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J. Sánchez Parga -
Tres factores deslegitiman actualmente la
democracia en el mundo y podrían contribuir
de alguna manera a su futura liquidación: sus
malos gobiernos y más exactamente las malas políticas gubernamentales; su generación de
crecientes e ilimitadas desigualdades; y finalmente las violencias con las
que se imponen y
mantienen las democracias por la fuerza. Además de estas tres razones que
explican la actual
deslegitimación de la democracia, cabe preguntarse en qué medida la
democracia se ha vuelto
incompatible con el nuevo modelo de sociedad post-societal y de "sociedad
de mercado". Lo que
conduciría a sostener que tampoco la democracia podrá ser lo que hasta
ahora había sido en el
nuevo orden global. En el caso de América Latina y en particular de los
países andinos hay que
añadir un importante factor institucional que condiciona los otros, y que
hemos convenido en
llamar "el desorden democrático".
Que la democracia se ha deslegitimado en el transcurso
por lo menos de la última década es una constatación, de la que se han
dado ya muchas pruebas y demostraciones. La bibliografía sobre el asunto
es bastante ilustrativa, y las más recientes encuestas de la opinión
pública son una elocuente y generalizada expresión de ello 1.
En América Latina la insatisfacción democrática ha pasado del 56% en1997
al 66% en el 2003, mientras que las preferencias democráticas han
descendido en el mismo período del 62% al 53%. En Ecuador el apoyo a la
democracia se ha reducido del 52% al 46%, mientras que la satisfacción
democrática bajó del 34% al 23% entre 1996 y 2003 2.
Es importante resaltar a partir de los sondeos de opinión: a) que no es
tanto la democracia como sistema político o régimen de gobierno que se
encuentra deslegitimada, sino los gobiernos democráticos y más exactamente
sus políticas gubernamentales. De hecho el 52% de la opinión pública
latinoamericana prefiere gobiernos no democráticos, pero que resuelvan los
problemas económicos.
No hay que limitar la deslegitimación de la democracia
a factores extrínsecos a la democracia ni tampoco a las particularidades o
condicionamientos sociales de las "nuevas democracias" como son la mayoría
de las latinoamericanas según sugiere Weffort, al considerar que siempre
fueron democracias no democráticas, ya que su formación
socio-económica, política y cultural, el lastre de su pasado autoritario
personalista y clientelista y sus precariedades institucionales han
impedido tanto su consolidación como la democratización de su sociedad y
cultura 3. Sin
cuestionar la influencia de estos factores en la limitada o fracasada
consolidación democrática en muchos países, sin embargo son otras hoy las
razones y fuerzas que aceleran el fracaso y consuman la deslegitimación de
las democracias en todo el mundo, teniendo en cuenta que se trata de
factores intrínsecos a la misma democracia.
Mientras que la deslegitimación democrática se
manifiesta en las democracias desarrolladas por la inestabilidad de
sus modelos de gobierno (frecuentes cambios del partido e ideología
gobernantes) y por una degradación de sus principios y valores
democráticos (gobiernos que gobiernan contra la mayoría de la opinión
pública generando inequidad, inseguridad y reducción de libertades
ciudadanas), en las "nuevas democracias" , que se introducen en la década
de los 80 en muchos países latinoamericanos y del Tercer Mundo la
deslegitimación democrática se expresa: a) con la caída o derrocamiento
anticonstitucional de los gobiernos, en base a "golpes de Estado"
institucionalistas, que lejos de abolir el régimen democrático se limitan
a eliminar el gobierno democrático; b) con umbrales de violencia y de
rebelión sociales que hacen ingobernable la sociedad, en razón de los
crecientes acosos y hostigamientos no sólo a los gobiernos sino también al
orden social en su conjunto, creando situaciones de subversión y guerra
civil.
El "desencantamiento democrático" consecuencia de la
no-consolidación de las transiciones democráticas comenzó a resonar ya a
inicios de los 90 en América Latina, y desde hace más de una década se
viene reflexionando sobre la "deslegitimación de la democracia", seguimos
preguntándonos "de qué democracia hablamos" o "¿qué es o no es la
democracia? 4.
Muchos autores insisten en que la "democracia procedimental"
5. ni justifica ni garantiza
su legitimidad y tampoco su "eficiencia económica". Por eso ha llegado la
hora de establecer con precisión las razones del fracaso democrático y de
la deslegitimación de la democracia, no fuera de la democracia y en causas
externas, sino precisando los factores que internamente la deslegitiman.
1. Dictadura Económica de los Gobiernos Democráticos
El principio de deslegitimación de la democracia fue
establecido hace veinticinco siglos por Aristóteles y sigue siendo válido
en nuestros días: "la democracia será destruida por su mal gobierno"
6. Ya este
planteamiento introduce la distinción entre la democracia como sistema
político o régimen de gobierno y su gobierno o políticas gubernamentales.
No hay propiamente buenos o malos gobiernos y gobernantes sino buenas o
malas políticas gubernamentales. Y lo primero que hay que definir es cómo
se mide la bondad o maldad de dicha gubernamentalidad7.
La única apreciación política justa que se puede establecer sobre la
bondad o maldad de los hechos políticos, sus procesos y realidades,
consiste en saber
* Investigador del CAAP.
1 Para un primer cuestionamiento nos remitimos a Qué Democracia. ECUADOR
DEBATE, n.42, Diciembre, 1997. Para una ampliación más reciente del tema
cfr. J. Sánchez Parga, "Pugna de intereses y desconsolidación de la
democracia", en Ecuador Debate, n. 51, 2000; "Desconsolidación democrática
y destrucción del sistema político", CAAP, 2003.
2 CLACSO, Latinobarómetro 2003. Informe Resumen. La democracia y la
Economía. www.latinbarometro.org Octubre 2003.
3 Fr. C. Weffort, "Les démocraties nouvelles: analyse d´un phénomene" en
Revue Internationale des Sciences Sociales, n. 45, 1993: 289-302.
4 R. Munck, "After the Transition: Democratic Disenchantement in Latin
America", en European Review of Latin American and Caribean Studies, n.
55, 1993; F. Moran señala cuatro causas extrínsecas de la deslegitimación
democrática: a) el cambio en el sistema internacional; b) mutación de la
situación económica y agotamiento de los modelos económicos; c) el rápido
cambio en los valores y la ética social; d) decline de la urgencia de
ciertas instituciones ("La deslegitimación relativa de la democracia", en
Claves de la razón práctica, n. 33, 1993.
5 Cfr. Ph. Schmitter & T. Karl, "What Democracy Is... and Is Not", en
Journal of Democracy, vol. 2, n. 3, 1991.
6 Política, V,II, 1302b. El verbo "diaphthero" significa tanto "destruir"
como "corromper". El sentido que después sería retomado por Maquiavelo
significa la destrucción de la democracia mediante la corrupción de sus
instituciones por parte de los mismos gobiernos democráticos. Las
referencias a Aristóteles no responden hoy a un prurito de erudición,
cuando la actual economía política redescubre la actualidad de su
pensamiento: cfr. Arnaud Bethoud, "L´économie politique redécouvre t-elle
Aristote?", en Revue du MAUSS, n. 15-16, 1992.
7 Adoptamos el concepto de gubernamentalidad de Foucault para significar
las políticas y programas ejercidos por un gobierno, para diferenciarlo de
la idea de gobernabilidad, por encontrarse ideológicamente manipulado como
mostraremos de nuevo más adelante, y cuyo sentido específico se refiere a
las condiciones y posibilidades que tiene una sociedad de ser gobernada.
si mejoran o empeoran, ganan en calidad o se degradan,
siendo en términos específicamente relativos o comparativos, que se
justifica la deslegitimación de los gobiernos democráticos y sus políticas
gubernamentales8.
Es en su constitución o en la forma como se constituye
que un poder o un régimen de gobierno son legales o ilegales; pero sólo en
su ejercicio se legitiman o deslegitiman. Por eso un poder ilegalmente
constituido podría legitimarse en su ejercicio, y un poder legalmente
constituido, deslegitimarse en su ejercicio. Esto explica que el mejor, o
"menos malo" de todos los regímenes políticos, la democracia, se
deslegitime tan fácilmente en su ejercicio. El hecho de distinguir
entre democracia en cuanto régimen y gobierno democrático no debe llevar a
la confusión de diferenciar o separar ambas realidades políticas,
ya que no hay democracia sin gobierno democrático, ni éste sin aquella.
Por eso no se puede legitimar ni deslegitimar lo uno sin lo otro.
El otro criterio para identificar la calidad política
de un régimen como la democracia y de un gobierno (por muy democrático que
sea) es su estabilidad. Tal era la tesis de Aristóteles sobre la "mayor
duración" de los mejores gobiernos, la cual será posteriormente retomada
por Maquiavelo, quien hace de la inestabilidad gubernamental el principal
indicador de la precariedad y deslegitimación de un gobierno9.
Lo que resulta muy pertinente para evaluar el deterioro y "desconsolidación"
de los actuales gobiernos democráticos en todo el mundo y en particular en
América Latina. Se podría suponer que poco importa que los gobiernos
cambien continuamente y se deslegitimen sin cesar progresivamente a
condición de que el régimen democrático dure y subsista. Sin embargo, a
mediano plazo cabe constatar en qué medida la deslegitimación de los
gobiernos democráticos ha comenzado ya a afectar la legitimidad de la
misma democracia. La inestabilidad de los gobiernos (desde los cambios de
Presidente a los cambios constantes de Ministros), la alternancia de
fuerzas e ideologías políticos en el gobierno, el recurso desesperado a
las más desesperadas candidaturas presidenciales no hacen más que ampliar
la espiral de deslegitimación de las democracias, ya que cada nuevo cambio
acrecienta desmesuradamente las expectativas y en proporción equivalente
se generan las sucesivas frustraciones10.
Ahora bien ¿por qué cualquiera que sea la filiación
política e ideológica de un gobernante, de su gobierno y partido político
incurre en una mala gubernamentalidad? ¿Por qué fracasa o se deslegitima
un gobierno, cualquiera que sea el apoyo político de su partido o el
porcentaje de votos que lo eligieron? Durante los últimos 15 años la
variedad de gobiernos, la diversidad de procedencias y perfiles
ideológicos y políticos de sus gobernantes no impidieron los más
estruendosos y accidentados fracasos en casi toda Am. Lat.11.
La razón de esta crisis de gubernamentalidad reside en que los gobiernos
democráticos más que gobernar propiamente se han limitado, o han estado
sujetos, a aplicar las políticas neoliberales y los programas de ajuste
estructural; más que gobernar se han visto más o menos forzados a
administrar las políticas económicas del gran capital financiero
internacional y del nuevo orden global. Los gobiernos democráticos han
sido "dictados" por los organismos financieros: FMI, Banco Mundial, BID,
OMC. Han sido tales políticas ejercidas como una real dictadura
económica global (y en tal sentido tan exterior como interior a las
mismas sociedades democráticas) las que han puesto en práctica los
gobiernos democráticos, las que los deslegitimaron de manera tan
irremisible como progresiva, y que a muchos de ellos condujeron a
estrepitosos fracasos.
En términos estructurales los gobiernos democráticos
han inaugurado un nuevo ciclo histórico: el gobierno económico de la
política y la dictadura del capital sobre el gobierno económico de la
democracia, sobre los que se funda el nuevo orden global, los que no han
dejado de deslegitimar los gobiernos democráticos en todo el mundo, sin
que por ello se cuestione la legitimidad del régimen o sistema democrático12.
Según esto el principal factor de deslegitimación de la democracia
consiste en la implementación de un gobierno económico de la política, al
supeditar la razón política de Estado a la razón económica del Mercado. Lo
que supone la aplicación de políticas gubernamentales antidemocráticas por
parte de gobiernos democráticos. Por primera vez "en la historia económica
contemporánea el cruce de las condicionalidades internacionales
financieras restringe el manejo interno de la política económica y asegura
las reglas del juego internacionales. En el plano económico se podría
hablar de un solo gobierno central con matices municipales..."
13.
No hay que desvincular el gobierno económico que sobre
las democracias ejercen los organismos financieros internacionales de los
fuertes constreñimientos inherentes a la inserción en la economía global,
y que comporta una pérdida del control por parte de los gobiernos
democráticos de las economías nacionales14.
Lo cual significa una nueva forma de imperialismo económico
ejercido a través de los gobiernos democráticos en todo el mundo
con la extraordinaria paradoja que tal imperialismo económico se encuentra
así democráticamente legitimado con la correspondiente y
proporcional deslegitimación de los gobiernos democráticos.
Es precisamente esta situación la que debilita y
fragiliza extraordinariamente los gobiernos democráticos, y los vuelve tan
vulnerables e insostenibles. Y esto ha ocurrido precisamente bajo un
aparente reforzamiento de los gobiernos democráticos, que para aplicar
políticas tan antidemocráticas han tenido que fortalecerse o bien por
reformas constitucionales o bien por una sistemática y continua atrofia de
los poderes parlamentarios y de los Congresos, y por supuesto a costa del
debilitamiento de los partidos y de la misma clase política, todo ello en
aras de una supuesta gobernabilidad. La consecuencia ha sido el
creciente aislamiento y soledad de los Ejecutivos, sin apoyos de las
instituciones políticas, sin el respaldo de los organismos del Estado,
ellos mismos debilitados por las políticas neoliberales, y hostigados sin
tregua por las movilizaciones sociales. El dilema de la
gubernamentalidad democrática tenía que enfrentar o bien la férrea
implementación de las políticas económicas neoliberales con el doble costo
de la desligitimación social y política junto con las movilizaciones,
rebeliones y levantamientos ciudadanos, o bien la inercia de gobernar lo
menos posible con la finalidad de mantenerse en el gobierno, pero sin
calcular que las políticas económicas neoliberales seguirían ejerciéndose
en base a los implacables automatismos del mercado, del ordenamiento
global y del mismo Estado15.
8 Tal ha sido el indicador político teorizado por
Maquiavelo para estimar la calidad de la política: "andare sempre verso il
meglio" o al contrario (Discursos, II, proemio).
9 La "mayor duración" (pleiston jronon) marca el valor político de
cualquier gobierno cualquiera que sea su régimen: Aristóteles, Política,
VI,ii, 1320ª. "Por no poder gobernar bien, cambiaban con frecuencia de
gobierno" (per non gli potere governare bene, variando il governo espesso:
Maquiavelo, Discursos III,17).
10 Baste constatar cómo los Presidentes que ganaron las elecciones con el
mayor porcentaje de votos suelen ser los que de manera más rápida y en
mayor grado pierden el apoyo popular, teniendo que gobernar con menos del
20% o del 10% de opinión pública a su favor.
11 Entre los más representativos hay que recordar Bucaram y Mahuad en
Ecuador, Fujimori en Perú, Sánchez de Lozada en Bolivia, Alfonsín y De la
Rua en Argentina, Chavez en Venezuela...
12 Hemos tratado esta problemática en un artículo anterior. Cfr. J.
Sánchez Parga, "Ciclo político de la economía y gobierno económico de la
política", en Ecuador Debate. El nuevo orden político de la economía, n.
55, abril, 2002. Para una ampliación del tema nos remitimos a Ecuador
Debate. Política y Economía, n. 53, agosto 2001.
13 Oscar Ugarteche, El falso dilema. América Latina en la economía global,
Nueva Sociedad, Caracas, 1997: 199.
14 C. Palloix, Crise et nouvelles formes d´imperialisme. Economie du
crédit international et extension internationales du salariat, en J. L.
Reiffers, Economie et finances internationales, Dunod, Paris, 1982.
15 De esta situación particular no hay mejor ejemplo que el gobierno de
Lucio Gutiérrez cuya voluntad por gobernar lo menos posible ha dado lugar
a políticas tan erráticas como caóticas, pero que no han impedido la
implacable aplicación del modelo neoliberal. Hemos analizado esta singular
coyuntura política en un artículo anterior: J. Sánchez Parga, "De la
desconsolidación al autoritarismo democráticos. O cómo dejar de gobernar
para mantenerse en el gobierno", en Ecuador Debate, n. 58, abril, 2002.
Pensar la actual condición de las democracias en un
mundo gobernado por la tiranía neoliberal del capital financiero
internacional no es nada metafórico, si se entiende la tiranía no tanto
por el poder absoluto detentado ni por el despotismo, autoritarismo y
violencia de su ejercicio, sino por el hecho de que el poder se ejerce y
se gobierna en beneficio privado de fuerzas y sectores particulares del
mundo y de la sociedad. Lo que expresado de otra manera es la dictadura de
las fuerzas e intereses económicos sobre las fuerzas, intereses e
instituciones políticos de la democracia. Esto permite precisar mucho más
que el buen gobierno es aquel que se ejerce en beneficio de la
colectividad social y de las mayorías de una sociedad, en definitiva en
interés o "bien común" y no a favor del beneficio privado y de sectores
particulares de la sociedad. Por eso "cuando los hombres son bien
gobernados ni buscan ni quieren otra libertad". Este postulado de
Maquiavelo responde al más actual comportamiento de la opinión pública
latinoamericana respecto de la democracia: el 69% de ella prefiere un
líder que resuelva los problemas económicos al margen de la
institucionalidad democrática y un 52% "aunque no sea un gobierno
democrático" 16.
La razón de fondo resulta obvia: la idea de (buen) gobierno al margen de
los calificativos o institucionalidades democráticos consiste en gobernar
en beneficio y utilidad del pueblo y no a favor de intereses particulares
y privados.
Es muy sintomático y revalida la argumentación
precedente el hecho de que el 63% de la opinión pública latinoamericana
haga responsables a los gobiernos democráticos de sus políticas económicas
y que también el 63% de dicha opinión pública achaque a las políticas
económicas de los gobiernos la causa de su deslegitimación y del malestar
social. Ahora bien detrás de tales políticas económicas, del gobierno
económico de la política democrática y del ordenamiento neoliberal del
mundo actúan las fuerzas e intereses de las oligarquías nacionales e
internacionales. Lo cual viene a confirmar lo que el clásico pensamiento
político ha sostenido siempre: que nunca es el pueblo ni las mayorías
sociales, sino las minorías u oligarquías expresamente "los que se
enriquecen" (euporoi) según Aristóteles los reales enemigos de la
democracia17.
Es esta figura de una dominación económica por medio de un gobierno
democrático, esta tiranía del capital o tiranía de los grupos oligárquicos
sobre el régimen democrático, lo que tiene que imponerse con toda su
evidencia como la única razón y explicación de la crisis de la democracia
moderna en todo el mundo y de la más profunda y visible deslegitimación de
los gobiernos democráticos18.
Pero sería ilusorio creer que el gobierno económico de la democracia se
limita, en las actuales circunstancias históricas de la globalización, a
las políticas económicas de los gobiernos, puesto que éstos garantizan
además todo un conjunto de instituciones, procedimientos, regulaciones,
dispositivos, normatividades, valores e idearios económicos que se imponen
sobre la sociedad, la permean, la organizan y la orientan: desde la idea
de gestión hasta el imperativo de la competitividad o el rendimiento, todo
contribuyen a convertir la sociedad en una empresa, en una sociedad de
mercado.
Si "no hay peor error que confundir gobierno con
dominación", aun cuando no haya gobierno sin un mínimo de dominación ni
dominación sin un elemental efecto de gobierno, es muy importante
diferenciar, pero también entender, cómo se combinan en las modernas
democracias una dominación económica con un gobierno político19.
Ya que es sobre este grave y tenaz equívoco, con sus efectos y
manipulaciones ideológicas, que se pretenden legitimar hoy las democracias
en todo el mundo. Y si las condiciones de libertad democrática no han
reaccionado más violentamente contra la dominación económica, es porque
cuanto mayor es el empobrecimiento de una sociedad, mayores las
desigualdades, cuanto más profunda la inequidad y la inseguridad a su
interior, tanto menos necesaria es la autoridad y el despotismo de los
gobiernos democráticos.
Nunca hubo una democracia que no estuviera sujeta a un cierto grado de
dominación como tampoco hubo monarquía, dictadura o tiranía que no
ejerciera un cierto gobierno20.
Siempre la democracia ha podido proporcionar las condiciones para poner
límite a un poder económico, que pudiera llegar a expresarse en un mayor
poder político de la oligarquía dominante. Actualmente las democracias ya
no disponen de las fuerzas y recursos políticos suficientemente poderosos
para limitar el crecimiento económico de las clases dirigentes, e impedir
que monopolicen el poder político del Estado, de tal manera que la misma
democracia promueva las reivindicaciones de una mayor participación de la
sociedad tanto en la riqueza como en el poder político. Hoy en cambio la
democracia sólo sirve como trinchera para defender los pocos derechos,
igualdades y seguridades de las mayorías o como muro de lamentaciones para
sus protestas. Por eso las fuerzas e intereses económicos tampoco
necesitan ya ejercer su tiranía por medio de las dictaduras
militares, ni siquiera ejercer el gobierno y la administración del Estado
en las actuales democracias.
Que el régimen democrático pueda soportar y legitimar
una dominación económica (por muy deslegitimados que se hayan vuelto los
gobiernos democráticos) sólo se explica por la consolidación
político-ideológica de las fuerzas e intereses del capital financiero en
todo el mundo, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones,
fuerzas e intereses políticos. Hace poco más de dos décadas los regímenes
democráticos en la mayor parte del mundo y sobre todo en América Latina
eran impensables e inviables (y todos los intentos democratizadores fueron
sangrientamente aplastados), ya que las oligarquías estaban obligadas o
bien a gobernar ellas mismas directamente o a ejercer el poder político
mediante las FFAA para garantizar sus intereses y dominación económica.
Hoy por el contrario las oligarquías y el capital financiero han logrado
una tal fortaleza y sus intereses se han impuesto con tal hegemonía, que
ya no necesitan gobernar ni siquiera ejercer un poder político en una
democracia que ellos mismos sustentan y legitiman más que cualquier otro
sector social. Su dominación económica y hegemonía neoliberal se
reproducen con más eficacia y legitimidad cediendo a los Estados, a las
clases políticas o partidos y a las mismas instituciones democráticas los
costos e inconvenientes de gobernar. Las fuerzas e intereses del capital
han trasladado a la clase política las cargas, ineficiencias,
frustraciones y el desprestigio de gobernar, para con toda legitimidad
beneficiarse de todas las utilidades públicas21.
Esta y no otra ha sido siempre y es sobre todo hoy la gran coartada
democrática.
Según esto en el nuevo orden global las democracias y
más aún los gobiernos democráticos se han hecho mucho más funcionales al
modelo de acumulación y concentración de riqueza en el mundo que al
conjunto de las sociedades y mayorías sociales con sus demandas de más
participación y mayor igualdad. Las democracias actuales han hecho posible
que la dominación económica se convirtiera en hegemonía
económica sin que ésta atenuara aquella.
16 Cfr. Latinbarometro 2003.
17 Cfr. Politica, V,ii, 1302b).
18 Este y no otro es el modelo político tan bien identificado y criticado
por Maquiavelo en la Florencia del siglo XV y XVI: una dictadura del
capital comercial sobre una democracia de ciudadanos: "quienes han fundado
tiranías en las repúblicas" (Discursos, I, 40); las fuerzas mercantiles
"causa de la tiranía en las repúblicas" (Discursos, III,28).
19 También esta advertencia política de Aristóteles (en Política, V, iii,
1-4) será retomada por Maquiavelo en su análisis de la república
florentina, gobernada democráticamente por dominada por sus oligarquías
económicas.
20 Este carácter "defectuoso" de los regímenes políticos sería inherente a
las mismas relaciones de poder y a las condiciones de las instituciones
políticas: "nunca hubo república o principado que tuviera sus debidas
cualidades""(Maquiavelo, Discurso sobre los asuntos florentinos p. )
21 No otro es el reproche de Maquiavelo, puesto en boca de Cósimo Médici,
contra la clase dirigente florentina: "no os basta afligir a los otros con
las cargas públicas, para liberados de ellas, tener todos los públicos
beneficios" (Historias florentinas, VII, 23).
2. Sociología política de la deslegitimación
democrática
Un fundamental postulado de sociología política
establece que no se puede constituir una democracia en una sociedad
dominada por las desigualdades, de la misma manera que tampoco se puede
instituir un principado o gobierno personal o de una clase (tiranía u
oligarquía), donde todos los ciudadanos gozan de igualdad; para establecer
la democracia sería necesario primero conseguir la igualdad social22.
Según esto es obligado preguntarse cómo es posible no sólo el
establecimiento de la democracia en países como los de América Latina no
sólo atravesados por profundas desigualdades sociales sino también
organizados en base de una "estructural heterogeneidad", que agrava aún
más aquellas iniquidades. Ahora bien, que las democracias hayan podido no
sólo establecerse en sociedades con alto nivel de desigualdad, sino
también perdurar en ellas, supondría un alto grado de defecto y de
precariedad en dichas democracias: ya que siempre hubo "bajo el nombre de
democracias Estados que se gobernaban no estando bien ordenados"
23. A esta primera
razón se puede atribuir que muchas democracias duren y se mantengan con
todas sus limitaciones, pero sin haber llegado a consolidarse, y
que más bien hayan entrado en un proceso de desconsolidación, al
que corresponde su deslegitimación creciente.
Se hubiera podido esperar sin embargo que tanto el
régimen democrático como los mismos gobiernos democráticos en el
transcurso de las dos últimas décadas hubieran contribuido a reducir las
desigualdades sociales y a incrementar la equidad en sociedades cada vez
más democráticas. Y esto en razón de un principio que se remonta a
Tocqueville, según el cual el mismo régimen democrático con sus
instituciones tendría efectos en la sociedad superiores a los que pueden
ejercer los gobiernos democráticos en ella: "la democracia no da al pueblo
el gobierno más hábil, pero hace lo que el gobierno más hábil es impotente
para crear: extiende por todo el cuerpo social una ingente actividad, una
fuerza superabundante, una energía que jamás existen sin ella, y que por
muy poco favorables que sean las circunstancias engendran maravillas"
24. Este
fenómeno, de hecho, ha podido constatarse en la fase de transición
a la democracia durante su primera década en los años 80. Pero a mediano
plazo, nada de esto ha ocurrido en las "nuevas democracias"; más bien
ocurrió todo lo contrario.
Se podría objetar que el empobrecimiento, las
desigualdades y la exclusión aumentaron y se agravaron en todos los países
democráticos a pesar de la democracia y todo lo más con la complicidad de
los gobiernos democráticos. Pero esto supondría ignorar que fueron las
políticas de ajuste estructural implementadas por tales gobiernos en los
países subdesarrollados, y el modelo de crecimiento económico en los
desarrollados, la principal y directa causa de la nueva iniquidad. De otro
lado, y asociada a tales políticas, tuvo un efecto indirecto pero no menos
efectivo en el empobrecimiento por todo el mundo la "modernización del
Estado", cuyo proceso significó la más colosal privatización de recursos
públicos, y su transferencia al sector privado el enriquecimiento de los
únicos sectores que por ser propietarios eran capaces de dicha apropiación
privatizadora, pero a costa del consiguiente empobrecimiento de las
inmensas mayorías, a las que las privatizaciones de los recursos públicos
solo podían perjudicar. Ya que sobre todo en los países subdesarrollados,
donde además el sector público estaba completamente identificado con el
estatal, las mayorías más desposeídas pero también una amplia clase media
no disponen de más recursos que los de su participación en lo público. De
tales procesos de privatización modernizadora fueron plenamente
responsables los gobiernos democráticos, que además se llevaron a cabo en
base a programas y procedimientos de una supuesta participación
ciudadana (desde instituciones públicas y privadas hasta todo tipo de
organismos de la sociedad civil) con la finalidad de conferir a un proceso
autoritariamente impuesto, y con consecuencias devastadoras para la
participación de la sociedad en la riqueza social, una apariencia de
legitimidad democrática en las formas y los medios, pero de ninguna manera
en sus fines y resultados 25.
En la década de los 90 los gobiernos democráticos
comenzarían a ejercerse tan antidemocráticamente, que no sólo neutralizan
los efectos benéficos del régimen e instituciones de la democracia, sino
que terminarían corrompiéndose de tal manera, que ellos mismos se irían
deslegitimando y actuando en contra de la democratización de la sociedad:
es decir aumentando las desigualdades en ella. Tras enumerar los sucesivos
fracasos económicos de las políticas de "ajuste" desde inicios de los 80
Samir Amin concluye que su principal costo político será "el sabotaje de
los sistemas democráticos" 26.
De otro lado el régimen democrático y sus instituciones pueden tener más
fácilmente efectos democratizadores en un determinado modelo de sociedad,
pero no en una sociedad post-societal o sociedad de mercado,
como se verá más adelante.
Pero si las democracias y sus gobiernos se
desconsolidan y deslegitiman en el transcurso de los últimos quince
años no es únicamente porque no lograron reducir las desigualdades e
incrementar la equidad, de acuerdo a los presupuestos y a las condiciones
sociales de posibilidad de la misma democracia, sino sobre todo porque en
contra de los mismos objetivos y finalidades de la democracia "lograr la
igualdad sobre todas las cosas" 27
los gobiernos democráticos generaron el más imponente proceso de
empobrecimiento nunca antes conocido en el mundo y en particular en
América Latina, dando lugar a un fenómeno también inédito no ya de
desigualdades sino de exclusión social28.
No se deslegitima, por consiguiente la democracia porque no haya podido
reducir las desigualdades sino porque más bien las ha aumentado. Una
democracia podría soportar un cierto grado de desigualdad y de iniquidad,
lo que no debería poder soportar es el agravamiento de las desigualdades.
La relación entre democracia y economía, o más
exactamente entre democracia y crecimiento económico tal y como se
planteaba hace ya algunas décadas, no tiene hoy el mismo sentido, porque
los parámetros son otros (Brittan, ). Menos sentido todavía tiene comparar
las dictaduras de otras épocas cuyo mayor éxito económico desde la
perspectiva de una dictadura tanto más las exponía al fracaso político (Lipset),
ya que no dejamos de comprobar cómo actualmente la democracia sigue siendo
el régimen político que mejor resiste sus fracasos económicos, entendidos
éstos desde una perspectiva
22 "... donde hay gran igualdad entre los ciudadanos
no se puede establecer un principado sino con máxima dificultad, y en
aquella ciudad donde hay gran desigualdad entre los ciudadanos no se puede
instituir una república" (Maquiavelo, Discurso sobre asuntos florentinos,
p. 26s; Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, I,55, p. 138).
También Aristóteles citando al Platón de las Leyes pone como condición
para la democracia la igualdad, considerando que "un cierto nivel de
iniquidad debe ser evitado" (Política, II, iv, 1266b); aun cuando
previamente ha declarado que "los ciudadanos deben ser iguales en sus
riquezas", sin que ellos excluya las diferencias.
23 Maquiavelo, Historias florentinas, IV, 1.
24 Cfr. A. Tocqueville, Democracy in America, The Modern Library, New York,
1981:3. El autor se refiere al "gradual development of the principle of
equality" (p.7).
25 Tal fue el caso del CONAM (Consejo Nacional de Modernización) en el
Ecuador desde mediados de los años 90, que con recursos de los mismos
organismos financieros internacionales, desplegó una amplia diversidad de
programas y actividades de difusión y publicidad del proceso para fabricar
consensos.
26 Samin Amin, La gestion capitaliste de la crise, L´Harmattan, Paris,
1991: 21.
27 Es también Aristóteles quien afirma que las democracias se constituyen
no por otra razón ni con otra finalidad que la de lograr la "igualdad
sobre todas las cosas" (isoteta malista panton: Politica, II, viii, 1284
a). De hecho la democracia ateniense penalizaba con el máximo rigor a
quienes atentaran contra la igualdad con la pérdida de la ciudadanía y la
expulsión: el ostracismo).
28 No es el caso de extenderse aquí sobre el severo empobrecimiento en
América Latina desde la "década pérdida" que comenzó con la transición a
la democracia en los 80. Desde entonces nada se ha estudiado, medido,
mapeado y cuantificado tanto como la pobreza, y contra nada se ha luchado
tanto como "contra la pobreza" en todo el mundo. Sobre esta cuestión cfr.
J. Sánchez Parga,
democrática: pues si el éxito económico de una
dictadura es el beneficio de las minorías y clases dirigentes a costa de
los intereses colectivos, el éxito económico de una democracia consiste en
favorecer el "bien común" y beneficio de las mayorías sociales. Según esto
no se puede caracterizar de otra manera el fracaso económico de los
gobiernos democráticos, porque no sólo aumentaron la pobreza y la
iniquidad sino porque también fracasaron en sus propias políticas de
"lucha contra la pobreza". No otro es el argumento de Przeworski al
sostener que la duración de la democracia depende no de cualquier
"crecimiento económico" sino del correspondiente a una "reducción de la
desigualdad" 29.
Esto ha ocurrido por una razón obvia ya mencionada y no
ajena a la democratización global del mundo: no es el gobierno económico
de la política en las actuales democracias, que puede dejar de reproducir
el empobrecimiento de las mayorías y combatir con éxito las desigualdades
y exclusiones sociales. Y una razón menos obvia, pero no menos poderosa,
es que a diferencia de hace dos décadas el crecimiento económico ya no
puede ser objeto de un gobierno redistributivo de la riqueza: todo lo
contrario, en el actual orden económico global dominado por el capital
financiero, en la actual sociedad de mercado, el mismo crecimiento
económico sólo es posible a condición de una mayor iniquidad y
empobrecimiento de las mayorías en todo el mundo y en cada sociedad. A la
democracia y a los gobiernos democráticos se debe esta elaborada y
eficiente ingeniería económico política: sin iniquidad no hay crecimiento
económico, puesto que hoy la riqueza solo se genera bajo la lógica del
mercado (no tanto de la producción), y bajo un modelo de acumulación y
concentración, que inexorablemente supone la explotación, despojo y
exclusión de las mayorías30.
Esto es lo que demuestran los datos y las cifras. Si bien durante los
últimos veinticinco años se observa un significativo crecimiento del PIB
(duplicándose entre 1980 y 1998), simultáneamente puede constarse un
empobrecimiento progresivo reflejado en la evolución del salario mínimo
vital que se reduce de 144 $ en 1980 a 16 $ en 1998. Y sólo en la última
década la pobreza habría pasado del 55.9% (en 1995) al 60.8% (en el 2001),
y los niveles de indigencia durante el mismo período subieron del 20% al
33.8%. "En todo este período (del ajuste) se registra una marcada
reconcentración del ingreso y la riqueza... como reverso de una pobreza
creciente... Un punto especial merece el deterioro cualitativo de las
actividades en inversiones sociales con la educación a la cabeza"31.
3. El ajuste democrático o democracia a la fuerza
Sólo "cuanto peor es un régimen de gobierno tanto más
necesita ser impuesto y protegido por la fuerza" (Aristóteles)32.
Sin embargo, de acuerdo a los presupuestos anteriores nada más congruente
que la democracia se haya impuesto por la fuerza y siga forzándose su
mantenimiento, ya que en el nuevo ordenamiento global del mundo ningún
otro régimen político y de gobierno garantiza mejor que la democracia la
dominación económica y política de las sociedades modernas. Y por eso la
coacción democrática aparece estrechamente asociada a la coacción de una
economía de mercado, pues ambas "no encuentran en este tiempo alternativa
ideológica y conceptual" y menos política (F. Moran, p. 33). Resulta por
ello extremadamente significativa la estrecha asociación entre la coerción
económica y la coerción democrática: "la asociación entre ajuste
estructural y ajuste democrático no se hace rara en la literatura oficial"
de la CE33. El
"imperativo democrático" se manifiesta así como una de las categorías de
ese "pensamiento único" (Ramonet) y de ese único orden de la globalización34.
Lo que en un principio fue considerada una "exportación de la democracia"
(exporting democracy) como la nueva modalidad adoptada por los EEUU
para garantizar su dominación e imponer su propia versión del orden
global, hoy se revela de manera mucho más clara como un férreo
constreñimiento. La "democracia por la fuerza" se ha convertido en la
nueva máscara de la política norteamericana35.
Que el ajuste económico y el ajuste democrático
responden a una misma lógica de dominación se pone de manifiesto, al
constatarse los mismos errados procedimientos en ambos casos. La
"asistencia democrática" (Democracy Assistence), la colaboración
para el "desarrollo democrático", los recursos de donantes para la
"promoción de la democracia" parecen haber incurrido en los mismos
equívocos y torpezas cometidos por la audaz al desarrollo económico, al
desconocer que, si bien tales países necesitan la democracia tanto como el
crecimiento económico, "las instituciones y procesos democráticos que
pueden generar son muy limitados" y diferentes de los que tienen lugar en
los países democráticos36.
Y en vez de promover las condiciones de una democracia más autónoma y
sustentable trataron de forzarla con efectos contraproducentes. El caso de
la Unión Europea es muy ilustrativo ya que en principio se presentaba como
menos coactivo que el de EEUU; sin embargo en base de una inadecuada
conceptualización de los vínculos entre las dimensiones económicas y
políticas, no se reconoció suficientemente los potenciales beneficios de
balancear un "bottom-up and top-down approaches", de tal manera que
las oscilaciones entre condicionalidad y coerción forzaron tanto como
debilitaron las democracias subdesarrolladas37.
La otra coacción no menos eficiente y constringente es
"la estabilidad de los mercados", que exige siempre una estabilidad
socio-política, así como el indicador de "riesgos" de cada país para los
inversionistas. Poco importa que la violencia de los conflictos no logren
desestabilizar el régimen democrático, con tal de que se limiten a
desestabilizar los gobiernos democráticos; pero basta la desestabilización
de los mercados para provocar las fugas de los inversionistas y las
alarmas del FMI y BM38.
29 A. Przeworski et al., "What Makes Democracies
Endure?", en Journal of Democracy, vol. 7, n. 1, 1996: 49. Además del
clásico planteamiento sobre la relación entre economía y democracia
planteado por Seymour M. Lipset, "Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy", American Political Science
Review, 53 (1959), Przeworsky añade una más reciente bibliografía sobre el
tema.
30Para una ampliación de esta problemática nos remitimos a un estudio de
próxima publicación: J. Sánchez Parga, Sin (creciente) iniquidad no hay
crecimiento económico.
31 A. Acosta, Breve historia económica del Ecuador, Corporación Editora
Nacional, Quito, 2002:233s; cfr. A. Serrano Dávalos, Economía ecuatoriana
en cifras, ILDIS; Quito, 1999; Carlos Larrea, Pobreza, dolarización y
crisis en el Ecuador, Abya-yala, Quito, 2004.
32 Por eso, añade el estagirita, las democracias generalmente hablando se
encuentran aseguradas por la mayoría de la sociedad: Politica ,VI, vi,
1320b-1321a.
33 Sophia Mappa (Développer par la démocratie? Injonctions occidentales et
exigences planétaires, Karthala, Paris, 1995:126) se refiere de manera
preponderante a la documentación de la Comunidad Europea (CE). Cfr. C.
Petit, "Démocratie et ajustement structurel en Afrique", en Le Courrier.
Afrique les nouvelles démocraties, n.138, 1993.
34 Sobre este "imperativo democrático" cfr. UNESCO, La interacción entre
democracia y desarrollo, Paris, 2003. El mismo experimento democrático que
se impuso con todos los constreñimientos en América latina desde los años
80 ha sido actualmente planificado y subvencionado por EEUU para imponerse
en el mundo árabe desde el Magreb hasta el Medio Oriente. Prolongando esa
misma "democracia forzada" que por medio de la guerra pretende imponer
EEUU en Irak.
35 "Los derechos humanos y la democracia impuestos por la más temible
fuerza militar que el mundo haya jamás conocido": Gilbert Achcar toma esta
cita de Michael Ignatieff ("The Burden", New York Times Magazine, 14 marzo
2003), quien se vio forzado a retractarse de semejantes ideas a propósito
de Irak en "The Year of Living Dangerously", New York Times Magazine, 14
marzo, 2004; traducido en "Comment j´ai changé d´avis sur l´Irak", en Le
Monde, 21 marzo, 2004.
36 Marina Ottaway & Therese Chung, "Toward a New Paradigm. Democracy
Asistence", Journal of Democracy, vol. 10,n.4, 1999.
37 Richard Young, "The European Union and Democracy in Latin America",
Journal of Democracy, vol. 44, n. 3, 2002.
38 Entre los muchos estudios recientes sobre este tema cfr. Alexander
Cockburn & Ken Silverstein, "The Demands of Capital", en Harper´s Magazine,
mayo, 1995, donde tratan las presiones del Chase Manhattan Bank sobre el
gobierno mexicano para el control de las elecciones y la liquidación del
conflicto de Chiapas.
Aun sin recurrir a las armas, no menos constringentes y
violentas son las coacciones y hasta chantajes con los que los países
desarrollados, por ejemplo europeos, han secundado durante la última
década "la inducción democrática" en otros países del mundo. También en el
caso europeo "la fuerza de la presión respecto del otro y la voluntad de
cambio a pesar suyo tan fuertes, que se olvida cuan poco democrática es la
aspiración de querer imponer la democracia por la fuerza"
39. Sea cual sea la forma o
la fuerza con la que se impone la democracia, abusivamente se desconoce
que esa democracia nada tiene de democrático, pues ya Aristóteles había
previsto que "una democracia impuesta por la fuerza no es una democracia
que responda al bien común" 40
No hay que ser por consiguiente muy ilusos para creer
en la buena fe de esta nueva cruzada democrática emprendida por los países
del Norte, liderada por los EEUU y Europa, con su importación forzada de
unos valores democráticos, que en esas mismas regiones comienzan a
deslegitimarse e impugnarse, ya que en el fondo lo que está en cuestión,
la finalidad última es una occidentalización del mundo con todos
aquellos valores que hoy se resumen en la sociedad del mercado. Y
por elemental lógica política pretender pasar del reino de la fuerza al
del derecho implica un soberano absurdo, ya que no es utilizando la fuerza
que se puede abandonarla.
Y sin embargo no hay factor que deslegitime la
democracia no sólo externa sino también internamente como su forzado
constreñimiento. Cuando hace años se criticaba la exportación
norteamericana de la democracia a países como los de América Latina, que
hasta entonces habían sido dictaduras militares también impuestas por la
fuerza por EEUU, no se sentía todavía el peso de dicho constreñimiento. Y
si hoy este imperativo democrático no se siente tan constringente es
porque se ha ido internalizando por medio de un tenaz trabajo ideológico,
que ha pretendido convertir la coacción en consenso. ¿Cómo no descubrir
una muy estrecha asociación entre ajuste económicoestructural y ajuste
democrático-estructural?
El ajuste democrático no se ha limitado a las
coacciones y constreñimientos más o menos forzados y violentos, incluidos
los chantajes económicos (instrumentalizaciones de la "deuda externa" o
"bloqueos comerciales"), también se ha recurrido a la retórica de las
ideas y a las dominaciones ideológicas. Nunca como en estas dos últimas
décadas los idearios del Consenso de Washington enunciados por FMI
y del Banco Mundial, a través de slogans y recetas muy conceptualmente
elaboradas y consistentemente financiadas han contribuido a neutralizar
todo pensamiento crítico y a fraguar un "pensamiento único", cuya función
era en parte encubrir y camuflar los reales procesos y problemas, para en
parte desarrollar una nebulosa ideológica que justificara y legitimara el
nuevo orden mundial, fundado sobre la democracia y el mercado. Todas las
luchas, desde la "lucha contra la pobreza" hasta la "lucha contra la
corrupción", toda la galaxia y falacia ideológicas mentalizadoras en torno
a la "participación ciudadana", la "sociedad civil", el "desarrollo
sostenido", etc. han servido para ocultar las políticas gubernamentales
del ajuste y de las privatizaciones, de las aperturas y desrregulaciones
de los mercados, de la financiarización del capital acumulador y
concentrador de riqueza; políticas todas ellas empobrecedoras, reductoras
de toda posible participación donde cada vez queda menos que compartir,
desconstructoras de ciudadanías apenas estrenadas en sus derechos
(políticos, civiles y sociales), y liquidadoras de una sociedad civil cada
vez menos civil y menos sociedad41.
Además de imponerse y mantenerse por la fuerza también se sigue imponiendo
y manteniendo por la fuerza de las consignas, recetas y slogan
económicamente financiados y puestos en circulación con mucho dinero de
Fundaciones, del FMI y el BM, por medio de programas de investigación, de
cursos, congresos y publicaciones. Nadie como ellos en el mundo ha
ejercido recientemente una coerción ideológica y corrupción intelectual,
marcando las agendas de las ciencias sociales; coacciones tan suaves como
bien pagadas.
Pero de todos estos recetarios, que han llegado a
conformar un capital ideológico extremadamente eficaz, emitidos
siempre tan regular como coyunturalmente por el Banco Mundial, ninguno
alcanzó mayor éxito, ni como ningún otro fue tan difundido y publicitado,
ni permeó tanto en los medios intelectuales, de las ONG, de los mass-media,
y los organismos estatales y gubernamentales, como el de gobernabilidad.
La idea de gobernabilidad aparece precisamente a inicios de los 90, cuando
los gobiernos democráticos con sus políticas bancomundialistas comenzaban
a deslegitimarse y a provocar un nuevo ciclo de conflictos y una nueva
forma de protesta, que amenazarían su futura estabilidad42.
El objetivo de la gobernabilidad consistía en fortalecer aún más
los Gobiernos o Ejecutivos de las democracias, para mejor garantizar la
eficaz implementación de sus políticas, de preferencia con los menores
costos socio-políticos, pero encubriendo los reales problemas de los
gobiernos democráticos y de sus mismas políticas. Ya que son éstas y
aquellos los que generan el conflicto, provocan la protesta y en
definitiva desestabilizan la democracia, haciendo ingobernables las mismas
sociedades. Al hacer de la gobernabilidad de la sociedad una
falsificación del real problema de los gobiernos democráticos se achacaba
a las resistencias y oposiciones sociales, a las movilizaciones y
rebeliones de la sociedad las causas y responsabilidades de la
ingobernabilidad.
No hay que pensar en términos de "las serias amenazas
que pesan sobre las frágiles democracias", sino más bien en cómo las
democracias se han ido fragilizando por las presiones ejercidas sobre
ellas43. Se
revela muy sintomático que sean las fuerzas del Mercado visibles en las
multilaterales como el Banco Mundial y FMI, las que instrumentalizan
ideológicamente la democracia en razón de la instrumentalización política
de sus gobiernos. Pero hay que tener en cuenta que la instrumentalización
de la democracia como de cualquier otra institución sólo es posible,
cuando otras fuerzas y otras lógicas diferentes y más poderosas se imponen
y dominan las lógicas y las fuerzas políticas inherentes a la misma
democracia, pero que ya no son capaces de sustentarla. Esto explica no
sólo la instrumentalización de la democracia y el sometimiento de sus
gobiernos a las fuerzas del capital globalizado, a los intereses
económicos y financieros internacionales, a la ideología neoliberal, sino
también explica por qué ni para la democracia ni para el mercado haya hoy
alternativa histórica posible. Ideológicamente hemos pasado de una época,
en que las ideas de "ultraderecha" o de "extrema derecha" se habían
convertido en ideas de la corriente dominante a una nueva época donde no
hay más que una única corriente de ideas, que por ello mismo parece
dominante (¿o parece la única porque se ha vuelto tan dominante?). En este
sentido la coerción democrática se impone como parte de la coerción del
mercado, ambas con la misma violencia y la misma
39 Sophia Mappa, "L´injonction démocratique dans les
politiques européennes de développement" en Sophia Mappa (edit. ),
Développer par la démocratie? Injonctions occidentales et exigences
planétaires, Karthala, Paris, 1995. La autora demuestra con mucha
documentación oficial el chantaje democrático al que los estados y
gobiernos europeos condicionan su "ayuda al desarrollo".
40 Política, III,i, 1276a.
41 "World Development Repor (publicación anual del BM) fija las
prioridades, difunde la terminología, los conceptos y las problemáticas a
través de las cuales la idea misma de desarrollo es formulada. De la
reducción de la pobreza pasando por el ajuste estructural y el desarrollo
sustentable los grandes repertorios del BM que se han sucedido han
estructurado los debates, orientado la investigación y producido saberes"
(N. Guilhot, "La Banque Mondiale réclame bonne gouvernance" en Le Nouveau
capitalisme. Maniere de voir, n. 72, Dic. 2003 Enero 2044).
42 Hemos tratado este fenómeno en J. Sánchez Parga, "Transformaciones del
conflicto, decline de los movimientos sociales y teoría del desgobierno",
en Ecuador Debate, n. 53, 2001.
43 "...las más sublimes ideas pueden ser instrumentalizadas, las peores
exacciones cubren fácilmente nobles principios y las cazas de brujas se
cumplen en nombre de la defensa de valores" (P.A. Taguieff, Esprit, n.
190, 1994.
hegemonía. Por eso lo peor de la democracia (como del
mercado) es que a pesar de su deslegitimación no hay actualmente régimen
político alternativo, y en tal sentido cabe pensar en un fatalismo
democrático44.
4. ¿Será posible la democracia en una sociedad
postsocietal (sociedad de mercado)?
Frente a una hipótesis más sociológica, que destaca la
preponderante influencia de las condiciones sociales y
características de un determinado modelo de sociedad (su formación
histórica y socio-económica) en la estabilidad, cálida y eficacia de un
régimen y gobierno democráticos, otra hipótesis, sin excluir completamente
tales condicionamientos sociológicos, pone más bien de relieve los
efectos políticos de un régimen y gobierno democráticos capaces de
alterar y modificar un modelo de sociedad y sus condicionamientos sociales45.
Tal efecto democratizador del régimen político con su producción de
democracia social lejos de ser un principio, que se cumpliría en
cualquier circunstancia, constituye más bien una hipótesis condicionada no
sólo por la calidad política del régimen y gobierno democráticos, sino
también por el mismo modelo de sociedad más o menos predispuesto o
proclive a tales efectos democratizadores46.
Por consiguiente, esta hipótesis sobre los efectos
democratizadores y de cambio, que puede tener una democracia y sus
gobiernos, sobre la democratización de la sociedad estaría condicionada
por un modelo de sociedad, donde la política releva tanto del orden de las
estructuras como de la superestructura. Lo que no sería el caso en la
moderna sociedad actual, donde lo que realmente constituye su estructura y
superestructura es la economía y el mercado, pero no su esfera política e
instituciones democráticas. Por consiguiente será más bien la economía de
mercado, la que no sólo influye, afecta y transforma el régimen y gobierno
democráticos sino también la misma sociedad tanto directamente como a
través de las mismas instituciones políticos-democráticas.
Según estos planteamientos no se llegaría a comprender
plenamente la profunda crisis de la democracia sin tener en cuenta que
ésta ha sido un régimen político y de gobierno propios de un determinado
modelo de sociedad societal, y que en un nuevo y diferente modelo
de sociedad postsocietal, en una sociedad de mercado, la
democracia comenzaría por incurrir en tales ineficiencias y
contradicciones, pasando por la corrupción de sus instituciones, llegando
a ejercer efectos tan perversos en el conjunto de la sociedad, que
terminaría siendo a la larga inviable o quedaría políticamente tan
transformada como irreconocible. Hay que precisar y probar, por
consiguiente, qué modelo de sociedad es el que se muestra tan contrario y
opuesto a un régimen político y de gobierno como los democráticos, cuando
la democracia a lo largo de la historia, desde hace más de veinticinco
siglos, y a lo ancho de los más diversos modelos de sociedad y cultura, ha
sido capaz de las mayores adaptaciones y transformaciones, dando muestras
de una extraordinaria ductilidad y plasticidad47.
Sin embargo desde la antigua Atenas hasta la más reciente actualidad todas
las sociedades históricas en las que se ha implementado uno u otro modelo
de democracia, de régimen y gobierno democráticos, todas estas sociedades
han respondido a un modelo de sociedad societal y no de sociedad
comunal compatibles con el régimen, el gobierno y las instituciones
esenciales de una democracia48.
Ahora bien, si la democracia como régimen político y de gobierno nunca
hubiera sido posible en una sociedad comunal y sí únicamente en la
sociedad societal, podemos preguntarnos hoy si la democracia será
posible en una sociedad postsocietal ("network society", "sociedad
informática", "sociedad de mercado") en un mundo global.
Planteando la cuestión en términos más precisos caber
preguntarse sobre las condiciones de posibilidad de la democracia en una
sociedad de mercado, o sociedad en redes (network society,
según M. Castells), sin un real intercambio social, ni vínculos sociales,
sin cohesión alguna (ni "orgánica", propia de la sociedad comunal, ni
"mecánica", propia de la sociedad societal), dominada por una dinámica
diferenciadora y excluyente, sin nada "en común" que compartir ni interés
colectivo en el que participar. Puesto que sin un "bien común" no hay
sociedad y menos democracia posibles49.
Mientras que para una sociedad de mercado cualquier cosa común o
cualquier comunidad supondría una limitación al intercambio mercantil.
¿Qué tipo de democracia sería entonces posible en tales condiciones de
sociedad? ¿No sería incurrir en un flagrante malentendido con graves
consecuencias prácticas, seguir llamando democracia a un régimen político
y de gobierno en una sociedad postsocietal, cuyos ordenamientos y
organización, instituciones y valores son tan radicalmente opuestos a los
democráticos? Si "el proceso de la modernidad es el proceso de la
democracia", no sería por otra razón sino porque la democracia
inaugura una modernización de la sociedad humana, pero también
concluye con una nueva fase de modernización de la modernidad50.
Un factor adicional de la inviabilidad o
incompatibilidad democrática, pero que es parte integrante de la formación
de la sociedad postsocietal es el fenómeno de la globalización:
desde sus orígenes las democracias estuvieron circunscritas a determinadas
historias y localidades, a determinadas sociedades, a un determinado
Estado-ciudad o Estado-nación. Pero actualmente la globalización
transforma todo el mundo en un "schrinking world", donde los
procesos locales se mundializan y los mundiales se localizan, y donde las
prácticas y procesos político-democráticos quedan profundamente alterados.
Ya que una cosa es globalizar un modelo democrático y otra muy diferente
la posibilidad de una democracia global, cuando las fuerzas políticas y
económicas, militares, tecnológicas e informáticas se globalizan, pero no
los procedimientos y prácticas democráticos51.
44 "...no parece que en el momento actual exista en
todo el mundo un sistema político viable tanto desde el punto de vista
intelectual como desde el moral diferente de la democracia... Y sin
embargo al mismo tiempo descubrimos que este régimen político, triunfante
de un modo que incluso puede parecer irreversible o poco menos a los ojos
de un observador superficial, se enfrenta con problemas muy graves" (J.
Tusell, La revolución democrática, Edic. Nobel, Oviedo, 1997).
45 Esto último, por ejemplo, sostiene Claude Lefort, al indicar "el
sentido que reviste para la sociedad en su conjunto la democracia
política" ("Pour une sociologie de la démocratie" en Annales, 21 année, n.
4, julio-agosto, 1966).
46 "... la función desempeñada por las instituciones de la democracia
burguesa en el desarrollo del modelo merece un examen atento; de hecho hay
razones para preguntarse, al considerar la historia reciente, si allí
donde una democracia burguesa nunca logró implantarse, hay alguna
posibilidad de crear formas democráticas nuevas o si no hay impedimento
irreparable en el tejido social" (Cl. Lefort, o.c., p. 755).
47 El modelo democrático de la antigua Atenas se modifica en el modelo
republicano de la antigua Roma, después adoptará las formas de las
primeras monarquías constitucionales al final del medioevo; en el
Renacimiento la democracia republicana será adoptada por los
Estados-ciudad italianos y de la actual Bélgica y Holanda. Con referencias
más cercanas podemos hablar hoy de democracias presidencialistas y
parlamentarias, semipresidencialistas o semiparlamentarias. Las
variaciones democráticas se muestran ilimitadas, debido precisamente al
amplio margen de desarrollo de las instituciones democráticas.
48 Nos referimos a la diferencia establecida por Tönnies y desarrollada
por Max Weber entre "sociedad comunal" (gemeinschfatliche Gesellschaft) y
"sociedad societal" (gesellschaftliche Geselschaft); y según la
caracterización de ambos modelos de sociedad, la comunal nunca podría ser
propiamente una sociedad democrática con gobierno e instituciones
democráticas.
49 Aristóteles, quien prefería una sociedad con menos en común que todo en
común, sostuvo que "nada tener en común (koine) es evidentemente
imposible, pues la sociedad es esencialmente una forma de comunidad (koinonia)"
(Politica, II, i, 1260b).
50 Cl. Lefort, Essais sur le politique. XIX-XX siecles, Seuil, Paris,
1986: 71).
51 Una bibliografía reciente cada vez más nutrida aparece sobre esta
problemática: cfr. Marc F. Plattner, "Globalization and Self-Government",
Journal of Democracy, vol.13, n.3, 2002; Zaki Laïdi, "Democracy in Real
Time", Journal of Democracy, vol. 13,n.3, 2002.
Así planteado, el problema se agudiza y se vuelve aún
más complejo, si se considera en qué medida son los mismos gobiernos
democráticos, los que contribuyen a destruir todas las instituciones, que
conforman la sociedad societal, las cuales han sido las mismas, que desde
hace siglos habían hecho posible la democracia, y hasta hoy han
garantizado su reproducción a lo largo de la historia y a lo ancho de su
diversidad de formas, tanto como sus sucesivas adaptaciones a las
diferentes épocas. De ninguna manera se sostiene aquí que la democracia
sólo sea compatible con un tipo u otro de sociedad, ni siquiera que sea
incompatible con el ya tratado impedimento de la iniquidad social y sólo
compatible con un determinado umbral de igualdad, los que tendrían que
establecerse siempre de acuerdo a uno u otro modelo de sociedad. Tampoco
es cuestión de aquellos factores sociales o sociológicos extrínsecos al
régimen democrático, sino precisamente de aquellos que siendo propios de
un determinado modelo de sociedad societal se revelan constitutivos
de la misma democracia.
Lo que por un lado aparece como la destrucción de
aquellas realidades e instituciones sociales, que simultáneamente
constituían las categorías esenciales de una democracia, por otro lado
éstas categorías e instituciones democráticas aparecen tan investidas de
una economía de mercado, que ellas mismas dominadas por las fuerzas y
lógicas del mercado comienzan a operar mercantilmente y no políticamente
al interior de la democracia. Tal es el caso, por ejemplo, de la
participación y representación políticas, las cuales actúan ya hoy regidas
por intereses privados, de acuerdo a los comportamientos y procedimientos
del derecho privado, y bajo los imperativos de la oferta y la demanda. Y
el concepto de "democracia delegativa" acuñado por O´Donnell define
perfectamente esta privatización de la representación política, al
establecer una relación clientelar entre el representante y los
representados, cuando la función específica de la representación política
consiste en producir y representar (parlamentariamente) el interés público
y común, y no la representación de los diferentes intereses privados de la
sociedad, que nunca tendrían por un simple efecto de agregación de dar
lugar a un interés público y común. Por consiguiente allí donde nada es
público y común no hay posibilidad alguna de participar y compartir.
También la opinión pública quedaría abolida o tan atrofiada por la
ilimitada privatización de lo público, que las opiniones perderían todo su
poder político y democrático, el que precisamente les confería su carácter
público, para adquirir todo aquel poder procedente de las fuerzas e
intereses privados: el poder de la opinión pública, quedaría así
suplantado por la opinión de los poderes privados. Fenómeno éste
estrechamente asociado a una prensa, que ha dejado de ser una prensa
libre para no reivindicarse más que en su libertad de prensa,
cuando en realidad ésta sólo se justificaría y legitimaría a condición de
ser una prensa libre. No es tan exacto que la crisis de la democracia le
haya reducido a una democracia mediática, dominada y sometida por
los mass media52.
Lo que hasta ahora había sido condición de la democracia, al enriquecer de
tal manera la comunicación e información ciudadana, favoreciendo la
opinión pública, las deliberaciones públicas y también la misma
participación política, los mass media incluida la prensa se han
vuelto un factor devastador de las instituciones, procedimientos y valores
democráticos. Al convertirse en un poder político y financiero, ejercen
una influencia política incalculable pero sin asumir las más mínimas
responsabilidades políticas. Los mass media ejercen un control y
fiscalización de los gobiernos más eficaces que los mismos parlamentos,
pero sin asumir la responsabilidad política de sus actuaciones. De esta
manera la libertad de prensa hoy ya no corresponde a una prensa libre,
liberada de otras fuerzas e intereses, sino a una prensa privada y sobre
todo privada de su libertad por las fuerzas e intereses privados y
particulares, mercantiles y financieros. La libertad de prensa
significó en un principio una prensa libre de las fuerzas políticas y de
los poderes de Estado; pero hoy esa misma libertad de prensa
debería significar su liberación de las fuerzas e intereses del mercado y
del capital. La libertad de prensa hoy no es la libertad de una prensa
libre sino privada de su propia libertad porque es propiedad particular.
Nada de esto impide desconocer que el poder mediático e informático en el
mundo actual ha sido posible por el debilitamiento de los poderes e
instituciones democráticos, y si hoy la galaxia mediática es capaz de
suplir dichas instituciones, de influirlas, dominarlas, controlarlas y
hasta pervertirlas, se debe a la progresiva precarización política de la
democracia . En el caso de América Latina y en particular de los países
andinos hay que añadir un importante factor institucional que condiciona
los otros, y que hemos convenido en llamar "el desorden democrático".
5. El desorden democrático y el factor institucional
Desorden institucional de la democracia
Al cabo de 25 años de una transición inconclusa y de
una progresiva desconsolidación las "nuevas democracias" (democracias
exportadas o democracias forzadas) merecen un balance crítico,
al volverse tan inestables, inconstitucionales y antidemocráticas, cuando
la cuestión más obvia no es por qué no logran consolidarse sino por qué
perduran y sobreviven en sus "formas" más corruptas y con tales niveles de
deslegitimación. Plantear el problema de ¿por qué duran las
democracias? en la región andina, a pesar de su progresiva
desconsolidación, supone preguntarse por qué las democracias en los
países andinos "han durado" y "sobrevivido" no sólo al tiempo, sino
también a muchas crisis y desestabilizaciones, golpes, semigolpes y
autogolpes de Estado, deterioros de su fundamental legitimidad, pero que
lejos de consolidarse parecen haber entrado en una vertiginosa de
deslegitimación y corrupción institucionales. El problema hoy ya no se
plantea en términos de aplazamiento o postergación de "inconsolidación"
sino más bien de una progresiva "desconsolidación"
54. Si las democracias duran, es a
costa de su creciente deslegitimación y lo que es peor se encuentran
forzadas a durar por mucho que se degraden y deslegitimen. Cuando se
inicia la transición con el establecimiento de las instituciones
democráticas, se suponía suficiente que la democracia "durara" y que
sobreviviera al paso del tiempo, a sus posibles crisis e ineficiencias,
para alcanzar su "consolidación"; en tal sentido la persistencia temporal
de la democracia se asoció a su consolidación55.
Las interpretaciones supuestamente más pesimistas en
base a los análisis más realistas llegaban a pronosticar que "el fantasma
que acecha la transición es... la no-consolidación... Estos países están
condenados a permanecer democráticos casi por defecto (almost by
default)" 56.
Pero sin ser un criterio de la consolidación de la democracia, el "paso
del tiempo" parece hacer cada vez más improbable su desaparición, lo que
conduciría a una muy paradójica y perversa situación de democracias que
duran y
52 Tal y como sostiene J. Cl. Guillebaud, "Les médias
contre la démocratie?" en Esprit, n. 190, 1994.
53 Cfr. J. Cl. Guillebaud, o.c., p. 99.
54 G. O´Donnell habla de una "protracted unconsolidation" ("Illusions
about Consolidation", en Journal of Democracy, vol 7, n. 2, abril
1996:38). Y para M. Baquero, "... la experiencia latino-americana muestra
que las transiciones a la democracia no conducen necesariamente a las
consolidaciones democráticas, entendidas en un sentido maximalista": A
vulnerabilidade dos partidos políticos e a crise da democracia na América
Latina, Editora da Universidade, Río Grande do Sul, 2000: 155.
55 "La apuesta democrática es que un tal régimen, una vez establecido, no
sólo persistirá reproduciéndose dentro de las iniciales condiciones que lo
confinaban, sino que se expandiría más allá de ellas. A diferencia de los
regímenes autoritarios, las democracias tienen la capacidad de modificar
consensualmente sus normas e instituciones en respuesta a las cambiantes
circunstancias": Ph. Schmitter / T. Karl, "What Democracy is... and is not",
en Journal of Democracy, vol. 2, n. 3, 1991: 87. O´Donnell, por su parte,
trata también la consolidación como una forma de duración ("likely to
endure"), aunque reconoce la necesidad de ciertos requisitos para que una
"formal consolidación".
56 Ph. Schmitter, "Dangers and Dilemmas of Democracy", en Journal of
Democracy, vol, 5, n. 2, 1994: 55-57.
y resisten a pesar de (o a costa de) su creciente
desestabilización, deslegitimación y no-consolidación57.
Más allá de una versión "duracionista" o "sobrevivencionista" se suele
considerar consolidada una democracia que ha alcanzado un "completo grado
de institucionalización" (O´Donnell: 1996: 38). Muchos autores coinciden
en articular legitimidad e institucionalidad democráticas, definiendo la
deslegitimación, que impide la consolidación de la democracia, por "la
creciente ruptura entre la formalidad de las normas y las conductas de
toda suerte de actores políticos" 58.
La más original y específica calidad de la democracia
consiste en ser el régimen político más regulado por las instituciones de
una constitución o por la constitucionalidad de sus leyes; por esa misma
razón la democracia es el más perfectible pero también el más destructible
de todos los regímenes políticos, ya que puede perfeccionarse tan
ilimitadamente sin alcanzar su definitiva perfección, de la misma manera
que puede entrar en un proceso de ilimitada autodestrucción sin llegar a
destruirse por completo59.
Lo determinante de la institucionalidad en la democracia, que ésta se
funde y regule institucionalmente más que ningún otro régimen político,
significa que todos sus procesos y procedimientos de gobierno, con todas
sus relaciones de poder, supeditan las actuaciones y relaciones entre
personas a las relaciones y actuaciones de las leyes y procedimientos, las
normas y los "órdenes", en definitiva a las instituciones. En la
democracia el gobierno entre personas y grupos es sustituido por el de las
leyes; la dominación entre personas sustituida por el dominio de la ley.
Según esto donde falta institucionalidad, se encuentra limitada,
defectuosa o suprimida, allí mismo emerge el poder de personas y grupos,
produciéndose el gobierno de unas personas por otras. Invirtiendo este
argumento: donde actúa y es eficaz el poder de los hombres y el gobierno
de unos sobre otros, allí se limita, elimina o suspende el orden
institucional, y las instituciones lejos de sustituir y limitar el poder y
gobierno de las personas se convierten en instrumento de dicho gobierno y
en arma de dominación y explotación entre personas. Es este "efecto de las
instituciones", que garantiza no sólo la duración sino también la
estabilidad, calidad y desarrollo democráticos. Cuando las mismas
instituciones democráticas siguen reproduciendo el gobierno de las
personas y la dominación entre ellas, simultáneamente aumentan las
desigualdades y reducen los derechos con el efecto perverso de legitimar y
estabilizar poderes, condiciones y procesos totalmente antidemocráticos.
En este fenómeno consiste la crisis institucional de la democracia en
países, donde las instituciones en lugar de operar democráticamente son
utilizadas para seguir reproduciendo relaciones de poder, formas de
gobierno y dominación de unas personas y grupos sobre otros.
Tal situación genera un profundo y perverso conflicto
en las sociedades y regímenes democráticos, dando lugar a crisis de todo
orden y procesos de gran desestabilización constitucional: amenazas de
golpe de Estado, autogolpes o "golpes institucionales" que derrocan un
gobierno constitucional para reemplazarlo por otro como si un golpe anti-institucional
pudiera legitimarse con otro gobierno constitucional. Todas estas
situaciones de crisis no son más que síntoma y resultado de lo que
habitualmente sucede en todas las instituciones, espacios públicos y de
gobierno, en todo procedimiento administrativo, jurídico y político: la
acción y el poder de las personas sobre la acción y el poder de las leyes.
Estas situaciones resultan paradigmáticas de una rutinaria
desinstitucionalización de la democracia, que a su vez degenera en una
rutinización de su desintitucionnalidad. De manera creciente, los
problemas democráticos dejan de ser pensados, tratados y resueltos
democráticamente, para de manera más generalizada ser planteados,
intervenidos y supuestamente solucionados por vías antidemocráticas; no
por medios institucionales (leyes, normas, organismos, procedimientos)
sino por medio del poder y de la negociación de las personas, de clases,
de grupos de interés, de movimientos sociales. Dicha espiral de
desinstitucionalización democrática (de "desconsolidación") hace que
cuanto más graves y profundos sean los problemas que tal funcionamiento
democrático produce, más directo y violento sea el recurso a los
procedimientos no-institucionales y antidemocráticos.
La transición democrática supuso una puesta a prueba
del poder de las instituciones sobre los otros poderes de personas,
clases y grupos, que difusos, organizados o estructuralmente dominan la
sociedad. Cuando estos poderes se supeditan al poder de las instituciones
democráticas, sin que ello implique un total y homogéneo sometimiento a
ellas, dicha "subordinación" tenderá a ser progresiva, cada vez más
completa e irreversible, pudiéndose pensar entonces en un paso de la fase
transicional a la de consolidación. Si por otro lado cada institución
democrática ejerce un poder dentro de sus específicas competencias y
eficacias, y todo el sistema institucional funciona con esta misma
legitimidad y eficiencia, reforzando la democracia en su conjunto, la
simple duración sería ya una garantía de consolidación. Lo que
explicaría el doble fenómeno de transición y consolidación por el factor
institucional, puesto que funda y define la misma democracia, en lugar de
recurrir a criterios que siendo pertinentes son más bien derivados y se
prestan a múltiples cuestionamientos. Según esto, la transición
democrática llega a fracasar de dos formas definidas a mediano y corto
plazo: a) los tradicionales como los nuevos poderes de dominación y
explotación son tan fuertes, que no soportan el sometimiento al poder de
las instituciones y terminan imponiéndose de nuevo sobre ellas, aboliendo
de manera más o menos abrupta y violenta el régimen democrático; b) los
poderes y relaciones de dominación y explotación sin soportar el
sometimiento completo a las instituciones, tampoco pueden ni les interesa
derrocar y quebrar con su poder el orden democrático, optando más bien por
un procedimiento intermedio: sin destruir las instituciones democráticas
(leyes, organismos, normas, procedimientos...) los controlan con su poder
y los utilizan como instrumentos para seguir reproduciendo sus modelos de
dominación y acumulación tradicionales y no democráticos.
Una visión opuesta y en parte complementaria de esta
problemática es que las actuales formas de ejercicio del poder y del
gobierno, de acumulación y concentración de riqueza, son más efectivos y
gozan de mayor legitimidad en los regímenes democráticos, por muy
antidemocráticos que sean sus gobiernos, que en cualquier otro régimen.
Precisamente porque la democracia se constituye sobre el principio de
igualdad de todos los ciudadanos, la corrupción de las instituciones
democráticas ha hecho posible y hasta legitimado, que las crecientes
diferencias socioeconómicas puedan transformarse en nuevas desigualdades
sociales, ellas mismas legalizadas por instituciones democráticas,
incapaces de garantizar los umbrales mínimos de igualdad ciudadana. Así se
opera una perversa corrupción de la institucionalidad democrática y su
progresiva e ilimitada deslegitimación. En este sentido coinciden
57 Para A. Przeworski et al. la "sobrevivencia de la
democracia" su "capacidad para sobrevivir" (ability to survive) parece ser
cuestión de eficiencia económica, lo que nunca se ha dejado de discutir,
aunque sin excluir el factor institucional ("This is not to deny that
institucions matter"): "What makes Democracies endure?" en Journal of
Democracy, vol. 7, n. 1, 1996: 50.
58 "...increasing gap between formal rules and the behavior of all sorts
of political actors" (O ´Donnell, 1996: 40). Lo que el autor no parece
dejar claro es en qué consiste una democracia "formalmente" e
"informalmente" institucionalizada (p. 47, nota 2). Así como también
resultan muy cuestionables la serie de indicadores o criterios sobre
niveles de institucionalidad y consolidación.
59 Mientras que para Aristóteles la democracia es el régimen político más
"mesurado" ("metrioten": Política, IV, ii, 1289), porque es el más sujeto
a la institucionalidad de una constitución (politeia), para Platón es el
peor entre los mejores regímenes (jeiristen) y el mejor de los malos (faulón
te aristen: cfr Político, 302, Ass). También las democracias modernas son
definidas por su determinación institucional: "constitutions are
essentially institucional framework that in functioning democracies
provide the basic decision rules and incentive systems concerning
government formation, the conditions under which governments can continue
to rule, and the conditions by which they can be terminated democratically":
A. Stepan & C. Skach, "Presidentialism and Parliamentarism in Comparative
Perspective", en Juan J. Linz & A. Valenzuela, The Failure of Presidential
Democracy. Comparative Perspectives, vol. 1, p. 119 (The John Hopkins
University Press, Baltimore & London, 1994).
muchos autores, conceptualizando como "desafío de
legitimidad" lo que con más precisión Huntington llama "el dilema de
legitimidad" 60:
la gran tentación de recurrir a procedimientos no democráticos para
resolver problemas democráticos (desde la extrema violencia civil hasta
las agudas crisis económicas). Lo que siempre acarrea a mediano o largo
plazo un problema mayor del que se intentaba resolver ("by achieving its
purpose, it lost its purpose": Huntington, 1991:55). Por tales
procedimientos contra el poder de las instituciones y en defecto de dicho
poder las democracias funcionan antidemocráticamente: "democracy reverts
back to its oldway" (Metin Heper, p.114). Una conclusión unánime es que
"la supervivencia de las democracias depende de su sistema institucional"
(Przeworski et al., 1996:47); "requisito para la consolidación de esta
nueva madurez es un escrupuloso respeto de las reglas del juego
democrático" 61.
Tratar simplemente la consolidación en términos
de un mayor o menor grado de institucionalización, o de una democracia
"formal'' o ''informalmente'' institucionalizada62,
es incurrir en otra imprecisión, tanto más si se hace referencia a
instituciones que, si bien siguen funcionando lejos de funcionar
democráticamente tienen efectos y consecuencias antidemocráticos:
elecciones donde se eligen candidatos, pero no se legitiman gobernantes;
representantes políticos que sólo representan intereses privados;
instituciones de justicia que sirven para linchamientos políticos y
venganzas particulares. El paso de la transición a la
consolidación democrática pone de manifiesto esa otra dimensión
institucional y exclusivamente particular de la democracia, en cuanto
régimen político que consiste en la "producción de un orden" (Portantiero).
Pero el orden específico producido por la democracia posee la singularidad
de ser un orden que, sin excluir cualquier otro desorden que el
democrático (el de sus propias normas), es capaz de ordenar cualquier
otro desorden. Por el contrario, la desconsolidación
democrática consistiría en la producción de un desorden capaz de
desordenar cualquier otro orden en la sociedad (político, económico,
cultural, institucional); incluido el orden democrático, con tal de salvar
las formas a costa de los principios de la institucionalidad democrática.
Desde otra perspectiva se conceptualiza la misma situación, en la que las
instituciones democráticas vaciadas de su poder específico sirven para el
ejercicio de otros poderes y relaciones de dominación y acumulación. Es
sobre todo esta producción de desorden constante y generalizada, la
que mejor visualiza la actual y contradictoria desconsolidación de
las democracias en los países andinos. Puesto que no hay sociedad sin una
u otra forma (uno u otro grado) de dominación y de acumulación, es preciso
reconocer que la democracia, en razón del principio constitutivo de su
institucionalidad (sometimiento de todo poder personal y grupal al de las
leyes e instituciones), sería el régimen político que más legitima tal
dominación y explotación en el sentido de que las legaliza, las limita y
es capaz de ejercer sobre ellas su continua atenuación y transformación.
La contradicción se presenta, cuando los poderes
dominantes, lejos de someterse al poder de las instituciones democráticas,
son capaces de utilizarlas como armas e instrumentos para reproducir y
legitimar su dominación y explotación. Esto explica que la deslegitimación
de la democracia provoque incluso por parte de las clases populares y
subalternas, de la población más dominada, excluida y explotada pero
también incluidas clases medias, reacciones, comportamientos y opiniones
antidemocráticos. Se arraiga una clara percepción de que las instituciones
democráticas sirven para legitimar una ilegítima reproducción de poderes y
dominaciones no democráticos; por otra parte, y a pesar de esto, por muy
desligitimadas que se encuentren las instituciones democráticas siguen
siendo el único o último reducto de poder con el que cuentan los dominados
y explotados para limitar y hasta llegar a confrontar los otros poderes
opuestos a los democráticos, y que se ejercen sobre la sociedad. Esta
situación permite además comprender por qué, entre otras razones más
complejas, las actuales luchas y conflictos en las sociedades democráticas
dejan de ser cada vez menos "sociales" para volverse más
"institucionales"; como si la democracia hubiera transformado la lucha de
clases en una lucha institucional; como si aquella en la democracia pasara
por la lucha por las instituciones. No son las instituciones y poderes
institucionales los que están en juego como objeto o contenido de la
lucha, lo que por otro lado respondería a la más legítima contienda
democrática (cuyo escenario privilegiado son las elecciones); se trata por
el contrario no de defender o disputarse el poder de las instituciones con
la finalidad de defenderse de otros poderes y controlarlos, sino más bien
de servirse de las instituciones, utilizarlas aun a costa de su relativa
legitimidad, para ejercer el poder por medio y en contra de ellas. Tal
estrategia desinstitucionalizadora comparten los grupos dominantes como
los dominados, clases dirigentes como subalternas o populares.
Esta crisis democrática ha dado lugar a un fenómeno
plebiscitario muy complejo, que pretende legitimarse en razón de los
mismos principios democráticos, pero a costa de una absoluta supeditación
de toda legalidad y de toda institucionalidad bajo las actuaciones
soberanas del pueblo, como si el principio de soberanía popular se
sustrajera a cualquier forma de legalización e institucionalización de los
procedimientos políticos. Este fenómeno plebiscitario que se expresa en
las formas más variadas (del recurso al referéndum hasta la
revocación de todo mandato, pasando por los participacionismos más
extremados), incurre en una democracia callejera, que ya
Aristóteles calificó de monarquía popular, y que ''se vuelve
despótica al buscar un ejercicio monárquico del poder no regulado por la
ley'' (Política, IV, iv, 1292,15ss).
¿Qué razones justifican el mantenimiento de la
democracia aún a costa de su constante e ilimitada deslegitimación?
Primero, una modernización y relativa despolitización de los poderes
sociales, de su ejercicio de dominación y explotación, hacen cada vez más
innecesario el control absoluto de los aparatos de Estado, el recurso a su
"legítima violencia", ya que las instituciones democráticas se vuelven más
funcionales a dichos poderes y legitimadoras de sus ejercicios de
dominación; paradójicamente entonces la deslegitimación de las
instituciones democráticas es correspondiente, equivalente y consecuencia
de la legitimación a través de ellas de los poderes no democráticos.
Segundo, la globalización de todos los procesos, fenómenos e instituciones
a nivel mundial hacen que la democracia sea el régimen político capaz de
mayor homogeneización, precisamente en base a su fundamental carácter
institucional; y por consiguiente la "exporting democracy" se ha
mundializado prácticamente a
60 Para Metin Heper "the challenge of legitimacy" se
juega entre una "democracy vertical" dominada por las elites y una
"horizontal democracy" de carácter más participativo ("Consolidating
turkish Democracy", en Journal of Democracy, vol.3, n. 2, 1992: 105s); S.
Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,
University of Oklahoma Press, 1991.
61 E. Krauze, "Old Paradigms & New Opengs in Latin America" en Journal of
Democracy, vol. 3, n. 1, 1992:19. El "autogolpe'' de Fujimori en 1992
contó con el 80% de opinión pública a favor; pero cuando fue forzado a
abandonar el poder todas las instituciones, desde las FFAA hasta el
Congreso, pasando por los partidos y Corte Suprema de Justicia, se
encontraban más deslegitimados que diez años antes.
62 Cfr. G. O'Donnell, Another Institutionalization: Latin America and
Elsewhere, en Working Paper, 222, Kellogg Institute March, 1996: 2, nota
4.
63 No hay en la democracia institución alguna, organismo o procedimiento
particulares destinados a limitar y transformar la dominación y
explotación de clases dentro de la sociedad; es más bien el régimen
democrático al interior del sistema político, dentro de la estructural
relación con la sociedad civil y la sociedad política, el Estado y el
gobierno que se operan los efectos de democracia en el conjunto de la
sociedad.
raíz de su "tercera ola"
64. Por último, el mismo
neoliberalismo a escala mundial exigirá para su mínima legitimación y su
máxima efectividad el establecimiento de los clásicos principios
liberales, que sólo el régimen democrático garantiza. Según esto tanto la
exportación democrática como la globalización democrática
están destinadas no sólo a compensar sino sobre todo a encubrir la
cuestión de la calidad democrática. Poco importa que democracias se
deterioren y degraden, deslegitimándose hasta sus peores extremos, con tal
que perduren, ya que mientras los costos de su precariedad y
descomposición se internalizan y se pagan en cada país, las ventajas de su
duración se externalizan en beneficio de la globalización; o más
exactamente de los actuales poderes beneficiarios de la globalización.
Según esto, la democracia reducida a sus requisitos más
formales y procedimentales, (libertad de expresión, multipartidismo,
elecciones competitivas) no tendría otra finalidad que legitimar poderes,
de los que poco importará después la legitimidad de su ejercicio, y en tal
sentido hay que preguntarse cada vez con mayor convicción si ''la
promoción democrática por los gobiernos del Norte es parte de un amplio y
hegemónico proyecto de dominación global''65.
Podría objetarse que el concepto de desconsolidación no posee
suficiente pertinencia para significar los procesos de
desinstitucionalización de la democracia, pues democracias que nunca
llegaron a consolidarse mal podrían desconsolidarse. A tal objeción cabe
argüir que la transición democrática supone una inicial
institucionalización de prácticas, procedimientos, organismos y
ordenamientos políticos; las elecciones, por ejemplo, confieren a los
ciudadanos la capacidad de elegir y legitimar a sus representantes y
gobernantes; éstos a su vez en base a leyes adquieren el poder de
implementar políticas con efectos en la sociedad; la misma relación entre
poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se encuentra
normalizada y ordenada en base a principios, leyes y procedimientos
constitucionales. En otras palabras la democracia sólo es posible en
cuanto definición y atribución de poderes a sus instituciones, éstas
mismas legítimamente constituidas; de forma más específica la transición
democrática se inicia en la medida que se identifican y confieren poderes
a todo un complejo sistema de leyes, normas, regulaciones, organismos e
instituciones, de modo que no haya otros poderes al margen o por encima de
éstos.
Esta institucionalización de poderes, que "constituye"
la democracia, representa el punto de partida de toda transición; tal
combinación de poder y legitimidad funda el pacto democrático al
interior de una sociedad y la producción de un orden democrático.
Todo lo cual en vez de consolidarse puede entrar en crisis, para emprender
un proceso regresivo de desconsolidación, por el que se resquebraja
la articulación entre poder y legitimidad, a medida que el poder
depositado en las instituciones vuelve a ser usurpado, retomado y ejercido
por personas y grupos. Poco importa que estas personas y grupos actúen al
interior de las instituciones, si sus actuaciones violan, fuerzan o
corrompen las normativas y regulaciones institucionales. En este sentido,
el concepto de desconsolidación interpreta mejor incluso lo que la
idea de transición y consolidación sólo llegan a
caracterizar descriptivamente, o bien recurriendo a una clasificación de
indicadores y criterios, sin definir cuáles son los suficientes y cuáles
los requeridos. Más aún si se considera que "la mayor parte de las
definiciones de la consolidación democrática están centradas en torno a la
institucionalización" (O´Donnell, 1996:48, nota, 12), nada más
justificado que el concepto de desconsolidación para identificar el
mencionado proceso de pérdida de institucionalidad de las democracias en
los países andinos66.
Habría que penetrar ciertas lógicas inherentes a la alternativa entre
consolidación y desconsolidación, que permitan explicar por qué ésta no es
una simple transición truncada, y por qué el concepto de
desconsolidación intenta significar algo más que una democracia
no-consolidada. La razón es que no hay alternativa entre la "producción de
un orden" capaz de ordenar cualquier desorden y la producción de un
desorden capaz de desordenar cualquier orden. Ya que en los actuales
contextos de "modernización" la simple "duración" o "sobrevivencia" en el
tiempo sin cambios hace que los cambios inherentes a dicha "modernidad"
tengan una influencia destructiva. El factor y efecto institucionales en
las democracias modernas es decisivo para los cambios: en una época
histórica de cambios tan bruscos y acelerados, e innovaciones tan
precipitadas, sólo las instituciones son capaces de resistir la fuerza de
dichos cambios, sin los cuales la misma democracia se deteriora por el
inmediato efecto de su creciente inadaptación.
Factores de la desinstitucionalización democrática
Para definir las principales causas de
desinstitucionalización y consiguiente deslegitimación de las democracias,
las que más deprivan de su poder específico a las instituciones para
transferirlo a las personas y grupos, será necesario tener en cuenta
aquellos criterios con mayor referencia a: 1) el régimen particular del
gobierno democrático: el presidencialismo dominante en toda la región; 2)
el más determinante de los elementos del régimen democrático en su
articulación con todo el sistema político (Estado, sociedad civil,
sociedad política, régimen de gobierno): la representación política; 3)
las dimensiones socio-culturales que enmarcan y sustentan al
funcionamiento de todo el sistema político, condicionando sus formas y
desarrollo.
a. Presidencialismo y personalización del poder
De la misma manera que «una forma de gobierno
institucional puede ejercer una fuerte influencia en la totalidad del
sistema político»67,
también una forma de gobierno personalista influirá con equivalente fuerza
y contrarias consecuencias en todo el sistema político. El régimen
presidencialista significa tal acumulación y concentración de poder y
autoridad en el Ejecutivo y en la misma persona del Presidente, como Jefe
de Estado (representante de toda la nación) y Jefe de gobierno, que todo
el sistema político se resiente de tal personalización del poder-autoridad
en un doble sentido: todo poder y autoridad tienden a confluir en la
persona del Presidente, a la vez que dicha personalización del
poder-autoridad se reproduce y refracta en el resto del sistema político:
desde el Presidente del Congreso hasta los Alcaldes, pasando por
Gobernadores o Presidentes de los otros poderes del Estado, incluyendo a
dirigentes de los partidos y de movimientos sociales. De esta manera el
síndrome presidencialista hace que la personalización del poder se
metabolice por todo el sistema político (y hasta por la misma sociedad) en
detrimento del poder de todas sus instituciones. Siempre cabe objetar que
la personalización de los poderes resulta de la carencia y fragilidad de
las instituciones sociales y políticas, y que son las específicas
debilidades de sus funciones institucionales las que contribuyen a la
inevitable personalización. Lo que supondría compensar con poderes
personales los precarios poderes funcionales; de otro lado, haría muy
coherente la necesidad de autoritarismo tan endémico y epidémico en
la cultura política latinoamericana.
Mientras que las instituciones poseen un poder
constitucionalmente establecido, y por ello limitado y regulado en las
posibilidades y formas de su ejercicio, cuando tales poderes son asumidos
y en cierto
64 Joshua Muravchik, autor de Exporting Democracy:
Fulfilling America´s Destiny (The AEI Press, 1991), según el Wall Street
Journal "the most cogent and careful of the neoconservative writers on
foreign policy", aun sin quererlo se traiciona revelando el proyecto
neoimperialista norteamericano tras la expansión de la democracia en el
mundo; por el contrario Abraham Lowenthal (Exporting Democracy: The United
States and Latin America, The Johns Hopkkins University Press, 1991)
muestra cómo la administración norteamericana, y de manera muy especial la
de Reagan con su proyecto neoliberal, "came to adopt prodemocracy policies
as a means of relieving pressure for more radical change".
65 Tales son los resultados a los que llegan los estudios analizados por
Gordon Crawford, ''Promoting Democratic Governance in the South '' en The
European Journal of Development Research, vol. 12, n. 1, june 2000: 25.
66 Sobre el ya desactualizado debate entre transitólogos y
consolidacionistas puede consultarse Ph. C. Schmitter & T.L. Karl, "The
Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologist: How Far to the
East Should They Attempt to Go?" en Slavic Review 63 (Spring, 1994):
173-185. De otro lado se han aventurado definiciones infundadas o
genéricas sobre las "condiciones" para reconocer una consolidación: cfr.
J.J.L Kinz & A. Stepen, "Toward Consolidated Democracies", en Journal of
Democracy, vol. 7, n. 2, 1996: 15ss
67 Ezra N. Suleiman, "Presidencialism and Political Stability in France" ,
en Juan J. Linz & A. Valenzuela, o.c., p. 137.
modo apropiados por personas y grupos, y ejercidos por
ellos al margen de las normatividades institucionales o por encima de su
ordenamiento, y hasta transgrediendo sus controles, surge entonces una
"pugna de poderes". No son los poderes institucionales entre instituciones
los que realmente entran en pugna (lo que ocurriría por un defecto
constitucional de tales instituciones), sino que son más bien las fuerzas
de las personas y grupos actuando al interior de dichas instituciones, que
por una deprivación y apropiación de los poderes de éstas las conducen al
conflicto y la pugna. En este sentido, bajo la apariencia de una ''pugna
de poderes'' lo que se entabla sin tregua es una generalizada ''pugna de
intereses''. Ahora bien si ya tal expropiación de los poderes
institucionales y su apropiación por parte de personas y grupos debilita y
deslegitima políticamente las instituciones, en la medida que actúan
supeditadas a otros poderes, o convertidas en instrumento de las
actuaciones de poderes personales, la misma "pugna de poderes"
confrontando las instituciones democráticas les añade un adicional
debilitamiento y deslegitimación parlamentarias. Está demostrado que,
cuando arrecia la "pugna de poderes" sobre todo entre Legislativo y
Ejecutivo, la confianza y credibilidad de ambas instituciones más declina
en la opinión pública. De otro lado en el régimen presidencialista la
pugna que enfrentan dos principales poderes del Estado, Congreso y
Gobierno, posee un carácter estructural, repercutiendo en todo el sistema
político, y tiende a conflagrar la pugna por todos los otros poderes y
aparatos de Estado. Lo que se traduce en una constante "producción de
poderes en pugna", y una pugna que atraviesa todas las funciones
institucionales (pugna legislativa, pugna fiscalizadora, pugna
presupuestaria, pugna regional...) . La pugna sólo se resuelve en
tres desenlaces catastróficos: cuando la oposición cuenta con mayoría
legislativa, impide gobernar al Ejecutivo; cuando el Ejecutivo cuenta con
mayoría legislativa practica una dictadura gubernamental, que puede
ejercerse más allá de los límites constitucionales; la corrupción
traducida en compra de votos, compra de diputados, compra de todo un
partido o bloque parlamentario por parte del Ejecutivo.
Los imperativos de la gobernabilidad de las
modernas democracias han tenido efectos tan perniciosos como
contradictorios. En lugar de entenderse y ejercerse la gobernabilidad
como un desarrollo y perfeccionamiento institucionales, mejoramiento
(más democrático y eficaz) de los dispositivos de gobierno (gubernamentalidad)
y de las mismas relaciones de gobierno (gobernabilidad), tal
imperativo se tradujo en un fortalecimiento de los poderes ejecutivos y de
los mismos Presidentes, que en muchos casos usurparon poderes especiales.
Al no mejorarse cualitativa e institucionalmente los poderes de gobierno,
proporcionando mejores relaciones políticas y gubernamentales entre los
poderes del Estado, el simple aumento cuantitativo del poder del Ejecutivo
contribuyó a un reforzamiento de todos los contrapoderes, dando lugar a
una espiral de "pugnas" y conflictos, con el consecuente deterioro
de la gobernabilidad y de la misma democracia. Este "Institutional Stress"
(C. Conaghan) de las democracias y sobre todo el encubrimiento de la razón
que lo provoca, la personalización del poder, tiene el contradictorio
efecto de generar entre la opinión pública una desenfrenada como
contradictoria demanda de liderazgos políticos, desconociendo que son
precisamente los poderes de personas, las que provocan las crisis en las
instituciones, creyendo que sólo los lideres carismáticos podrán compensar
o suplantar las deslegitimadas instituciones. El síndrome populista o
clientelar no tiene otro sentido ni desempeña otra función. Ahora bien la
facilidad y rapidez con las que en tales contextos políticos las
sociedades producen nuevos líderes y liderazgos más o menos carismáticos
sólo son comparables con la aún más rápida y fácil destrucción y
consumación de tales líderes por parte de las mismas sociedades y sus
opiniones públicas. Esto mismo permite entender una de las más
particulares características de los líderes y sus carismas: su radical
anti-institucionalidad: cuanto más ajenos o contrarios son y se muestran
respecto de las instituciones, tanto mayor será su éxito, aunque también
probablemente tanto más rápida su caída. Este fenómeno en el que se
contrapone y superpone el poder de las personas al margen y por encima de
poderes institucionales, remite a otro de los factores y efectos de la
desinstitucionalización de las democracias: la degradación plebiscitaria y
destructiva de la representación política.
No hay fenómeno político más tratado y maltratado como
el que se ha denominado populismo, y que para algunos autores se ha
convertido en la principal o casi exclusiva interpretación de toda la
política latinoamericana, y que sin embargo ha sido poco comprendido y
explicado desde el anti-institucionalismo y contrainstitucionalidad de la
cultura latinoamericana: el liderazgo carismático y populista sólo es
posible desde la fragilidad institucional de la democracia, y el mismo
líder populista no puede constituirse ni reproducirse como tal sino en
base a un debilitamiento de las instituciones. Pues el líder populista y
carismático no es más que la suprema personalización del poder político.
Entre el dictador militar y el líder populista el presidencialismo asegura
la mediación y continuidad entre ambas figuras políticas69.
La personalización del poder coloca siempre al presidencialismo en un
dilema político entre el autoritarismo y la inestabilidad; consecuencia a
su vez de la contradictoria conformación del poder personal del
presidente, que si por un lado resulta excesivamente fuerte en razón del
cargo y funciones, por otro lado se revela extremadamente débil en las
reales condiciones de su ejercicio gubernamental70.
Consecuencia de ello es que la personalización del poder presidencial y el
difícil ejercicio de su gobierno tienden a debilitar todas las
instituciones del sistema político, comenzando por el mismo Estado y sus
aparatos para terminar en los partidos políticos71.
Durante la última década, con la finalidad de resolver
el problema de gobernabilidad de las democracias y de gubernamentalidad de
los regímenes presidencialistas, se han buscado formas de atribuir aun
mayores poderes a los Ejecutivos y Presidentes (ampliación de los
mandatos, posibilidad de reelección...), incluso a costa de reducir otros
poderes como el legislativo (reducir la función fiscalizadora del
Congreso, mayor autonomía en la política económica...); las consecuencias
fueron todavía peores, ya que el problema no era más poder o
mayor cantidad de poder, lo que siempre provoca el reforzamiento y
confrontación de los contrapoderes, sino mejor calidad de poder, un
poder más institucionalizador, que no sea personalmente apropiable y que
más bien propicie los apoyos y colaboraciones de los otros poderes. El
decline y destrucción de toda institucionalidad convierte la
personalización del poder en el depositario privilegiado para las
identificaciones carismáticas y los clientelismos políticos entre el
Presidente y los ciudadanos. Ahora bien, a causa de sus debilidades
gobernantes, dicho carisma se vuelve extremadamente fugaz y efímero,
haciendo que el Presidencialismo esté obligado a producir constante y
regularmente nuevos liderazgos políticos, que él mismo se encarga
inexorablemente de incinerar políticamente. Esta producción de liderazgos
carismáticos y populistas junto con su rápido consumo y destrucción tiene
otra consecuencia: la cada vez
68 Hemos desarrollado amplia y detalladamente toda
esta problemática en La pugna de poderes. Análisis crítico del sistema
político ecuatoriano, Abya-yala, Quito, 1998. "... executive - legislative
conflict, which has long been recognized as a factor in the breakdown of
democratic regimes, has been scarcely considered by students of Latin
America": L. E. Gonzalez & Ch. G. Gillespie, "Presidentialism and
Democratic Stability in Uruguay", en J. J. Linz & A. Valenzuela, o.c., p.
152; cfr. M. Coppedge, "Venezuela: Democratic despite Presidentialism" o.
c. , p. 331; Catherine M. Conaghan, "Loose Parties, Floating Politicians
and Institutional Stress: Presidentialism in Ecuador, 1979-1988", o.c., p.
254.
69 Hemos tratado esta problemática en "Encubrimientos socio-políticos del
populismo" en F. Burbano (edit.) El fantasma del populismo. En años
recientes se ha puesto de moda una aleación política nueva: la figura de
liderazgos carismáticos y democráticos de ex-militares golpistas (Chávez y
Arias en Venezuela; Vargas Pazos, Yandún, Moncayo y Lucio Gutiérrez en
Ecuador; Banzer en Bolivia; Oviedo en Paraguay).
70 "The common tendency to characterize Latin American presidents as all-powerful
is misleading": Scott Mainwaring, "Presidentialism in Latin America" en
Latin America Research Review, 25, n. 1, 1990: 162, 171.
71 Cfr. G. Sartori, "Neither Presidentialism nor Parliamentarism" en J.J.
Linz & A. Valenzuela, o.c., p. 109s. La crítica más reiterada del
Presidencialismo son sus efectos destructores y deslegitimadores del
sistema de partidos.
más profunda desconexión entre elegir y legitimar. Las
crisis democráticas han intensificado las prácticas electorales o
plebiscitarias en la misma medida que esta rutinización del voto ha ido
perdiendo su poder de legitimar lo que se vota y elige. Esto ha hecho tan
violenta la urgencia de continuas elecciones como las necesidades y
demandas de "revocación del mandato". Tales furores plebiscitarios, que
propician intensas identificaciones con los líderes, son uno de los
detonadores y síntomas del ya profundo pero siempre creciente deterioro de
su representatividad y representatibilidad.
Para concluir, conviene precisar que el problema
desestabilizador del presidencialismo no es su figura política y
constitucional, ni siquiera el cargo o las funciones gobernantes dentro
del sistema político, sino la personalización del poder presidencial en
cuanto factor desinstitucionalizador: el riesgo y peligro de independizar
el poder personal del institucional 72.
De ahí que en el régimen presidencial las crisis y desestabilizaciones
estén asociadas a la persona: "A crise e(é) o home"
73. Lo que introduce el
problema de la representación política y su actual crisis democrática
b) Perversión de la representación política
Un acuerdo unánime entre los críticos del
presidencialismo asocia los defectos de éste a la "debilidad del sistema
de partidos'', considerándola "una consecuencia del sistema
presidencialista" (Juan Linz, o.c., p.34s). Sería un equivocado
reduccionismo atribuir a la crisis de los partidos políticos la crisis de
representación política, siendo más bien ésta la que permite mejor
comprender y explicar aquella, pues la representación política es más
constitutiva de la democracia que los mismos partidos. La compleja y
estructural crisis de representación, que tiene sus raíces en las
sociedades modernas, concierne a todo el sistema político y a la misma
constitucionalidad del régimen democrático, y de ella la crisis de los
partidos no es más que una expresión y consecuencia. Aunque esto no sea
ajeno al déficit de institucionalidad de los partidos políticos, cuya
carencia de poder en cuanto instituciones políticas es equivalente al
poder de sus "dueños", "patrones" o "familias propietarias". El
presidencialismo mina la institucionalidad de la representación política.
Mientras que el Ejecutivo de un régimen parlamentario es producto y
expresión de la representación política, cuya mayoría le permite gobernar,
y cuyas prácticas de gobierno se encuentran a su vez legitimadas por dicha
representación política, al mismo tiempo que las legitima, por el
contrario, el Presidente de un régimen presidencialista ni procede de una
representación política ni mucho menos la expresa, todo lo contrario más
bien aparece y tiende a mostrarse y actuar desvinculado de ella; y su
gobierno lejos de legitimarse en base de la representación política o por
medio de ella, suele más bien enfrentarse a ella, deslegitimándola tanto
como deslegitimándose.
Tampoco la crisis de la representación política es
ajena a la crisis de los presupuestos electorales que fundan dicha
representación, ya que la votación popular cada vez más tiende a elegir
representantes con los cuales identificarse personalmente, pero de ningún
modo legitimar sus actuaciones de gobierno; y mucho menos
considerarse políticamente responsables de las actuaciones políticas de
los representantes electos; muy por el contrario, el fenómeno
plebiscitario es una muestra de las más frecuentes e intensas
reivindicaciones a favor de la ''revocación del mandato''. Los partidos
han contribuido ciertamente a la crisis de la representación política en
las democracias latinoamericanas, pero ésta ha sido más bien causa y no
tanto consecuencia de la crisis de los partidos. Y ello en contra de una
opinión demasiado generalizada74,
que ignora el factor de crisis que ha supuesto la perversión delegativa
de la representación política. El concepto de ''democracia delegativa''
(O'Donnell), que ha servido para caracterizar la corrupción de las
democracias modernas, define muy significativamente el cambio fundamental
que se opera al sustituir la representación política por una
representación delegativa, que deja de ser propiamente política,
puesto que supedita un modelo de representación específico del derecho
público por otro modelo de representación, propio del derecho privado, con
el agravante de hacer pasar por política y atribuirle efectos políticos a
una representación de carácter privado como es la delegativa.
La representación delegativa del derecho privado
comporta una relación contractual entre personas privadas, por la cual una
representa los intereses privados y particulares de la otra, encontrándose
el representante sujeto al representado tanto para una constante
rendición de cuentas como para una posible revocación del mandato
delegativo. La representación política, por el contrario, con la
finalidad de transformar en públicos los intereses privados y
particulares, para producir un interés colectivo o bien común,
tiene lugar entre personas públicas (electores y candidatos) en una acción
pública (elecciones); dicha representación no puede ejercerse sino
colectivamente, ni se encuentra sujeta a ninguna rendición de cuentas, ni
a revocación de mandato, a no ser las que se establecen y regulan
constitucionalmente. Mientras que los intereses privados son objetivamente
reconocibles e identificables, el interés colectivo o bien común, sólo
puede ser producido como resultado de una correlación de intereses,
consultas, deliberaciones, negociaciones y tomas de decisión, en
definitiva de toda la acción parlamentaria que define la representación
política. La representación política se pervierte, al transformarse en una
institución, donde delegativamente se representan intereses privados y
particulares, haciendo que los representantes políticos se conviertan cada
vez más en delegados de intereses de grupos privados de la sociedad. Este
fenómeno sólo ha sido posible en sociedades donde se ha vuelto cada vez
más difícil producir intereses colectivos y el bien común a
partir de intereses privados y particulares cada vez más incompatibles
entre sí. Aquí se devela la dimensión social de la crisis en la
representación política. Cuando ya no es posible definir ese "punto ideal
del bien común identificado en la elaboración en común de lo que vale para
todos" 75. Los
intereses privados en cuanto privados son incompatibles entre sí, por ello
nunca la agregación de intereses privados produce un interés público, sino
la agregación o la síntesis de las diferentes versiones de dicho interés
común a partir de los intereses privados. En sociedades donde nadie
comparte nada es imposible representar intereses comunes.
El concepto de delegación traduce un colosal
equívoco, consecuencia de un enorme déficit de institucionalidad política,
entre un modelo de representación presencial personal, por el que
una persona suple con su presencia la ausencia otra (Darstellung),
y una representación actuante, según la cual el representante
representa los intereses del conjunto de los representados (Vorstellung),
siendo el producto de tal representación un interés común o un bien
colectivo, resultado de la transformación política de intereses privados y
bienes particulares. La representación que ''actúa por'' no es posible
cuando se supedita a las personas y sólo es posible en base a una
despersonalización del representante, cuando este supedita su persona a la
efectiva representación de sus actuaciones. Así entendida la
72 Juan J. Linz ha precisado muy exactamente este
fenómeno: "The feeling of having independent power, a mandate from the
people... is likely to give a president a sense of power and mission that
might be out of proportion to the limited plurality that elected him" : "Presidential
or Parlamentary Democracy: Does It Make a Difference?" en Juan J. Linz &
A. Valenzuela, o.c., p. 19.
73 Bolívar Lamounier se refiere al prestigioso semanario Veja, que tres
días después del plebiscito del Presidente Sarney titulaba su portada "the
Crisis and the Man" recurriendo al juego de palabras al que se presta en
portugués, dependiendo de que la e, sin acento, signifique y, o con
acento, é signifique es: "Brazil towards Parliamentarism?", en Juan J.
Linz & A. Valenzuela, o.c., p. 216.
74 Aun sin formularlo, un supuesto ampliamente admitido es que "hay una
crisis de representación debido a la crisis de los partidos políticos":
Lawren Boudon, "Los partidos y la crisis de representación en América
Latina", en Contribuciones, CIEDLA, año XV, n. 1 (57) 1998: 25; "Nuestra
hipótesis consiste en que las deficiencias (de la representación) son
producto del mal funcionamiento de los partidos": F. R. Loñ, "La
representación y los partidos políticos" en Contribuciones, CIEDLA, o.c.
1998: 68.
75 "Hablar de bien común en términos estrictos, supone que hay al menos
un deseo dominante, que todos comparten: no un deseo que todos pueden
satisfacer, sino un deseo que todos pueden desear. Para que los hombres
sientan el interés de compartir el objeto de su deseo, es necesario que
compartan el mismo deseo" (G. Sfez, Machiavel, la politique du moindre
mal, PUF, Paris, 1999: 186).
representación política es inviable donde el poder y
los intereses personales, privados y particulares son tan fuertes, que se
vuelven incompatibles y contradictorios con cualquier posible interés
común o bien colectivo76.
Aunque no es posible sociedad, donde los intereses privados y particulares
no puedan ser compartidos en un grado mínimo por muy limitado que sea, sin
embargo no en todas las sociedades tales intereses particulares y privados
pueden ser compartidos de la misma manera y en similares niveles. En
sociedades con una histórica ''estructural heterogeneidad" son muy
reducidos los intereses compartidos, y resulta muy difícil producir a
partir de ellos un interés común, y aún más difícil representarlo
políticamente. Tal situación se ha agravado durante las últimas décadas
por efecto de un discurso neoliberal, por uno lado, y de los discursos
pobretológicos, por otro lado, que han coincidido en traducir los
intereses sociales en necesidades sociales con una grave
consecuencia: mientras que los intereses poseen una objetividad social y
por consiguiente pueden ser compatibles y compartidos, y también
políticamente representables, las necesidades no poseen objetividad
social, incompatibles entre sí no pueden ser compartidas; al pertenecer al
imaginario social y al orden del deseo, tampoco pueden ser objeto de
representación política.
En el preciso contexto de esta problemática debe
interpretarse el síndrome populista y clientelista; la profunda y
contradictoria experiencia de orfandades políticas expresada en ese otro
síndrome pastoril y ganadero de la incansable búsqueda de liderazgos: la
imposibilidad de pensar e institucionalizar la representación política.
Este fenómeno hace todavía más difícil la diferenciación (política) entre
representantes políticos y representación política, reduciendo ésta a la
presencia y persona de aquellos, cuando propiamente la representación
política es una acción, parte de un proceso político y por consiguiente
resultado de ellos, y cuyo momento más fuerte es la deliberación
parlamentaria. Esta es la que produce el bien común o interés colectivo.
Tal representación/deliberación política debería generarse ya en la
producción ideológico, política y programática de los mismos partidos, de
manera que los diputados o senadores no serían más que los intérpretes y
protagonistas terminales de un proceso político de representación, al que
se encuentran sujetos aun sin dejar de actuar en él más o menos
decisivamente. Pero esto significa que los mismos partidos se piensen, se
programen, funcionen y actúen como instituciones de este específico modelo
de representación política.
Sin embargo incapaces de procesar y producir representación política, caen
en la tentación electoralista de buscar candidatos donde sea, incluso
fuera de sus miembros y afiliados, sin vinculación política alguna, ni las
capacidades y competencias para producir tal representación política, pero
que sí representan los imaginarios sociales con los que amplios sectores
de la población se identifican. De esta manera las identificaciones
personales suplantan las representaciones políticas78.
O lo que es peor, las identificaciones entre representantes y
representados crean la ilusión de que aquellos representan a éstos,
escamoteando la real representación política por parte de aquellos de los
intereses colectivos de éstos.
Una alternativa tan ilusoria como desesperada a la
crisis de la representación democrática (tan mal entendida y maltratada)
es la búsqueda de la democracia participativa o democracia
directa. Incluso en Europa donde la democracia representativa goza
comparativamente de mejores condiciones de eficiencia y de legitimidad,
"las insatisfacciones con el actual sistema de democracia representativa"
han conducido a elogiar y desear las ventajas de una democracia "directa"
o "participativa" 79.
No es el caso de desplegar aquí una crítica de esta ilusión democrática,
pero baste señalar un elemental argumento: si los presupuestos y
condiciones de la representación política están en crisis, mucho más
afecta esta crisis a los presupuestos y condiciones de una democracia
participativa. Pero lo más curioso y paradójico es que hoy la defensa de
la democracia representativa sea considerada como una posición
reaccionaria y antidemocrática, y sobre todo burguesa. Aunque nada tiene
de casual que el realismo y racionalismo económicos dominantes generen
este género de utopías políticas.
c. Factores culturales de la corrupción
democrática
Un discurso frecuente y generalizado, compartido por
políticos y cientistas sociales tanto como por la opinión pública,
sostiene que son razones y factores culturales los que impiden la
consolidación democrática en sociedades como las andinas. Que el régimen
político democrático requiera de un determinado régimen o modelo de
sociedad dominado por las igualdades y libertades ciudadanas es un
principio clásico de sociología política que se remonta a Aristóteles (Política,
II, iv, 1266, 25-35) y encontrará en Maquiavelo su más moderna expresión
republicana79.
Muchas iniciativas de cambios institucionales se enfrentan con el
argumento culturalista, y terminan desechados como si la cultura fuera una
segunda naturaleza, más fuerte que la misma historia. Todas las tímidas
propuestas o intentos de los últimos años de repensar la inviabilidad del
presidencialismo en Am. Lat. chocaron con la misma tenaz resistencia del
argumento cultural. De hecho factores culturales muy arraigados
históricamente aparecen como sólidos obstáculos para la consolidación del
régimen democrático.
Por ejemplo, una pervertida concepción de la ley y la
legalidad hace que lejos de ser percibidas como defensa de las libertades
y fundamento de las igualdades sociales, las leyes aparecen ante una
mayoría de la población como constreñimiento de las libertades, y como si
toda ley fuera una amenaza contra la libertad. Lo cual significa que tras
25 años de continuidad democrática la ley sigue siendo pensada y resentida
como instrumento de coerción social y dominación política, y no en cuanto
garantía de libertad. Por muy contradictorio que parezca, la ley no se
cumple porque no hay institución ni autoridad capaces de hacerla cumplir y
de sancionar sus transgresiones; resultando muy significativo, que en
ausencia de ley y legalidad se haya desarrollado una cultura
extremadamente disciplinaria, plagada de reglas y regulaciones, de
micro-normatividades, y casi más vengativa que punitiva. En
correspondencia con el tópico de la ley se sitúa la problemática de los
derechos y obligaciones, cuya débil percepción de lo que significan y del
escaso valor, que se les atribuye en todos los sectores sociales, están
reforzados en los sectores socio económicamente más bajos. Mientras que la
clase dirigente posee una percepción de los derechos y las libertades como
privilegios pero de ningún modo relativas a obligaciones y
responsabilidades.
A pesar de la pésima reputación de la clase política,
cuya deslegitimación y degradación parece tan progresivas como ilimitadas,
muy curiosamente a la pregunta de si se prefieren los buenos políticos a
las buenas instituciones, un 63% considera aquellos mejores para la
democracia, mientras que sólo un 29.3%
76 Reyes en monarquías constitucionales (Inglaterra,
España, Bélgica) o presidentes de repúblicas democráticas sólo ejercen una
representación personal y simbólica, en la medida que no tienen actuación
política alguna, ya que ésta deslegitimaría aquella; los jefes de gobierno
en democracias parlamentarias sólo son representativos en sus actuaciones
políticas y de gobierno, mientras que su persona no representa a nadie.
77 Nada tiene de extraño que el escenario de la representación política se
haya poblado durante la última
década de las personalidades más teatrales de la vida nacional: cantantes,
reinas de belleza, deportistas, presentadores de TV, militares y
ex-militares sobre todo si fueron golpistas, caso Banzer en Bolivia, Paco
Moncayo, Yandún y Gutiérrez en Ecuador, Chávez y Arias en Venezuela).
78 Cfr. Russell J. Dalton, "Public Opinion and Direct Democracy", Journal
of Democracy, vol. 12, n. 4, 2001. Nunca fueron las condiciones más
adversas para que una democracia participativa funcionara eficientemente.
Los mejores sucedáneos de una democracia directa se agotan "at local level";
otras formas de participación democrática resultan de hecho políticamente
irrelevantes o contraproducentes: referéndum, "town meetings", "citizen
iniciatives", "other direct means" (?).
79 '' Quien quiere hacer una república donde hay muchos ricos y nobles no
puede hacerla si antes no los elimina a todos; y quien quiere hacer un
reino donde hay mucha igualdad nunca podrá hacerlo si antes no quita
aquella igualdad...'' (Discursos, I,55).
piensa que son las instituciones las que mejoran las
democracias. Considerando que la cultura es siempre un factor explicativo
de cualquier fenómeno sociopolítico, pero ni el único ni el definitivo, ya
que el mismo tiene que ser explicado, no cabe duda que una somera
semblanza de la cultura social y política, cívica y ciudadana en los
países andinos aparece como un fuerte argumento en contra de las
posibilidades de consolidación de la democracia. Cabría incluso
hipotetizar que tras veinticinco años de duración democrática la mayor
parte de los rasgos de esta cultura cívico política se habrían precarizado
todavía mucho más. Sin embargo los mismos análisis conducirían también a
una conclusión si no opuesta al menos complementaria, obligando a
reconocer que no sólo la larga e intermitente sucesión de regímenes
dictatoriales, sino también y quizás con peores efectos la sucesión de
regímenes democráticos, con dos décadas de democracia, demostrarían que
han sido sobre todo las democracias tan poco democráticas y que han
funcionado tan antidemocráticamente, las que lejos de democratizar las
culturas políticas, han reforzado todos los condicionamientos y
disposiciones más antidemocráticos en ellas.
Si la cultura sólo puede explicarse en cuanto resultado
de acumulaciones institucionales, efecto de sus normatividades, regulación
de comportamientos y valoraciones, lo que se considera una cultura
antidemocrática no sería más que la consecuencia de todas aquellas
eficacias y funcionamientos institucionales, que en el mediano y largo
plazo han corrompido no sólo los principios democráticos sino también
contagiado e influido las conductas, comportamientos, idearios y
valoraciones de una sociedad que coinciden en deslegitimar la misma
democracia. Cuando las instituciones en lugar de ejercer sus funciones y
producir los efectos correspondientes a su ordenaniento, contradiciendo
sus propios principios institucionales, tienden más bien a destruir el
orden para el que fueron constituidas, tal corrupción institucional tiene
efectos en todo el cuerpo social, generando una nueva cultura y
comportamientos transgresores. Cuando las instituciones de la
representación política, parlamento y partidos, se convierten en
organismos de representación privada, donde políticamente son
representados intereses particulares, se comete la destrucción del
principio, procedimientos, conductas y valores de la representación
política; y si no hay peor aberración que convertir en objeto de
representación política, como si se tratara de intereses públicos,
aquellos intereses privados, tampoco hay peor régimen de dominación y
servidumbre, que el de una democracia por efecto de la corrupción de sus
instituciones. En esto coinciden Aristóteles y Maquiavelo: no hay peor
régimen político que la corrupción del mejor: el democrático 80.
80 "De todas las duras servidumbres, la más dura es
la que te somete a una república: en primer lugar, porque es la más
durable y no se puede salir de ella; en segundo lugar, porque es el fin de
la república enervar y debilitar todos los otros cuerpos, para fortalecer
el propio'' (Maquiavelo, Discursos, II,2). -
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