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No puede existir sino en
función de la sociedad
El periodista
pertenece a una especie de casta paria que la ‘sociedad’
juzga siempre de acuerdo con el comportamiento de sus
miembros moralmente peores (…)
Pocas gentes saben apreciar que la responsabilidad del
periodista es mucho mayor que la del sabio (…).
Max Weber, La política como vocación
Regular el periodismo es un riesgo; no
regularlo, un peligro. Temerosos del riesgo,
legisladores y periodistas optan por el peligro. Y
deciden abstenerse. El resultado es la ausencia, o
incumplimiento, de normas. Así, el periodismo se sujeta
únicamente a sus principios. La mejor ley, la más
atractiva, es la que no existe. La apuesta "segura" –se
afirma, se convence– es la autorregulación. Pero ésta,
cuando logra abrirse paso, resulta insuficiente.
De tanto en tanto, cual tentación cíclica, aparecen
señales y propuestas que, cansadas de soportar el
peligro, desafían el riesgo. El argumento parece
consistente: la información no es sólo ejercicio de
libertades, sino también espacio de responsabilidades.
Hay, pues, que equilibrar ambos (convicciones/efectos)
mediante instrumentos de regulación. El resultado son
proyectos de ley que, como fatalidad, reciben la condena
de los amantes de la anomia. Temerosos, los proyectistas
abandonan pronto su propósito. Y como la no decisión es
también una decisión, la suma de la contienda es cero.
I. Ya se ha dicho. La historia, cuando no se aprende,
se repite como caricatura. En materia de legislación
para los medios de difusión esta trama es harto
conocida. La "normalidad" se nutre de la antinormalidad,
y se consolida porque periódicamente surgen intentos por
cambiarla. Cada vez que se diseñan bosquejos de normas
para los mass media, la opción por las no normas sale
fortalecida. En materia de comunicación, como en la
oscuridad, "se retrocede con seguridad, pero se avanza a
tientas".
No es novedad: el terreno de los medios está salpicado
de malogrados "Proyectos de Leyes Generales de
Comunicación Social". Normas que, independientemente de
sus contenidos y propósitos, son estigmatizadas por
definición, descalificadas por principio y etiquetadas
por tradición: "leyes mordaza". Y terminan abandonadas,
como las malas promesas, en la vereda de las buenas
intenciones. Como bien diría, con tono de lamento, un
columnista del semanario etcétera en referencia al
abortado intento de diseñar y discutir (en octubre de
1998) una legislación federal en este campo: "… si
alguien considera conveniente poner a discusión ese
tema, de manera inmediata se encuentra prácticamente a
las puertas del infierno".1 Y las temporadas en el
infierno –nos lo enseñó el joven Rimbaud– provocan
tantos desvaríos como las temporadas en el paraíso.
Pero la obsesión por el control de los medios desde el
poder político no es sólo un invento de los hombres y
mujeres del periodismo; es también una sabrosa
tentación. Baste recordar el frustrado intento de los
gobiernos iberoamericanos cuando, en la Cumbre
Presidencial de Margarita, a mediados de 1997, buscaron
aprobar el llamado derecho a la "información veraz",
reservándose para ellos, claro, el monopolio de definir
qué era veraz –y qué no– en la información: una vulgar
forma de censura. Por pasarse de listos, pecaron de
ingenuos. Y renovaron la distorsión: no son pocos
quienes siguen creyendo que el periodismo es la
continuación del poder por otros medios; o, mejor, que
la política es el uso de la información para otros
fines.
En ese contexto, como respuesta –o a veces como
evasión–, la variante que se plantea frente a la
regulación es la autorregulación. El razonamiento es
simple y bastante contundente: la única crítica que
soporta la prensa, la que no puede transformarse en
sanción ni control (sobre todo desde los poderes del
Estado), es la que se hace a sí misma. Cualquier intento
de intervención externa a los medios de difusión
atentaría contra la necesidad-posibilidad de éstos de
autocontrolarse. Así, frente a las leyes y reglamentos,
los periodistas oponemos como alternativa –cuando lo
hacemos–, nuestros códigos de ética, estatutos de
redacción, manuales de estilo, defensorías del lector,
tribunales de honor, consejos de prensa… El riesgo
derivado de esta decisión es que, como con razón
advierte Eco en relación con la prensa italiana: "Una
vez demostrada la propia falta de prejuicios
autoflagelatorios, la prensa ya no se interesa en
reformarse". Es decir, la autorregulación, que en
esencia podría ser la opción inteligente en este campo,
muchas veces termina siendo sólo una coartada, acaso un
subterfugio. El propósito: evitar la regulación.
II. Resulta evidente, en todo caso, que la
preocupación por: a) la regulación: como búsqueda de
responsabilidad o intento de control, y b) la
autorregulación: como ejercicio autocrítico o
justificativo para que nada cambie en el ejercicio
periodístico, parten de un supuesto común ya añejo y
bastante debatido: los medios de difusión acumulan no
sólo defectos, sino –y esto es lo esencial– producen
efectos; esto es, tienen peso. Y la mejor forma de
limitar un peso, lo enseña la lógica de los equilibrios
que está en la base de la democracia, es oponerle un
contrapeso.
Luego de aquellas oleadas en las que se pasó de
satanizar a los medios masivos a prácticamente
bendecirlos, parece haber algún acuerdo entre los
especialistas en que si bien los media no producen
efectos absolutos, individuales, inmediatos y de cambio
(de comportamientos), sí generan efectos limitados,
sociales, de largo plazo y de refuerzo (de actitudes).
La diferencia no es irrelevante. Como tampoco lo es esa
renovada "vuelta al poder de los media", sobre todo en
tres de sus vertientes más controvertidas: "proceso de
planetarización", "videopoder" y "función cognitiva".2
Constatación esencial: la centralidad de la comunicación
es hoy un dato incuestionable. No es casual entonces
que, cada vez con mayor frecuencia y convicción, las
sociedades modernas sean definidas como "sociedades de
información", los gobiernos como "gobiernos de opinión"
y las democracias de fin de siglo como "regímenes
teledirigidos".
Si a ello se añade la falsa pero harto contagiosa
metáfora de la prensa como "Cuarto Poder", la lógica del control de
los medios deja de ser sólo una tentación y aparece como una
necesidad de sobrevivencia (para los otros tres poderes públicos,
claro). Así, mientras medios y periodistas se asumen como vigilantes
de gobernantes, legisladores y jueces; éstos ven a aquéllos como a
sus empleados. Tremenda desubicación, que se reproduce sin tregua ni
vergüenza en una tensión cómplice: el poder quiere medios de
comunicación a su servicio; éstos, a su vez, pretenden un Estado a
su gusto. En medio de esa pugna, la gran ausente –la siempre
olvidada (obviada)– es la ciudadanía, pese a ser la auténtica
titular del derecho a la información.
En esa dinámica, y bajo tales supuestos con los cuales se decide y
actúa en relación con el tema, lo único en que parece haber avance
es en el ejercicio del desgaste. La reiterada contienda entre
"nuevos intentos por vulnerar la libertad de expresión", desde el
sistema político, y "movilizaciones y estados de alerta", en el
sistema de medios de difusión masiva, no deja de ser un ejercicio
democrático, pero infructuoso y aburrido. Es fundamental, pues,
ubicar el problema en otra perspectiva de observación. El reto quizá
radique en relativizar la discusión sobre los principios y valores
de la información periodística, y ocuparse de sus fines y
consecuencias.
III. En la difícil sumatoria del riesgo de regular el periodismo y
el peligro de no hacerlo, parece necesario concentrar nuestros
esfuerzos analíticos y normativos no en la definición de si la
libertad (de prensa) es más o menos importante que el derecho (a la
información), sino en identificar cuáles son las decisiones que
permiten ejercer los principios periodísticos sin restricciones pero
a la vez velando por la responsabilidad informativa. Es decir, el
asunto no es si optamos por las libertades o por sus consecuencias,
sino con base en qué acciones cotidianas logramos
combinar-equilibrar ambas.
La cuestión tal vez no pase por seguir discutiendo la conveniencia o
no de andar, por principio, el camino de la autorregulación (lo que
nada tiene que ver con autocensura); o, en su caso, apostar por
leyes y reglas que provengan, como obligación, desde fuera de los
medios (lo que tampoco implica fatalmente censura). Parece más
pertinente, como periodistas, asumir el hecho de que mientras
sigamos solazándonos en la autocontemplación del ombligo,
creyéndonos dueños de la verdad y sus rincones, y negando
sistemáticamente toda deficiencia e insuficiencia en nuestras filas,
la exigencia de responsabilidad social y decencia en nuestro oficio
vendrá por una de estas dos vías –o las dos–, ambas tan probables
como nocivas: desde el poder institucionalizado (político y
económico), como imposición y censura; o desde los actores sociales
y culturales, como ausencia de credibilidad y demanda de protección
contra nuestros excesos.
En tal escenario, es fundamental replantear la base de análisis: ¿no
será más inteligente salir de la estéril pugna en torno a las
libertades intocables versus las tentaciones autoritarias, y superar
el desgastado dilema entre regulación versus autorregulación, para
dirigir la mirada, más bien, al cotidiano equilibrio, en el oficio
periodístico, entre la ética de los principios y la ética de las
responsabilidades? Ya se sabe: "La ética no sustituye al derecho,
pero permite que sea menos necesario acudir a él con frecuencia"
(Trejo).3 El asunto, pues, ya no es cuestión de falsas seguridades,
sino de plausibles resultados.
Y en ese terreno, según es fama, las "leyes mordaza" –reales o
imaginarias– carecen de sentido.
IV. En los distorsionados debates sobre proyectos de leyes de
comunicación social, lo que abundan son "reflejos en vez de
reflexiones". Eso impide comprender que, en este tema, lo que está
en cuestión no es el carácter intocable (pero no sacralizado) que
deben tener las libertades de expresión y de opinión en sociedades
democráticas. De lo que se trata, más bien, es de indagar sobre el
carácter general y no absoluto de tales libertades. Es decir,
responder a las preguntas que los periodistas nos negamos a escuchar
y menos a formular: "¿Todo lo técnicamente informable es ética y
jurídicamente informable? ¿Todo lo comunicable es comunicando?".4
Esto es: ¿hay excepciones a la difundibilidad a través de los medios
masivos? En síntesis, el asunto pareciera no tener que ver con los
principios del derecho a la información, sino con sus límites. No
aborda lo que el periodismo "debe" hacer sino lo que "puede" hacer.
Por otra parte, si tanto se insiste en la idea de la información
como contrapoder, resulta urgente insistir en algunas incómodas
interrogantes en relación con los mass media en nuestros países: "
¿A quién representan los medios, además de representarse a sí
mismos?, ¿quién ha elegido a los medios democráticamente?, ¿quién es
el contrapoder del contrapoder?, ¿quién controla a los
controladores?" (Soria).5 Esto nos lleva a indagar la cuestión
relativa a la legitimidad de los medios, así como respecto de las
funciones que desempeñan en la sociedad moderna hipermediatizada.
Por supuesto que en modo alguno significa abrir las ventanas para
que, como ventarrón oportunista, se cuelen los siempre infaltables
censores de la información. Ni tampoco implica negar la necesidad de
ejercer, desde el periodismo, una crítica radical en todos los
asuntos públicos, "pero con respeto (que no es lo mismo que
reverencia) y conocimiento de las cosas (que no equivale a
suposición de conocimiento".
Otro tema central que generalmente se deja sin analizar como efecto
de la unilateral propuesta de (y condena a) las "leyes mordaza" es
la pertinencia o no, en los años 90, de "integradas, explícitas y
duraderas" políticas informativas. Al respecto, ya no cabe la
controversia entre los impulsores de la planificación global (que
anhelaban omniabarcantes políticas nacionales de comunicación)
frente a los impugnadores de cualquier forma de planificación (que
ponían todas sus armas en la lógica de que "la mejor política es
ninguna política"). Quizá el camino viable sea el diseño de
políticas públicas para la comunicación pública sectoriales y
descentralizada. Y en materia de periodismo, independientemente de
los contenidos de las legislaciones impulsadas desde los poderes del
Estado, habrá que asumir sin devaneos la necesidad de sustituir, o
al menos actualizar, las normas que, a estas alturas, resultan
obsoletas y que constituyen el marco jurídico "vigente" en este
campo.
Finalmente, para no pecar de ingenuidad, será necesaria también una
redefinición de las relaciones e interrelaciones entre el periodismo
y el sistema de la política, así como entre los periodistas y la
empresa informativa. Quizá esta búsqueda conduzca a la necesidad de
abandonar los vínculos perversos (de adversidad y complicidad) con
los políticos y gobernantes, y los acuerdos pecaminosos (de
desconfianza y complicidad) con los dueños y gerentes de medios.
Este replanteamiento está en la base cotidiana de la ética
periodística en general y de la (auto)regulación en particular, y se
enlaza directamente con una premisa indiscutible: el periodismo
–como oficio, como pasión– no puede existir sino en función de la
sociedad, de su demanda a estar correctamente informada, a
participar en el debate público, a ejercer sus derechos y deberes
comunicativos.
A los periodistas nos corresponde el goce del oficio, y la
obligación de la calidad en todos sus productos.
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