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La Doctrina Drago versus el Corolario Roosevelt

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A pocos meses de terminada la Segunda Conferencia Panamericana en México, hacia fines de 1902, las costas de Venezuela fueron bombardeadas por unidades navales de Gran Bretaña y Alemania, a las que se agregaron las de Italia. El objetivo de esta intervención conjunta fue exigir el cobro de las deudas del gobierno venezolano pendientes con particulares europeos. Aunque dicha intervención supuso de hecho un desafío a los contenidos de la Doctrina Monroe ("América para los americanos"), el gobierno norteamericano la justificó con el llamado "primer Corolario Roosevelt", que limitaba la aplicación de la doctrina a los casos de adquisición de territorio en América por parte de una potencia no americana, y respaldaba la intervención de potencias extrarregionales originada por el cobro de deudas como la efectuada por las potencias europeas en Venezuela.

Debido al apoyo norteamericano hacia los agresores europeos, el dictador venezolano Cipriano Castro (1899-1908) optó por aceptar las condiciones de los últimos el 1º de enero de 1903. El 13 de febrero, Castro reconoció a través del protocolo de Washington la justicia de los reclamos europeos, pagando algunas deudas de inmediato y otras a través de comisiones, estableciéndose en garantía hasta el 30 % del ingreso de las aduanas de La Guayra y Puerto Cabello, lo que fue percibido por agentes belgas.

Mientras tanto, la llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó un "clima de histerismo", según las palabras del propio canciller argentino Luis María Drago. A los ojos de por lo menos algunos sectores de la europeizada élite argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una amenaza a la región. En el Congreso, la intervención de Gran Bretaña, Alemania e Italia en Venezuela generó la división en dos grupos: el de aquellos sectores partidarios de efectuar una declaración de solidaridad sudamericana y el de los proclives a no adoptar ninguna medida que pudiera generar tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con Europa.
   
Por el lado de los medios de prensa, los primeros días de la intervención europea en Venezuela reflejaron preocupación. La Prensa, periódico cuyos editoriales evidenciaron un punto de vista generalmente hostil al gobierno norteamericano, apeló con reservas a la Doctrina Monroe, explicitando que los estados latinoamericanos habían ganado su independencia sin Estados Unidos, y que debían retenerla sin la ayuda de la gran potencia americana. Tampoco el matutino ahorró críticas a la intervención europea, señalando que las naciones latinoamericanas debían denunciarla. Incluso dicho diario llegó a acusar al gobierno de Roca de aislacionismo, clamando por la formación de un bloque americano, sugiriendo en el editorial del 21 de diciembre de 1902 una "Sudamérica para los sudamericanos". Por su parte, La Nación de Bartolomé Mitre, aunque generalmente menos hostil hacia Estados Unidos que La Prensa, adoptó con relación a la intervención europea en Venezuela un punto de vista similar. El 13 de diciembre de 1902, rechazó tanto la actitud europea como la interpretación de la Doctrina Monroe como instrumento legal que confería a Estados Unidos el derecho de intervenir en una nación con serios problemas financieros como el caso de Venezuela. Mientras tanto, el diario de Carlos Pellegrini, El País, calificó a la Doctrina Monroe como una "ficción", y llamó a una acción conjunta de la Argentina, Brasil y Chile. Hacia fines de diciembre de 1902, El País acusó al gobierno de Estados Unidos de tener "la intención de crear un protectorado en América Latina". En cambio El Economista llamó al gobierno argentino a no intervenir en la cuestión venezolana ni en ninguno de aquellos temas de agenda en donde no estuvieran en juego intereses económicos argentinos (1).
   

En esas circunstancias, Luis María Drago, ministro de relaciones exteriores argentino entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela, con fecha 29 de diciembre de 1902 y dirigida al ministro argentino en Washington, Martín García Merou, para que éste la presentara al gobierno norteamericano. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago. El argumento central de esta doctrina sostiene que "la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea (2)".
   

La postura del canciller argentino constituyó en este caso un respaldo al texto de la Doctrina Monroe y a la vez una fuerte crítica hacia las prácticas intervencionistas en la región, tanto de origen europeo como estadounidense. En el citado despacho del 29 de diciembre de 1902 Drago, sostuvo los siguientes argumentos:

(...) Entre los principios fundamentales del Derecho Público Internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras, por ello, a las mismas consideraciones y respeto.
El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, pueden y deben ser hechos por la nación, sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su Gobierno con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la tierra. Otros son los principios proclamados en este Continente de América. "Los contratos entre una nación y los individuos particulares son obligatorios, según la conciencia del soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva -decía el ilustre Hamilton-. No confieren derecho alguno de acción fuera de la voluntad soberana". Los Estados Unidos han ido muy lejos en ese sentido.
La enmienda undécima de su Constitución estableció, en efecto, con el asentimiento unánime del pueblo, que el Poder Judicial de la nación no se extiende a ningún pleito de ley o de equidad seguido contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o súbditos de un Estado extranjero. La República Argentina ha hecho demandables a sus provincias y aun ha consagrado el principio de que la nación misma pueda ser llevada a juicio ante la Suprema Corte por los contratos que celebra con los particulares.
Lo que no ha establecido, lo que no podría de ninguna manera admitir, es que, una vez determinado por sentencia el monto de lo que pudiera adeudar, se le prive de la facultad de elegir el modo y la oportunidad del plazo, en el que tiene tanto o más interés que el acreedor mismo, por que en ello están comprometidos el crédito y el honor colectivos. (...)
El reconocimiento de la deuda pública, la obligación definida de pagarla, no es, por otra parte, una declaración sin valor porque el cobro no pueda llevarse á la práctica por el camino de la violencia. (...)
El cobro militar de los empréstitos supone la ocupación territorial para hacerlo efectivo y la ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales en los países a que se extiende.
Tal situación aparece contrariando visiblemente los principios muchas veces proclamados por las naciones de América y muy particularmente la Doctrina de Monroe con tanto celo sostenida y defendida en todo tiempo por los Estados Unidos, doctrina a que la República Argentina ha adherido antes de ahora. (...)
Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela, por una nación que, como los Estados Unidos goza de tan grande autoridad y poderío, es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de los pueblos de este Continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido, es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea (3).

En su nota enviada al gobierno de Estados Unidos, Drago demostró dos elementos fuertemente interrelacionados: el primero, su explícito respaldo a la Doctrina Monroe y su preocupación por la intervención europea en Venezuela -preocupación que Drago compartió con muchos miembros de la elite argentina de la época, entre ellos el propio presidente Roca-. El segundo, que el uso de la fuerza contra Venezuela implicaba una ocupación territorial, alternativa contraria a la Doctrina Monroe. En este sentido, la Doctrina Drago respaldó el uso de la Doctrina Monroe. Fue una apertura hacia una política multilateral basada en el concepto regional de hemisferio occidental, una extensión de los principios de Monroe y de las esperanzas de James Gillespie Blaine y Domingo Faustino Sarmiento en la colaboración interamericana (4).

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Pero las sugerencias de Drago llegaron en un momento poco oportuno para el gobierno norteamericano, ya que la administración de Theodore Roosevelt (1901-1909) adoptó un internacionalismo de "lobo solitario", una suerte de nuevo Destino Manifiesto, perfil de política exterior que tuvo como rasgos la salida del aislacionismo norteamericano y la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para inversiones y seguridad en el poder naval, objetivo acorde con una economía norteamericana en plena expansión (5).

En una clara manifestación del esfuerzo del gobierno norteamericano por justificar ante las autoridades argentinas la insoslayable contradicción existente entre el contenido de la Doctrina Monroe y su efectiva aplicación, contradicción evidenciada en el apoyo de Washington a la intervención de las potencias europeas en Venezuela, el secretario de Estado norteamericano John Hay comentó sugestivamente al embajador argentino García Merou, que:

Sin expresar asentimiento ni disentimiento con las doctrinas hábilmente expuestas en la nota del Ministro argentino de Relaciones Exteriores, de fecha 29 de diciembre 1902, la posición general del gobierno de los Estados Unidos en este asunto está indicada en recientes mensajes del Presidente (Roosevelt).
El Presidente declaró en su mensaje al Congreso de 3 de diciembre de 1901, que por la doctrina Monroe "no garantizamos a ningún estado contra la represión que pueda acarrearle su inconducta, con tal que esa represión no asuma la forma de adquisición de territorio por ningún poder no americano".
En armonía con el anterior lenguaje, el Presidente anunció en su mensaje de 2 de diciembre de 1902: "Ninguna nación independiente de América debe abrigar el más mínimo temor de una agresión de parte de los Estados Unidos. Corresponde que cada una de ellas mantenga el orden dentro de sus fronteras, y cumpla sus justas obligaciones con los extranjeros. Hecho esto, pueden descansar en la seguridad de que, fuertes ó débiles, nada tienen que temer de intervenciones externas".
Abogando y adhiriendo en la práctica en las cuestiones que le conciernen, al resorte del arbitraje internacional para el arreglo de las controversias que no pueden ajustarse por el tratamiento ordenado de las negociaciones diplomáticas, el gobierno de los Estados Unidos vería siempre con satisfacción que las cuestiones sobre la justicia de los reclamos de un estado contra otro que surjan de agravios individuales o de obligaciones nacionales, lo mismo que las garantías para la ejecución de cualquier laudo que se dicte, sean equilibradas a la decisión de un tribunal de árbitros imparciales, ante el cual las naciones litigantes, las débiles lo mismo que las fuertes, pueden comparecer como iguales, al amparo del derecho internacional y los deberes recíprocos (6).

En su respuesta al ministro de relaciones exteriores argentino, el secretario John Hay dejó de lado prudentemente toda aprobación o desaprobación de la Doctrina Drago. Pero pronto quedó evidenciado que la interpretación que el canciller y jurista argentino hizo de la Doctrina Monroe nada tenía que ver con la del gobierno norteamericano, más cercana al intervencionismo unilateral con disfraz panamericanista que a un panamericanismo de alcance amplio como el que propuso Drago.

Nuevamente, y paradójicamente debido al expreso respaldo de la Doctrina Drago a la Doctrina Monroe, las diferentes prioridades de las políticas exteriores argentina y norteamericana impidieron un acercamiento entre ambas naciones bajo el signo del panamericanismo. Como sostiene Peterson,

La respuesta de Roosevelt a una propuesta argentina que podría haber llevado a una genuina panamericanización de la doctrina de Monroe fue su corolario unilateral. Drago no fue rechazado abiertamente, pero la singular oferta argentina en favor del panamericanismo se vio bruscamente frustrada y debió ser retirada sin demoras. No importa qué lado eligieran, cara o cruz, los argentinos parecían destinados a enfrentar la rivalidad norteamericana (7).

En la opinión de Sheinin, el "Corolario Roosevelt" formó parte de una ideología imperial del gobierno norteamericano que extendió la visión de Destino Manifiesto desde la zona del Caribe hacia las naciones de habla hispana a lo largo del hemisferio. Mientras Estados Unidos adoptó la forma de control directo en la Cuenca del Caribe, la estrategia utilizada para el Cono Sur fue la de la "diplomacia de control". La aplicación de ambas formas de control imperial norteamericano demostraron una enorme continuidad a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, desde la administración de Theodore Roosevelt hasta las de Howard Taft y Woodrow Wilson. En ese lapso, una combinación de prejuicio racial, sentido modificado de Destino Manifiesto y expansión económica saldó las diferencias partidarias en el gobierno de Washignton en función de una política de largo plazo que apuntase a la estabilidad de los intereses norteamericanos en América latina. El "Corolario Roosevelt" demostró el abismo que, en la práctica, separó a la Doctrina Monroe de la Doctrina Drago (8).

Curiosamente, en agudo contraste con el desinterés de la administración Roosevelt hacia la propuesta de Drago, la opinión pública norteamericana dio a ésta un apoyo entusiasta. Los periódicos más representativos, desde Boston a Los Angeles y desde Minneápolis hasta Atlanta, expresaron su aprobación a la Doctrina Drago. Por ejemplo, un redactor de The North American Review afirmó que "Nuestro Departamento de Estado debe abstenerse, de aquí en adelante, de dar su ayuda a los acreedores locales cuando se trate de cobrar deudas corrientes de los gobiernos de los países de América Latina". Para el Harper's Weekly, la nota de Drago señalaba "el comienzo de una época" en las relaciones entre Buenos Aires y Washington, dado que la Argentina nunca había aceptado oficialmente la Doctrina Monroe. Estas alabanzas de los medios de prensa norteamericanos hicieron creer a las autoridades argentinas que su voz estaba siendo oída en el mundo (9).

En Buenos Aires la nota de Drago despertó un clima de optimismo similar al generado en Estados Unidos. En su mensaje anual de 1903, el entonces presidente Julio Argentino Roca manifestó su satisfacción por el hecho de que la nota del canciller argentino no hubiera caído en el vacío, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos no había realizado pronunciamiento alguno respecto del nudo del pensamiento de Drago, es decir, respecto de la política a seguir frente a un cobro compulsivo de la deuda pública de un país (10). El propio Drago publicó un libro en el que reprodujo los recortes de diarios norteamericanos que García Merou le había enviado con profusión (11). Por su parte, los editorialistas del diario La Nación estuvieron convencidos de que el apoyo popular en Estados Unidos a la Doctrina Drago "habría de llevar eventualmente al gobierno norteamericano a declararse francamente a favor de nuestra doctrina (12)".

Pronto este optimismo inicial de los medios de prensa argentinos y norteamericanos dio paso a la realidad, mostrando la distancia que separó en los hechos a la Doctrina Drago de la Doctrina Monroe y su versión aggiornada, el Corolario Roosevelt. Si bien el gobierno norteamericano incorporó el principio de la Doctrina Drago de la no intervención europea por motivos de deuda en los países latinoamericanos, las autoridades de Washington no estuvieron dispuestas a ceder su propio derecho de intervención. Debido a ello, prefirieron seguir su propia política con respecto al cobro compulsivo de la deuda pública. De acuerdo con el Corolario Roosevelt, el control y custodia norteamericanos en el área del Caribe, fortaleciendo a gobiernos impotentes, prevendría las insolvencias financieras que podían justificar el uso de la fuerza. Así, los acuerdos de la administración norteamericana con el gobierno de la República Dominicana, punto de partida de intervenciones posteriores en el área del Caribe, no dejaron ningún espacio para la colaboración argentina o interamericana (13).

Vale aclarar que el Corolario Roosevelt no generó inicialmente indignación en la clase política argentina. Aunque un sector del periodismo, encabezado por el diario La Prensa, adoptó una posición crítica respecto del intervencionismo norteamericano, La Nación y otros periódicos influyentes se mostraron elogiosos (14). 

Por el lado norteamericano, el propio presidente Roosevelt inició un camino tendiente a reconocer en forma parcial la doctrina Drago, citando las opiniones del ex ministro de relaciones exteriores argentino en su mensaje al Congreso de 1906, gesto que Drago agradeció solicitando a la legación norteamericana que se transmitiera su reconocimiento al mandatario norteamericano. Además, en la Tercera Conferencia de Río de Janeiro de 1906, la delegación de Estados Unidos apoyó una resolución que invitaba a examinar el punto del cobro compulsivo de la deuda pública -cuestión clave de la doctrina Drago-, en la Segunda Conferencia Internacional de La Haya de 1907. Otro gesto de aparente reconocimiento del gobierno norteamericano a los esfuerzos de Drago fue el de asegurar la representación de los estados latinoamericanos en la Conferencia de La Haya. Entre los delegados por la Argentina, estuvieron justamente Luis María Drago y Roque Sáenz Peña.

Sin embargo, estos gestos de aparente reconocimiento de la administración Roosevelt a la doctrina argentina fueron sólo superficiales. El gobierno norteamericano no tuvo la menor intención de apoyar la doctrina Drago en su versión original. Mediante una serie de acciones, los representantes de Washington pusieron en evidencia sus reservas para aprobar el proyecto argentino, especialmente en las cuestiones vinculadas a la prohibición absoluta de toda intervención y la propuesta para su cumplimiento multilateral (15). Finalmente, en la Conferencia de La Haya de 1907, la delegación de Estados Unidos propuso una versión moderada de la doctrina Drago, por la que la renuncia al uso de la fuerza para obtener el pago de la deuda estaba condicionada a la aceptación de una solución arbitral por la nación deudora. El delegado estadounidense Horace Porter presentó la proposición que lleva su nombre, que expresaba:

Artículo 1º- Las potencias contratantes convienen en no recurrir a la fuerza armada para el cobro de "deudas contractuales" al Gobierno de un país por el Gobierno de otro país, como debidas a sus nacionales. Sin embargo esta estipulación no podrá ser aplicada, cuando el Estado deudor rechace o deje sin respuesta un ofrecimiento de arbitraje, o en caso de aceptación, haga imposible el establecimiento del compromiso, o después del arbitraje deje de conformarse a la sentencia pronunciada.
Artículo 2º- Queda, además, convenido que al arbitraje mencionado en el párrafo segundo del artículo precedente, será sometido a los procedimientos previstos en el título IV, capítulo 3º de la Convención de La Haya para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. La sentencia arbitral determinará, salvo los arreglos particulares de las partes, el tiempo y el modo de pago (16).

El jurista argentino reaccionó contra semejante distorsión de su proyecto original con un extenso discurso cuyos dos últimos párrafos expresaban lo siguiente:

En un momento memorable la República Argentina proclamó la doctrina que excluye del Continente americano las operaciones militares y la ocupación de territorios, derivadas de empréstitos de Estado. Aun cuando se apoya en consideraciones muy serias y muy fundamentales, se trata de un principio de política, y de política militante, que no puede ser, y que no admitiríamos que fuera discutido ni votado en esta Asamblea.
Lo enuncio, sin embargo, para reservarlo expresamente, y para declarar en nombre de la Delegación Argentina, que ella entiende mantenerlo como doctrina de su país en toda la integridad del despacho de 29 de diciembre de 1902, que nuestro Gobierno dirigió a su representante en Washington, con ocasión de los sucesos de Venezuela. Con esa reserva, que será debidamente consignada, y que versa sobre la deuda pública o deuda nacional proveniente de empréstitos de Estado, la delegación argentina aceptará el arbitraje, rindiendo así nuevo homenaje al principio que tantas veces su país ha consagrado (17).

La Proposición Porter fue objeto de reservas por once estados participantes de la Conferencia de La Haya, entre ellos la Argentina. En la sesión del 27 de julio de 1907, la delegación argentina votó en favor de la Proposición Porter, con dos reservas:

1) En lo que respecta a las deudas provenientes de "contratos ordinarios" entre el nacional de un Estado y un Gobierno extranjero, no se recurrirá al arbitraje sino en el caso específico de la denegación de justicia por las jurisdicciones del país del contrato, que deben ser previamente agotadas.
2) Los "empréstitos públicos" con emisiones de bonos, que constituyen la deuda nacional, no podrán dar lugar, en ningún caso, a la agresión militar ni a la ocupación material del suelo de las naciones americanas (18).

Resultó evidente la renuencia de la mayoría de los dirigentes latinoamericanos a la admisión del derecho a hacer uso de medidas de fuerza; por ello ni la Argentina ni ningún otro estado sudamericano ratificó la proposición (19).

Vale agregar que la aplicación de la doctrina Drago también halló limitaciones en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. En las instrucciones otorgadas por la Cancillería a la delegación argentina enviada a la Tercera Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en 1906, la doctrina fue considerada como destinada a una aplicación mundial, y no hemisférica. Este cambio en la posición original de la doctrina provocó el rechazo de Drago a participar del cónclave de Río.

NOTAS

  1. Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 15 de diciembre de 1902, pp. 531-532, cit. en T.F. McGann, op. cit., p. 220. La opinión de los medios de prensa en ibid., p. 221.

  2. G. Ferrari, op. cit., p. 63. Ver también Alberto Conil Paz, Historia de la Doctrina Drago, Buenos Aires, 1975, y Carlos Alberto Silva, La política internacional de la Nación Argentina, Buenos Aires, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1946, pp. 492-517.

  3. Texto de la nota del canciller argentino Luis María Drago al ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos, Martín García Merou, 29 de diciembre de 1902, en República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Congreso Nacional correspondiente al año 1902-1903, Anexo I, Sucesos de Venezuela, Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1904, pp. 3-11; y en C.A. Silva, op. cit., pp. 493-496. Versión traducida al inglés en Foreign Relations of the United States (FRUS), 1903, Argentine Republic, Ministry of Foreign Relations and Worship, Buenos Aires, December 29, 1902, pp. 1-5.

  4. T.F. McGann, op. cit., pp. 218-220, y H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 338.

  5. H.F. Peterson, op. cit., vol. I, pp. 337-338.

  6. Memorándum del secretario de Estado norteamericano John Hay al ministro argentino en Estados Unidos, Martín García Merou, referente a las instrucciones del señor ministro de relaciones exteriores del gobierno argentino, Luis María Drago, de 29 de diciembre de 1902, Departamento de Estado, Washington, 17 de febrero de 1903, cit. en República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto, Memoria...1902-1903, op. cit., Anexo I, pp. 11-12. Versión original en inglés de este memorándum en FRUS, 1903, Mr. Hay to Señor García Merou, Department of State, Washington, February 17, 1903, pp. 5-6.

  7. H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 338.

  8. David Matthew Khazanov Sheinin, The diplomacy of control: United States-Argentine relations, 1910-1928, Ph.D. dissertation, The University of Connecticut, 1989, pp. 24-26; T.F. McGann, op. cit., p. 223.

  9. La favorable recepción de los medios de prensa norteamericanos a la Doctrina Drago aparece en FRUS, 1903, Mr. Ames to Mr. Hay, Nº 255, Legation of the United States, Buenos Aires, May 5, 1903, p. 6; North American Review, vol. 176, marzo de 1903, pp. 321-335; Harper's Weekly, vol. XLVII, 28 de marzo de 1903, p. 521, fuentes citadas en H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 307; ibid., pp. 306-307; T.F. McGann, op. cit., p. 223.

  10. H. Mabragaña, Los mensajes, VI, 47-49, cit. en H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 307.

  11. Luis María Drago, La República Argentina y el caso de Venezuela: Documentos, juicios y comentarios relacionados con la nota pasada al ministro argentino en Washington, Buenos Aires, 1903, pp. 246-294, cit. en H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 307.

  12. La Nación, 3 de mayo de 1903, cit. en ibid.

  13. Samuel F. Bemis, The Latin American Policy of the United States: An Historical Interpretation, Nueva York, 1943, pp. 156-159; Dexter Perkins, The Monroe Doctrine, 1867-1907, Baltimore, 1938, pp. 407-411, fuentes citadas en ibid., vol. I, p. 308.

  14. Dexter Perkins, op. cit., pp. 451-454, cit. en ibid. Por su parte, si bien La Prensa sostuvo en su editorial del 8 de diciembre de 1904 que el Corolario Roosevelt "era la declaración más seria y amenazante contra la integridad sudamericana", también aseguraba a sus lectores que la Argentina debía seguir el buen ejemplo de la democracia norteamericana e incluso el activo liderazgo de Teddy Roosevelt. Sostenía además que, aunque excluida de la definición de Roosevelt de estado latinoamericano "desorganizado", la Argentina debía defender el principio de soberanía y los derechos de todos los países de la región contra la política del "garrote". Ver al respecto T.F. McGann, op. cit., pp. 223-224.

  15. H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 309.

  16. Texto de la Proposición Porter en C.A. Silva, op. cit., p. 499.

  17. Texto del discurso de Luis María Drago en C.A. Silva, op. cit., pp. 501-505; también en Luis María Drago, Discursos y escritos, compilados y precedidos de una introducción por su hijo Mariano J. Drago, vol. II, Buenos Aires, 1938, p. 193, cit. en H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 310.

  18. C.A. Silva, op. cit., p. 505.

  19. H.F. Peterson, op. cit., vol. I, p. 311.

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