Boselli (SDI), Luciana Sbarbati
(Movimiento Republicano Europeo, MRE) y el propio Prodi, convertido en líder
in péctore de la plataforma, presidieron en Roma una Convención Nacional que
alumbró la Lista Unidos en El Olivo, a la que también se asociaron los
regionalistas sudtiroleses del SVP.
Aunque la escenografía en pro de la unidad suscitó escepticismo entre los
observadores, Unidos en El Olivo demostró su tirón electoral ganando los
comicios al Parlamento Europeo del 12 y el 13 de junio: capturó 25 de los 78
eurodiputados reservados a Italia con el 31,1% de los sufragios, frente a
los 16 escaños y el 20,1 de porcentaje obtenidos por el partido de
Berlusconi. Claro que, en conjunto, las cuatro formaciones del Gobierno (forzistas,
nacional aliancistas, liguistas y centristas democristianos) sumaron el
42,5% y 34 escaños.
La diversidad ideológica de Unidos en El Olivo quedó de manifiesto a la hora
de constituirse los grupos parlamentarios. Los demócratas de izquierda y los
socialistas demócratas se registraron en el Grupo del Partido Socialista
Europeo, mientras que los siete electos de La Margarita, al igual que la
republicana Sbarbati, lo hicieron en la Alianza de los Demócratas y
Liberales por Europa, donde se juntaron con los representantes de la Lista
de Emma Bonino y la Sociedad Civil Di Pietro-Occhetto. Uno de estos
diputados era el hermano mayor de Prodi, Vittorio.
Prodi agotaba sus últimos meses en la UE, donde se había ganado una
reputación mixta: por un lado, se le achacaba falta de carisma, malas dotes
de comunicador y, aún peor, una propensión a situarse fuera de la realidad
con su empecinada demanda de más poderes para la Comisión a costa del
Consejo y su concepto “presidencialista” del puesto que ostentaba en el
propio colegio de comisarios; por otro lado, se le respetaba, y elogiaba,
por su honestidad, su visión política de la construcción europea y su
defensa de una Unión supranacional que, en muchos aspectos, resultaba lógica
y coherente con la propia dinámica integradora del ideal que alumbró el
Tratado de Roma de 1957.
Su mayor fracaso había venido del forcejeo con el Consejo por la captura de
competencias en el segundo pilar de la Unión, la PESC, más allá de la
dimensión exterior de la política comercial común y de algunos protagonismos
institucionales, como los derivados de las participaciones en las cumbres
UE-Rusia (dos por año) y UE-Estados Unidos (una por año). Dicho sea de paso
que el 27 de abril de 2004 Prodi consiguió hacer realidad algo que había
propuesto al poco de asumir el cargo en 1999 y que entonces había tenido de
descartar por concitar el rechazo unánime del Consejo: recibir en Bruselas
al dictador libio Muammar al-Gaddafi.
El 13 de julio de 2004 Prodi pudo saborear una victoria moral sobre el
Consejo con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el conflicto por
la suspensión de los procedimientos por déficit excesivo contra Francia y
Alemania. La corte europea dio la razón a la Comisión y anuló las
conclusiones del Ecofin de noviembre de 2003 por hallarlas no con arreglo al
TUE. De todas maneras, a estas alturas, Comisión y Consejo ya se habían
puesto a estudiar una flexibilización en la aplicación del PEC con el fin de
adaptarlo al ciclo económico actual, de bajo crecimiento, y a la situación
individual de cada país.
El 13 de octubre Prodi se despidió del Parlamento dirigiendo la enésima
andanada de críticas a los gobiernos nacionales por haber debilitado el
impulso europeísta y enumerando los logros obtenidos por la UE en sus cinco
años de mandato, destacando la entrada en circulación del euro, la
culminación de la primera ola de ampliaciones a Europa central y oriental
(diez estados acababan de ingresar, el 1 de mayo, bajo la Presidencia
irlandesa del Consejo, mientras que Bulgaria y Rumanía esperaban hacerlo en
enero de 2007, Turquía disponía ya de una fecha orientativa, julio de 2005,
para el arranque de las negociaciones de su adhesión y Croacia había visto
aceptada su solicitud del ingreso, con inicio de las negociaciones también
en 2005), la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la aprobación y
entrada en vigor del Tratado de Niza, y la elaboración y aprobación del
Tratado por el que se establecía una Constitución Europea.
Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Bruselas no como Consejo
Europeo, designaron el 29 de junio presidente de la Comisión al primer
ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, quien tuvo muchos problemas
para formar un colegio de comisarios aceptable para el Parlamento y que no
pudo tomar posesión hasta el 22 de noviembre.
Prodi retornaba a la política italiana por la puerta grande, con el
formidable capital en forma de prestigio ganado en estos cinco años como el
rostro señero de la Europa comunitaria, listo para asumir el puesto vacante
de jefe de la oposición y resuelto a que los socios de Unidos en El Olivo le
proclamaran su líder oficial, si era necesario a través de un proceso
legitimador de elecciones primarias. También, exigía a los partidos que en
junio habían acudido de la mano a los comicios europeos pero que ahora se
mostraban incapaces de presentar candidaturas conjuntas en las próximas
elecciones regionales que dotaran de un andamiaje orgánico y federal a una
coalición hoy por hoy más evanescente que otra cosa. A la espera del acto
constitutivo de la estructura permanente, con estatutos y programa
unitarios, los partidos de Unidos en El Olivo dieron en llamarse
informalmente Gran Alianza Democrática (GAD), aunque pronto se impuso la
denominación de Federación del Olivo (Fed). El 28 de septiembre arrancó un
grupo de trabajo en esa dirección.
Contrariamente a lo que pudiera esperarse, fueron los ex comunistas quienes
aceptaron sin reparos las condiciones de Prodi, hasta el punto de que
Fassino se autodescalificó cortésmente para liderar el nuevo Olivo federal.
En La Margarita, en cambio, Rutelli se resistía a sacrificar sus ambiciones
de articular un polo democristiano independiente y a ceder todo el
protagonismo a su antiguo socio político. Haciendo gala de una pugnacidad y
una vehemencia que llegaron a turbar a sus incondicionales aliados
demoizquierdistas, Prodi arremetió tanto contra el Gobierno “desastroso” de
Berlusconi por su “política inmoral”, carente “de valores y de principios”,
como contra Rutelli, al que acusó de “sabotear” la unidad del
centro-izquierda con su negativa a formar listas únicas en todas las
regiones. Veladamente, amenazó con abandonar el ámbito de El Olivo si los
cabezas de fracción no se sometían a su estrategia. Para muchos
democristianos progresistas de La Margarita, eso constituía una intromisión
inaceptable en el ámbito de decisión interno del partido.
A trancas y barrancas, se avanzó en el propósito de refundar El Olivo. El 8
de febrero de 2005, los DS, La Margarita, los SDI y el MRE anunciaron la
conclusión de los estatutos de la Fed. Constituida formalmente el 26 de
febrero en Roma con Prodi de maestro de ceremonias, la Fed se dotó de un
presidente, una Presidencia Nacional de doce miembros y un Consejo Federal
de 60. Sin sorpresas, el primer puesto fue para Prodi, mientras que Fassino,
Rutelli, D’Alema, Boselli y Sbarbati se aseguraron las membresías en el
supremo órgano ejecutivo. En conjunto, los DS recibieron cinco asientos, La
Margarita, cuatro, los SDI, dos, y el MRE, uno.
Las divergencias sobre la política fiscal y frente a los próximos referendos
sobre la regulación del aborto y la reproducción asistida impedían la
elaboración, por el momento, de un programa nacional de la Fed, que antes
tenía que pasar la prueba de las elecciones regionales del 3 y el 4 de
abril. Si había dificultades para que los miembros de la Fed hablaran de
manera unívoca sobre cuestiones candentes que preocupaban a los ciudadanos,
más complicado se antojaba unificar los criterios de los participantes de
otro ambicioso proyecto que Prodi, con una mano más personal, consiguió
fraguar al mismo tiempo que la Fed, del que era inseparable. Se trataba de
La Unión, una vasta alianza preelectoral en la que confluían los cuatro
integrantes de la Fed, el PRC de Bertinotti, el PDCI de Oliviero Diliberto,
la FV de Alfonso Pecoraro Scanio, los Populares-Udeur de Mastella, la Italia
de los Valores (IDV) de Di Pietro y el Partido Socialista Democrático
Italiano (PSDI) de Giorgio Carta.
Como podía verse, Prodi había sido capaz de amalgamar en torno a su persona
a los integrantes de anteriores Olivos y además reclutar a nuevos
socios, aunque en semejante alianza, donde compartían proscenio sectores tan
alejados como los laicos comunistas y los democristianos de centro, lo que
parecía regir sobre todo era el rechazo total a Berlusconi y su Gobierno. La
presentación de La Unión fue el 10 de febrero, y seis días después, Prodi,
incansable, puso en marcha en Bolonia la llamada Fábrica del Programa, cuyo
propósito quedaba suficientemente explícito en el nombre.
Sin abandonar febrero, los DS celebraron en Roma su III Congreso Nacional
los días 3, 4 y 5. Fassino y D’Alema sacaron adelante la adopción del
sobrenombre de Partido del Socialismo Europeo (PSE-DS) y dieron un afectuoso
recibimiento a Prodi. En su intervención, el profesor ensalzó al Olivo como
“el baricentro, el timón y el motor de la gran alianza de los demócratas
italianos”, como “la casa común de los reformadores”, como “el lugar de
encuentro de las grandes tradiciones, de la historia, de los partidos del
socialismo democrático, de la democracia liberal y republicana, y del
catolicismo democrático”, y como “el instrumento de la unidad y del final de
las divisiones entre laicos y católicos”.
El 4 de abril de 2005, las listas del centro-izquierda, que sólo en algunas
circunscripciones presentaron el membrete de Unidos en El Olivo, se
impusieron en 12 de las 14 regiones donde se renovaron los gobiernos,
triunfo que desató la lógica euforia entre sus huestes. Tal fue el éxito que
la Fed, literalmente, se encontró con que podía morir del mismo. Y es que
Rutelli, en mayo, reunió a los suyos y convenció a una parte (no a todos,
dando pie a rumores sobre una posible escisión de los descontentos) de que,
visto los magníficos resultados obtenidos en el último encuentro con las
urnas, a La Margarita le convenía sacar provecho del sistema electoral
proporcional concurriendo en solitario en las generales de 2006. Ello,
aseguraba, sin detrimento de la Fed y La Unión; de hecho, Rutelli valoró la
negativa a formar listas conjuntas como la mejor manera de magnificar las
posibilidades del centro-izquierda en el gran envite electoral del año
siguiente.
Prodi recibió la decisión de Rutelli con gran acritud y volvió a amenazar
con presentarse candidato en 2006 por cuenta de un partido individual o,
peor aún, con “renunciar e irme a casa”. Para aplacar a Prodi, que demandaba
una oportunidad para legitimarse y vindicar su liderazgo apelando a las
bases, los cabezas de facción, algunos de ellos de mala gana y escépticos
con el sentido de una votación en la que sólo un ganador, Prodi, era
concebible, convinieron en celebrar en octubre una elección primaria
“abierta a todos los votantes del centro-izquierda”. En las semanas
siguientes, confirmaron su aspiración a la candidatura de La Unión para la
presidencia del Consejo de Ministros Bertinotti, Di Pietro, Mastella y
Scanio. Ninguno de los cuatro parecía estar en condiciones de poner en
aprietos a Prodi, quien en julio, no obstante, dio un viraje en sus
planteamientos de política exterior y prometió sacar de Irak a los 3.200
soldados italianos si ganaba los comicios, algo que hasta ahora sólo venía
defendiendo Bertinotti.
Gran aficionado al ciclismo, Romano Prodi ha recibido doctorados honoríficos
por las universidades de Madrás (1998), Sofía (1998), Politécnica de
Cataluña (1998), Brown (1999), Michigan (1999), Kyung Hee (2000), Católica
de Lovaina (2000), Malta (2000), Ottawa (2000), Saint Gallen (2000), Módena-Reggio
Emilia (2000), Pisa (2001), Tirana (2001), Oxford (2002), Túnez (2003),
Turín (2004) y Lublín (2004). En añadidura, es miembro, honorario o de pleno
derecho, del LSE, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de
Madrid, la Asociación de Cultura y Política Il Mulino de Bolonia, la
Asociación Italiana de Economistas y el Club de Madrid. Cuenta con varios
galardones internacionales, y entre su copiosa producción escrita, dominada
por los textos de economía industrial, figuran ensayos de dimensión más
política como L'Italia che vogliamo (1995), Manifesto per il
cambiamento (1995) y el muy traducido y vendido Un'idea dell'Europa
(1999).
Fuente CIDOB
En las
elecciones realizadas en Italia, en
Abril del 2006, triunfó frente a su opositor Silvio Berlusconi. Por lo
que Prodi será el Primer Ministro durante los próximos cinco años |
la Física (Vittorio Prodi, asimismo político) y la Historia (Paolo
Prodi), e hijo de un funcionario regional de Emilia-Romaña, estudió
el bachillerato en el Liceo clásico Ludovico Ariosto de Reggio
Emilia y luego la carrera de Jurisprudencia en la Universidad
Católica del Sagrado Corazón (UCSC) de Milán, por la que se licenció
cum laude en 1961. Dos años más tarde, tras asistir a un posgrado en
la prestigiosa London School of Economics (LSE) bajo la supervisión
del catedrático de economía industrial Basil Yamey, se doctoró con
una tesis sobre el proteccionismo de la industria nacional en los
primeros años de la Italia unificada, en las postrimerías del siglo
XIX.