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Ciencias Políticas |
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Fuente
Ecuador Debate Que la democracia se ha deslegitimado en el transcurso por lo menos de la última década es una constatación, de la que se han dado ya muchas pruebas y demostraciones. La bibliografía sobre el asunto es bastante ilustrativa, y las más recientes encuestas de la opinión pública son una elocuente y generalizada expresión de ello1. En América Latina la insatisfacción democrática ha pasado del 56% en1997 al 66% en el 2003, mientras que las preferencias democráticas han descendido en el mismo período del 62% al 53%. En Ecuador el apoyo a la democracia se ha reducido del 52% al 46%, mientras que la satisfacción democrática bajó del 34% al 23% entre 1996 y 20032. Es importante resaltar a partir de los sondeos de opinión: a) que no es tanto la democracia como sistema político o régimen de gobierno que se encuentra deslegitimada, sino los gobiernos democráticos y más exactamente sus políticas gubernamentales. De hecho el 52% de la opinión pública latinoamericana prefiere gobiernos no democráticos, pero que resuelvan los problemas económicos. No hay que limitar la deslegitimación de la democracia a factores extrínsecos a la democracia ni tampoco a las particularidades o condicionamientos sociales de las "nuevas democracias" como son la mayoría de las latinoamericanas según sugiere Weffort, al considerar que siempre fueron democracias no democráticas, ya que su formación socio-económica, política y cultural, el lastre de su pasado autoritario personalista y clientelista y sus precariedades institucionales han impedido tanto su consolidación como la democratización de su sociedad y cultura3. Sin cuestionar la influencia de estos factores en la limitada o fracasada consolidación democrática en muchos países, sin embargo son otras hoy las razones y fuerzas que aceleran el fracaso y consuman la deslegitimación de las democracias en todo el mundo, teniendo en cuenta que se trata de factores intrínsecos a la misma democracia. Mientras que la deslegitimación democrática se manifiesta en las democracias desarrolladas por la inestabilidad de sus modelos de gobierno (frecuentes cambios del partido e ideología gobernantes) y por una degradación de sus principios y valores democráticos (gobiernos que gobiernan contra la mayoría de la opinión pública generando inequidad, inseguridad y reducción de libertades ciudadanas), en las "nuevas democracias" , que se introducen en la década de los 80 en muchos países latinoamericanos y del Tercer Mundo la deslegitimación democrática se expresa: a) con la caída o derrocamiento anticonstitucional de los gobiernos, en base a "golpes de Estado" institucionalistas, que lejos de abolir el régimen democrático se limitan a eliminar el gobierno democrático; b) con umbrales de violencia y de rebelión sociales que hacen ingobernable la sociedad, en razón de los crecientes acosos y hostigamientos no sólo a los gobiernos sino también al orden social en su conjunto, creando situaciones de subversión y guerra civil. El "desencantamiento democrático" consecuencia de la no-consolidación de las transiciones democráticas comenzó a resonar ya a inicios de los 90 en América Latina, y desde hace más de una década se viene reflexionando sobre la "deslegitimación de la democracia", seguimos preguntándonos "de qué democracia hablamos" o "¿qué es o no es la democracia? 4. Muchos autores insisten en que la "democracia procedimental" 5. ni justifica ni garantiza su legitimidad y tampoco su "eficiencia económica". Por eso ha llegado la hora de establecer con precisión las razones del fracaso democrático y de la deslegitimación de la democracia, no fuera de la democracia y en causas externas, sino precisando los factores que internamente la deslegitiman. 1. Dictadura Económica de los Gobiernos Democráticos El principio de deslegitimación de la democracia fue establecido hace veinticinco siglos por Aristóteles y sigue siendo válido en nuestros días: "la democracia será destruida por su mal gobierno" 6. Ya este planteamiento introduce la distinción entre la democracia como sistema político o régimen de gobierno y su gobierno o políticas gubernamentales. No hay propiamente buenos o malos gobiernos y gobernantes sino buenas o malas políticas gubernamentales. Y lo primero que hay que definir es cómo se mide la bondad o maldad de dicha gubernamentalidad7. La única apreciación política justa que se puede establecer sobre la bondad o maldad de los hechos políticos, sus procesos y realidades, consiste en saber * Investigador del CAAP. si mejoran o empeoran, ganan en calidad o se degradan, siendo en términos específicamente relativos o comparativos, que se justifica la deslegitimación de los gobiernos democráticos y sus políticas gubernamentales8. Es en su constitución o en la forma como se constituye que un poder o un régimen de gobierno son legales o ilegales; pero sólo en su ejercicio se legitiman o deslegitiman. Por eso un poder ilegalmente constituido podría legitimarse en su ejercicio, y un poder legalmente constituido, deslegitimarse en su ejercicio. Esto explica que el mejor, o "menos malo" de todos los regímenes políticos, la democracia, se deslegitime tan fácilmente en su ejercicio. El hecho de distinguir entre democracia en cuanto régimen y gobierno democrático no debe llevar a la confusión de diferenciar o separar ambas realidades políticas, ya que no hay democracia sin gobierno democrático, ni éste sin aquella. Por eso no se puede legitimar ni deslegitimar lo uno sin lo otro. El otro criterio para identificar la calidad política de un régimen como la democracia y de un gobierno (por muy democrático que sea) es su estabilidad. Tal era la tesis de Aristóteles sobre la "mayor duración" de los mejores gobiernos, la cual será posteriormente retomada por Maquiavelo, quien hace de la inestabilidad gubernamental el principal indicador de la precariedad y deslegitimación de un gobierno9. Lo que resulta muy pertinente para evaluar el deterioro y "desconsolidación" de los actuales gobiernos democráticos en todo el mundo y en particular en América Latina. Se podría suponer que poco importa que los gobiernos cambien continuamente y se deslegitimen sin cesar progresivamente a condición de que el régimen democrático dure y subsista. Sin embargo, a mediano plazo cabe constatar en qué medida la deslegitimación de los gobiernos democráticos ha comenzado ya a afectar la legitimidad de la misma democracia. La inestabilidad de los gobiernos (desde los cambios de Presidente a los cambios constantes de Ministros), la alternancia de fuerzas e ideologías políticos en el gobierno, el recurso desesperado a las más desesperadas candidaturas presidenciales no hacen más que ampliar la espiral de deslegitimación de las democracias, ya que cada nuevo cambio acrecienta desmesuradamente las expectativas y en proporción equivalente se generan las sucesivas frustraciones10. Ahora bien ¿por qué cualquiera que sea la filiación política e ideológica de un gobernante, de su gobierno y partido político incurre en una mala gubernamentalidad? ¿Por qué fracasa o se deslegitima un gobierno, cualquiera que sea el apoyo político de su partido o el porcentaje de votos que lo eligieron? Durante los últimos 15 años la variedad de gobiernos, la diversidad de procedencias y perfiles ideológicos y políticos de sus gobernantes no impidieron los más estruendosos y accidentados fracasos en casi toda Am. Lat.11. La razón de esta crisis de gubernamentalidad reside en que los gobiernos democráticos más que gobernar propiamente se han limitado, o han estado sujetos, a aplicar las políticas neoliberales y los programas de ajuste estructural; más que gobernar se han visto más o menos forzados a administrar las políticas económicas del gran capital financiero internacional y del nuevo orden global. Los gobiernos democráticos han sido "dictados" por los organismos financieros: FMI, Banco Mundial, BID, OMC. Han sido tales políticas ejercidas como una real dictadura económica global (y en tal sentido tan exterior como interior a las mismas sociedades democráticas) las que han puesto en práctica los gobiernos democráticos, las que los deslegitimaron de manera tan irremisible como progresiva, y que a muchos de ellos condujeron a estrepitosos fracasos. En términos estructurales los gobiernos democráticos han inaugurado un nuevo ciclo histórico: el gobierno económico de la política y la dictadura del capital sobre el gobierno económico de la democracia, sobre los que se funda el nuevo orden global, los que no han dejado de deslegitimar los gobiernos democráticos en todo el mundo, sin que por ello se cuestione la legitimidad del régimen o sistema democrático12. Según esto el principal factor de deslegitimación de la democracia consiste en la implementación de un gobierno económico de la política, al supeditar la razón política de Estado a la razón económica del Mercado. Lo que supone la aplicación de políticas gubernamentales antidemocráticas por parte de gobiernos democráticos. Por primera vez "en la historia económica contemporánea el cruce de las condicionalidades internacionales financieras restringe el manejo interno de la política económica y asegura las reglas del juego internacionales. En el plano económico se podría hablar de un solo gobierno central con matices municipales..." 13. No hay que desvincular el gobierno económico que sobre las democracias ejercen los organismos financieros internacionales de los fuertes constreñimientos inherentes a la inserción en la economía global, y que comporta una pérdida del control por parte de los gobiernos democráticos de las economías nacionales14. Lo cual significa una nueva forma de imperialismo económico ejercido a través de los gobiernos democráticos en todo el mundo con la extraordinaria paradoja que tal imperialismo económico se encuentra así democráticamente legitimado con la correspondiente y proporcional deslegitimación de los gobiernos democráticos. Es precisamente esta situación la que debilita y fragiliza extraordinariamente los gobiernos democráticos, y los vuelve tan vulnerables e insostenibles. Y esto ha ocurrido precisamente bajo un aparente reforzamiento de los gobiernos democráticos, que para aplicar políticas tan antidemocráticas han tenido que fortalecerse o bien por reformas constitucionales o bien por una sistemática y continua atrofia de los poderes parlamentarios y de los Congresos, y por supuesto a costa del debilitamiento de los partidos y de la misma clase política, todo ello en aras de una supuesta gobernabilidad. La consecuencia ha sido el creciente aislamiento y soledad de los Ejecutivos, sin apoyos de las instituciones políticas, sin el respaldo de los organismos del Estado, ellos mismos debilitados por las políticas neoliberales, y hostigados sin tregua por las movilizaciones sociales. El dilema de la gubernamentalidad democrática tenía que enfrentar o bien la férrea implementación de las políticas económicas neoliberales con el doble costo de la desligitimación social y política junto con las movilizaciones, rebeliones y levantamientos ciudadanos, o bien la inercia de gobernar lo menos posible con la finalidad de mantenerse en el gobierno, pero sin calcular que las políticas económicas neoliberales seguirían ejerciéndose en base a los implacables automatismos del mercado, del ordenamiento global y del mismo Estado15. 8 Tal ha sido el indicador político teorizado por
Maquiavelo para estimar la calidad de la política: "andare sempre verso il
meglio" o al contrario (Discursos, II, proemio). Pensar la actual condición de las democracias en un mundo gobernado por la tiranía neoliberal del capital financiero internacional no es nada metafórico, si se entiende la tiranía no tanto por el poder absoluto detentado ni por el despotismo, autoritarismo y violencia de su ejercicio, sino por el hecho de que el poder se ejerce y se gobierna en beneficio privado de fuerzas y sectores particulares del mundo y de la sociedad. Lo que expresado de otra manera es la dictadura de las fuerzas e intereses económicos sobre las fuerzas, intereses e instituciones políticos de la democracia. Esto permite precisar mucho más que el buen gobierno es aquel que se ejerce en beneficio de la colectividad social y de las mayorías de una sociedad, en definitiva en interés o "bien común" y no a favor del beneficio privado y de sectores particulares de la sociedad. Por eso "cuando los hombres son bien gobernados ni buscan ni quieren otra libertad". Este postulado de Maquiavelo responde al más actual comportamiento de la opinión pública latinoamericana respecto de la democracia: el 69% de ella prefiere un líder que resuelva los problemas económicos al margen de la institucionalidad democrática y un 52% "aunque no sea un gobierno democrático" 16. La razón de fondo resulta obvia: la idea de (buen) gobierno al margen de los calificativos o institucionalidades democráticos consiste en gobernar en beneficio y utilidad del pueblo y no a favor de intereses particulares y privados. Es muy sintomático y revalida la argumentación precedente el hecho de que el 63% de la opinión pública latinoamericana haga responsables a los gobiernos democráticos de sus políticas económicas y que también el 63% de dicha opinión pública achaque a las políticas económicas de los gobiernos la causa de su deslegitimación y del malestar social. Ahora bien detrás de tales políticas económicas, del gobierno económico de la política democrática y del ordenamiento neoliberal del mundo actúan las fuerzas e intereses de las oligarquías nacionales e internacionales. Lo cual viene a confirmar lo que el clásico pensamiento político ha sostenido siempre: que nunca es el pueblo ni las mayorías sociales, sino las minorías u oligarquías expresamente "los que se enriquecen" (euporoi) según Aristóteles los reales enemigos de la democracia17. Es esta figura de una dominación económica por medio de un gobierno democrático, esta tiranía del capital o tiranía de los grupos oligárquicos sobre el régimen democrático, lo que tiene que imponerse con toda su evidencia como la única razón y explicación de la crisis de la democracia moderna en todo el mundo y de la más profunda y visible deslegitimación de los gobiernos democráticos18. Pero sería ilusorio creer que el gobierno económico de la democracia se limita, en las actuales circunstancias históricas de la globalización, a las políticas económicas de los gobiernos, puesto que éstos garantizan además todo un conjunto de instituciones, procedimientos, regulaciones, dispositivos, normatividades, valores e idearios económicos que se imponen sobre la sociedad, la permean, la organizan y la orientan: desde la idea de gestión hasta el imperativo de la competitividad o el rendimiento, todo contribuyen a convertir la sociedad en una empresa, en una sociedad de mercado. Si "no hay peor error que confundir gobierno con
dominación", aun cuando no haya gobierno sin un mínimo de dominación ni
dominación sin un elemental efecto de gobierno, es muy importante
diferenciar, pero también entender, cómo se combinan en las modernas
democracias una dominación económica con un gobierno político19.
Ya que es sobre este grave y tenaz equívoco, con sus efectos y
manipulaciones ideológicas, que se pretenden legitimar hoy las democracias
en todo el mundo. Y si las condiciones de libertad democrática no han
reaccionado más violentamente contra la dominación económica, es porque
cuanto mayor es el empobrecimiento de una sociedad, mayores las
desigualdades, cuanto más profunda la inequidad y la inseguridad a su
interior, tanto menos necesaria es la autoridad y el despotismo de los
gobiernos democráticos. Que el régimen democrático pueda soportar y legitimar una dominación económica (por muy deslegitimados que se hayan vuelto los gobiernos democráticos) sólo se explica por la consolidación político-ideológica de las fuerzas e intereses del capital financiero en todo el mundo, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones, fuerzas e intereses políticos. Hace poco más de dos décadas los regímenes democráticos en la mayor parte del mundo y sobre todo en América Latina eran impensables e inviables (y todos los intentos democratizadores fueron sangrientamente aplastados), ya que las oligarquías estaban obligadas o bien a gobernar ellas mismas directamente o a ejercer el poder político mediante las FFAA para garantizar sus intereses y dominación económica. Hoy por el contrario las oligarquías y el capital financiero han logrado una tal fortaleza y sus intereses se han impuesto con tal hegemonía, que ya no necesitan gobernar ni siquiera ejercer un poder político en una democracia que ellos mismos sustentan y legitiman más que cualquier otro sector social. Su dominación económica y hegemonía neoliberal se reproducen con más eficacia y legitimidad cediendo a los Estados, a las clases políticas o partidos y a las mismas instituciones democráticas los costos e inconvenientes de gobernar. Las fuerzas e intereses del capital han trasladado a la clase política las cargas, ineficiencias, frustraciones y el desprestigio de gobernar, para con toda legitimidad beneficiarse de todas las utilidades públicas21. Esta y no otra ha sido siempre y es sobre todo hoy la gran coartada democrática. Según esto en el nuevo orden global las democracias y más aún los gobiernos democráticos se han hecho mucho más funcionales al modelo de acumulación y concentración de riqueza en el mundo que al conjunto de las sociedades y mayorías sociales con sus demandas de más participación y mayor igualdad. Las democracias actuales han hecho posible que la dominación económica se convirtiera en hegemonía económica sin que ésta atenuara aquella. 16 Cfr. Latinbarometro 2003. 2. Sociología política de la deslegitimación democrática Un fundamental postulado de sociología política establece que no se puede constituir una democracia en una sociedad dominada por las desigualdades, de la misma manera que tampoco se puede instituir un principado o gobierno personal o de una clase (tiranía u oligarquía), donde todos los ciudadanos gozan de igualdad; para establecer la democracia sería necesario primero conseguir la igualdad social22. Según esto es obligado preguntarse cómo es posible no sólo el establecimiento de la democracia en países como los de América Latina no sólo atravesados por profundas desigualdades sociales sino también organizados en base de una "estructural heterogeneidad", que agrava aún más aquellas iniquidades. Ahora bien, que las democracias hayan podido no sólo establecerse en sociedades con alto nivel de desigualdad, sino también perdurar en ellas, supondría un alto grado de defecto y de precariedad en dichas democracias: ya que siempre hubo "bajo el nombre de democracias Estados que se gobernaban no estando bien ordenados" 23. A esta primera razón se puede atribuir que muchas democracias duren y se mantengan con todas sus limitaciones, pero sin haber llegado a consolidarse, y que más bien hayan entrado en un proceso de desconsolidación, al que corresponde su deslegitimación creciente. Se hubiera podido esperar sin embargo que tanto el régimen democrático como los mismos gobiernos democráticos en el transcurso de las dos últimas décadas hubieran contribuido a reducir las desigualdades sociales y a incrementar la equidad en sociedades cada vez más democráticas. Y esto en razón de un principio que se remonta a Tocqueville, según el cual el mismo régimen democrático con sus instituciones tendría efectos en la sociedad superiores a los que pueden ejercer los gobiernos democráticos en ella: "la democracia no da al pueblo el gobierno más hábil, pero hace lo que el gobierno más hábil es impotente para crear: extiende por todo el cuerpo social una ingente actividad, una fuerza superabundante, una energía que jamás existen sin ella, y que por muy poco favorables que sean las circunstancias engendran maravillas" 24. Este fenómeno, de hecho, ha podido constatarse en la fase de transición a la democracia durante su primera década en los años 80. Pero a mediano plazo, nada de esto ha ocurrido en las "nuevas democracias"; más bien ocurrió todo lo contrario. Se podría objetar que el empobrecimiento, las desigualdades y la exclusión aumentaron y se agravaron en todos los países democráticos a pesar de la democracia y todo lo más con la complicidad de los gobiernos democráticos. Pero esto supondría ignorar que fueron las políticas de ajuste estructural implementadas por tales gobiernos en los países subdesarrollados, y el modelo de crecimiento económico en los desarrollados, la principal y directa causa de la nueva iniquidad. De otro lado, y asociada a tales políticas, tuvo un efecto indirecto pero no menos efectivo en el empobrecimiento por todo el mundo la "modernización del Estado", cuyo proceso significó la más colosal privatización de recursos públicos, y su transferencia al sector privado el enriquecimiento de los únicos sectores que por ser propietarios eran capaces de dicha apropiación privatizadora, pero a costa del consiguiente empobrecimiento de las inmensas mayorías, a las que las privatizaciones de los recursos públicos solo podían perjudicar. Ya que sobre todo en los países subdesarrollados, donde además el sector público estaba completamente identificado con el estatal, las mayorías más desposeídas pero también una amplia clase media no disponen de más recursos que los de su participación en lo público. De tales procesos de privatización modernizadora fueron plenamente responsables los gobiernos democráticos, que además se llevaron a cabo en base a programas y procedimientos de una supuesta participación ciudadana (desde instituciones públicas y privadas hasta todo tipo de organismos de la sociedad civil) con la finalidad de conferir a un proceso autoritariamente impuesto, y con consecuencias devastadoras para la participación de la sociedad en la riqueza social, una apariencia de legitimidad democrática en las formas y los medios, pero de ninguna manera en sus fines y resultados 25. En la década de los 90 los gobiernos democráticos comenzarían a ejercerse tan antidemocráticamente, que no sólo neutralizan los efectos benéficos del régimen e instituciones de la democracia, sino que terminarían corrompiéndose de tal manera, que ellos mismos se irían deslegitimando y actuando en contra de la democratización de la sociedad: es decir aumentando las desigualdades en ella. Tras enumerar los sucesivos fracasos económicos de las políticas de "ajuste" desde inicios de los 80 Samir Amin concluye que su principal costo político será "el sabotaje de los sistemas democráticos" 26. De otro lado el régimen democrático y sus instituciones pueden tener más fácilmente efectos democratizadores en un determinado modelo de sociedad, pero no en una sociedad post-societal o sociedad de mercado, como se verá más adelante. Pero si las democracias y sus gobiernos se desconsolidan y deslegitiman en el transcurso de los últimos quince años no es únicamente porque no lograron reducir las desigualdades e incrementar la equidad, de acuerdo a los presupuestos y a las condiciones sociales de posibilidad de la misma democracia, sino sobre todo porque en contra de los mismos objetivos y finalidades de la democracia "lograr la igualdad sobre todas las cosas" 27 los gobiernos democráticos generaron el más imponente proceso de empobrecimiento nunca antes conocido en el mundo y en particular en América Latina, dando lugar a un fenómeno también inédito no ya de desigualdades sino de exclusión social28. No se deslegitima, por consiguiente la democracia porque no haya podido reducir las desigualdades sino porque más bien las ha aumentado. Una democracia podría soportar un cierto grado de desigualdad y de iniquidad, lo que no debería poder soportar es el agravamiento de las desigualdades. La relación entre democracia y economía, o más exactamente entre democracia y crecimiento económico tal y como se planteaba hace ya algunas décadas, no tiene hoy el mismo sentido, porque los parámetros son otros (Brittan, ). Menos sentido todavía tiene comparar las dictaduras de otras épocas cuyo mayor éxito económico desde la perspectiva de una dictadura tanto más las exponía al fracaso político (Lipset), ya que no dejamos de comprobar cómo actualmente la democracia sigue siendo el régimen político que mejor resiste sus fracasos económicos, entendidos éstos desde una perspectiva 22 "... donde hay gran igualdad entre los ciudadanos
no se puede establecer un principado sino con máxima dificultad, y en
aquella ciudad donde hay gran desigualdad entre los ciudadanos no se puede
instituir una república" (Maquiavelo, Discurso sobre asuntos florentinos,
p. 26s; Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, I,55, p. 138).
También Aristóteles citando al Platón de las Leyes pone como condición
para la democracia la igualdad, considerando que "un cierto nivel de
iniquidad debe ser evitado" (Política, II, iv, 1266b); aun cuando
previamente ha declarado que "los ciudadanos deben ser iguales en sus
riquezas", sin que ellos excluya las diferencias. democrática: pues si el éxito económico de una dictadura es el beneficio de las minorías y clases dirigentes a costa de los intereses colectivos, el éxito económico de una democracia consiste en favorecer el "bien común" y beneficio de las mayorías sociales. Según esto no se puede caracterizar de otra manera el fracaso económico de los gobiernos democráticos, porque no sólo aumentaron la pobreza y la iniquidad sino porque también fracasaron en sus propias políticas de "lucha contra la pobreza". No otro es el argumento de Przeworski al sostener que la duración de la democracia depende no de cualquier "crecimiento económico" sino del correspondiente a una "reducción de la desigualdad" 29. Esto ha ocurrido por una razón obvia ya mencionada y no ajena a la democratización global del mundo: no es el gobierno económico de la política en las actuales democracias, que puede dejar de reproducir el empobrecimiento de las mayorías y combatir con éxito las desigualdades y exclusiones sociales. Y una razón menos obvia, pero no menos poderosa, es que a diferencia de hace dos décadas el crecimiento económico ya no puede ser objeto de un gobierno redistributivo de la riqueza: todo lo contrario, en el actual orden económico global dominado por el capital financiero, en la actual sociedad de mercado, el mismo crecimiento económico sólo es posible a condición de una mayor iniquidad y empobrecimiento de las mayorías en todo el mundo y en cada sociedad. A la democracia y a los gobiernos democráticos se debe esta elaborada y eficiente ingeniería económico política: sin iniquidad no hay crecimiento económico, puesto que hoy la riqueza solo se genera bajo la lógica del mercado (no tanto de la producción), y bajo un modelo de acumulación y concentración, que inexorablemente supone la explotación, despojo y exclusión de las mayorías30. Esto es lo que demuestran los datos y las cifras. Si bien durante los últimos veinticinco años se observa un significativo crecimiento del PIB (duplicándose entre 1980 y 1998), simultáneamente puede constarse un empobrecimiento progresivo reflejado en la evolución del salario mínimo vital que se reduce de 144 $ en 1980 a 16 $ en 1998. Y sólo en la última década la pobreza habría pasado del 55.9% (en 1995) al 60.8% (en el 2001), y los niveles de indigencia durante el mismo período subieron del 20% al 33.8%. "En todo este período (del ajuste) se registra una marcada reconcentración del ingreso y la riqueza... como reverso de una pobreza creciente... Un punto especial merece el deterioro cualitativo de las actividades en inversiones sociales con la educación a la cabeza"31. 3. El ajuste democrático o democracia a la fuerza Sólo "cuanto peor es un régimen de gobierno tanto más necesita ser impuesto y protegido por la fuerza" (Aristóteles)32. Sin embargo, de acuerdo a los presupuestos anteriores nada más congruente que la democracia se haya impuesto por la fuerza y siga forzándose su mantenimiento, ya que en el nuevo ordenamiento global del mundo ningún otro régimen político y de gobierno garantiza mejor que la democracia la dominación económica y política de las sociedades modernas. Y por eso la coacción democrática aparece estrechamente asociada a la coacción de una economía de mercado, pues ambas "no encuentran en este tiempo alternativa ideológica y conceptual" y menos política (F. Moran, p. 33). Resulta por ello extremadamente significativa la estrecha asociación entre la coerción económica y la coerción democrática: "la asociación entre ajuste estructural y ajuste democrático no se hace rara en la literatura oficial" de la CE33. El "imperativo democrático" se manifiesta así como una de las categorías de ese "pensamiento único" (Ramonet) y de ese único orden de la globalización34. Lo que en un principio fue considerada una "exportación de la democracia" (exporting democracy) como la nueva modalidad adoptada por los EEUU para garantizar su dominación e imponer su propia versión del orden global, hoy se revela de manera mucho más clara como un férreo constreñimiento. La "democracia por la fuerza" se ha convertido en la nueva máscara de la política norteamericana35. Que el ajuste económico y el ajuste democrático responden a una misma lógica de dominación se pone de manifiesto, al constatarse los mismos errados procedimientos en ambos casos. La "asistencia democrática" (Democracy Assistence), la colaboración para el "desarrollo democrático", los recursos de donantes para la "promoción de la democracia" parecen haber incurrido en los mismos equívocos y torpezas cometidos por la audaz al desarrollo económico, al desconocer que, si bien tales países necesitan la democracia tanto como el crecimiento económico, "las instituciones y procesos democráticos que pueden generar son muy limitados" y diferentes de los que tienen lugar en los países democráticos36. Y en vez de promover las condiciones de una democracia más autónoma y sustentable trataron de forzarla con efectos contraproducentes. El caso de la Unión Europea es muy ilustrativo ya que en principio se presentaba como menos coactivo que el de EEUU; sin embargo en base de una inadecuada conceptualización de los vínculos entre las dimensiones económicas y políticas, no se reconoció suficientemente los potenciales beneficios de balancear un "bottom-up and top-down approaches", de tal manera que las oscilaciones entre condicionalidad y coerción forzaron tanto como debilitaron las democracias subdesarrolladas37. La otra coacción no menos eficiente y constringente es "la estabilidad de los mercados", que exige siempre una estabilidad socio-política, así como el indicador de "riesgos" de cada país para los inversionistas. Poco importa que la violencia de los conflictos no logren desestabilizar el régimen democrático, con tal de que se limiten a desestabilizar los gobiernos democráticos; pero basta la desestabilización de los mercados para provocar las fugas de los inversionistas y las alarmas del FMI y BM38. 29 A. Przeworski et al., "What Makes Democracies
Endure?", en Journal of Democracy, vol. 7, n. 1, 1996: 49. Además del
clásico planteamiento sobre la relación entre economía y democracia
planteado por Seymour M. Lipset, "Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy", American Political Science
Review, 53 (1959), Przeworsky añade una más reciente bibliografía sobre el
tema. Aun sin recurrir a las armas, no menos constringentes y violentas son las coacciones y hasta chantajes con los que los países desarrollados, por ejemplo europeos, han secundado durante la última década "la inducción democrática" en otros países del mundo. También en el caso europeo "la fuerza de la presión respecto del otro y la voluntad de cambio a pesar suyo tan fuertes, que se olvida cuan poco democrática es la aspiración de querer imponer la democracia por la fuerza" 39. Sea cual sea la forma o la fuerza con la que se impone la democracia, abusivamente se desconoce que esa democracia nada tiene de democrático, pues ya Aristóteles había previsto que "una democracia impuesta por la fuerza no es una democracia que responda al bien común" 40 No hay que ser por consiguiente muy ilusos para creer en la buena fe de esta nueva cruzada democrática emprendida por los países del Norte, liderada por los EEUU y Europa, con su importación forzada de unos valores democráticos, que en esas mismas regiones comienzan a deslegitimarse e impugnarse, ya que en el fondo lo que está en cuestión, la finalidad última es una occidentalización del mundo con todos aquellos valores que hoy se resumen en la sociedad del mercado. Y por elemental lógica política pretender pasar del reino de la fuerza al del derecho implica un soberano absurdo, ya que no es utilizando la fuerza que se puede abandonarla. Y sin embargo no hay factor que deslegitime la democracia no sólo externa sino también internamente como su forzado constreñimiento. Cuando hace años se criticaba la exportación norteamericana de la democracia a países como los de América Latina, que hasta entonces habían sido dictaduras militares también impuestas por la fuerza por EEUU, no se sentía todavía el peso de dicho constreñimiento. Y si hoy este imperativo democrático no se siente tan constringente es porque se ha ido internalizando por medio de un tenaz trabajo ideológico, que ha pretendido convertir la coacción en consenso. ¿Cómo no descubrir una muy estrecha asociación entre ajuste económicoestructural y ajuste democrático-estructural? El ajuste democrático no se ha limitado a las coacciones y constreñimientos más o menos forzados y violentos, incluidos los chantajes económicos (instrumentalizaciones de la "deuda externa" o "bloqueos comerciales"), también se ha recurrido a la retórica de las ideas y a las dominaciones ideológicas. Nunca como en estas dos últimas décadas los idearios del Consenso de Washington enunciados por FMI y del Banco Mundial, a través de slogans y recetas muy conceptualmente elaboradas y consistentemente financiadas han contribuido a neutralizar todo pensamiento crítico y a fraguar un "pensamiento único", cuya función era en parte encubrir y camuflar los reales procesos y problemas, para en parte desarrollar una nebulosa ideológica que justificara y legitimara el nuevo orden mundial, fundado sobre la democracia y el mercado. Todas las luchas, desde la "lucha contra la pobreza" hasta la "lucha contra la corrupción", toda la galaxia y falacia ideológicas mentalizadoras en torno a la "participación ciudadana", la "sociedad civil", el "desarrollo sostenido", etc. han servido para ocultar las políticas gubernamentales del ajuste y de las privatizaciones, de las aperturas y desrregulaciones de los mercados, de la financiarización del capital acumulador y concentrador de riqueza; políticas todas ellas empobrecedoras, reductoras de toda posible participación donde cada vez queda menos que compartir, desconstructoras de ciudadanías apenas estrenadas en sus derechos (políticos, civiles y sociales), y liquidadoras de una sociedad civil cada vez menos civil y menos sociedad41. Además de imponerse y mantenerse por la fuerza también se sigue imponiendo y manteniendo por la fuerza de las consignas, recetas y slogan económicamente financiados y puestos en circulación con mucho dinero de Fundaciones, del FMI y el BM, por medio de programas de investigación, de cursos, congresos y publicaciones. Nadie como ellos en el mundo ha ejercido recientemente una coerción ideológica y corrupción intelectual, marcando las agendas de las ciencias sociales; coacciones tan suaves como bien pagadas. Pero de todos estos recetarios, que han llegado a conformar un capital ideológico extremadamente eficaz, emitidos siempre tan regular como coyunturalmente por el Banco Mundial, ninguno alcanzó mayor éxito, ni como ningún otro fue tan difundido y publicitado, ni permeó tanto en los medios intelectuales, de las ONG, de los mass-media, y los organismos estatales y gubernamentales, como el de gobernabilidad. La idea de gobernabilidad aparece precisamente a inicios de los 90, cuando los gobiernos democráticos con sus políticas bancomundialistas comenzaban a deslegitimarse y a provocar un nuevo ciclo de conflictos y una nueva forma de protesta, que amenazarían su futura estabilidad42. El objetivo de la gobernabilidad consistía en fortalecer aún más los Gobiernos o Ejecutivos de las democracias, para mejor garantizar la eficaz implementación de sus políticas, de preferencia con los menores costos socio-políticos, pero encubriendo los reales problemas de los gobiernos democráticos y de sus mismas políticas. Ya que son éstas y aquellos los que generan el conflicto, provocan la protesta y en definitiva desestabilizan la democracia, haciendo ingobernables las mismas sociedades. Al hacer de la gobernabilidad de la sociedad una falsificación del real problema de los gobiernos democráticos se achacaba a las resistencias y oposiciones sociales, a las movilizaciones y rebeliones de la sociedad las causas y responsabilidades de la ingobernabilidad. No hay que pensar en términos de "las serias amenazas que pesan sobre las frágiles democracias", sino más bien en cómo las democracias se han ido fragilizando por las presiones ejercidas sobre ellas43. Se revela muy sintomático que sean las fuerzas del Mercado visibles en las multilaterales como el Banco Mundial y FMI, las que instrumentalizan ideológicamente la democracia en razón de la instrumentalización política de sus gobiernos. Pero hay que tener en cuenta que la instrumentalización de la democracia como de cualquier otra institución sólo es posible, cuando otras fuerzas y otras lógicas diferentes y más poderosas se imponen y dominan las lógicas y las fuerzas políticas inherentes a la misma democracia, pero que ya no son capaces de sustentarla. Esto explica no sólo la instrumentalización de la democracia y el sometimiento de sus gobiernos a las fuerzas del capital globalizado, a los intereses económicos y financieros internacionales, a la ideología neoliberal, sino también explica por qué ni para la democracia ni para el mercado haya hoy alternativa histórica posible. Ideológicamente hemos pasado de una época, en que las ideas de "ultraderecha" o de "extrema derecha" se habían convertido en ideas de la corriente dominante a una nueva época donde no hay más que una única corriente de ideas, que por ello mismo parece dominante (¿o parece la única porque se ha vuelto tan dominante?). En este sentido la coerción democrática se impone como parte de la coerción del mercado, ambas con la misma violencia y la misma 39 Sophia Mappa, "L´injonction démocratique dans les
politiques européennes de développement" en Sophia Mappa (edit. ),
Développer par la démocratie? Injonctions occidentales et exigences
planétaires, Karthala, Paris, 1995. La autora demuestra con mucha
documentación oficial el chantaje democrático al que los estados y
gobiernos europeos condicionan su "ayuda al desarrollo". hegemonía. Por eso lo peor de la democracia (como del mercado) es que a pesar de su deslegitimación no hay actualmente régimen político alternativo, y en tal sentido cabe pensar en un fatalismo democrático44. 4. ¿Será posible la democracia en una sociedad postsocietal (sociedad de mercado)? Frente a una hipótesis más sociológica, que destaca la preponderante influencia de las condiciones sociales y características de un determinado modelo de sociedad (su formación histórica y socio-económica) en la estabilidad, cálida y eficacia de un régimen y gobierno democráticos, otra hipótesis, sin excluir completamente tales condicionamientos sociológicos, pone más bien de relieve los efectos políticos de un régimen y gobierno democráticos capaces de alterar y modificar un modelo de sociedad y sus condicionamientos sociales45. Tal efecto democratizador del régimen político con su producción de democracia social lejos de ser un principio, que se cumpliría en cualquier circunstancia, constituye más bien una hipótesis condicionada no sólo por la calidad política del régimen y gobierno democráticos, sino también por el mismo modelo de sociedad más o menos predispuesto o proclive a tales efectos democratizadores46. Por consiguiente, esta hipótesis sobre los efectos democratizadores y de cambio, que puede tener una democracia y sus gobiernos, sobre la democratización de la sociedad estaría condicionada por un modelo de sociedad, donde la política releva tanto del orden de las estructuras como de la superestructura. Lo que no sería el caso en la moderna sociedad actual, donde lo que realmente constituye su estructura y superestructura es la economía y el mercado, pero no su esfera política e instituciones democráticas. Por consiguiente será más bien la economía de mercado, la que no sólo influye, afecta y transforma el régimen y gobierno democráticos sino también la misma sociedad tanto directamente como a través de las mismas instituciones políticos-democráticas. Según estos planteamientos no se llegaría a comprender plenamente la profunda crisis de la democracia sin tener en cuenta que ésta ha sido un régimen político y de gobierno propios de un determinado modelo de sociedad societal, y que en un nuevo y diferente modelo de sociedad postsocietal, en una sociedad de mercado, la democracia comenzaría por incurrir en tales ineficiencias y contradicciones, pasando por la corrupción de sus instituciones, llegando a ejercer efectos tan perversos en el conjunto de la sociedad, que terminaría siendo a la larga inviable o quedaría políticamente tan transformada como irreconocible. Hay que precisar y probar, por consiguiente, qué modelo de sociedad es el que se muestra tan contrario y opuesto a un régimen político y de gobierno como los democráticos, cuando la democracia a lo largo de la historia, desde hace más de veinticinco siglos, y a lo ancho de los más diversos modelos de sociedad y cultura, ha sido capaz de las mayores adaptaciones y transformaciones, dando muestras de una extraordinaria ductilidad y plasticidad47. Sin embargo desde la antigua Atenas hasta la más reciente actualidad todas las sociedades históricas en las que se ha implementado uno u otro modelo de democracia, de régimen y gobierno democráticos, todas estas sociedades han respondido a un modelo de sociedad societal y no de sociedad comunal compatibles con el régimen, el gobierno y las instituciones esenciales de una democracia48. Ahora bien, si la democracia como régimen político y de gobierno nunca hubiera sido posible en una sociedad comunal y sí únicamente en la sociedad societal, podemos preguntarnos hoy si la democracia será posible en una sociedad postsocietal ("network society", "sociedad informática", "sociedad de mercado") en un mundo global. Planteando la cuestión en términos más precisos caber preguntarse sobre las condiciones de posibilidad de la democracia en una sociedad de mercado, o sociedad en redes (network society, según M. Castells), sin un real intercambio social, ni vínculos sociales, sin cohesión alguna (ni "orgánica", propia de la sociedad comunal, ni "mecánica", propia de la sociedad societal), dominada por una dinámica diferenciadora y excluyente, sin nada "en común" que compartir ni interés colectivo en el que participar. Puesto que sin un "bien común" no hay sociedad y menos democracia posibles49. Mientras que para una sociedad de mercado cualquier cosa común o cualquier comunidad supondría una limitación al intercambio mercantil. ¿Qué tipo de democracia sería entonces posible en tales condiciones de sociedad? ¿No sería incurrir en un flagrante malentendido con graves consecuencias prácticas, seguir llamando democracia a un régimen político y de gobierno en una sociedad postsocietal, cuyos ordenamientos y organización, instituciones y valores son tan radicalmente opuestos a los democráticos? Si "el proceso de la modernidad es el proceso de la democracia", no sería por otra razón sino porque la democracia inaugura una modernización de la sociedad humana, pero también concluye con una nueva fase de modernización de la modernidad50. Un factor adicional de la inviabilidad o incompatibilidad democrática, pero que es parte integrante de la formación de la sociedad postsocietal es el fenómeno de la globalización: desde sus orígenes las democracias estuvieron circunscritas a determinadas historias y localidades, a determinadas sociedades, a un determinado Estado-ciudad o Estado-nación. Pero actualmente la globalización transforma todo el mundo en un "schrinking world", donde los procesos locales se mundializan y los mundiales se localizan, y donde las prácticas y procesos político-democráticos quedan profundamente alterados. Ya que una cosa es globalizar un modelo democrático y otra muy diferente la posibilidad de una democracia global, cuando las fuerzas políticas y económicas, militares, tecnológicas e informáticas se globalizan, pero no los procedimientos y prácticas democráticos51. 44 "...no parece que en el momento actual exista en
todo el mundo un sistema político viable tanto desde el punto de vista
intelectual como desde el moral diferente de la democracia... Y sin
embargo al mismo tiempo descubrimos que este régimen político, triunfante
de un modo que incluso puede parecer irreversible o poco menos a los ojos
de un observador superficial, se enfrenta con problemas muy graves" (J.
Tusell, La revolución democrática, Edic. Nobel, Oviedo, 1997). Así planteado, el problema se agudiza y se vuelve aún más complejo, si se considera en qué medida son los mismos gobiernos democráticos, los que contribuyen a destruir todas las instituciones, que conforman la sociedad societal, las cuales han sido las mismas, que desde hace siglos habían hecho posible la democracia, y hasta hoy han garantizado su reproducción a lo largo de la historia y a lo ancho de su diversidad de formas, tanto como sus sucesivas adaptaciones a las diferentes épocas. De ninguna manera se sostiene aquí que la democracia sólo sea compatible con un tipo u otro de sociedad, ni siquiera que sea incompatible con el ya tratado impedimento de la iniquidad social y sólo compatible con un determinado umbral de igualdad, los que tendrían que establecerse siempre de acuerdo a uno u otro modelo de sociedad. Tampoco es cuestión de aquellos factores sociales o sociológicos extrínsecos al régimen democrático, sino precisamente de aquellos que siendo propios de un determinado modelo de sociedad societal se revelan constitutivos de la misma democracia. Lo que por un lado aparece como la destrucción de
aquellas realidades e instituciones sociales, que simultáneamente
constituían las categorías esenciales de una democracia, por otro lado
éstas categorías e instituciones democráticas aparecen tan investidas de
una economía de mercado, que ellas mismas dominadas por las fuerzas y
lógicas del mercado comienzan a operar mercantilmente y no políticamente
al interior de la democracia. Tal es el caso, por ejemplo, de la
participación y representación políticas, las cuales actúan ya hoy regidas
por intereses privados, de acuerdo a los comportamientos y procedimientos
del derecho privado, y bajo los imperativos de la oferta y la demanda. Y
el concepto de "democracia delegativa" acuñado por O´Donnell define
perfectamente esta privatización de la representación política, al
establecer una relación clientelar entre el representante y los
representados, cuando la función específica de la representación política
consiste en producir y representar (parlamentariamente) el interés público
y común, y no la representación de los diferentes intereses privados de la
sociedad, que nunca tendrían por un simple efecto de agregación de dar
lugar a un interés público y común. Por consiguiente allí donde nada es
público y común no hay posibilidad alguna de participar y compartir. 5. El desorden democrático y el factor institucional Desorden institucional de la democracia Al cabo de 25 años de una transición inconclusa y de una progresiva desconsolidación las "nuevas democracias" (democracias exportadas o democracias forzadas) merecen un balance crítico, al volverse tan inestables, inconstitucionales y antidemocráticas, cuando la cuestión más obvia no es por qué no logran consolidarse sino por qué perduran y sobreviven en sus "formas" más corruptas y con tales niveles de deslegitimación. Plantear el problema de ¿por qué duran las democracias? en la región andina, a pesar de su progresiva desconsolidación, supone preguntarse por qué las democracias en los países andinos "han durado" y "sobrevivido" no sólo al tiempo, sino también a muchas crisis y desestabilizaciones, golpes, semigolpes y autogolpes de Estado, deterioros de su fundamental legitimidad, pero que lejos de consolidarse parecen haber entrado en una vertiginosa de deslegitimación y corrupción institucionales. El problema hoy ya no se plantea en términos de aplazamiento o postergación de "inconsolidación" sino más bien de una progresiva "desconsolidación" 54. Si las democracias duran, es a costa de su creciente deslegitimación y lo que es peor se encuentran forzadas a durar por mucho que se degraden y deslegitimen. Cuando se inicia la transición con el establecimiento de las instituciones democráticas, se suponía suficiente que la democracia "durara" y que sobreviviera al paso del tiempo, a sus posibles crisis e ineficiencias, para alcanzar su "consolidación"; en tal sentido la persistencia temporal de la democracia se asoció a su consolidación55. Las interpretaciones supuestamente más pesimistas en base a los análisis más realistas llegaban a pronosticar que "el fantasma que acecha la transición es... la no-consolidación... Estos países están condenados a permanecer democráticos casi por defecto (almost by default)" 56. Pero sin ser un criterio de la consolidación de la democracia, el "paso del tiempo" parece hacer cada vez más improbable su desaparición, lo que conduciría a una muy paradójica y perversa situación de democracias que duran y 52 Tal y como sostiene J. Cl. Guillebaud, "Les médias
contre la démocratie?" en Esprit, n. 190, 1994. y resisten a pesar de (o a costa de) su creciente desestabilización, deslegitimación y no-consolidación57. Más allá de una versión "duracionista" o "sobrevivencionista" se suele considerar consolidada una democracia que ha alcanzado un "completo grado de institucionalización" (O´Donnell: 1996: 38). Muchos autores coinciden en articular legitimidad e institucionalidad democráticas, definiendo la deslegitimación, que impide la consolidación de la democracia, por "la creciente ruptura entre la formalidad de las normas y las conductas de toda suerte de actores políticos" 58. La más original y específica calidad de la democracia consiste en ser el régimen político más regulado por las instituciones de una constitución o por la constitucionalidad de sus leyes; por esa misma razón la democracia es el más perfectible pero también el más destructible de todos los regímenes políticos, ya que puede perfeccionarse tan ilimitadamente sin alcanzar su definitiva perfección, de la misma manera que puede entrar en un proceso de ilimitada autodestrucción sin llegar a destruirse por completo59. Lo determinante de la institucionalidad en la democracia, que ésta se funde y regule institucionalmente más que ningún otro régimen político, significa que todos sus procesos y procedimientos de gobierno, con todas sus relaciones de poder, supeditan las actuaciones y relaciones entre personas a las relaciones y actuaciones de las leyes y procedimientos, las normas y los "órdenes", en definitiva a las instituciones. En la democracia el gobierno entre personas y grupos es sustituido por el de las leyes; la dominación entre personas sustituida por el dominio de la ley. Según esto donde falta institucionalidad, se encuentra limitada, defectuosa o suprimida, allí mismo emerge el poder de personas y grupos, produciéndose el gobierno de unas personas por otras. Invirtiendo este argumento: donde actúa y es eficaz el poder de los hombres y el gobierno de unos sobre otros, allí se limita, elimina o suspende el orden institucional, y las instituciones lejos de sustituir y limitar el poder y gobierno de las personas se convierten en instrumento de dicho gobierno y en arma de dominación y explotación entre personas. Es este "efecto de las instituciones", que garantiza no sólo la duración sino también la estabilidad, calidad y desarrollo democráticos. Cuando las mismas instituciones democráticas siguen reproduciendo el gobierno de las personas y la dominación entre ellas, simultáneamente aumentan las desigualdades y reducen los derechos con el efecto perverso de legitimar y estabilizar poderes, condiciones y procesos totalmente antidemocráticos. En este fenómeno consiste la crisis institucional de la democracia en países, donde las instituciones en lugar de operar democráticamente son utilizadas para seguir reproduciendo relaciones de poder, formas de gobierno y dominación de unas personas y grupos sobre otros. Tal situación genera un profundo y perverso conflicto en las sociedades y regímenes democráticos, dando lugar a crisis de todo orden y procesos de gran desestabilización constitucional: amenazas de golpe de Estado, autogolpes o "golpes institucionales" que derrocan un gobierno constitucional para reemplazarlo por otro como si un golpe anti-institucional pudiera legitimarse con otro gobierno constitucional. Todas estas situaciones de crisis no son más que síntoma y resultado de lo que habitualmente sucede en todas las instituciones, espacios públicos y de gobierno, en todo procedimiento administrativo, jurídico y político: la acción y el poder de las personas sobre la acción y el poder de las leyes. Estas situaciones resultan paradigmáticas de una rutinaria desinstitucionalización de la democracia, que a su vez degenera en una rutinización de su desintitucionnalidad. De manera creciente, los problemas democráticos dejan de ser pensados, tratados y resueltos democráticamente, para de manera más generalizada ser planteados, intervenidos y supuestamente solucionados por vías antidemocráticas; no por medios institucionales (leyes, normas, organismos, procedimientos) sino por medio del poder y de la negociación de las personas, de clases, de grupos de interés, de movimientos sociales. Dicha espiral de desinstitucionalización democrática (de "desconsolidación") hace que cuanto más graves y profundos sean los problemas que tal funcionamiento democrático produce, más directo y violento sea el recurso a los procedimientos no-institucionales y antidemocráticos. La transición democrática supuso una puesta a prueba del poder de las instituciones sobre los otros poderes de personas, clases y grupos, que difusos, organizados o estructuralmente dominan la sociedad. Cuando estos poderes se supeditan al poder de las instituciones democráticas, sin que ello implique un total y homogéneo sometimiento a ellas, dicha "subordinación" tenderá a ser progresiva, cada vez más completa e irreversible, pudiéndose pensar entonces en un paso de la fase transicional a la de consolidación. Si por otro lado cada institución democrática ejerce un poder dentro de sus específicas competencias y eficacias, y todo el sistema institucional funciona con esta misma legitimidad y eficiencia, reforzando la democracia en su conjunto, la simple duración sería ya una garantía de consolidación. Lo que explicaría el doble fenómeno de transición y consolidación por el factor institucional, puesto que funda y define la misma democracia, en lugar de recurrir a criterios que siendo pertinentes son más bien derivados y se prestan a múltiples cuestionamientos. Según esto, la transición democrática llega a fracasar de dos formas definidas a mediano y corto plazo: a) los tradicionales como los nuevos poderes de dominación y explotación son tan fuertes, que no soportan el sometimiento al poder de las instituciones y terminan imponiéndose de nuevo sobre ellas, aboliendo de manera más o menos abrupta y violenta el régimen democrático; b) los poderes y relaciones de dominación y explotación sin soportar el sometimiento completo a las instituciones, tampoco pueden ni les interesa derrocar y quebrar con su poder el orden democrático, optando más bien por un procedimiento intermedio: sin destruir las instituciones democráticas (leyes, organismos, normas, procedimientos...) los controlan con su poder y los utilizan como instrumentos para seguir reproduciendo sus modelos de dominación y acumulación tradicionales y no democráticos. Una visión opuesta y en parte complementaria de esta problemática es que las actuales formas de ejercicio del poder y del gobierno, de acumulación y concentración de riqueza, son más efectivos y gozan de mayor legitimidad en los regímenes democráticos, por muy antidemocráticos que sean sus gobiernos, que en cualquier otro régimen. Precisamente porque la democracia se constituye sobre el principio de igualdad de todos los ciudadanos, la corrupción de las instituciones democráticas ha hecho posible y hasta legitimado, que las crecientes diferencias socioeconómicas puedan transformarse en nuevas desigualdades sociales, ellas mismas legalizadas por instituciones democráticas, incapaces de garantizar los umbrales mínimos de igualdad ciudadana. Así se opera una perversa corrupción de la institucionalidad democrática y su progresiva e ilimitada deslegitimación. En este sentido coinciden 57 Para A. Przeworski et al. la "sobrevivencia de la
democracia" su "capacidad para sobrevivir" (ability to survive) parece ser
cuestión de eficiencia económica, lo que nunca se ha dejado de discutir,
aunque sin excluir el factor institucional ("This is not to deny that
institucions matter"): "What makes Democracies endure?" en Journal of
Democracy, vol. 7, n. 1, 1996: 50. muchos autores, conceptualizando como "desafío de legitimidad" lo que con más precisión Huntington llama "el dilema de legitimidad" 60: la gran tentación de recurrir a procedimientos no democráticos para resolver problemas democráticos (desde la extrema violencia civil hasta las agudas crisis económicas). Lo que siempre acarrea a mediano o largo plazo un problema mayor del que se intentaba resolver ("by achieving its purpose, it lost its purpose": Huntington, 1991:55). Por tales procedimientos contra el poder de las instituciones y en defecto de dicho poder las democracias funcionan antidemocráticamente: "democracy reverts back to its oldway" (Metin Heper, p.114). Una conclusión unánime es que "la supervivencia de las democracias depende de su sistema institucional" (Przeworski et al., 1996:47); "requisito para la consolidación de esta nueva madurez es un escrupuloso respeto de las reglas del juego democrático" 61. Tratar simplemente la consolidación en términos de un mayor o menor grado de institucionalización, o de una democracia "formal'' o ''informalmente'' institucionalizada62, es incurrir en otra imprecisión, tanto más si se hace referencia a instituciones que, si bien siguen funcionando lejos de funcionar democráticamente tienen efectos y consecuencias antidemocráticos: elecciones donde se eligen candidatos, pero no se legitiman gobernantes; representantes políticos que sólo representan intereses privados; instituciones de justicia que sirven para linchamientos políticos y venganzas particulares. El paso de la transición a la consolidación democrática pone de manifiesto esa otra dimensión institucional y exclusivamente particular de la democracia, en cuanto régimen político que consiste en la "producción de un orden" (Portantiero). Pero el orden específico producido por la democracia posee la singularidad de ser un orden que, sin excluir cualquier otro desorden que el democrático (el de sus propias normas), es capaz de ordenar cualquier otro desorden. Por el contrario, la desconsolidación democrática consistiría en la producción de un desorden capaz de desordenar cualquier otro orden en la sociedad (político, económico, cultural, institucional); incluido el orden democrático, con tal de salvar las formas a costa de los principios de la institucionalidad democrática. Desde otra perspectiva se conceptualiza la misma situación, en la que las instituciones democráticas vaciadas de su poder específico sirven para el ejercicio de otros poderes y relaciones de dominación y acumulación. Es sobre todo esta producción de desorden constante y generalizada, la que mejor visualiza la actual y contradictoria desconsolidación de las democracias en los países andinos. Puesto que no hay sociedad sin una u otra forma (uno u otro grado) de dominación y de acumulación, es preciso reconocer que la democracia, en razón del principio constitutivo de su institucionalidad (sometimiento de todo poder personal y grupal al de las leyes e instituciones), sería el régimen político que más legitima tal dominación y explotación en el sentido de que las legaliza, las limita y es capaz de ejercer sobre ellas su continua atenuación y transformación. La contradicción se presenta, cuando los poderes dominantes, lejos de someterse al poder de las instituciones democráticas, son capaces de utilizarlas como armas e instrumentos para reproducir y legitimar su dominación y explotación. Esto explica que la deslegitimación de la democracia provoque incluso por parte de las clases populares y subalternas, de la población más dominada, excluida y explotada pero también incluidas clases medias, reacciones, comportamientos y opiniones antidemocráticos. Se arraiga una clara percepción de que las instituciones democráticas sirven para legitimar una ilegítima reproducción de poderes y dominaciones no democráticos; por otra parte, y a pesar de esto, por muy desligitimadas que se encuentren las instituciones democráticas siguen siendo el único o último reducto de poder con el que cuentan los dominados y explotados para limitar y hasta llegar a confrontar los otros poderes opuestos a los democráticos, y que se ejercen sobre la sociedad. Esta situación permite además comprender por qué, entre otras razones más complejas, las actuales luchas y conflictos en las sociedades democráticas dejan de ser cada vez menos "sociales" para volverse más "institucionales"; como si la democracia hubiera transformado la lucha de clases en una lucha institucional; como si aquella en la democracia pasara por la lucha por las instituciones. No son las instituciones y poderes institucionales los que están en juego como objeto o contenido de la lucha, lo que por otro lado respondería a la más legítima contienda democrática (cuyo escenario privilegiado son las elecciones); se trata por el contrario no de defender o disputarse el poder de las instituciones con la finalidad de defenderse de otros poderes y controlarlos, sino más bien de servirse de las instituciones, utilizarlas aun a costa de su relativa legitimidad, para ejercer el poder por medio y en contra de ellas. Tal estrategia desinstitucionalizadora comparten los grupos dominantes como los dominados, clases dirigentes como subalternas o populares. Esta crisis democrática ha dado lugar a un fenómeno plebiscitario muy complejo, que pretende legitimarse en razón de los mismos principios democráticos, pero a costa de una absoluta supeditación de toda legalidad y de toda institucionalidad bajo las actuaciones soberanas del pueblo, como si el principio de soberanía popular se sustrajera a cualquier forma de legalización e institucionalización de los procedimientos políticos. Este fenómeno plebiscitario que se expresa en las formas más variadas (del recurso al referéndum hasta la revocación de todo mandato, pasando por los participacionismos más extremados), incurre en una democracia callejera, que ya Aristóteles calificó de monarquía popular, y que ''se vuelve despótica al buscar un ejercicio monárquico del poder no regulado por la ley'' (Política, IV, iv, 1292,15ss). ¿Qué razones justifican el mantenimiento de la democracia aún a costa de su constante e ilimitada deslegitimación? Primero, una modernización y relativa despolitización de los poderes sociales, de su ejercicio de dominación y explotación, hacen cada vez más innecesario el control absoluto de los aparatos de Estado, el recurso a su "legítima violencia", ya que las instituciones democráticas se vuelven más funcionales a dichos poderes y legitimadoras de sus ejercicios de dominación; paradójicamente entonces la deslegitimación de las instituciones democráticas es correspondiente, equivalente y consecuencia de la legitimación a través de ellas de los poderes no democráticos. Segundo, la globalización de todos los procesos, fenómenos e instituciones a nivel mundial hacen que la democracia sea el régimen político capaz de mayor homogeneización, precisamente en base a su fundamental carácter institucional; y por consiguiente la "exporting democracy" se ha mundializado prácticamente a 60 Para Metin Heper "the challenge of legitimacy" se
juega entre una "democracy vertical" dominada por las elites y una
"horizontal democracy" de carácter más participativo ("Consolidating
turkish Democracy", en Journal of Democracy, vol.3, n. 2, 1992: 105s); S.
Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,
University of Oklahoma Press, 1991. raíz de su "tercera ola" 64. Por último, el mismo neoliberalismo a escala mundial exigirá para su mínima legitimación y su máxima efectividad el establecimiento de los clásicos principios liberales, que sólo el régimen democrático garantiza. Según esto tanto la exportación democrática como la globalización democrática están destinadas no sólo a compensar sino sobre todo a encubrir la cuestión de la calidad democrática. Poco importa que democracias se deterioren y degraden, deslegitimándose hasta sus peores extremos, con tal que perduren, ya que mientras los costos de su precariedad y descomposición se internalizan y se pagan en cada país, las ventajas de su duración se externalizan en beneficio de la globalización; o más exactamente de los actuales poderes beneficiarios de la globalización. Según esto, la democracia reducida a sus requisitos más formales y procedimentales, (libertad de expresión, multipartidismo, elecciones competitivas) no tendría otra finalidad que legitimar poderes, de los que poco importará después la legitimidad de su ejercicio, y en tal sentido hay que preguntarse cada vez con mayor convicción si ''la promoción democrática por los gobiernos del Norte es parte de un amplio y hegemónico proyecto de dominación global''65. Podría objetarse que el concepto de desconsolidación no posee suficiente pertinencia para significar los procesos de desinstitucionalización de la democracia, pues democracias que nunca llegaron a consolidarse mal podrían desconsolidarse. A tal objeción cabe argüir que la transición democrática supone una inicial institucionalización de prácticas, procedimientos, organismos y ordenamientos políticos; las elecciones, por ejemplo, confieren a los ciudadanos la capacidad de elegir y legitimar a sus representantes y gobernantes; éstos a su vez en base a leyes adquieren el poder de implementar políticas con efectos en la sociedad; la misma relación entre poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se encuentra normalizada y ordenada en base a principios, leyes y procedimientos constitucionales. En otras palabras la democracia sólo es posible en cuanto definición y atribución de poderes a sus instituciones, éstas mismas legítimamente constituidas; de forma más específica la transición democrática se inicia en la medida que se identifican y confieren poderes a todo un complejo sistema de leyes, normas, regulaciones, organismos e instituciones, de modo que no haya otros poderes al margen o por encima de éstos. Esta institucionalización de poderes, que "constituye" la democracia, representa el punto de partida de toda transición; tal combinación de poder y legitimidad funda el pacto democrático al interior de una sociedad y la producción de un orden democrático. Todo lo cual en vez de consolidarse puede entrar en crisis, para emprender un proceso regresivo de desconsolidación, por el que se resquebraja la articulación entre poder y legitimidad, a medida que el poder depositado en las instituciones vuelve a ser usurpado, retomado y ejercido por personas y grupos. Poco importa que estas personas y grupos actúen al interior de las instituciones, si sus actuaciones violan, fuerzan o corrompen las normativas y regulaciones institucionales. En este sentido, el concepto de desconsolidación interpreta mejor incluso lo que la idea de transición y consolidación sólo llegan a caracterizar descriptivamente, o bien recurriendo a una clasificación de indicadores y criterios, sin definir cuáles son los suficientes y cuáles los requeridos. Más aún si se considera que "la mayor parte de las definiciones de la consolidación democrática están centradas en torno a la institucionalización" (O´Donnell, 1996:48, nota, 12), nada más justificado que el concepto de desconsolidación para identificar el mencionado proceso de pérdida de institucionalidad de las democracias en los países andinos66. Habría que penetrar ciertas lógicas inherentes a la alternativa entre consolidación y desconsolidación, que permitan explicar por qué ésta no es una simple transición truncada, y por qué el concepto de desconsolidación intenta significar algo más que una democracia no-consolidada. La razón es que no hay alternativa entre la "producción de un orden" capaz de ordenar cualquier desorden y la producción de un desorden capaz de desordenar cualquier orden. Ya que en los actuales contextos de "modernización" la simple "duración" o "sobrevivencia" en el tiempo sin cambios hace que los cambios inherentes a dicha "modernidad" tengan una influencia destructiva. El factor y efecto institucionales en las democracias modernas es decisivo para los cambios: en una época histórica de cambios tan bruscos y acelerados, e innovaciones tan precipitadas, sólo las instituciones son capaces de resistir la fuerza de dichos cambios, sin los cuales la misma democracia se deteriora por el inmediato efecto de su creciente inadaptación. Factores de la desinstitucionalización democrática Para definir las principales causas de desinstitucionalización y consiguiente deslegitimación de las democracias, las que más deprivan de su poder específico a las instituciones para transferirlo a las personas y grupos, será necesario tener en cuenta aquellos criterios con mayor referencia a: 1) el régimen particular del gobierno democrático: el presidencialismo dominante en toda la región; 2) el más determinante de los elementos del régimen democrático en su articulación con todo el sistema político (Estado, sociedad civil, sociedad política, régimen de gobierno): la representación política; 3) las dimensiones socio-culturales que enmarcan y sustentan al funcionamiento de todo el sistema político, condicionando sus formas y desarrollo. a. Presidencialismo y personalización del poder De la misma manera que «una forma de gobierno institucional puede ejercer una fuerte influencia en la totalidad del sistema político»67, también una forma de gobierno personalista influirá con equivalente fuerza y contrarias consecuencias en todo el sistema político. El régimen presidencialista significa tal acumulación y concentración de poder y autoridad en el Ejecutivo y en la misma persona del Presidente, como Jefe de Estado (representante de toda la nación) y Jefe de gobierno, que todo el sistema político se resiente de tal personalización del poder-autoridad en un doble sentido: todo poder y autoridad tienden a confluir en la persona del Presidente, a la vez que dicha personalización del poder-autoridad se reproduce y refracta en el resto del sistema político: desde el Presidente del Congreso hasta los Alcaldes, pasando por Gobernadores o Presidentes de los otros poderes del Estado, incluyendo a dirigentes de los partidos y de movimientos sociales. De esta manera el síndrome presidencialista hace que la personalización del poder se metabolice por todo el sistema político (y hasta por la misma sociedad) en detrimento del poder de todas sus instituciones. Siempre cabe objetar que la personalización de los poderes resulta de la carencia y fragilidad de las instituciones sociales y políticas, y que son las específicas debilidades de sus funciones institucionales las que contribuyen a la inevitable personalización. Lo que supondría compensar con poderes personales los precarios poderes funcionales; de otro lado, haría muy coherente la necesidad de autoritarismo tan endémico y epidémico en la cultura política latinoamericana. Mientras que las instituciones poseen un poder constitucionalmente establecido, y por ello limitado y regulado en las posibilidades y formas de su ejercicio, cuando tales poderes son asumidos y en cierto 64 Joshua Muravchik, autor de Exporting Democracy:
Fulfilling America´s Destiny (The AEI Press, 1991), según el Wall Street
Journal "the most cogent and careful of the neoconservative writers on
foreign policy", aun sin quererlo se traiciona revelando el proyecto
neoimperialista norteamericano tras la expansión de la democracia en el
mundo; por el contrario Abraham Lowenthal (Exporting Democracy: The United
States and Latin America, The Johns Hopkkins University Press, 1991)
muestra cómo la administración norteamericana, y de manera muy especial la
de Reagan con su proyecto neoliberal, "came to adopt prodemocracy policies
as a means of relieving pressure for more radical change". modo apropiados por personas y grupos, y ejercidos por ellos al margen de las normatividades institucionales o por encima de su ordenamiento, y hasta transgrediendo sus controles, surge entonces una "pugna de poderes". No son los poderes institucionales entre instituciones los que realmente entran en pugna (lo que ocurriría por un defecto constitucional de tales instituciones), sino que son más bien las fuerzas de las personas y grupos actuando al interior de dichas instituciones, que por una deprivación y apropiación de los poderes de éstas las conducen al conflicto y la pugna. En este sentido, bajo la apariencia de una ''pugna de poderes'' lo que se entabla sin tregua es una generalizada ''pugna de intereses''. Ahora bien si ya tal expropiación de los poderes institucionales y su apropiación por parte de personas y grupos debilita y deslegitima políticamente las instituciones, en la medida que actúan supeditadas a otros poderes, o convertidas en instrumento de las actuaciones de poderes personales, la misma "pugna de poderes" confrontando las instituciones democráticas les añade un adicional debilitamiento y deslegitimación parlamentarias. Está demostrado que, cuando arrecia la "pugna de poderes" sobre todo entre Legislativo y Ejecutivo, la confianza y credibilidad de ambas instituciones más declina en la opinión pública. De otro lado en el régimen presidencialista la pugna que enfrentan dos principales poderes del Estado, Congreso y Gobierno, posee un carácter estructural, repercutiendo en todo el sistema político, y tiende a conflagrar la pugna por todos los otros poderes y aparatos de Estado. Lo que se traduce en una constante "producción de poderes en pugna", y una pugna que atraviesa todas las funciones institucionales (pugna legislativa, pugna fiscalizadora, pugna presupuestaria, pugna regional...) . La pugna sólo se resuelve en tres desenlaces catastróficos: cuando la oposición cuenta con mayoría legislativa, impide gobernar al Ejecutivo; cuando el Ejecutivo cuenta con mayoría legislativa practica una dictadura gubernamental, que puede ejercerse más allá de los límites constitucionales; la corrupción traducida en compra de votos, compra de diputados, compra de todo un partido o bloque parlamentario por parte del Ejecutivo. Los imperativos de la gobernabilidad de las modernas democracias han tenido efectos tan perniciosos como contradictorios. En lugar de entenderse y ejercerse la gobernabilidad como un desarrollo y perfeccionamiento institucionales, mejoramiento (más democrático y eficaz) de los dispositivos de gobierno (gubernamentalidad) y de las mismas relaciones de gobierno (gobernabilidad), tal imperativo se tradujo en un fortalecimiento de los poderes ejecutivos y de los mismos Presidentes, que en muchos casos usurparon poderes especiales. Al no mejorarse cualitativa e institucionalmente los poderes de gobierno, proporcionando mejores relaciones políticas y gubernamentales entre los poderes del Estado, el simple aumento cuantitativo del poder del Ejecutivo contribuyó a un reforzamiento de todos los contrapoderes, dando lugar a una espiral de "pugnas" y conflictos, con el consecuente deterioro de la gobernabilidad y de la misma democracia. Este "Institutional Stress" (C. Conaghan) de las democracias y sobre todo el encubrimiento de la razón que lo provoca, la personalización del poder, tiene el contradictorio efecto de generar entre la opinión pública una desenfrenada como contradictoria demanda de liderazgos políticos, desconociendo que son precisamente los poderes de personas, las que provocan las crisis en las instituciones, creyendo que sólo los lideres carismáticos podrán compensar o suplantar las deslegitimadas instituciones. El síndrome populista o clientelar no tiene otro sentido ni desempeña otra función. Ahora bien la facilidad y rapidez con las que en tales contextos políticos las sociedades producen nuevos líderes y liderazgos más o menos carismáticos sólo son comparables con la aún más rápida y fácil destrucción y consumación de tales líderes por parte de las mismas sociedades y sus opiniones públicas. Esto mismo permite entender una de las más particulares características de los líderes y sus carismas: su radical anti-institucionalidad: cuanto más ajenos o contrarios son y se muestran respecto de las instituciones, tanto mayor será su éxito, aunque también probablemente tanto más rápida su caída. Este fenómeno en el que se contrapone y superpone el poder de las personas al margen y por encima de poderes institucionales, remite a otro de los factores y efectos de la desinstitucionalización de las democracias: la degradación plebiscitaria y destructiva de la representación política. No hay fenómeno político más tratado y maltratado como el que se ha denominado populismo, y que para algunos autores se ha convertido en la principal o casi exclusiva interpretación de toda la política latinoamericana, y que sin embargo ha sido poco comprendido y explicado desde el anti-institucionalismo y contrainstitucionalidad de la cultura latinoamericana: el liderazgo carismático y populista sólo es posible desde la fragilidad institucional de la democracia, y el mismo líder populista no puede constituirse ni reproducirse como tal sino en base a un debilitamiento de las instituciones. Pues el líder populista y carismático no es más que la suprema personalización del poder político. Entre el dictador militar y el líder populista el presidencialismo asegura la mediación y continuidad entre ambas figuras políticas69. La personalización del poder coloca siempre al presidencialismo en un dilema político entre el autoritarismo y la inestabilidad; consecuencia a su vez de la contradictoria conformación del poder personal del presidente, que si por un lado resulta excesivamente fuerte en razón del cargo y funciones, por otro lado se revela extremadamente débil en las reales condiciones de su ejercicio gubernamental70. Consecuencia de ello es que la personalización del poder presidencial y el difícil ejercicio de su gobierno tienden a debilitar todas las instituciones del sistema político, comenzando por el mismo Estado y sus aparatos para terminar en los partidos políticos71. Durante la última década, con la finalidad de resolver el problema de gobernabilidad de las democracias y de gubernamentalidad de los regímenes presidencialistas, se han buscado formas de atribuir aun mayores poderes a los Ejecutivos y Presidentes (ampliación de los mandatos, posibilidad de reelección...), incluso a costa de reducir otros poderes como el legislativo (reducir la función fiscalizadora del Congreso, mayor autonomía en la política económica...); las consecuencias fueron todavía peores, ya que el problema no era más poder o mayor cantidad de poder, lo que siempre provoca el reforzamiento y confrontación de los contrapoderes, sino mejor calidad de poder, un poder más institucionalizador, que no sea personalmente apropiable y que más bien propicie los apoyos y colaboraciones de los otros poderes. El decline y destrucción de toda institucionalidad convierte la personalización del poder en el depositario privilegiado para las identificaciones carismáticas y los clientelismos políticos entre el Presidente y los ciudadanos. Ahora bien, a causa de sus debilidades gobernantes, dicho carisma se vuelve extremadamente fugaz y efímero, haciendo que el Presidencialismo esté obligado a producir constante y regularmente nuevos liderazgos políticos, que él mismo se encarga inexorablemente de incinerar políticamente. Esta producción de liderazgos carismáticos y populistas junto con su rápido consumo y destrucción tiene otra consecuencia: la cada vez 68 Hemos desarrollado amplia y detalladamente toda
esta problemática en La pugna de poderes. Análisis crítico del sistema
político ecuatoriano, Abya-yala, Quito, 1998. "... executive - legislative
conflict, which has long been recognized as a factor in the breakdown of
democratic regimes, has been scarcely considered by students of Latin
America": L. E. Gonzalez & Ch. G. Gillespie, "Presidentialism and
Democratic Stability in Uruguay", en J. J. Linz & A. Valenzuela, o.c., p.
152; cfr. M. Coppedge, "Venezuela: Democratic despite Presidentialism" o.
c. , p. 331; Catherine M. Conaghan, "Loose Parties, Floating Politicians
and Institutional Stress: Presidentialism in Ecuador, 1979-1988", o.c., p.
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