El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países. Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales. De acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal.

Este año el 25 de noviembre Día Internacional de "No Más Violencia contra las Mujeres" se enmarca dentro de la campaña de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, a propósito de la celebración de cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hace dieciséis años, los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe institucionalizaron esta fecha para denunciar las diversas formas de violencia ejercidas contra las mujeres. Se escogió ese día en memoria de tres luchadoras sociales dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Leonidas Trujillo.

Es importante destacar que a partir de la década del 70, las conferencias mundiales de las Naciones Unidas crearon las condiciones para dar visibilidad al fenómeno de la violencia de género y fomentar una conciencia crítica en la comunidad internacional.

Invasión a la personalidad

El artículo 1º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas (diciembre, 1993), define como violencia de género:..."todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada".

Una de las expresiones más traumáticas de la violencia de género es la violación, incluido el acoso sexual. La violación en particular ha sido definida como una invasión de las partes más íntimas y privadas del cuerpo de la mujer, y a su personalidad, así como una ofensa a la dignidad del ser humano. Muchas de las víctimas que han sobrevivido a la violación dicen que como consecuencia de ese hecho experimentan un sentimiento de aniquilación.

El Informe Violencia contra la mujer en la comunidad (1996), de la Relatora Especial de Naciones Unidas Radhika Coomaraswamy, destaca que a igual que los sobrevivientes de otros hechos traumáticos como la guerra o la tortura, "las víctimas de violación suelen sufrir de una forma de depresión postraumática denominada síndrome del trauma de violación, que es común en personas que se han visto enfrentadas a situaciones de miedo insuperable, terror, indefensión".

En los últimos años el número de casos de violación ha aumentado en casi todos los países del continente. En México, según la Fiscalía del D.F., se comete un promedio de 82 violaciones cada día. La mayoría no es denunciada. El Centro de Crisis de la Mujer de Jamaica dio a conocer en 1985 17 casos de violación; en 1996 esta cifra creció a 186. De los 1.279 casos de violación y abuso sexual registrados durante 1993 en ese país, el 38 por ciento de las víctimas tenía entre 18 y 25 años, mientras que el 44 por ciento eran niñas menores de 16 años.

Política sexual represiva

Referirse a la violencia en contra de las mujeres es abarcar un conjunto de hechos y situaciones vinculados a la condición femenina en el mundo actual. La falta de derechos en el plano de lo económico, social, político y cultural convierte a las mujeres en seres de segunda clase, dependientes y vulnerables frente a los demás.

Esto es más claro respecto a la violencia doméstica, que vista por la sicóloga dominicana Dinnys Luciano, constituye "la expresión de una política sexual represiva que utiliza múltiples mecanismos tanto en los espacios denominados públicos como los privados para controlar la vida, el cuerpo, la sexualidad y las capacidades emocionales, intelectuales y afectivas de las mujeres".

Una violación a los derechos humanos

Considerar la violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de derechos humanos, es uno de los logros de los movimientos de mujeres durante la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993. En marzo del siguiente año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución acordó integrar los derechos de la mujer dentro de los mecanismos de derechos humanos del sistema. También esa Comisión procedió a nombrar a una Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, acogiendo el pedido de las organizaciones de mujeres en la Conferencia de Viena. La misión de la Relatora es la de recopilar y recepcionar información sobre situaciones de violencia de género en todos los países del mundo.

Para llegar a este reconocimiento han sido necesarias décadas de acciones y movilizaciones de todo tipo. La coyuntura de la Década de la Mujer proclamada en 1975 por las Naciones Unidas fue el marco adecuado. En 1980, durante la II Conferencia Internacional del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Mujer realizada en Copenhague, se plantea por primera vez la importancia de sacar a luz un asunto que se consideraba privado.

Una de las resoluciones de la Conferencia con el título de "La mujer maltratada y la violencia en la familia", insta a reconocer que los malos tratos infligidos a familiares "constituyen un problema de graves consecuencias sociales que se perpetúa de una generación a otra". (Hanna Binstock, 1997).

En 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reunido en Ginebra, estableció que los malos tratos contra mujeres y niñas, la violencia en la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano. Más adelante, en la III Conferencia Internacional del Fin del Decenio de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), se destaca por primera vez que la violencia contra la mujer en la familia es un importante obstáculo para la paz. La declaración instó a los gobiernos a crear "conciencia pública sobre la violencia contra la mujer como un fenómeno social". (Binstock, 1997).

Otras medidas tomadas por el sistema de Naciones Unidas fueron: la Resolución en 1986 del Consejo Económico y Social que declara que la violencia en la familia es una grave violación de los derechos de la mujer. La Declaración en 1991 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, sobre la necesidad de reunir a un grupo de expertas/os para elaborar un instrumento internacional a fin de enfrentar esta situación. La Recomendación en 1992 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, para que los gobiernos eliminen la violencia contra la mujer por tratarse de una forma de discriminación de género.

En 1995, la Asamblea General urgió a los Estados parte a reforzar en las legislaciones nacionales, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como público. Estableció, además, que todas las formas de violencia sexual y de tráfico de mujeres, son una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Esta fué la primera vez que se aprueba una resolución sobre las niñas. (Binstock, 1997).

Esto significa que los Estados miembros deben perseguir penal y civilmente todas estas expresiones de violencia, de idéntica forma como persiguen cualquier delito. Para ello tienen que promulgar reformas legislativas que amparen a las mujeres que han sido objeto de violencia, tipificando los malos tratos como delitos en los códigos penales.

Por otra parte, uno de los objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995), es realizar estudios acerca de las causas de la violencia de género y la búsqueda de metodologías para elaborar programas de prevención.

Costos ocultos de la violencia doméstica

La violencia ejercida dentro del recinto familiar ha merecido especial preocupación tanto por las organizaciones de mujeres, como por investigadoras/es, organismos de gobierno y agencias de desarrollo. Y es que este tipo de violencia afecta no sólo a las mujeres sino al entorno familiar, especialmente a las niñas y niños. Legisladores federales de México dieron a conocer recientemente que el 90 por ciento de los menores de edad víctimas de palizas y abuso sexual son niñas, quienes además reciben una alimentación inferior en calidad y cantidad a la de los niños y otros miembros de la familia (Fempress, 1998).

De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en Nicaragua en 1997, las hijas/os de madres golpeadas tienen tres veces más probabilidad de requerir atención médica. Un 63 por ciento de niñas/os expuestos a violencia intrafamiliar repetirá por lo menos un grado escolar. En promedio, abandonan la escuela a los 9 años de edad.

Otro aspecto igualmente poco destacado, es el que se refiere a la relación entre dependencia económica y violencia física. El mismo estudio del BID encontró que el 41 por ciento de las mujeres no asalariadas son golpeadas por sus maridos o convivientes, frente al 10 por ciento de las con trabajo remunerado víctimas de tal abuso. Ciertamente, lo que está en juego son las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres que determinan en última instancia, la posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres independientemente de su situación socioeconómica.

Logros visibles

Las diversas campañas y movilizaciones realizadas desde 1982 por grupos y organizaciones sociales de mujeres, ONG y oficinas estatales de la región para llamar la atención sobre la violencia de género, han tenido importantes consecuencias tanto en el plano de las reformas jurídicas como en la tarea de sensibilizar a la opinión pública sobre este flagelo.

Un rol importante tiene la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual que reúne a grupos, ONG, y personas comprometidas con programas de capacitación e investigación para la prevención de la violencia sexista, y cuya coordinación ejecutiva está a cargo de Isis Internacional en Santiago de Chile.

América Latina y el Caribe fue el primer continente en obtener un instrumento jurídico de importancia como es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia en Contra de las Mujeres, aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada y ratificada por 23 países miembros.

Otro factor determinante en esta lucha, son las diversas iniciativas llevadas a cabo por redes y ONG de mujeres traducidas en campañas y programas especiales, como los centros de ayuda médica, legal y psicológica y las casas-refugio; acciones de capacitación a través de cursos y seminarios dirigidos a los cuerpos policiales, entre otras.

A su vez, los gobiernos han facilitado la creación de Comisarías de la Mujer, y promulgado legislaciones especiales. Después de la aprobación de la Convención de Belém do Pará, se han aprobado leyes contra la violencia intrafamiliar en Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, Colombia, República Dominicana, Perú, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela.

Estos avances en materia legislativa son muy importantes. Sin embargo, como afirman activistas del movimiento antiviolencia, se requieren campañas sostenidas a todo nivel para cambiar las mentalidades que aún hoy ven como algo natural la violencia contra las mujeres.