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Resta mencionar, finalmente, además de los
capitales financieros internacionales y los inversores chinos de
ultramar, al tercer actor involucrado en esta red de inversión:
el gobierno en sus múltiples instancias. Hago hincapié en esta
multiplicidad de instancias debido a que es imposible en el
período reformista referirse al gobierno como un todo homogéneo.
Esto se debe a que una de las características que ha permitido
poner en marcha la Reforma y a la vez constituir esta red de
inversiones ha sido el proceso de creciente descentralización
operado desde 1978 (ver, en especial, Sheik, cap. 9). Esta
descentralización ha actuado en dos niveles: primero,
incrementando las atribuciones en materia económica de los
gobiernos provinciales y sus responsabilidades fiscales,
reestructurando así su lógica interna y obligándolos a actuar
como "emprendedores" en busca de negocios de riesgo para
proveerse de sus propios recursos; en segundo lugar,
incrementando el margen de maniobra de ciertas instancias del
Estado, tales como el Ejército popular de Liberación (EPL) y las
SOE; así, tanto los mandos del EPL como los gerentes de las SOE
han hecho suya la lógica anteriormente descripta, sumándose de
este modo a lo que Castells ha dado en llamar "empresarios
burocráticos" (op. cit., págs. 353-357 y 361-363). De este modo,
invierten en joint-ventures, contratos de infraestructura
y obra pública (el EPL tiene un gran protagonismo en este
ámbito, desde que Deng Xiaoping autorizara e incentivara su
participación en la economía civil) convirtiéndose ya en un
socio "obligatorio" para los inversores chinos de ultramar. Es
que, en efecto, muchas veces su participación en los negocios es
sellada a través de acuerdos informales, banquetes, "regalos de
cortesía", componentes de las guanxi, dilema de oro para
la administración central: o las tolera, enajenándose la
oposición de la sociedad civil y los organismos internacionales,
o, en el camino de la "legalidad socialista", las persigue y
criminaliza, poniendo en riesgo lo que hoy por hoy es uno de los
mecanismos fundamentales del nuevo capitalismo chino (ver:
Beltrán y Rocca). Muchas veces también los "empresarios
burocráticos" acumulan capital por vías no convencionales en una
economía de mercado, tales como diferencias entre los salarios
acordados con los inversores de ultramar y los efectivamente
pagados a los trabajadores chinos (el socio chino generalmente
es el encargado de gestionar la contratación de mano de obra), y
la especulación con el tipo de cambio (ya que gestionan también
la compra de insumos, cobrados a los inversores en dólares o
dólares de Hong Kong, y pagados en yuan en China) (Lin, págs.
104-105).
Sectorialmente, la inversión se
localiza: a) en contratos de infraestructura, obras públicas
(vivienda urbana, por ejemplo) y pedidos gubernamentales. b)
fundamentalmente, en los sectores de industria ligera intensivos
en mano de obra: industrias electrónicas rudimentarias
(juguetes, ensamblaje de transistores), químicas orientadas a la
producción de bienes de consumo (plásticos, velas, inciensos,
etc.), alimenticias y textiles. La participación de la mano de
obra rural está estadísticamente comprobada en estos sectores
desarrollados (o explotados) por las redes de inversión. Las
regiones más favorecidas por la localización de la inversión
son, precisamente, aquellas con mayor disponibilidad de mano de
obra flexible y dispuesta a aceptar trabajos poco remunerados.
Hay estudios regionales que nos
proporcionan dos ejemplos de modelos divergentes en cuanto a las
características de la inversión en estos sectores. George Lin
estudia en profundidad el distrito de Dongguan, en Guangdong.
Allí, las dimensiones de los establecimientos son, en
comparación a los estándares chinos, "pequeños": algo más de 100
trabajadores promedio, ubicados en un solo edificio, con escasa
inversión en capital fijo. No sólo las dimensiones de los
establecimientos son reducidas: las fábricas no se concentran
necesariamente en los centros urbanos importantes; por el
contrario, una buena parte se dispersa por el campo; esto es
permitido por a) las características de estos sectores de la
industria, b) la escala de los negocios (reducida), c) la
simplicidad del proceso de producción, que hace que no se
necesiten de manera prioritaria ni expertos altamente
cualificados, ni servicios complejos y diversificados de
infraestructura, d) por el marco legal más flexible del entorno
rural y las características permisivas y "emprendedoras" de los
gobiernos en los niveles inferiores (Lin, pág.110) y e) más
importante aún, la clave para explicar la localización y las
características de estos establecimientos está dada por la
accesibilidad a la mano de obra rural e inmigrante; el otro dato
clave de este elemento es la posibilidad de acceder a una mano
de obra que a la vez puede contar con ingresos estacionales y/o
temporales, proporcionados por la agricultura y la economía
familiar. El salario de los trabajadores empleados en estas
industrias oscila entre 150 y 200 yuan. El trabajo es precario,
a destajo, y sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad.
Vemos aquí dos elementos: a) el sorprendente parecido con la
temprana industrialización europea, y b) el nexo entre Reforma
agrícola y redes de inversión en la industria.
Roland Lew, en tanto, a través de
un estudio de Sichuan y Beijing, nos proporciona datos acerca
del funcionamiento de la inversión en la industria en las
ciudades, y su impacto en el mercado laboral. Nos
encontramos ante todo con una primera coincidencia: los sectores
en los que se localiza la IED son, al igual que en Guangdong,
las industrias livianas orientadas a la exportación, con
predominio de la industria textil. En cuanto a las condiciones
de trabajo, son similares a las observadas para Dongguan en
cuanto a ritmos de trabajo, duración de la jornada laboral (unas
12 horas diarias), condiciones sanitarias, etc; con dos
diferencias, de capital importancia: a) el salario es aquí de
200 a 300 yuan, y b) el mercado laboral funciona aquí en el
contexto de un alto índice de desempleo. La mano de obra es
reclutada de manera colectiva, a través de la red local de
inmigrantes (tonxiang), que los coloca en el trabajo, les
da vivienda y "responde por su docilidad". En ocasiones los
migrantes les pagan a estas redes a fin de conseguir empleo (Lew,
págs. 20-22).
Las empresas de propiedad
estatal: la reestructuración y sus límites
El gobierno ha emprendido, además
de la incentivación de la inversión de acuerdo a la lógica que
acabamos de exponer, una reestructuración de las empresas del
sector público (State-Owned Enterprises, SOE), cuyos
efectos conforman un proceso que marca las siguientes
tendencias, que apuntan a la descentralización, a la
realimentación entre política y economía, y al desarrollo de la
racionalidad empresarial en burócratas y gerentes.
Podemos esbozar una periodización
inicial del proceso de reestructuración institucional en la
empresa del siguiente modo:
1986-1992:
Se produce aquí la autorización
de la conversión de las SOE en sociedades por acciones, a partir
de la sanción de la Ley de Compañías de 1988: para 1991
ya había 709 empresas estatales estructuradas bajo esa forma.
Para 1993, la cifra superaba las 3.000. Modesta no obstante en
proporción, si recordamos que el total de unidades de producción
bajo la órbita estatal alcanza a las 220.000, aproximadamente
(Castells, pág. 339). Por otro lado, esta corporativización (de
por sí importante, ya que saca a las empresas de la órbita
directa del gobierno) fue acompañada por un reforzamiento
paralelo del control oficial sobre los gerentes, a partir de una
mayor participación de los organismos gubernamentales en la
designación, control y supervisión de estos funcionarios.
La Ley instituye un modelo
jerárquico de agencias estructuradas en tres niveles:
En un primer nivel, el ejecutivo
(Consejo de Estado) o el legislativo (Asamblea Nacional del
Pueblo o Congreso Popular local) del nivel jurisdiccional de que
se trate, fungen como propietarios formales de las empresas. En
un segundo nivel se estructuran las instituciones encargadas de
gestionar las operaciones cotidianas de las empresas. Estas
instituciones son designadas en la Ley de Compañías como
"instituciones de inversión autorizadas por el Estado." La forma
operativa bajo la cual se implican en la gestión de la empresa
es a partir de su rol como accionistas. Este rol les
permite la participación con derecho a voto en las asambleas de
la empresa y, más importante, les asigna lugares en los
directorios de las SOE. En un tercer nivel, las SOE propiamente
dichas.
La clave para comenzar a analizar
la puesta en funcionamiento de esta reforma reside en las
instituciones del segundo nivel. En la puesta en práctica de
este modelo las instituciones de inversión han perdido
progresivamente la capacidad para cumplimentar los objetivos que
teóricamente le habrían sido asignados: la separación entre las
funciones de propiedad y control de las empresas, entre
propiedad y gestión y administración cotidiana.
Esto por dos motivos
fundamentales: en primer lugar, porque en muchos casos lo que se
produjo ha sido un solapamiento entre las instituciones del
primer nivel y del segundo, a través del ejercicio de los
derechos de propiedad a cargo de diversos órganos del Partido y
del Estado no sólo sobre las empresas (tercer nivel) sino además
sobre las instituciones de inversión mismas (segundo nivel). Las
instituciones del segundo nivel han devenido además
"instituciones cuasi-gubernamentales" por un motivo adicional, y
es que estas instituciones, al estar encargadas de la gestión de
la empresa se encuentran a cargo, además, de la gestión de la
seguridad social, como oportunamente señaláramos. De ahí que
esto introduzca en sus consideraciones variables que complejizan
la toma de decisiones basadas en criterios de eficiencia
empresarial.
1993-1999:
Podemos encontrar aquí otra serie
de innovaciones institucionales significativas. Sin embargo, nos
encontraremos también con que dichas innovaciones van en la
línea de las definiciones sentadas en el periodo anterior, esto
es, la ampliación de la autonomía empresarial combinada con la
persistencia del control gubernamental, bajo nuevas formas que
se adaptan a las nuevas disposiciones reformistas.
Podemos comenzar a analizar estas
últimas innovaciones institucionales a partir del 3er. Pleno
del 14° Comité Central del PCCh, en 1993. Las nuevas líneas
trazadas por el Partido redefinen el rol del Estado en la
empresa "como un mero propietario, cuyos derechos y obligaciones
están especificados por ley". Se separan a partir de aquí, en
principio de manera definitiva, las funciones de capital y
control (gestión cotidiana) de la empresa.
Es en 1993 también cuando el PCCh
lanza un proceso de reestructuración aún más ambicioso,
ratificado en 1997: bajo el lema "retener a las grandes, soltar
a las pequeñas" (zhuada, fangxiao) propone en su primer
aspecto ("retener a las grandes") que el Estado mantenga bajo su
órbita alrededor de 10.000 empresas grandes y medianas,
asegurando al mismo tiempo su reestructuración corporativa como
sociedades por acciones. Cabe destacar que el sector de las SOE
grandes y medianas posee un peso notable en la economía:
componen el 37% de los activos industriales, el 46% de la
recaudación que el Estado ingresa en concepto de impuestos en el
sector de la empresa pública, y aportan el 63% de las ganancias
del mencionado sector. Se propone también la fusión e
integración en grandes grupos a escala nacional para aquellas
empresas que no resultaren rentables (Fernández-Stembridge, pág.
101). Defenderemos no obstante que la propuesta de articulación
de grupos empresarios se encuentra inserta en un proceso de
selección estratégica de empresas en la industria, y que por
ende escapa a los criterios más estrictos de rentabilidad
empresarial. El gobierno inclusive ha comprado con títulos
públicos en 1998 las deudas que estos grupos económicos habían
contraído con el sistema bancario, a fin de devolverles
competitividad en la economía (So, págs. 83-109). Así, en 1997
el número de grupos económicos integrados de esta manera
ascendía ya a 120. De este proceso surgieron conglomerados como
China Petrochemical Corporation y China Oil and
Natural Gas Corporation (con activos por valor de 40 mil
millones de dólares). En el área de telecomunicaciones, la
reestructuración devino, a su vez, en la conformación de seis
grandes grupos (China Telecom, China Mobile,
China Unicom, Comunicaciones Satelitales de China, y
Comunicaciones Ferroviarias de China).
El otro costado del programa fue
la privatización total o parcial de 100.000 empresas de menores
dimensiones. Lo primero que hay que señalar en relación a este
aspecto es el peso que han tenido en la decisión de ir hacia la
privatización, no ya las consideraciones de rentabilidad
empresarial a que hacíamos referencia (y que de hecho existieron
de manera innegable, siendo este grupo de empresas las menos
rentables del patrimonio público), sino además las
consideraciones sociales que definieron, si bien no la decisión
en sí, sí de hecho sus modalidades específicas. Esto porque
buena parte de las empresas sujetas a privatización lo han sido
a través del mecanismo de otorgamiento (en ocasiones compulsivo)
de participación accionaria a los trabajadores, en una medida
que apunta más a afrontar el problema de los costos laborales y
de la autonomía que a la reconversión de la empresa en sí misma.
En segundo término, porque en el proceso de ventas se han
ofrecido numerosos descuentos y ventajas a aquellos oferentes
que, a cambio, se comprometieran a mantener a la mayor cantidad
de trabajadores posibles en sus plantillas, reflejando de nuevo
aquí la preocupación por la seguridad social.
Este proceso de privatización
tuvo sus antecedentes y un comienzo bien gradual: uno de los
antecedentes mencionados estuvo dado por la práctica del
leasing, desarrollada desde finales de los años ‘80. Los
gerentes, en esta práctica, podían ser reclutados en el
incipiente sector privado, siendo beneficiados con una porción
fija de los beneficios de la firma; podían, además, capitalizar
a la empresa con fondos propios. El primer caso fue el de la
Wuhan Motor Engine Factory en 1986, administrada por tres
particulares que proveyeron financiamiento. Lo que ocurrió en
términos prácticos luego de estas experiencias fue que, con el
tiempo, el capital invertido por los gerentes llegaba a
sobrepasar el capital estatal (generalmente del gobierno local,
a cuyo cargo se encontraban mayoritariamente las SOE más
pequeñas), sobreviniendo luego en muchos casos la privatización.
La privatización también se
comenzó a desarrollar a través de la incorporación directa de
capital, sin la mediación de estas prácticas previas. Cuatro
restricciones operaron sin embargo en este mecanismo:
En un primer momento, el origen
de la participación privada se remontó a la compra-venta de
acciones entre las empresas, y en el marco de la
estrategia pensada para la conformación de los grandes grupos;
esto es, "sumando las pequeñas a las grandes". Las ventas se
hicieron inicialmente a los empleados, como señalamos:
sintomáticamente, el primer caso se dio en tres empresas de
Guangzhou en 1988, cuando los trabajadores adquirieron el 30%
del paquete accionario. Esta sigue siendo hoy en día la forma
más extendida de privatización. Se suele otorgar inclusive
participación accionaria a los trabajadores como forma de
indemnización ante el despido (ante la insuficiencia del seguro
de desempleo, sintomática de la precariedad de un sistema de
seguridad social de tipo capitalista aún incipiente y en vías de
construcción). El Estado se reservó siempre una proporción de
las acciones, que no podía ser transferida. De hecho, la
privatización está extendida en la actualidad más como forma de
capitalizar a la empresa que como mecanismo de transferencia del
control efectivo sobre la misma. La privatización empezó siempre
a escala local, siendo refrendada luego por la administración
central.
Habiendo desarrollado el proceso
de creación de instituciones en la reestructuración de la
empresa, estamos en condiciones de cerrar este apartado con dos
preguntas, a las que daremos sólo (por el momento) respuestas
tentativas. En primer lugar, hemos visto cómo se han creado
mayores márgenes de autonomía para los gerentes de las empresas.
Dada esta reforma concreta, ¿el Estado ha perdido control
efectivo sobre las SOE? De no ser así, ¿cuáles son los
mecanismos mediante los cuales ejerce todavía ese control? Para
responder este primer conjunto de interrogantes podemos
servirnos de la perspectiva teórica ofrecida por Katsuji
Nagakane en su reflexión acerca de lo procesos de privatización.
Sostiene este autor que dados unos derechos de propiedad
inmodificados, donde el Estado conserva la propiedad formal de
las empresas, ante el otorgamiento de una mayor autonomía
empresarial el control del Estado puede desplazarse, entre
otros, hacia tres mecanismos distintos: diseño de programas de
inversión, designación de los gerentes, y asistencia financiera
(Nagakane, pág. 9). Hemos visto cómo la Ley de Empresas
establece numerosos intersticios para el control estatal, cómo
el proceso de designación de los gerentes ha operado en la
Reforma a través de la imbricación del gobierno y las
instituciones de administración de inversiones, creadas en
teoría para ampliar los márgenes de autonomía de las empresas y
separar las funciones de propiedad y control. Señalaremos además
que el mantenimiento de la restricción presupuestaria blanda
hacia las empresas constituye hoy el otro mecanismo de control
del Estado hacia las SOE, en un contexto de mayor autonomía
empresarial; sobre la base de este diagnóstico de la realidad en
la empresa pública, el estudio de la evolución de la asistencia
financiera será objeto de un futuro desarrollo, desde este
enfoque (concebido como mecanismo de control derivado de la
autonomía empresarial).
El segundo gran interrogante es
el siguiente: ¿por qué se mantiene en gran medida (y
precisamente sobre los grupos económicos más significativos) la
propiedad estatal de las empresas?, ¿por qué no se ha acometido
aún un proceso de reestructuración de la propiedad a gran
escala? De nuevo recurrimos al trabajo de Nagakane para comenzar
a darnos la respuesta: en principio, no existe en teoría ninguna
consideración basada en la rentabilidad o la eficiencia de la
empresa pública para mantener su carácter (op. cit., págs.
9-17); las únicas dos razones para no privatizar están en un
plano que trasciende esta dimensión: o bien se piensa en
consideraciones de tipo social, o bien en una mirada más
macroeconómica que dé cuenta de los efectos de la privatización
en la economía nacional, mirada como un todo (Ibíd., pág. 10).
En nuestro caso concreto,
señalaremos que el freno en la reforma de la estructura de la
propiedad en la empresa pública se ha sustentado en ambos tipos
de consideraciones: a) en la necesidad de evitar procesos de
desempleo masivo, asociada a la imposibilidad de construir un
nuevo esquema de seguridad social, y b) en la iniciación de un
proceso de selección estratégica de industrias clave. Nos
referiremos en adelante al segundo de estos dos puntos.
Selección estratégica de
industrias
Podemos finalizar planteando cuál
es el modelo bajo el cual China pretende insertarse en la
economía global a partir de la Reforma. Existe sobre esta
cuestión un consenso en la literatura orientada a la
construcción de modelos generales, y en cierta literatura más
específica, acerca del rol de China en la economía global como
un país que, explotando sus ventajas comparativas (enorme oferta
de fuerza de trabajo a bajo costo) se especializa en la
industria liviana intensiva en mano de obra (textiles, productos
electrónicos de consumo) orientada a la exportación, modelo que
coincide con nuestro análisis de las redes de inversión.
No discrepamos en términos
generales con este modelo. Una vez más, no obstante, queremos
marcar sus límites y matices. Queremos marcar, también, en este
sentido y sobre la base de ciertas estadísticas e informaciones,
algunas tendencias que surgen al margen de este modelo,
planteando ciertos desafíos para su reconceptualización.
Estas tendencias están a su vez
en estrecha conexión con un planteo estratégico del gobierno
chino a la hora de hacer frente a la creciente
transnacionalización de la economía, y una decisión política,
consecuente y explícita, derivada de este planteo, de proteger
ciertos núcleos privilegiados de sus empresas.
Retomemos entonces una de las
medidas analizadas en el apartado anterior, cuando señalábamos
que, en el marco de la reestructuración corporativa de las SOE,
el gobierno había decidido estructurar a las empresas grandes y
medianas en conglomerados articulados a escala nacional.
Habíamos mencionado la conformación de ocho grandes grupos, como
resultado de este proceso de reestructuración: China
Petrochemical Corporation, China Oil and Natural Gas
Corporation, China Telecom, China Mobile,
China Unicom, Comunicaciones Satelitales de China, y
Comunicaciones Ferroviarias de China.
Estos ocho conglomerados de
propiedad estatal son representativos de los sectores que se
desea proteger: la industria pesada (agregando a la petroquímica
la siderurgia y la metalurgia) y las telecomunicaciones, además
de los servicios públicos (So, págs. 85-86; Castells, pág. 359).
La lógica subyacente a esta
opción de política económica está relacionada con la discusión
que a comienzos de los ’90 se plantearon Deng Xiaoping y el
liderazgo político del PCCh en torno a la globalización
económica. El gobierno reformista de China entendió rápidamente
a la globalización económica como un hecho, y como un hecho
vinculado a la transnacionalización de las actividades de las
empresas multinacionales, a partir de la segmentación de los
procesos productivos. Los dirigentes chinos conocían muy bien
este fenómeno, y querían integrarse a él. Ahora bien, ¿cómo?
Para responder esta pregunta, se formuló a) un principio
estratégico que sirvió como axioma que orientó toda decisión
política ulterior: la defensa de la soberanía política y
económica del país, subordinando la modernización económica a
este principio, como instrumento y b) una precisión de la noción
de "globalización". Por ella, el gobierno entiende el desarrollo
de un proceso estructurado en forma de red, a través de la
transnacionalización de las actividades de las empresas
multinacionales. En esta estructuración, el predominio de las
jerarquías corporativas es central, antes bien que las economías
nacionales o la "mano invisible" de los mercados globales (Moore,
págs. 78-79).
En función de estas premisas, se
puede leer la estrategia del gobierno de la siguiente manera,
que se concreta en tres modalidades diferentes:
1- Ingresar en esta
estructuración en red, por vía de la participación de las
empresas chinas a) en empresas conjuntas con las
multinacionales, en las cuales las empresas chinas conforman un
eslabón en el proceso productivo de aquéllas; b) a través de la
especialización en productos terminados en el sector de la
industria liviana intensiva en mano de obra y orientada a la
exportación, y c) a través del incentivo a la localización en el
mercado chino de empresas extranjeras en la industria liviana.
Esta modalidad responde a la visión tradicional entre China y la
economía global. Es complementaria, no obstante, con otras dos
modalidades más.
2- La conformación de
multinacionales chinas que compitan en los sectores más altos de
la escala tecnológica, y en la economía de servicios (ibíd.,
págs. 79-81).
3- Finalmente, la búsqueda, en la
puesta en práctica de ambas líneas de desarrollo, de la
transferencia tecnológica desde el extranjero, y la preservación
de los insumos básicos para la industria china en manos del
Estado.
Si atendemos a la estructuración
de los grupos económicos mencionados anteriormente, vemos cómo
la decisión política de reestructurarlos y mantenerlos dentro
del ámbito de la propiedad estatal se ordena fácilmente en esta
estrategia. Esto porque, en primer lugar, los ocho grupos
económicos mencionados se han organizado a escala nacional y
como conglomerados, con filiales y subsidiarias en todo el país
(filiales y subsidiarias que constituían empresas estatales
autónomas antes de la reforma), reflejando la preocupación
estatal por construir "jerarquías corporativas", estructuras de
grandes empresas en red. En el caso de la metalurgia, la
siderurgia y la explotación de combustibles, además, vemos cómo
la protección de este sector responde a la tercera de las
iniciativas mencionadas. Los restantes seis grupos económicos
mencionados pertenecen todos al sector de las
telecomunicaciones, intensivo en capital, en los estadios más
avanzados de la escala tecnológica. Señala Castells en relación
a este sector que
[las empresas chinas de
telecomunicaciones] han logrado mejorar su productividad y
calidad tecnológica, conquistando cuotas de mercado sobre los
competidores extranjeros en China, incluso en aquellas líneas de
productos fabricados en China por empresas extranjeras. Gracias
a compañías controladas por el Estado […] las empresas chinas
han aumentado su cuota en el mercado chino de telecomunicaciones
desde un 10% a un 55% en 1998. Aunque el apoyo gubernamental en
algunos contratos, sobre todo de nivel provincial, ha favorecido
a los fabricantes chinos, los analistas industriales consideran
que la elevada calidad y el intenso trabajo de ingenieros chinos
innovadores y con reducidos salarios, así como el esfuerzo en
I+D de los fabricantes locales chinos, han sido los factores más
importantes en la mejora de la competitividad frente a las
firmas extranjeras (Castells, pág. 359).
Tenemos en esta cita los dos
elementos que interesan en nuestro análisis: protección estatal
e inserción exitosa en la competencia por los mercados. Podemos
completar este cuadro con ciertos datos que confirman estas
afirmaciones, y que indican ciertas tendencias posibles a
futuro: en primer lugar, el cambio reciente en la composición de
las exportaciones chinas. Podemos detectar este cambio a
mediados de la década del ’90; hasta 1993, el grueso de las
exportaciones estaba compuesto básicamente por los siguientes
rubros: calzados, textiles, y otros productos de consumo
intensivos en trabajo (juguetes, productos electrónicos de
escasa complejidad) (Rumbaugh y Blancher, pág. 4). En los 10
años siguientes, China diversificó sus exportaciones,
registrando un significativo crecimiento en los siguientes
rubros: mobiliario, servicios (productos turísticos, transporte
y telecomunicaciones), insumos industriales y electrónica de
alta complejidad (computadoras personales, audio y maquinaria
eléctrica). Si bien es cierto que esto ha sido concomitante con
un proceso de integración vertical en el área del Asia Oriental,
en el que China se ha especializado en los segmentos finales de
la cadena de producción, con partes importadas de Corea, Taiwan
y el resto de las economías "recientemente industrializadas" de
la región (Ibíd., págs. 4-6), es innegable el avance en la
diversificación de las exportaciones, y en el crecimiento del
sector de servicios y alta tecnología, al que previsiblemente ha
apostado además el gobierno. El incremento en la participación
del sector de maquinaria (incluyendo aquí los productos
tecnológicos), transporte y telecomunicaciones en las
exportaciones (de un 17% en 1993 a un 41% en 2003) es paralelo a
la declinación de manufacturas livianas (textiles, juguetes,
etcétera: de un 42% en 1993 a un 28% en 2003) (ibíd., págs.
4-6).
Estas transformaciones han ido de
la mano también con una política gubernamental que las ha
acompañado, con un alto nivel de protección por ejemplo para el
sector de servicios en las discusiones previas a los acuerdos de
incorporación de China a la OMC (finalmente efectivizada, luego
de largas negociaciones, en diciembre de 2002). Estas
discusiones comienzan desde un punto de partida en el cual los
sectores de servicios, finanzas y seguros siguen siendo
sumamente restrictivos a la participación de empresas
extranjeras. También debemos considerar como punto de partida,
en el sector de las telecomunicaciones, el marco regulatorio e
institucional vigente, aún antes de los compromisos suscriptos
ante la Organización Mundial de Comercio. Es que, en función de
la estrategia que acabamos de analizar, el gobierno había
decidido la reestructuración de sus agencias en el sector: esta
decisión se plasmó, en abril de 1998, en la creación del
Ministerio de la Industria de la Información. Organizado sobre
la base de la estructura de tres ministerios preexistentes (el
Ministerio de la Industria Electrónica, el Ministerio de Correos
y Telecomunicaciones y el Ministerio de Radio, Cine y
Televisión), el MII fue explícitamente orientado en función de
la defensa de los intereses chinos en la economía global (Moore,
págs. 72-73; 82-85). En cuanto al marco regulatorio vigente, lo
que formalmente existe es una estructura que restringe la
entrada a nuevas empresas (según la cual el Estado es el que
otorga las licencias para la operación en el área, a través del
MII, a las empresas no estatales), y un sistema de tasas por los
derechos de explotación, estipuladas por encima de los
estándares internacionales, y que constituye una significativa
fuente de ingresos fiscales, tanto para el gobierno central como
para las jurisdicciones locales (Whalley, pág. 16). En la
actualidad, el gobierno está comprometido en teoría a
liberalizar el sector, a través del otorgamiento a futuro de un
mayor número de licencias (ibíd.). En la práctica, no obstante,
la realidad es la de un virtual monopolio estatal; el principal
operador es China Telecom, que controla el 99% de las
líneas de telefonía fija en China. Quien le sigue es otro
conglomerado estatal, China Unicom, principal operador en
telefonía móvil (ibíd.).
En la actualidad, y en la
práctica, debemos destacar que estamos ante un cuadro de virtual
monopolio estatal en este sector. El estudio de Whalley que
hemos estado siguiendo a la hora de presentar esta evidencia
tiene la virtud de ligar este cuadro en este sector (específico
pero clave) con otro que habíamos trazado, aquél que nos informa
acerca del freno en el proceso de transferencia de la propiedad
de la empresa pública, y de alta dependencia de las SOE hacia
los créditos bancarios. Señala este autor que la protección de
ambos sectores (el sector de servicios en particular y el
danwei entendido como unidad de trabajo en general) está
íntimamente relacionada. Proceder a la liberalización del sector
de servicios ("soltar" a las SOE del sector, a través tanto de
la privatización como del otorgamiento de un mayor número de
licencias a empresas extranjeras, o por vía de la reducción de
los derechos de explotación), tal como está estipulado en los
acuerdos de incorporación a la OMC (que prevén, por ejemplo, la
libre entrada para las empresas del sector de servicios para
2007), si bien puede tener efectos positivos sobre la economía
considerada de manera global (aunque existen dificultades en la
ponderación de esos efectos), hará incurrir a las empresas
públicas en cuantiosas pérdidas (Ibíd., págs. 20-31), con los
efectos sobre el bienestar social que ya hemos señalado, si no
se desarrollan en paralelo instituciones orientadas a resolver
estos problemas.
Conclusiones
A partir de lo desarrollado en
nuestro artículo habría que continuar investigando para explicar
los verdaderos alcances de las reformas económicas impulsadas en
China desde 1978 y su relación con el capitalismo crecientemente
mundializado. Si atendemos a otras variables más significativas
que la existencia o no de propiedad privada, podremos ver con
claridad que China no es hoy un "capitalismo de libre mercado" y
no se encuentra a merced de la marea globalizadora del capital.
¿Cuáles son estas variables? Podemos mencionar dos, que a
nuestro juicio son fundamentales: altísimos grados de
intervención estatal en la economía y de protección interna de
la economía frente a las presiones externas. Deberíamos pues en
esta etapa sintetizar nuestra investigación y propuesta:
a) El verdadero alcance que han
tenido hasta nuestros días los 26 años de reformas económicas y
sociales acaecidas en la RPCH implica, al mismo tiempo, un
cambio respecto al período anterior, 1949-1978, en la medida que
se transitó desde una "economía del plan" a una "economía de
mercado". Lo anterior poco tiene que ver con la bizarra
discusión acerca si China se la reconoce o no como economía de
mercado, porque lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Ambas
etapas corresponden a formas y contextos diferentes del
desarrollo del "capitalismo de Estado en la RPCH". Y para
decirlo en otros términos: implica una relación muy diferente de
la formación social China con el capitalismo crecientemente
mundializado de la que tiene Brasil, por ejemplo, aunque en
ambos países existe una intervención estatal importante. En esas
formas y contextos diferentes, habría que analizar el carácter
de la propiedad en la
RPCH, en perspectiva histórica, y
por supuesto la conformación de sus clases y sectores sociales;
b) Por último, debemos señalar un
aspecto que sólo hemos desarrollado parcialmente en nuestro
artículo y que atañe a las relaciones que hoy existen en China,
entre el capital y el trabajo, y "qué es y cómo es hoy la clase
obrera china". En relación a lo anterior, debemos tener en
cuenta que la modernización e industrialización de la era
maoísta creó una clase obrera cuantitativamente importante y
también cualitativamente diferente, como lo señala Maurice
Meisner: "Entre 1950 y 1977 la producción industrial creció a un
promedio anual de 13,5%, y 11,3% si se toma desde 1952 [...].
Esta industrialización produjo significativos cambios en la
estructura social china [...], la clase obrera urbana creció de
3 millones en 1952, a más de 18 millones a mediados de los ’70.
Aún más, la política de construir industrias de pequeño tamaño
en el agro transformó 28 millones de campesinos (aparte de la
fuerza de trabajo rural, de alrededor de 300 millones) en
trabajadores de comunas y brigadas fabriles" (Meisner, págs.
436-437). Imaginemos hoy el crecimiento enorme que ha tenido
esta clase obrera después del proceso de reformas impulsado
desde 1978. Por lo tanto creemos que es mucho más importante
prestar atención a esta "nueva-vieja" clase obrera china, su
conformación y accionar. Lo anterior, en el sentido del interés
académico y periodístico, es muchísimo más importante que, por
ejemplo, investigar acerca de la secta religiosa Fa Lun Gong.
Bibliografía y fuentes
Arrighi, Giovanni, "The Rise of
East Asia and the Withering Away of the Interstate System",
Journal of World-Systems Research, vol.2, Nº 15.
Beltrán Antolín, Joaquín, "El
Arte de las Relaciones Sociales", en Revista de Occidente,
n°172, Madrid, septiembre de 1995.
Castells, Manuel, Era de la
Información, Madrid, Alianza, 2001, vol.3, "Fin de Milenio".
Chavance, Bernard, "De la Reforma
del Socialismo a la Transformación post-Socialista: China en
Perspectiva Histórica", en Silbert, Jaime, y Santarrosa, Jorge,
eds., Desarrollo Económico y Democratización en Corea del Sur
y el Noreste Asiático, Córdoba, Comunicarte, 1998, págs.
155-176.
Deng, Xiaoping, Textos
Escogidos, t.III (1982-1992), Beijing, Ed. en Lenguas
Extranjeras, 1994.
Fan, Gang, "La Inserción de China
en la Economía Mundial", Cuadernos del CERI (Centro Español de
Comercio Exterior), N°2, Madrid, octubre de 1998. pág. 34.
Fernández-Stembridge, Leila,
"Reformas de las Empresas Estatales y Política de Reempleo en
China", Madrid, Boletín del Instituto de Comercio Exterior,
Nº797, febrero de 2002.
Gandini, Jean-Jacques, "Hong Kong
en la Morsa China", Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur,
n°48, junio de 2003.
He, Qinglian, "La Descompensada
Estructura Social de la China Actual", New Left Review, N°6,
enero/febrero de 2001.
Kerr, David, "Has China Abandoned
Self - Reliance?", Universidad de Durham, ponencia presentada en
la Conferencia Sobre Nacionalismo Chino: Visiones Críticas e
Interdisciplinarias, abril de 2002, en www.dur.ac.uk/EastAsianStudies.
Kyung, sup-Chang, "The Politics,
of Partial Marketization: State and Class Relations in Post-Mao
China, Asian Perspective, vol.25, Nº4, 2001.
Lew, Roland, "Los Riesgos de
Conciliar Socialismo y Mercado, Le Monde Diplomatique, Edición
Cono Sur, Nº18, diciembre de 2000.
Lin, George, "Regional
Integration in South China: Processes and Consequences in a
Local Economy of the Pearl River Delta", Asian Perspective,
vol.25, Nº4, 2001.
Meisner, Maurice, Mao´s China
and After. A History of the People´s Republic, New York, The
Free Press, 1986, pág. 443. Este libro, poco conocido en nuestro
país, es un texto básico para comprender la RPCh. Está siendo
traducido para su próxima publicación en Editorial Comunicarte,
Córdoba, que publicara el año pasado El Lugar de Corea en el
Sol de Bruce Cumings, en su colección "Rojo y Negro".
Moore, Thomas, "China and
Globalization", Asian Perspective, vol.23, Nº4, 1999.
Nakagane, Katsuki, "SOE Reform
and Privatization: a Note on Several Theoretical an Empirical
Issues", Universidad de Tokyo, noviembre de 2000, en www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/dp/2000/2000cf95.pdf.
Rocca, Jean-Louis, "Grandes
Comilonas y Grandes Libaciones: los Banquetes en las Costumbres
Políticas Chinas", F. Letamendia y C.Coulon (comps), Cocinas del
Mundo. La Política en la Mesa, Madrid, Fundamentos, 2000.
Rumbaugh, Thomas, y Blancher,
Nicolas, "China: Internacional Trade and WTO Accession", IMF
Working Paper Nº36, abril de 2004, en www.kiet.re.kr/files/news1/20040330-wp0436.pdf.
Saich, Toni, "China on the
Threshold of a Market Economy," Harvard University, marzo de
2001, en www.ksg.harvard.edu/cbg/research/a.saich_cbg_china.threshold.pdf.
Shirk, Susan, The Political Logic
of Economic Reform in China, Berkeley, University of California
Press, 1993.
So, Alvin, "China under the
Shadow of the Financial Crisis: Retreta from Economic and
Political Liberalization?", Asian Perspective, vol.23, Nº2,
1999.
Whalley, John, "Liberalization in
China’s Key Service Sectors Following WTO Accession: Some
Scenarios and Issues of Measurement", NBER Working Paper Nº
10143, Cambridge, National Bureau of Economic Research,
diciembre de 2003, en www.nber.org/papers/w10143.
Woo-Cumings, Meredith, "El ‘Nuevo Autoritarismo’
en Asia Oriental," en Silbert, Jaime, ed., La República de
Corea Hoy: Economía, Sociedad, Relaciones Internacionales,
Córdoba, Comunicarte, 1998. |
