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Derecho / Legal Sciences
La función integradora de la jurisprudencia
Edgar Martínez Cruz

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150508 - CAPITULO PRIMERO.- LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO.

1.1 Las fuentes del Derecho 1.2 Clasificación de las fuentes del Derecho 1.3 Concepto de Jurisprudencia y su regulación en el derecho mexicano.

1.1 Las fuentes del Derecho

El Derecho es una creación humana, pues el ser humano desde su aparición en la faz de la tierra ha buscado la manera de hacer fácil y útil su vida en este planeta. El poder vivir en armonía con sus semejantes le ha resultado sumamente difícil y complejo debido a la gran variedad de pensamientos e ideas que se tienen sobre diversos tópicos, así como los sentimientos egoístas del propio ser humano quien, en ocasiones, a costa de lo que sea, ha tratado de sobreponerse a los demás y dominarlos hasta hacerlos perder su conciencia de hombres. Tal vez, estaríamos de acuerdo con Tomas Hobbes, cuando en su libro Leviatán, considera que el hombre es el propio lobo del hombre.

Ahora bien, el ser humano al percatarse de esta falta de convivencia se ve precisado a crear instrumentos tendientes a facilitar su existencia, uno de esos instrumentos es el Derecho. A través de los ordenamientos jurídicos ve la posibilidad de controlar los sentimientos egoístas de los seres humanos, así como también, y no lo podemos negar, controlar a los débiles para utilizar de manera justificada el propio poder.

Pero la pregunta que surge inmediatamente ¿Cómo surge este instrumento controlador de la conducta humana? ¿Cómo surge el Derecho? Para resolver estas cuestiones los estudiosos buscan encontrar la respuesta y así se dan cuenta que el Derecho no surge por generación espontánea, sino por la necesidad de resolver los problemas diarios de la vida: el Derecho debe necesariamente tener sus propias fuentes de creación.

Los juristas han tratado, a través de los siglos, de buscar las fuentes de la ciencia jurídica. Por ello, atendiendo a lo manifestado por Mario I. Álvarez podemos decir: “…el concepto de ‘fuentes’ es el generalmente aceptado para referirse a los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del Derecho; es decir, tanto a la formalización- validación que incorpora y distingue a las normas jurídicas, como a los contenidos que son materia de incorporación.”[1] Siguiendo el pensamiento de Miguel Villoro Toranzo “… la palabra ‘fuentes’ se usa en sentido metafórico; sugiere que hay que investigar los orígenes mismos de donde nace el Derecho, así como hay que remontar la corriente de un río hasta llegar a las fuentes de donde brotan sus aguas.”[2]

Es decir, por fuentes del derecho debemos atender al origen creador del mismo, la manera en cómo se crean los ordenamientos jurídicos con el objetivo de encontrar una justificación de la existencia del propio Derecho. Estas fuentes han sido clasificadas, tradicionalmente, de la siguiente forma: fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales.

1.2 Clasificación de las fuentes del Derecho

Como se mencionó en el punto anterior, las fuentes del Derecho se clasifican en fuentes históricas, reales y formales.

Las fuentes históricas son todos aquellos documentos o textos de derecho positivo, legislaciones, ordenamientos, reglamentos, que en un momento o época estuvieron vigentes y los cuales sirven de inspiración o antecedente a las nuevas legislaciones.

Las fuentes reales o materiales son aquellos contenidos normativos que constituyen la materia  que se incorporan a las normas jurídicas, tales como los valores o principios morales, aspiraciones o principios sociales, producto de las experiencias o de la aspiración de justicia de un determinado pueblo.

Las fuentes formales son todos aquellos procesos o actos indispensables para la validez y vigencia de los ordenamientos jurídicos. Son aquellos pasos indispensables para la creación de una norma jurídica sin los cuales no puede considerarse como existente el derecho positivo.

Las fuentes formales a la vez se subclasifican en directas e indirectas. En las directas encontramos a la  legislación y a la costumbre. En las indirectas están la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina.

La legislación vendría siendo propiamente la ley, la cual se podría decir es la norma jurídica que con carácter general, abstracta y obligatoria, resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano estatal o autoridad facultada para ello. Siguiendo al jurista Eduardo García Máynez, también podemos definir a la legislación “como el proceso por el cual uno o varios órganos del estado formulan  y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes.”[3]

De la costumbre podemos decir que son aquellas repeticiones de acciones al interior de una sociedad determinada, dada la reiteración, aceptación y permanencia, la cual adquiere fuerza normativa y se considera obligatoria. La costumbre para que sea obligatoria debe reunir dos elementos esenciales: la inveterata consuetudo y la opinio iuris seu necessitatis, es decir la práctica suficientemente reiterada de un determinado proceder y la idea de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria.

La jurisprudencia, fuente formal indirecta del derecho legislado, tiene dos tipos de acepciones: una como ciencia del Derecho o teoría del orden jurídico positivo, y una segunda como aquellos criterios, principios o doctrinas encontradas en las resoluciones de las autoridades judiciales, con el objeto de aterrizarlo en los casos concretos a resolver. Más adelante en el presente trabajo hablaremos con más detalle sobre este concepto.

Los principios generales del derecho son “criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación; el principio dar a cada quien lo suyo uno de estos principios generales del derecho, es un criterio que expresa el comportamiento que han de tener los hombres en sus relaciones de intercambio este criterio es real, tiene entidad, no como un ser que pueda ser captado por los sentidos del hombre (no como ser sensible), sino como un ser que subsiste en la inteligencia que b concibe (como ser mental).”[4] Los principios generales del derecho son aquellos postulados, ideas, fórmulas básicos o fundamentales que constituyen la base de todo nuestro ordenamiento jurídico permitiendo a través de ellos la creación, orientación e integración del ordenamiento legal.

La doctrina viene siendo los estudios de carácter científico realizada por juristas acerca de diversos tópicos del derecho, con el propósito teórico de sistematización de los preceptos de determinados ordenamiento jurídicos, con la finalidad de interpretarlas y señalar sus reglas de aplicación.

Ahora bien, estas son las fuentes del derecho, los medio por los cuáles se crea la ciencia jurídica. En el presente trabajo nos enfocaremos a uno en particular, a la fuente formal indirecta llamada jurisprudencia.

1.3 Concepto de Jurisprudencia y su regulación en el derecho mexicano

Como ya dejamos asentado en líneas anteriores a la jurisprudencia la podemos entender desde dos puntos de vista: como ciencia, como un conjunto de conocimientos o sabiduría respecto de determinadas materias y como criterios de los tribunales al resolver casos concretos. Sin embargo, la Enciclopedia Jurídica Omeba, hace la siguiente distinción respecto a la jurisprudencia:

“El vocablo tiene tres acepciones usuales en Derecho.

“La primera de ellas, que es la clásica, deriva del latín juris (Derecho) prudentia (sabiduría) y es usada para denominar en modo muy amplio y general a la ciencia del Derecho.

“La segunda acepción alude al conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por órganos judiciales y administrativos. Estos pronunciamientos constituyen el llamado Derecho Judicial en cuanto comprende a los fallos y sentencias emanados de los jueces y tribunales judiciales, o bien el denominado Derecho jurisprudencial administrativo, en cuanto involucra a las resoluciones finales de los tribunales administrativos.

“La tercera acepción dice referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. La coincidencia de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales permite hablar, en estos casos, de jurisprudencia uniforme, lo cual, a su vez traduce la unidad de criterio con que en l practica son resueltos los casos análogos por los tribunales judiciales o administrativos.”[5]

La acepción que nos interesa en el presente trabajo es aquella en donde se establecen criterios uniformes por parte de los tribunales al resolver casos concretos, en donde los tribunales al percatarse de la deficiencia de la ley tienen que desentrañar su sentido y espíritu para de esa manera individualizar la norma en cada caso en particular.

Ignacio Burgoa Orihuela nos da un concepto de jurisprudencia tomando en consideración nuestro derecho positivo, así nos establece: “la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dicha consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerarquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley.”[6]

Joel Carranco Zúñiga, siendo más practico y enfocándose a la finalidad de la jurisprudencia, afirma “ésta debe ser entendida como el producto final de las decisiones de los tribunales federales al resolver diversos medios de control constitucional, y como un medio a través del cual se sistematizan los criterios novedosos sustentados en las referidas resoluciones, haciéndolos más accesibles al público en general y facilitando así su observancia”[7]

La jurisprudencia en nuestro sistema jurídico encuentra su fundamento en el artículo 94, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 94…

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

La ley encargada de regular la jurisprudencia es la Ley de Amparo, la cual en sus artículos 192 al 197-B nos dan las reglas para la obligatoriedad, creación, integración, modificación, interrupción y publicación de la jurisprudencia, así como también establece qué órganos del Poder Judicial son los facultados para emitirla. Estos preceptos se relacionan con los artículos 177 al 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Por ello solamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus Salas: Primera y Segunda, y los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitir jurisprudencia atendiendo a los requisitos necesarios establecidos por la propia Ley.

Ahora bien, no debemos olvidar que otro subrógano del Poder Judicial de la Federación es la el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en la ley respectiva, lo faculta también para emitir jurisprudencia. De igual forma, los tribunales administrativos, los tribunales de las entidades federativas, tienen la posibilidad de emitir jurisprudencia en la medida que sus propias legislaciones se lo permitan.

Como podemos apreciar, en nuestro derecho positivo la jurisprudencia cumple un papel importante, pues a través de ella podemos encontrar el significado y alcance de una norma jurídica, siendo los tribunales (federales o locales en su caso) los que hacen la labor interpretativa de los ordenamientos jurídicos para adecuarlos a cada caso concreto. Ardua labor la de los juzgadores pero trascendente para la administración de justicia, aunque no se puede negar las fallas en las interpretaciones mismas, pues si la ley tiene fallas con mucha mayor razón la labor interpretativa.

CAPITULO SEGUNDO.- SISTEMAS DE CREACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO Y FUNCIONES DE LA JURISPRUDENCIA

2.1 Jurisprudencia por reiteración. 2.2 Jurisprudencia por unificación 2.3 Jurisprudencia emitida en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 2.4 Funciones de la Jurisprudencia.

Como ya lo vimos en el capítulo anterior, la jurisprudencia es una fuente formal indirecta del Derecho, pues la legislación al ser creación humana tiene ciertas imperfecciones, de ahí la necesidad de perfeccionarla. Por ello los tribunales federales competentes van a corregir estas deficiencias ya sea interpretando la ley al ser esta confusa, o en su caso integrándola cuando de sus preceptos no prevea la solución a un caso concreto, pero ahora vamos a ver la forma en que se integra o crea la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico.

2.1 Jurisprudencia por reiteración

La ley de Amparo en sus artículos 192 y 193 nos da las reglas para la creación de la jurisprudencia por reiteración de criterios. Así en un primer plano nos menciona que la resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituirán jurisprudencia cuando lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencia no interrumpidas por otra en contrario y se aprueben por lo menor por ocho Ministros. En cuanto a las Salas de la Corte, sus resoluciones constituirán jurisprudencia al ser aprobadas cuando menos por cuatro Ministros, y los resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario. Por lo que respecta los Tribunales Colegiados de Circuito, sus resoluciones constituirán jurisprudencia siempre y cuando en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, pero aquí se debe aprobar por unanimidad de los Magistrados integrantes de cada tribunal.

Artículo 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

Artículo 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.

2.2 Jurisprudencia por unificación

Esta forma de creación de la jurisprudencia  es totalmente distinta a la anterior. El artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa lo siguiente:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, …

Este precepto constitucional nos regula la creación de la jurisprudencia por unificación de criterios o contradicción de tesis como también se le suele llamar. Este tipo de jurisprudencia, a diferencia del anterior, no requiere de un número reiterado de sentencias, pues una sola resolución basta para dilucidar dos o más criterios contradictorios. De igual manera ni la Constitución ni la Ley de Amparo establecen un número de votos para la unificación por lo que procede considerar una votación por mayoría simple y no una mayoría calificada.

2.3 Jurisprudencia emitida en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Como consecuencia de la reforma Constitucional en 1994, se crean dos medios más de control constitucional, así tenemos a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. 

La primera de ellas, es decir las controversias constitucionales, versan sobre conflictos suscitados entre diversos órganos, poderes o entidades del Estado por invasión en sus respectivas esferas jurídicas. Es “un juicio de única instancia que, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantean la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio, para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un acto que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, fue responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno citados, lo que conculca el federalismo, transgrede el reparto de competencias consagrado en la Constitución y daña la soberanía popular.”[8]

Como se observa del concepto anterior quien resuelve en única instancia este tipo de conflictos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual si la resolución es aprobada por lo menos por ocho Ministros esta tendrá el carácter de jurisprudencia. El artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional nos dice:

ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.

En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

Por lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad, podemos decir que es “el procedimiento abstracto de control que el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas federales y locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de los partidos políticos y el Procurador General de la República, demandan ante la Suprema Corte de Justicia de la nación para que ésta resuelva sobre la posible contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su integridad y, en su caso, declare la invalidez total o parcial de aquéllos, a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico.”[9]

Las razones esgrimidas en lo considerandos que funden los resolutivos de las sentencias relativas a ellos, aprobadas por ocho Ministros, son jurisprudencia. Así tenemos lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.

2.4 Funciones de la Jurisprudencia

La jurisprudencia tiene dos funciones principales: la interpretación de la norma jurídica y la integración de la misma. Esta funciones hacen importantes a la jurisprudencia porque sino no tendrían razón de ser los órganos judiciales pues se limitarían únicamente a la aplicación de la ley. Es por ello que el jurista Ignacio Burgoa Orihuela afirmaba: “la jurisprudencia tiene dos finalidades esenciales: la de interpretar el derecho legislado y la de crear o construir el derecho en ocasión a los casos concretos que se sometan al conocimiento de los tribunales.

“La jurisprudencia no entraña simplemente la mera función aplicativa de las normas jurídicas, sino la ponderación científica  de creación o construcción del derecho cuando la ley adolece de deficiencias, omisiones, imprevisiones o lagunas.”[10]

Interpretar según el Diccionario de la Lengua Española, en su primera acepción es: “Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto.”[11]

Integrar, según el mismo diccionario, en su segunda acepción, es: “Completar un todo con las partes que faltaban. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo.”[12]

Analizando los conceptos anteriores y enfocándolos al término jurisprudencia, encontramos que, por un lado la jurisprudencia es aquella técnica jurídica que busca desentrañar el sentido de la ley o del ordenamiento jurídico respectivo. En cambio, cuando la ley es deficiente y no contiene los elementos necesarios para lograr su interpretación, sino que encontramos lagunas o vacíos totales, es cuando surge la jurisprudencia integradora, pero esta integración no puede ser arbitraria por el contrario el juzgador debe analizar en forma sistemática la legislación para así tratar de encontrar la solución al caso concreto, utilizando el mismo ordenamiento jurídico.

Como podemos apreciar a grandes rasgos, la jurisprudencia es interpretativa en primer lugar, esa es la función primordial de los órganos jurisdiccionales facultados para ello. “La interpretación jurídica se encuentra delimitada por dos polos. De una parte están las normas que la regulan, y de la otra, el acto mismo de interpretar. El intérprete… es el mediador entre las primeras y el segundo. Por tanto, la interpretación se presenta como la búsqueda en el ordenamiento jurídico de la regla adecuada para resolver la contradicción o la insuficiencia con que el aplicador del Derecho se encuentre.”[13]

Jamás el órgano jurisdiccional al hacer una interpretación de alguna norma o de un precepto constitucional,  jamás debe rebasar a la legislación misma, aunque si puede acudir a factores externos para su debida aplicación. García Máynez el exponer el pensamiento de Geny, nos dice lo siguiente:

“El área de la interpretación de la ley sería demasiado estrecha, si el intérprete debiera en todo caso limitarse  estrictamente al texto mismo, y tuviese que prescindir de cualquier elemento externo.

“A menudo es necesario, para descubrir la voluntad del legislador, tomar en cuenta los elementos extrínsecos, que aclaran el sentido y alcance de la fórmula. Estos elementos son de muy diversa índole.”[14]

Más adelante nos explica que primeramente se debe buscar la intención del legislador; las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales y demás que motivaron la creación de determinado ordenamiento jurídico. Se debe analizar con cuidado el medio social en que la ley se originó y tomar muy en cuenta los principios y concepciones jurídicas que el legislador tuvo presente para la creación del mismo.

Por lo que respecta a la integración de la norma, como ya lo hemos venido mencionando y como lo sostienen la mayoría de los juristas, la ley adolece en algunas ocasiones de deficiencias, es decir tiene lagunas, no prevé una solución adecuada al problema, debido a que el legislador al momento de emitirla no tuvo en cuenta la posible visión de una nueva problemática. Aquí es donde el juez tiene una importante función, pues es él quien va buscar la forma de integrar esa norma jurídica o esa ley. El juez, a falta de disposición expresa, tiene que verse precisado a tomar en cuenta diversos elementos para constituir la norma, para completarla y con ello resolver la controversia.

Hay quienes no están de acuerdo en la función integradora de la norma por parte del órgano jurisdiccional, pues afirman que con ello se violenta la división de poderes en donde si se le permite al juez integrar la norma en cierta forma se le estará permitiendo legislar. Sin embargo, tal opinión no la compartimos. En primer lugar el juez no puede excusarse de resolver una controversia, está obligado dar soluciones aunque no haya disposición expresa para ello. En segundo lugar, si el juez se ve precisado integrar la norma o la ley es solamente para resolver un caso en particular, en donde su resolución afecta solamente a las partes. Sin embargo es necesario crear un sistema tendiente a unificar todos esos criterios emitidos por los jueces, así es como tenemos a la jurisprudencia.

Como podemos apreciar la jurisprudencia al tener estas dos funciones primordiales: interpretar e integrar las leyes, dan completa seguridad jurídica a los gobernados. Con ello se trata de dar respuesta general a todas aquellas controversias necesitadas de una solución. De esta forma se unifican criterios, se establece un orden y se permite llenar aquellas lagunas de cualquier legislación. Recordemos que “la tarea de aplicación del Derecho es una de las más complejas y difíciles, tanto porque los ordenamientos jurídicos poseen imprecisiones e insuficiencias, como porque el juzgador, un ser humano con limitaciones naturales, corresponde evaluar lógica y axiológicamente realidades que se presentan rodeadas de múltiples e imprevisibles circunstancias. Por ello, el proceso de aplicación del Derecho no puede ser mecánico, exclusivamente circunscrito al método silogístico.”[15]

CAPITULO TERCERO.- LA JURISPRUDENCIA COMO INTEGRADORA DE LA LEY EN EL DERECHO MEXICANO

3.1 La plenitud hermética del orden jurídico 3.2 Técnicas de la integración normativa 3.3 Alcances de la jurisprudencia integradora de la norma en el Derecho Mexicano.

3.1 La plenitud hermética del orden jurídico

Con esta expresión se quiere decir que no hay situación alguna que no pueda resolverse. Si no existe precepto legal para resolver una cuestión se aplica el principio de que todo “aquello que no está ordenado o prohibido luego está permitido”.

Esta teoría de la plenitud hermética sostiene siempre el carecimiento de lagunas del cualquier ordenamiento jurídico porque los vacíos de la ley deben ser llenados por el juez, no de forma arbitraria, sino atendiendo a principios jurídicos. Esto es, en la ley podrá haber lagunas pero en el Derecho no.

“Comienza Ernst Zitelmann por afirmar que no toda ausencia de regulación constituye una laguna toda vez que el derecho, frecuentemente, renuncia a regular ciertas esferas por razones de política legislativa. Por lo tanto es necesario diferenciar entre lagunas aparentes y lagunas reales. Las primeras los son desde el punto de vista crítico, no desde la óptica de la aplicación del derecho y las segundas, en cambio, constituyen verdaderas lagunas en el sentido que la ley permanece en general deudora de una respuesta, pues no hace posible una solución necesaria.”[16]

Recaséns Siches nos dice al respecto: “Si no rigiera el principio de la plenitud hermética del orden jurídico positivo, en éste se abriría un agujero por el que entraría un torrente de incertidumbre y de inseguridad y, por lo tanto, se abriría la puerta a irrupciones de anarquía”.[17]

Siguiendo esta teoría, el juez al percatarse de una laguna en la ley debe proceder de inmediato a rellenarla y decidir ejecutivamente el caso que se le plantee. El juez al carecer del mismo arbitrio del legislador debe proceder a analizar los principios cardinales o valoraciones tácitas que inspiran al ordenamiento jurídico-positivo. En primer término el juzgador de tratar de extraer de los principios generales formulados en el ordenamiento positivo, los criterios que sean aplicables al caso sobre el que tiene que decidir. Si no le fuere posible  llevar a cabo tal método, entonces tendrá que acudir a la analogía, si a pesar de ello tampoco logra colmar las lagunas, entonces el juzgador deberá acudir a una operación de estimativa ideal, de axiología, de valoración, en una palabra deberá acudir a lo que considere como principios ideales del Derecho.

Como podemos observar esta teoría en ningún momento acepta la imperfección del Derecho, éste es una ciencia y como tal está inspirada en principios absolutos y aplicables a cada caso en concreto. La ley es la deficiente así que debemos de complementarla cuando sea imposible tratar de completarla. “El sistema jurídico supone, como quedo asentado que el orden jurídico se basta así mismo para resolver los conflictos que se generan en una sociedad en un momento determinado.”[18]

3.2 Métodos para la integración normativa

Como hemos venido mencionando, las legislaciones en ocasiones adolecen de deficiencias o en su caso son omisas al no prever en sus preceptos ciertos problemas que permitan la solución a un conflicto. Por ello por integración de la norma o de la ley la podemos conceptuar como aquél método a través del cual se completan las lagunas existentes en un determinado ordenamiento jurídico. Se habla de dos tipos de integración: heterointegración y autointegración.

a)                   La heterointegración, siguiendo el pensamiento de Mario I. Álvarez, se da cuando para salvar la laguna se recurre a diversos ordenamientos, distintos de aquél que se debe completar o a fuentes del derecho diversas de la dominante en el ordenamiento jurídico en cuestión. Es lo se le conoce como supletoriedad de la ley.

b)                   La autointegración,  se da cuando el ordenamiento jurídico acude a su fuente de derecho dominante vía la analogía o a los principios generales del derecho.[19]

En la heterointegración o supletoriedad de la ley es una cuestión de aplicación  para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general.

Por lo que respecta a la autointegración, aquí encontramos a la analogía. Por analogía podemos entender semejanza. “En el lenguaje jurídico, suele llamarse ‘aplicación analógica’ a la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no contemplado por ella, pero semejante al previsto por la misma… se llama argumento analógico o argumento asimili al procedimiento discursivo que se emplea para justificar (o motivar) la aplicación analógica.”[20]

Ahora bien, para llevar a cabo la analogía no deber tratarse de una simple semejanza, sino debe ser una semejanza relevante, es decir, para aplicar la hipótesis normativa a un hecho que no se adapta a ella perfectamente, es necesario que ambos tengan en común la misma razón suficiente. No debe confundirse la analogía con la mayoría de razón, pues cuando los objetivos que se buscan producir o prevenir con una norma jurídica aparecen con mayor intensidad o fuerza en un hecho o caso no previsto, y dicha norma quiere hacerse extensiva, se estaría procediendo por mayoría de razón.

Existen dos clases de analogía: la analogía iuris y la analogía legis. La analogía iuris es el procedimiento de integración que consiste en extraer de todo el sistema jurídico o de una parte del mismo una nueva norma para la laguna del ordenamiento jurídico; en cambio la analogía legis la norma se obtiene de otra ley o norma jurídica singular.

Otro método de autointegración  son los principios generales del derecho. Diversos autores consideran que los principios generales del derecho son los principios del Derecho natural, otros consideran que son aquellos principios heredados del derecho romano, no falta quienes afirman que los principios generales del derecho son aquellos que se identifican con la justicia y otros valores.

Difícil resulta dar un concepto de principios generales del Derecho, pues cada autor y cada corriente de pensamiento le da la una connotación particular. Pero tratando de allanar el camino, nos remitiremos al concepto dado por el jurista Mario I. Álvarez, quien nos sugiere el siguiente concepto: “conjunto de criterios orientadores de carácter lógico y axiológico insertos en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador y, en su caso, suplir las insuficiencias o ausencias de la ley o de otras fuentes formales.”[21]

Como podemos observar del concepto anterior los principios generales del derecho pueden ser de dos tipos: unos, lo que poseen un carácter lógico-jurídico. En este caso, el juzgador deducirá de la lógica interna del sistema la norma o criterio integrador que sea coherente con la totalidad del ordenamiento. En cambio, el otro tipo de conceptos generales del derecho está constituido por un conjunto de valores, principios de carácter axiológicos, que servirán al juzgador como paradigmas de justicia y legitimidad del orden jurídico.

Ahora bien, debemos tener cuidado cuando apliquemos los principios generales del derecho a falta de legislación o norma, pues como dice Eduardo García Máynez: “los principios generales del derecho que le sirvan de base para llenar lagunas de la ley, no deben nunca oponerse a los preceptos contenidos en ésta. Tal requisito ‘se funda esencialmente en la naturaleza del sistema jurídico, el cual debe constituir un todo único y homogéneo, un verdadero organismo lógico, capaz de suministrar una norma segura –no ambigua y menos aún contradictoria- para toda posible relación de convivencia.”[22]

Hay quienes sostienen que la equidad es también un método para integrar la norma jurídica. Considero que tal postura es acertada, pues el juzgador para integrar la ley p la norma jurídica debe valerse de cualquier medio para resolver el conflicto, aunque aquí cabría la posibilidad de encontrar la equidad dentro de los principios generales del derecho, pues la equidad es una valor y por tanto estaría conceptuado dentro los principios axiológicos, por ello considero que la equidad ya se encuentra involucrado en los principios generales del derecho y no merece una explicación profunda sobre este tema en particular.

3.3 La interpretación correctora: extensiva y restrictiva

Como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de la presente investigación, el juzgador al aplicar la norma o la ley a cada caso en particular se puede encontrar que ésta no es suficiente para solucionar la controversia, pues al analizar la normatividad vigente resulta que el sentido de la ley debe ir más haya de lo simplemente estipulado o en ocasiones, la misma ley rebasa literalmente el espíritu establecido en ella. Es así como surge la necesidad de llevar a cabo una interpretación correctora, la cual derivará en una interpretación extensiva o en una interpretación restrictiva.

En la interpretación extensiva el intérprete jurisdiccional no encuentra una solución satisfactoria en el texto legal y para hallarla tiene la necesidad de ir más allá del mismo, pues a pesar de haber hecho una minuciosa búsqueda no encuentra la norma adecuada para la solución del caso. Así tenemos que para lograr ello, el intérprete debe apoyarse en dos tipos de argumentos: el analógico o a simili y el argumento a fortiori.

En el argumento analógico, como ya lo comentamos en el punto anterior, implica necesariamente creación o innovación del Derecho. Sin embargo debemos distinguir la aplicación analógica y la explicación analógica. La primera sirve para llenar verdaderas lagunas, mientras en la segunda es utilizada por el juez para explicar un precepto de significado incierto, contenido en el mismo ordenamiento jurídico que se interpreta, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca.[23]

El argumento a fortiori se manifiesta de dos formas: a maiori ad minus (quien tiene derecho a lo más tiene derecho a lo menos) y a minori ad maius (si está prohibido lo menos, está prohibido lo más). Ambos se refieren a la mayor razón, es decir este modo de argumentar presupone la previa identificación de la razón por la que a un supuesto de hecho se conecta una determinada consecuencia de derecho.[24]

Ahora bien, por lo que respecta a la interpretación restrictiva ésta se da cuando el intérprete jurisdiccional restringe o circunscribe el significado de un precepto de una ley, esto es, limita el significado literal de las palabras de una ley porque éstas expresan más de lo que quiso decir el propio legislador.

De lo expuesto anteriormente podemos observar que este tipo de interpretaciones pueden, en realidad, conducirnos a la integración de la norma jurídica porque al emplearse estos métodos llevan a modificar el sentido literal de la misma. Esto es, los tribunales no solamente se limitan a resolver el conflicto aplicando estrictamente el texto de la ley, sino también deben valorar si dicho texto se adecua correctamente a la solución del conflicto, la norma no debe ser vista de manera aislada sino debe ser analizada en todo el contexto de la ley para así determinar su alcance de aplicación y el sentido de la misma.

3.4 Alcances de la jurisprudencia integradora de la norma en el Derecho Mexicano.

Ya vimos en el punto anterior, los métodos que la ciencia jurídica nos proporciona para integrar la norma jurídica cuando el juzgador se percata de la existencia de lagunas en la legislación. Ahora es tiempo de revisar nuestra legislación y verificar dónde se encuentra el fundamento para hacer la labor integrativa de la ley.

Al artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos tercero y cuarto nos dicen lo siguiente:

Artículo 14. …

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Este precepto constitucional nos fundamenta el papel interpretador e integrador de la ley por parte de los tribunales. Se da la integración del Derecho cuando los tribunales dictan sus sentencias en casos no previstos por las leyes.

Como se puede observar de inmediato, en materia penal se prohíbe la analogía y la mayoría de razón para imponer penas, pues la pena solamente puede ser impuesta si ésta esta decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Por tal motivo podemos deducir que la integración de una norma o ley penal, resulta imposible por así determinarlo la misma Carta Magna.

“La ley penal debe aplicarse exactamente; pero ello no quiere decir, por supuesto, que no sea posible interpretarla. La Ley siempre es una forma de expresión del derecho, lo cual demuestra que, en todo caso, exige ser interpretada. Lo que el artículo 14 prohíbe no es la interpretación, sino la integración de la ley penal, ya que ésta, por definición, carece de lagunas.”[25]

Estos puntos los podemos enfocar a la función integradora de la jurisprudencia y vemos que ésta, podrá interpretar una norma penal, pero aquí añadiríamos siempre que esa interpretación beneficie al reo, pero jamás podría integrar una norma penal, pues el artículo 14 constitucional expresamente así lo determina y por tal motivo no puede pasarse por alto tal disposición.

Por lo que respecta  a la materia civil, aquí  se nos da mucha tela de donde cortar. El párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, no sólo da la posibilidad de establecer jurisprudencia interpretativa, sino también da la posibilidad de que los tribunales emitan jurisprudencia integradora. En primer lugar, dicha disposición nos obliga a los intérpretes a recurrir a los métodos gramaticales para la interpretación de la ley, posteriormente si a pesar de emplear tal método no puede desentrañarse el sentido de la norma, entonces se recurre a la jurisprudencia interpretativa cuando dicho precepto menciona la interpretación jurídica de la ley. Pero si a pesar de todo ello, sigue la dificultad de encontrar la solución al caso concreto, entonces la jurisprudencia vendrá a subsanar, aplicando la analogía y los principios generales del Derecho, la falta de una disposición jurídica para resolver tal cuestión.

La analogía no está contemplada como tal en el precepto constitucional multicitado para que los tribunales puedan basarse primeramente en ella, es más ni la mencionan cómo un método de integración de la norma. No obstante lo anterior, tampoco debemos olvidar que la analogía es también un principio general de derecho y por tal motivo puede ser aplicado por órganos jurisdiccionales para cumplir plenamente con el fin encomendado. Tal como es la integración de los ordenamientos jurídicos.

3.5 Riesgos, limitaciones y beneficios de la función integradora de las normas

A lo largo del presente trabajo hemos tratado visto la función tan importante del intérprete jurisdiccional en lo referente a la integración de la norma o de la ley que hace cuando ésta resulta deficiente. Sin embargo, no debemos dejar pasar que dicha función tiene sus riesgos, puesto que al aventurarse el órgano jurisdiccional a integrar un precepto normativo puede en un momento dado, rebasar el espíritu de la ley y con ello resolver de una forma no adecuada a los principios rectores del ordenamiento mismo.

Por lo que se refiere a nuestro derecho, nuestros tribunales federales son los encargados de hacer esta labor de integración al momento de integrar la jurisprudencia. Esto es, cuando se han cumplido los requisitos necesarios para que un criterio de resolución sea el aplicable al caso concreto es cuando ésta se vuelve obligatoria para todos los tribunales inferiores.[26] Por tal motivo al ser obligatoria la jurisprudencia nos acarrea que el incumplimiento de la misma por parte de los órganos jurisdiccionales inferiores puede ocasionar una responsabilidad de diversa índole para los juzgadores (responsabilidad civil, penal o administrativa). Entonces el juzgador inferior podría notar que una norma no esta bien integrada porque, según su criterio, no se tomaron en cuanta otros elementos consignados en el mismo ordenamiento jurídico pero no puede hacer dicha labor integradora porque ya existe jurisprudencia al respecto y, como le es obligatoria, debe aplicarla.

Si bien es cierto la forma en que se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia, también resulta cierto que esta no es inmutable. Los tiempos cambian y de una manera muy acelerada, en muy diversas ocasiones la realidad rebasa la misma normatividad, lo que hoy resulta válido mañana no lo es. Cuantas veces nos encontramos leyes vigentes, pero que jamás se cumplen porque la realidad no permite su aplicación por múltiples razones: sociales, políticas, económicas, etc. Al presentarse este problema, el legislador se ve precisado a modificarla o hasta derogarla pero el procedimiento para llevarlo a cabo es muy lento y tedioso. Con esto queremos demostrar lo siguiente: si la norma o la ley puede ser modificada, ampliada y hasta derogada por el mismo órgano emisor, con mucha mayor razón la jurisprudencia, pues un criterio hoy puede ser eficaz y mañana bien puede ya no tener razón de ser.

Los tribunales federales constantemente emiten nuevas jurisprudencias en donde hacen valer criterios distintos a los establecidos con anterioridad, pues como ya lo comentamos la realidad rebasa a la normatividad. Entonces, si bien los órganos jurisdiccionales obligados a cumplir con la jurisprudencia consideran que ésta es deficiente porque no se tomaron en consideración diversos elementos de la normatividad, bien podrían resolver una controversia no aplicando la jurisprudencia respectiva, aunque su resolución debe cumplir cabalmente con los requisitos señalados en el artículo 16 de la Constitución referente a los requisitos de todo acto de autoridad y con ello se estaría enriqueciendo más la labor integradora de la ley o de la norma.

Ahora bien, la función integradora de jurisprudencia no puede ser arbitraria sino que debe seguir ciertas reglas y cumplir con diversos principios. Como ya lo hemos asentado antes, cuando el juzgador se encuentre con una laguna en la ley, debe proceder a integrarla pero para ello debe cumplir con lo establecido en el artículo 14 constitucional. Este artículo no establece primero que la sentencia deberá ser primero conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a su falta se acudirán a los principios generales del derecho. Como aquí hablamos de la integración porque no existe precepto alguno que resuelva un conflicto, entonces el intérprete jurisdiccional debe basarse en lo principios generales del derecho para encontrar la solución adecuada. Estos principios deben buscarse primeramente en el ordenamiento a integrar y si resulta difícil encontrar la solución se debe basar en los principios axiológicos: justicia, equidad, igualdad, etc. Estos deben ser los limites, jamás se debe resolver en base a intereses particulares, sino recurriendo principalmente a los valores predominantes y considerados esenciales en una determinada sociedad, para evitar abusos y desproporciones en la aplicación de la justicia.

La función integradora de la jurisprudencia es muy benéfica. Los tribunales tienen siempre que resolver una controversia, jamás podrán aducir la falta de norma para evitar ejercer su actividad jurisdiccional, pues se atentaría el principio de justicia pronta, expedita e imparcial: todo individuo tiene derecho de ser oído y vencido en juicio. Pero se deben unificar todos los criterios de integración de la norma o de la ley porque el no hacerlo, acarrearía un caos y, como consecuencia, inseguridad a los justiciables, porque lo que se resuelve en el Distrito Federal, por ejemplo, no se resuelve de la misma manera en Baja California. De ahí la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito para llevar a cabo esta labor integradora en la jurisprudencia y unificadora de los diversos criterios entre los tribunales.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La jurisprudencia es una fuente formal indirecta del Derecho, pues en ocasiones la ley adolece de ciertas deficiencias y es necesaria su interpretación y su integración para estar completarse en lo que fuere necesario.

SEGUNDA.- El Derecho es una ciencia inacabada, día con día se renuevan sus teorías y los ordenamientos, y la jurisprudencia juega un papel trascendental en este punto, pues gracias a las resoluciones que emiten los tribunales hacen que cada día la ciencia jurídica tenga vida propia.

TERCERA.- La jurisprudencia cumple una función integradora en el momento en que la legislación es deficiente, pues al ser la ley creación humana, también resulta en cierta forma imperfecta, pero con las interpretaciones e integraciones que hace nuestros tribunales federales hacen que la ley tenga dinamismo y pueda ser aplicada a nuevos y diversos conflictos que el pasado no existían.

CUARTA.- La integración de la norma, por parte de los tribunales, no debe ser arbitraria o incongruente, debe basarse en la solución justa de los conflictos, tomando en cuenta los valores esenciales que una sociedad, en un tiempo y lugar determinado consideran indispensables para lograr su subsistencia.

QUINTA.- Sería muy conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas de la misma y los Tribunales Colegidos de Circuito, al emitir una jurisprudencia integradora de alguna norma o ley, informara de tal situación al órgano legislativo emisor o creador de dicha norma. De esta manera, se podría analizar el llevar a cabo una reforma y completar la misma en lo que le hiciere falta y así se evitaría considerar que los tribunales invaden esferas del propio órgano legislativo.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS

Nuestros tribunales federales han venido emitiendo diversas jurisprudencias y tesis aisladas para resolver el problema de la integración de las normas o de las leyes, explicándonos que debemos entender por integración, sus alcances, sus métodos y su obligatoriedad. A continuación transcribimos algunos criterios emitidos por nuestros tribunales federales con los cuales compartimos sus posturas.

En la jurisprudencia que a continuación se transcribe nos establece que los tribunales federales no solo se limitan a interpretar la ley sino también a integrarla por medio de la jurisprudencia, pero ésta no debe dársele la equiparación de una ley porque no cumple con las características correspondientes, aunque la integración deberá ser conforme a lo estipulado en el artículo 14 Constitucional.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Diciembre de 2000

Tesis: P./J. 145/2000     

Página:    16

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que  la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que  al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.

Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 145/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

La presente tesis aislada nos menciona que los tribunales no solamente deben limitarse a aplicar e interpretar literalmente la ley, sino que también se deben tomar en consideración los principios generales del derecho que un pueblo ha considerado como importantes, además de que estos principios no son privativos de los juicios del orden civil sino también es aplicable a otras materias.

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989

Página: 573

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa, Común

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO.

Tradicionalmente se ha considerado en el Sistema Jurídico Mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la Carta Fundamental.- La operancia de estos principios en toda su extensión -para algunos como fuente de la cual abreva todas las prescripciones legales, para otros como su orientación a fin- no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional invocado, sino que aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida en la medida en que se les estima como la formulación más general de los valores ínsitos en la concepción actual del derecho.- Su función desde luego no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones de la justicia de una comunidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 93/89. Federico López Pacheco. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

En la siguiente tesis aislada, y no jurisprudencia, nos distingue entre la laguna en la ley y la ausencia de legislación. Los tribunales podrán llenar las lagunas que en la ley exista, pero jamás podrán crear leyes porque entonces se rompería el principio de división de poderes al invadirse la esfera legislativa del órgano creador de normas.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
V, Febrero de 1997

Página: 710

Tesis: XIX.1o.9 K

Tesis Aislada

Materia(s): Común

AUSENCIA DE LEGISLACION Y LAGUNAS DE LA LEY. EL ORGANO JURISDICCIONAL NO PUEDE LLENAR ESE VACIO.

Es cierto que tratándose de lagunas de la ley, los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de resolver el asunto sometido a su potestad, lo que deben hacer interpretando armónicamente el ordenamiento jurídico correspondiente en relación con los principios generales del derecho, la lógica y la razón hasta llegar a cubrir la laguna existente; empero, si no existe ley, no puede exigirse que la Justicia Federal llene ese vacío, pues de hacerlo, estaría legislando, lo que en nuestro sistema de derecho está prohibido porque constitucionalmente no se pueden reunir dos poderes en uno.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 263/96. Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V. 22 de agosto de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Disidente: Héctor Alberto Arias Murueta. Secretario: Santiago Gallardo Lerma.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
V, Enero de 1997

Página: 374

Tesis: I.3o.A. J/19

Jurisprudencia
Materia(s): Común

SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA.

La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 173/91. María Verónica Rebeca Juárez Mosqueda. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Amparo directo 983/95. Guillermina Luna de Rodríguez. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo directo 1103/95. Afianzadora Lotonal, S.A. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Amparo directo 1233/96. Nacional Financiera, S.N.C. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión 1523/96. Jaime Levy Alcahe. 24 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

BIBLIOGRAFÍA
 

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2.       DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. T. II. 22ª edición. Edit. Espasa Calpe. España, 2001.

3.    DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. P-Z. 11ª edición. Edit. Porrúa. México, 1998.

4.    ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. T. XVII. Edit. Driskill. Argentina, 1978.

5.    GARRONE, José Alberto. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. T. II. E-O. Edit. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1986.

6.    NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA. T. XIV. Barcelona, 1978.


[1] ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I. Introducción al Derecho. Edit. Mc Graw-Hill. México, 1995. Pág. 127.

[2] VILLORO TORANZO, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. 12ª edición. Edit. Porrúa. México, 1996. Pág. 155.

[3] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. 47ª edición. Edit. Porrúa. México, 1995. Pág. 52

[4] DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. P-Z. 11ª edición. Edit. Porrúa. México, 1998. Pág.  2542.

[5] ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. T. XVII. Edit. Driskill. Argentina, 1978. Pág. 2345

[6] BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El juicio de Amparo. 35ª edición. Edit. Porrúa. México, 1999. Pág. 821

[7] CARRANCO ZÚÑIGA, Joel. Poder Judicial. 2ª edición. Edit. Porrúa. México, 2005. Pág. 375

[8] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ¿Qué son las controversias constitucionales? 2ª edición. 1ª reimpresión. México, 2006. Pág. 24.

[9] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? 2ª edición. 1ª reimpresión. México, 2006. Pág. 22.

[10] BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. 7ª edición. Edit. Porrúa. México, 2003. Pág. 259.

[11] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. T. II. 22ª edición. Edit. Espasa Calpe. España, 2001. Pág. 1293.

[12] Ibídem, Pág. 1289.

[13] ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I. ob. cit. Pág. 280.

[14] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. ob. cit. Pág. 341

[15] ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I. ob. cit. Pág. 297.

[16] FIGUEROA, Luis Mauricio. Las fuentes del derecho. Edit. Porrúa. México, 2004. Pág. 102.

[17] RECASÉNS SICHES, Luis. Introducción al estudio del Derecho. 11ª edición. Edit. Porrúa. México, 1996. Pág. 206.

[18] FIGUEROA, Luis Mauricio. ob cit. Pág. 99.

[19] Cfr. ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I. ob. cit. Pág. 286.

[20] GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Tr. Marina Gascón y Miguel Carbonell. 3ª edición. Edit. Porrúa. México, 2002. Página 93.

[21] ÁLVAREZ LEDESMA, Mario I. ob. cit. Pág. 288.

[22] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. ob. cit. Pág. 371.

[23] Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La jurisprudencia en México. 2ª edición. México, 2005. Pág. 205

[24] Cfr. Ibídem. Pág. 207.

[25] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. ob. cit. Pág. 380

[26] Ver artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo cuando nos habla de la obligatoriedad de la jurisprudencia.


 

 

 

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