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De todos los derechos esenciales, sancionados por la comunidad internacional
como fundamentales al ser humano, quizás el de mayor importancia es aquel
que consigna el derecho de toda persona a la inviolabilidad de su dignidad.
Se trata de un derecho que se ejercita tanto individualmente, como a nivel
colectivo. Partiendo de éste, encontramos otros derechos, individuales y
colectivos, igualmente importantes.
Entre tales derechos se encuentran: el derecho de los ciudadanos a la
justicia social, a la paz y al desarrollo; el derecho a su protección de su
integridad y al disfrute de las riquezas naturales dentro de su territorio
nacional; el respeto a su personalidad jurídica; el derecho a la afirmación
y protección de su identidad nacional y cultural; el derecho a la educación,
a la salud y al trabajo; y finalmente, el derecho al ejercicio de la libre
determinación, independencia y soberanía nacional.
Puerto Rico, ocupa una zona privilegiada en la región del Caribe. Localizado
en el extremo oriental del archipiélago de las Antillas Mayores, sus islas
habitadas localizadas la región Este, las islas de Culebra y Vieques,
inician geográficamente hablando, lo que constituye el archipiélago de las
Antillas Menores.
Históricamente, el Caribe ha sido el escenario de luchas entre diferentes
estados que desde la época mercantil han venido librando importantes
batallas por el control de sus rutas comerciales; por el control de sus
mercados; y por su control militar. Mediante el control de esta zona, las
potencias imperialistas acceden hoy día a un mercado de 800 millones de
seres humanos
de los cuales 240 millones viven en la pobreza, el cual, a su vez, abarca
una superficie de 15.6 millones de millas cuadradas. En esta región, el
estado imperialista principal, Estados Unidos, lleva a cabo alrededor del
40% de su comercio exterior. Cuarenta y nueve centavos de cada dólar dólar
gastado por Estados Unidos en nuestros países se invierte en bienes y
servicios que luego serán importados desde nuestra región hacia dicho país.
El apetito estadounidense por el Caribe, precede la constitución de su
propia república. Uno de sus padres fundadores, Benjamín Franklin,
recomendaba a Inglaterra en la época de las 13 colonias la invasión de la
isla de Cuba. En 1783, apenas transcurridos siete años desde su Declaración
de Independencia, John Adams propugnaba la anexión de Cuba y Puerto Rico.
Tomás Jefferson, otro de los padres de la joven república, defendió la idea
de que la confederación angloamericana sería el nido desde donde se poblaría
toda América, la del Norte y la del Sur.
La adopción de la Doctrina Monroe el 2 de diciembre de 1823 estableció una
nueva justificación para tales ideas expansionistas. Mediante ella se
consignó que cualquier acto o ingerencia de parte de las potencias europeas
en lo que antes fueron las colonias españolas, constituía una amenaza a la
seguridad de Estados Unidos.
La Doctrina del Destino Manifiesto adoptada en el 1845, establecía que la
"providencia divina" llamaba a Estados Unidos a conducir los destinos del
Continente. Sobre esta intención, ya Simón Bolívar alertaba a los pueblos
latinoamericanos en el Congreso efectuado en Panamá el 22 de abril de 1826
cuando señaló:
"Los Estados Unidos parecen haber sido colocados por la fatalidad en el
Nuevo mundo para causar daño a América en nombre de la Libertad."
Tanto la Doctrina Monroe como la Doctrino del Destina Manifiesto formaron
parte en las premisas ideológicas sobre las cuales se desató la Guerra
Hispano-cubana- americana de 1898.
En virtud del Tratado de París suscrito por España y Estados Unidos, Puerto
Rico fue cedido como botín de guerra. Se inició así su período colonial como
territorio no incorporado a Estados Unidos.
El Tratado de París dispuso en su Artículo IX que los "derechos civiles y la
condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí
cedidos a los Estados Unidos se determinarían por el Congreso." Así, luego
de dos años de Gobierno Militar, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 12
de abril de 1900 la primera Carta Orgánica dotando a Puerto Rico de un
Gobierno Civil. Bajo esta Ley, sin embargo, el Congreso de Estados Unidos se
reservó todas las prerrogativas que le corresponden a un estado soberano en
relación con un territorio colonial.
Previo a la Guerra, la economía de Puerto Rico había entrado en un proceso
de integración al mercado estadounidense. Para entonces el 21% de los
productos consumidos era importado de Estados Unidos mientras exportaba
hacia dicho
país el 15.2% de sus producción.
La dependencia e integración dentro de la economía de Estados Unidos a
partir de 1898 fue extraordinaria. Ya para 1901, el total de importaciones
era de 78.1% mientras que el total de exportaciones era el 65%. El control
de tierra cultivable, en renglones como el tabaco y la caña de azúcar, pasó
de 5,693 cuerdas a 72,136 y de 22,142 a 145,433 respectivamente. En esos
años el 80- 85% de la manufactura pasó también al control del capital
estadounidense.
El 2 de marzo de 1917, en pleno desarrollo de la primera Guerra Mundial, se
aprobó por el Congreso de Estados Unidos una nueva Ley Orgánica mediante la
cual se impuso a los ciudadanos puertorriqueños la ciudadanía
estadounidense.
Para entonces se hizo también extensivo a los puertorriqueños la nueva Ley
del Servicio Selectivo en Estados Unidos mediante el cual los jóvenes tenían
que registrarse para el servicio militar en la eventualidad de ser llamados
al servicio activo. La Ley Jones no le reconoció a los puertorriqueños
ningún atributo de poderes soberanos como pueblo.
En 1950 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley 600, mediante la cual
autorizó el inicio de un llamado "proceso constitucional" dirigido a que los
puertorriqueños organizaran un gobierno propio en conformidad con los
parámetros definidos por el propio Congreso. De dicho proceso surgió el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La naturaleza colonial de dicho status
político no fue modificada, sino por el contrario, ratificada.
En la ley el Congreso establece, no solo los parámetros sobre los cuales los
delegados a ser electos por el pueblo tienen que llegar a acuerdos en lo que
se refiere a la organización del nuevo Gobierno; sino además, el poder
reservado al Congreso de Estados Unidos para modificar la Constitución que
en su día aprobara el pueblo en referéndum.
Entre las imposiciones del Congreso a la Constitución se encuentra la
inclusión en el Artículo VII, Sección 3 como condición para su ratificación,
lo siguiente:
" Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible
con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando
esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de
Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la
Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero adoptada con el carácter de
un convenio."
Bajo la anterior premisa, por solo dar un ejemplo entre varios que podrían
ofrecerse, prevalece lo dispuesto en el Tratado de París en 1898 a los
efectos de que es el Congreso de Estados Unidos quien determinará los
derechos civiles y la condición política de los habitantes de Puerto Rico; y
que todas la leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos que no sean
localmente inaplicables, aplicarán con todo vigor en Puerto Rico.
El custodio de tales prerrogativas federales en Puerto Rico ha sido y sigue
siéndolo el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. De hecho, a
raíz de las elecciones efectuadas el pasado 2 de noviembre y como resultado
de un pleito radicado por el sector anexionista en Puerto Rico contra el
resultado preliminar y el proceso de escrutinio de votos, como ha ocurrido
en el pasado en otros asuntos relacionados con nuestra vida como pueblo, la
Corte Federal intervino con el proceso electoral puertorriqueño.
A lo largo de los pasados 106 años nuestro país, no sin grandes esfuerzos,
ha mantenido en forma sostenida una resistencia histórica ante los intentos
de anexar y asimilar a Puerto Rico. Puerto Rico en el Siglo XXI se divide en
las mismas tres tendencias existentes al cierre del siglo XIX. De éstas, la
más antigua es la corriente independentista, cuyos orígenes se traza por los
historiadores al año 1795, cuando comenzaron a circular en el país monedas
con lemas separatistas acuñados en contra de la dominación española.
Durante la segunda mitad del Siglo XIX, sin embargo, es que las tres
corrientes hoy presentes en nuestro desarrollo político se configuran de
manera más definida: la corriente independentista, la corriente autonomista
y la corriente anexionista. Al cierre del siglo XIX la corriente autonomista
encabezaba en Puerto Rico desde 1897 un Gobierno Autonómico reconocido por
la Corona española, el cual ostentaba mayores poderes políticos que los que
al día de hoy tiene el Estado Libre Asociado.
La corriente independentista con relación al estado español, al calor de la
Guerra de Independencia de Cuba, donde el Partido Revolucionario Cubano
fundado por José Martí había establecido en el artículo 1 de sus Estatutos,
que el mismo se organizaba para hacer la guerra necesaria por la
independencia de Cuba y auxiliar en la de Puerto Rico, se encontraba
dividida entre aquellos que propulsaban la independencia absoluta de Puerto
Rico y aquellos que la propulsaban respecto a España, pero eran a su vez
anexionistas respecto a Estados Unidos.
El cambio de soberanía trajo como resultado una nueva división en tribus
entre los puertorriqueños respecto a su futuro status político frente a la
nueva realidad como territorio cedido por España a Estados Unidos. Luego del
trauma sufrido por el país a raíz del cambio de soberanía; del inicio de la
transformación económica en el campo, transitando de una economía de
hacienda a una de plantación; junto con la transformación del campesinado en
obreros agrícolas y la destrucción de la base económica sobre la cual se
sustentaba la incipiente burguesía nacional puertorriqueña que había
emergido en la
segunda mitad del Siglo XIX; las diferentes corrientes del pensamiento
político fueron rearticulándose y reagrupándose en partidos políticos.
A partir de la segunda década del siglo XX, el Partido Nacionalista de
Puerto Rico bajo la dirección de
Pedro Albizu Campos, articuló un discurso
político de resistencia activa a toda manifestación de intentos de
asimilación y anexión política. Cuestionando la legalidad del Tratado de
Paris de 1898 sobre las bases que para entonces ya Puerto Rico tenía
personalidad jurídica propia por lo que no podía ser una mercancía objeto de
negociación entre las partes beligerantes en la Guerra de 1898, el PNPR
planteó la tesis de "nación intervenida". Bajo la misma reclamó el derecho
de los puertorriqueños a la vía armada como método fundamental de lucha
contra el poder interventor de Estados Unidos en Puerto Rico. Con tal fin
proclamó el derecho a organizar la patria para el rescate de su soberanía y
en concordancia con tales postulados
dirigió los esfuerzos de dicho partido a proclamar la república de Puerto
Rico.
Entre las décadas de 1930-50 el Partido Nacionalista escribió una de las
páginas más gloriosas en la historia política puertorriqueña. Desafiando el
poder imperialista, llevó a cabo acciones de carácter político militar
contra los órganos de poder imperialista en Puerto Rico y Estados Unidos.
Entre éstos últimos destaca el ataque a la residencia provisional del
Presidente Truman en contexto de la Insurrección Nacionalista de 1950 y el
Ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954 como manifestación de repudio a
la creación del ELA y su ratificación como un status no colonial por parte
de la
ONU. Uno de los héroes combatientes de esa jornada se encuentra entre
nosotros participando en este evento bolivariano. Nos referimos al compañero
Rafael Cancel Miranda.
Durante estos años no hubo una sola manifestación de la imposición de
presencia política, económica y militar de Estados Unidos en Puerto Rico que
no encontrara una respuesta adecuada por parte del nacionalismo y otros
sectores independentistas agrupados en el Partido Independentista
Puertorriqueño, el Partido Comunista Puertorriqueño y otras agrupaciones
políticas nacionales y juveniles.
A partir de la implantación del Estado Libre Asociado en 1952, Puerto Rico
sufrió importantes transformaciones en el plano económico, político y
militar.
Entre 1948 y 1967 y bajo el impulso de la llamada "Operación Manos a la
Obra", se produjo el tránsito de la economía puertorriqueña de un modelo
agrícola hacia un modelo de desarrollo económico sostenido en la manufactura
o industria liviana. Dicho modelo fue orientado sobre los siguientes
pilares: exoneración contributiva a las industrias que se establecieran en
Puerto Rico, fundamentalmente las estadounidenses; subsidios del Estado en
la infraestructura; bajos salarios; y finalmente, acceso directo de los
productos producidos en Puerto Rico al mercado estadounidense.
A partir de 1968 se observó un giro en el modelo económico orientándose el
mismo hacia la industria petroquímica. Este modelo dependía en su
implantación en las llamadas ventajas que ofrecía la condición político-
fiscal de Puerto Rico desde el punto de vista de la adquisición de petróleo
de parte de los países en vías de desarrollo a un coste menor que el
petróleo
producido en Estados Unidos; su procesamiento a un coste menor de la fuerza
de trabajo; en el consumo nacional del petróleo, dadas las condiciones
energéticas del país; y finalmente, en el beneficio que podría representar
el envío de los productos derivados hacia el mercado estadounidense, junto
con los beneficios contributivos derivados de las empresas que se
establecieran en Puerto Rico con tal propósito.
El Embargo Petrolero decretado por la OPEP en 1974, el aumento en los
precios del petróleo, junto con otros factores económicos y políticos
asociados a nuestra relación política con Estados Unidos, dejó de hacer
competitivo para
el país el sostenimiento de este tipo de industrias. Una vez más se hacía
necesario cambiar nuestra estrategia de desarrollo económico en función de
circunstancias externas.
Luego de 1976 Puerto Rico adoptó otro modelo de desarrollo económico. Esta
vez, en dependencia total con la Sección 936 del Código de Rentas Internas
de Estados Unidos, se impulsó un modelo en el cual se le otorgaba
exoneración
contributiva a todo ingreso generado por empresas acogidas a dicha Sección
en Puerto Rico; una exoneración adicional a los dividendos remitidos por
dichas empresas a la casa matriz, por lo general en Estados Unidos; y
exoneraciones
contributivas adicionales sobre aquellos ingresos derivados de sus
inversiones financieras dentro del territorio y depositados en bancos en
Puerto Rico.
Esta estrategia se valió, además, de otros tres componentes esenciales: un
aumento en las transferencias federales del Gobierno Federal a Puerto Rico;
el aumento en el empleo de la fuerza de trabajo en el sector público y el
aumento en la deuda pública.
La eliminación de la Sección 936 en la década de 1990 y la desaparición en
los años siguientes de los beneficios devengados por este tipo de empresas y
sus efectos colaterales en la economía del país están aún por definirse. Sin
embargo, las consecuencias sociales de la implantación de dicho modelo en
nuestro país se dejan sentir gravemente.
Si bien se percibe un mejoramiento relativo en el sentido de lo que es la
modernidad vista desde una perspectiva desarrollista, los niveles de
dependencia económica derivados de ella y desajustes sociales, junto con los
efectos ideológicos que acompaña este tipo de proyecto, explica en parte el
incremento habido en las pasadas décadas en Puerto Rico en la corriente
anexionista. Para estos sectores, los beneficios económicos resultado de la
dependencia individual en las transferencias de fondos federales para muchas
actividades relacionadas con la cotidianidad de las personas; así como los
niveles de vida asociados a dichas relaciones económicas, se encuentran
vinculados con el mantenimiento de la relación política con Estados Unidos y
la ciudadanía estadounidense. En ese sentido, no deja de ser cierta la
expresión común en Puerto Rico que la cuna desde donde se ha fortalecido el
sector anexionista en el país es el ELA.
En el plano político, la experiencia histórica ha sido que el gobierno de
Estados Unidos ha optado por defender una relación política con Puerto Rico
de carácter colonial frente a una posibilidad de desarrollo político
soberano o la incorporación del país como un estado a la Unión.
En el llamado proceso constitucional de 1950-52 se aprobó la Resolución
Número 23 estableciendo en una de sus partes resolutorias que "[E]l pueblo
de Puerto Rico retiene el derecho a proponer y aceptar modificaciones en los
términos de sus relaciones con Estados Unidos de América, de modo que éstas
en todo tiempo sean la expresión de acuerdo libremente concertado entre el
pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos".
En 1953 Estados Unidos promovió ante la Asamblea General de la ONU una
Resolución con el propósito de que Puerto Rico fuera retirado de la lista de
territorios no autónomos. Sobre estos territorios las potencias
administradoras tenían que rendir informes sobre aquellas medidas que se
venían tomando para que dichos países y territorios accedieran a un status
no
colonial. En la Resolución adoptada, conocida como la Resolución 748 (VIII),
se consignó por dicho Organismo el derecho del pueblo puertorriqueño y la
obligación del Gobierno de Estados Unidos, de responder afirmativamente a
toda solicitud de desarrollo en el contexto de las relaciones políticas
entre ambos pueblos. Así, en su párrafo 9, se dispone lo siguiente:
"Expresa su seguridad de que, conforme al espíritu de la presente
resolución, a los ideales incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, a
las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto
político alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en
cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de
América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme a su status
jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes de
la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de
esta asociación."
En su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, el entonces embajador de
Estados Unidos Henry Cabot Lodge afirmó, indicando que hablaba a nombre del
Presidente de Estados Unidos, que "si en algún momento la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico adoptaba una resolución en favor de una
independencia más completa o aún absoluta, él recomendará inmediatamente al
Congreso que otorgue esa independencia." La realidad, sin embargo, ha sido
distinta.
Desde 1952, en adelante, se han desarrollado diferentes iniciativas por
parte de Puerto Rico dirigidas a ampliar el marco de los poderes reconocidos
por el Congreso a Puerto Rico. Hasta el presente no se ha producido
modificación de clase alguna en las relaciones políticas entre Puerto Rico y
Estados Unidos que hayan ampliado el marco de nuestras facultades fuera de
la Constitución de dicho país. Salvo aquellas áreas de gobierno propio local
permitidas por la Constitución de Puerto Rico, seguimos siendo el mismo
territorio no incorporado que éramos a partir de 1898.
En el plano militar, Puerto Rico pasó a partir de 1898 a ser un importante
complemento en la dominación de Estados Unidos en la región. Todos y cada
uno de los planes de desarrollo de comandos militares en la geografía
militar de la región del Caribe, de Centro y Sur América por parte de
Estados Unidos han tenido como punto de apoyo o referente común, el
emplazamiento militar de Estados Unidos en Puerto Rico.
Desde nuestra isla, Estados Unidos organizó, coordinó o desplegó miles de
efectivos militares en todos los conflictos desarrollados en dicha región y
en los cuales ha participado. Puerto Rico ha servido, también, de plataforma
marítima y aérea en el desarrollo de invasiones militares hacia países
hermanos. Desde Puerto Rico, además, se ha brindado apoyo logístico en
decenas de actos dirigidos a lesionar y violar la soberanía de países
latinoamericanos en el Hemisferio.
Entre las últimas manifestaciones de este tipo de intervención se encuentran
la participación de militares puertorriqueños en las operaciones militares
relacionadas con la implantación del Plan Colombia y el desplazamiento desde
Puerto Rico de unidades navales de la Flota del Atlántico en apoyo a los
golpistas durante el Golpe de Estado contra el gobierno constitucional de
Venezuela en abril de 2002.
La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico ha tenido, además, un
alto efecto en nuestra sociedad en lo relacionado con la participación de
puertorriqueños en diferentes guerras y conflictos en los cuales se ha visto
involucrado Estados Unidos. Alrededor de un cuarto de millón de
puertorriqueños han participado en las mismas como soldados y mucho más de
un millar de puertorriqueños han fallecido en tales conflictos bélicos.
Miles han regresado heridos, mutilados física y mentalmente o dependientes
de sustancias controladas.
De hecho, en el contexto de la presente "guerra contra el terrorismo", como
la ha denominado Estados Unidos, ya suman 21 los muertos en combate y cerca
de poco más de sesenta los heridos. Más de 7 mil efectivos de la Reserva y
de la Guardia Nacional han sido movilizados como parte de esta Guerra y
otros miles más pertenecientes a dichos cuerpos aguardan por ser
movilizados. Otros miles de puertorriqueños se encuentran sirviendo en las
fuerzas armadas regulares de Estados Unidos.
Al presente, si bien Puerto Rico ya no se encuentra desde los pasados dos
años bajo la jurisdicción del Comando Sur, todavía importantes actividades
relacionadas con dicho Comando en sus operaciones hacia Centro y Sur América
se siguen desarrollando en Puerto Rico. Mientras tanto, Puerto Rico ha sido
incorporado dentro del denominado Comando del Norte. La funciones de este
Comando se encuentran fundamentalmente vinculadas con la seguridad interna
de
Estados Unidos y lo que dicho país ha catalogado como la lucha contra el
llamado terrorismo. El área de jurisdicción de dicho Comando militar
incluye, además de Puerto Rico, a la Islas Vírgenes estadounidenses y a
Cuba.
Históricamente hablando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
principalmente la Marina de Guerra, han actuado como muro de contención en
todo esfuerzo por desarrollar mayores poderes soberanos en Puerto Rico. A
pesar de los cambios operados en los pasados años y el cierre exitoso de la
Base Naval de Roosevelt Roads gracias a la movilización, lucha y sacrificios
de miles de puertorriqueños(as), entre los cuales se encuentran más de 1,500
detenidos, arrestados y encarcelados, Puerto Rico sigue siendo un importante
bastión militar en la nueva arquitectura militar de Estados Unidos en la
región.
En los pasados años la insatisfacción con las relaciones políticas entre
Puerto Rico y Estados Unidos ha cubierto a todos los sectores políticos del
país. Tanto los sectores anexionistas como independentistas han catalogado
las mismas como coloniales. En el caso de los primeros, proponen como
alternativa la incorporación de Puerto Rico como un estado más de Estados
Unidos. El independentismo, por su parte, en sus diversas corrientes,
manifestaciones y organizaciones, impulsa la independencia nacional como
solución a las presentes relaciones políticas. En nuestro sector, sin
embargo, tiende a manifestarse entre sus diferentes componentes, mayores
diferencias en lo concerniente al modelo de desarrollo económico en la
eventualidad de alcanzar la independencia. Tales diferencias, en no pocas
ocasiones, se levantan como obstáculos mayores entre nosotros que lo que son
las diferencias existentes con otras corrientes políticas.
El autonomismo, por su parte, se encuentra dividido ideológicamente en
diferentes tendencias, aunque desde el punto de vista organizativo, se
agrupan casi todos en un mismo partido político. Más allá de sus diferencias
o sectores internos, por lo genera concurren a las elecciones generales como
un solo partido político.
En el autonomismo actual en Puerto Rico se manifiestan las mismas
diferencias fundamentales que surgieron en dicho sector ideológico hacia
1887 cuando esta corriente política se dividía entre aquellos que reclamaban
una autonomía política respecto a España y aquellos que se conformaban con
una autonomía administrativa provincial. Fueron estos últimos los que
prevalecieron en tal tipo de posición en el proceso político al interior del
Partido Popular Democrático, esta vez respecto a Estados Unidos y que
desembocara en la Constitución de 1952. Hoy día son estos mismos sectores
los que siguen siendo
mayoría dentro de dicha corriente ideológica.
Los cambios que propone el partido que les representa, algunos de los cuales
tímidamente cuestionan las relaciones políticas existentes entre Puerto Rico
y Estados Unidos y que llegan a formular en diferentes grados algunas
modificaciones en dicha relación, son cambios afirmados a partir de la
presión que sobre ellos ejercen las otras dos tendencias ideológicas. Por un
lado, afirman la nacionalidad, la cultura, la autonomía fiscal y el
desarrollo del ELA hacia unos nuevos poderes soberanos limitados como
barrera ante la estadidad federada la búsqueda de desarrollo económico
dentro del marco de la relación con Estados Unidos; por otro lado, afirman
la ciudadanía estadounidense, la defensa común, la común moneda y el mercado
común como base de la unión permanente en la llamada asociación con Estados
Unidos y rechazan toda propuesta de asociación soberana o república
asociada. Para ellos la independencia no constituye una alternativa viable.
El independentismo a su vez ha sido incapaz de desarrollar una propuesta
aceptable de independencia para nuestro pueblo en la cual el propio pueblo
haga de ella una opción superior al modelo dentro del cual se desarrolla
nuestro país.
De cara a un nuevo siglo y luego del resultado de las pasadas elecciones, el
país se encuentra más dividido y con más interrogantes en torno a su futuro
político que nunca antes
Alejandro Torres Rivera,
del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, MINH |
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