Constituciones
Constitución de Bolivia. 2008/2009. Parte 1

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090209 - ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. CONGRESO NACIONAL. OCTUBRE 2008

PREÁMBULO

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia.

PRIMERA PARTE

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

TÍTULO I

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

MODELO DE ESTADO

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del

país.

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la

consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas

y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las

comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo

boliviano.

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias

espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona,

baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní,

guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeñotrinitario,

mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua,

sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y

zamuco.

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al

menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá

tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y

preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás

gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos

debe ser el castellano.

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Artículo 6. I. Sucre es la Capital de Bolivia.

II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el

himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la

flor del patujú.

CAPÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa

y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos

del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena),

ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia,

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los

productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que

establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades

plurinacionales.

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo

y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico

y humano la diversidad plurinacional.

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes

reconocidos y consagrados en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y

el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a

fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la

interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados.

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los

diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso

de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado.

III. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano.

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CAPÍTULO TERCERO

SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma

democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones

entre hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por

la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.. Las

asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal,

directo y secreto, conforme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades

y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos, entre otros, conforme a Ley .

Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los

órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está

fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos

órganos.

II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de

Defensa del Estado.

III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni

son delegables entre si.

TÍTULO II

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables,

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de

promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como

negación de otros derechos no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa

Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los

Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes

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consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados

internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con

arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin

distinción alguna.

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los

derechos de toda persona.

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las

leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la

Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas,

bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano.

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos

y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que

ésta contenga.

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos,

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o

psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o

circunstancia alguna.

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la

trata y tráfico de personas.

Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de

una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

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II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin

exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural,

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los

principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante

políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 19. I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que

dignifiquen la vida familiar y comunitaria.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de

interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los

principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias

de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.

Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los

servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y

telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión

de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o

comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se

podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de

servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad,

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con

participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son

objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros,

conforme a ley.

CAPÍTULO TERCERO

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

SECCIÓN I

DERECHOS CIVILES

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

1. A la autoidentificación cultural.

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma

individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines

lícitos.

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio

de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de

manera individual o colectiva.

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio

boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.

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Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y

protegerlas es deber primordial del Estado.

Artículo 23. I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La

libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para

asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias

jurisdiccionales.

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad.

Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por

parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en

todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá

cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las

necesidades propias de su edad.

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los

casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá

que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito.

IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida

por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será

su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación

jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas.

V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada

de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella

formulada en su contra.

VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de

personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el

mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y

sanciones que señale la ley.

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.

Artículo 25. I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al

secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones

privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los

casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y

motivada de autoridad judicial competente.

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar

conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o

centralice.

IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y

comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal.

SECCIÓN II

DERECHOS POLÍTICOS

Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por

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medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será

equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y

a la ley.

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y

obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años

cumplidos.

3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán

según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y

cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y

obligatorio.

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y

procedimientos propios.

5. La fiscalización de los actos de la función pública.

Artículo 27. I. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen

derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en

las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y

empadronamiento realizado por el Órgano Electoral.

II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a

sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de

reciprocidad internacional.

Artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes

casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida:

1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de

guerra.

2. Por defraudación de recursos públicos.

3. Por traición a la patria.

Artículo 29. I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y

recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes

y los tratados internacionales.

II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será

expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren.

El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de

reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados.

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO

CAMPESINOS

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,

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instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión

colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las

naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y

costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros

documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y

promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de

los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así

como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema

educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas

tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su

cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de

sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la

consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a

la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en

sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo

de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los

derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de

extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y

respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

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II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del

derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del

territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los

derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para

las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

CAPÍTULO QUINTO

DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

SECCIÓN I

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos,

desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al

medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de

oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

SECCIÓN II

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones

y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud,

y lo regulará mediante la ley.

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 38. I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado,

y no podrán ser privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.

Artículo 39. I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el

servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías

médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el

equipamiento, de acuerdo con la ley.

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II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la

práctica médica.

Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en

la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los

medicamentos.

II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su

producción interna y, en su caso, determinará su importación.

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los

derechos de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de

calidad y primera generación.

Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto,

uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y

prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos

indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de

medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su

conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad

de su servicio.

Artículo 43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u

órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y

eficiencia.

Artículo 44. I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen

médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados,

salvo peligro inminente de su vida.

II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su

consentimiento.

Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la

seguridad social .

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad,

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y

eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación

social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y

riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y

pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones

familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario

y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo,

parto y en los periodos prenatal y posnatal.

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VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni

concesionados.

SECCIÓN III

DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le

asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación

que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Artículo 47. I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o

a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien

colectivo.

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas

o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un

régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial

equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de

recursos económicos financieros para incentivar su producción.

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de

producción.

Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento

obligatorio.

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de

protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de

la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no

discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los

trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que

tiendan a burlar sus efectos.

IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y

aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier

otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la

misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito

público como en el privado.

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil,

situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la

inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta

que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el

sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.

Artículo 49. I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva.

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II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios

colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales;

reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada

laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros

sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios;

maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales.

III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado

y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.

Artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos

especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre

empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad

social.

Artículo 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a

organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical,

pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo.

III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa,

representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del

campo y de la ciudad.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los

sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de

organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es

inviolable, inembargable e indelegable.

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les

despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán

sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos

realizados en el cumplimiento de su labor sindical.

VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a

organizarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 52. I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación

empresarial.

II. El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las

asociaciones empresariales, así como las formas democráticas organizativas

empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos.

III. El Estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones

empresariales.

IV. El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es

inviolable e inembargable.

Artículo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad

legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus

derechos, de acuerdo con la ley.

Artículo 54. I. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten

la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar

condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de

ocupación laboral digna y de remuneración justa.

15

II. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato

industrial y de los servicios estatales.

III. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en

resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar

empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de

forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá

coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores.

Artículo 55. El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad,

igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus

asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la

ley.

SECCIÓN IV

DERECHO A LA PROPIEDAD

Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea

perjudicial al interés colectivo.

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.

Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad

pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad

inmueble urbana no está sujeta a reversión.

SECCIÓN V

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la

Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos

inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y

generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo

integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su

familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés

superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley.

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen

iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por

parte de los progenitores será sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación

respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el

apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado.

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social,

económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.

16

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad

del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas,

niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que

realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a

su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de

regulación especial.

SECCIÓN VI

DERECHOS DE LAS FAMILIAS

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo

fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas

necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos,

obligaciones y oportunidades.

Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por

vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y

singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal,

producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales

y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados

o nacidos de aquéllas.

Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en

igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras

sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el

ejercicio de sus obligaciones.

Artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de

su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la

madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien

niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos

corresponderán a quien haya indicado la filiación.

Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus

derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

17

SECCIÓN VII

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 67. I. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas

las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez

humana.

II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de

seguridad social integral, de acuerdo con la ley.

Artículo 68. I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención,

recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con

sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y

discriminación a las personas adultas mayores.

Artículo 69. Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las

instituciones públicas, privadas y de la población en general, serán considerados héroes y

defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN VIII

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y

capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación,

maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva

integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico,

político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las

potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios

integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en

la ley.

SECCIÓN IX

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Artículo 73. I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad

será tratada con el debido respeto a la dignidad humana.

II. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse

libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la

18

incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de

investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 74. I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas

privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un

ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así

como la edad y el sexo de las personas retenidas.

II. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar

en los centros penitenciarios.

SECCIÓN X

DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS Y DE LAS

CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES

Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores

gozan de los siguientes derechos:

1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de

inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y

oportuna del suministro.

2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos

que consuman y servicios que utilicen.

Artículo 76. I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en

sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y

eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores.

II. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de ninguna

naturaleza en el territorio boliviano, con excepción de los que hayan sido creados por la

ley.

CAPÍTULO SEXTO

EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES

SECCIÓN I

EDUCACIÓN

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla,

garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de

formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de

criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales,

instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática,

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.

19

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema

educativo.

III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista,

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y

revolucionaria, crítica y solidaria.

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo

productivo.

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los

valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de

roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las

personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la

práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad

y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la

ley.

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y

todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural

de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al

entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.

III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma

de bachiller, con carácter gratuito e inmediato.

Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de

todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades

económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante

recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material

escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.

III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos

los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural

destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y

aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.

Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación

comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos

representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena

originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.

Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo

a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población.

Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el

aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y

establecerá una organización y desarrollo curricular especial.

20

Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de

conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la

convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición

dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las

alumnas y los alumnos por su opción religiosa.

Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de

convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán

funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de

administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de

lo establecido en disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas,

planes y programas del sistema educativo.

Artículo 88. I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas

privadas, en todos los niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes,

programas y autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento

previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por

la ley.

II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que

convenga para sus hijas e hijos.

Artículo 89. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad

educativa en todo el sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica

especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su composición y funcionamiento

será determinado por la ley.

Artículo 90. I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación

humanística, técnica y tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento

de las condiciones y requisitos establecidos en la ley.

II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y

lingüística, a través de institutos técnicos.

III. El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y

organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el

objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo.

SECCIÓN II

EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 91. I. La educación superior desarrolla procesos de formación

profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo

integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los

saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por

misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia

profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la

base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción

social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su

pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor

equidad y justicia social.

21

III. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas

superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos,

fiscales y privados.

Artículo 92. I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía.

La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus

autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus

estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y

donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y

perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar

empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la

Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un

organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas

académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.

Artículo 93. I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales,

municipales y propios, creados o por crearse.

II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los

mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y

asesoramiento.

III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas

y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados

financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano

Ejecutivo.

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán

programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las

necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas

rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios

pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de

dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la

región, en función de sus potencialidades.

Artículo 94. I. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes,

programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado

mediante decreto supremo, previa verificación del cumplimiento de las condiciones y

requisitos establecidos por la ley.

II. Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir diplomas

académicos. Los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el

Estado.

III. En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas académicos

en todas las modalidades de titulación, se conformarán tribunales examinadores, que

estarán integrados por docentes titulares, nombrados por las universidades públicas, en

las condiciones establecidas por la ley. El Estado no subvencionará a las universidades

privadas.

22

Artículo 95. I. Las universidades deberán crear y sostener centros interculturales

de formación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia

con los principios y fines del sistema educativo.

II. Las universidades deberán implementar programas para la recuperación,

preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas,

en coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas.

Artículo 96. I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente

para el magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de

docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y

productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio.

II. Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y

capacitación pedagógica continua.

III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del

magisterio, conforme con la ley. Los docentes gozarán de un salario digno.

Artículo 97. La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como

misión fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de

procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la

realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación postgradual

será coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema

educativo, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN III

CULTURAS

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado

Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la

convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La

interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario

campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y

cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y

difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable,

inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la

ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación,

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de

acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano,

de acuerdo con la ley.

23

Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario

campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas

culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte

de la expresión e identidad del Estado.

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la

propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos

indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su

componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán

de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la

humanidad, en su componente tangible e intangible.

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual

y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores,

inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

SECCIÓN IV

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Artículo 103. I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación

científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los

recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.

II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y

comunicación.

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y

privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y

coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y

transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el

desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN V

DEPORTE Y RECREACIÓN

Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la

recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma,

religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de

cualquier otra índole.

Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y

salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles

preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con

discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios para

su efectividad.

24

CAPÍTULO SÉPTIMO

COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a

la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de

expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a

emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la

libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Artículo 107. I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la

promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con

la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo

para discapacitados.

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de

comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos

principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las

organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o

indirecta, monopolios u oligopolios.

IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en

igualdad de condiciones y oportunidades.

TÍTULO III

DEBERES

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la

Constitución.

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente

útiles.

6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras

contingencias.

12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

25

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus

símbolos y valores.

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de

Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para

preservar los derechos de las futuras generaciones.

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres

vivos.

TÍTULO IV

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES DE DEFENSA

CAPÍTULO PRIMERO

GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Artículo 109. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son

directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.

Artículo 110. I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan

sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas.

II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus

autores intelectuales y materiales.

III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores

inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.

Artículo 111. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria,

crímenes de guerra son imprescriptibles.

Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el

patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten

régimen de inmunidad.

Artículo 113. I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho

a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y

perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor

público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.

Artículo 114. I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición,

confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las

servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen,

instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones

determinadas por la ley.

II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el

empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno

derecho.

Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

26

Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en

caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.

Artículo 118. I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento.

II. La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin

derecho a indulto.

III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de

seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los

condenados, con respeto a sus derechos.

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades

para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía

ordinaria o por la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

Artículo 120. I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad

jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por

comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las

establecidas con anterioridad al hecho de la causa.

II. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma;

excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o

intérprete.

Artículo 121. I. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar

contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines

hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio

de culpabilidad.

II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá

derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos

económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado

asignado por el Estado.

Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no

les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane

de la ley.

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo,

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras

y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados

por la Constitución.

27

Artículo 124. I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano

que incurra en los siguientes hechos:

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros

participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional

contra Bolivia.

2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.

3. Que atente contra la unidad del país.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.

CAPÍTULO SEGUNDO

ACCIONES DE DEFENSA

SECCIÓN I

ACCIÓN DE LIBERTAD

Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es

ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal,

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por

cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal

competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la

persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a

la libertad.

Artículo 126. I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la

audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la

acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al

lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a

la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni

excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las

cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer.

II. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En ausencia del demandado,

por inasistencia o abandono, se llevará a efecto en su rebeldía.

III. Conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones, la autoridad judicial,

obligatoriamente y bajo responsabilidad, dictará sentencia en la misma audiencia. La

sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la

reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del

caso al juez competente. En todos los casos, las partes quedarán notificadas con la lectura

de la sentencia.

IV. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la

decisión se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional,

en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a su emisión.

Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las

decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de

la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento

penal por atentado contra las garantías constitucionales.

28

II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este

artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.

SECCIÓN II

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u

omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos

reconocidos por la Constitución y la ley.

Artículo 129. I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la

persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad

correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal

competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo

de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de

notificada la última decisión administrativa o judicial.

III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la

Acción de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los

actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho

horas desde la presentación de la Acción.

IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente

recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará

sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial

examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona

demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo

solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal

Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión

del fallo.

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será

ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de

acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda

conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por

la ley.

SECCIÓN III

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o

ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los

datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en

archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a

la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación,

podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.

29

II. La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en

materia de prensa.

Artículo 131. I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo

con el procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional.

II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la

revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado.

III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin

que por ello se suspenda su ejecución.

IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad será

ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de

acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda

conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la

ley.

SECCIÓN IV

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma

jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de

Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

Artículo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto

o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte

plenos efectos respecto a todos.

SECCIÓN V

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Artículo 134. I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de

incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores

públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida.

II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por

otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de

la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional.

III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente

recibida la información de la autoridad demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base

de la prueba que ofrezca el demandante. La autoridad judicial examinará los antecedentes

y, si encuentra cierta y efectiva la demanda, declarará procedente la acción y ordenará el

cumplimiento inmediato del deber omitido.

IV. La decisión se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo, sin

que por ello se suspenda su ejecución.

V. La decisión final que conceda la Acción de Cumplimiento será ejecutada

inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo

señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo

dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley.

30

SECCIÓN VI

ACCIÓN POPULAR

Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las

autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y

salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta

Constitución.

Artículo 136. I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que

subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer

esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.

II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en

representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el

Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de

estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.

CAPÍTULO TERCERO

ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Artículo 137. En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa,

conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la

potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde

fuera necesario. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso

suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundammentales, el derecho al

debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de

libertad.

Artículo 138. I. La vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá

de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar

apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes setenta y

dos horas a la declaración del estado de excepción. La aprobación de la declaración

indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de

necesidad atendida por el estado de excepción. Los derechos consagrados en la

Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del estado de

excepción.

II. Una vez finalizado el estado de excepción, no podrá declararse otro estado de

excepción dentro del siguiente año, salvo autorización legislativa previa.

Artículo 139. I. El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa

Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción,

así como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la Constitución y la ley.

II. Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de

proceso penal por atentado contra los derechos.

III. Los estados de excepción serán regulados por la ley.

Artículo 140. I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano

o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano

o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta

Constitución.

31

II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los

derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o

persona alguna.

III. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un

estado de excepción.

TÍTULO V

NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

CAPITULO I

NACIONALIDAD

Artículo 141. I. La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por

naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas en el

territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en

misión diplomática; y las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de

padre boliviano.

Artículo 142. I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las

extranjeras y los extranjeros en situación legal, con más de tres años de residencia

ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su

voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos

en la ley.

II. El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras y

extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o

padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos

extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas bolivianas

o ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudez o divorcio.

2. Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la

ley.

3. Que, por su servicio al país, obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la

Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. El tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad podrá ser

modificado cuando existan, a título de reciprocidad, convenios con otros estados,

prioritariamente latinoamericanos.

Artículo 143. I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con

ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen.

La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera.

II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no

serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

32

CAPITULO II

CIUDADANÍA

Art. 144.

I Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su

ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción,

ocupación o renta.

II La ciudadanía consiste:

1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los

órganos del poder público, y

2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las

excepciones establecidas en la Ley

III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el

artículo 28 de esta Constitución.

SEGUNDA PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO

TÍTULO I

ÓRGANO LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

PLURINACIONAL

Artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos

cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de

aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

Artículo 146

I. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros.

II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones

uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales

departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente,

Vicepresidente y Senadores de la República.

III. Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las

circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las

circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que

establece la ley.

IV. El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada

partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena.

V. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el

Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo

al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley asignará un

33

número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor

grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier

departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños

uninominales.

VI. Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y

continuidad territorial, no trascender los límites de cada departamento y basarse en

criterios de población y extensión territorial. El Órgano Electoral delimitará las

circunscripciones uninominales.

VII. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por el

principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los

límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos

departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos

constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las

circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total

de diputados.

Artículo 147.

I En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y

mujeres.

II. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesinas,

donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional,

ni la continuidad geográfica.

Artículo 148.

I. La Cámara de Senadores estará conformada por un total de 36

miembros.

II. En cada departamento se eligen 4 Senadores en circunscripción

departamental, por votación universal, directa y secreta.

III. La asignación de los escaños de Senadores en cada departamento se hará

mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la Ley.

Artículo 149. Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa

Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio

público, contar con dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección, haber

residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la

elección en la circunscripción correspondiente.

Artículo 150. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional contará con asambleístas

suplentes que no percibirán remuneración salvo en los casos en que efectivamente

realicen suplencia. La ley determinará la forma de sustitución de sus integrantes.

II. Los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública, bajo

pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria.

III. La renuncia al cargo de asambleísta será definitiva, sin que puedan tener lugar

licencias ni suplencias temporales con el propósito de desempeñar otras funciones

34

Artículo 151. I. Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad

personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones,

comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias,

propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que

formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados

penalmente.

II. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los

asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta

previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso

legislativo.

Artículo 152. Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad.

Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la

detención preventiva, salvo delito flagrante.

Artículo 153. I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la

Asamblea Legislativa Plurinacional.

II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán

inauguradas el 6 de Agosto de cada año.

III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán

permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año.

IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al

habitual dentro el territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su

Presidenta o Presidente.

Artículo 154. Durante los recesos, funcionará la Comisión de Asamblea, en la

forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Cámara de Diputados.

De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por

su Presidenta o Presidente, o por la Presidenta o el Presidente del Estado. Sólo se ocupará

de los asuntos consignados en la convocatoria.

Artículo 155. La Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará sus sesiones el 6

de Agosto en la Capital de Bolivia, salvo convocatoria expresa de su Presidenta o

Presidente.

Artículo 156. El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años

pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua. .

Artículo 157. El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia,

revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o

abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y once

discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,

además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su

personal administrativo, y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno.

2. Fijar la remuneración de las asambleístas y los asambleístas, que en ningún caso será

superior al de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado. Se prohíbe percibir

cualquier ingreso adicional por actividad remunerada.

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

35

4. Elegir a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional, por dos tercios de

votos de sus miembros presentes.

5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal

Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental

y Consejo de la Magistratura.

6. Aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites, de

acuerdo con la Constitución y con la ley.

7. Aprobar el plan de desarrollo económico y social presentado por el Órgano

Ejecutivo.

8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de

recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras

públicas y de necesidad social.

9. Decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad

pública.

10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del

Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.

11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo.

Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa

Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este

plazo, el proyecto se dará por aprobado.

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas

estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.

14. Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en las formas

establecidas por esta Constitución.

15. Establecer el sistema monetario.

16. Establecer el sistema de medidas.

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de

Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los

miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de

las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro.

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la

comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen

los órganos competentes.

20. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la

que tenga participación económica el Estado.

21. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del

Estado, y determinar el motivo y tiempo de su ausencia.

22. Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares

extranjeras, determinando el motivo y el tiempo de permanencia.

23. A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del

nivel central del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional a

pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del Órgano Ejecutivo la presentación

de proyectos sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte días no

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presenta el proyecto solicitado, o la justificación para no hacerlo, el representante

que lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación.

II. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se

regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que

determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

2. Calificar las credenciales otorgadas por el Órgano Electoral Plurinacional.

3. Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las diputadas o a los diputados, de acuerdo con el Reglamento,

por decisión de dos tercios de los miembros presentes.

5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal

administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

6. Iniciar la aprobación del Presupuesto General del Estado.

7. Iniciar la aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el

Órgano Ejecutivo.

8. Iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito

público o de subvenciones.

9. Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas

generales del Estado, y la autorización a las universidades para la contratación de

empréstitos.

10. Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de

paz.

11. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional

Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

12. Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de

presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que

participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.

13. Preseleccionar a los postulantes al Control Administrativo de Justicia y remitir al

Órgano Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados para que éste

proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que

determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

2. Calificar las credenciales otorgadas por el Órgano Electoral Plurinacional.

3. Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores, de acuerdo al Reglamento,

por decisión de dos tercios de los miembros presentes.

5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal

administrativo, y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

6. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional

Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del

Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus

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funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos dos tercios de los

miembros presentes, de acuerdo con la ley.

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al

Estado.

8. Ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de

Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante,

Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana.

9. Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y Ministros

plenipotenciarios propuestos por el Presidente del Estado.

Artículo 161. Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional

para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución:

1. Inaugurar y clausurar sus sesiones.

2. Recibir el juramento de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la

Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de

la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

4. Considerar las leyes vetadas por el Órgano Ejecutivo.

5. Considerar los proyectos de ley que, aprobados en la Cámara de origen, no

fueran aprobados en la Cámara revisora.

6. Aprobar los estados de excepción.

7. Autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta o del Presidente, o de la

Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

8. Designar al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo.

CAPÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 162. I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento

obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.

2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.

3. El Órgano Ejecutivo.

4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la

administración de justicia.

5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.

II. La ley y los reglamentos de cada Cámara desarrollarán los procedimientos y

requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras,

iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la

comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación

inicial.

2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de

Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

3. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y

ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores.

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4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones

correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde

será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá

de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara

revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al

Órgano Ejecutivo para su promulgación.

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará

aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los

miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las

acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen

dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La

decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional

por mayoría absoluta de sus miembros presentes.

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie

sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la

Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo

para su promulgación como ley.

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en

la Legislatura siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al

Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del

Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción.

Las observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta

estuviera en receso, la Presidenta o el Presidente del Estado remitirá sus

observaciones a la Comisión de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las

observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano

Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las

observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la

Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de

sus miembros presentes.

12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será

promulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no

promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos en los

numerales anteriores serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente de

la Asamblea.

Artículo 164. I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera

inmediata.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo

que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

TÍTULO II

ÓRGANO EJECUTIVO

39

CAPÍTULO PRIMERO

COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO

SECCIÓN I

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 165. I. El Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el

Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras y

los Ministros de Estado.

II. Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de

responsabilidad solidaria.

SECCIÓN II

PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

Artículo 166. I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el

Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio,

directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la

candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que

haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia

de al menos diez por ciento en relación con la segunda candidatura.

II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones se

realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo

de sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la

Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la

mayoría de los votos.

Artículo 167. Para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la

Vicepresidencia del Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso

al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al día de la elección, y

haber residido de forma permanente en el país al menos cinco años inmediatamente

anteriores a la elección.

Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la

Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o

reelectos por una sola vez de manera continua. .

Artículo 169. I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o

del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la

Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el

Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la

Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo

máximo de noventa días.

II. En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza

la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días.

Artículo 170. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por

muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia

o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y

por revocatoria del mandato.

40

Artículo 171. En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta o el Presidente

del Estado cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la Presidencia la

persona que ejerza la Vicepresidencia, quien convocará de forma inmediata a elecciones

a la Presidencia del Estado a realizarse en el plazo máximo de noventa días.

Artículo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado,

además de las que establece esta Constitución y la ley:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano.

3. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado.

4. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de

Estado.

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar

servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a

los funcionarios extranjeros en general.

6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al Presidente o Presidenta

de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. Dictar decretos supremos y resoluciones.

9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio del

Ministerio del ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta sujeción al

Presupuesto General del Estado.

10. Presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa

Plurinacional.

11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta

primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para

la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones

que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al

presupuesto se presentará anualmente.

12. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su primera

sesión, el informe escrito acerca del curso y estado de la Administración

Pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales.

13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.

14. Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa

Plurinacional.

15. Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa

Plurinacional, a la Contralora o al Contralor General del Estado, a la Presidenta

o al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del

Órgano de Regulación de Bancos y Entidades Financieras, y a las Presidentas o

a los Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales

interviene el Estado.

16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado.

17. Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los

Comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.

18. Designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana.

19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a General de

Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante,

41

Vicealmirante y Contralmirante, y a General de la Policía, de acuerdo a

informe de sus servicios y promociones.

20. Crear y habilitar puertos.

21. Designar a sus representantes ante el Órgano Electoral.

22. Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el carácter

plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete

ministerial.

23. Designar a la Procuradora o al Procurador General del Estado.

24. Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la

Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos con prioridad.

25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y

disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad

del territorio.

26. Declarar el estado de excepción.

27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y

otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras.

Artículo 173. La Presidenta o el Presidente del Estado podrá ausentarse del

territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa

Plurinacional, hasta un máximo de diez días.

Artículo 174. Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del

Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

1. Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la presente

Constitución.

2. Coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa

Plurinacional y los gobiernos autónomos.

3. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros.

4. Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la dirección de la

política general del Gobierno.

5. Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado en la

formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas.

SECCIÓN III

MINISTERIOS DE ESTADO

Artículo 175. I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y

servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta

Constitución y la ley:

1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno.

2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.

3. La gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.

5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la Presidenta o el

Presidente del Estado.

6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al

Ministerio.

42

7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.

8. Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas del

gobierno.

II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de

administración adoptados en sus respectivas carteras.

Artículo 176. Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se

requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público,; tener

cumplidos veinticinco años al día del nombramiento; no formar parte de la Asamblea

Legislativa Plurinacional; no ser directivo, accionista ni socio de entidades financieras o

empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el

Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado de

quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado.

Artículo 177. No podrá ser designada como Ministra o Ministro de Estado la

persona que, en forma directa o como representante legal de persona jurídica, tenga

contratos pendientes de su cumplimiento o deudas ejecutoriadas con el Estado.

TÍTULO III

ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad,

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a

la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

II Constituyen garantías de la independencia judicial:

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial

2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.

Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce

por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los

tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces

agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias

autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina

gozarán de igual jerarquía.

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional

Plurinacional.

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.

CAPÍTULO SEGUNDO

JURISDICCIÓN ORDINARIA

43

Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios

procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad,

honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material,

debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de

excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por

la ley.

SECCIÓN I

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la

jurisdicción ordinaria. Está integrado por Magistradas y Magistrados. Se organiza

internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por

la ley.

Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de

Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

II La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros

presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y

remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la

organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor

de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único

responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.

IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas.

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple

de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.

VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir

con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido

treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y

ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho

años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la

calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad

originaria bajo su sistema de justicia.

VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas

y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los

servidores públicos.

Artículo 183. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni

reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en

sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio

de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 184. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las

señaladas por la ley:

44

1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos

expresamente señalados por la ley.

2. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales

departamentales de justicia.

3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición.

4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o

al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado,

por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo

previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al

menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la

Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que

la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será

oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento.

5. Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los

vocales de los tribunales departamentales de justicia.

6. Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa

Plurinacional.

7. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia.

Artículo 185. La magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será ejercida de

manera exclusiva.

CAPÍTULO TERCERO

JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL

Artículo 186. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de

la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social,

integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.

Artículo 187. Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado del Tribunal

Agroambiental serán necesarios los mismos requisitos que los miembros del Tribunal

Supremo de Justicia, además de contar con especialidad en estas materias y haber

ejercido con idoneidad, ética y honestidad la judicatura agraria, la profesión libre o la

cátedra universitaria en el área, durante ocho años. En la preselección de las candidatas y

los candidatos se garantizará la composición plural, considerando criterios de

plurinacionalidad.

Artículo 188. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental

serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, según el procedimiento,

mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

II. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y

los Magistrados del Tribunal Agroambiental será el de los servidores públicos.

III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos

para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de

aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental.

Artículo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las

señaladas por la ley:

45

1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias,

forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los

recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad;

demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio

ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema

ecológico y la conservación de especies o animales.

2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad

de títulos ejecutoriales.

3. Conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos

que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación,

distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos

naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.

4. Organizar los juzgados agroambientales.

CAPÍTULO CUARTO

JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán

sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán

sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el

derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente

Constitución.

Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en

un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo

indígena originario campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de

vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena

originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o

querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de

conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o

cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena

originario campesino.

Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la

jurisdicción indígena originaria campesina.

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del

Estado.

III.El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de

Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación

46

entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la

jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

CAPÍTULO QUINTO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Artículo 193. I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del

régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones

especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de

la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el

principio de participación ciudadana.

II. Su conformación, estructura y funciones estarán determinadas por la ley.

Artículo 194. I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán

mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la

Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral

estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.

II. Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia requerirán, además de

las condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido treinta años de

edad, poseer conocimientos en el área de sus atribuciones y haber desempeñado sus

funciones con ética y honestidad.

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus

funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Artículo 195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además

de las establecidas en la Constitución y en la ley:

1. Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal

Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas

gravísimas determinadas por la ley.

2. Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces;

y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. El ejercicio de esta

facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas

disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley.

3. Controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los

bienes del Órgano Judicial.

4. Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los

administradores de justicia, y del personal auxiliar.

5. Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera.

6. Realizar estudios técnicos y estadísticos.

7. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de

los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el

Tribunal Supremo de Justicia.

8. Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los

jueces de partido y de instrucción.

9. Designar a su personal administrativo.

47

CAPÍTULO SEXTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía

de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la

vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará

como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.

Artículo 197. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por

Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con

representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino.

II. Las Magistradas y los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional

Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en caso

de ausencia del titular, o por otros motivos establecidos en la ley.

III. La composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional

Plurinacional serán regulados por la ley.

Artículo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional

Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento,

mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 199. I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional

Plurinacional se requerirá, además de los requisitos generales para el acceso al servicio

público, haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia

acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional,

Administrativo o Derechos Humanos. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta

el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.

II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional

podrán ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo

establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 201. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional

Plurinacional se regirán por el mismo sistema de prohibiciones e incompatibilidades de

los servidores públicos.

Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además

de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la

inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas,

decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la

acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o

Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados,

Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las

entidades territoriales autónomas,

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder

público.

48

3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las

entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas.

4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o

contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo

dispuesto en esta Constitución.

5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus

resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas

afectadas.

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de

Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no

impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva

la acción.

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la

Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del

Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La

decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio.

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la

aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión

del Tribunal Constitucional es obligatoria.

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados

internacionales.

10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la

Constitución.

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria

campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

12. Los recursos directos de nulidad.

Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no

cabe recurso ordinario ulterior alguno.

Artículo 204. La ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal

Constitucional Plurinacional.

TÍTULO IV

ÓRGANO ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Artículo 205.

I. El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por:

1. El Tribunal Supremo Electoral

2. Los Tribunales Electorales Departamentales

3. Los Juzgados Electorales

4. Los Jurados de las Mesas de sufragio

5. Los Notarios Electorales

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II La jurisdicción, competencias y atribuciones del Órgano Electoral y de sus diferentes

niveles se definen, en esta Constitución y la ley.

Artículo 206

I. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene

jurisdicción nacional.

II. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes

durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos

de los cuales serán de origen indígena originario campesino.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los miembros

presentes, elegirá a seis de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. La

Presidenta o el Presidente del Estado designará a uno de sus miembros.

IV. La elección de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional requerirá de

convocatoria pública previa, y calificación de capacidad y méritos a través de

concurso público.

V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o Consejos Departamentales

seleccionarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes, una terna por

cada uno de los vocales de los Tribunales Departamentales Electorales. De estas

ternas la Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los Tribunales

Departamentales Electorales, por dos tercios de votos de los miembros presentes,

garantizando que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones

y pueblos indígenas originarios campesinos del Departamento.

Artículo 207. Para ser designada Vocal del Tribunal Supremo Electoral y

Departamental, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio

público, haber cumplido treinta años de edad al momento de su designación y tener

formación académica.

Artículo 208. I. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar,

administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados.

II. El Tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente, conforme a lo

dispuesto en el artículo 26 de esta Constitución.

III. Es función del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el Registro Civil

y el Padrón Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con

excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional

Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones

y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos

políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.

50

Artículo 210. I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los

partidos políticos deberán ser democráticos.

II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los

candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y

fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación

de hombres y mujeres.

III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos

podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de

democracia comunitaria.

Artículo 211. I Las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán

elegir a sus representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo con sus

formas propias de elección.

II. El Órgano Electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes y

candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos

mediante normas y procedimientos propios, se de estricto cumplimiento a la normativa de

esos pueblos y naciones.

Artículo 212. Ninguna candidata ni ningún candidato podrán postularse

simultáneamente a más de un cargo electivo, ni por más de una circunscripción electoral

al mismo tiempo.

TITULO V

FUNCIONES DE CONTROL, DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y DE DEFENSA

DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

FUNCIÓN DE CONTROL

SECCIÓN I

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que

ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas

en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está

facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y

penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en

los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad,

oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley.

Artículo 214. La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos

tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La elección

requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y

méritos a través de concurso público.

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Artículo 215. Para ser designada Contralora o ser designado Contralor General

del Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio

público; contar con al menos treinta años de edad al momento de su designación; haber

obtenido título profesional en una rama afín al cargo y haber ejercido la profesión por un

mínimo de ocho años; contar con probada integridad personal y ética, determinadas a

través de la observación pública.

Artículo 216. La Contralora o Contralor General del Estado ejercerá sus

funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación.

Artículo 217. I. La Contraloría General del Estado será responsable de la

supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquéllas en las

que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se

realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios

estratégicos para el interés colectivo.

II. La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su

labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CAPÍTULO SEGUNDO

FUNCIÓN DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD

SECCIÓN I

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 218. I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción,

difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se

establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de

la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la

actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.

II. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa

de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las

comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior.

III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional,

financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los

principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus

funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

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