La integración económica a nivel regional no solo significa nuevos mercados para los países participantes, sino que además supone por un lado la puesta en marcha de procesos de aprendizaje institucional y por otro, acerca a los productores nacionales nuevas técnicas de producción y estrategias comerciales, sin las que el acceso a los exigentes mercados de los países industrializados les quedaría vedado. Especialmente para los países pequeños de América Latina, la integración económica ofrece la posibilidad de reforzar su poder de negociación. La participación en alianzas regionales de integración se entiende por lo tanto como un paso en la senda hacia un mercado mundial más libre.

Hasta ahora los volúmenes del comercio entre las diferentes alianzas de integración latinoamericanas son relativamente reducidos (véase tabla 1): en el período 1990 - 99, p. ej., solo un 4,4 % de las exportaciones del Mercosur se destinaron a la Comunidad Andina (CAN), menos de un 1 % al Mercado Común Centroamericano (MCCA) y, por el contrario, casi un 20 % al NAFTA. En elmismo período, solo un 3,6 % de las exportaciones de la CAN fueron al Mercosur, mientras que 47 % se destinaron al NAFTA. Colombia es un ejemplo típico de las relaciones económicas latinoamericanas ya que en 1999, siendo la quinta economía de América Latina, solamente exportó bienes a Brasil y Argentina por valor de 166 y 50 millones de dólares respectivamente, lo que supone menos del 2 % de las exportaciones colombianas totales de dicho año. Para la mayoría de países o alianzas de América Latina, tal como indican estos datos, el mercado latinoamericano ha sido y es mucho menos importante que el mercado norteamericano.

La profundización de las relaciones comerciales entre las economías latinoamericanas no solo fue frenada por las barreras arancelarias y no arancelarias todavía existentes, sino también por la escasez de estructuras productivas complementarias y por el retraso tecnológico de la región. Los productos industriales competitivos de origen latinoamericano son en su mayoría de poca complejidad técnica, salvo que disfruten de ventajas arancelarias con respecto a las importaciones desde terceros países.

Entre las alianzas de integración regionales latinoamericanas existen importantes diferencias en su poder económico y con ello en su relevancia como agentes económicos a nivel mundial. Sin lugar a dudas, el Mercosur, constituido formalmente en 1991 y cuya dinámica de integración está determinada por Argentina y Brasil, tiene el mayor peso económico y político.

A diferencia de otras alianzas latinoamericanas, el comercio de bienes intrarregional del Mercosur ha mostrado un dinamismo excepcional. Ello es considerado por los críticos como ejemplo de los costos en términos de desvíos de comercio que provocan las alianzas de integración en Sudamérica. Por tanto, bloques comerciales al estilo Mercosur son a veces vistos como una amenaza para el objetivo del libre comercio mundial. Sin embargo, la crítica de que el Mercosur supone un regreso al proteccionismo a nivel regional carece de fundamento, pues las economías que lo integran no han hecho sino abrirse al mercado mundial y reducir sus barreras arancelarias: a mediados de los ochenta, el arancel promedio de las economías del Cono Sur era de un 41 %; en 1999, apenas alcanzó al 13 %.

A su vez, sin embargo, el Mercosur ha resultado hasta ahora bastante vulnerable en tiempos de crisis. En 1999, tras la crisis monetaria de Brasil se temió por su continuidad. Especialmente Argentina padeció las consecuencias de la crisis brasileña, ya que el crecimiento económico argentino en los años anteriores se había visto muy favorecido por el comercio con Brasil. Las ventas a Brasil, que en 1998 supusieron cerca de un 30% del total de las exportaciones argentinas, se redujeron considerablemente tras la devaluación de la moneda brasileña, mientras que a su vez, las importaciones procedentes de Brasil se multiplicaron debido al consecuente abaratamiento del tipo de cambio. Tanto Argentina como Brasil tomaron medidas para proteger los intereses nacionales, que fueron contra el espíritu y contenido del Tratado del Mercosur. La influyente Unión Industrial Argentina (UIA) incluso exigió una eventual suspensión del Arancel Externo Común (AEC), lo cual hubiera supuesto de hecho la paralización del Mercosur. Ante las continuas diferencias con Brasil, se ha llegado a debatir en Argentina y Uruguay la posibilidad de llevar nuevamente el Mercosur de una unión aduanera a una zona de libre comercio y aceptar la oferta estadounidense para negociar acuerdos de libre comercio bilaterales. No obstante, los países del Mercosur se han comprometido a no firmar más acuerdos preferenciales bilaterales después del 30 de junio de 2001, ya que dichos acuerdos anularían el AEC.

• Las decisiones se adoptarán por consenso.
• El ALCA será congruente con las reglas de la OMC y se desarrollará sobre la base de esas reglas cuando ello sea posible y pertinente.
• El ALCA constituirá un compromiso único.
• El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales y los países pueden negociar o aceptar las obligaciones derivadas del ALCA en forma individual, o como miembros de grupos de integración subregionales.
• Se prestará particular atención a las necesidades de las economías más pequeñas

El Mercosur es realidad, ALCA es proyecto

El futuro de los procesos de integración en América Latina es incierto y aún no se tiene claro qué estrategia de integración puede garantizar el mayor éxito. ¿Debe profundizarse el Mercosur antes de ser ampliado o se puede garantizar y acelerar la dinámica de integración mediante la incorporación de nuevos países en la alianza? Para los Estados de la CAN, ¿qué supone una mejor oportunidad para conseguir nuevos mercados, la adhesión al Mercosur o al NAFTA? ¿Qué política de integración permitiría a los países latinoamericanos resolver más a su favor cuestiones muy discutidas dentro de la OMC, tales como el proteccionismo agrario o los estándares ecológicos y sociales? En esas cuestiones de gran importancia para el futuro desarrollo económico de América Latina, sin embargo, no existe consenso. Las diferencias existentes en la estructura y el nivel de los aranceles vigentes en los países latinoamericanos hacen que éstos ponderen de distina manera la importancia de los temas que se negocian. Las economías con mayor grado de apertura relativa consideran los temas arancelarios como más relevantes, mientras que las demás muestran mayor interés por los temas no arancelarios. En todo caso, los principales beneficios que traería el ALCA para los países latinoamericanos se derivarían de la mayor certidumbre en torno a la eliminación de medidas pro-arancelarias, dado que el margen para incrementar los aranceles de preferencia es ya muy pequeño.

Realidad es que en la Cumbre del 31 .8./1. 9. 2000 en Brasilia todos los jefes de Estado sudamericanos reafirmaron su intención de unir Mercosur y CAN mediante un acuerdo de libre comercio en el cual, incluyendo Chile, Guyana y Surinam, estarían representados los 12 países sudamericanos. Ese proyecto del rea de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA) no solo tiene una dimensión económica, sino también política y cultural. El ALCSA competiría con ALCA en el aspecto económico, en el sentido de que como zona de libre comercio tiene que servir principalmente objetivos comerciales. Sin embargo, el ALCA se puede interpretar también como una ampliación del NAFTA hasta Tierra del Fuego, o sea como un Gran NAFTA (GNAFTA), en cuyo caso adquiriría a su vez una dimensión política, compitiendo así con el ALCSA también en ese aspecto.

Desde que EE.UU lanzó en junio de 1990 la «Iniciativa para las Américas», la política exterior brasileña se ha mantenido invariable con respecto a los planes de integración norteamericanos, aunque el tono de su diplomacia ha tenido matices. Desde el punto de vista brasileño - compartido por otros gobiernos sudamericanos - EE.UU. utiliza el proyecto ALCA para invalidar los proyectos de integración económica latinoamericanos y configurar así una América de acuerdo con el ideal estadounidense. A pesar de que el presidente Bill Clinton en un viaje a América Latina en octubre de 1997 declaró tajantemente que el Mercosur era compatible con una futura ALCA, desde el punto de vista económico y político, en presencia del ALCA quedarían tanto el Mercosur como el ALCSA reducidos a un proyecto meramente cultural.

Como consecuencia se considera que la decisión de Quebec de avanzar en las negociaciones y concretar el ALCA va indudablemente a debilitar la cohesión de las alianzas latinoamericanas y a quitar atractivo al proyecto ALCSA. Sobre todo para las economías de Centroamérica y el Caribe la perspectiva ALCA modifica el cálculo costos-beneficios de sus estrategias de integración, aunque no conseguirán un mercado libre sin dar nada a cambio. Brasil reafirmará la identidad sudamericana de manera aún más vehemente y tratará de sincronizar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio americano con avances en negociaciones paralelas sobre un acuerdo Mercosur-UE, ya que para la mayoría de los países sudamericanos los mayores beneficios se derivarían de una realización paralela del ALCA y de acuerdos de libre comercio con la UE. Sin embargo, las ofertas de negociación propuestas por la UE en julio de 2001 resultaron muy limitadas desde el punto de vista de los Estados del Mercosur ya que la UE no realizó concesiones en cuestiones referentes a las exportaciones agrícolas hacia Europa, esenciales para el Mercosur.

Para el presidente estadounidense George W. Bush, el proyecto ALCA tiene quizás el sentido de remarcar las intenciones de liderazgo de su país. Sin embargo, no es seguro en absoluto que el Congreso de EE.UU. vaya a considerar el ALCA como vital para los «intereses nacionales». Igualmente cuestionable es si América Latina está ahora mismo interesada en una apertura total de sus mercados. Las economías latinoamericanas tienen ventajas comparativas en productos agrícolas (entre otros, productos cárnicos, alimentos procesados, grano y ganado), pero la competitividad internacional de sus industrias es todavía bastante limitada.

De cualquier modo, para garantizar una exitosa política de integración en América Latina se debe partir de la base de que toda estrategia de integración futura no puede fundamentarse en la «solidaridad latinoamericana», sino que debe estar determinada por los intereses económicos y políticos de los partícipes. En ese sentido, no existe ni un interés general americano, ni latinoamericano, sino que los intereses respecto a la reducción de barreras comerciales o al acceso transfronterizo de capital y trabajo cambian considerablemente de país a país. Por un lado, libre comercio significa incrementos de bienestar para los que participan de él, pero por otro lado el logro de beneficios económicos a través del libre comercio depende de las ventajas comparativas existentes y de los aranceles nominales aplicados respecto a competidores extranjeros. Mientras los perdedores potenciales del libre comercio no tengan garantías de que van a ser compensados por los ganadores, intentarán oponerse a él o por lo menos intentarán reducir los riesgos de la integración económica mediante claúsulas de excepción.

Actualmente, en el debate sobre las alternativas para la integración económica en América Latina los procesos de integración a nivel regional y a nivel del hemisferio se consideran excluyentes. Sin embargo, deberían ser vistos como diferentes estadios de un mismo proceso, en el que la ampliación a corto y medio plazo del NAFTA hacia el sur y del Mercosur en dirección ALCSA y posteriormente hacia el norte del continente puedan tener un desenlace común en el ALCA. En ese sentido, la perspectiva de integración del ALCA no debe ser considerada por los países latinoamericanos como una amenaza a sus esfuerzos por profundizar la propia integración económica de la región, sino que, por el contrario, el avance en los procesos de formación de alianzas entre las economías latinoamericanas debe ser visto como la base para el éxito de procesos más ambiciosos de integración hemisférica.