a) Introducción

El derecho a la información, como derecho humano básico, encuentra su recepción positiva -entre otras disposiciones- en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), norma que ha adquirido jerarquía constitucional desde su incorporación al texto fundamental (CN. art. 75, inc. 22) en la reforma operada en 1994.

El art. 13 de la Convención expresa:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección..."

Si bien puede observarse que este derecho se encuentra protegido jurídicamente, no es menos cierto que el ejercicio del derecho a la información, por parte de quien informa y de quien requiere información o a quien se informa, encuentra en la práctica obstáculos y limitaciones.

Coincidentemente, han quedado superadas las estructuras tradicionales de los medios de comunicación social al ingresar a la dinámica de la comunicación nuevos y variados medios de transporte de la información.

En este sentido, la integración de servicios y la convergencia tecnológica han gravitado sustan-tivamente para tal objetivo. En este ámbito, Internet se ha presentado ante los ojos del mundo como uno de los factores que mayor impacto han causado en el proceso de la comunicación.

Sin embargo, en este contexto, el vertiginoso desarrollo de Intemet, la informática, la telefonía inalámbrica, entre otras prestaciones, contrasta con la realidad, la que demuestra que el 65% de los habitantes del planeta no ha hecho nunca una sola llamada telefónica, y que el 40% de la gente no tiene acceso a la electricidad. Dicho de otra forma: la teledensidad media global de los países desarrollados es del 52%, y la de los no desarrollados, del 5%, según datos de la UIT ⁽¹⁾.

Rifkin señala: "...Es comprensible que, en un mundo interconectado, el acceso a la electri-cidad, las líneas telefónicas, las emisoras de radio y televisión e Intemet constituyan el mejor índice de conectividad. Los 24 países de la OCDE - los más ricos del mundo - repre-sentan menos del 15% de la población mundial, pero disponen del 71% de las líneas telefónicas existentes" ^{(2 y 3)}.

"El último informe de la Unesco que se hizo sobre Internet dice que el 2,3% de la población mundial ha utilizado en algún momento Internet. Lo cual quiere decir que el 97,7% jamás la utilizó. Por eso estamos en una especie de autoexclusión" ⁽⁴⁾.

En la misma línea argumental, Ford explica que Internet es el sistema de comunicación en el que la brecha es mayor.

"Los Estados Unidos abarcan el 82,7%. Este es un dato clave: toda Europa tiene el 6,22%; Asia y Oceanía, el 3,75%, y Latinoamérica, el 0,38% de uso de Internet. A veces resulta difícil percibir el tamaño de estas diferencias y necesitamos cierto tipo de recurso retórico para ponerlas en evidencia, como el que utiliza Ortiz Crespo, quien afirma que el lector promedio de The New York Times consume más páginas cada domingo que un africano promedio en un año" ⁽⁵⁾.

Se ha señalado que la revolución tecnológica operada en el campo de las comunicaciones, además de borrar las fronteras existentes entre las telecomunicaciones y la radiodifusión, también lo está haciendo respecto de la línea divisoria que separaba tradicionalmente lo público de lo privado.

Como afirma Cairncross, "en el pasado los gobiernos de los países democráticos se han preocupado raramente de las conversaciones de sus ciudadanos en la privacidad, en lo que se escriben por carta o en lo que se dicen por teléfono. Sin embargo, tienen mucho interés en la información que aparece en libros, periódicos, en la radio o en la televisión, Por consiguiente, siempre ha habido dos clases de intercambio: uno privado y práctica-mente sin regulaciones, y otro público y sujeto a normas... En la actualidad, la línea entre lo público y lo privado se está difuminando. Una misma red puede distribuir un periódico, un programa de televisión o una carta privada, de la misma forma que un solo terminal puede recibirlo todo. Lo que se inicia como privado -un correo electrónico, por ejemplo- puede pasar sin sesgos al terreno de lo público sólo con enviarlo a un web site. El espacio público y el privado, hablando en sentido electrónico, serán difíciles de separar" ⁽⁶⁾.

En este contexto, debe coincidirse entonces que el dinamismo propio de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías de la comunicación han conformado un proceso de ruptura de las fronteras técnicas que tradicionalmente caracterizaban a los medios de comunicación. Hoy, por caso, ya no resulta tan sencillo separar tajantemente la televisión, la radio y la telefonía, cuando estos servicios son prestados a través de Internet.

En función de lo expuesto precedentemente, más complejo aún resultará encuadrar normativa-mente el derecho a la información, dentro de este nuevo escenario de la comunicación.

b) Encuadramiento jurídico

Los distintos autores que se han ocupado de estudiar los principios jurídicos y las normas que regulan el proceso de la comunicación social (Bidart Campos, Fayt, Cocca, Márquez Alurralde, Ballester, Ekmekdjian, Nino, Zaffore, Loretti, Badeni, entre otros) denominaron a esta disciplina derecho a la información, derecho de la información, derecho de la comunicación, derecho a comunicarse, o simplemente, régimen jurídico de las comunicaciones.

Sin perjuicio de observar cuestiones terminológicas, puede señalarse que la legislación vinculada con la información social se encuentra dispersa en distintas ramas del Derecho, y desde el punto de vista normativo, nuestro país presenta en la actualidad un heterogéneo régimen jurídico referido a la información, compuesto por normas nacionales, provinciales, municipales, regionales e internacionales. En este sentido, podemos apreciar que, además de la normativa específica en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, existen principios de este nuevo derecho en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, en códigos, como el Civil y Penal, en la legislación comercial, autoral, y en diferentes convenios colectivos, vinculados con periodistas, locutores y diversos trabajadores de los medios en general.

c) Aspectos constitucionales, civiles y penales

Previo a considerar este nuevo fenómeno técnico/jurídico, usualmente denominado convergencia, puede señalarse que existe un nuevo derecho constitucional de la información a partir de la refor-ma de nuestra Carta Magna en 1994. Como se señaló, el texto constitucional ha incorporado un importante conjunto de disposiciones relativas a este nuevo derecho, modificando conceptual-mente lo establecido en el texto sancionado en 1853/60.

Los clásicos temas referidos a la libertad de expresión, la censura o la problemática sobre el alcance de la legislación sobre medios se ven complementados ahora por institutos novedosos como el derecho a la información ambiental (art. 41), el derecho de información de los consumi-dores y usuarios (art. 42), el hábeas data y el secreto de las fuentes de información periodística (art. 43), la protección a la identidad y pluralidad cultural, la libre circulación y creación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales (art. 75, inc. 19), y el derecho de réplica (P.S.J.C.R., art. 14).

Asimismo, la reformada Constitución Nacional diseña un nuevo esquema legislativo entre la Nación y las provincias, que debe ser analizado muy detenidamente para comprender las atribuciones del Estado nacional y provincial, así como también de los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la regulación del funcionamiento de los medios de comunicación.

El debate entre algunas provincias y el gobierno nacional en relación con la legislación en materia de radiodifusión, y el sostenido últimamente entre los municipios y el Estado nacional a raíz de la propuesta de modificación de la Ley de Telecomunicaciones (art. 39), en cuanto a la aplicación de gravámenes por la utilización del espacio aéreo del dominio público local para la ubicación de instalaciones y redes, ha generado más de una controversia desde el punto de vista jurídico ⁽⁷⁾.

En orden a las normas del derecho civil que se refieren al proceso de la comunicación social, puede señalarse que existe un amplio espectro normativo. En el mismo Código Civil se encuentra un sinnúmero de normas, como las vinculadas al derecho a la intimidad o privacidad (art. 1071 bis), a la libertad de las acciones o de la conciencia (art. 953), o las relacionadas con el derecho al honor (arts. 1077/9, 1089, 1990 y 1109). A su vez, la Constitución Nacional brinda protección a la intimidad en su art. 19, y concordantemente resguardan estos derechos con jerarquía constitu-cional la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (art. 5); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12); el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 3, 5, 11, 18) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).

Todo este bloque de legalidad impone límites al derecho a la información y, obviamente, a la libertad de expresión, toda vez que consagra valores como el honor, la intimidad o la imagen, derechos que más de una vez han sido afectados a través de los medios de comunicación. Al respecto, podemos observar una vasta jurisprudencia, demostrativa de la complejidad de esta temática.

En cuanto a lo relativo a la responsabilidad civil, el régimen general del derecho de daños es, en principio, el que da respuesta a dicha problemática, regulando lo atinente a indemnizaciones, enriquecimiento sin causa, daño moral, etcétera.

En otro orden, la aparición constante de nuevas y variadas tecnologías de la comunicación, principalmente en el campo de la informática, exige una renovada y permanente regulación jurídica que contemple, entre otros aspectos, el derecho a la intimidad, los bancos de datos, la autodeterminación informativa y los derechos autorales, pero enfocados y analizados desde la órbita de un remozado derecho civil. Coincidentemente, es más que obvio destacar que mediante el ejercicio de la libertad de expresión es factible que se afecten bienes y valores que el derecho penal protege. La transmisión de información puede lesionar el honor de terceros, la seguridad nacional o la moral pública. Un inadecuado o abusivo uso de la libertad de expresión puede signi-ficar la instigación a cometer delitos, apología del crimen o un atentado al orden constitucional.

En el ámbito eclesiástico (religiosos en su función específica) o determinados profesionales (abogados o médicos) pueden violar el denominado "secreto profesional" si difunden información que han conocido en razón de su actividad o profesión.

Se burlaría la buena fe de los consumidores si se anuncian falsos métodos curativos; se afectaría el desarrollo de las relaciones comerciales mediante la difusión de medidas que tiendan malicio-samente a alterar los mercados. También podríamos encontrar en la programación de los medios, prácticas o conductas discriminatorias.

La propiedad intelectual se ve avasallada por el plagio ⁽⁸⁾, la reproducción indebida de obras y bienes culturales o por otros tipos de delitos previstos en la leyes que resguardan los derechos intelectuales.

A su vez, los propios medios pueden ser víctimas de la comisión de delitos, como las trabas a la circulación de libros o periódicos o, directamente, los atentados que se efectúen contra teléfonos y sistemas de comunicación, y que el Código Penal expresamente reprime. Por otro lado, existe un conjunto de delitos respecto de los cuales la prensa constituye una verdadera modalidad de comisión. Se trata de aquellos delitos que requieren una publicación manifiesta. Así, la difusión de injurias vertidas por un tercero y publicadas por un medio. En este particular delito se ha planteado la injusticia de castigar al mero reproductor de una calumnia o injuria. d) La dinámica de la comu-nicación

El marco jurídico que regula la radiodifusión y las telecomunicaciones está fuertemente impregna-do de contenidos propios del derecho administrativo.

En ese mismo orden de ideas, cabe recordar que las autoridades regulatorias y de control de estos sectores son organismos públicos, como el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Secretaría General, el Comité Federal de Radiodifusión y la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación, todos ellos ubicados en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional.

De lo expuesto se desprende que las resoluciones que dictan estos organismos, juntamente con la legislación de fondo, conforman el ordenamiento jurídico que regula la radiodifusión y las telecomunicaciones de nuestro país. A ello debe sumársele la normativa dispuesta para el sector gráfico.

En el mismo orden, las distintas empresas periodísticas, si desean funcionar dentro de la legali-dad, deben dar cumplimiento a un conjunto de normas jurídicas. La propia Ley de Radiodifusión tiene diversas normas referidas a los aspectos comerciales y empresariales de los medios de comunicación.

Por ejemplo, la citada ley requiere a las sociedades que exploten servicios de radiodifusión el cumplimiento de diversos requisitos específicos, entre otros, los referidos a la nacionalidad y solvencia patrimonial. Paralelamente, la participación de empresas extranjeras, instaladas en el campo de los medios de comunicación como consecuencia de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones suscriptos con los Estados Unidos, España, Francia, Italia y los Países Bajos, por caso, han internacionalizado el escenario audiovisual, generándose con ello procesos de concentración.

Por último, se señala que las nuevas tecnologías de la comunicación y la expansión del fenómeno multimedia también han contribuido con el fenómeno de la concentración. En este contexto, la supercarretera de la información nos conducirá inexorablemente a la integración de los servicios de radiodifusión (televisión, cable, radio, etc.), la informática, el video y la telefonía.

Notas:

1. Teledensidad: relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área. Decreto 764/00, Reglamento de Licencias para servicios de telecomunicaciones, art. 3º.

2 y 3. Rifkin, Jeremy; The Age of Access, citando a International Telecommunications Union: Report on the State of World Communications ITU Newletter, págs. 9/12. OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

4. Ramonet, Ignacio, director de Le Monde Diplomatique; "Por sí misma, Internet no cambia el mundo", pág. 26, Clarín (A Fondo), 8 de julio de 2001.

5. Ford, Aníbal; "Procesados por otros", revista Encrucijadas, UBA, junio 2001.

6. Cairncross, G. Frances; La muerte de la distancia, págs. 241/242, Paidos, Empresa.

7. El art. 39 de la ley 19.798, señala: "A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de todo gravamen".

8. "El plagio consiste en la apropiación de todos o de algunos elementos originales de la obra de otro autor, presentándolos como propios. El plagiario siempre lesiona el derecho de paternidad del verdadero autor, pues sustituye la identidad de éste por la propia; en la mayoría de los casos también lesiona el derecho de integridad de la obra, pues es habitual que el plagiario trate de disimular el plagio". Villalba, Carlos. A. y Lipszyc, Delia, El Derecho de Autor en la Argentina, pág. 283, Editorial La Ley, 2001.