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 Biografía
- Fuente Fundación Cidob
Resumen
El secretario general del PSOE y líder de la
oposición desde 2000 al Gobierno de José María Aznar y el Partido
Popular fue investido presidente del Gobierno de España el 16 de
abril de 2004, como resultado de la inesperada victoria socialista
en unas elecciones generales celebradas sólo tres días después de
los mortíferos atentados cometidos el 11 de marzo por Al Qaeda en
Madrid. Carente de mayoría absoluta en la Cortes, Zapatero asumió el
poder con un programa que apostaba por la vía del "diálogo y el
consenso", la reforma de la Constitución y el Estado de las
Autonomías, y un modelo corregido de crecimiento económico. En
política exterior, su punto fuerte era la retirada de las tropas de
Irak, cuya invasión en 2003 por Estados Unidos había rechazado por
"ilegal e injusta", una promesa que plasmó nada más tomar posesión y
que tuvo un considerable impacto internacional.
Biografía
1.
Joven dirigente del socialismo leonés afín a Felipe González
2. Entrada en la política nacional y progresión
interna en el partido
3. La plataforma Nueva Vía como catapulta a
la Secretaría del PSOE en 2000
4. Primeros pasos como líder de la oposición al
Gobierno del PP y propuestas pactistas
5. Acumulación de desencuentros con J. M. Aznar: la
nueva política exterior española y la guerra de Irak
6. Las ambiguas elecciones locales de 2003 y el
escándalo de la Asamblea de Madrid
7. Escalada de reproches con el PP sobre Irak y la
visión territorial de España
8. Vísperas de las generales de 2004: el caso
Carod en Cataluña y las propuestas de cambio al electorado
9. Del 11-M al 14-M: victoria contra pronóstico
frente a M. Rajoy bajo el impacto de los atentados islamistas de
Madrid
10. Vorágine de reacciones internacionales y
formación del Gobierno
1. Joven dirigente del socialismo leonés afín a Felipe
González
Su abuelo paterno, el capitán del Ejército Juan Rodríguez
Lozano, fue fusilado en Puente Castro, León, el 18 de agosto de
1936, al mes justo de iniciarse la Guerra Civil española, por
negarse a secundar el alzamiento de Francisco Franco y otros
generales contra el Gobierno legítimo de la República.
En su testamento, Rodríguez Lozano pedía expresamente a sus
descendientes que vindicaran su memoria, y esta trágica
circunstancia, ciertamente, tuvo el efecto de reforzar la
adscripción de los Rodríguez, una familia leonesa de clase
media, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), puesto fuera
de la ley y condenado a la clandestinidad en 1939 con la
victoria militar del bando franquista, e iba a influir
poderosamente en la trayectoria política de uno de los nietos
del oficial ejecutado.
El muchacho nació 21 años después de terminada la Guerra Civil
en Valladolid, donde vivía el abuelo materno, un reputado
pediatra que quería atender personalmente a sus nietos, pero
creció y se educó en la ciudad de León, lugar de residencia de
la familia y de trabajo del padre, Juan Rodríguez García, un
abogado que años después iba a ejercer en los servicios
jurídicos del ayuntamiento leonés y a montar un bufete junto con
el mayor de sus hijos, Juan, antes de convertirse en decano del
Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad.
El menor de los hermanos Rodríguez Zapatero cursó la Enseñanza
General Básica (EGB) en el colegio religioso Discípulas de
Jesús, y el Bachillerato y el Preuniversitario en el Colegio
Leonés. Continuando la especialidad profesional del padre y el
hermano, estudió Derecho en la Universidad de León y en junio
1983 formó parte de la primera promoción de licenciados de su
facultad, con una tesina sobre el estatuto de autonomía de
Castilla y León, último en promulgarse (marzo de 1983) en la
España de las comunidades autónomas.
 En
octubre del mismo 1983 fue contratado por el Departamento de
Derecho Constitucional de dicha universidad pública como
profesor asociado de Derecho Político, vínculo con las aulas que
se prolongó hasta 1986 (posteriormente, desde 1988 a 1991, se
acogió a un contrato administrativo de colaboración docente a
tiempo parcial y sin retribución) y que no estuvo exento de
controversia, al trascender, años después en la prensa, que su
departamento le había adjudicado la plaza eludiendo los trámites
habituales de convocar un concurso público y de formar una
comisión académica de evaluación del aspirante, lo que habría
dado pie a un caso de favoritismo por filiación política. Por lo
demás, las sucesivas prórrogas que solicitó por motivos
académicos terminaron por librarle del servicio militar
obligatorio.
Zapatero acumuló experiencia política desde muy pronto. Con el
recuerdo de su abuelo siempre presente y, últimamente,
encandilado por el discurso del secretario general del PSOE,
Felipe González Márquez (18 años mayor que él), el 23 de
febrero de 1979, cuando el país estaba a punto de coronar con
éxito la complicada transición del régimen dictatorial de
partido único, agotado tras la muerte de Franco en noviembre de
1975, al Estado de derecho basado en la Constitución y la
democracia pluralista, Zapatero se afilió al partido, legal de
nuevo desde febrero de 1977, y semanas después se convirtió en
secretario general de las Juventudes Socialistas de León.
En diciembre de 1982, con sólo 22 años, cuando estaba en el
último curso en la Universidad y al poco de obtener el PSOE una
espectacular victoria en las terceras elecciones generales de la
democracia, Zapatero fue elegido secretario de la Agrupación
Local del partido en León capital a instancias del entonces
secretario general del PSOE en la provincia amén de diputado
nacional, Ángel Capdevilla, consiguiendo imponerse sobre
militantes históricos locales que en algunos casos le doblaban
en edad con creces.
En 1986 fue incluido en las listas de candidatos socialistas al
Congreso de los Diputados (cámara baja de las Cortes Generales o
Parlamento) en Madrid como número dos por León y en las
elecciones generales del 22 de junio, que reeditaron la mayoría
absoluta del PSOE si bien con pérdida de votos y de escaños,
Zapatero obtuvo su primer mandato legislativo, convirtiéndose en
el diputado más joven de la Cámara e integrando, por tanto, la
mesa de edad que desde la tribuna del hemiciclo inauguró el
período ordinario de sesiones. Fuera de los plenos, en los años
siguientes Zapatero integró las comisiones Constitucional, del
Defensor del Pueblo y de Justicia e Interior (en la última, en
calidad de portavoz, en septiembre de 1993) así como, desde el
12 abril de 1993, la Diputación Permanente de la Cámara.
2. Entrada en la política nacional y progresión interna en el
partido
Militante de perfil moderado, conciliador y abierto al diálogo,
la sorpresiva elección de Zapatero para la Secretaría General de
la Federación Socialista Leonesa (FSL) el 19 de junio de 1988,
en el V Congreso del PSOE provincial celebrado en Astorga, fue
ligada por los medios de comunicación a un pacto entre los
hombres fuertes y facciones del socialismo leonés, caracterizado
por los enfrentamientos internos, la tradición sindicalista y un
fuerte apego al obrerismo minero. Esta reconocida capacidad para
limar las discrepancias ideológicas y personales entre sus
compañeros y sosegar los ambientes crispados iba a ser el mejor
instrumento en la promoción política de quien todavía era en
Madrid un diputado absolutamente anónimo.
En las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, que
supusieron la segunda reelección consecutiva del Gobierno de
Felipe González aunque prolongando la tendencia descendente de
votos, Zapatero renovó su escaño por León, ya como cabeza de
lista en la circunscripción, y en noviembre de 1990 fue elegido
vocal del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre
congresos, en el XXXII Congreso Federal del partido.
En la cita se escenificó el enfrentamiento entre los ministros
del Gobierno partidarios de la línea económica liberal, con el
titular de Economía y Hacienda Carlos Solchaga Catalán a la
cabeza, y el aparato del partido, capitaneado por el
número dos del mismo, el vicepresidente del Gobierno y
vicesecretario general Alfonso Guerra González, defensor de la
línea izquierdista tradicional, más fiel a los postulados
clásicos de la socialdemocracia pero también identificado por la
opinión pública con las actitudes endogámicas que estaban
convirtiendo al PSOE en una estructura con dificultades para
comunicarse con la sociedad. También en 1990, el 27 de enero,
Zapatero contrajo matrimonio en Ávila con Sonsoles Espinosa,
antigua compañera de la facultad y profesora de música, hija de
militar y abulense de nacimiento pero, como él, crecida y
educada en León, con la que ha tenido hasta la fecha dos hijas,
Laura (1993) y Alba (1995).
Zapatero fue sucesivamente reelegido al frente de los
socialistas leoneses en el VI Congreso provincial el 17 de
febrero de 1991, en su escaño de diputado por León en los
comicios generales del 6 de junio de 1993 -que despojaron al
PSOE de la mayoría absoluta-, en la vocalía del Comité Federal
del partido en el XXXIII Congreso Federal del 18 al 20 de marzo
de 1994, nuevamente en la Secretaría General de la FSL, con el
respaldo del 70% de los delegados esta vez, en julio de 1994, y,
por cuarta vez consecutiva, en su mandato parlamentario en las
elecciones del 3 de marzo de 1996, tras las que desempeñó la
portavocía socialista en la Comisión de Administraciones
Públicas. En octubre del mismo año el PSOE le incluyó en la mesa
bipartita con Izquierda Unida (IU, coalición permanente
encabezada por el Partido Comunista de España, PCE) sobre la
reforma del modelo de financiación autonómica.
La derrota final del PSOE en los comicios de 1996 a manos del
Partido Popular (PP), la gran fuerza de la derecha liberal
española liderada por José María Aznar López, puso el
colofón esperado a un largo declive en las fortunas de la
formación socialista. La tendencia se había acelerado en el
último quinquenio por el muy negativo comportamiento de la
economía, la contestación social a la flexibilización del
mercado de trabajo (capítulo muy sensible, pues España
presentaba la tasa de paro más elevada de Europa occidental) y,
fermento fundamental de esta erosión, los escándalos de
corrupción política y económica, que desde 1992 se sucedieron
sin desmayo y que conmocionaron a la ciudadanía con una cascada
de imputaciones, dimisiones y procesamientos judiciales de
personalidades del partido, el Gobierno, la administración del
Estado y el mundo empresarial ligado a los socialistas.
Diana de muy duros ataques desde múltiples sectores de la
opinión pública y la oposición política, González ofreció estos
años la imagen, harto alejada del perfil carismático de otros
tiempos, de un mandatario acorralado incapaz de reaccionar
convincentemente ante las acusaciones de que era objeto y las
convulsiones que dañaban al partido del que era jefe. Eso sí, la
derrota del PSOE ante el PP en las generales de 1996 no fue
abultada, de hecho lo fue por la mínima (el 38,8% y 156 escaños
para los conservadores y el 37,6% y 141 para los socialistas),
contrariando la mayoría de los vaticinios.
Después de varias advertencias de retirada nunca materializadas
mientras estuvo en el Gobierno, González, visiblemente cansado,
anunció por sorpresa su renuncia a la Secretaría General en el
XXXIV Congreso Federal del partido el 20 de junio de 1997,
arrastrando de paso a Guerra, mano derecha y luego rival durante
un cuarto de siglo. Para llenar una vacancia fundamental que
llenó de turbación a los socialistas, máxime cuando González no
había dejado un sucesor perfilado, el XXXIV Congreso se decantó
por el ex ministro de Trabajo y ahora portavoz del grupo
parlamentario socialista, Joaquín Almunia Amann, un dirigente
con una imagen un tanto gris pero desligado de los escándalos de
corrupción y capaz de proyectar honestidad y solvencia, amén de
un exponente de los renovadores.
Esta corriente del PSOE mayoritaria estaba integrada por
antiguos ministros, dirigentes regionales y ejecutivos del
partido, y venía sosteniendo una pugna ruidosa con el sector
guerrista con sus tesis de favorecer la autocrítica y la
transparencia, de apostar por lo multilateral en las actuaciones
políticas y de enfocar los principios del libre mercado con
pragmatismo. La opinión pública había identificado todavía una
tercera corriente interna, los integradores, más
deshilvanada que las anteriores y cuyo objetivo sería,
precisamente, tender puntos de encuentro de aquellas dos
posturas aparentemente irreconciliables.
Zapatero, que en la presente legislatura ganó más protagonismo
en el Congreso como portavoz socialista en la Comisión
parlamentaria de Administraciones Públicas y, por tanto, como
replicador del ministro popular Mariano Rajoy Brey, venía
asistiendo a estas trifulcas intrapartidarias desde su nada
conspicuo puesto en el Comité Federal. No se adscribía, al menos
expresamente, a ninguna corriente interna, si bien desde años
atrás sus constantes enfrentamientos con el poderoso sector
guerrista de la FSL, cruzándose acusaciones de falsear censos de
afiliados en agrupaciones locales para decantar a su favor las
mayorías de compromisarios en congresos y asambleas, le habían
endilgado la etiqueta de renovador.
En el momento actual, Zapatero únicamente hizo saber su
admiración y respeto por González y su obra modernizadora de
España, incluso ahora que, con su renuncia intempestiva, había
dejado el partido sumido en la desorientación más aciaga. Esta
aparente neutralidad del leonés continuó tras el XXXIV Congreso,
del que salió convertido en uno de los 33 miembros de la nueva
Comisión Ejecutiva Federal (CEF), como titular de una de las
vocalías. El 16 de noviembre de 1997 el VIII Congreso del PSOE
leonés le confirmó como secretario general regional.
3. La plataforma Nueva Vía como catapulta a la
Secretaría del PSOE en 2000
El 29 de enero de 1998 González rechazó definitivamente que
pudiera ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno
en las elecciones generales de 2000 y postuló a Almunia para esa
misión. Almunia gozaba del respaldo de la mayoría de los
diputados, senadores y dirigentes regionales del partido. Pero
en las elecciones primarias del 24 de abril, ejercicio de
democracia interna sin precedentes en el sistema de partidos
español, venció el catalán José Borrell Fontelles, ex
secretario de Estado de Hacienda y ex ministro de Obras
Públicas, procedente del círculo liberal de Solchaga, aunque
ahora con un perfil de tecnócrata izquierdista, y partidario de
dejar atrás el felipismo, éste entendido como la herencia
y el, todavía, ascendiente interno de González, a la hora de
elaborar cualquier estrategia del partido si lo que se pretendía
era recuperar el poder. En esta ocasión, Zapatero, como la
mayoría de los miembros de la cúpula, expresó su apoyo a
Almunia, pero el parecer de las bases era otro.
La prolongación de la profunda crisis del partido con las
dimisiones sucesivas de Borrell, como candidato a la Presidencia
del Gobierno, el 14 de mayo de 1999, a raíz de la investigación
judicial contra dos colaboradores de su etapa de secretario de
Estado sospechosos de haber montado una red de influencias para
conseguir tratamientos fiscales fraudulentos a empresas de
Barcelona, y de su sustituto para dicho envite, el propio
Almunia, en la Secretaría General, el 12 de marzo de 2000, nada
más conocerse la fortísima derrota en las elecciones generales
celebradas ese mismo día (caída al 34,2% de los votos y los 125
escaños, 10,3 puntos y 58 diputados menos que el PP), confirmó
que el súbito retiro de González en 1997 había precarizado el
liderazgo socialista y dificultado la oposición parlamentaria al
Gobierno de Aznar.
El experimento de la bicefalia había fracasado y los
análisis periodísticos más mordaces sostenían que el verdadero
estado imperante en el PSOE desde hacía tres años no había sido
sino la acefalia. A la renuncia de Almunia asumió
interinamente la jefatura del partido una Comisión Política
encabezada por el presidente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Manuel Chaves González.
Ante la convocatoria de un nuevo congreso federal que debía
cerrar la crisis en el liderazgo del partido y clarificar su
estrategia de futuro justo ahora en que el PP se hallaba en la
cúspide del poder político y la aceptación del electorado,
Zapatero, recién elegido en su mandato legislativo por quinta
vez consecutiva, empezó a mover sus piezas y a desvelar sus
ambiciones políticas. En abril de 2000, junto con varios
compañeros diputados que, como él, eran desconocidos por el gran
público y no se les ubicaba en alguna de las familias
socialistas, más con el respaldo discreto de viejos rostros de
los gobiernos de González como Carlos Solchaga, Zapatero
presentó una plataforma denominada Nueva Vía. Sólo en ese
momento, el rostro y el nombre del diputado por León empezaron a
ser conocidos por el público nacional, de quien puede decirse
sin exagerar que emergió de la nada informativa.
El proyecto Nueva Vía, más perfilado en lo programático
que en lo ideológico y, en opinión de algunas sensibilidades de
la izquierda del partido, de contenido insípido y tinte "social
liberal" (esto dicho por ellos con regusto despectivo), evocaba
la Tercera Vía (Third Way) del primer ministro
laborista británico Tony Blair y también el Nuevo Centro
(Neue Mitte) del canciller socialdemócrata alemán
Gerhard Schröder, los cuales pivotaban en nociones tales
como el pragmatismo y la eficiencia a la hora de revisar las
relaciones entre Estado y ciudadanía y de asumir con naturalidad
los imperativos de la economía del libre mercado en las
sociedades contemporáneas. Por la misma razón, la propuesta de
Zapatero parecía alejarse del socialismo más clásico que
caracterizaba, por ejemplo, al primer ministro francés Lionel
Jospin, quien educadamente se distanció de las tesis de sus
colegas de Londres y Berlín.
Su promotor presentó a Nueva Vía como una apuesta
socialista por un cambio de rumbo político y social, no
rupturista, para recuperar la credibilidad y la confianza de los
ciudadanos y abrir el partido a una sociedad rica y
crecientemente compleja con el fuerte incremento de la
inmigración de gentes de otras razas y religiones. Zapatero
hablaba de transformar hondamente las estructuras del PSOE,
desencadenándolo del pasado con un nuevo estilo, pero
reivindicando lo que había significado su etapa en el Gobierno,
y de convertirlo en un "instrumento al servicio de la sociedad".
Llamaba a impulsar el "debate de ideas y no de personas", a
estimular el "rearme ideológico" de la izquierda y a elaborar un
"proyecto de nueva izquierda y de modernidad" para España,
"mucho más acorde con los tiempos que vivimos".
En el discurso no faltaban referencias a las mutaciones de la
sociedad de la información, a la multiculturalidad, a la
incorporación de las mujeres en la vida política y económica o
a, según él, la obsolescencia tecnológica y el "déficit de
futuro" de que adolecían las políticas públicas de investigación
y desarrollo. Defendiendo la iniciativa empresarial privada como
el motor de la economía, pero cuestionando que el libre mercado
por sí solo fuera la garantía de la prosperidad general,
Zapatero parecía apostar por una globalización con rostro
humano cuyo fin primordial sería el servicio a los
individuos. Los comentaristas encontraron en la plataforma de
Zapatero importantes elementos del discurso de los
renovadores, pero, por el tono y las personas implicadas,
Nueva Vía se antojaba un proyecto novel y muy personal. No
había, eso sí, acuerdo sobre si este proyecto que parecía
haberse materializado de repente tenía mucha o poca substancia.
El 25 de junio de 2000 Zapatero formalizó en León su candidatura
a secretario general del PSOE. En el XXXV Congreso, bajo el lema
El impulso necesario, se iba a batir con otros tres
aspirantes, valedores de propuestas dispares pero ninguno
enfrentado personalmente con él, antes al contrario. Éstos eran:
el favorito, José Bono Martínez, presidente desde 1983 de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, candidato oficial del
aparato del partido ya dominado por los renovadores
y uno de los poderosos barones regionales cuyos sucesivos
éxitos electorales en sus respectivas circunscripciones
garantizaban un caudal de votos socialistas que en otras
comunidades se había evaporado tiempo ha; Matilde Fernández
Sanz, ex ministra de Asuntos Sociales con González y una
incondicional de Guerra; y Rosa Díez González, eurodiputada y
figura emblemática del socialismo vasco por su militancia contra
el terrorismo de la banda ETA (acrónimo de Euskadi Ta
Askatasuna, divisa que en idioma euskera significa Patria
Vasca y Libertad).
El 22 de julio se celebró la votación como el punto cardinal del
XXXV Congreso y, con sorpresa, aunque no excesiva, Zapatero se
adjudicó la victoria con 414 votos, esto es, con el apoyo del
41,7% de los delegados, una ventaja muy exigua sobre Bono, que
obtuvo 405 votos, correspondientes al 40,8%. Bastante más atrás
quedaron Fernández y Díez. La ex ministra cosechó menos votos de
los previstos y los observadores arguyeron que un cierto número
de delegados del sector guerrista había votado por el postulante
de Nueva Vía sólo para impedir el triunfo de Bono y en la
creencia de que su corriente sería luego tenida en cuenta a la
hora de alinear la nueva CEF.
Ante el congreso que consagró su meteórico ascenso en el PSOE,
Zapatero reiteró que apostaba por el "cambio tranquilo, sereno y
disciplinado" en la dirección del Gobierno de España y anunció
una "oposición útil socialmente" al ejecutivo del PP. Pero,
contrariando las expectativas de muchos dirigentes veteranos
sobre una cúpula "de integración", presentó una CEF de 25
miembros sin cuotas de representación de las corrientes
socialistas (sólo la plataforma Iniciativa por el Cambio,
aglutinada en torno a los seguidores de Borrell, obtuvo
presencia) y que de hecho barrió a todos los grandes nombres
socialistas.
El único dirigente de la anterior etapa que se mantuvo fue el
andaluz Chaves, colocado en la Presidencia de la CEF (un cargo
más bien honorífico que estaba vacante desde el fallecimiento
del histórico dirigente Ramón Rubial Cavia en mayo de 1999) por
el nuevo secretario general pese a que había votado por Bono.
Zapatero, que en el discurso de presentación de candidatura
había apelado al cambio pero "sin esconder a Felipe", había
ofrecido antes del congreso ese puesto a González, pero el ex
secretario general declinó la invitación. Aparte de Chaves, sólo
dos integrantes de la CEF saliente fueron renovados, a la sazón
muy poco conocidas por el gran público: Micaela Navarro y
Consuelo Rumí.
Para flanquearle en los puestos de mayor relieve, Zapatero
eligió a cuatro colaboradores en el proyecto Nueva Vía:
José Blanco López, en la Secretaría de Organización y Acción
Electoral; Trinidad Jiménez García-Herrera, en la Secretaría de
Política Internacional; Jordi Sevilla Segura, en la Secretaría
de Política Económica; y, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, en la
portavocía del grupo parlamentario socialista. La nueva CEF
conformaba una dirección joven, animosa y sin hipotecas de
pasado (léase, asociación con el desgaste en el poder, las
prácticas corruptas y las actitudes corporativistas), si bien
inexperta y, salvo un nombre o dos, absolutamente desconocida
por la ciudadanía hasta la fecha, lo cual bien podría encerrar
tanto una desventaja como un valor. El 23 de julio se clausuró
el XXXV Congreso con la aprobación de la CEF propuesta por el
90,2% de los delegados.
4. Primeros pasos como líder de la oposición al Gobierno del
PP y propuestas pactistas
En opinión de los observadores, la elección de Zapatero supuso
un verdadero relevo generacional en el PSOE, sin precedentes
desde el XXVI Congreso celebrado en Suresnes, Francia, en
octubre de 1974, cuando los militantes jóvenes encabezados por
González desplazaron a la vieja guardia socialista bregada en
los avatares de la posguerra y la lucha antifranquista en la
clandestinidad. El dirigente leonés había conseguido unificar el
partido, cerrar la grave crisis que arrastraba desde hacía
cuatro años por las luchas de banderías y el vacío de liderazgo,
y presentar a la militancia un proyecto esperanzador trufado de
optimismo.
En los meses siguientes a su elección, Zapatero pilotó en su
partido lo que vino a llamarse el posfelipismo y ante el
conjunto del país lideró la oposición parlamentaria al Gobierno
del PP esforzándose en transmitir al electorado la alternativa
del "cambio tranquilo" y de encontrar puntos de réplica a Aznar,
un gobernante sólido que había hecho de su partido una
formidable maquinaria de cuadros disciplinados y que apelaba a
las incontestables realizaciones materiales de su gestión hasta
el presente: el saneamiento de las finanzas del Estado, el
mantenimiento de los niveles de crecimiento, la creación de
empleo y la garantía a corto y medio plazo de la Seguridad
Social en sus actuales niveles de cobertura universal.
Sin embargo, Aznar, amparándose en la mayoría absoluta y
respaldado en todo momento de una manera irrestricta (al menos
en público) por un partido rendido a su persona, empezaba a
acumular muestras de cesarismo, de complacencia o nula capacidad
de autocrítica, de incomprensión de determinadas realidades
regionales y sociales del país, y de derechización
neoespañolista, cuestionando el tan traído y llevado giro
del PP al centro ideológico.
En los comienzos de esta etapa -a la postre de sólo cuatro años-
no fueron pocas las impresiones, también desde ámbitos
socialistas, de escepticismo sobre la capacidad de liderazgo de
Zapatero. El sucesor de González hacía gala de un estilo
reflexivo, articulado, didáctico, enemigo de los golpes bajos y
abierto al diálogo y el pacto, un talante que a un sector del
público crítico con la actuación del PP le parecía escasamente
pugnaz, sin contundencia o calor, y quizá más propio, por poner
una analogía, de un dirigente socialdemócrata de un país europeo
del norte caracterizado por la cultura política sujeta al
fair play y la moderación. Visto desde fuera, él parecía
apostar más por la perseverancia y la persuasión que por el
ataque verbal y la búsqueda del desgaste inmediato como
instrumentos de rentabilidad electoral.
A partir de 2001, con el enfriamiento de la actividad económica,
el incumplimiento de las previsiones de inflación del Gobierno,
el frenazo en la reducción de la creación de empleo y el
carácter altamente precario del mismo, la adopción de normas
polémicas en los terrenos social y laboral (reformas de la Ley
de Extranjería y de la protección del desempleo, leyes orgánicas
de Calidad de la Educación, LOCE, y de Universidades, LOU), y la
trascendencia de fraudes que salpicaron a personalidades del
Gobierno y el Estado (casos del lino, Ercros y Gescartera),
Zapatero pudo fundamentar sus críticas contra el PP en algo más
que las valoraciones negativas del modelo de gestión
redistributiva de los ingresos de la prosperidad económica
(críticas a los recortes en el gasto social y al énfasis de la
presión tributaria sobre las rentas de trabajo frente a las
rentas del capital y patrimonio) o de las aparatosas maniobras
del poder para controlar la línea editorial y la parrilla de
contenidos informativos de cuantos medios de comunicación
pudiera, una imputación ésta que, precisamente, había recaído
insistentemente sobre los socialistas cuando habían gobernado
ellos.
Entre sus propuestas diferenciadoras de las políticas de Aznar,
Zapatero planteó un pacto constitucional sobre el fenómeno de la
inmigración, con el objeto de "anticiparse al futuro y responder
a una exigencia moral", la recomposición de las relaciones con
los nacionalismos periféricos catalán y vasco o el avance hacia
una Unión Europea (UE) de tipo federal que pusiera más énfasis
en la dimensión supranacional y en el concepto de
subsidiariedad, y que concediera mayor protagonismo a los
ciudadanos y las regiones.
Discretamente, Zapatero acogió de manera positiva el modelo de
vertebración del Estado elaborado por el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC, rama del PSOE en la comunidad autónoma), cuyo
presidente desde 2000, Pasqual Maragall i Mira, antiguo alcalde
de Barcelona, abrazaba un socialismo catalanista que
oponía como factor de cohesión la noción de "proximidad", de
corte cívico y multicultural, a la de "identidad cultural" cara
a la fuerza nacionalista conservadora que ocupaba el Gobierno de
la Generalitat desde el inicio de la autonomía en 1980,
Convergencia i Unió (CiU), y que también apostaba por un
"federalismo diferencial y no uniformista" tendente a la
consagración de la "España plurinacional, pluricultural y
plurilingüística". En Cataluña, Maragall intentaba atraer a
electores que hasta ahora habían votado a la verdadera fuerza
del nacionalismo catalán no independentista, CiU, presentándoles
una alternativa política de defensa de la especificidad catalana
en el conjunto del Estado sin rupturismo separatista.
Además, la propuesta de rediseño autonómico de Maragall para
Cataluña no excluía acometer reformas en el Estatuto de
Autonomía y en la misma Constitución española. El hecho de que
Zapatero tomara al vuelo las propuestas de su compañero de
partido en Barcelona, interiorizándolas pero sin vocearlas como
propias o sin darles prelación divulgativa en la oferta
socialista para el conjunto de los españoles, principió una
serie de posicionamientos que a muchos observadores les
parecieron meramente tácticos. De ahí que articulistas de
opinión se preguntaran sobre si Zapatero no estaría improvisando
de día en día las políticas que formulaba. Sus detractores en el
PP le empezaron a achacar lisa y llanamente la carencia de "una
visión de España". También había que tener presente un dato:
cuando el XXXV Congreso del PSOE, la delegación catalana estuvo
dividida, de manera que Maragall y sus partidarios apoyaron a
Zapatero, mientras que el grupo en torno al antiguo ministro de
Defensa y vicepresidente del Gobierno con González -amén de
predecesor de Maragall en el liderazgo del PSC-PSOE-, Narcís
Serra i Serra, expresó su preferencia por Bono.
Por otro lado, apelando a la responsabilidad política y a la
razón de Estado, Zapatero encontró puntos de encuentro con Aznar
en capítulos sensibles como la política exterior, no poniendo
objeciones a la participación del Ejército español en la
Operación Libertad Duradera, capitaneada por Estados
Unidos contra el terrorismo islamista internacional a raíz de
los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por la
organización Al Qaeda del saudí Osama bin Laden, y en la
fuerza multinacional de asistencia a la seguridad en el
Afganistán postalibán, la ISAF, así como, y sobre todo, en la
lucha contra el terrorismo independentista vasco, donde el
respaldo podía calificarse de total.
El 8 de diciembre de 2000 Zapatero firmó con el secretario
general del PP, Javier Arenas Bocanegra, un nuevo pacto de
Estado antiterrorista, el llamado Pacto por las Libertades y
contra el Terrorismo, al que no se sumó ninguna otra fuerza
parlamentaria, y posteriormente apoyó el proceso judicial de
ilegalización del brazo político de la banda ETA, Batasuna
(formando parte ambas del denominado Movimiento de Liberación
Nacional Vasco, MLNV, una sigla englobadora del entramado de
organizaciones del mundo radical), prologado en junio de 2002
con la aprobación por las Cortes de la controvertida Ley de
Partidos con la suma de los votos del PSOE. Además, el 28 de
mayo de 2001 el PSOE, el PP y el resto de grupos políticos con
representación parlamentaria adoptaron el Pacto de Estado para
la Reforma de la Justicia.
El 20 de junio de 2002 el país registró la primera huelga
general desde la llegada del PP al Gobierno y, si bien sin
excesiva complacencia, el dirigente socialista justificó la
convocatoria. Concluida la jornada de paros, pidió a Aznar una
"rectificación" de la reforma de la protección del desempleo que
había motivado la reacción sindical. Tras el debate anual sobre
el estado de la nación en julio de 2002, del que Rodríguez
Zapatero salió muy bien parado y, en opinión de simpatizantes y
observadores no adscritos, como el claro ganador, frente al
experimentado Aznar, y la publicación en septiembre siguiente de
unos sondeos de opinión propicios al PSOE y a él mismo (por
primera vez, superó a Aznar en la valoración de líderes
políticos), el dirigente socialista encontró más receptividad
entre aquellos, de dentro y fuera del partido, que consideraban
injustificado su optimismo cuando aseguraba que ganar las
elecciones generales de 2004 era un objetivo "alcanzable”.
5. Acumulación de desencuentros con J. M. Aznar: la nueva
política exterior española y la guerra de Irak
El 27 de octubre de 2002 el Comité Federal del PSOE proclamó a
su secretario general candidato a la Presidencia del Gobierno
justo cuando el viento parecía rolar a favor de los socialistas.
Zapatero pintó "la España de Aznar" con tonos sombríos, enumeró
una serie de problemas en los terrenos de vivienda, empleo
estable, educación, sanidad o investigación, y aseguró que su
intención era "quitar el poder a los poderosos y devolver
derechos y libertad a los ciudadanos". En noviembre se produjo
la catástrofe ecológica del petrolero con bandera de Bahamas
Prestige, hundido por una tempestad frente a las costas de
Galicia antes de comenzar a verter miles de toneladas de crudo,
y el PSOE, haciéndose eco de la indignación de una parte de la
opinión pública, acusó al Gobierno de reaccionar con parsimonia
frente a la crisis, de cometer graves errores de gestión de la
misma, de desinformar a la población y de minimizar el impacto
medioambiental de la marea negra.
A finales de año el PSOE y el PP se hallaban virtualmente
empatados en las intenciones de voto y los sondeos deslizaban la
interpretación de que buena parte de los consultados veían en
Zapatero a un político más próximo a los intereses y
preocupaciones cotidianas del ciudadano que el presidente del
Gobierno, percibido por aquellos como un gobernante hosco,
distante o prepotente. En el arranque de 2003, uno de los años
políticamente más calientes desde la restauración democrática,
el enorme revuelo levantado por la inminente invasión de Irak
por Estados Unidos y el anuncio hecho por Aznar de que España se
embarcaba en la operación con un millar de soldados en misión de
retaguardia disparó la intención de voto de los socialistas,
pero la euforia se desvaneció muy pronto por la desactivación de
las protestas populares contra la guerra y la recuperación de la
iniciativa política por el Gobierno popular, que supo reponer en
el criterio valorativo de una mayoría de la población aspectos
tales como la prosperidad económica, la paulatina disminución
del paro y los grandes éxitos en la lucha contra ETA.
En el segundo semestre del año, después de las elecciones
autonómicas y municipales, que apenas dieron alegrías al
partido, el PSOE y su líder encajaron reveses de imagen y los
durísimos ataques de desprestigio por parte del PP, con el
consiguiente desaliento de la militancia y la desmotivación de
potenciales votantes de izquierda que estaban hastiados de las
formas destempladas de Aznar y, en general, el estilo de
Gobierno del PP. En vísperas de la campaña de las elecciones
generales de marzo de 2004 el PP volvía a aventajar al PSOE en
todas las encuestas de una manera nítida y su tercera victoria
consecutiva se antojaba poco menos que una certeza.
El consenso de socialistas y populares en política exterior ya
experimentó serias grietas a lo largo de 2002. Las relaciones
con Marruecos, en la picota desde la retirada por Rabat de su
embajador en Madrid en octubre del año anterior, experimentaron
en julio del presente año un deterioro sin precedentes desde la
Marcha Verde de 1974 con la ocupación por gendarmes marroquíes y
la inmediata recuperación manu militari (aunque sin
disparar un tiro, luego limpia y eficaz) del islote Perejil, de
soberanía española pero no reconocida por el país norteafricano,
que tiene este diminuto peñón deshabitado a tiro de piedra de su
costa.
El 19 de diciembre de 2001 Zapatero se había entrevistado en
Rabat con el rey Mohammed VI y el primer ministro
Abderrahman El Youssoufi -colega en la Internacional
Socialista- para propiciar el desbloqueo de las relaciones
diplomáticas, visita propiciatoria que fue descalificada desde
Moncloa como una injerencia en competencias del Ejecutivo. En la
crisis de Perejil, el jefe de la oposición emitió un apoyo
matizado a Aznar por el envío del destacamento militar. Lo que
Zapatero le reprochó al líder popular es que tomara una decisión
de esa gravedad, susceptible de dar pábulo a una escalada
bélica, sin informarle previamente. Unilateralismo, opacidad
informativa y descontrol parlamentario iban a ser tres
reconvenciones constantes de Zapatero a la política exterior de
Aznar.
Con todo, la cesura definitiva en este terreno se produjo con
motivo del drástico viraje en las prioridades diplomáticas de
España por una decisión básicamente personal de Aznar, quien
hizo un cierre de filas prácticamente irrestricto con Estados
Unidos, con los ejes de su política exterior y sus prioridades
de seguridad nacional, claramente incompatibles con el derecho
internacional en los enfoques más agresivos, todo ello, mantenía
el PSOE, en detrimento de las relaciones tradicionalmente
privilegiadas de España con Francia y Alemania -con las que se
estaba chocando reiteradamente en la UE a propósito de la
reforma institucional y el reparto de las subvenciones agrícolas
y el Fondo de Cohesión-, amén de América Latina y el mundo
árabe.
Zapatero manifestó su desacuerdo con el respaldo de Aznar a la
inmunidad de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional
(CPI) y a la llamada doctrina Bush de autodefensa
preventiva unilateralmente determinada, la cual apuesta por
que la superpotencia ejerza una hegemonía activa en los asuntos
mundiales de ser preciso a través de ataques militares allá
donde se detecte una amenaza inminente para su seguridad
nacional, sin mediar primera agresión y sin distinguir entre los
terroristas y sus amparadores gubernamentales. Del enunciado
maniqueo y simplista del "eje del mal" acuñado por Bush Aznar se
quedó con su expresión práctica de una lucha sin cuartel contra
el terrorismo, percibido por él como un todo altamente
amenazador para Occidente y para España, contra la proliferación
de armas de destrucción masiva y contra las posibles
conchabanzas entre grupos terroristas y estados incontrolados.
El PSOE coincidía en el diagnóstico de que el terrorismo de
organizaciones como Al Qaeda era una amenaza de primer orden,
como habían demostrado el 11-S y los atentados anteriores y
posteriores cometidos en varios países, pero rebatía el análisis
uniformizador del fenómeno y la recomendación de volcarse en el
combate antiterrorista con los medios más adecuados para cada
circunstancia, inclusive las "acciones anticipatorias" de
carácter bélico, sin preguntarse por las causas de su explosión
en los países de origen y sin delimitar adecuadamente los
distintos terrorismos.
En el caso español, el terrorismo vasco de ETA, activo desde
1968 y con más de 800 muertes a sus espaldas, y el de Al Qaeda
(la red de bin Laden, a tenor de las 40 detenciones practicadas
entre 2001 y 2003, había conseguido introducirse en España y
establecido aquí una estructura de ramificaciones insospechadas,
y las pesquisas judiciales estaban revelando que España y
Alemania fueron los países donde se planificaron los atentados
del 11-S) no guardaban relación ni en la ideología, ni en los
objetivos confesos ni tampoco en la forma de operar, aunque se
asemejaban en el resultado mortífero de sus agresiones, en el
desprecio absoluto a la vida de sus víctimas y, naturalmente, en
la pretensión básica de todo adversario terrorista que es causar
terror entre la población civil y doblegar a los gobernantes.
Con todo, hasta ahora Al Qaeda o sus nebulosos grupos satélites
no habían atentado en España, en la que los servicios de
inteligencia occidentales situaban una suerte de base de
operaciones logísticas y de reclutamiento del entramado
islamista radical.
Aznar se abonó punto por punto a la argumentación pretextada por
la administración de George W. Bush para lanzar la
invasión de Irak y derrocar el régimen de Saddam Hussein:
el dictador árabe continuaba burlándose de la comunidad
internacional, escondía armas prohibidas que la ONU le había
ordenado destruir después de su expulsión de Kuwait en 1991 y
además era altamente probable que mantuviera lazos con Al Qaeda,
todo lo cual le convertía en una amenaza intolerable para la paz
y la seguridad.
Su contrincante socialista replicó que había que dar más tiempo
a los inspectores de la ONU que estaban rastreando sobre el
terreno ese supuesto armamento químico y bacteriológico, y que
la opción de la guerra debía considerarse sólo como última
opción, cuando se hubieran agotado todas las vías diplomáticas,
y nunca al margen de la legalidad internacional -la misma que
Aznar invocó en todo momento para justificar la consideración
del recurso a la fuerza- no existiendo por el momento, en su
opinión, un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU
para desencadenar la intervención armada.
En el debate parlamentario de principios de febrero, cuando
ganaba ímpetu la división en el Consejo de Seguridad entre los
partidarios de iniciar las hostilidades ya en la convicción de
que el tiempo se había agotado para Saddam y sacando adelante
una resolución adicional a la controvertida resolución 1.441 de
noviembre si era necesario (Estados Unidos, Reino Unido y
España), y quienes apostaban por continuar con las inspecciones
(Francia, Alemania, Rusia y China), Zapatero y Aznar se
enzarzaron en un acerbo intercambio de reproches: el líder de la
oposición echó en cara al mandatario popular no haberle ofrecido
"consenso, sino adhesión a Bush" en la crisis de Irak y rechazó
la tesis de la "guerra preventiva" porque "no se puede
desencadenar una guerra por sospechas y convicciones"; el
presidente del Gobierno acusó a su vez al socialista de carecer
de "sentido de Estado" y de "irresponsabilidad" por abandonarse
al "oportunismo, el aislacionismo rancio y la ansiedad de
poder".
De una manera inequívoca, la postura de Zapatero y los
socialistas coincidió con el masivo sentir antibelicista de los
españoles, que protagonizaron las manifestaciones más
multitudinarias de las celebradas en las jornadas de protesta
mundial del 15 y el 16 de febrero (tres millones de
manifestantes en todo el país, 900.000 en Barcelona y otros
tantos o unos pocos menos en Madrid); de acuerdo con encuestas
periodísticas, hasta el 90% de la población se oponía a la
guerra en ciernes, un índice que no tenía parangón entre los
vecinos europeos, y no cabía duda de que entre los que así
opinaban había muchos votantes del PP.
Aznar no se amilanó frente a este rechazo social sin precedentes
contra una política gubernamental: copatrocinó los fracasados
intentos del grupo liderado por Estados Unidos en el Consejo de
Seguridad para obtener una resolución autorizando la invasión y
el 16 de marzo integró junto con Bush y Blair el trío de líderes
que lanzó el ultimátum a Irak en Lajes, Azores; para el
principal partido de la oposición española, la cumbre de Azores
fue más bien una especie de ultimátum a la ONU y un desaire
unilateral a la comunidad internacional. Días después de
comenzar la Operación Libertad Irakí, el 20 de marzo,
algunas encuestas de preferencia electoral atribuían al PSOE una
ventaja de seis puntos sobre el PP.
6. Las ambiguas elecciones locales de 2003 y el escándalo de
la Asamblea de Madrid
Sin embargo, Zapatero no capitalizó en votos correlativos el
estruendoso No a la guerra de los españoles. El
enturbiamiento de las protestas con algunos episodios aislados
de violencia dirigida contra sedes y responsables del PP
desagradó o asustó a los electores moderados susceptibles de
cambiar de voto y empujó al elector fielmente popular a cerrar
filas con su partido. A la vez, Aznar, en una estrategia que le
reportó algunos beneficios, acribilló al secretario socialista
con acusaciones de radicalismo y de haberse embarcado junto con
los comunistas de IU (la "alianza Zapatero-Llamazares"), en una
campaña de acoso cuya única pretensión sería socavar al
Ejecutivo; ciertamente, a Zapatero, quien se había construido
una imagen de sobriedad y contención, no le hizo ningún favor
esa identificación con las agitaciones callejeras de signo
izquierdista.
Por lo demás, la brevedad de la operación bélica, el inicio de
la ocupación de Irak con unas razonables perspectivas de
estabilidad después del clímax de violencia y el apaciguamiento
de los ánimos, unidos a la marcha imperturbablemente bonancible
de la economía, volvieron a reequilibrar la balanza ligeramente
a favor del partido en el Gobierno, que también hizo todo lo
posible para minimizar la cuestión de Irak en el repertorio de
sus discursos. Así, las elecciones autonómicas y municipales del
25 de mayo de 2003, planteadas por los socialistas como una
primaria de las generales de 2004, dejaron una sensación
agridulce, tirando a insatisfactoria, en el partido. El PSOE fue
la fuerza más votada en el conjunto del Estado -en los comicios
municipales, que no en los autonómicos- con apenas 100.000 votos
de diferencia sobre el PP (el 34,7% contra el 34,3%, básicamente
el mismo empate técnico registrado en la edición de 1999, cuando
los populares aventajaron en sólo 40.000 papeletas), pero el
partido del Gobierno obtuvo 600 concejales más.
El PSOE recibió más papeletas en 12 de las 52 capitales de
provincia (inclusive Barcelona, Sevilla y Zaragoza, no así
Madrid, Valencia o Málaga, cuyos ayuntamientos iban a seguir
regidos por los populares), y en 4 de las 13 comunidades donde
se renovaron los parlamentos autonómicos, en dos de ellas por
mayoría absoluta (Extremadura y Castilla-La Mancha), a las que
se sumaba Andalucía, que tenía una convocatoria electoral
específica y donde gobernaba Manuel Chaves desde 1990. El
partido de Zapatero perdió el Gobierno de Baleares pero a cambio
iba a recuperar el de la Comunidad de Madrid, la plaza de poder
más emblemática y codiciada en esta consulta, merced al pacto
con IU, que otorgaba una mínima mayoría absoluta en la Asamblea
autonómica frente a la fuerza más votada, el PP. De hecho, la
apurada victoria de la coalición de izquierdas en la Comunidad
de Madrid, la primacía socialista en las municipales sevillanas
y la ganancia de la alcaldía zaragozana por el ex ministro de
González Juan Alberto Belloch Julbe, eran los únicos éxitos
tangibles de que podían alardear los socialistas en unas
elecciones nada negativas para el PP.
El único que no se dejó vencer por la decepción fue Zapatero,
que prefirió destacar el retroceso general del PP -por más que
éste había sido muy inferior al conjeturado al calor de las
protestas contra la guerra o de las anteriores crisis del
Prestige y la huelga general- con respecto a 1999, la
eliminación del fuerte diferencial de voto bipartidista
experimentado en las generales de 2000 y el registro inapelable
de que en los primeros comicios disputados por el PSOE siendo él
secretario general el partido había sido la lista nacional más
votada y recobraba esa condición perdida en 1993.
A partir de este momento, los contratiempos golpearon a
Zapatero. El 10 de junio estalló el escándalo en la Comunidad de
Madrid cuando dos diputados electos del PSOE se ausentaron en la
votación del presidente de la Asamblea, malogrando la mayoría de
la izquierda y permitiendo que la candidata popular,
inopinadamente, se llevara el puesto. Los tránsfugas rompieron
con el partido, se constituyeron como Grupo Mixto y el 28 de
junio su abstención impidió que el socialista Rafael Simancas
Simancas fuera investido presidente del Ejecutivo; toda vez que
la aspirante del PP, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex
ministra del Gobierno nacional y ex presidenta del Senado,
rehusó someterse a su propia investidura en estas condiciones y,
antes bien, propuso celebrar nuevas elecciones cuanto antes, el
presidente saliente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón
Jiménez, hubo de continuar en funciones simultáneamente al
desempeño de su flamante cargo de alcalde de la capital.
Los diputados rebeldes justificaron su actuación por
discrepancias ideológicas (rechazo al pacto PSOE-IU) y aventaron
un supuesto acuerdo incumplido por Zapatero para garantizar a
los Renovadores por la Base, la facción de la Federación
Socialista Madrileña (FSM) en la que estaban ubicados, una
determinada cuota representativa en las listas electorales y los
puestos de función. El secretario general y la dirección
socialista acusaron a los Renovadores por la Base de
"traicionar" al partido con el incentivo del soborno, se
querellaron contra ellos ante la justicia y denunciaron la
existencia de una "conspiración" o "golpe" de naturaleza
político-urbanística para abortar la formación en Madrid de un
gobierno de la izquierda cuyo programa de vivienda iba a
perjudicar a determinados intereses privados, y señalaron como
artífices de esta atribuida trama de cohecho a personalidades
del PP madrileño y a promotores inmobiliarios afiliados al
partido conservador, cuyos contactos con los tránsfugas salieron
a la luz.
El PP rechazó de plano unas imputaciones que, fundamentadas con
pruebas contundentes, dieron realmente que pensar, y calificó la
esperpéntica situación de "problema interno" del PSOE. Sin
embargo, el daño de imagen ya estaba hecho: expulsar a los
diputados en cuestión, denunciarles ante los tribunales y pedir
perdón a los atónitos votantes no les parecieron actuaciones
suficientemente vigorosas a muchos ciudadanos que habrían
apreciado una menor insistencia en denunciar conspiraciones
fraguadas en los cuarteles del PP y un lavado más eficiente de
los trapos sucios de casa.
Zapatero no depuró responsabilidades políticas (rechazó la
oferta de dimisión que le planteó José Blanco, el responsable de
elaborar las listas electorales, como secretario de Organización
de la CEF), que era precisamente lo que él tanto achacaba al PP,
y pospuso la apertura de un proceso interno. Que al PSOE le
resucitara precisamente ahora su turbio pasado de corrupción por
culpa de unos cuadros medios poco o nada escrupulosos "colados"
por los mecanismos de selección de candidatos a puestos de
representación popular fue considerado un desastre por la
abatida militancia de base. En efecto, el escándalo pasó
factura: en las nuevas elecciones del 26 de octubre a la
Asamblea madrileña, el PP obtuvo la mayoría absoluta con nueve
puntos de diferencia sobre el PSOE y Esperanza Aguirre fue
catapultada a la Presidencia de la Comunidad.
7. Escalada de reproches con el PP sobre Irak y la visión
territorial de España
En el verano y el otoño Zapatero contraatacó a Aznar a propósito
de Irak, donde las tropas de ocupación (incluidos los 1.300
efectivos españoles, basados en las provincias de Najaf y
Qadisiyah) y la Autoridad Provisional de la Coalición (APC, la
estructura de administración civil hegemonizada por Estados
Unidos), así como sus planes de restitución de soberanía a unas
instituciones nacionales irakíes, topaban con crecientes
dificultades por la multiplicación de los actos de resistencia
de los antiguos partidarios sunníes de Saddam, transformados en
insurgentes que golpeaban a un número creciente de objetivos, y
los atentados terroristas indiscriminados de naturaleza
islamista.
No en vano, las razones aducidas por Aznar, Bush y Blair para
desencadenar las hostilidades en marzo se estaban derrumbando
ante la opinión pública: las supuestas armas de destrucción
masiva no aparecían por ningún lado, los nexos operativos entre
Saddam y bin Laden se revelaron una patraña y, al revés, era
ahora cuando los secuaces de Al Qaeda actuaban a sus anchas en
el país árabe, el terrorismo internacional no daba ninguna
muestra de remitir sino todo lo contrario, la calidad
democrática seguía brillando por su ausencia en los grandes
estados de la región, y el interminable conflicto
palestino-israelí, una vez convertido en papel mojado el plan de
paz de la Hoja de Ruta, permanecía en el abismo en que
había caído tres años atrás y no tenía visos de salir de él.
A finales de agosto Zapatero endureció su discurso y exigió a
Aznar que "diera la cara" en las Cortes para que explicara las
"falsedades" por las que había "convocado" la guerra contra
Irak, y tachó su silencio tras la muerte de un oficial de la
Armada (primera baja española en Irak) en el atentado contra la
sede de la ONU en Bagdad del día 19 de "acto de pura cobardía
política y personal"; desde el Gobierno se le respondió que lo
que pretendía era "sacar tajada" de la tragedia.
El asesinato el 29 de noviembre en una emboscada al sur de
Bagdad de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI,
el servicio secreto español) impelió al líder socialista a
demandar a Aznar una "rectificación", el reconocimiento de que
se había "equivocado" en Irak apoyando la invasión sin el visto
bueno de la ONU y enviando tropas nacionales sin el acuerdo
previo del Congreso, y la aceptación de un pacto con los
socialistas en política exterior. Ahora, el líder opositor apoyó
la permanencia de los soldados españoles en Irak, pero insistió
en la internacionalización del proceso político allí emprendido
y en la creación de una verdadera fuerza multilateral que se
encargara de la paz y la seguridad, lo que, a su entender,
pasaba por la implicación de la ONU, la Liga Árabe y la
Conferencia Islámica. A la perentoriedad de la completa
legitimación de la ocupación de Irak Zapatero ligó la revisión
de la estrategia contra el terrorismo internacional.
Por su parte, Aznar negó que en Irak hubiera otra cosa que
terrorismo puro y duro perpetrado por nostálgicos de Saddam y
por extremistas religiosos, incidió en lo dicho por la
resolución 1.511 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU
el 16 de octubre -la cual reconoció a la APC como poder temporal
hasta la transferencia de soberanía a un gobierno representativo
irakí además de al Consejo de Gobierno Irakí como el órgano
político de transición, luego eliminó la situación de ilegalidad
de las fuerzas extranjeras en el país, incluidas las españolas-
y ridiculizó el cambio de opinión de Zapatero sobre la presencia
del contingente nacional en el país árabe, que según el Gobierno
estaba desarrollando tareas esencialmente humanitarias. En
diciembre Zapatero pintó un balance muy negativo de la política
exterior de Aznar, al que acusó de subordinarse a Bush, de
pretender establecer una "agenda común" con Londres y Roma para
liderar esa "nueva Europa" de la que venía hablando la
administración republicana de Washington, y de jugar a ser el
"caballo de Troya de Estados Unidos" en la UE, siendo el
resultado de todo ello la "soledad" y el "aislamiento".
El 16 de noviembre se celebraron las elecciones autonómicas en
Cataluña. Tanto CiU, que presentaba como cabeza a su secretario
general, Artur Mas i Gavarró, y el PSC-PSOE, experimentaron un
fuerte retroceso en votos y escaños con respecto a la edición de
1999. En esta pugna particular, el equilibrio de fuerzas se
mantuvo: CiU siguió aventajando en un puñado de escaños al
PSC-PSOE, pero éste volvió a ser, por la mínima, la lista más
votada. En cualquier caso, Maragall se aseguró la jefatura de un
Gobierno mayoritario en alianza con las otras dos fuerzas de la
iquierda parlamentaria, que duplicaron votos y escaños: la
Esquerra Republicana (ERC), partido nacionalista autocalificado
de independentista, aunque sin un manifiesto de secesión del
Estado español, y la coalición no nacionalista Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, siendo
EUiA la rama de IU en la Comunidad). La suma de los cuatro
partidos daba una confortable mayoría absoluta de 74 escaños
sobre 135.
Las negociaciones sobre el pacto del Gobierno tripartito
catalán, que iba a poner fin a los 23 años de presidencia del
convergente Jordi Pujol i Soley, levantaron una fuerte
controversia política cuando se conoció que Maragall y sus
socios estaban de acuerdo con una agenda de lo más ambiciosa: la
reforma del Estatuto de Autonomía, la convocatoria de un
"procedimiento de consulta dentro de la legalidad" para que los
catalanes se pronunciaran al respecto si las Cortes rechazaban
la iniciativa, la transferencia por el Estado de más
competencias de autogobierno, que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña fuera la última instancia judicial en los
asuntos que afectaran a la Comunidad, y el avance hacia un nuevo
modelo de financiación autonómica que permitiera aumentar los
recursos fiscales de Cataluña sin poner en peligro el régimen
estatal, lo que podría requerir la creación de una Agencia
Tributaria propia.
Zapatero respaldó desde Madrid el programa de Maragall porque lo
veía compatible con los principios esenciales del Estado
autonómico y censuró la catilinaria lanzada por el Gobierno
popular, que vio en los planes del tripartito catalán un
"incumplimiento clarísimo de la Constitución" y que se preguntó
sobre si aquellos no pondrían en peligro normas básicas de la
solidaridad y la unicidad del Estado. Al calor de la trifulca,
el PP emplazó al PSOE a que aclarara qué "modelo de España"
auspiciaba. En vísperas de la investidura de Maragall, el 16 de
diciembre, Zapatero exigió al ejecutivo de Aznar que dejara de
"intoxicar, mentir y dividir", y añadió que mientras que el PP
era "el partido de la división, la crispación y el temor", el
PSOE era "el partido de la convivencia, la integración y el
diálogo".
El cruce de acusaciones y la turbamulta política escalaron en
las semanas subsiguientes, cuando la campaña de las generales de
marzo ya asomaba en el horizonte. El 18 de diciembre, dos días
antes de la toma de posesión del Gobierno catalán, el Congreso
de los Diputados aprobó con el único voto positivo de los
populares una reforma del Código Penal para considerar delito
punible con penas de cárcel y de inhabilitación la convocatoria
por autoridades o funcionarios públicos de elecciones o
referendos no autorizados por las Cortes del Estado.
La medida se había elaborado y concebido como advertencia al
Ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo
lehendakari perteneciente al Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV), Juan José Ibarretxe Markuatu, había presentado en
septiembre su plan de Estatuto Político de la Comunidad de
Euskadi en "Régimen de Libre Asociación" con el Estado, el cual
implicaba sendas reformas del Estatuto de Autonomía de Gernika
de 1979 -de hecho lo reemplazaba- y, según opinaban políticos y
juristas, también de la propia Constitución española, si lo que
se pretendía era no violarla. En las presentes circunstancias,
el PP insinuó que los catalanes también podrían verse afectados
por la tipificación penal.
El más conocido como Plan Ibarretxe contemplaba un marco
de negociación con el Gobierno central en la segunda mitad de
2004 y la posibilidad de que el Gobierno de Vitoria, de manera
unilateral, lanzara un proceso de ratificación de la propuesta
por la ciudadanía vasca en referéndum, aunque sólo "en ausencia
total de violencia" (léase terrorismo etarra), antes de
reemprender el proceso de negociación con el Estado para que
éste incorporara "la voluntad democrática de la sociedad vasca
al ordenamiento jurídico". Por lo demás, el plan definía a
Euskadi como una nación repartida en dos estados (España y
Francia), reclamaba la elevación del techo competencial, hasta
alcanzar la completa autogestión en los ámbitos fiscal,
financiero, laboral, sanitario y de protección social, reconocía
la nacionalidad vasca en paralelo a la española y subrayaba la
importancia de un poder judicial autónomo vasco. La definición
de competencias exclusivas del País Vasco era tan amplia que
algunos expertos atisbaron una intención confederal; los
detractores más furibundos del plan hablaron de aventura
secesionista apenas disfrazada.
Aprobado por el Gobierno Vasco y remitido al Parlamento para su
debate el 25 de octubre, el Plan Ibarretxe fue rechazado de
plano por los socialistas vascos y por la CEF del PSOE en
Madrid. En este punto, Zapatero coincidía con Aznar en la
opinión de que el proyecto del nuevo estatuto vasco se impulsaba
sin una lógica de integración y consenso, había sido elaborado a
título particular por los partidos que componían el Ejecutivo de
Vitoria, planteaba un escenario rupturista que no tenía cabida
en la Carta Magna y tenía todo el aspecto de estar únicamente
dirigido a la comunidad nacionalista, pasando por alto que
aproximadamente la mitad de los vascos no se consideraba tal (en
los últimos comicios autonómicos, en mayo de 2001, el voto
estatalista había supuesto el 46%, si bien el 5%
correspondía a IU del País Vasco, socio de gobierno del PNV y
favorable a la iniciativa del lehendakari).
Además, a Zapatero y Aznar les resultaba de todo punto
inaceptable que Ibarretxe diera prelación a la mudanza del marco
político-jurídico sobre la urgencia de acabar con la violencia
de ETA y elementos del entorno abertzale, con sus
expresiones delictivas de asesinatos (el último, el de un
Policía Nacional, en mayo, siendo éste uno de tres únicos
crímenes cometidos este año por la banda, muy zarandeada por los
golpes policiales), sabotajes, extorsiones y amenazas que
conculcaban derechos elementales de miles de vascos; más aún,
consideraban que el PNV liderado por Xavier Arzalluz Antia
asumía tesis de ETA y de la ilegalizada Batasuna.
Este enfoque interpretaba que los partidos nacionalistas
democráticos estaban dispuestos a aceptar un "precio político
por la paz", según la expresión acuñada por las formaciones
estatalistas (o autonomistas, por su defensa del actual
Estatuto) para referirse al muy polémico Pacto de Estella o
Pacto de Lizarra-Garazi, firmado por el conjunto de las fuerzas
nacionalistas vascas en septiembre de 1998 y que seguía vigente,
el cual llamaba a resolver el conflicto vasco por la vía de la
negociación política sobre la base del principio de
autodeterminación, y preludió una tregua unilateral de ETA de 14
meses de duración.
Sin embargo, Zapatero, que, en apariencia, un tanto a rebufo de
lo que decía y hacía Maragall, acababa de relanzar su propuesta
de abrir un debate sobre el desarrollo de la España de las
autonomías, inclusive la eventual reforma de los estatutos de
algunas comunidades "en el marco de la Constitución y con el
respaldo de un alto grado de consenso democrático", primero
rechazó hacer un "frente común" con el PP para frustrar un plan
que de todas maneras consideraba inviable, y ahora también se
opuso al "despropósito" de amenazar con la cárcel a los
responsables autonómicos que convocaran referendos contrarios a
la ley. El Gobierno Aznar denunció el Plan Ibarretxe ante el
Tribunal Constitucional el 13 de noviembre y arremetió contra el
PSOE porque le pareciera mal el proyecto del tripartito vasco
pero no el del tripartito catalán, que para el PP presentaba
muchas similitudes con el primero.
8. Vísperas de las generales de 2004: el caso Carod en
Cataluña y las propuestas de cambio al electorado
La precampaña y la campaña para las elecciones del 14 de marzo,
por tanto, iba a tener el modelo territorial de España como uno
de sus ejes fundamentales. Zapatero, con el eslogan de
Merecemos una España mejor y la sigla identificativa de
ZP (Zapatero Presidente), iba a hacer hincapié en el
diálogo Estado-autonomías, en el consenso social, en el cambio
de actitudes de los responsables gubernamentales, en las
políticas incluyentes dirigidas a los ciudadanos y en un modelo
de "España cohesionada a partir de su diversidad", el cual no
podía venir ni del "centralismo inmovilista de unos" ni de las
"aventuras independentistas de otros", sino del "desarrollo leal
del Estado de las Autonomías", todo ello regado con constantes
advertencias sobre el "retroceso democrático", la "crispación" y
la "agresión verbal" del PP.
En su programa, el PSOE acusaba al PP de "querer apropiarse de
la idea de España" y de "no tener reparos en utilizar el
terrorismo y la unidad de España para obtener rentabilidad
electoral, aun a costa de originar tensiones en torno al modelo
de Estado que no se conocían desde la Constitución". De entrada,
el PSOE lanzaría una reforma constitucional del Senado con el
objeto de convertirla en una verdadera cámara de representación
territorial.
Su contrincante en el envite por el despacho en Moncloa, el ex
vicepresidente del Gobierno, secretario general del PP y
delfín designado por Aznar en la jefatura del partido,
Mariano Rajoy (dirigente popular con un estilo más dialogante y
comedido que el mandatario saliente, aunque también menos
identificado con las dotes del liderazgo personalista fuerte que
entusiasmaban a la militancia), confiaba en poder desarrollar
una campaña cómoda, no particularmente militante o estridente,
quitando validez a las propuestas socialistas, apostando por la
continuidad y enfatizando las realizaciones tangibles por los
ciudadanos en los ocho años de aznarismo, sobre todo en los
terrenos de la economía, las finanzas públicas, el empleo y la
lucha contra ETA.
Ahora bien, el constante protagonismo de Aznar en la campaña del
oficialismo, afirmando que el PSOE había "dejado de ser un
partido nacional" y que sus medidas "romperían el esqueleto del
Estado", e incluso ninguneando al que debía ser su estrella,
mediatizaron la liza Zapatero-Rajoy con nuevas dosis de
aspereza. Todos los sondeos propios y la gran mayoría de los
ajenos daban por segura la victoria del PP, pero las encuestas
diferían sobre si habría reválida de la mayoría absoluta, aunque
por escaso margen, o retroceso a la mayoría simple. Zapatero, de
nuevo, apareció como el socialista más seguro de que al partido
le iban a ir las cosas mucho mejor de lo que pronosticaban los
sondeos, ninguno de los cuales hablaban de otra cosa más que de
derrota del PSOE.
Los avisos del PP y de Aznar en particular de que, con
compañeros de viaje como ERC en Cataluña y con el respaldo a la
reforma estatutaria de Maragall, el PSOE y Zapatero entrañaban
poco menos que un peligro para la unidad de España, encontraron
una munición muy oportuna en la sospechosa peripecia
protagonizada por el secretario general de ERC y flamante
conseller en cap o número dos de la Generalitat, Josep Lluís
Carod-Rovira, que, tal como reveló el diario ABC el 26 de
enero, había sostenido a comienzos de año una reunión con dos
máximos dirigentes de ETA en la ciudad francesa de Perpignan.
Concurría la circunstancia de que Carod era esos días presidente
de la Generalitat en funciones debido a un viaje del titular,
Maragall.
El revuelo generado fue mayúsculo y colocó a Zapatero en una
situación comprometida. Carod reconoció haber celebrado la
entrevista como una iniciativa particular, pero negó haber
intentado concertar una tregua de ETA en Cataluña, alcanzado
pacto alguno y hablado con los terroristas en nombre de ningún
gobierno; con todo, reconoció su "error", pidió "disculpas" al
Gobierno catalán por los perjuicios ocasionados y ofreció la
renuncia a Maragall. El PP intervino al punto considerando
delictiva la reunión y exigiendo al PSC-PSOE la inmediata
abrogación de todos los acuerdos con ERC. Maragall, cogido por
sorpresa como todo el mundo, calificó de "gravísimo error" la
iniciativa de Carod y de momento le sancionó con la retirada de
sus competencias en política exterior.
Zapatero, sobre quien recayeron todas las miradas de la
estupefacta opinión pública y que recibía presiones para que
impusiera su autoridad por parte de los barones
socialistas de las comunidades del sur que siempre habían
expresado sus reservas o su abierto desdén al programa
catalanista del PSC-PSOE (con el manchego José Bono, tildado a
veces de "jacobino" en Cataluña, a la cabeza), se sumó a la
censura de lo que llamó "deslealtad intolerable" e instó a
Maragall a que aceptara la dimisión presentada por el conseller
en cap. Pero los socialistas catalanes eran refractarios al
cese, y durante unas horas la cruda discrepancia entre Zapatero
y Maragall sobre cómo afrontar la crisis pareció que pudiese
derivar en una ruptura entre el PSOE y el PSC.
Al día siguiente se llegó a una solución que a muchos, no pocos
socialistas entre ellos, les pareció un cierre en falso de la
crisis y un órdago de Maragall a Zapatero que éste estaba
obligado a aceptar tanto si le gustaba como si no: Carod, que
según Maragall acudió a hablar con ETA "de buena fe", era
apartado como conseller en cap, pero permanecía en el gabinete
como consejero sin cartera. Se trataba, ahora bien, de una
presencia temporal, hasta que, tal como ordenaba la ley (el
plazo expiraba en unas tres semanas), terminara en toda función
ejecutiva para registrarse como candidato a diputado del
Congreso; de todas maneras, el interesado no descartó regresar
al Gobierno de Barcelona en un futuro. El pacto del tripartito
se mantenía intacto y, desde luego, Carod, arropado por los
suyos, que consideraban intolerables los intentos del PP de
Madrid de "criminalizar" al partido, continuaba en la Secretaría
General de ERC.
Desde Madrid, Zapatero calificó de "impecable" la solución
tomada por Maragall y se apresuró a trasladar la polémica al
derrotero del origen de la filtración periodística desde medios
de la lucha antiterrorista, en la cual el PSOE entrevió una
operación para reportar réditos políticos al Gobierno del PP.
Confidencialmente, medios socialistas no tuvieron ambages en
calificar lo sucedido de "desastre" para los intereses del
partido, ya que la principal fuerza de la oposición que se
presentaba como alternativa nacional de gobierno no podía
permitir que la ciudadanía percibiera el mínimo indicio de
condescendencia o vacilación en cualquier asunto que involucrase
a ETA.
El 18 de febrero las aguas del caso Carod ya se habían
remansado y Zapatero estaba volcado en las labores
preelectorales cuando la banda terrorista irrumpió en la campaña
con un comunicado difundido por la televisión pública vasca en
el que anunciaba el final de los atentados exclusivamente en
Cataluña con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La
primera tregua de ETA con distingos territoriales fue
inmediatamente ligada a la extraña entrevista de Carod, que no
había despejado de dudas lo hablado en Perpignan y que ahora se
defendió asegurando que la tregua era una "trampa política", y
reeditó las escenas de enero: Zapatero exigió al PSC-PSOE
"consecuencias políticas de alcance", afectando bien al Gobierno
catalán, bien a ERC, pero Maragall no estaba dispuesto a romper
el tripartito. El jefe de la Generalitat ciñó las medidas a
Carod, que definitivamente no volvería al Gobierno y que dejaba
de ser el "interlocutor principal" de ERC con él; este rol lo
pasaba a desempeñar el nuevo conseller en cap, Josep Bargalló
Valls.
El líder del PSC-PSOE dio por cerrada la crisis. Zapatero validó
el desenlace y lamentó que "por primera vez en la historia de la
democracia, un comunicado de ETA se haya intentado utilizar
electoralmente", refiriéndose a las afirmaciones hechas por el
Gobierno central de que la continuidad de los acuerdos PSC-ERC
constituía una ruptura del Pacto Antiterrorista PP-PSOE. Los
medios de comunicación hablaron de un intento de ETA de
condicionar la campaña electoral e incluso de un perjuicio
deliberado de las expectativas electorales del PSOE, pero
discreparon sobre si el error achacado a Carod de manera
prácticamente unánime descansaba en una actitud ingenua o en una
fría insolidaridad con los ciudadanos que no vivían en Cataluña.
De todas maneras, estaba por ver si el rocambolesco episodio de
Carod iba a restar votos al PSOE fuera de la Comunidad; dentro,
todo apuntaba al efecto contrario, por reacción a unas durísimas
censuras del PP nacional que allí se percibían como torpedos
contra la línea de flotación del tripartito de izquierda.
Aunque envueltos en el intercambio general de denuestos entre
sus respectivos partidos (el candidato del PSOE no anduvo a la
zaga en el envío de artillería verbal y retó al popular a
debatir "principios y convicciones" como "no matar" o "no
mentir"), a lo largo de la campaña Zapatero y Rajoy desgranaron
unos programas articulados y prolijos. El aspirante socialista
ofreció un modelo de crecimiento duradero y sostenible que, dado
que el PP legaba una coyuntura de tasas anuales superiores al 2%
del PIB -un ritmo superior al promedio de la UE e incluso de la
OCDE- y el dato positivo no facilitaba la promesa de un ritmo
más potente, incidía en la calidad del mismo, la cual se ligaba
al aumento de la productividad, la inversión pública en el
desarrollo tecnológico y la innovación, la sociedad de la
información, el fomento del ahorro y la ganancia de
competitividad en los mercados externos. El mensaje era que el
modelo de crecimiento del PP "estaba agotado" porque se basaba
en la expansión de la demanda interna, el consumo de las
familias (aprovechando los bajísimos tipos de interés de acuerdo
con la política monetaria del Banco Central Europeo, luego
endeudándose) y el tirón productivo del sector de la
construcción.
Una reforma fiscal eliminaría el carácter "injusto, ineficiente
y obsoleto" del actual sistema mediante la simplificación de los
tramos del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
la elevación de los mínimos exentos de tributación en las
declaraciones de renta y patrimonio, el recorte del Impuesto de
Sociedades, la exoneración del impuesto de Sucesiones y
Patrimonio para las rentas medias y bajas (reforma que debería
consensuarse con las comunidades autónomas), y rebajas en
algunos tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Para
compensar la menor recaudación por estos conceptos, se elevarían
las tasas del tabaco y el alcohol y se mejoraría la lucha contra
el fraude. Globalmente, la presión fiscal no debería aumentar,
que era lo que el PSOE venía achacando al PP con el argumento,
rechazado desde el Gobierno, de que las bajadas en la fiscalidad
directa habían sido anuladas por las subidas en la fiscalidad
indirecta.
Por lo demás, el equipo económico de Zapatero anunciaba una
mayor "libertad económica" para no reproducir las pautas del
"intervencionismo inédito" vislumbrado en una de las grandes
reformas estructurales llevadas a cabo por el PP, la
privatización de los antiguos monopolios del Estado (cuyos
puestos directivos habían sido adjudicados a licitadores
próximos al partido gobernante), y se comprometía a preservar el
equilibrio presupuestario y la salud de las cuentas del Estado.
Se trataba éste de otro logro, histórico, del Gobierno popular,
que en 2003 consiguió el primer superávit en las finanzas de las
administraciones públicas, del 0,3% del PIB, gracias al sobrante
del 1% en la caja de la Seguridad Social, a la vez que la deuda
pública descendía hasta el 43% del PIB, unas tendencias que
afianzaban el cómodo cumplimiento por España de dos de los
requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que se
someten los países de la zona euro. En añadidura, Zapatero
prometió subir el salario mínimo interprofesional y las
pensiones mínimas y las no contributivas, de viudedad y de
jubilación
Habría un "plan de choque" para la vivienda que facilitara el
acceso de los ciudadanos a la vivienda digna y asequible, y
refrenara la burbuja inmobiliaria -ésta entendida como la
sobrevaloración desorbitada de los pisos en el mercado en
peligrosa relación con el mayor endeudamiento de los titulares
de hipotecas por la escasa capacidad de ahorro y el abismal
desajuste de los ritmos de crecimiento de los precios y los
salarios- a través de la lucha contra la especulación, la
promoción de la vivienda de protección oficial y el alquiler, y
el refuerzo del control público del suelo urbanizable. El
programa socialista hablaba expresamente de "asegurar" la
entrada en el mercado de 180.000 viviendas al año "a un precio
razonable".
Otros puntos destacados del programa socialista en política
doméstica eran: la reforma del mercado de trabajo, con el objeto
de reducir el número de contratos temporales y mejorar la
calidad del empleo generado en España, uno de los más precarios
y peor remunerados de la UE; otra reforma de la justicia, para
agilizar este servicio a los ciudadanos; el desmantelamiento
progresivo de las centrales nucleares hasta 2024, la atención a
la sostenibilidad medioambiental y la revisión total del Plan
Hidrológico Nacional (PHN), que eran tres metas básicas de los
ecologistas; la congelación o retirada de elementos legales de
la llamada "contrarreforma" educativa del PP; el aumento de los
efectivos policiales para luchar contra el terrorismo y la
delincuencia, y el mando unificado de la Guardia Civil y la
Policía Nacional; una ley sobre la violencia de género (malos
tratos a las mujeres), la regulación jurídica de las parejas de
hecho y del matrimonio civil entre personas del mismo sexo sin
discriminación de derechos; y, medidas para garantizar la
imparcialidad y el pluralismo en la radiotelevisión pública.
En cuanto a las relaciones exteriores, Zapatero anunciaba
mudanzas completas, resumidas en el retorno a la política de
alianzas de la etapa felipista pero adecuándola al nuevo
escenario de las amenazas globales. El candidato abogaba por un
modelo de "seguridad democrática global" apoyado en los
mecanismos de acción multilateral, la diplomacia preventiva y el
derecho de la ONU (víctima, según consta en el programa, de
intentos de convertirla en un "instrumento legitimador de
políticas de agresión y dominación") frente al concepto
neoconservador de la guerra preventiva unilateral y la tendencia
a la "privatización del orden internacional", acompañado de
medidas para reducir "la pobreza, el hambre y la desesperación",
y para hacer cumplir los Derechos Humanos, dado que el
terrorismo "no es el problema exclusivo de la humanidad".
En el ámbito de la UE, Zapatero incidía en la recuperación de la
visión comunitarista de la construcción europea y en la
potenciación del proyecto político de manera que en sus aspectos
exteriores y de seguridad fuera autónomo de Estados Unidos. Una
promesa particular caló hondo en la opinión pública: que si para
el 30 de junio, fecha decidida por Washington para poner fin
formal al régimen de ocupación y entregar la soberanía a una
institución nacional irakí, la ONU no asumía el liderazgo del
proceso político y la seguridad militar, el contingente español
sería repatriado. El político seguía insistiendo en el carácter
"ilegal e injusto" de una guerra "basada en la manipulación y la
falsedad", y rechazaba que allí hubiera de librarse una batalla
fundamental en la lucha global contra el terrorismo.
Fuera de los contenidos programáticos, Zapatero aseguró también
que no formaría gobierno a menos que fuera el partido más
votado, con lo que eliminaba la posibilidad de un frente de
izquierda para desalojar a un PP que conservase la primacía
simple en escaños y apelaba al voto útil en favor del
PSOE. IU, secundada por ERC, lamentó que Zapatero se empeñase en
"cerrar las puertas a una alternativa plural" de la izquierda.
La coalición permanente que coordinaba Gaspar Llamazares Trigo
también objetó con vehemencia los postulados de política
económica del PSOE, considerados continuistas de la gestión
popular.
9. Del 11-M al 14-M: victoria contra pronóstico frente a M.
Rajoy bajo el impacto de los atentados islamistas de Madrid
En el tramo final de la campaña, los sondeos periodísticos
aventuraban una victoria del PP con más de cinco puntos de
ventaja, si bien la eventualidad de la mayoría absoluta del
partido de Rajoy y Aznar estaba desdibujándose al detectarse una
ligera progresión socialista en las últimas semanas.
Confidencialmente, Zapatero transmitía su convencimiento de que
el PSOE podía ganar por mayoría simple el 14 de marzo, por más
que todos los análisis divulgados colocaban ese optimismo en la
categoría de presunción sin fundamento.
Sin embargo, el jueves 11 de marzo, tres días antes de la cita
con las urnas, el país se despertó con una terrible noticia
llamada a dejar una huella indeleble en la memoria colectiva y,
de manera fulminante, a imprimir un giro de 180 grados al
panorama electoral: la muerte de 191 pasajeros y heridas de
diversa consideración a 1.460 personas más en el estallido, con
escasos minutos de diferencia entre sí -entre las 7,26 y las
7,29 horas de la mañana- y en las estaciones de Atocha, El Pozo
del Tío Raimundo y Santa Eugenia, al sur y el este de Madrid, de
una decena de bombas camufladas en cuatro trenes de cercanías
que realizaban trayectos desde las ciudades de Guadalajara y
Alcalá de Henares hasta destinos en el norte de la capital. En
realidad, fueron 13 las mochilas-bomba rellenas de dinamita
colocadas por el comando terrorista, pero tres no llegaron a
estallar. Además, entre las víctimas figuró un número
significativo de súbditos de una decena de nacionalidades, entre
ellos rumanos, marroquíes y ecuatorianos.
La catástrofe terrorista, la mayor sufrida en España y el
conjunto de Europa en toda su historia (excepción hecha del
atentado libio contra el avión de línea estadounidense que cayó
en Lockerbie, Escocia, en 1988), produjo una conmoción
indescriptible entre los españoles y generó una ola
internacional de condolencias y apoyos hacia el país europeo
como no se recordaba. Mientras los servicios de urgencia no
daban abasto en la recuperación de los cadáveres de entre los
amasijos de metal en que se habían convertido los vagones y en
el auxilio a los centenares de heridos, y el sur de Madrid
ofrecía imágenes propias de una zona de guerra, los partidos
políticos suspendían los actos de campaña y el nombre de ETA se
puso en el pensamiento y en la boca de casi todo el mundo como
la responsable de la masacre.
En su primera comparecencia, el ministro del Interior, Ángel
Acebes Paniagua, atribuyó la autoría a ETA "sin ninguna duda"
sobre la base de peritajes preliminares de los restos del
explosivo empleado, al parecer dinamita de la marca francesa
Titadyne, y de los mecanismos de ignición, que correspondían a
los habitualmente empleados por la banda vasca. Acebes recalcó
que arrojar dudas sobre esta certeza básica del Gobierno era una
actitud moral "miserable" y que las especulaciones al respecto
eran "intoxicaciones". Zapatero advirtió a la banda que
"cualquier gobierno" le daría "la misma respuesta" y la
perseguiría "hasta que responda de sus atroces delitos", a la
vez que elevaba un llamamiento a mantener la unidad de todas las
fuerzas democráticas frente al terrorismo. El mismo lehendakari
Ibarretxe dio por sentada esta autoría en su declaración
institucional de condena. El presidente Aznar, aunque sin citar
expresamente a ETA, aseguró a primera hora de la tarde que los
terroristas nunca lograrían sus propósitos y que todo el peso de
la ley caería sobre ellos.
La generalizada convicción, o media convicción, en medios
políticos y sociales de la factura etarra de los atentados en
las primeras horas desde su comisión se nutría de dos
inquietantes antecedentes de la banda: la interceptación en
Cuenca días atrás de una furgoneta cargada de dinamita y cuyos
conductores dirigían presuntamente a algún punto de Madrid, y el
intento de atentado desbaratado en la estación de Chamartín en
las pasadas Navidades; también, de ciertos indicios aventados
por medios policiales europeos que apuntaban a un salto
cualitativo en los ataques de la banda, la cual, diezmada por
los sucesivos golpes policiales y posiblemente desesperada,
buscaría arrancar negociaciones con el Estado español mediante
grandes atentados indiscriminados en lugares públicos (de hecho,
ya había intentado volar edificios enteros), de enorme impacto
mediático y emocional, aun a riesgo de enajenarse el respaldo
social, muy disminuido, que le quedaba en el País Vasco.
Muchos espantados ciudadanos pensaban que ETA, organización
terrorista que había alcanzado cotas extraordinarias de
abyección, era perfectamente capaz de dejar atrás sus últimos
escrúpulos morales y cometer una atrocidad de este tamaño. Pero
causaba estupefacción la envergadura operativa de una operación
que, sin duda, debía haber involucrado a un número significativo
de activistas no controlados por las fuerzas de seguridad, lo
que no encajaba en absoluto con la realidad mensual de arrestos
y desarticulaciones, facilitados por la bisoñez de los jóvenes
terroristas reclutados. El Gobierno Aznar había asegurado
reiteradamente en los últimos tiempos que ETA se encontraba en
el momento de mayor debilidad de su historia. Sin embargo, fue
en esta misma jornada dramática cuando la hipótesis etarra
empezó a perder vigor en favor de la conexión islamista a fuer
de una serie de pistas informativas y de pruebas materiales que
se acumularon con rapidez.
Por de pronto, Arnaldo Otegui Mondragón, portavoz de Batasuna,
condenó sin paliativos los atentados (un posicionamiento
insólito en la izquierda abertzale) y declaró no contemplar "ni
como hipótesis" que ETA estuviese detrás de los mismos porque la
banda a lo largo de su historia "siempre" había avisado de la
colocación de explosivos en llamadas telefónicas y porque la
masacre se había cebado en "trabajadores y población civil"; más
bien le parecía cosa de la "resistencia árabe". Estos
comentarios son a los que luego se refirió Acebes en sus
descalificaciones en la comparecencia. Ahora bien, el mentís de
Otegui fue acogido con desdén tanto en el PP como en el PSOE,
conociendo los antecedentes de la banda y el elevado número de
civiles (de hecho, casi tantos como uniformados) cuyas vidas
había segado sin el menor miramiento; más aún, sangrientos
atentados realizados en las dos últimas décadas del siglo pasado
contra lugares de esparcimiento y casas cuartel de la Guardia
Civil buscaron expresamente matar a paisanos que hacían sus
compras y a los familiares de los agentes acuartelados.
Por la tarde-noche, el ministro Acebes anunció el hallazgo en
Alcalá de Henares de una furgoneta con siete detonadores y una
casete con recitaciones coránicas (como se supo horas más tarde,
el vehículo resulto ser el empleado por los terroristas para
trasladar su mortífera carga y en su interior se hallaron
también restos de explosivo), tras lo cual había ordenado a la
Policía "no descartar ninguna línea de investigación", si bien
la pista etarra seguía prevaleciendo para el Gobierno. Ya de
noche se conoció un comunicado enviado al periódico londinense
en lengua árabe Al Quds Al Arabi por las denominadas
Brigadas de Abu Hafs Al Masri, las cuales, en nombre de Al Qaeda,
reivindicaban la "Operación Trenes de la Muerte", se felicitaban
por haber conseguido golpear "a uno de los pilares de los
Cruzados y sus aliados", y calificaban los ataques de "parte de
un viejo ajuste de cuentas con el Cruzado España, aliado de
América en su guerra contra el Islam".
Entendidos en el tema consultados por los medios de comunicación
restaron credibilidad a la misiva, por más que estas Brigadas de
Abu Hafs Al Masri (el nom de guerre corresponde a uno de
los lugartenientes de bin Laden, el egipcio Muhammad Atef,
considerado el cerebro de la estructura militar de Al Qaeda
cuando fue abatido por las tropas estadounidenses en Afganistán
en noviembre de 2001) ya se habían atribuido atentados de
indudable impronta islamista en Turquía y en el Irak ocupado.
Por otro lado, no podía olvidarse que en octubre pasado el
propio bin Laden había amenazado expresamente a España, entre
otros países, por su respaldo a Estados Unidos en Irak en una
grabación sonora enviada a la televisión qatarí Al Jazeera.
En respuesta al urgente requerimiento de la representación
española y a pesar de las reluctancias de países como Rusia y
Alemania, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por
unanimidad el jueves mismo una resolución, la 1.530, condenando
en los términos más enérgicos los atentados de Madrid
"perpetrados por el grupo terrorista ETA". Se trataba de una
resolución sin precedentes: nunca antes el supremo órgano de la
ONU había condenado el terrorismo vasco, y además citaba
expresamente a la banda, amén de emplear el término
terrorista. Cuando los atentados de 2001 en Estados Unidos,
el Consejo había emitido la condena al día siguiente y además
sin citar a Al Qaeda ni a organización alguna.
A primera vista, se trataba de un éxito diplomático sensacional
del Gobierno de España, que lograba así el pronunciamiento
solidario de la comunidad internacional y borraba las últimas
actitudes de tibieza o comprensión hacia el "separatismo" vasco
encarnado por ETA, pintada con resabio legitimador en algunos
medios de comunicación occidentales como una organización
guerrillera. En estas mismas horas y en las siguientes, Aznar y
su ministra de Exteriores, Ana de Palacio Vallelersundi,
telefonearon a directores de periódicos nacionales y a
embajadores de España en el extranjero para asegurarles que los
atentados habían sido de ETA y que ésa era la línea informativa
que había que divulgar.
Al día siguiente, viernes 12 de marzo, al dolor y la desolación
de la población se les agregó la inquietud y las primeras
muestras de malestar por la aparente opacidad informativa del
Gobierno, que seguía sin ofrecer datos incontrovertibles sobre
los responsables de los atentados. Que ETA de momento guardara
silencio no significaba nada, ya que la banda tenía por
costumbre reivindicar sus acciones al cabo de semanas o de
meses. Además, entraba dentro de lo posible que no se atreviera
a reivindicar la de ahora ante el oprobio universal suscitado, y
menos ante su base social en el País Vasco, donde reacciones
como la de Otegui indicaban que este atentado era indigerible.
Otra elucubración era que ETA jugaba a la confusión e intentaba
desviar la atención sobre su autoría dejando pistas falsas que
apuntasen a los islamistas, en cuyo caso no se entendía el
propósito de un macroatentado a cuyo mensaje político y
propagandístico renunciaban, pues lo primero que venía a la
mente es que ETA había intentado reventar las elecciones.
Zapatero y líderes de otros partidos de la oposición empezaron a
decir sin tapujos que el Gobierno estaba ocultando o reteniendo
información transmitida por el CNI y los expertos policiales en
la lucha antiterrorista. El candidato socialista afirmó además
que la "respuesta política" debía ser "diferente dependiendo de
la autoría de los atentados".
Con esta valoración, Zapatero se refería implícitamente a dos
escenarios alternativos: si había sido ETA, entonces el Gobierno
del PP podía contar con una rotunda victoria electoral el
domingo porque la lucha contra el desafío terrorista vasco era
uno de sus puntos fuertes y porque cabía esperar un efecto de
cierre de filas de la población con el Ejecutivo en estos
momentos de crisis de seguridad provocada por un enemigo
interno; si, en cambio, habían sido radicales islámicos, lo
más seguro que venidos de fuera, el trasfondo político cambiaba
completamente, ya que las cábalas sobre el nexo con la
controvertida participación española en la guerra de Irak y el
evidente resultado multiplicador del terrorismo internacional de
esta malhadada acción bélica podrían arrojar la conclusión de
que ahora, España no tenía uno, sino dos enemigos terroristas
por culpa de la política exterior de Aznar, luego el voto podría
orientarse hacia el PSOE.
 A
efectos internacionales, las implicaciones eran también muy
diferentes, ya que la autoría etarra no justificaría en modo
alguno la inmediata puesta en marcha de operativos especiales de
seguridad y vigilancia en otros países susceptibles de sufrir
ataques de Al Qaeda. De hecho, numerosas cabeceras de la prensa
internacional, fuentes de Interpol y Europol, y especialistas
foráneos en la lucha antiterrorista detectaron el estilo de Al
Qaeda en la voladura de los trenes. Aznar, visiblemente
irritado, insistió en otra comparecencia televisada en la
probable autoría de ETA pero se negó a aclarar si la línea de
investigación del terrorismo islamista era ahora la prioritaria.
(Rodrígues Zapatero junto a Hugo Chávez de
Venezuela, en la foto de la derecha)
Por su parte, Acebes desveló que la dinamita usada había
resultado ser del tipo Goma 2, de fabricación española al igual
que los detonadores, y admitió que ambas características eran
coincidentes en el material hallado en la furgoneta y en una de
las bombas desactivadas por los artificieros que no había
llegado a estallar. ETA hacía años que no empleaba este tipo de
material en sus atentados.
Por la tarde, en respuesta a la convocatoria de la Presidencia
del Gobierno, 11 millones largos de españoles, es decir, más de
la cuarta parte de la población total, salieron a manifestarse
en todas las ciudades del país con el lema de la repulsa al
terrorismo y la defensa de la Constitución, gigantesca
movilización popular que empequeñeció a las protestas contra la
guerra de febrero de 2003 y donde la tristeza contenida y una
serenidad impresionante no fueron óbices para que afloraran
algunos gritos demandando conocer "quién" había sido, y "por
qué". La manifestación de Madrid congregó a más de dos millones
de personas y estuvo encabezada por Aznar, Zapatero, el príncipe
de Asturias Felipe de Borbón, otros líderes partidistas y varios
estadistas europeos. Una hora antes de iniciarse las
manifestaciones, ETA, con una rapidez inusitada, comunicó a dos
medios de comunicación vascos que no tenía "ninguna
responsabilidad" en la matanza de Madrid.
El sábado 13, día de reflexión previo a las elecciones, la
tensión política y social aumentó. El PSOE y el resto de la
oposición redoblaron sus críticas al Gobierno, que se defendió
asegurando que la ciudadanía estaba siendo puntualmente
informada y que las imputaciones de encubrimiento con propósitos
electoralistas eran absurdas. Por la tarde, unas cuantas miles
de indignadas personas, presumiblemente simpatizantes de las
formaciones de izquierda, se concentraron ante las sedes del PP
en Madrid, Barcelona y otras ciudades exigiendo saber "la
verdad" y dirigiendo improperios al Gobierno y a los medios de
comunicación afines. El PSOE, aunque no por boca de Zapatero,
aseguró saber de motu propio que el Gobierno estaba diciendo
cosas "no ajustadas a la verdad" y le acusó de "ocultar datos"
en función de su "juego político". Rajoy, que el día anterior
había dicho que "todos los terrorismos son iguales y execrables"
y que hoy declaraba a un periódico que tenía la "convicción
moral" de la autoría de ETA, denunció las concentraciones ante
las sedes de su partido como "ilegales e ilegítimas".
El Ministerio del Interior dio por la tarde una noticia muy
importante: la detención de tres marroquíes y dos indios
presuntamente miembros del entramado que habría cometido los
atentados. Uno de los magrebíes, Jamal Zougam, fue relacionado
por la Policía con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y con
la más difusa organización Salafiya Jihadiya (Jihad Auténtica);
adscrita al ultrarrigorismo wahhabí exportado por Arabia Saudí y
a la corriente fundamentalista salafista, directamente
emparentada con la anterior, la Salafiya Jihadiya venía operando
como una sucursal multinacional de Al Qaeda en el país
norteafricano y su capacidad terrorista había quedado
trágicamente demostrada el 16 de mayo de 2003 con el quíntuple
atentado cometido por 14 suicidas cargados de explosivos contra
intereses españoles en Casablanca, con el resultado de 45
muertos, tres de ellos de nacionalidad española. A Zougam
también se le descubrieron vínculos con Imad Eddin Barakat
Yarkas, alias Abu Dahdah, el jefe de la célula de Al
Qaeda en España, en prisión desde noviembre de 2001 y procesado
por la justicia española en septiembre de 2003 por su presunta
implicación en la preparación de los atentados de Estados
Unidos.
Acebes compareció avanzada la noche para informar del hallazgo
de una cinta de vídeo recogida cerca de la Mezquita de Madrid
siguiendo las instrucciones de un comunicante anónimo a la
televisión autonómica en la que un hombre presentado a sí mismo
como el "portavoz militar de Al Qaeda en Europa" asumía la
responsabilidad de los atentados, justo dos años y medio después
de los ataques en Estados Unidos, como retribución a "vuestra
colaboración con el criminal Bush" en Irak y Afganistán, y
advertía de calamidades aún mayores si estas "injusticias" no
cesaban.
Los ciudadanos, impactados por el horror del jueves, acudieron a
votar el domingo 14 con su particular valoración política de lo
sucedido en estas 72 horas, y la prevalencia de una u otra
impresión iba a reflejarse en el veredicto de las urnas. Tres
consideraciones podían formularse sobre la actuación del
Gobierno de Aznar: éste, bien había manipulado a la opinión
pública y sucumbido a la tentación de demorar la divulgación de
información crucial sobre los atentados antes de rendirse a las
evidencias que iban desgranando una investigación policial
autónoma, luego se estaría ante una situación gravísima e
intolerable; o bien se había dejado llevar por su sincero
convencimiento de que había sido ETA y por su incapacidad para
asumir la hipótesis contraria, en cuyo caso se trataría de una
gestión torpe o prejuzgada de la crisis; o bien había actuado
con transparencia y presteza en todo momento, teniendo presente
además que bien habría podido decidir un bloqueo informativo con
el objeto de no perjudicar las investigaciones y no poner en
guardia a los terroristas en situación de ser capturados.
Los electores airados con el Gobierno tendían a trazar una
relación de causa y efecto entre la participación de España en
la guerra de Irak y el alineamiento incondicional con Estados
Unidos por una parte, y los atentados por la otra, así que
algunos de ellos podían hacer a Aznar responsable indirecto de
los mismos. Quienes no veían mala fe en la manera en que el
Gobierno estaba llevando la crisis, podían también rechazar
aquella cábala y conjeturar con que la decisión de los radicales
islámicos de atentar en España venía de antes. Al margen de esta
cuestión, la impresión prácticamente unánime era doble: que el
PSOE iba a aunar muchos votos nuevos y que las fuerzas de
seguridad del Estado estaban realizando una labor
extraordinariamente eficiente a posteriori, si bien las labores
de inteligencia o los criterios de los altos mandos para valorar
el alcance de la amenaza jihadista en España habían fallado a
priori, al no poder impedir los atentados.
Los comicios tuvieron un resultado espectacular: con una
participación del 77,2%, 8,5 puntos más que en 2000, el PSOE se
adjudicó la mayoría simple con el 42,6% de los votos y 164
diputados, una ventaja sobre el PP de 5 puntos y 16 escaños. La
formación socialista regresaba al Gobierno de la nación con
Zapatero como cabeza de lista por Madrid con una ganancia de 3,1
millones de votos con respecto a 2000, hasta superar, por
primera vez en la historia de la democracia, la barrera de los
11 millones de papeletas, y la primacía en 21 provincias y
cuatro comunidades autónomas, entre ellas las dos más populosas,
Andalucía y Cataluña. Saltaba a la vista que el PSOE se había
beneficiado masivamente de dos elementos: el gran índice de
participación, con mucho electorado joven que había decidido
abstenerse pero que cambió de opinión a raíz del 11-M, y el
corrimiento de votos desde IU, que sufrió duramente el
llamamiento de Zapatero al voto útil, cosechó
prácticamente las mismas papeletas que en 2000, 1,3 millones, y
por lo tanto perdió tres de sus ocho diputados.
10. Vorágine de reacciones internacionales y formación del
Gobierno
En sus primeras alocuciones, conferencias de prensa y
entrevistas tras proclamarse la victoria socialista, un
contenido Zapatero se comprometió a "encabezar el cambio
tranquilo" y a "gobernar para todos y con humildad", ya que "el
poder no me va a cambiar" (el comentario evocaba en los oyentes
el caso de Aznar, pero también el de González). Aseguró que su
prioridad iba a ser "combatir toda forma de terrorismo", y que
los españoles "tenían ganas de cambio", atribuyendo a este
deseo, y no a los atentados, su triunfo en las urnas.
Zapatero negó que los españoles hubiesen votado con miedo o
pensando en el chantaje de los terroristas, mientras que algunos
observadores opinaron que el 11-M había funcionado de hecho como
la caja de resonancia de un malestar acumulado en un importante
número de electores por determinadas políticas y actitudes del
PP, o como el despertador de una irritación que ya se había
manifestado en el pasado y que se había adormecido o abandonado
al fatalismo, en el convencimiento de que los populares iban a
revalidar en las urnas. Por su parte, algunas figuras del PP,
donde el varapalo no parecía ser fácilmente digerido, arguyeron
que la causa de su derrota había que buscarla en el
"aprovechamiento de la conmoción" y en la "manipulación del
dolor" por el PSOE y ciertos medios de comunicación de unos
electores que, viéndolo así, se habrían comportado con inmadurez
política.
Zapatero reafirmó también su promesa de que las tropas
regresarían antes del 30 de junio a menos que la ONU no se
hiciera cargo de la situación en Irak sobre la base de una nueva
resolución del Consejo de Seguridad que imprimiera un "cambio
radical, a fondo, de la estrategia" aplicada allí, y se despachó
con una serie de valoraciones críticas con la política de
Estados Unidos contra el terrorismo y su actuación en el país
árabe; para el presidente del Gobierno in péctore, la lucha
antiterrorista debía sostenerse en la "utilización de los
instrumentos del Estado de Derecho y la legalidad internacional"
y en una "comunidad mundial de inteligencia" construida con el
principio de la cooperación interestatal, ya que al citado mal
"no se le derrota con guerras". En cuanto a la ocupación de
Irak, la tachó de "desastre" y de "neocolonial".
Los horribles atentados, el misterio sobre su autoría, la
gestión de la crisis por Aznar, el vuelco electoral, las
declaraciones de Zapatero y las implicaciones para Irak
convirtieron a España durante unos días en el tema de debate
político interno en muchos países (en especial en Estados
Unidos, donde liberales y neoconservadores, al calor de la
precampaña de las presidenciales de noviembre, hicieron sobre lo
sucedido en España lecturas contrapuestas que emplearon como
armas arrojadizas para defender o fustigar las políticas de Bush)
y en el foco de una controversia internacional en torno a la
cual se manifestaron gobiernos, dirigentes y medios de
comunicación de todo el mundo; con seguridad, desde la Guerra
Civil de 1936-1939 España no suscitaba tanto apasionamiento y
sentimientos encontrados.
El análisis fulminante de medios políticos y periodísticos
progubernamentales o conservadores de Estados Unidos, Reino
Unido, Rusia, Italia y otros países, compartido también, aunque
con un poco de más contención, por instancias de la misma
España, sostenía que los españoles habían permitido que los
terroristas orientaran su voto. Castigando al partido del
Gobierno, el electorado habría querido apaciguar a Al Qaeda ("appeasement"
fue la expresión empleada insistentemente por los partidarios de
Bush en Estados Unidos) y protegerse de futuros atentados.
Y si ahora el presidente socialista electo enviaba la "mala
señal" de la retirada de Irak, no podía hablarse menos que de
"claudicación", "cobardía" y "egoísmo". En resumidas cuentas,
España, según estas tesis, había hecho un flaco favor a la
alianza mundial contra el terror al, prácticamente, animar a los
terroristas a que intentaran condicionar el curso político de
otras naciones provocando masacres en vísperas de elecciones.
Cabeceras informativas y políticos de impronta liberal o
izquierdista destacaban, en cambio, la "lección de democracia"
de los españoles, recordaban que la repatriación de las tropas
de Irak era un compromiso electoral adquirido por el PSOE y
pedían un análisis más profundo de lo sucedido.
La declaración de intenciones de Zapatero suscitó decepción,
críticas o inquietud en medios gubernamentales de Washington,
Roma, Varsovia, Tokyo y Canberra, pero fueron acogidas con
manifiesta satisfacción en París, Berlín Rabat, Buenos Aires y
La Habana. Zapatero rechazó la exhortación de la Casa Blanca
para que reconsiderara su decisión sobre Irak (el candidato
presidencial demócrata, John Kerry, también se le dirigió en ese
sentido) y sus colaboradores intentaron diferir los reproches
estadounidenses comentado la intención de destinar más tropas a
Afganistán, para ser destinadas a la ISA |
del partido, asegura
que lleva 24 años de militante socialista, algo difícil de creer en un
hombre que acaba de cumplir 42. Pero cuando se empieza a indagar en su
vida, aparecen datos que demuestran que efectivamente lleva mucho tiempo
haciéndose un hueco en el PSOE, pues en el 88 ya era secretario provincial
de la Federación Leonesa. Y desde ahí, una carrera que no se puede
calificar de imparable, pues si bien a otros políticos se les veía venir
desde lejos hacia el triunfo, hace tres años nadie habría sido capaz de
apostar que José Luis Rodríguez Zapatero, diputado de León, iba a ser
elegido secretario general del PSOE. Además, iba a lograr algo que parecía
imposible: unificar las distintas familias y, mas difícil todavía,
ilusionar a un partido que llevaba media docena de años en una dinámica
que le llevaba cuesta abajo hacia el abismo, a pesar de que siempre podía
contar con el seguro colchón de sus inamovibles ocho millones de votos.
Que no eran suficientes, desde luego, para ganar unas elecciones al PP de
José Maria Aznar. Pero llego Zapatero y cambiaron radicalmente las tornas.
Ese joven con cara de chico bueno, casado con una profesora de música,
padre de dos niñas, muy apegado a su familia (lo que no se suele ver en
política) a pesar de su indiscutible vocación política, presento su
candidatura en el 35 congreso federal del PSOE, en julio del 2000, y de
nada valieron las palabras, las propuestas y los apoyos de sus rivales,
José Bono, Rosa Diez y Matilde Fernández. Llego, vio y venció. Es hombre
con aspecto de centro o derecha, pero se siente de izquierdas casi desde
que nació. En León todos conoce la historia de su abuelo, “el capitán
Lozano”, fusilado en el 36 por su pertenencia al ejercito republicano. El
padre de José Luis Rodríguez Zapatero explico innumerables veces a sus
hijos lo ocurrido a su abuelo, figura mitificada por su familia, ya que
había muerto por defender sus ideas y la institución a la que pertenecía.
A nadie extraño por tanto que desde muy joven José Luis dijera que se
sentía socialista y que uno de sus hermanos militara durante un tiempo en
el PCE. Con 16 años Zapatero acudió en León a un mitin de Felipe González
y, fascinado por la figura de aquel político que transmitía pasión e
ilusión por todos sus poros, José Luis decidió afiliarse a las juventudes
del PSOE. Se dedico con tanto empeño a su partido que a nadie extraño que
a los 18 años ya fuera miembro de la ejecutiva leonesa y, a los 22,
secretario provincial. Licenciado en Derecho y Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de León, dejo las clases al conseguir
escaño en el Congreso de los Diputados, aunque no se traslado a Madrid, no
quería romper sus vínculos con León. De su etapa de diputado siempre
destaca el haber conseguido que se aprobara una enmienda a los
Presupuestos Generales que destinaba una dotación de 14.000 millones de
pesetas a las pensiones de los antiguos militares de la Republica,
equiparando así sus pensiones a las del resto de los profesionales. La
sombra de su abuelo no solo era alargada, la llevaba muy dentro. Nunca
nadie, hasta las semanas previas al 35 Congreso que debía resolver la
crisis interna que sufría el PSOE desde hacía años, había barajado el
nombre de Rodríguez Zapatero para hacerse con la dirección del partido.
Parecía cantado que ganaba Bono, pero apareció una tercera vía que
empujaba con el cartel de Rodríguez Zapatero. Nadie apostaba un duro por
esa candidatura que promovían sobre todo Trinidad Jiménez, Jesús Caldera y
Álvaro Cuesta, además de un puñado no desdeñable de jóvenes diputados, que
contaban además con las bendiciones del PSC. A esa candidatura se sumaron
en el ultimo tramo personas muy cercanas a Felipe González, como Rosa
Conde o Carlos Solchaga, lo que hizo pensar a los defensores de Bono que a
lo mejor González no estaba jugando una carta tan clara como parecía.
González dijo un año después que había apoyado a Bono. Si lo hizo, desde
luego no se noto. Y desde julio del 2000 ha estado al lado de Zapatero,
aunque de vez en cuando trata de marcar distancias. Pero las justas,
siempre midiendo bien las cosas para que no parezca que hay discrepancias
entre ellos. En las cuestiones importantes, González esta al lado del
secretario general. Zapatero hace cuanto esta en su mano para compaginar
sus responsabilidades de partido con su vida familiar, que continua siendo
prioritaria para el. Intenta viajar en el día, cena en casa siempre que
puede, intenta mantener libres de compromisos los fines de semana. Fue muy
comentada su decisión de quedarse en León ,junto a su madre muy enferma,
en vez de acudir a un importante debate parlamentario y se mantiene en
contacto con sus viejos amigos de juventud. Ha conseguido lo que parecía
imposible, ilusionar un partido vencido por el desanimo. Ese es su
principal capital. Y con ese capital esta convencido de ganar las
elecciones del 2004