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Peligroso fallo de la Corte: Inconstitucionalidad de las leyes de "Obediencia debida" y "Punto Final"

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. Los jueces

Jorge Reinaldo Vanossi -
El fallo en cuestión, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina,  dado a conocer el 14 de junio del 2005, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida” (NR)

Texto completo del fallo que declara la inconstitucionalidad de ambas leyes argentinas. (Ver:
La nulidad de las leyes del "olvido")

260605 - “La aplicación retroactiva de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos resulta improcedente en el derecho argentino pues, según el Art. 27 de la constitución Nacional, los tratados deben cumplimentar los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Ello comprende todas las garantías que expresa o implícitamente surgen de la primera parte de esa Constitución, entre las que se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la prohibición de juzgar dos veces  por la misma causa, la irretroactividad de las leyes penales, los beneficios de la ley penal más benigna, etc. Todas esas garantías forman parte del derecho penal liberal, consagrado en los Estados regidos por democracias constitucionales y que ahora, nosotros, tiramos por la borda en un acto supremo de anomia.

 

La reforma constitucional de 1994 no dispuso la primacía de las normas internacionales sobre las garantías constitucionales. Por el contrario, el inc. 22 del Art. 75 estableció respecto de aquellas normas (las Convenciones de Derechos Humanos) que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarias de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

 

No corresponde revisar la constitucionalidad de esas leyes, porque la Corte las declaró constitucionales hace muchos años. Las llamadas leyes del perdón ya se han aplicado y han surtido efectos. Y declararlas ahora inconstitucionales, o anularlas como lo ha hecho también el Congreso, significa dejar de lado principios que están también en la Constitución y en tratados internacionales. La decisión de la Corte se contrapone al Preámbulo de la Constitución ya que no contribuye a consolidar la “paz interior”.

 

Por eso, cuando se necesitó tomar aquellas decisiones, dijimos que una sociedad democrática, ansiosa de vivir plenamente en democracia, debía hacerlo bajo la justicia y no bajo el olvido. Pero una sociedad igualmente democrática y ansiosa de vigorizar una democracia tenía y tiene absoluta necesidad de no permanecer prolongando indefinidamente el desasosiego sobre inocencia o culpabilidades.

 

En cuanto a los indultos, una vez dictados, producen un efecto que ya no se puede modificar por medio de una determinación judicial. Es una facultad del Presidente, que podrá o no gustar, pero está en la Constitución. Aún en el caso de indultos a procesados, sólo el destinatario podría cuestionarlo alegando a su favor la necesidad de cumplimentar el principio de inocencia”.

 

Estas fundadas y categóricas críticas al fallo que nos ocupa han sido acompañadas por las opiniones de prestigiosos juristas como los doctores  Agustín Gordillo, Miguel Padilla,  Alberto Rodríguez Varela, Gregorio Badeni y otros constitucionalistas de nota, incluyendo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que por medio de un comunicado de prensa afirmó: …“ que no hay tratado internacional alguno que posibilite jurídicamente aplicar leyes penales retroactivamente, quitar el beneficio otorgado por leyes de amnistía a los imputados y dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, todos derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución"...

 

Ante el análisis de estas críticas, nos surge entonces una duda elemental: ¿cómo es posible que el tribunal de mayor jerarquía jurídica de la nación haya hecho tabla raza con tres principios universales del derecho? (Aplicación de la ley mas benigna, no juzgar dos veces por el mismo hecho y aplicación de ley anterior al caso juzgado) ¿estaremos frente a un fallo ideológico?

 

El conocido penalista Dr. Florencio Varela en un artículo publicado en La Nación el viernes 24 de junio último dice: la gravedad de este pronunciamiento se debe a que, por al nivel de conocimiento que del derecho tienen los  jueces firmantes del fallo en positivo, no se puede aceptar la ignorancia o el error y sí, una intencionalidad política  que puede implicar la comisión del delito de prevaricato, toda vez que  han dictado a sabiendas una resolución contraria a la ley que ellos mismos han invocado para fundar el fallo.

 

Si aceptamos como válido aunque sea sólo alguno de los graves reparos formulados por los juristas indicados, si se elude el derecho constitucional argentino, poniendo por encima de él los tratados internacionales, si se desconocen arbitrariamente garantías reconocidas por nuestra Ley fundamental, que nos amparan para preservar la libertad, explícita o implícitamente y si por añadidura, se desconoce el esfuerzo de nuestros prohombres para que se reconozcan y se respeten esas “garantías individuales”, tenemos que pensar que, efectivamente, éste es un fallo ideológico y  , más grave aún, nos encontramos saliendo peligrosamente del “estado de derecho”.

 

Esta sentencia, que es trascendente por los efectos que producirá,  es un mal precedente en cuanto vulnera las garantías que protegen al individuo frente al Estado. Tal vez el común de los ciudadanos no lo sepa, pero así como hay una distorsionada interpretación de la “teoría de los derechos humanos”, ya han habido inexplicables fallos antijurídicos. Entre otros: se desconoció la “propiedad privada” (depósitos bancarios. “Fallo Bustos”), se negó la extradición del “terrorista etarra” Lariz Iriondo por un lado y por el otro se condenó al chileno Arancibia Clavel, por delitos de terrorismo.

 

Nosotros creemos que este fallo “no está sólo y va más allá”, pues forma parte de una peligrosa intención de politizar las    resoluciones    del más alto tribunal en la dirección de las conveniencias del Poder Ejecutivo, aún vulnerando los principios y garantías constitucionales y entrando en una riesgosa  zona de inseguridad jurídica .

 

Consideraciones finales

 

Nuestra historia viene mostrando una falta de continuación en los objetivos y políticas de Estado, tanto en los gobiernos de “jure” como de “facto”, dando lugar a ciclos de signos contrarios, donde cada gobierno criticó al anterior y comenzó un camino distinto.

 

En el ámbito judicial, estas críticas fundadas al fallo de la CSJN, permiten pensar que cuando termine el ciclo del actual gobierno podría haber una revisión de lo actuado, llegándose al extremo que se condene a personas por leyes posteriores a los hechos que se juzgan (jurisprudencia al respecto hay). Y así seguiremos profundizando nuestra decadencia hasta llegar a un final impredecible, atentatorio aún con la existencia de la Nación.

 

El título del inicio “Peligroso fallo de la Corte”, nos previene


Los jueces de la Corte Suprema de la Nación Argentina

Los jueces que votaron, con diferentes argumentos, a favor de la anulación de ambas leyes fueron: Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.

Carlos Fayt votó en contra de la mayoría, es decir, a favor de la validez las leyes, en tanto Augusto Belluscio, se abstuvo

Cronología de las leyes

1985:
el juicio a las juntas militares dictaminó condenas a Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini. La múltiple apertura de causas sobre violaciones a los derechos humanos llevaron al gobierno de Raúl Alfonsín a poner un término para nuevas presentaciones judiciales.

23 de diciembre de 1986: la Cámara de Diputados aprobó la ley 23.492, conocida desde entonces como de punto final. Esa norma fijó la exención de las acciones penales contra militares y civiles por presuntos delitos cometidos durante la dictadura. Fue promulgada inmediatamente por el Poder Ejecutivo.

22 de febrero de 1987: la norma dejó de regir. En la Semana Santa, oficiales en actividad que fueron citados por la Justicia decidieron resistir la medida en un regimiento de Córdoba. Se produjo así la primera rebelión carapintada y llegó entonces la ley de obediencia debida.

13 de mayo de 1987: Alfonsín envió al Congreso el proyecto de ley para dividir según los cargos las responsabilidades en la represión ilegal. Fue convertida en ley el 4 de junio de ese año y estableció la exención de culpa para los oficiales jefes, oficiales subalternos y personal de tropa por las violaciones a los derechos humanos.

22 de octubre de 1987: la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de esa ley.

Octubre de 1989: Carlos Menem indultó a 277 civiles y militares.

Marzo de 1998: los entonces diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo propusieron declarar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Pero sólo se aprobó una ley de derogación de las normas. No fue anulada.

Marzo de 2001: el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.

Octubre de 2001: el juez federal Claudio Bonadío también dictó la inconstitucionalidad de las leyes. Un mes después, la Sala II de la Cámara Federal ratificó ambos fallos.

25 de agosto de 2003: el Senado anuló las leyes de punto final y de obediencia debida; una semana antes lo había hecho la Cámara de Diputados.

14 de julio de 2004: la Sala I de la Cámara Federal dictaminó la validez de aquella ley que anuló a las normas de perdón.

14 de junio de 2005: la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.


 

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