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Cuando Amnistía Internacional convocó la Conferencia
Internacional sobre la Pena de Muerte en Estocolmo, Suecia, hace más de un
cuarto de siglo, sólo 16 países habían abolido la pena capital para todos
los delitos. Esa cifra es hoy superior a 75. Continúa el impulso hacia la
abolición en todo el mundo, pero la pena de muerte persiste y en algunos
lugares su uso se está ampliando, especialmente en relación con el alza de
la delincuencia y el "terrorismo". Mientras algunos gobiernos promueven la
abolición en todo el mundo, otros oponen una firme resistencia.
En 2003, al menos 1.146 personas
fueron ejecutadas en 28 países. Al menos 2.756 fueron condenadas a
muerte en 63 países. Estas cifras incluyen solamente los casos de
los que Amnistía Internacional tiene conocimiento; las verdaderas
cifras eran sin duda superiores.
Como en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones en todo
el mundo se llevaron a cabo en un reducido número de países. En
2003, el 84 por ciento de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar
en China, Estados Unidos, Irán y Vietna |
Esta dicotomía ha podido observarse en 2003 en dos hechos relacionados
entre sí. El 24 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó
una resolución que exhortaba a todos los Estados que mantienen la pena
capital a decretar la suspensión de las ejecuciones, y afirmaba su
convicción de que la abolición de la pena de muerte "contribuye a realzar la
dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos". La
resolución fue copatrocinada por 75 Estados, 7 más de los que habían
copatrocinado una resolución semejante en 2002.
El mismo día se distribuyó en la Comisión de Derechos Humanos una
declaración conjunta de un grupo de Estados distintos, por la que se
desvinculaban de la resolución. La declaración decía que "no existe consenso
internacional en cuanto a la abolición de la pena capital" y afirmaba que la
catalogación de la pena de muerte como cuestión de derechos humanos "debe
sopesarse con los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a
vivir en paz y seguridad". La declaración fue firmada por 63 Estados, uno
más de los que habían firmado una declaración semejante un año antes
En 2003 tuvieron lugar varios acontecimientos importantes en la campaña por
la abolición de la pena de muerte. En julio, el presidente de Armenia,
Robert Kocharyan, conmutó todas las penas de muerte pendientes de ejecución,
y en septiembre Armenia abolió la pena capital en tiempo de paz al ratificar
el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Previamente, ese mismo año, el
Parlamento armenio había aprobado un nuevo código penal que eliminaba la
pena de muerte en tiempo de paz, aunque incluía un resquicio legal que
permitía su uso en un caso que por entonces se hallaba pendiente de
resolución en los tribunales.
Se conmutaron las penas de muerte de algunos grupos de condenados. En enero,
en Estados Unidos, George Ryan, gobernador saliente del estado de Illinois,
conmutó la pena capital impuesta a 167 presos e indultó a otros cuatro que,
conforme a su convicción, habían sido torturados para que confesaran delitos
que no cometieron. En febrero se anunció la excarcelación en Kenia de 28
presos que llevaban entre 15 y 20 años condenados a muerte, en tanto que la
pena capital impuesta a 195 se conmutó por la de cadena perpetua.
Al terminar el año, 77 países habían abolido la pena de muerte para todos
los delitos. Otros 15 países la habían abolido para todos los delitos salvo
delitos excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra. Al menos 25
países eran abolicionistas en la práctica: no se habían consumado
ejecuciones en los 10 años anteriores como mínimo y al parecer observaban
una política o una práctica establecida de no llevar a cabo ejecuciones.
Otros 78 países y territorios retenían la pena capital, aunque no en todos
ellos se impusieron penas de muerte o se llevaron a cabo ejecuciones en
2003.
El Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos entró en vigor
el 1 de julio, tras su ratificación por el mínimo necesario de 15 Estados.
El Protocolo núm. 13 es el primer tratado internacional que dispone la
abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias sin excepciones.
Al terminar 2003 lo habían ratificado 20 de los 45 Estados miembros del
Consejo de Europa. El número de Estados que al terminar el año habían
ratificado los otros tres tratados internacionales contra la pena capital
—el Protocolo núm. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte— era de 43, 51 y 8,
respectivamente.
El 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte con
actos de ámbito local en más de 60 países y un llamamiento a través de
Internet pidiendo a las más altas autoridades de todos los países que
retienen la pena capital que aseguren "que las ejecuciones cesen
inmediatamente" y que se proceda a "la abolición de la pena de muerte para
todos los delitos". El Día Mundial fue organizado por la Coalición Mundial
contra la Pena de Muerte, constituida en 2002 y que agrupa a organizaciones
de derechos humanos de ámbito nacional e internacional, Amnistía
Internacional entre ellas, además de colegios de abogados, sindicatos y
gobiernos locales y regionales.
El 30 de noviembre se iluminaron edificios públicos de más de 100 ciudades
de todo el mundo en el marco de la iniciativa "Ciudades por la vida —
Ciudades contra la pena de muerte". Esta iniciativa fue coordinada por la
organización italiana Sant' Egidio, con la colaboración de otras entidades,
incluidas Secciones de Amnistía Internacional.
La Cuarta Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en Roma,
aprobó el 30 de noviembre una declaración final en la que se afirmaba:
"Después de una sesión especial, los galardonados con el Premio Nobel de la
Paz han acordado que la pena de muerte es un castigo especialmente cruel y
excepcional que debe ser abolido. Es especialmente desmesurado cuando se
impone a niños".
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una
violación de derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el
derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. La
organización aduce asimismo otros aspectos de la pena de muerte en favor de
su abolición, como son sus efectos embrutecedores, el riesgo intrínseco de
ejecutar a personas inocentes y la falta de un efecto disuasorio especial
demostrado frente al delito.
Junto con estas consideraciones, uno de los argumentos más poderosos contra
la pena capital es su injusticia. Esta injusticia abarca aspectos
recurrentes de la pena de muerte en la teoría y en la práctica, tales como:
— su aplicación arbitraria;
— su uso después de juicios sin garantías y en casos en que se ha
recurrido a la tortura;
— su uso discriminatorio contra los miembros de grupos raciales o
étnicos, los más desfavorecidos, los socialmente marginados y otros.
Amnistía Internacional trabajará en los próximos años para dar a conocer
estas injusticias en sus iniciativas en contra de la pena de muerte.
El uso de la pena capital contra menores delincuentes —personas condenadas
por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años de edad— está prohibido
en virtud del derecho internacional. Sin embargo, en un reducido número de
países se sigue condenando a muerte y ejecutando a menores. Amnistía
Internacional hará un esfuerzo especial en los próximos años para poner fin
al uso de este castigo contra menores en todo el mundo.
La pena de muerte ha desaparecido prácticamente de algunas regiones —América
Latina, Europa y Oceanía—. En algunas zonas de otras regiones ha caído en
desuso y la abolición en un futuro próximo parece una posibilidad real.
Amnistía Internacional emprendió en octubre una campaña por la abolición de
la pena de muerte en África occidental, donde en el último decenio se han
llevado a cabo ejecuciones en sólo 4 de los 16 países de la región. Amnistía
Internacional pide a los países de África occidental que aún no lo han hecho
que decreten la suspensión de las ejecuciones y procedan a abolir la pena de
muerte en su legislación.
A través del trabajo de sus miembros y en colaboración con otras
organizaciones, Amnistía Internacional sigue esforzándose por librar al
mundo de la pena de muerte |
