Derecho
Intento por definir el
derecho de réplica
Matías Marini

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Locuciones Latinas - Glosario Jurídico - Argentina:"Punto final" y Obediencia debida: Peligroso fallo de la Corte J R Vanossi

1205 - Fuente Areópago

 

Los argentinos poseemos un prolífero folklore de literatura que pomposamente decora nuestras bibliotecas y que es continuo motivo de jactancia. Enteras charlas de café rondan en torno a escritos que jamás hemos siquiera contemplado, a saber: la Biblia, textos de Borges, la Constitución Nacional y el Kamasutra. No obstante este vicio endémico de formular citas por doquier, los redactores de Areópago hemos realizado el esfuerzo de recorrer las páginas de nuestra Carta Magna con el solo fin de dejarnos sorprender por su buena nueva.

Si bien los hombres de leyes aseguran que la Constitución Nacional es aquello que los jueces interpretan que es, nosotros nos atrevemos a rozar la herejía recorriendo sus artículos tan solo con ojos de ciudadano inquieto. Entre sus páginas, nos topamos con más de una referencia a la actividad de la prensa y a la incidencia y participación del ciudadano medio en materia de información. Por ejemplo, el artículo 14 sentencia: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:...de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;...". Luego de buscar el correlato de esta disposición constitucional con la realidad, el escepticismo se hace más que evidente.

En uno de sus varios fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma que "entre las libertades que la Constitución nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal". Si la libertad de prensa y la alternatividad de fuentes informativas son entendidas como pilares que sostienen las democracias modernas, ¿de qué hablamos cuando tan arbitrariamente decimos "libertad de prensa"?; y, en última instancia, si la legitimación de las instituciones democráticas de gobierno descansa en la soberanía y participación del ciudadano en las cuestiones de interés publico, ¿qué porción de esa libertad de prensa realmente le pertenece al ciudadano?.

Suele pensarse que la libertad de prensa es algo que beneficia a los editores de diarios y que, por lo tanto, a ellos corresponde su defensa (la llamada "libertad de empresa"). Sin embargo, esta libertad es también un derecho del ciudadano mediante el cual se pretende asegurarle la posibilidad de estar bien informado, a fin de poder formar juicios fundados sobre la realidad. Así las cosas, ¿quién defiende realmente el derecho del ciudadano a la información objetiva?, ¿cómo puede el pensamiento del hombre común ser opinión genuinamente publica y no opinión publicada?. Quizás nuestra retocada Constitución nos proponga alguna respuesta.

La Carta Magna ha incorporado algunos tratados internacionales como complemento de los derechos y garantías por ella reconocidos (art. 75 inciso 22). De entre estos tratados con potencias extranjeras que conforman también la ley suprema de la Nación (art. 31), hallamos el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por la Argentina en 1984 y aprobado por la ley 23.054 que incorpora el concepto más moderno de derecho a la información. El articulo 14 inciso 1 del mencionado pacto refiere: "Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al publico en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley". Este derecho, que nuestra Constitución no prevé expresamente, es el de Derecho de réplica.

Este es el derecho a contestar, por el mismo medio, una opinión o noticia que agravia o perjudica en forma injusta, irrazonable o errónea, la reputación, o alguno de los aspectos esenciales de la personalidad o alguna de las creencias fundamentales del replicante, efectuadas por medio de la prensa. Este derecho de respuesta no se reduce a los delitos contra el honor, ya que no se debe confundir con la querella por calumnias o injurias, ya que en efecto, el honor, la honra y la intimidad de una persona están protegidos por el Código Penal (art. 114) y Civil (art. 1071 bis), sin necesidad de utilizar el derecho de réplica.

El sentido que nosotros intentamos remarcar de este derecho, es el de la confrontación de ideas y el del efectivo ejercicio de la libertad de prensa por parte del ciudadano común. Deseamos que el articulo 14 de nuestra Constitución deje de ser una enunciación meramente formal y represente un verdadero espacio de diálogo entre los medios masivos de comunicación y el receptor. Intentamos que la tan aborrecible censura previa deje de ser exclusivamente un motivo de pataleo de las empresas multimediales para con el Estado o de los periodistas para con sus jefes, y sea también un reclamo legítimo de todo aquel ciudadano disconforme con la calidad de la información recibida y que desee publicar sus pensamientos sin más restricciones que las impuestas por cuestiones técnicas propias del medio.

Desde la redacción de Areópago, nos proponemos generar este espacio para todo aquel que, sintiéndose disconforme con alguna de nuestras publicaciones, desee plasmar su parecer mediante nuestras páginas. De este modo, buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos, nuestra propia "contra-propaganda", en suma, ser el ombudsman de nuestros propios lectores

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