Fuente
Red Voltaire Abril de 2004
Ante la ofensiva social para
doblegar a los trabajadores y erigir regímenes autoritarios
Más allá del neoliberalismo
¿Cuál es el balance del neoliberalismo en
América Latina? ¿Triunfó al imponer su curso de acción a gobiernos de
distinto signo? ¿O fracasó al receptar el generalizado rechazo de la
población? El siguiente artículo, ofrecido en exclusiva por Question, será
publicado en francés, en el número 10, de la revista Contretemps (Textuel),
París. La respuesta depende del aspecto enfatizado en la definición del
neoliberalismo, ya que este modelo de dominación capitalista incluye una
práctica económica, un proyecto de acumulación y también una ofensiva social
destinada a doblegar a los trabajadores y erigir regímenes políticos
autoritarios.
Caracterizar lo ocurrido en
estos cuatro terrenos en la última década es indispensable para analizar el
giro antiliberal que se está consumando en la actualidad. Este diagnóstico
es también vital para definir el perfil de una propuesta anticapitalista.
ALCA y deuda
Aunque la predilección de las
clases dominantes por las privatizaciones, la apertura y la desregulación ha
decrecido en los últimos años, la doctrina neoliberal continúa orientando la
política económica del establishment en los dos terrenos estratégicos: el
ALCA y el endeudamiento externo.
Las tratativas para conformar
un área de libre comercio apuntan a reforzar las ventas norteamericanas
hacia la región, a cambio de mayores cuotas del mercado estadounidense para
los exportadores latinoamericanos. Pero la fuerza de ambos sectores difiere
sustancialmente en la mesa de negociaciones. La primera potencia presiona a
los gobiernos de su «patio trasero» para que reduzcan aranceles de la
industria, los servicios y la propiedad intelectual, mientras que ofrece
como contrapartida concesiones muy limitadas en el terreno de los subsidios
al agro y de las trabas aduaneras.
El librecambismo irrestricto
que contemplaba la versión inicial del ALCA ha sido abandonado ante la
resistencia del empresariado brasileño (y en menor medida argentino) a
desproteger su industria y extranjerizar los servicios. Por eso actualmente
se discute una variante «light» del acuerdo, que eximiría a los
participantes de compromisos estrictos y plazos perentorios. Pero esta
segunda alternativa de las corporaciones norteamericanas y sus socios
regionales también resulta desfavorable para el conjunto de la economía
latinoamericana.
El ALCA constituye tan solo
una instancia de negociaciones que apuntan a reforzar la dominación
comercial de Estados Unidos y a frenar la expansión europea en la región.
Las tratativas se complementan con acuerdos multilaterales en la órbita de
la OMC y convenios bilaterales que impulsan los capitalistas
latinoamericanos más asociados con compañías estadounidenses.
Lo sucedido con el NAFTA en
México demuestra que ese segmento de empresarios mejora sus ganancias a
costa del resto del país, que sufre las consecuencias de la
desnacionalización bancaria, la desarticulación regional, la crisis agraria
y la explosión emigratoria. Este antecedente ilustra también el efecto
probable de los recientes acuerdos que han firmado Chile y varios países de
Centroamérica. En el plano financiero el modelo neoliberal se ha instalado
en la región a través del pago de la deuda externa y la consiguiente
auditoría que ejerce el FMI sobre la política económica de cada país. Esta
ingerencia del Fondo es mucho más gravitante que los desembolsos de
intereses, porque implica una sistemática subordinación del crecimiento, la
inversión pública y los ingresos populares a las prioridades de cobro de los
acreedores.
El sometimiento al FMI fue
predominante en los 90 bajo las presidencias neoliberales de Salinas, Menen
o Sanguinetti y ha sido actualmente ratificado por los continuadores
explícitos de esta política (Lagos, Fox, Toledo). Pero también los antiguos
críticos de la ortodoxia monetarista aplican los ajustes que exige el FMI
cuándo llegan al poder. Lula es el ejemplo más contundente de esta
conversión. Para «ganar la confianza» de los banqueros mantiene altas tasas
de interés, restricciones a la emisión y recortes del gasto público que
aseguran ganancias extraordinarias para los financistas. Por eso persiste la
recesión, el desempleo récord, la expansión de la pobreza y el freno de los
planes asistenciales.
Un rumbo semejante sigue
Kirchner en Argentina, luego de suscribir un compromiso de superávit fiscal
del 3% del PBI para abonar los intereses de una deuda comprobadamente
fraudulenta. Este convenio obliga a mantener congelados los salarios e
incluye compensaciones a los banqueros que expropiaron a los pequeños
ahorristas. Como no hay dinero para cumplir con todos los acreedores, el
gobierno prioriza el pago a los organismos internacionales (FMI, BM, BID)
estrechamente vinculados a Estados Unidos y a los grandes capitalistas
argentinos, en desmedro de los pequeños tenedores extranjeros de títulos.
Estos ahorristas fueron inducidos por los grandes bancos a adquirir los
insolventes bonos argentinos. Kirchner enmascara esta política con discursos
de confrontación con el establishment financiero.
Fracasos económicos y desventuras sociales
El neoliberalismo ha
fracasado como proyecto de las clases dominantes nacionales para expandir
sus negocios, reforzar su base de acumulación y aumentar su presencia en el
mercado mundial.
La pérdida de posiciones de
los capitalistas latinoamericanos en el escenario internacional se afianzó
en la última década, salvo algunas excepciones como Chile. Este retroceso se
verifica en el estancamiento del PBI per capita, en la caída de la inversión
extranjera (especialmente en comparación a China y el Sudeste Asiático) y en
el desbordante endeudamiento. En estas condiciones las fases de prosperidad
cíclica son cada vez más dependiente de la coyuntura financiera o comercial
internacional. Por ejemplo, la recuperación que se espera para este año será
consecuencia de la reducción de la tasa de interés en los centros (y la
consiguiente afluencia de capitales de corto plazo a la región) y del
aumento de los precios de ciertas materias primas, como el petróleo, la soja
o el cobre.
Este fracaso económico fue
paradójicamente potenciado por un logro reaccionario del neoliberalismo: la
generalizada regresión social que impuso la ofensiva del capital sobre el
trabajo. Las evidencia de esta agresión son incontables. Entre 1980 y 2003
desempleo abierto saltó del 7,2% al 11 %, el salario mínimo cayó en promedio
un 25% y la informalidad laboral creció del 36% al 46%, en la región de
mayor desigualdad social del mundo (el 10% de la población acapara el 48%
del ingreso y el 10% más pobre se reparte apenas el 1,6% de ese total).
En esta terrible escalada de
atropellos se apoyan los beneficios que los capitalistas obtuvieron en el
corto plazo, a través del incremento de la tasa de explotación. Pero estas
ganancias no se expandieron al conjunto de la clase dominante porque el
estrechamiento del mercado interno y el empobrecimiento colectivo contrajo
la plataforma de la acumulación. Además, las apertura y las privatizaciones
deterioraron la competitividad local y acentuaron la fragilidad de los
empresarios regionales frente a sus concurrentes. A nivel financiero,
también el inmanejable incremento del endeudamiento externo -que favoreció a
ciertos grupos- terminó afectando al conjunto de los capitalistas locales.
La magnitud de este pasivo reduce severamente la autonomía de la política
fiscal y monetaria requerida para contrarrestar los ciclos recesivos.
Sublevaciones, sujetos y conciencias
El intento neoliberal de
doblegar la resistencia popular y destruir las tradiciones de lucha de los
pueblos latinoamericanos ha sufrido una sucesión de graves reveses. El
derrocamiento en las calles de varios presidentes reaccionarios es la prueba
más palpable de este fracaso. Estas sublevaciones -que conmovieron a Ecuador
(1997), Perú (2000), Argentina (2001) y Bolivia (2003)- constituyen
acontecimientos mucho más significativas que los repliegues electorales que
también sufrió la derecha (Venezuela, Brasil). Por eso los analistas del
establishment están aterrorizados frente a una escalada de «asonadas
populares que hacen crujir las instituciones», a través de «acciones
colectivas que impugnan a los regímenes constitucionales».
Estos levantamientos han
incluido una diversa gama de revoluciones, rebeliones y movilizaciones, en
función de la intensidad de la lucha, las reivindicaciones en juego y su
impacto político. La insurrección de Bolivia es el mayor ejemplo reciente de
una revolución. Al cabo de una terrible sangría de 140 muertos, la acción
directa de los manifestantes forzó la caída de Lozada. La tradición de
alzamientos armados mineros y campesinos volvió a emerger en un movimiento
que combinó reclamos sociales (aumento salarial), campesinos (defensa de los
cultivos cocaleros) y antiimperialistas (industrialización del gas).
La rebelión que sacudió a la
Argentina no alcanzó esa dimensión insurrecional, pero constituyó una
excepcional irrupción que unificó a los trabajadores, la clase media y los
desocupados en un reclamo común contra el régimen político («Que se vayan
todos»). Las 17.000 manifestaciones y 47 cortes de calle por día que se
registraron durante el 2002 ilustran la envergadura de ese levantamiento.
Las huelgas y ocupaciones de tierras en Brasil configuran a su vez un
proceso de movilización que no desembocó en rebelión. Esta diferencia con la
Argentina obedece a divergentes tradiciones de lucha y al carácter más
acotado de la crisis económica (que no incluyó empobrecimientos virulentos,
ni expropiaciones de pequeños ahorristas). Por eso Lula sucedió a F.H.
Cardoso cumpliendo el calendario electoral, mientras que Kirchner emergió de
un dramático proceso de reconstitución del control político capitalistas que
desafiaron los piquetes y las asambleas populares.
En todas las protestas
latinoamericanas los trabajadores estatales cumplieron un papel muy activo.
Este sector -agredido por los invariables recortes presupuestarios que
impone el FMI- lidera la resistencia en Perú y Uruguay y juega un rol
significativo en la revuelta de Santo Domingo. También la huelga general se
mantiene como la forma de acción clásica de la movilización popular y en
cierto casos -como Chile- se insinúa cierta reaparición del protagonismo
obrero. En otros países, la resistencia ha estado signada por rebeliones
campesinas generalizadas (Ecuador), localizadas (Colombia) o regionales de
gran impacto nacional (Chiapas). La lucha social adquiere, además,
connotaciones explosivas cuándo está imbricada al desarrollo de un conflicto
antiimperialista (Venezuela).
Esta variedad de movimientos
(gravitación indígena en zonas andinas, sustento urbano en el sur) incluye
también un novedoso intercambio de experiencias de lucha entre distintos
sectores sociales oprimidos. Por ejemplo, las organizaciones campesinas y
los trabajadores informales de las ciudades bolivianas han asimilado las
modalidades de resistencia de los mineros. En la Argentina, los piqueteros
argentinos constituyeron un combativo movimiento de desempleados a partir
del aprendizaje acumulado por ex dirigentes del movimiento sindical.
El desarrollo de la protesta
social ha erradicado las ilusiones de lograr cierto mejoramiento del niveles
de vida por medio de las privatizaciones y la desregulación. Esta maduración
antiliberal de la conciencia popular diferencia a Latinoamérica de otras
regiones -como Europa Oriental- dónde subsisten grandes expectativas en los
eventuales frutos de la «economía de mercado». Más significativo aún es el
renacimiento de convicciones antiimperialistas que -diferencia del grueso
del mundo árabe- no adoptan rasgos fundamentalistas de hostilidad religiosa
o étnica. Por eso en las movilizaciones de Latinoamérica se observa la
imagen del Che y no de líderes confesionales y el enemigo señalado son los
bancos y corporaciones yanquis, pero no el pueblo norteamericano. Esta
oleada de sublevaciones populares en un marco de fracasos económicos ha
provocado una drástica disminución del entusiasmo burgués por el
neoliberalismo.
Los límites del giro antiliberal
El actual resurgimiento de
gobiernos que promueven la «reconstrucción un capitalismo regional autónomo»
constituye una manifestación de la declinación del credo neoliberal. Este
nuevo proyecto es particularmente reivindicado por los regímenes de
centroizquierda (Lula, Kirchner), en oposición a los gobiernos puramente
continuistas (Uribe, Toledo, Lagos). Pero el mismo programa es también
compartido por los presidentes que emergieron de una explosión social (Mesa,
Gutiérrez) y por quiénes protagonizan un severo choque con el imperialismo
(Chávez).
Este giro es propiciado por
las mismas clases dominantes que en los 90 abjuraron de cualquier acción «estatista»
o «intervencionista». Este curso formalmente antiliberal confirma que
«las burguesías nacionales no han desaparecido» en la
región. Es cierto que la asociación con el capital foráneo y el retroceso
económico disminuyó su gravitación y modificó radicalmente su estrategia
precedente de «industrialización sustitutiva» y «desarrollo hacia adentro».
Pero las clases capitalistas nacionales subsisten y continúan manejando los
resortes del poder. Quiénes suponen que ese grupo se disolvió por efecto de
la transnacionalización, la absorción imperial o la carencia de proyectos
autónomos olvidan las peculiaridades de la burguesía nacional. Este grupo
dominante en los países periféricos no logra constituir economías prósperas,
ni consigue rivalizar con las grandes corporaciones. Pero tampoco se diluye
dentro de un bloque común con el imperialismo porque la concurrencia mundial
bloquea esta fusión. Por eso los capitalistas locales preservan intereses
propios y disputan con sus competidores extranjeros.
El renovado programa de
capitalismo autónomo regional expresa la persistencia de estas tensiones,
pero no se perfila como un proyecto viable. El fracaso de la integración
regional y especialmente del Mercorsur es el ejemplo más contundente de esta
ausencia de horizontes. Al cabo de una década, los integrantes de esa
asociación no lograron forjar una moneda común, ni pudieron superar sus
divergencias en materia de aranceles y los subsidios. Como cada clase
dominante local negocia unilateralmente con el FMI cronogramas de ajustes
presupuestarios muy diferenciados se ha tornado más difícil establecer
políticas fiscales, aduaneras o financieras comunes. La perspectiva del ALCA
ejerce, además, una presión disolvente sobre un mercado exclusivamente
sudamericano.
A diferencia del pasado el
relanzamiento de un programa de capitalismo regulado y autóctono no se apoya
actualmente en dictaduras desarrollistas, sino que pretende sostenerse en
regímenes constitucionales. Y en este plano enfrenta también un obstáculo
novedoso: el generalizado desprestigio de las «democracias autoritarias». Al
cabo de dos décadas de tremendas frustraciones populares, la autoridad de
estos sistemas se encuentra muy cuestionada por su función antipopular.
Estos regímenes conforman estructuras semirepresivas, aceitadas con el
clientelismo y sostenidas por aparatos electorales controlados por grupos
dominantes. Todas las decisiones relevantes son adoptadas por la elite
burocrática que administra los estados con el pasivo aval del Parlamento y
la Justicia. La ilusión de lograr progresos sociales a partir de la
consolidación de estos regímenes ha quedado seriamente afectada desde el
momento que brindaron un marco político a la clase capitalista para
implementar una pavorosa regresión social. El efecto de este proceso ha sido
la pérdida de legitimidad política, que se manifiesta en la desintegración
de partidos tradicionales (Ad y Copei en Venezuela), la erosión de las
viejas instituciones (PRI mexicano, radicalismo argentino) y el desplome de
experimentos caudillescos (Menen, Fujimori, Collor) o alquimias políticas
sostenidas por Estados Unidos (Toledo, Banzer).
«Posliberalismo antipopular»
Los nuevos gobiernos de
centroizquierda que emergen en la región son hostiles a las reivindicaciones
populares y a su conquista a través de la movilización. Los presidentes de
estos regímenes claman contra el neoliberalismo, pero preservan su herencia
reaccionaria impulsando modelos «posliberales» que convalidan las
contrarreformas sociales de los 90.
Por su impacto continental el
caso de Lula es el ensayo más importante del progresismo latinoamericano. El
ex trabajador metalúrgico ha recibido desde su asunción una catarata de
elogios de los financistas y empresarios de todo el mundo. Este entusiasmo
obedece no solo a su política económica neoliberal, sino también a la
adopción de reformas reaccionarias como las jubilaciones, que el PT
históricamente rechazó y que los gobiernos anteriores no se atrevieron a
implementar.
Lula cumple la típica función
socialdemócrata de aplicar el ajuste que la derecha no podría instrumentar.
La expulsión de los parlamentarios que se opusieron a la ley previsional
también repite la clásica trayectoria de los líderes reformistas, que se
desprenden de su ala izquierda para brindar «pruebas de responsabilidad» a
sus mandantes capitalistas. Las justificaciones de esta orientación se basan
en imaginar amenazas fantasmales («el gobierno resiste la
desestabilización imperialista») y en presentar los atropellos sociales
a los trabajadores como actos de equidad («se elimina un
privilegio laboral»), omitiendo el completo abandono del programa de
reformas fiscales, sociales, ecológicas y democráticas que postulaba el PT.
Si el rumbo inicial de Lula
constituía un interrogante, su gestión de gobierno ha despejado cualquier
duda. Ensaya la «tercera vía» en un país subdesarrollado agobiado por la
miseria, instrumentando políticas no solo alejadas de cualquier proyecto
transformador (como el intentado por Salvador Allende), sino también
hostiles a cualquier confrontación con el imperialismo (como la
protagonizada por Chávez).
Cualquiera sean las
expectativas que mantiene la población en este gobierno resulta
indispensable cuestionar sin reservas su evolución, ya que es imposible
construir una alternativa emancipadora escondiendo la realidad. Lula
encabeza un gobierno capitalista que incluye las «contradicciones» y los
«conflictos» típicos de cualquier otro régimen de estas características
sociales. Los atributos que muchos le asignan («una política
exterior independiente», «promoción del Mercosur») no difieren de los
rasgos que ya presentaron varios gobiernos anteriores.
La política de Lula tiene
grandes implicancias para toda Latinoamérica, porque ofrece justificaciones
para la orientación antipopular que aplican otros gobiernos de
centroizquierda. Se suele afirmar que «si en Brasil no se
puede cambiar el rumbo, el margen para realizar transformaciones es mucho
menor en países más pequeños». Es el argumento predilecto que difunde el
progresismo en Argentina o que se utiliza en Ecuador para resignarse frente
a un presidente que abandonó la alianza inicial con el movimiento campesino
e indigenista y aplica todas las exigencias del FMI. Este tipo de traiciones
arrastra un largo historial en América Latina y presenta rasgos espantosos
en el caso de Aristide en Haití. El «cura de los pobres» que prometía
erradicar la herencia de miseria y terror que dejó la dictadura se convirtió
en un típico tirano caribeño desde el momento que llegó al poder con el
auxilio de los marines.
Discutir el rumbo actual de
los gobiernos centroizquierdistas es vital frente a la perspectiva de tres
nuevas victorias electorales de la izquierda en los próximos meses. En el
Salvador, el Farabundo Martí ya controla la mitad de los alcaldías y podría
acceder a la presidencia. Pero en ese caso deberá definir que hace frente al
tratado de libre comercio con Estados Unidos. En Uruguay, el reciente éxito
de la izquierda en el referéndum contra la privatización del petróleo
confirma la alta probabilidad de un triunfo electoral nacional. Pero el país
afronta un colapso social comparable a la Argentina y no podrá superarlo
manteniendo los acuerdos con el FMI que avala la dirección del Frente
Amplio. En Bolivia se vive una explosiva situación que puede levar al MAS de
Evo Morales al gobierno en cualquier momento. Pero su comportamiento frente
a la insurrección de noviembre pasado no presagia una postura favorable a la
lucha consecuente por las reivindicaciones sociales.
Escenarios y maniobras
La capacidad actual del
imperialismo norteamericano para hacer frente al volcán latinoamericano se
ha reducido notablemente en comparación al período de auge neoliberal. Estas
limitaciones se verifican en primer lugar en el plano militar. Para
controlar directamente los principales recursos naturales de la región,
Estados Unidos necesita reforzar su presencia de tropas. Pero el pantano de
Irak ha creado un serio límite para esta intervención. El imperialismo no
puede abrir nuevos frentes de conflicto, mientras afronte la perspectiva de
un nuevo Vietnam en Medio Oriente. Por eso los halcones del Departamento de
Estado (Noriega, Reich) alientan una campaña contra las «amenazas
terroristas», pero sin precisar el blanco específico de sus ataques.
Es probable que el
estancamiento de la guerra en Colombia contribuya a esta indefinición. Uribe
ha ensayado sin resultado una escalada semidictatorial de agresiones, que
incluye la legalización de los paramilitares y la creación compulsiva de un
millón de informantes. Además, fracasó el referéndum que debía legitimar
junto a esta acción militar un ajuste brutal del gasto social y la oposición
de centroizquierda ha conquistado la alcaldía de Bogotá.
El uso de tropas
imperialistas en Latinoamérica se encuentra por otra parte limitado, por la
creciente extinción de los presidentes incondicionalmente alineados con
Estados Unidos. Solo algunos gobiernos centroamericanos acompañaron esta vez
a las tropas yanquis en Irak e incluso los socios privilegiados de México y
Chile se abstuvieron en la ONU de justificar esa invasión. Estados Unidos,
afronta además, tres adversidades para su dominio regional en Cuba,
Venezuela y Bolivia.
Los intentos de Bush de crear
una situación explosiva en Cuba propiciando el secuestro de embarcaciones,
entrenado provocadores desde Miami, reforzando el embargo y alentando la
inmigración ilegal han repetido los papelones de los últimos 40 años. No
existen indicios de mayor penetración social de los agentes del imperialismo
dentro en la isla y los atropellos estadounidenses tampoco han aislado al
régimen del resto de Latinoamérica. Al contrario, han reforzado la simpatía
hacia la revolución y acrecentado la autoridad continental de Fidel. El
contraste que existe entre su valiente actitud antiimperialista y el
humillante comportamiento de los gobernantes «lamebotas» es motivo de
respeto en toda la región.
En Venezuela el imperialismo
sigue conspirando junto a la derecha y luego del fracaso de dos intentos
golpistas busca ahora imponer un referéndum que expulse a Chávez. Pero cada
acción de la embajada norteamericana refuerza la movilización popular. El
liderazgo nacionalista en estas confrontaciones con el imperialismo tiene
muchos antecedentes en la región (Torrijos, Velazco Alvarado), pero lo
llamativo en Venezuela es el creciente nivel de organización barrial,
sindical y universitario. Si la polarización política y social del país se
asemeja a lo ocurrido en la Argentina en los años 50 (hostilidad burguesa al
régimen, fractura entre la clase media y los trabajadores), el grado de
radicalización existente en las fuerzas armadas tiene muchos parentescos con
la revolución portuguesa de los claveles. Al escalar provocaciones en un
país vital para su abastecimiento petrolero, Estados Unidos juega con fuego.
Finalmente la caída del
Lozada representó otro duro revés para el imperialismo, que trata a Bolivia
como si fuera una simple colonia. Por eso siguen exigiendo la erradicación
militar de la coca y el remate de las riquezas de gas, sin contemplar los
riesgos que entraña esta presión en la convulsionada situación del país.
En este adverso cuadro
político los auxilios que pueden brindarle a Bush sus principales aliados -a
cambio de leyes de inmigración (México), convenios financieros (Chile) o
promesas de inversiones (Perú)- resultan insuficientes para desactivar la
caldera regional. Por eso el presidente norteamericano trata cordialmente a
Kirchner y elogia a Lula, buscando que ambos gobernantes actúen como
intermediarios en los conflictos ajenos a la influencia de la diplomática
norteamericana.
Las prioridades son «rodear a
Chávez» -para atenuar sus desafíos e inducirlo a la desmovilización popular-
y evitar un «vacío de poder», que derive en un gobierno popular en Bolivia.
La tregua que los enviados de Kirchner y Lula consiguieron de Evo Morales
cuándo cayó Lozada constituye un precedente de esta función «moderadora»,
que el Departamento de Estado le asigna a los «gobiernos progresistas del
Cono Sur». Un rol semejante cumplió la diplomacia latinoamericana cuándo en
los 80 debilitó en la mesa de negociaciones a los sandinistas que estaban ya
acorralados por la agresión de la «contra».
Disyuntivas de la izquierda
El fracaso económico y la
declinación política e ideológica del neoliberalismo junto a la continuada
presencia de sus modelos en plena irrupción de sublevaciones populares
plantean serios desafíos para la izquierda. Los dilemas más complejos
aparecen cuándo se deben definir las posturas frente a los nuevos gobiernos
de centroizquierda que giran hacia la derecha pero despiertan expectativas
entre la población.
Muchos intelectuales
reconocen este vuelco pero se resignan apenados. Al plantear que «no existe
otra alternativa» recurren al mismo argumento fatalista que utilizaron
neoliberales en los 90.
Otros destacan que la
conciliación con la derecha es el precio a pagar por el surgimiento de un
capitalismo regulado o latinoamericanista. Pero no explican porqué los
socialistas deberían celebrar la erección de este sistema de explotación y
tampoco aclaran porqué sería factible construir en el siglo XXI lo que no
pudo edificarse durante los últimos 200 años. Esta visión genera ilusiones
sobre un porvenir improbable y conduce a ignorar la dinámica anticapitalista
de la revueltas populares que sacuden a la región.
Quiénes convalidan el rumbo
actual de Lula, Kirchner o Gutiérrez cierran los ojos frente a la realidad y
no juzgan a los gobiernos de centroizquierda por sus actos concretos, sino
por las promesas, discursos y creencias que difunden. No registran que la
opción por el capitalismo que han adoptado estos regímenes no constituye un
episodio circunstancial, ni fácilmente reversible. Es una elección que
expresa la comunidad de intereses que liga a las burocracias gobernantes con
las clase dominantes.
Otros analistas estiman que
las reformas sociales llegarán cuándo se estabilicen estos gobiernos. Pero
la experiencia de las últimas décadas en Latinoamérica indica todo lo
contrario. Al consolidar su poder estos regímenes refuerzan sus compromisos
con la derecha y abandonan los últimos vestigios de posturas contestatarias.
Los dirigentes del progresismo han perdido hace mucho tiempo la disposición
a confrontar con la resistencia que opondrían los capitalistas (fugas de
capital, boicots y actos de desestabilización), a cualquier reforma social
significativa. Por eso la izquierda que avala a estos regímenes tiende a
convertirse en una fuerza domesticada y estéril.
Importantes sectores de la
izquierda latinoamericana desconocen esta realidad, porque han adoptado la
vieja la estrategia socialdemócrata de acceder paulatinamente al poder a
través de una sucesión de avances electorales y gestiones municipales
exitosas. El shock creado por la sucesión de retrocesos que siguieron a la
caída del sandinismo condujo a la revitalización de esta política desde los
años 80. Este rumbo les ha impedido registrar las limitaciones que afrontan
estas experiencias de gobierno local. Aunque permitan ensayar formas de
democracia, contribuyan a modificar la correlación de fuerzas y faciliten el
surgimiento de nuevos liderazgos populares, estas iniciativas no resuelven
el viejo dilema de los socialistas a la hora de optar entre el sostenimiento
o la erradicación del capitalismo. La gestión socialdemócrata conduce al
primer sendero y frustra cualquier rumbo de superación de los sufrimientos
que padecen millones de latinoamericanos.
Quiénes se ubican en el campo
de los gobiernos de centroizquierda dan la espalda a la movilización popular
y a toda batalla consecuente contra el neoliberalismo que abra una
perspectiva anticapitalista. Pero optar por ese segundo rumbo también
plantea agudos problemas, porque obliga a definir una estrategia que no
puede reducirse a contraponer pronunciamientos revolucionarios a la
capitulación de los centroizquierdistas. El desafío es avanzar en la
construcción política de opciones socialistas y no solo entusiasmarse con
magnificas ideas del futuro sin evaluar su grado de aceptabilidad entre los
trabajadores.
Pero apuntalar una
alternativa socialista también obliga a reconocer que ninguna transformación
socialesfactibleobviandola conquistadel poder. Se hapuestode moda
rechazaresta evidencia proponiendo «cambiar el mundo sin tomar el poder».
Pero los promotores de esta vía no brindan un solo ejemplo de como
implementarían este curso. Dado que los capitalistas jamás renunciarán al
manejo de su estado, no se entiende como podrían los oprimidos resolver sus
acuciantes problemas sin capturar ese poder para transformarlo al servicio
de la mayoría. Quizás los autonomistas esperan crear islotes de
cooperativismo para promover ensayos de igualitarismo antimercantil. Pero
estos experimentos resultarían obviamente insuficientes para revertir la
tragedia de pobreza, desempleo y explotación que soporta el grueso de la
población.
Existen múltiples vías para
facilitar el desarrollo de la conciencia socialista, pero el compromiso con
la lucha por las reivindicaciones sociales es la condición de cualquier
construcción política anticapitalista. Esta acción implica resistir la
militarización y la recolonización, rechazar el ALCA y batallar por la
cesación del pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Estas medidas son
indispensables para recomponer los ingresos populares y gestar una genuina
integración regional.
El porvenir latinoamericano
depende en gran medida de la capacidad de la izquierda radical para
conformar un proyecto alternativo en el curso de ciertos desenlaces
decisivos. Esta alternativa avanzará si un rumbo socialista se renueva en
Cuba, si la resistencia antiimperialista socava el poder económico de la
derecha venezolana, si prospera una opción a la dirección del PT brasileño,
si se erige un polo político de la izquierda entre los piqueteros y
trabajadores argentinos y si progresa la revolución en Bolivia. En este
escenario el «posliberalismo» se emparentará en América Latina con el
resurgimiento del socialismo.
*Claudio Katz
Economista, profesor de la UBA, investigador del Conicet. Miembro del EDI
(Economistas de Izquierda |
