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Debido a los límites que el estado, al cumplir con sus funciones, tiene en los recursos de la sociedad, persigue en su presupuesto el objetivo de reducir sus gastos y aumentar sus ingresos. A él le interesa la eficacia económica de sus ciudadanos, y relativiza entonces sus actividades con los efectos que ellas tienen para la riqueza nacional. Todas sus medidas le son medios para acrecentar el bienestar general, o sea que somete las funciones indispensables de su poder para la sociedad al criterio del crecimiento económico, hace política económica.

Como el crecimiento económico coincide con la multiplicación del capital, el uso productivo de la propiedad privada, la política económica es un asunto sencillo y parcial. Mientras que en sus servicios hacia los propietarios (§ 5, b) el estado descubre instrumentos preciosos para la obtención de objetivos económico-sociales óptimos, sus medidas para conservar a los asalariados (§ 5, c) se le antojan costos que reducen la riqueza de la nación. En el aumento del bienestar general, noble abstracción del antagonismo de las clases sociales, el estado impone el interés de la clase capitalista. No se conforma con establecer las condiciones para los negocios de esa clase social, también actúa para eliminar los obstáculos que se interponen a su ayuda. Los gastos necesarios los compensa hábilmente mediante el ahorro en sus departamentos de asistencia social. Los dineros que la clase trabajadora ahorra, de grado o por fuerza (aportes sociales), el estado los desafecta de su finalidad para que sirvan a la economía.

Como la intervención del estado en la economía representa el sometimiento del poder público a las necesidades del capital, sirve también a las leyes inmanentes de la acumulación del capital. El estado observa para que todo el dinero de la sociedad que se convierta en capital, permite la acumulación a los capitalistas sin consideración a la estrechez del mercado e impulsa con todos su medios la reducción de la capacidad consumidora de las masas, de modo que la crisis le manda practicar su política económica como política de coyuntura. Ésta consiste en hacer de los efectos perturbadores de la acumulación recursos para proseguirla. La contención de la crisis reposa en el empleo del instrumentario político-económico de manera que valga la pena de nuevo la inversión. Además de los regalos oficiales requeridos por los capitalistas es indispensable en estos casos el empleo masivo de la fuerza y la moral, para adiestrar como corresponde al material humano explotable damnificado. A su impotencia frente a la marcha crítica de la acumulación del capital el estado le agrega su potencia sobre las víctimas de ella.

a) Cuando el poder del estado actúa en función de la riqueza de la nación, hace valer el punto de vista del bienestar general contra los ciudadanos y fuerza a su pueblo, al que le interesa la riqueza privada para perseguirla, a hacerse medio de la riqueza social la que entonces se revela como abstracción de las necesidades de los ciudadanos y como la afirmación de los esfuerzos de los individuos por excluir a otros de la riqueza producida. En tanto el estado hace asunto propio el incremento de la riqueza social en manos privadas sus medidas son actos inequívocos en favor de aquellos ciudadanos cuyo oficio es acumular riquezas. Esto implica también la critica oficial real de esos miembros de la clase capitalista que no pueden sostenerse en la competencia, y porque no lucran en el cálculo general de la economía nacional sólo representan pérdidas. El estado es justamente el capitalista total ideal, o sea da vigencia, separado de la clase capitalista, al interés económico general de esa clase, porque ella misma asume su propio interés sólo en la competencia.

El estado burgués trata económica y socialmente a las masas trabajadoras de su pueblo como lo que son: el material para esa forma de riqueza social. Claro que no puede librarse de tomar las medidas necesarias para garantizar la aprovechabilidad de la clase obrera y su conservación, pero siempre le resulta el rendimiento de quienes trabajan insuficiente y sus pretensiones, desmedidas. Desde el punto de vista de la política económica se ve entonces claro por qué todas las medidas socio-políticas del estado, siempre condicionadas al requisito de la disciplina laboral, tuvieron que serle arrancadas por los trabajadores con la lucha y el sacrificio: el criterio supremo de esas concesiones yace en su utilidad para el crecimiento económico, es decir es un criterio negativo. Todo lo que el estado hace en el campo social se dirige a evitar las perturbaciones que amenazan el proceso de la acumulación por parte de trabajadores no-aprovechables. Como tales perturbaciones a los capitalistas individuales les son indiferentes, en tanto su negocio marche bien, el estado se ve forzado a conservar esa condición esencial de los negocios, imponiéndosela con su fuerza a la misma clase burguesa. El estado critica a la competencia entre los capitalistas desde el punto de vista de la clase capitalista en su conjunto y la limita cuando se comporta destructivamente hacia su propio medio: el trabajador: y el interés de clase del trabajador el estado lo critica desde el punto de vista de la competencia entre los trabajadores, obligándolos a la brutalidad contra sí mismos, a arreglárselas individualmente como puedan con todas las consecuencias del trabajo asalariado, que se pueden evitar sólo con la acción consciente de la clase obrera que desiste de competir.

En la subordinación de todas sus tareas, en cuyo cumplimiento el estado actúa como sujeto político de la economía, al criterio del crecimiento económico, en la relativización de todas sus funciones de acuerdo a ese objetivo supremo de la política económica, coinciden en forma directa la causa del estado burgués, la libre competencia, con su propósito: ser agente consciente del contenido de la competencia, que como se sabe no hace libres a los individuos sino al capital. No hay ninguna decisión del estado que no tenga su criterio último en su relación con el crecimiento económico, lo que da también a los ideales de la competencia su sentido oficial.

Esos ideales adquieren otro sentido cuando los ciudadanos, haciendo hincapié en sus intereses, tienen que vérselas con la riqueza de la nación. Todo ciudadano espera del crecimiento económico su provecho económico personal, vuelve la identidad de riqueza social y propiedad privada contra el estado y reclama de él medidas politico-económicas para prosperar. Unos lo hacen seguros de si mismos, porque son los, representantes privados de la riqueza de la nación; y los otros, con una suerte de moral defensiva, rogando y con esperanzas en que su laboriosidad, que hace florecer la economía, tenga algún día otra recompensa que la obligación a vivir modestamente.

Los desencantos que sufren quienes están excluidos de la riqueza son el principio básico de la critica social revisionista, que levanta la bandera de la riqueza nacional contra su forma social, la propiedad privada, y reprocha al estado que con una distribución injusta de la riqueza daña la efectividad de la economía nacional. Los revisionistas propagan así el ideal de un estado que, mediante la concentración en sus manos de todas las decisiones económicas, haga más eficiente la explotación de los trabajadores.

Los fascistas, por su parte, en aras del crecimiento irrestricto de la riqueza de la nación proponen sacrificar no sólo a los trabajadores inaprovechables sino también a los capitalistas inservibles. Pretenden que el estado imponga a la sociedad la acumulación de capital sin parar en sus contingencias negativas.

b) El estado, que con su política económica se convierte en "moto? del desarrollo económico, no está dispuesto a confundir la necesidad de sus funciones para el modo de producción capitalista con la utilidad de las mismas. El halla que todos sus esfuerzos dedicados a la conservación del capital son faux frais, costos, que sólo garantizan el incremento de la riqueza privada restándole recursos. Entonces el estado mide todas las prestaciones que brinda empleando la parte de riqueza socializada que él administra, en los efectos positivos que ellas tienen sobre los negocios de los propietarios privados. El estado trata a sus actividades como factores de la economía, y conforma su realización de acuerdo a las ventajas de ellas para el lucro. Convirtiendo unas en instrumentos político-económicos, y reduciendo otras a cargas molestas, el estado da a sus funciones el carácter diferenciado que le interesa y asegura que en ningún caso se abuse de ellas como recurso del ciudadano.

Cuando el estado tiene en cuenta, al organizar la actividad científica y educativa, los intereses inmediatos de las asociaciones empresariales. o cuando al planear el sistema de transportes y comunicaciones, se orienta según las cargas financieras para el mundo de los negocios, o cuando aplica de manera muy condicionada sus propias leyes sobre el respeto de la libre competencia, aunque no relativiza en ningún caso su autonomía frente a los capitalistas que compiten, sí relativiza las barreras, que la separación entre política y economía impone a su funcionalidad. El cuidado sumo con que el estado usa de la fuerza contra la propiedad privada tiene su razón de ser en el propósito de sus medidas. Porque su interés es el incremento de la riqueza social en la forma de propiedad privada el estado emplea su poder contra los propietarios sólo si así fomenta el crecimiento de la propiedad privada. También el carácter compulsivo de las medidas compensatorias oficiales, de las que los trabajadores necesitan hacer uso, se debe a los objetivos político-económicos del estado. Él somete toda concesión hacia la clase trabajadora a su propósito: afianzar el crecimiento de la propiedad privada. Mientras que la austeridad en los servicios oficiales para la clase propietaria se aplica sólo si es provechosa para esa clase social, frente a los trabajadores la austeridad pública es principio rector y garantía para que el estado socia del que ellos dependen, sea medio del capital. As! que el estado además de mezquinar en el reparto del ahorro coactivo entre los obligados a ahorrar, les cobra bien caro todos sus actos sociales bienhechores.

c) 1. Al abastecer a la sociedad con dinero el estado nota que él la priva de una parte de la riqueza privada para atender sus funciones oficiales indispensables, y también que los requisitos que él crea para los negocios, ocasionan toda clase de gastos. Por eso el estado economiza en la circulación monetaria valiéndose del crédito, a quien hace cumplir funciones como dinero, que en las transacciones privadas sólo en parte asume. El propósito de la institución Banco Central es el uso del crédito sin las molestias de los intereses privados. La economización alcanzada mediante la emisión estatal de billetes de banco se completa con la simplificación del sistema de pagos entre los bancos, que hace innecesarios mayores recursos pecuniarios.

2. El ahorro de costos de circulación, que el estado hace efectivo al garantizar la validez del papel moneda circulante, si bien ocasiona la disminución de sus gastos, y con ello la reducción de los costos improductivos del capital, no contribuye de manera positiva alguna al crecimiento económico. Hasta el mismo estado se ha dotado de una instancia, el Banco Central, que integra la totalidad de las operaciones crediticias y monetarias de la sociedad y ejerce la administración técnica del presupuesto, pero que en sí misma no es un instrumento para la promoción del crecimiento económico. El dinero que está bajo su administración entonces lo maneja de manera que su uso en manos privadas sirva a la economía, y que él, como creditor, participe del crecimiento de la riqueza privada. Como oferente de capital e¡ Banco Central sin embargo contradice la identidad, ya puesta en tela de juicio por la forma del crédito, del provecho económico de los capitalistas con el beneficio oficial, ya que siguiendo pautas político-económicas, se presta a facilitar créditos que ningún banquero privado daría, vistas las condiciones de su negocio. Y ya sea que caros. Que en su versión teórica la formulación de tal punto de vista genere cantidades de tautologías no molesta para nada al sentido del deber del estadista, ya que tanto los efectos como las causas lo impulsan a la misma acción político-coyuntural.

Porque el estado quiere eliminar los obstáculos (y no la causa de ellos) que aparecen en el mercado de dinero a la inclinación de los capitalistas a la inversión, les ofrece dinero barato mediante el uso de la reserva de efectivo mínima, la tasa de redescuento del Banco Central y los títulos de la deuda pública, como instrumentos político-económicos. También fortalece la susodicha inclinación con ofertas de ocasión, que van desde licitaciones, hasta subsidios a la inversión y reintegros impositivos.

4. En tales casos, los recursos indispensables el estado los da, aunque él no los tenga. El interés en el crecimiento económico aniquila cualquier reparo sobre los efectos inflacionarios del aumento de la deuda pública, ya que además el estado puede probar la sinceridad de su voluntad a economizar en las partidas sociales de su presupuesto. Porque el político de turno al frente de la economía distingue de manera notable entre gastos "improductivos" y aquellos que posibilitan el crecimiento del capital, y ahorra en los primeros por partida doble: en la crisis, las pretensiones legales de un número creciente de personas a hacer uso de las prestaciones sociales (seguro de paro, pensiones), le sirven al estadista para decretarles a quienes están sujetos al ahorro compulsivo un aumento de los aportes, y a los beneficiarios de tales servicios nuevas y más duras condiciones para acceder a ellos. Cuando el poder público les hace el cuento a los afectados de que el dinero de sus aportes ha sido usado productivamente, aunque les dice la pura verdad no es cierto que la "liquidez" de las cajas del seguro social sea pasajera. Ese dinero ha sido convertido en capital, y jamás volverá a estar a disposición para costearle la vida a quienes lo aportaron, lo aportan y lo aportarán. Las sabias prerrogativas legales sobre el necesario déficit fiscal ordenan siempre esa conducta austera del estado. La otra cara de la utilización para fines extraños de esos fondos afectados específicamente consiste en el esfuerzo oficial para hacer que el pueblo, mediante el aumento constante de los aportes, cubra los costos inevitables de las prestaciones sociales. Por eso tiene el estado cierto interés en la plena ocupación que le parece un medio adecuado para la estabilidad, tanto del valor del dinero como de los precios, que él mismo destruye con su política de crecimiento económico.

5. Como la plena ocupación es sólo un instrumento de las medidas oficiales que estimulan el crecimiento, ni figura como un objetivo primario de la política económica ni se contradice con la desocupación (cuya definición estatal es precisamente la fijación de una tasa de desempleados). Un político realista, primero de todo, convierte el pleno empleo en un ideal al que hay que acercarse dando la vuelta por el pleno empleo del capital. Puestos de trabajo hay sólo si los empresarios se los pueden permitir. La indispensable ayuda oficial a la inversión crea entonces, por un lado, los requisitos básicos para los puestos de trabajo, y por el otro obliga a eliminar el obstáculo que para la inclinación a invertir es el alto costo de la mano de obra. Darle dinero a los empresarios no basta, porque además todo depende de que ellos puedan, economizando en el trabajo, organizar una producción rentable. Su cálculo de costes debe mejorarse hoy para que puedan crear puestos de trabajo mañana. Las inversiones del presente son el aporte de la clase obrera al pleno empleo... ¡de la inversión! El sometimiento de los trabajadores a la racionalización el empleo de más ira bajo con menos mano de obra, objeto de las primeras inversiones que el capital realiza para salir de la crisis, hace de la cesantía provocada la antesala alegre de las inversiones de expansión". que se hacen cuando el cambio de la relación salario-rendimiento recomienda la absorción de una parte del ejército obrero de reserva para impulsar el crecimiento. Por lo tanto el estado completa su ayuda a la racionalización, suministrada mediante su endeudamiento, con esfuerzos para mantener la paz social. que él mismo amenaza sin cesar. La causa de la sujeción legal de la lucha salarial le parece al estado el imperativo razonable de su política económica coyuntural.

6. Cuando el estado practica la política económica como política coyuntural es porque se ha acostumbrado a que su actuación no evita las crisis sino que las gobierna. El estado cumple su papel de servidor de la economía libre y consciente e implanta sus medidas para someter la sociedad al ciclo del capital. Su interés es el buen funcionamiento de la economía libre de mercado, con todas sus formas preñadas de antagonismos. El estado sabe que su manejo de la crisis no sólo prepara el camino al nuevo auge sino también a la próxima depresión. Por eso el saneamiento de su presupuesto no es para él un fin en si mismo, sino la conservación de su función: como estado manejar la competencia, también en el boom, de acuerdo a las necesidades que ella tiene; de tal contradictorio in adiecto dan fe todas las medidas oficiales en materia de política coyuntural en esa etapa del ciclo:

- La demanda creciente de crédito por parte del capital en el período de su expansión, el estado la toma como motivo para restringir el mercado de dinero ni bien nota, aparte de los aumentos de precios, en el volumen crediticio de los bancos un "deterioro de la estabilidad monetaria como efecto de su propia actividad estimuladora para traer el auge. Su alegría por el presupuesto mejorado se le acaba enseguida frente a las consecuencias del auge, que anuncian el fin del mismo. (Aquí descubre el estado, de paso, en las relaciones de su economía con el exterior, un cuarto objetivo de su política de coyuntura.) Entonces el estado se atiene, a diferencia de los capitalistas que de las condiciones fáciles para hacer negocios quieren sacar alguna que otra ventaja adicional, a conservar la funcionalidad plena del sistema financiero que los capitalistas industriales amenazan arruinar. El estado exige de estos últimos que sacrifiquen una parte de su riqueza por la estabilidad monetaria, o sea los fuerza, en interés de la prosecución de sus propios negocios, a tener consideración hacia los requisitos de los mismos. El anuncio oficial de la cancelación de la "política de dinero barato". es sólo el prólogo de la crisis, pero también la condición para que ésta se desarrolle como le corresponde a un medio del capital. La restricción de la acumulación es entonces un deber del estado, porque su continuación irrestricta lleva a su interrupción y a la ruina de sus requisitos.

- Al haber hecho el estado un deber oficial el hacerles notar prácticamente a los capitalistas de que han preparado la próxima crisis, les reclama durante el boom una parte de sus ganancias, adicional a los impuestos normales, para la devenida necesaria contención de la crisis. Fondos de reserva para el reajuste coyuntural y cosas por el estilo conforman el seguro obligatorio del negocio futuro de los capitalistas, que a diferencia del seguro social del trabajador ofrece una seguridad real, ya que sus fondos están y quedan afectados expresamente a sus fines.

- A los trabajadores el estado los exhorta a no aprovecharse de la demanda en aumento de mano de obra que el auge económico trae consigo, o sea que no anulen las malas consecuencias, para ellos, de la racionalización. Pero como la competencia entre los capitalistas durante el periodo del auge estimula el comportamiento económico-político insensato de los trabajadores, al estado le interesa que los salarlos no sean sin más ni más derrochados para el consumo personal de los obreros. El aumento del poder de compra de los salarios es indeseable en los tiempos en que sirve para algo, y debe dejar paso a la previsión individual para la época de las vacas flacas, que clavado vendrá. Para el economista que maneja la coyuntura el ahorro es la primera virtud del comprar, y el único problema es que no puede presentarse, a diferencia de los fondos de reserva a los patrones, como ventajoso a los afectados, lo que hace necesario la propaganda intensiva y el fomento oficial del ahorro popular.

7. Todo estado burgués hace entonces política de coyuntura, es decir se esfuerza, reconociendo que las perturbaciones en el crecimiento de la riqueza privada son la forma necesaria de ese crecimiento, en hacerlas el fundamento positivo que lo asegure. Como las medidas oficiales anticíclicas son reacciones a las amenazas sobre la libre competencia surgidas de ella misma, el estado en su actuación político-económica manifiesta que sus principios abstractos §§ 1-4), que sirven a la preservación por la fuerza de la forma de la competencia, además son medios con los cuales él impone la finalidad de la competencia contra sus trabas inmanentes. Separado de la sociedad el estado la sujeta a la acumulación de capital, y con su poder reivindica frente a los actos de los agentes privados del modo capitalista de producción la finalidad que tienen, y que ellos mismos ignoran.

El objetivo de la política es el aprovechamiento del capital. El estado fuerza, tanto a los propietarios privados como a los privados de propiedad, a ganarse el sustento aprovechándose mutuamente en la competencia de modo que al usar de sus fuentes de recursos, al perseguir sus intereses personales, incrementen la propiedad. El estado entonces se comporta positivamente frente a los antagonismos de la competencia y de las clases sociales, y por eso negativamente frente a todo esfuerzo de los competidores que impida o perturbe la colaboración de todos los agentes de la producción. Aunque jamás interviene en el transcurso del ciclo para prohibir los choques antagónicos de los individuos y de las clases, mucho le interesa al estado que los daños y perjuicios que los sujetos privados se causan mutuamente compitiendo rindan provecho. El estado regla la destrucción de la fuerza de trabajo y de capital de manera que ella garantice la utilización productiva de ambos:

- organiza la legislación económica para que la competencia entre el capital bancario y el capital industrial se realice con utilidad para ambos; o bien aboga, con su actividad compensadora, por la montonera respectiva de capitalistas damnificados: regulación global de la economía Siempre el estado asume los riesgos a los que el "sistema de la economía libre de mercado" se expone cuando un sector u otro practica desenfrenadamente su interés en la competencia, y en todos los casos muestra conocer muy bien la ley fundamental de la acumulación capitalista que el incremento de la riqueza exige sacrificar periódicamente una parte de ella a su forma;

- dispone la sujección legal de la lucha salarial de forma que los sindicatos actúen como medios de la competencia entre los trabajadores, o vía pacto social como voceros de la política económica oficial abandona la ayuda social a las víctimas necesitadas de ella en manos de sus propias organizaciones y/o juega al estado social. Actos oficiales que revelan el gran misterio de toda política de coyuntura: los antagonismos en el campo de los capitalistas tienen solución sólo si el estado logra acostumbrar, a los propietarios de la fuente de ingresos fuerza de trabajo, a lo insuficiente de su fuente de ingresos. El fuego graneado moral: saber moderarse, afrontar los riesgos de la vida, el dinero no es todo, despedirse del materialismo, todos somos socios, tener en cuenta la economía nacional, etc., o sea trabajar mucho, comprar y ahorrar, ha dado sus frutos si hay coparticipación sindical en las empresas, ahorro popular para la formación de capital, convenios colectivos de acuerdo al momento económico y luchas por el reconocimiento político del sindicato; y ha sido infructuoso si el programa oficial para la coyuntura va acompañado de luchas obreras por reclamos económicos.

d) Al hacerse dependiente de la riqueza nacional, el estado se vio obligado a emplear sus recursos para el incremento de la propiedad privada, y la política económica tuvo su punto de partida en los esfuerzos del poder político en compensar la pérdida de sus potencialidades económicas con el progreso económico de la sociedad, de la cual él participaba. El estado debió someter las funciones tradicionales y heredadas de su conservación como poder al criterio de la producción de riqueza, tuvo que utilizar los medios propios que sacaba a la sociedad, los impuestos, para fomentar la propiedad productiva, y ordenar el resto de sus actividades teniendo en cuenta sus efectos económicos. La pérdida de su función como sujeto econórnico junto con sus trajines despiadados para enriquecerse le hicieron ver en la práctica que el derroche de sus dineros, el déficit fiscal, debía subordinarse a la acumulación de capital; y los movimientos convulsivos cíclicos de la coyuntura le mandaron, en bien de su propia conservación, actuar como sujeto político de la economía, y hacerse, con sus reacciones, portavoz de la acumulación.

La demanda creciente de crédito por parte de los capitalistas productivos (industrialización) inculcó al estado la necesidad de cooperar jurídicamente en la especulación bursátil con títulos y acciones, y de poner su dinero a disposición directa o indirecta para financiar proyectos económicos prometedores, con cuyos beneficios él mismo especulaba. Los conflictos entre el capital productivo y el capital financiero, que en la prosecución de sus ventajas económicas respectivas se dañan y dañan a la economía, llevaron muy temprano a la autoridad a decidirse en favor del capital productivo, utilizando a su Banco Central como medio de conservación de las funciones del crédito. A través de la experiencia de la periodicidad de los cielos económicos y de los efectos permanentes de su endeudamiento, el estado se compenetró también de que el sacrificio de riqueza propia y social es un medio imprescindible para incrementarla, y que para eso se prestaban (y se prestan) muy bien los recursos de los trabajadores. Por eso el estado supo disponer las concesiones hacia ellos de manera que sirvieran a la economía y que comprometieran al trabajador a observar la paz social, el requisito fundamental, para el establecimiento (ya antes de 1929) del crecimiento cíclico sin trabas.

e) 1. Las dificultades reales que el estado halla cuando maneja los antagonismos económicos de su sociedad dieron origen a la ciencia de la economía política, la ciencia burguesa por excelencia, y tanto histórica como lógicamente la primera ciencia del estado. Por lo que en ella se puede estudiar como el interés del estado en los acontecimientos sociales forja el interés en explicarlos y lo destruye. Como el estado nada estima más que el crecimiento económico, que tiene lugar pero justamente no siempre, y va acompañado de convulsiones periódicas regulares, o sea porque el crecimiento capitalista tiene como su condición la aniquilación periódica de riqueza, los economistas no teorizan a partir de la abundancia sino de la escasez de bienes. La aspiración estatal en superar esa escasez, o por lo menos en mantenerla a un nivel aceptable, los "sabios intérpretes del sentido común" la traducen en la búsqueda de los factores de la producción que aparte que no hay muchos, combinan entre si como 'los gastos de notario, la remolacha y la música". Pero eso no estorba para nada a los economistas porque ellos sólo quieren informarse de lo que los representantes de dichos factores pueden hacer, primero, con ellos, y segundo, para el crecimiento, lo que los lleva derechito al tercer gran interrogante de qué podría hacer el estado para la utilidad de los mismos. Los dos primeros "complejos de cuestiones", sin ser pequeños, integran la microeconomía porque se los relaciona con la dimensión del estado, cuyo punto de vista es la macroeconomía. La primera se dedica a equiparar cada una de las categorías económicas con el provecho, que sus representantes o propietarios son capaces de extraer de ellas. El dinero, por ejemplo, es... mejor dicho cuando uno compra lo hay, cuánto depende de todo lo que uno puede comprar, sin él no se puede comprar nada, porque todo tiene un precio que sería difícil y complicadísimo de estimar sin... ¡el dinero! El suelo, no puede reproducirse a voluntad. El capital si, si no no se lo gasta. Cuántos bienes cuestan un metro cuadrado de suelo y un capital, depende asimismo de! precio que ellos alcanzan.

La macroeconomía considera de nuevo todo lo anterior desde la mira de en qué medida todo lo pequeño en la vida económica conduce a resultados que se correspondan con el anhelo estatal del crecimiento. La teoría del crecimiento imagina modelos en los cuales los factores del crecimiento han sido combinados de manera que desaparecen las perturbaciones, por lo que sólo son modelos, cuyo defectuoso realismo se disculpa con lo caprichoso de las inclinaciones humanas en el consumo, el ahorro y las inversiones. La teoría del equilibrio contempla lo mismo desde el punto de vista explícito del ideal de las desproporciones desagradables, recoge advertencias de la teoría de los ingresos, porque tiene a la realización de su ideal como un problema de distribución. No sorprende que la búsqueda de las causas de las crisis, lo único que a los economistas les molesta del capitalismo, tenga su coronación con la teoría de las coyunturas. Ésta se apoya con razón en toda la obra teórica de los economistas al concluir que el asqueroso subibaja de la economía es imposible que tenga su causa en la economía misma. La lista de culpables es entonces tremenda: desde la naturaleza irresponsable del ser humano hasta las manchas solares, todas generan el caos y la ruina en una conformación de los problemas económicos a la medida del ¡ser humano! Sólo una cosa queda en pie: el estado, que mediante su política económica debe salvar de su destrucción al dinero, los precios, al equilibrio, etc. Ninguna rama de las ciencias económicas deja de lado la sabia conclusión fundamental, que hasta lo más insignificante de la vida económica, una vez explicado tautológicamente a partir de la competencia, reclama que se lo coloque bajo la mano protectora del estado. Los economistas, al decir que sus teorías nada valen si el estado no se preocupa realmente por la conservación de los objetos que ellos no han explicado sino bendecido, expresan en tal imbecilidad la condición verdadera de su existencia.

Las contribuciones de los pensadores de la economía política pertenecen al pasado, a aquellos días en que el capitalismo se impuso como modo de producción. Entonces el interés teórico por el capitalismo, que apareció polemizando contra las clases dirigentes de la vieja sociedad, se valía todavía de la verdad. Adam Smith, y Ricardo reivindicaban el capitalismo con explicaciones del valor, del capital, etc., y Ricardo se las vio en apuros teóricos ni bien se avivó que su gran respeto por el nuevo modo de producción era incompatible con una aclaración del mismo: y porque no abandonó simplemente sus razones teóricas a la preferencia de la confirmación práctica del capital, no pudo faltar la acusación de comunista. (Ver Teorías sobre la plusvalía y El Capital, T.I., pág. 19 de la edición alemana.) Cuando la ciencia económica vulgar se impuso, se hizo digna de ese nombre.

2. Porque el estado en su actividad político-económica procede contra todos los ciudadanos, es decir que critica prácticamente tanto los intereses de aquellos a quienes sirve como las pretensiones de los asalariados, legitima, presentándola bien arreglada con ideologías, su actuación; la que si bien es la base para toda clase de alegatos cívicos, no puede esperar jamás la adhesión incondicional de por lo menos uno de los campos de ciudadanos enfrentados. Lo que en los conflictos entre estado y ciudadano, si se desarrollan en esferas abstractas, todavía es posible, el acuerdo principista, es aquí imposible. Ya que no se trata precisamente de principios sino de su aplicación inmediata, de restricciones de los intereses materiales de los ciudadanos. Mientras que en estos casos los agentes del estado son incansables en su prédica que las medidas oficiales en cuestión sólo en apariencia van contra los ciudadanos, a éstos no les entra en la cabeza que el estado actúe para favorecerles.

Los representantes del poder señalan primero que nada que la política económica es una cosa complejísima. porque tiene que hacer frente a objetivos conflictivos. Lamentan que ella deba moverse "en el marco del orden de la economía de mercado y que deba contribuir simultáneamente a la estabilidad de los precios, a un alto nivel de ocupación, al equilibrio del comercio exterior y a garantizar un crecimiento económico razonable". una política económica con cuatro patas, que si tuviera tres ya le sobraría alguna. Los efectos indeseables de su potente actuación en favor de la competencia el estado los declara consecuencias de su impotencia. Se remite por lo general al parecer de que sólo quiere reaccionar como poder público frente a las arbitrariedades, y acusa a partes diversas del pueblo de comportamiento económico insensato, de lo que una parte no se salva jamás. Culpables de que al pueblo le falte todo lo que quiere tener, el estado los tiene siempre a mano. Él mismo se considera como el único a quien le interesa satisfacer todos los intereses, y la necesidad de que todo quede como está la deja proclamar por la autoridad de la ciencia económica, que provista ya desde hace rato con el punto de vista del estado, fundamenta con pronósticos las medidas del poder público. Así, las condiciones bajo las cuales el estado alcanza sus fines, devienen leyes, cuyo carácter coercitivo se oculta tras la máscara de la ciencia. Los ciudadanos no se dejan aplastar por los reproches que les lanza el estado, y le demuestran a los economistas que también saben manejar su modo de argumentar. Claro que la metamorfosis del ciudadano en un asesor oficial de política económica, la presentación de su interés como el interés general, tiene una importancia muy distinta para la imposición de los intereses en juego. Mientras el estado en principio nada tiene que objetar a los muchos comprobantes de los capitalistas que las pretensiones obreras son puro estorbo al crecimiento económico, cuando los sindicatos hacen responsables justo a los empresarios de la ruptura de la armonía social, el estado simplemente no les lleva el apunte

- A los empresarios y a sus organizaciones, los impuestos que tienen que pagar siempre les parecen muy altos. De ahí que le recriminen al estado lo mal que le hace la tributación fiscal a la competitividad internacional, y cuán de nocivos son sus efectos sobre la estabilidad de los precios. Por supuesto que los impuestos también les impiden crear puestos de trabajo (la profesión verdadera y social de todo capitalista), porque además el estado procede con el dinero y el crédito siempre al revés de lo que a ellos les vendría bien. A toda medida oficial en ese campo los capitalistas le echan en cara su mal momento. En otra fase del ciclo hubiera sido positiva para la economía nacional, pero ahora la perjudica. Por último, resumen toda su crítica en que la mejor política económica que el estado puede hacer es mantenerse al margen de la economía, queriendo decir con esto que la mejor forma en que el estado puede fomentar sus negocios es apoyándolos incondicionalmente-, eso sí, la tributación fiscal de los asalariados no la ven con malos ojos. Además de que gasta demasiado en las obras sociales, los capitalistas critican al estado porque no llama al orden a los sindicatos y les tolera que pongan en movimiento la espiral inflacionaria de salarios y precios, un mecanismo sumamente dañino para la economía, que el estado a veces debe enfrentar atentando hasta contra la libertad de precios, en vez de hacerlo contra los salarios. Cuando sería el deber oficial fijar las líneas básicas de la política económica tratando sólo con los representantes autorizados del bienestar general, las asociaciones patronales, el estado se permite el descaro de consultar a los sindicatos sobre cómo querrían implementar el crecimiento económico, va camino a ser un estado sindical que sacrifica la razón económica a los chantajistas de la lucha de clases; y lo que todavía es peor, no se conforma con la libertad para firmar convenios colectivos de trabajo, fuente de incontables amenazas al crecimiento, y con todo desparpajo plantea la democratización de la economía una maquinación marxista cien por cien para imponer a los dueños de fábricas órganos de coparticipación sindicales, que sin asumir responsabilidad alguna quieren decidir sobre el uso de la propiedad ajena.

- Por el contrario, la posición de los sindicatos frente a las alternativas sobre política económica es sumamente positiva. Mientras que los patrones, presentando la identidad del bienestar general con sus intereses, critican al estado porque al no favorecerlos todo lo necesario, por eso no estructura como debiera la economía, los sindicatos, si critican al estado lo hacen diciendo que él no aprovecha los intereses de los trabajadores correctamente para la economía. Los sindicalistas adoptan el punto de vista de los economistas, se declaran en un todo de acuerdo con ellos. y partiendo de la comunidad de propósitos oficiales y sindicales empiezan a proponer correcturas. A los pronósticos económicos interesados de los expertos contratados por el gobierno, les arriman pronósticos más optimistas de equipos de economistas sindicales; y para pagarlos malgastan los fondos de huelga. En el salario de sus afiliados descubren que tiene la cualidad de ser poder de compra. por lo que abogan por una distribución óptima de los ingresos; niegan rotundamente el antagonismo entre los costos salariales y el crecimiento económico, y apelan diariamente a la armonía posible entre los interlocutores sociales, a la que también aspira el estado con su programa de paz social. Esta mentira sindical es el fundamento de todas las "amenazas" del tipo que los sindicatos no podrían seguir garantizando su lealtad hacia el desenvolvimiento económico si sus advertencias son ignoradas una y otra vez. Para no estar obligados a la sinrazón de tener que reclamar más salario los sindicatos ruegan se les dé coparticipación en todas las decisiones posibles del estado, con las que éste impone el bien común, _y se desahogan en ofertas que proponen cómo, mediante la administración sindical se pueden regular y dosificar mejor los daños y perjuicios de sus afiliados, indispensables para promover el bienestar general. Los sindicatos también piden del estado leyes que hagan ver a los trabajadores, con la gula del sindicato, el sentido del ahorro, porque tales edictos ayudan a ahorrar... ¡salarios! Para rematarla pretenden hacer valer su interés en el crecimiento económico continuo, que reconocen como la condición del pleno empleo, hasta con algunas contravenciones, como la política de orientación estatal de la inversión También se defienden con razón, pero en vano, de la sospecha de comunismo, levantada debido a sus intenciones de participar del crecimiento. El ideal de la armonía social que los sindicatos adoran no se diferencia en nada del ideal del estado, el que sin embargo lo emplea para realizar su provecho y el de los capitalistas, mientras que los sindicatos lo propagandizan en nombre de intereses a los cuales él no sirve.

La exigencia sindical de un trato justo del trabajador es idéntica a una crítica social que no sólo se somete a las necesidades de la política, sino que pide someterse, que reclama la imposición conjunta, con el estado, de las medidas político-económicas indispensables, y que sirve de fundamento al nacionalismo sindical.

Los fascistas se caracterizan porque quieren hacer realidad el estado clasista idea un estado que tiene por igual (le "valiosas" a las operaciones de todas las clases sociales, siempre que se ejecuten decentemente como servicio al pueblo en su conjunto. Los fascistas critican la competencia por las perturbaciones que ocasiona al crecimiento de la riqueza de la nación y ven la tarea del estado en restaurar la armonía, que le falta a la propiedad privada, mediante la violencia del poder político para asegurar la riqueza nacional. El estado fascista decide en lugar de la competencia, y encomienda el crecimiento económico si la explotación a dejado de ser rentable para la propiedad privada.

Los revisionistas por el contrario, quieren realizar el estado social ideal socializar la propiedad privada en favor de las víctimas de la explotación y comprometer al estado a controlar la competencia. Se debe competir sólo para el estado, lo que si bien exige la eliminación de los capitalistas (sus funciones son asumidas por funcionarios estatales asalariados se basa en la explotación de los trabajadores. La revolución revisionista, cuyo preludio es la democracia antimonopolista, utiliza primero al capital para el estado, para servir a los trabajadores, y luego utiliza sólo a los trabajadores cuya existencia garantiza el estado. Los representantes del revisionismo han enriquecido las doctrinas de la economía política con la ideología del capitalismo monopolista de estado. En materia político-económica representan el proletarismo monopolista de estado.

9 - El juego democrático: elecciones, parlamento y gobierno

El estado burgués puede alcanzar sus objetivos económicos sólo si los ciudadanos, al perseguir sus intereses materiales, se mueven dentro de los límites que él les ha fijado. El estado depende de que todos reconozcan las prácticas oficiales como funciones necesarias para realizar sus intereses privados. Unos deben adaptarse a la idea razonable que ciertas restricciones a sus afanes de lucro son imprescindibles para la garantía estatal del aprovechamiento productivo de su propiedad. Otros tienen que conformarse con que algunas reducciones en su reproducción existencial son necesarias para la garantía estatal de su trabajo asalariado.

La renuncia de los ciudadanos a usar la fuerza en la decisión de sus antagonismos, positivamente la aprobación del monopolio estatal del uso de la fuerza, es el medio del estado para someter a quienes compiten, en ese sentido ciudadanos libres, al objetivo supremo de la autoridad: el incremento de la riqueza privada. Porque el materialismo de los sujetos privados sirve a ese objetivo sólo si se relativiza mediante el respeto estatal-idealista de las leyes, o sea sólo si las clases sociales se convierten en instrumentos del bien común. el estado reasegura el funcionamiento de su poder al procurar el asentimiento del pueblo a sus actos.

Claro que jamás pone a disposición de los ciudadanos asuntos que les son esenciales, sino que da a elegir entre alternativas del ejercicio de la fuerza estatal que vienen al caso. Los ciudadanos definen con el sufragio a quiénes tienen por los mejores para cumplir con las tareas del poder público. Como en las elecciones se trata sólo de aprobar los actos del estado, todos los votos valen igual. La elección se decide por mayoría, y la necedidad permanente de esa expresión de la voluntad popular se tiene en cuenta con la periodicidad de los comicios. Los ciudadanos que desean ofrecerse para ejercer la función pública obtienen la posibilidad oficial de dar a conocer su programa político, que lo une a sus correligionarios en partidos políticos; los que compiten, a través de la formación de la voluntad política ciudadana, por los votos de los electores, y así por la dirección de los asuntos públicos.

Estos consisten por un lado en la actividad del Parlamento, donde los representantes del pueblo, responsables sólo frente a su conciencia del deber cívico, reglan por ley las colisiones sociales según lo manda el bien común; y por el otro en los actos del gobierno, que ejecuta e impone las leyes con la ayuda del aparato del uso de la fuerza: y por último en la crítica constructiva de la oposición, quien como representante de la minoría de los electores da al descontento de éstos su única forma deseable: la de una altemativa política.

El peligro, siempre evocado, que se abuse de la consideración institucionalizada de la voluntad popular para una crítica real del estado, la democracia lo enfrenta con la obligación a ser leal a la Constitución (prohibición de partidos antidemocráticos), y con el apronte preventivo de los estadistas, fijado por ley, para renunciar a la democracia si está en juego el estado (leyes de excepción, estado de sitio, etc.). En los celebrados procedimientos democráticos el estado burgués moderno admite que su dominación política depende de la voluntad de los sometidos a ella, o sea que los ciudadanos poseen los medios para prescindir de él, y al mismo tiempo guarda respeto a la voluntad libre de los ciudadanos sólo si ésta aparece como abstracción de sus intereses materiales. As! resulta que el adelanto de la democracia respecto de todas las formas anteriores de estado consiste en que ella emplea la voluntad Ubre de sus súbditos para el incremento de una riqueza de la que no aprovechan; por eso, la lucha económica de los asalariados lleva a la lucha política contra el estado, mientras que la lucha política por alternativas de gobierno impide la lucha económica, conserva al estado y con él a la explotación capitalista, cualquiera sea el resultado electoral.

a) Desde el punto de vista del estado, y de sus conductores, quienes administran la competencia de acuerdo a las necesidades de la propiedad privada, la determinación abstracta de la democracia, que el poder público reposa en la voluntad del pueblo, aparece bajo otra luz. Para ellos la democracia es la peor forma de gobierno. fuera de todas las demás", con lo que expresan a las claras que no es el propósito último del estado democrático satisfacer la voluntad de los ciudadanos. Por el contrario, él cumple mejor con sus funciones cuando recoge la aprobación de los ciudadanos a sus actos soberanos. Con el apoyo positivo que los ciudadanos prestan a la violencia del estado (que no porque se la apoye ha cesado de existir), los ciudadanos le prueban que tienen la voluntad de salir a competir con los demás, de usar la libertad como a él le gusta que la usen. La necesidad de la legitimación democrática tiene validez para el estado burgués en tanto la abstracción que el ciudadano trabajador hace de su voluntad particular se identifica con la asunción de su función y sus deberes económicos, y así garantiza el funcionamiento del modo de producción. Si la mayoría perjudicada del pueblo le retira la lealtad al estado, si no quiere más esa libertad, si piensa en otros valores, menos elevados, de la existencia humana, entonces el estado cree necesario la defensa por cualquier medio de la libertad frente a las fuerzas del caos. En su aprobación del estado el pueblo declara que está dispuesto a u~ para si al poder político, mientras éste lo necesite: a lo que el estado responde con todas sus leyes que eliminan cualquier malentendido sobre quién usa de quién: el utilizado es el pueblo, sin que tal cosa le sea útil. El comicio libre y democrático, que no se decide con los votos de los capitalistas, permite entonces al estado utilizar a la clase obrera, y no al revés, porque es un indicador de la paz social: hecho que todo estadista reconoce al contar los votos hasta de los partidos extremistas. También por eso, en las democracias en formación el acto electoral tiene la forma de un test, ejecutado conscientemente por el estado.

b) La gran contribución del circo democrático no es entonces que el estado mediante las elecciones se haga dependiente de la voluntad de los ciudadanos, sino en la forma de la confirmación de esa dependencia preexistente, que hace que los ciudadanos hagan abandono de sus voluntades. Porque si el estado los deja decidir sólo sobre qué políticos deben ocupar los altos cargos públicos, no hay la menor duda que junto a, los organismos no-electivos de la justicia, la administración y el poder armado, ni las instituciones políticas decisorias están para acomodarse a los deseos del ciudadano, ni menos aún se puede poner en tela de juicio la necesidad de su existencia. El estado regla la expresión de la voluntad cívica de forma tal que sus súbditos no tienen otra alternativa que manifestar su sometimiento, a la voluntad del poder público.

El sufragio universal, ¡a más elevada conquista democrática, se caracteriza porque hace la abstracción violenta del 'hombre libre" la obra de la propia voluntad del hombre real. El voto por tal o cual candidato es la demostración patente de la indiferencia del acto frente a las reflexiones del elector, reducidas a elegir alguien que lo represente y así a dar el sí al estado. Entonces el estado puede medir la voluntad del votante, y con el principio de la mayoría mostrar abiertamente su desconsideración, y las razones que la avalan, frente a las voluntades particulares. Este principio democrático básico ni viola a las minorías ni hace imposible el gobierno de los mejores, como censuran algunos críticos reaccionarios de la democracia, la mayoría del pueblo se entrega así al poder político, y así mayoría, minoría y quienes no votan, todos por igual, experimentan la autoridad del estado, según la clase a la que pertenezcan. Porque el comicio institucionaliza el antagonismo estado-votantes, excluyendo del poder a los ciudadanos, mientras éstos lo asienten, el estado puede manejar el conflicto constante entre sus actos y los intereses de sus ciudadanos; con el carácter periódico de la consulta electoral garantiza la permanencia del rechazo al uso de la fuerza por parte del pueblo, y hace de la inescrupulosidad oficial hacia el súbdito democrático la normalidad cotidiana, con la excepción regularizada del comicio.

Su sometimiento forzado a los fines del estado el ciudadano lo confirma en la elección como la obra permanente de su propia razón cívica. La obra voluntaria que se le reclama, hacerse objeto complaciente de los asuntos públicos, la cumple haciendo de su práctica diaria, la abstinencia política una vez cada varios años el contenido puro de una decisión política La mayoría de los ciudadanos deja ver su interés en el estado en la comparación, a prior¡ decidida, entre sus deseos y alternativas diferentes del no cumplimiento de los mismos, logra abstraer de manera voluntaria, de sus intereses, y en las elecciones cada uno de los ciudadanos, valiéndose de esa comparación, se pronuncia por una forma de ejecución del programa de gobierno con la seguridad apenas disimulada de que as! resuelve su propio perjuicio. El entusiasmo electoral del pueblo enseña también que del lado subjetivo en esa comparación sólo pesan demandas ciudadanas que hace rato han sido transformadas en ilusiones sobre el estado. Es decir que el trabajador no es recién en las elecciones donde se distancia de sí mismo, en ellas sólo ejecuta el asentimiento expreso del poder que soporta, porque dependiente de ese poder, se lo representa equivocadamente como medio de su reproducción existencial. Acompañado después del lindo consuelo de haber elegido él al gobierno con el que está desconforme y de tener otra alternativa para elegir la próxima vez.

c) Cuando el estado hace de su eficacia dependiente de la voluntad de los ciudadanos, un medio de su negocio del poder, también hace de la seguridad de su existencia política la inseguridad de sus representantes como tales. Claro que hoy cualquiera puede resolver ser político (la democracia jamás ha tenido que lamentar la escasez de aprendices y aspirantes a estadistas, porque la clase dominante siempre se ha caracterizado por su fuerte voluntad en conservar el estado para sus intereses), otra cosa es que el ejercicio del poder depende de saber ganarse y conservar el afecto de los votantes. Por lo cual, sobre las burguesías recae el pesado deber democrático, para hacer carrera, de pintarles color de rosa a los ciudadanos todas las inmundicias que están decididos a hacerles si llegan al gobierno, con la deferencia del caso, que consiste en traducir las decisiones del estado en el interés hacía él de los damnificados

La formación de la voluntad política del pueblo, a cargo de los partidos políticos, radica en la simple jugarreta de darle al hombre de la calle, que con su idealismo estatal interesado especula con lo que pueda sacar de las prestaciones oficiales, lo que reclama: que se lo estafe. Los políticos emplean toda su limitada fantasía, subdesarrollada por el ejercicio de la profesión, para agraciar al ciudadano, que recibe del estado en el quehacer social diario el trato que le cabe según la clase social a que pertenezca, con la promesa de que todo eso va a continuar sólo para su bien. Por más abigarrada y colorida que sea la competencia entre los candidatos por el poder, bien simples son los principios de los cuales todos ellos se valen. A los diversos grupos sociales les ofrecen, sin tener en cuenta los antagonismos que el estado sostiene, sólo aquellas medidas oficiales de las que cada grupo social algo espera para si.

De la colección completa de promesas hechas ante auditorios y lugares diversos, surge siempre el conocidísimo, por lo indispensable, programa del estado, eso sí, etiquetado con primor con el refrán "beneficios para todos". El arte fino de presentarle a cada uno de los que espera tiene también sus límites necesarios. Los ciudadanos saben, no sólo al tomar noticia pública de los anuncios contradictorios de los políticos sino también por los actos del gobierno anterior, que el estado sólo conforma a unos pocos. De ahí que las propuestas de los políticos contengan siempre agregados que advierten sobre el carácter de sus intenciones: se anuncian límites, se proclama la impotencia del estado, se apela a la comprensión cívica, se reafirma una vez más que las pretensiones contrapuestas sólo pueden tener vigencia si nadie se sale del marco de lo posible. Quiénes, en la sociedad de clases, deben enfrentarse a sus oportunidades y quiénes a sus necesidades, no es ningún misterio, por lo que no hay mejor lugar para la controversia política que el campo de los ideales, a los cuales todo ciudadano identifica con sus ventajas, a pesar que ya su forma transfigurada en los primeros artículos constitucionales que definen al estado, le anuncian la fuerza compulsiva de los artículos que le siguen. Por los "bienes sagrados" de la democracia. los ideales del antagonismo estado-ciudadano, pujan los partidos políticos en sus controversias sobre los valores esenciales del ser humano: la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia, y al imputarse incapacidad mutua para representarlos prueban lo útiles que tales ideales son para transformar los efectos sobre los ciudadanos de la imposición de las necesidades estatales, que unen a todos los políticos, en la consecuencia de la incapacidad de los conductores políticos y de su traición a los altos objetivos del estado. Por ideales se puede discutir con entusiasmo, sobre todo si se trata de hacer de las preocupaciones que agobian a los afectados su asentimiento, cívico. Entonces hay partidos que luchan por la libertad de la persona, la responsabilidad cristiana y la economía libre de mercado y contra el socialismo: hay otros que lo hacen por la libertad, la justicia social, el cambio social solidario y contra los retardatorios de siempre, y también hay partidos que luchan contra el resto por la libertad y la dignidad de la persona humana. La escena política clásica de todas las grandes democracias, donde se dan cita conservadores, socialistas y liberales, es entonces la configuración necesaria de la reflexión del arte de conducir político de los conflictos entre estado y ciudadanos, cuyo descontento hace peligrar la eficacia de las medidas oficiales político-económicas y de otra naturaleza, pero sobre todo el cargo de los funcionarios electos, quienes por su parte no quieren saciar ese descontento sino transformarlo en asentimiento cívico.

Los socialistas tienen por oportuno achacar el descontento a la pasividad del estado, e interpretan política democrática como el "aventurar más democracia". Los conservadores parten del otro lado del antagonismo, de la conciencia del ciudadano de la necesidad del estado, y hacen de la política el negocio duradero de la salvación del estado, al cual el individuo, por su propio bien, no tiene que molestar continuamente con sus pretensiones. Los liberales, no del todo a la altura de los tiempos que corren, especulan con el malestar del sujeto privado que ve al estado como medio y traba al mismo tiempo. Por eso declaran la omnipresencia del estado causa de todos los males, ponen la libertad siempre en primer puesto, al ciudadano como al hombre ideal del § 1 en oposición al estado de los demás capítulos, y para llegar al gobierno proclaman la limitación del estado como propósito final... ¡del estado!

Como los partidos organizan tales debates para ser votables por todo el mundo, y partidos comprometidos con alguna ideología son mal vistos en una democracia en buen estado, los atributos básicos de las alternativas políticas reales son muy poco más que variantes de la promesa de poner al estado al servicio de todos: dar una respuesta socialdemocrática a la cuestión social, proteger a la manera democráticocristiana los ideales y valores comunes, o practicar el liberalismo democrático como cristiano secularizado o socialdemócrata negativo. Los partidos democráticos son todos partidos populares, que realizan previamente en, sus propias filas el arreglo unilateral de intereses en favor del estado. Mientras la democracia interna y otras fruslerías cuidan para que los intereses de los diversos grupos sociales que buscan ganar influencia en el estado reciban su porción, queden conformes y comprometidos todos a representar hacia afuera la línea del partido.

Por eso la guerrilla constante con los grandes ideales tiene muy poco que ver con las decisiones reales de los políticos. Cuando se trata de gobernar demuestran que sus conflictos por una política mejor acaban siempre en la conservación del mejor de los mundos posibles, y en ese mundo no hay ninguna alternativa, por lo menos para los intereses materiales de la mayoría del pueblo. Los cambios de gobierno no perturban para nada la continuidad del funcionamiento de la maquinaria estatal sino que le son útiles: y los antagonismos interpartidarios, que cm el objeto de llegar al gobierno no se arreglan pero se discuten públicamente con ardor y entusiasman a los demócratas de corazón porque hace la forma de gobierno tan animada, se esfuman si nadie obtiene la mayoría absoluta, en una coalición gubernamental. Las alternativas políticas reales son sin embargo las ya señaladas, y cuentan con sus propagandistas y detractores en todos los partidos, según sea quién, como gobierno, imponga la suya y quién, como oposición, la critique. La continuidad del negocio político, impuesto en algunas democracias europeas con la ayuda de la puesta en escena, siempre trabajosa, de las diferencias entre los partidos, también pude asegurarse sin tantos vaivenes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde los partidos populares no se desarrollaron a partir de organizaciones políticas que representasen intereses sociales antagónicos, sino que fueron desde el vamos medios comunes de grupos de intereses sociales para competir por el poder, la política es pragmática los partidos máquinas electorales, los candidatos hombres de éxito, y la competencia política entre ellos es por la representación más acabada y convincente de la personificación de la moral estatal pura.

La competencia ininterrumpida de los partidos por el voto da origen, junto a la praxis política, a la agitación, institución duradera de la vida política. En ella se proclaman todas las sapiencias que hacen al punto de vista del estado, caracterizadas como aditamentos ideológicos del mismo. La obra cotidiana de formación política del ciudadano, a cargo de los partidos y de la cual la campaña electoral financiada por el estado constituye sólo una parte autónoma, consiste en ofrecerle al ciudadano interesado en el estado la variante de política partidaria respectiva como material para que compare y alimente permanentemente su idealismo estatal, ya que se quiere valer de él. Porque los partidos manejan los asuntos de gobierno y en la política partidaria los critican, son entonces ellos. objetos de la aprobación, el desencanto y la reprobación del pueblo, y enriquecen, a los sacrificios de éste con la libertad para elegir entre varias alternativas de imponerlos, y al estado con la seguridad relativa de quedar librado de toda crítica. En tanto los partidos hacen de todo lo que pasa en el estado un medio para lograr sus fines, se vuelven ellos mismos medios de la conservación del estado, y en calidad de tales son debidamente honrados en todas las constituciones democráticas. Aunque a veces la competencia política entre ellos deteriore la confianza en el estado".

La concretización de la relación de violencia voluntaria, según fue explicado el estado democrático en el § 3, arroja también una definición más precisa del tipo de personajes que son responsables de las decisiones políticas: los representantes del pueblo. La pobre gente tiene la tarea de decidir cómo emplear el poder, deben asimismo presentarle tal asunto a los ciudadanos como un servicio a sus intereses, y reprocharles a los políticos opositores lo que ellos mismos hacen y son. En todos ellos cohabitan la moral y el poder. En el gobierno ejercen una y otra: en la oposición demuestran lo bien que lo harían. La hipocresía es el rasgo principal de su carácter. La corrupción y la mentira sus necesidades políticas existenciales Demócratas a medias, y con el pueblo siempre a flor de labios porque en todos lados estorba sus proyectos, son el reflejo fiel de sus víctimas.

d) Mediante el comicio la ejecución de los actos de gobierno se hace dependiente de los representantes a quienes el pueblo ha confiado el manejo de los asuntos públicos. Para que los representantes del pueblo puedan tomar sus decisiones sobre las colisiones propias de la sociedad burguesa teniendo en cuenta el interés supremo del estado, o sea que no se abuse de las elecciones para forzar concesiones de parte de los representantes hacia determinados intereses particulares, los electos son independientes de la voluntad de los electores: democracia indirecta ("el pueblo no delibera ni gobierna si no es por medio de sus representantes", libertad de conciencia de los diputados y no responsabilidad del gobierno frente al pueblo).

Por otro lado, el cumplimiento de las funciones de la autoridad, ya que el estado debe conservarse, no puede quedar librado a la arbitrariedad gubernamental. Tiene que garantizarse que las exigencias de la competencia en la sociedad, por la que los ciudadanos quieren y necesitan al estado, sean el criterio vigente que presida todas las medidas oficiales. El reconocimiento de la voluntad ciudadana se conserva pues, en la dependencia del empleo del poder público de la decisión de los representantes electos del pueblo sobre la forma más eficaz de cumplir con las tareas gubernamentales a realizar: sumisión del poder ejecutivo a las resoluciones del parlamento. Los representantes de la voluntad popular en el parlamento prescriben los principios según los cuales se tratan las colisiones sociales en curso, en forma de leyes, que se remiten al gobierno para su ejecución. La consulta y la legislación parlamentarias observan que los reclamos hacia la dirección del estado se relativicen de acuerdo a la totalidad de los deberes oficiales, y que su cumplimiento o no cumplimiento tenga la obligatoriedad pertinente. La democracia parlamentaria se manifiesta así como la gestión de la función pública que conserva al estado como medio del incremento de la riqueza de la nación, al comprometer al gobierno a distanciarse de la satisfacción plena y desconsiderada de necesidades sociales actuales e inmediatas, y mediante leyes subordina los problemas particulares al interés oficial en su conjunto, que el estado persigue con recursos financieros limitados. El parlamento decide sobre todas las medidas del estado, fija su ejecución legal y además, a través de la aprobación anual del presupuesto fiscal y de la asignación del crédito oficial, resuelve la distribución de los recursos públicos para la aplicación de las leyes.

La tarea del parlamento consiste entonces en responder a las exigencias cambiantes derivadas de los actos jurídicos, sociales, políticos y económicos del gobierno, con la promulgación de leyes. que al regir para el estado dan vigencia legal general tanto a los reclamos como a los deberes de los ciudadanos hacia él. Su poder de legislar revoca de continuo leyes que para el ciudadano son irrevocables. El parlamento las modifica. las completa, las cambia, las anula, y así la sociedad recibe el derecho que necesita. Para que los nuevos edictos no contradigan los propósitos estatales vigentes en la legislación existente, ellos deben cumplir con el principio de la constitucionalidad, fijado y examinado por la corte suprema de la nación.

Las decisiones legislativas sobre la regulación óptima de las colisiones sociales son tomadas en conjunto por los representantes reunidos en el parlamento por mayoría. debido a las ideas diferentes sobre la mejor manera de conducir los asuntos públicos. Para que la misión, hecha programa por todos los partidos, de enseñarle a obedecer al ciudadano, no se vea quebrantada al resolver cada una de las cuestiones por el derecho libérrimo de los representantes, los partidos someten a sus diputados a la obligación, que a los electores se les prohibe, de respetar la disciplina fraccional y a ceder organizadamente todas las iniciativas parlamentarias a la bancada del partido. El parlamentario es un simple ayudante ejecutor de la voluntad partidaria, por lo que frente a la apelación a su libertad de conciencia frente a sus electores, aparece la apelación partidaria del mandato electoral frente al parlamentario. Por el contrario, en aquellas democracias donde los partidos no ha hecho de las pretensiones políticas de los diversos grupos de intereses que se hacen valer en su seno un programa político común, sino que cada parlamentario ocupa su banca como representante directo de un grupo social definido, la competencia por obtener estímulos oficiales tiene lugar en el parlamento mismo, y se decide en la forma de mayorías y minorías cambiantes, según el proyecto de ley en discusión.

Para garantizar que el partido de gobierno legisle teniendo en consideración a los grupos sociales de cuyos intereses el estado depende, el procedimiento de legislar está organizado en un sistema bicameral. Una de las cámaras funciona por lo general como instancia de influencia moral, con ciertas atribuciones asesoriales y apelatorias frente a la legislación, o también como órgano de control del parlamento dotado, por las instancias ejecutivas, de facultades al respecto.

Como las leyes que los diputados dictan defraudan continuamente las esperanzas de la mayoría de los votantes (sacrificadas en aras, del bien común) la consulta de la legislación sirve también para la agitación del pueblo, en pro o en contra de los nuevos proyectos en discusión, de ahí el carácter público de la deliberación parlamentaria. Mientras que las consideraciones políticas, económicas y jurídicas necesarias en la confección de proyectos de ley, tienen lugar a puertas cerradas en las comisiones del parlamento, integradas por miembros de los diversos partidos. de acuerdo a su peso político, y cuentan con la presencia de asesores y expertos gubernamentales, los debates abiertos al público sirven a la imagen de los partidos que compiten en el parlamento. Así pueden mostrar que cuando promulgan o rechazan un proyecto de ley piensan siempre en el bien del estado, y cumplen con el mandato electoral También es ésta la oportunidad para que los jefes de los partidos, que normalmente son también jefes del gobierno y de la oposición, se hagan valer como representantes electos de la voluntad popular. Sobre la base de la identidad falsa de los intereses del estado y de los ciudadanos se impugnan recíprocamente la capacidad para gobernar, se querellan con los ideales del poder estatal, y envueltos en la toga polemizan pro forma sobre leyes prácticamente resueltas, buscando movilizar a su favor el idealismo cívico-estatal de los votantes. La presencia nutrida de los diputados y la intensidad declamatoria de los plenos tiene poco que ver con la importancia real de las leyes en discusión para el estado, y mucho con el efecto publicitario que se calcula extraer después, resaltando una u otra de las alternativas en discusión, según las afinidades hacia ellas en el pueblo. Por eso, junto al debate sobre el presupuesto, donde se discute la capacidad funcional del estado frente a la gama completa de medidas oficiales, son horas estelares del parlamento, donde la TV no puede faltar, también aquellos debates donde la moral nacional de los electores se puede movilizar en favor del gobierno o la oposición, o cuyos temas atraen en un momento dado la atención pública (legislación sobre el aborto, la protección ambiental, la energía, etc.).

En tales debates, mientras que el partido de gobierno Justifica sus decisiones, obligatorias para todos, la oposición se hace valer con la crítica constructiva, en el marco del estado, de las medidas gubernativas, y cumple así con la tarea democrática de achacarle al partido de gobierno el perjuicio seguro (que ella querría causarle siendo gobierno) de la mayoría del pueblo, dando as! al permanente descontento cívico la forma de una alternativa de gobierno. A leyes que de todas formas no necesitan de su aprobación para ser sancionadas, la oposición les dice sí o no, según el eco que espera hallar de una u otra decisión en los votantes, y aprovecha así la ventaja de no gobernar para atizar el descontento hacia el gobierno y llegar a ser gobierno.

El objeto predilecto de los ataques de los ciudadanos, y entonces de la oposición, es el gobierno, el comité ejecutivo del partido mayoritario, el órgano que ejecuta las leyes: el gobierno, sometido a las restricciones de las decisiones del legislativo, pone en práctica las leyes y se caracteriza, frente a la organizada controversia de los representantes electos, por la uniformidad de sus actos: posee la competencia para fijar pautas directrices y sus ministros son responsables ante el jefe de gobierno. El gobierno, la cúspide política de la administración, modifica las tareas permanentes del estado, que una burocracia inamovible despacha continuamente sin perjuicio de los cambios políticos, de acuerdo a las decisiones políticas en la materia sobre su ejecución más expedita y eficaz, teniendo en la competencia pericial de la burocracia su servidor dócil y su correctivo. Las diversas formas constitucionales de la independencia y dependencia entre parlamento y gobierno no son otra cosa que el modo funcional de impedir una contradicción de principio entre las decisiones parlamentarías y su ejecución: no permitir que los recursos y tareas de gobierno actúen en contra de compromisos contraídos por el estado hacia las demandas sociales, en formas de leyes, y garantizar que la actividad legislativa del parlamento no vaya contra las exigencias propias del ejercicio del poder. Según la clase de la dependencia o de las formas de influencia entre gobierno y parlamento, la correctura recíproca adquiere el carácter de una cooperación pacífica entre la mayoría parlamentaria y el poder ejecutivo contra la oposición, o bien la forma de una confrontación permanente entre los poderes del estado. No está demás señalar que ya sea constitucional o prácticamente se ha procurado que el gobierno tenga influencia debida sobre la legislación, a fin de fijar por ley todo lo que para la administración del estado se juzga necesario. También por eso el gobierno y la administración gozan del derecho de reglamentar con obligatoriedad jurídica la ejecución de las leyes.

En todos los casos el tan mentado sistema de la "división" de poderes, que también tiene sus "interferencias" de poderes, sirve para dar funcionalidad a las medidas del estado que reglan las colisiones en la sociedad de la competencia, para efectivizar las resoluciones de los representantes políticos sobre la conservación del estado y de la economía, y también para garantizar el asentimiento de los afectados por esas medidas, asentimiento que es la condición y el criterio del éxito político.

Por esto último es que el instrumentario estatal democrático, por un lado está protegido mediante la prohibición de cambiar principios constitucionales básicos y con las trabas a la reforma de la constitución, y por el otro, para los casos de "emergencia nacional" (que van desde catástrofes naturales, amenazas externas e internas a la seguridad, hasta rebelión contra la autoridad), donde el proceder y las circunspecciones democráticas amenazan las funciones del estado, se asegura su continuidad sin el rodeo del asentimiento representativo del pueblo. La desconsideración brutal y abierta hacia la voluntad, la persona y la vida del ciudadano tiene fuerza legal con las leyes de excepción, estado de guerra interno, etc.. Para conservar la democracia en caso de necesidad es indispensable su supresión constitucionalmente sancionada.

e) Si la democracia parlamentaria organiza el ejercicio del poder del estado con la ayuda de la aprobación de los ciudadanos es porque ella es el producto de necesidades sociales en un poder soberano funcional hacia ellas, o sea que subordine sus decisiones del uso de la fuerza a intereses que sin él carecerían de existencia real. El estado democrático se constituyó entonces a través de la correctura del viejo poder estatal, hecha por intereses sociales que se impusieron a una soberanía que era dependiente de ellos sin servirlos. Porque un poder político se inclina frente a quien domina sólo si no puede conservarse de otra forma, y a la inversa, una clase social consiente un poder encima de ella (en vez de abolirlo) sólo si lo necesita.

El mérito de haber iniciado un proceso democrático le corresponde a la burguesía: el haberlo completado es una obra del proletariado.

La burguesía aprovechó su poderío económico en aumento para impedir que el poder soberano abusara económicamente de su soberanía política y para prescribirle el uso correcto de esa soberanía, que ella como clase reconocía, mediante el derecho a la tributación fiscal en manos de un parlamento de estamentos, en el cual la burguesía estaba en pugna con los propietarios rurales. El control económico de las decisiones del poder soberano fue utilizado por la burguesía como medio para arrebatarle a la nobleza absolutista el derecho a legislar y limitarla en sus atribuciones a ejecutar las decisiones parlamentarias (monarquía constitucional) o reemplazarla directamente con un gobierno electo por el sufragio universal (república parlamentaria).

La puesta del poder del estado al servicio de la clase burguesa le permitió a ésta, junto con la imposición despiadada de la gran industria, crear un número cada vez mayor de obreros asalariados, que no podan vivir de su salario y que en cada esfuerzo para asegurarse la existencia chocaban con el poder estatal. Tales acciones, peligrosas para la seguridad pública, emprendidas por los obreros para poder sustentarse como asalariados, hicieron ver claramente al estado que él mismo sin una atención de su parte de ese nuevo estamento social cada vez más numeroso, sin la abolición de la situación de total abandono legal de la clase obrera, no podría asegurarse de manera duradera su propia existencia. inversamente, los trabajadores notaron en esas consideraciones oficiales, que podían y debían usar al estado como un recurso en la lucha contra sus explotadores, y entonces la imposición de sus intereses salariales y sociales contra los patrones se volvió idéntica con la imposición de sus intereses políticos en el estado, con una transformación en el poder público, que actuaba como instrumento de los capitalistas sin contemplación alguna para con el material humano explotable. La lucha por el sufragio universal fue entonces lucha de clases; no por supuesto en la primera gran democracia, los Estados Unidos.

f) 1. La organización democrática del poder estatal depende, para su éxito, del asentimiento de sus ciudadanos, que el estado institucionaliza como la base de sus actos políticos contra los mismos ciudadanos. Tal contradicción, reflejada en la amenaza latente de la pérdida de la confianza ciudadana en la utilidad del poder político, es un problema para el estado, no en lo que hace a su existencia, que él está dispuesto a conservar sin el asentimiento del pueblo. pero sí en lo que hace a su existencia democrática. Las críticas inevitables de sus ciudadanos a su accionar representan para el estado el peligro de perder los fundamentos que hacen innecesario el uso permanente de la violencia oficial, y así garantizan óptimamente la imposición de su poder.

La ciencia de la politología se dedica entonces a observar el descontento ciudadano, a analizarlo, para impulsar que se lo practique ordenada y democráticamente, haciendo con tal fin el panegírico correspondiente de la democracia. La politología resulta as! ser la ciencia democrática por excelencia, y como tal anticrítica. Todos los momentos del antagonismo institucionalizado estado-ciudadano esta ciencia los comenta como relación voluntaria, o sea bajo el aspecto de hasta qué punto los sometidos al poder soberano lo consolidan asintiéndolo; y también combate, con la descripción propagandística de las instituciones y los ideales del estado, toda expresión de desagrado hacia él, cualquiera sea su contenido concreto.

La teoría de las instituciones democráticas mide los sistemas de representación electoral balanceando los criterios de justicia de la representación versus gobernabilidad, y celebra a los partidos como la instancia de mediación entre los intereses de los ciudadanos y el poder público: compara el sistema bipartidario con el multipartidario. los partidos populares con los partidos ideológicos, desde el punto de vista de una conducción estatal unida y sólida, y sopesa las alternativas de representación electoral: articulación de intereses directa (lobby), o democracia partidaria interna con articulación indirecta. También defiende la democracia indirecta contra las ideas de una influencia directa del pueblo en los asuntos del estado, aplaude la funcionalidad de la división de poderes, y también sus límites, necesarios para el empleo del poder en el sentido del ciudadano.

La confesión de la violencia de las relaciones estatales y del carácter de sumisión que tiene la expresión de la voluntad ciudadana se prolonga con la advertencia de que esa violencia no es arbitraria, sino la fuerza de un estado de derecho, encomiable por los fundamentos democráticos de la libertad, realizada mediante su limitación estatal, y por la igualdad jurídica y política, que no debe ser igualdad social. Transfiguradas en un ideal estatal puro, la libertad, la igualdad y sus bases en la competencia aparecen como eslóganes legitimatorios de la necesidad del estado, para refrenar y darle un sentido pleno a la verdadera naturaleza del hombre. Una ojeada hacia el mundo preterido de los estados y de las ideas políticas sirve, con la ayuda que representa violentar las ideas de antiguos pensadores que fueron cualquier cosa menos politólogos democráticos, como prueba que la democracia de nuestros días ha realizado lo más ansiado del hombre y del... ¡ciudadano! La tautología libera a los politólogos de responder a la pregunta del provecho de la libertad y la igualdad.

La política internacional completa la conversión del mundo de los estados en algo agradable, propio del ciudadano, con la proclamación de la utilidad del uso de la violencia de la propia nación hacia el exterior, y se vale del idealismo estatal del ciudadano para relativizar sus ideales democráticos (hay dictadores africanos o sudamericanos útiles a nuestro estado democrático) o como base del auto-elogio: "¡cuánto hemos progresado nosotros comparados con los negros del África!''

Al resultado normal de tales esfuerzos científicos, que el delicado equilibrio de la democracia es justamente la fortaleza de la mejor de la peores formas de gobierno, o sea que el estado funciona mejor como poder si no tiene que violentar permanentemente a los ciudadanos para imponerles su voluntad, la politología llega en su cuarto departamento de estudios, ampliado a rama autónoma como investigación del totalitarismo; el campo de las pseudocomparaciones entre democracia y dictadura, cuya necesidad en caso de una crisis grave de la democracia así se confiesa y se lamenta. La democracia sale siempre muy bien parada en el cotejo de ventajas y desventajas frente a la dictadura, y comentada como medio para evitar la tiranía se le expende un certificado de indigencia fatal. (En la RFA tal bono se viste con el elogio de que el estado alemán occidental de postguerra, a diferencia de la república de Weimar, ha conseguido salvar a la democracia sin necesidad del fascismo, lo que cubre a la otra Alemania, la comunista, de vergüenza.)

Así queda tendido el puente para exaltar los límites necesarios de la democracia y para pasar al ataque frontal contra quienes fomentan el malestar cívico hacia el estado, que hacen peligrar a la democracia con sus críticas, queriendo hacer a los ciudadanos más libres y más iguales. a la democracia más transparente y más directa, elevándola a principio rector de toda la vida social (reproche que tales críticos por lo general se merecen): temas predilectos del debate sobre la democratización de la sociedad. Sin embargo el verdadero problema de la democracia es el ciudadano mismo; que participa poco de ella, o mucho, o sin saber nada se mete en todo, o no se mete en nada, que tiene poca educación democrática, que no quiere refrenar su egoísmo con la fidelidad al estado porque le falta... ¡madurez.

La politología, al confesar que sólo un problema la angustia: el apoyo voluntario del ciudadano al poder estatal, termina en propaganda abierta por el estado contra los ciudadanos, y en tal sentido demuestra su utilidad en la escuela, para el adiestramiento educativo de los futuros ciudadanos. Pero como la crítica persistente hacia el estado la politología se la adjudica como su propio fracaso, ha desarrollado sus intereses científicos dando lugar a la rama de la investigación empírica que a través del análisis cuantitativo y cualitativos del comportamiento electoral y político del ciudadano desea proveer de ayuda práctica al estado, cuando este estima o corrige sus perspectivas de estabilidad política. En su variante como politología critica, que conjuga de manera creativa las propuestas, inventadas por los yanquis, de interesar más al ciudadano por el estado, le recomiende a este último, sociologizando todas las cuestiones politológicas, conservar su legitimidad con la creación de más conformidad en sus ciudadanos. Finalmente no faltan los retorcimientos metodológicos, habituales a todas las ciencias sociales, que discuten el antedicho fracaso en la forma de prescripciones científicas por una politología útil, y rebajan a Marx como ayudante de la empresa.

2. El juego parlamentario marcha sólo porque los ciudadanos han desarrollado su interés hacia el estado hasta el punto que van a votar para frecuentar regularmente la dialéctica de esperanzas y desencantos, sin cuestionar con los unos las otras, y dedicándose a la búsqueda intensa de las fallas en los procedimientos democráticos, a las cuales pueden cargarles la no-realización de sus deseos. Frente a las técnicas de dominación democráticas los ciudadanos críticos confirman toda la pobreza de su sumisión. Como politólogos amateurs lamentan sus intereses no correspondidos, y exageran con apuro la confesión de su inexistente rebelión, ni bien los respetados agitadores profesionales de la política oficial les llaman la atención. Los políticos son para los ciudadanos objeto de simpatías o antipatías, su propaganda les parece ni seria ni objetiva, poco relacionada con sus intereses inmediatos, elitaria. en fin, una cuestión de estilo. La actividad de los partidos en el parlamento se les antoja poco clara, difícil de entender, no presenta casi alternativas y menoscaba la dignidad del recinto. Por un lado los ciudadanos echan de menos la competencia en serio entre los representantes políticos del pueblo, y por el otro la temen. En la campaña electoral el demócrata ferviente se siente a sus anchas porque sobrestima lo que de su voto depende. Malestar le causa la agitación que perturba sus operaciones privadas, separadas de la gran política, y que en vez de prestarle ayuda decisoria concreta a sus negocios individuales y a sus pretensiones hacia el estado lo bombardea con debates sobre los valores fundamentales. Otros ciudadanos lamentan las exageraciones y deslices pre-electorales que nada tiene que ver con los tenlas políticos importantes y recién están felices cuando se vuelve por fin a gobernar con normalidad.

Una crítica del circo democrático en todas sus formas no está demás aunque el ciudadano lo conozca muy bien, lo critique de cabo a rabo, y aunque no sea manipulado por los medios de comunicación sino confrontado día y noche con la técnicas y timos brutales de sus representantes que andan a la pesca de votos. Es cierto que los tan loados métodos democráticos no son la burla consumada a las esperanzas progresistas del pueblo, pero también lo es que ni el conocimiento del engranaje democrático y del carácter de sus agentes políticos, ni tampoco su desagrado frente a la pesca periódica de voluntades políticas, le impiden al ciudadano dar fe de esa voluntad cuando tanto es llamado a hacerlo. La moral de su razón cívica todopoderosa no consiste en hacerse hermosas ilusiones sobre el carácter brutal y sucio del juego político sino en anudar a él sus esperanzas, en contar con él. Parte de ese cálculo es su conciencia que en la competencia política por el poder ocurre como en la vida; pobre analogía, ya que en la política los dueños del poder son los actores y él, como ciudadano, su instrumento, pero que explica el hecho que a la crítica ciudadana se le sume sin más ni más la comprensión total hacia las necesidades y obligaciones que la política impone a sus conductores. Las voces críticas pre o postelectorales no son más que el ejercicio obligatorio en materia de democracia ideal, ni lo quieren ser.

La crítica revisionista y fascista no se sale de los moldes de la hipocresía democrática, pero es menos frecuentada.

Para los revisionistas los representantes del pueblo no representan sus verdaderos intereses porque carecen de independencia frente a los intereses y las influencias de lo monopolios y sus grupos de presión, sin depender de los intereses de la mayoría del pueblo, que aquellos perjudican. Una alternativa democrática verdadera seria el mandato imperativo de los representantes y la elección de todos los funcionarios públicos por el pueblo. Las elecciones, por el provecho dudoso que representan para la mayoría, son un engaño, salvo que se vote por la verdadera alternativa, el partido revisionista, que ya se destaca frente a los desprestigiados lacayos de los monopolios por el origen de clase de sus candidatos. Si los revisionistas llegan al poder anulan la democracia en nombre de ella misma. Para la explotación estatizada las elecciones dejan de ser medios del asentimiento y de la representación pero siguen siendo útiles como forma democrática de aclamación obligada.

Como única alternativa a los corruptos partidos democráticos se recomiendan también los fascistas, a quienes nada preocupa más que el debilitamiento del estado, que descubren en la competencia entre los partidos, en el oportunismo de sus dirigentes y en la orientación de la política según las veleidades del ciudadano, que piensa más en sí mismo que en el estado. Para los fascistas los partidos democráticos, sus jefes y el preceder parlamentario son puros peligros para el estado, para la unidad del pueblo y para la existencia de la nación. La necesidad del estado la hacen jugar consecuentemente contra su fundamento: los intereses que compiten en la sociedad y sus expresiones políticas. Todas las manifestaciones de la voluntad cívica aparecen como condiciones bajo las cuales recién es voluntad favorable hacia el estado, son para los fascistas elementos de comunismo. Sus ideales son el orden y el espíritu de sacrificio, la práctica de ellos salva al pueblo, y los demócratas son enemigos del estado. Si los fascistas consiguen, con la colaboración de la mayoría de los ciudadanos desilusionados de la democracia, asumir el poder, le presentan al pueblo la encarnación de una voluntad del pueblo única, porque se ha desprendido de sus intereses. El conductor también se deja aclamar, pero no como ejecutor de intereses, él es el ideal personificado, la nación. Eso presupone, claro está, que el materialismo haya desaparecido de la política, razón por la que no sólo judíos desaparecieron en los campos de concentración.

10 - La opinión pública. El pluralismo de opiniones. La tolerancia

Como el estado reclama de sus ciudadanos la decisión periódica de abstenerse de influenciar la conducción de los asuntos públicos, y a cambio que soporten sin resistencias las consecuencias de las operaciones oficiales, entonces, el funcionamiento democrático del estado depende de que el desencanto de los gobernados se mantenga como el fundamento positivo, como la voluntad favorable del pueblo hacia el estado democrático. A la comparación infaltable entre lo que se espera del estado y su obra, éste le lima sus asperezas al permitir la articulación de todos los intereses sociales, para relativizar las pretensiones contradictorias hacia él, y rechazarlas como imposibles de satisfacer todas a la vez. El interés del ciudadano se hace entonces opinión, porque el estado, al confrontar ese interés con los intereses de otros, le imputa al ciudadano la particularidad de su punto de vista y se lo reconoce como deseo, sin autorizar su satisfacción. El estado celebra la ya citada comparación como teórica, para, a partir de ella, hacer de su ideología de la compensación de intereses, la propaganda de la tolerancia y el pluralismo de opiniones.

El poder público practica esos ideales en tanto empeña a las instituciones necesarias para informar a los ciudadanos, a que relativicen todos los intereses que se hacen oír atendiendo al bien común; y en tanto compromete a quienes han hecho del interés a la información y a la crítica su profesión, a que transformen todos los actos del estado en obras bienhechoras, más o menos logradas, para el pueblo, y a que interpreten todos los sacrificios populares como programas oficiales alternativos. Además el estado mismo interviene directamente como agitador de la opinión pública, dotándose con tal fin de privilegios especiales, o colocando bajo su tutela el sistema de información radial y televisivo.

El principio ciudadano de lo público, que el estado asumiendo algunos gastos institucionaliza y utiliza, consiste entonces en que las víctimas del poder político expresan libremente su interés a opinar: tal interés lo separan de su obrar y enfrentando ambos cambian la verdad de sus necesidades por las ilusiones en el estado, para gozar del lamentable consuelo que por lo menos sus ideas erróneas son libres.

a) La obra, nada pequeña, que el estado democrático exige de la mayoría de su pueblo no se agota en que se haga aprovechable como material humano de explotación; además ese pueblo tiene que preocuparse de manera positiva por el perfeccionamiento del poder político, que le da a su explotación el marco digno que ella merece y que no le puede faltar. La democracia no se conforma con la simple subordinación de la voluntad del ciudadano al poder del estado, y le hace notar permanentemente a esa voluntad que tal sometimiento tiene que ser la obra de ella misma su propio auto-abandono. Aquellos ciudadanos que tienen que querer el estado, porque lo precisan, y siempre son desilusionados en su cálculo forzado de que ya que lo necesitan tal vez lo puedan utilizar, reciben una atención especial de su desencanto: su descontento se hace su derecho, su fracaso se vuelve parte integrante de su voluntad libre, que sigue en pie a pesar de las restricciones ordenadas por el estado, en tanto exalta los obstáculos objetivos a su actividad y los hace su cualidad más profunda: "es una desgracia no saber conformarse", o "no se puede tener todo lo que uno quiere".

El estado usa de los reclamos que le dirigen sus súbditos perjudicados y vuelve la conformidad para con su existencia que yace en los reclamos, contra el descontento con su administración del bien común, y rebate las expectativas con la validez real de sus decisiones. Todos los deseos insatisfechos el estado los ridiculiza con su realidad, sin olvidarse de traducir siempre sus objetivos inequívocos en impotencia frente a las demandas perfectamente comprensibles de sus súbditos. De quienes como ciudadanos hacia él acuden, el estado exige que conserven su libre voluntad. ¡Que si se relativiza se salva!

b) Esa libre voluntad relativizada caracteriza al ciudadano que pese a todos los desencantos que su estado le depara quiere seguir siendo un ciudadano. Sus intereses no es que él los haya abandonado así nomás, sino que se ha esforzado hasta adoptar una posición teórica frente a ellos. Sus deseos no los quiere realizar quisiera que en el marco del orden democrático y sus necesidades, fuesen realizables. Al anticiparse a la respuesta negativa de su estado y al aceptarla con resignación el ciudadano no sólo transforma su voluntad en no-practicada, en teórica (por lo que en la sociedad burguesa para cualquier tarambana, "teórico" e "impracticable" son sinónimos), sino que además La certidumbre de sus necesidades la conciencia de lo que le hace falta, se vuelve sólo condicionadamente válida El ciudadano pasa a tener una opinión de lo que, en bien del estado, le corresponde. Si no consigue expresarse en todo lo que dice con las insignias de la relativización sus conciudadanos lo reubican recordándole que todo lo que afirma es sólo su opinión De tal razón, tomada en serio, resulta que el cúmulo de opiniones de la vida pública burguesa contiene un argumento: que ninguna opinión vale nada porque las hay contrarias. En este mandarse la parte el estado juega un rol de primera, relativiza todas las opiniones y demuestra por qué vale sólo la suya: él tiene el poder para hacerles ver a todos que sus intereses objetivos de ciudadanos consisten en distanciarse de sus necesidades "puramente" subjetivas.

c) La tolerancia es el ideal de la fuerza, proclamado por el estado contra todos los ciudadanos: en él cada uno tiene su propio interés, negativo hacia los demás. Mientras que en las bien custodiadas esferas serias de la opinión pública ciudadana el estado sabe proveer al pluralismo de opiniones, o sea que la polémica está bien muerta y enterrada, y perdura sólo como apariencia en el concurso por ver quién es mejor demócrata, en circunstancias en que el estado no está presente la gente descubre enseguida que sus diferencias no son de opiniones. En el círculo familiar o en el barrio, entre los conocidos, que alguien notifique que quiere hacer valer su interés es siempre el preludio de tortazos. En éstos se puede ver que lo que el estado decreta con su libertad de opinión es la prohibición de tratar los antagonismos de intereses si no es en la forma de una diferencia de pareceres; y para que ellos no vayan más allá deben poder expresarse.

El peligro que los ciudadanos tomen en serio las opiniones expresadas como argumentos valederos, y que opiniones contrarias al estado sean esgrimidas para actuar contra él, hace pensar a todo estado democrático en que tiene que haber un límite a la libertad de opinión y de prensa. Entonces si hay motivos que lo aconsejen, ninguna democracia vacila en igualar de por sí opiniones con voluntades, y siempre que lo hace, recae sobre estas últimas la reprobación de los demócratas de que perturban sensiblemente la obediencia de la ciudadanía, con lo que divulgan el secreto de la libertad de opinión en la democracia.

d) Para el estado democrático la libertad de expresión tiene una validez positiva porque politiza a los ciudadanos. Los órganos de prensa y los medios de comunicación cumplen entonces con una tarea o~ cuando educan a los ciudadanos en la costumbre de realizar ya en ellos mismos la correctura de su materialismo, al someterse al poder del estado, de tal forma que cuando discuten lo hacen como idealistas del estado. Pero como ni aún así los deseos cívicos hacen desaparecer los antagonismos que les dan origen, entre los promotores profesionales de tales anhelos se trata no sólo de impugnárselos recíprocamente frente al estado por lo que tienen de contradictorio. sino también de generalizar la crítica al parlamento y al gobierno. y a ella llegan los señores periodistas desde cualquier punto de vista. Justamente la transformación de toda demanda insatisfecha en una omisión de los conductores políticos de la nación genera diferencias entre éstos y los agitadores profesionales de la palabra oral y escrita. Por eso la competencia política por el poder tiene lugar en sus órganos de información y sobre todo en la forma de una puja por la imagen de los partidos, como política de "mass-media", y suele degenerar en conflictos por los tiempos de emisión en el sistema público (o privado) de radiotelevisión. Sobre la base del interés común en el estado, periodistas entrevistan políticos, políticos invitan periodistas, se dicen sus cosas, y la aburrida práctica a veces se interrumpe con órdenes judiciales y procesos por injurias con elevadas sumas de indemnización por daños morales, ya que está en juego el honor. Como tanto la divulgación de un estado de cosas o la interpretación interesada de barbaridades políticas lesiona la reputación de un estadista, socava la confianza de la población en el estado, y hasta abarata el espionaje del enemigo externo, para ciertos políticos la prensa libre es una mafia que conspira contra el estado, lo que lleva, en sentido opuesto, a que los periodistas califiquen a los estados y a sus autoridades según el trato que dan a la libertad de prensa.

(Hubo un periodista que en medio del Asia Suroriental arrasada "por la guerra" nada le preocupaba más que la suerte de su máquina de escribir.)

Las controversias entre política y periodismo descansan en el anhelo común de construir la armonía entre el estado y los ciudadanos, a costas del descontento de estos últimos. Los políticos nada verían con más agrado que los batallones periodísticos de la propaganda se limitasen a glorificar su responsabilidad de estadistas, el peso del cargo, sus dilemas angustiantes, el difícil balance entre esto y lo otro, y a destacar su personalidad, su energía, su pericia, sus pasiones, su objetividad, su integridad, etc., en una palabra a que se los honre porque son estadistas. Porque cargan sobre sí la ingrata cruz de la notoria impotencia del estado frente a las incontables pretensiones de sus ciudadanos; y si están frente a gente ya bien trabajada por la propaganda oficial echan de menos que toda la agitación pública no se reduzca a las advertencias morales y a los consejos sobre los deberes del ciudadano.

Aunque los periodistas hacen todo lo que su tarea pública les reclama (en los momentos difíciles deletrean, unánimes, la declaración del portavoz gubernamental), no pueden evitar la mención del fundamento de su oficio: el antagonismo entre el estado y la mayoría de los ciudadanos, y de hacerlo como corresponde a alguien que se preocupa por la eficacia del poder político. Los voceros profesionales de la opinión pública recriminan a su público (siempre) y a los estadistas (sólo), porque no hacen las cosas con habilidad, a tiempo, guardando el estilo, etc., o sea que las contrariedades que deparan a los ciudadanos corren a costa de la confianza de éstos en el estado. También dominan las ya citadas en los capítulos a 9 formas de critica fiel al poder público, y si toman posición por alguna de las alternativas políticas adentradas en esa fidelidad, la celebran cotejando sus pro y sus contra desde el punto de vista del estado, sea o no gobierno. El contacto del periodismo con la competencia políticopartidaria aparece además como fuente de disgustos de los políticos con los productos elaborados por los hombres de los medios de comunicación, por eso con todo gusto los mejoran: se dejan citar, intervienen personalmente en los temas que se discuten en la opinión pública, o dan carácter público al debate parlamentario. (Si no es que profesan el escepticismo hacia la prensa libre en general.)

El movido forcejeo entre los representantes de oficio de la opinión pública y quienes los precisan no por casualidad entonces es tema predilecto de diarios, radios y TV Las discusiones metódicas sobre el propio oficio pertenecen al periodismo por su temor permanente a fracasar en la misión a cumplir. Porque la información, lo que a la gente se le vende, si bien está claro que siempre es la interpretación democráticamente aderezada de sus sacrificios que las últimas medidas oficiales exigen, tiene el defecto agitatorio al ser la abstracción de los intereses materiales de la mayoría, de que debe nombrar a cada rato lo que esa mayoría no le va ni le viene. Por supuesto que lo que menos temen los cagatintas es una revolución (mientras adviertan de la radicalización de la chusma debido a decisiones poco inteligentes del gobierno, el peligro en tal sentido no es grande). Su problema es otro. Es que sus comentarios a favor o en contra de las alternativas políticas no encuentran el eco que se merecen entre los perjudicados por ellas, porque éstos tienen otras preocupaciones que la de hacer de la abstracción de sus necesidades un compromiso político. Obedecer, hasta ir a votar a un tipo enérgico como jefe de gobierno, no es lo mismo que la ocupación abnegada con las finezas de la eficiencia democrática.

Pero también el común de los mortales es tenido en cuenta pública y oficialmente en la democracia. Al fin y al cabo "el hombre común" no es ningún apolítico porque no hace como sí la política o la publicidad fuese su profesión. Si, se le llama "común" es porque se ha dotado de todos los accesorios indispensables para saber como aguantar sin andar con muchas vueltas. Él sabe distinguir muy bien ante quién debe sacarse el sombrero y a quién puede levantarle la voz, conoce los motivos y momentos para hacerse valer como trabajador nacionalista, y las situaciones donde puede vanagloriarse de los tragos con que lo invitó el doctor. Quien así se comporta no precisa para nada la agitación complicada de la prensa "seria" y de las revistas políticas. Sus sentimientos están politizados, y sólo hay que confirmárselos: todo lo que molesta, daña. Éste es el precepto gu