La Deuda Externa
La Deuda Externa y el Derecho: Parte 2
Salvador María Lozada

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La Deuda Odiosa - ¿Qué es el FMI?  - Derechos Humanos

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7. Carlos Calvo, Luis M. Drago y la Deuda Externa.

     Recordar a Carlos Calvo y a Luis María Drago, en forma conjunta, en este contexto, no es un ejercicio de vanidad erudita. El bienestar general de los pueblos y aun los aspectos económicos de los derechos humanos, o los que son condicionados por la macro economía, están de tal modo influidos por el asunto de la deuda externa, que conviene insistir sobre estos grandes compatriotas que en otra época enfrentaron un desafío análogo y lo resolvieron audazmente. Este recurso a la historia pretende mostrar que había, con otros hombres, con otros temperamentos e imaginación políticas, con otra profundidad de cultura jurídica, la posibilidad de otra forma, otro estilo, otra garra, otro nivel de grandeza, para atacar el problema.

     Tres años antes de morir, en el ocaso de su vida, a lo largo de 1903, Carlos Calvo prestó una contribución específica en el asunto de la deuda externa. Producida la agresión británico-germana contra Venezuela por el incumplimiento del pago de los servicios de obligaciones externas, el ministro de relaciones exteriores de la Argentina, expuso el 29 de diciembre de 1902 la doctrina que hoy lleva su nombre, la Doctrina Drago, declarando inadmisible en  América el cobro compulsivo de la deuda pública.

     Calvo era en ese tiempo el jefe de la misión de nuestro país ante el gobierno de Francia. Tradujo la nota de Drago y la hizo circular entre los internacionalistas más eminentes de la Europa de entonces, requiriéndoles el apoyo intelectual necesario a la consolidación de lo que es hoy uno  de elementos más honrosos de la tradición jurídica e internacional de los argentinos.

     Repetía al final de su carrera -de la que como San Pablo podía decirse Calvo boum certamen certavi, he peleado la buena pelea- lo que había hecho al llegar a Londres por primera vez a comienzos de los años 60 del siglo pasado. Ahora contando con el enorme respeto de sus congéneres de las universidades europeas y sobre todo con el de sus antiguos colegas del Instituto de Derecho Internacional.  Los destinatarios de la carta circular eran Fréderic Passy, miembro de Instituto y Presidente de la Sociedad francesa para el Arbitraje entre las Naciones; F. Moynier, presidente de la Cruz Roja y miembro honorario del nombrado Instituto de Derecho Internacional; J. Westlake, consejero real, profesor en Cambridge y miembro del Instituto de derecho Internacional; L.V. Bar, "consejero íntimo", profesor de la universidad de Göttingen y miembro del Instituto de derecho Internacional; Manuel Torres Campos, miembro del Instituto de Derecho Internacional, delegado de España a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y profesor en Granada; Feraud-Giraud, miembro honorario del Instituto de derecho Internacional y presidente honorario de la Corte de Casación de Francia; André Weiss, miembro del Instituto de Derecho Internacional y profesor de la Sorbona; J.E. Holland, consejero real, profesor en Oxford y miembro del Instituto de derecho Internacional; K. Olivecrona, asociado extranjero al Instituto de Francia, miembro honorario de la Corte Suprema de Suecia y miembro honorario del Instituto de Derecho Internacional; F.M. Asser, consejero de Estado, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y miembro del Instituto de Derecho Internacional; Francis Charmes, miembro del Instituto de Francia; y finalmente Pasquale Fiore, profesor de la universidad de Nápoles y también miembro del Instituto de Derecho Internacional.

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     Aunque ministro plenipotenciario ante el Quai d'Orsay, Calvo se dirigió a sus colegas invocando su condición –sin duda mucho más prestigiosa que la de funcionario público- de miembro asociado del Instituto de Francia y de miembro fundador del Instituto de derecho Internacional. Escribió en su papel personal de cartas con la indicación de su domicilio en el número 87 de la Avenida Kléber. La mayoría de las respuestas se encabezaron con la expresión "Monsieur et eminent collegue" o "Monsieur et cher Confrere" lo cual destacaba su eminencia personal antes que su función burocrática. Como ocurre no frecuentemente, el hombre elevaba con su prestigio el cargo diplomático; no al revés, según es usual.

     Al acercarse al final de su vida Calvo se proponía una vasta operación de influencia intelectual, de autoridad moral, de fuerza y efecto de los principios. Un cometido no fácil también éste, porque como se infiere de la respuesta algo reticente del profesor Westlake, el punto planteado por Drago -una derivación de la doctrina Calvo, en realidad- distaba de ser un lugar común para los europeos. Más bien lesionaba intereses económicos evidentes y suscitaba algunas reservas. En general, empero, las respuestas fueron altamente satisfactorias y coincidentes con la posición argentina. Sin embargo, más que esta conformidad mayoritaria, lo más profundamente fructuoso, acaso, de la operación emprendida por Calvo, fueron dos largas respuestas, equivalentes a sendas monografías, las de Féraud-Giraud y la de Pasquale Fiori, que de algún modo servían para compensar la brevedad y la inevitable falta de elaboración doctrinaria de la nota del ministro Drago. Las dos constituyen importantes sustentáculos intelectuales de la postura argentina, formulados por quienes sólo tenían  un interés puramente académico en la cuestión, junto a una alta autoridad jurídica y universitaria.

     La Doctrina Drago presenta hoy una excepcional significación frente a los problemas del endeudamiento externo. Se dirá -creo que con superficialidad- que en 1902 lo que la provocaba era un cobro compulsivo a través de la violencia militar, una recaudación armada de los servicios financieros impagos, y que ahora no hay tal.  Es una imperfecta observación en realidad, porque lo que ataca la Doctrina Drago es la presión ejercida contra un Estado soberano por causa de la falta de pago de la deuda. La acción militar, el bloqueo, el bombardeo de puertos, la ocupación territorial, sólo son especies del género que es la presión, la interferencia, la injerencia. Está  claro que la Doctrina Drago condena cualquier presión. Así surge del texto de la nota del 29 de diciembre de 1902. En ella Drago le encomendaba a García Merou que tratara de obtener de los norteamericanos la consagración del principio según el cual no debe haber expansión territorial ni "presión ejercida sobre los pueblos del continente por el solo hecho de una desdichada situación financiera que obliga a una de las partes a diferir el cumplimiento de sus obligaciones".

     Por otra parte, gracias a Calvo, la posición argentina es robustecida por la opinión del profesor Pasquale Fiore quien afirmaba literalmente: "Si se debe considerar la injerencia como un atentado a los derechos de la soberanía interna, aun con el objeto de proteger los intereses de los nacionales, con mayor razón se debe considerar ilegítima la intervención." Enlazaba Fiore en esta afirmación la doctrina Calvo con la nueva doctrina argentina de Luis María Drago.

     Así pues la mera injerencia de un estado extranjero en punto al pago de la deuda externa de otro Estado resulta inaceptable. No tiene entonces legitimidad que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, o el ministro de Finanzas de Francia, hagan de la deuda externa argentina un tema de las relaciones bilaterales con la Argentina, cuando de lo que se trata es del cobro de los servicios supuestamente debidos a los prestamistas de una y otra nacionalidad. Es una interferencia en una relación que empieza y acaba entre el Estado presuntamente deudor y el prestamista presuntamente acreedor. Esa relación no puede alterarse con la indebida y desequilibrante presencia de un tercer término, otro Estado soberano, para el cual aquel vínculo crediticio debe ser rigurosa res inter alios acta, cosa obrada entre otros.

     Por otra parte, tanto Drago como Féraud-Giraud y Pasquale Fiore, destacan algo que en la Argentina y en los otros pases del continente se ha estado eludiendo interesadamente. Y es la peculiarísima entidad jurídica del presunto deudor. El Estado nacional en virtud de su fin, el bien público o bien común, tiene un rango superior al de cualquier otra persona en el ámbito de la sociedad humana. Esta superioridad deriva, como acaba de decirse, de la índole de su finalidad, que está  constituida por el bien más alto, el bien supremo, el que desplaza y subordina a todos los otros bienes en la comunidad. El servicio del público, el servicio a la totalidad de los ciudadanos, al común de la población, no es equiparable, pues, a ningún fin particular por respetable que parezca, mucho menos aun a los lucros privados de las sociedades comerciales prestamistas, es decir los bancos. Dicho de otro modo, en la deuda pública hay una esencial desnivel. Acreedor y deudor no están en el mismo plano, no tienen la misma entidad ni las mismas potestades. De aquí deriva algo que se ha tratado de disimular todos estos años. El Estado es una entidad soberana, y una de las condiciones propias de toda soberanía reside en que ningún procedimiento ejecutorio puede ser iniciado ni cumplido contra ella, porque éstos comprometerían su existencia misma y harían desaparecer la independencia y la acción del gobierno respectivo, como bien decía la nota firmada por Drago.

     En la Argentina de nuestros días se ha estado obrando -sobre todo en los años 80- como si en cualquier momento pudiéramos haber sido ejecutados, como si estuviéramos al borde de un colapso al que nos empuja un imaginario ujier internacional. Se ha sacrificado toda la perspectiva del desarrollo económico autónomo, toda la independencia y la acción de gobierno, todos los contenidos económicos del bien común, todos los contenidos económicos de los derechos humanos, a un dogma que el presidente de la Cámara de Diputados entre 1984 y 1987, característico vocero del régimen transicional, expresó alguna vez con una desenvuelta y agresiva perentoriedad, que difícilmente hubieran osado emplear los abogados de los acreedores: la deuda se paga sí o sí.

     En virtud de su condición de soberano, el Estado tiene la "facultad de elegir el modo y el tiempo de efectuar el pago", como dice textualmente Drago, y debió ser recordado con ahínco en estos tiempos. Esta conclusión decisiva, que forma parte de una doctrina internacional que confiere orgullo a la Argentina, y cuyos gobernantes tienen el deber de mantener y acrecentar, ha sido marginada por los gobernantes transicionales, a causa de una compulsión pagadora, rasgo inherente al modelo o esquema de transición que se aceptó mansamente. Si no fuera por eso, la tal compulsión pagadora sugiere a veces dudas acerca de quienes son realmente sus representados, si el pueblo víctima de esa premura de quienes son sus representados en oblar, o los  mismos acreedores a los que curiosamente se les ha ahorrado todo esfuerzo en el cobro.

     Esta conclusión decisiva recibió apoyo adicional de Féraud-Giraud. Este recordaba que en la mayoría de los Estados, las acciones de los habitantes contra sus gobiernos están sometidas a reglas excepcionales y restrictivas que tienen por objeto no trabar la marcha de los servicios públicos, preguntándose enseguida "¿Cómo sería posible, aceptando en principio la justicia de esta excepción, no aplicarla a las personas que ligan voluntariamente sus intereses a las eventualidades a correr por un gobierno extranjero y permitirles trabar la acción pública de ese gobierno por la proyección de intereses privados?".  Pasquale Fiori afirma algo que parece escrito para estos tiempos en que se ha declinado alegremente el poder soberano y se tolera, como si nada, el "monitoreo" de las economías de los Estados dependientes por el Fondo Monetario Internacional, esa superestructura que se arroga una suerte de súper soberanía, como dice Chomsky un gobierno de facto del mundo, y aun con menos razón -cuesta abajo en la abdicación de la soberanía- la injerencia de embajadores extranjeros... hasta en la liquidación de un banco privado local, sociedad anónima argentina.  Dice así Fiore: "Considero la injerencia de un gobierno en la administración pública de un estado extranjero como un atentado al derecho de soberanía interna, y reconozco pues como ilegítima toda acción de un gobierno que, con el objeto de proteger los intereses de los particulares tendiera a establecer un control, en cualquier forma que fuere, sobre los actos de administración de un Estado extranjero".

     Drago subraya otro aspecto, sobre el que abundan algunos de los juristas requeridos por Calvo y que tiene pertinencia ahora en nuestros días. El prestamista es, por definición, un calculador de riesgo, alguien que mide, por rigurosa imposición de su comercio, también vetusta pero más temible y exitosa que la emblemáticamente más antigua, las eventuales dificultades para recobrar el principal y los intereses. Para ello evalúa los recursos del deudor, los compromisos adquiridos por éste con otros prestamistas y todas las circunstancias complementarias que permiten pesar y graduar las condiciones de los préstamos futuros. Entre éstas circunstancias está  la de tratarse, en el caso de los Estados, de un deudor inejecutable, de un sujeto de derecho con cualidad de soberano, al que no se podrían aplicar presiones de modo alguno. Como escribe Laurent, citado por Féraud-Giraud en su respuesta a Calvo: "Los que tratan con un Estado extranjero se someten a las lentitudes administrativas y, si tienen lugar, a las dificultades financiera de los Estados con el que tratan".

     Estas consideraciones son dignas de recordar porque, como se sabe, uno de los ángulos  de la cuestionable legitimidad de la deuda contraída durante la dictadura militar surge de la increíble y sospechosa imprudencia, aparente imprudencia tal vez, con que han actuado los banqueros o prestamistas, lo cual sugiere una colusión dolosa entre tomadores y prestamistas. Finalmente, hay otro punto de excepcional relieve práctico para la cuestión de la deuda externa, tal cual se plantea en la Argentina transicional. Aparece en la respuesta del citado Féraud-Giraud y es una cita del profesor Frantz Despagnet, a quien mencionaba en el contexto de la inejecutabilidad de las  obligaciones contraídas por los Estados soberanos: "El Estado deudor se reserva siempre, en tales casos, en virtud de su derecho de conservación y de los principios que rigen su derecho público, un beneficio de competencia en el sentido romano de la expresión, es decir la facultad de no pagar sino en la medida en que su situación financiera le permita hacerlo".

     Un inteligente jurista, el Dr. Pedro F. Soria Ojeda lo propuso en los años 80 sin obtener, obviamente, ningún eco en el medio oficial. El beneficio de competencia, supuesta la legitimidad de una parte de la deuda externa, era de rigurosa procedencia en nuestro caso, desde que es el medio jurídico que mejor vehiculiza la prioridad ontológica y axiológica del deudor sobre sus compromisos, la prioridad del principio de la intangibilidad de la persona humana sobre el subordinado principio pacta sunt servanda, esto es la obligación de cumplir lo pactado.

     El beneficio de competencia es parte del derecho argentino. Esta incluido en nuestro código civil. Le está dedicado el capitulo IX de la sección I, del libro II, de este cuerpo normativo, que lo define como aquel que se concede a ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Que se haya ignorado también lo relativo a este beneficio muestra hasta qué punto los gobernantes de esta etapa transicional se han sentido rígida, obsesivamente atados a esa compulsión pagadora, elemento clave del esquema de tránsito de la dictadura militar a la democracia limitada o condicionada. 

     8. Noam Chomsky y la Deuda Odiosa.

     Todas estas razones que hemos tratado de explicar se acrecientan con un principio  inherente al pasado internacional de los Estados Unidos sobre el que Noam Chomsky ha hecho muy recientemente una oportuna referencia.

     En una  entrevista radiofónica con David Basanian, director de “Alternative Radio” en Boulder, Colorado, transcripta por  “The Nation” del 24 de abril del 2000, el célebre lingüista y politólogo ha calificado a la deuda externa del Tercer Mundo como una “construcción ideológica”. Interrogado por el alcance de esa expresión ha dicho: “Hay una deuda, pero quien la debe y quien es responsable por ella es una cuestión ideológica, no una cuestión económica. Por ejemplo, hay un principio capitalista al cual nadie, desde luego, le está prestando ninguna atención, el cual dice que si yo pido prestado dinero, es mi responsabilidad devolverlo, y si Ud. es el prestamista, es su riesgo el que yo no lo devuelva. Pero nadie ni siquiera concibe esta posibilidad. Supongamos que seguimos esto. Tomemos el caso, digamos, de Indonesia como ejemplo. En este momento la economía está destruida por el hecho de que la deuda es algo así como el 140 % del GDP.  Si Ud. rastrea la deuda hacia atrás, parece que los que pidieron prestados son unos 100 o 200 individuos alrededor de la dictadura militar que nosotros sustentamos, y sus adictos.  Mucho de esa deuda está ahora socializada. Los prestamistas eran bancos internacionales. Mucho de esa deuda ha sido ahora socializada a través del FMI, lo cual significa que los contribuyentes del Norte son responsables. ¿Qué pasó con el dinero? Se enriquecieron ellos mismos. Hubo alguna exportación de capital y algún desarrollo. Pero los que pidieron prestado no son tenidos por los responsables. Es el pueblo de Indonesia quien tiene que pagar. Y esto significa vivir bajo programas de opresiva austeridad, pobreza severa y sufrimiento. De hecho, es una desesperanzada tarea tener que pagar lo que no se pidió prestado. ¿Qué pasa con los prestamistas? Los prestamistas están protegidos del riesgo. Esta es una de las funciones principales del FMI, proveer seguro de riesgo gratis a gente que presta e invierte en prestamos riesgosos. Esa es la razón de que haya grandes retornos, porque hay mucho riesgo. Ellos no tienen que tomar el riesgo, porque está socializado. Está transferido de varias maneras a los contribuyentes del Norte a través del FMI y otros expedientes, como los bonos Brady. El sistema total es uno en el cual los que piden prestado están liberados de responsabilidad. Ella está transferida a las masas empobrecidas de la población en sus propios países. Y los prestamistas están protegidos del riesgo. Hay opciones ideológicas, no económicas. Hay  un principio de derecho internacional que fue diseñado por los Estados Unidos algo así como hace cien años cuando ‘liberaron’ Cuba, lo que significa  conquistaron Cuba para impedir que se liberara sola de España en 1998. En ese tiempo, cuando los Estados Unidos la ocuparon, cancelaron la deuda de Cuba con España con el fundamento tranquilo y razonable de ser la deuda inválida desde que había sido impuesta al pueblo de Cuba sin su consentimiento, por fuerza, en una relación de poder. Este principio fue luego reconocido en el derecho internacional, bajo iniciativa de los Estados Unidos, como el principio llamado de la “deuda odiosa”. La deuda no es válida si esencialmente ha sido impuesta por la fuerza. La deuda del Tercer Mundo es una deuda odiosa. Esto ha sido reconocido por el representante de los Estados Unidos en el FMI, Karen Lissaker, una economista internacional, quien puntualizó hace un par de años que si fuéramos a aplicar  el principio de la deuda odiosa lo más de la deuda del Tercer Mundo sería inválida”.

     9. Las limitaciones fácticas.

     La conducta complaciente de los dos grupos gobernantes arriba mentados no es ajena a unas limitaciones fácticas  a las que conviene referirse.

     Parece haber habido una suerte de esquema inducido desde afuera para regir el paso de las criminosas dictaduras latinoamericanas de los años 70 y comienzo de los 80, a una suerte de democracia limitada, y eventualmente castrada. Se trata de una influencia externa que parecen prolongar algunos males de la dictadura. Es  lo que he dado en llamar, en otras publicaciones, "El Modelo Latinoamericano de Transición de la Dictadura a la Democracia Dependiente o Condicionada".

     Celosamente vigiladas e inducidas por las administraciones norteamericanas de los años 80 y comienzos de los 90 algunos de esos países sometidos a dictaduras militares han estado virando desde entonces hacia una cierta especie de democracia, conforme a un patrón en alguna clara medida diseñado e impuesto desde la potencia hegemónica, que permite a veces sólo una restringida participación popular.

     Los aspectos esenciales de este esquema parecen ser, por un lado, en los años 80, un compromiso rígido e insoslayable de estas democracias condicionadas o dependientes de pagar los servicios financieros de la deuda externa, lo cual supone “ayuda” financiera externa para pagar esos intereses, con la inmediata consecuencia de un aumento casi descontrolado de esa misma deuda externa cuyo capital  resulta así difícilmente pagable; lo cual no parece importar mucho, si se cumple con los intereses de dicha deuda. Alcanzado ese objetivo, en la década siguiente una no menos rígida incorporación al orbe "globalizado", pero con globalización hegemónica, claro está, es decir sometimiento implacable e incondicionado a la ideología del mercado, con las consecuencias conocidas, especialmente el empobrecimiento popular y las altas tasas de desocupación, y también, muy especialmente, las trampas bien conocidas a través de las cuales la apertura de los mercados es universal e irrestricta para los países periféricos, pero solo selectiva  restrictiva y en muchos casos fingida, para los países centrales.

     Simultanea y combinadamente, la introducción de un discurso e ideología privatizadora, creando la mutua implicancia entre la enorme deuda externa y la necesidad de privatizar las empresas públicas. Un modo, se postula, de lograr “eficiencia” y de paso de poder pagar la deuda externa, pero no el capital de ella, de inverosímil  cancelación, sino meramente los servicios de la deuda externa. Esta argucia conceptual tuvo en la Argentina cuño normativo a través del decreto 1842/87, pieza de legislación de singular y simbólica importancia, a la que conviene remitir al lector.

     Por otro lado, complementariamente, la intangibilidad del poder militar, que queda preservado como guardián del limitado experimento democrático. Es el segundo de aquellos elementos del esquema transicional. De él deriva una política militar que no se atreve a enfrentar los problemas cruciales y se resiste a transformar las fuerzas armadas  –frecuentemente el instrumento despótico del statu quo local y de sus protectores y mentores imperialistas- en un genuino recurso estatal del gobierno civil.

     Este inmovilismo respecto del establecimiento militar explica los sacrificios ridículos hechos en la Argentina, el Brasil y el Uruguay para proteger a los funcionarios militares de acusaciones altamente plausibles de homicidio, tortura, secuestro y robo, a través de una legislación impúdicamente dirigida a inmunizarlos contra imputaciones penales: amnistías, prescripción de sesenta días para crímenes contra la humanidad -cuando en el código penal el menor término, para los delitos apenas castigados con mera inhabilitación temporal es de un año- la imposibilidad de acusar a quienes se considera a priori como actuando bajo obediencia debida, ignominiosos indultos o perdones a aquellos condenados o no alcanzados por las anteriores claudicaciones jurídicas, etc. En este camino, la cuestión  de los derechos humanos, como lo he referido en otro lugar (1), se inmola en el altar del poder militar, el cual, después de estos ludibrios, surge doblemente reforzado.

Excluidos estos dos aspectos y cuestiones dominantes –la imposición del esquema neoliberal y el poder militar- cuyas respuestas han sido adoptadas como condiciones a priori del experimento transicional, la participación pública queda reducida a áreas menores de la política, lo cual parece a muchos, con razón tal vez, una suerte de ejercicio gratuito, o tal vez onanista, de la "politique politicienne", o política politiquera, y no, como debiera ser, el instrumento para superar los males de la dependencia y el subdesarrollo. Así, el interés público y la participación colectiva disminuyen rápidamente, luego de advertir que la política aparece como un juego –que sólo, por lo demás, juega la clase política- para cambiar (aspectos menores de la realidad) a fin de que nada (realmente importante) cambie de verdad.

     Las consecuencias de aquellas dos graves limitaciones son manifiestas.

     De la primera deriva la peculiar dirección económica de estos gobiernos. Forzados a pagar los intereses de la deuda externa sin que se les permitan discutir la legitimidad de la misma, para lo cual revelan, por lo demás, muy poca vocación, deben aumentar el endeudamiento externo para obtener dinero de los banqueros internacionales a fin de... pagar a los banqueros internacionales.

     Las importaciones crecientes, consecuencia de una apertura dogmática pero en la verdad selectiva del comercio exterior, tienden siempre a exceder los esfuerzos por exportar más y más.

     En este marco hay siempre una trágica postergación de lo que cabría llamar, la deuda social: las necesidades populares básicas, la salud pública, la alimentación, las obras sanitarias en los sectores más desposeídos, las obras públicas, la educación, la infraestructura del desarrollo, etc.

     Concurrentemente, el Fondo Monetario Internacional es aceptado con ovina mansedumbre como parte de una suerte de gobierno de facto mundial. De hecho impone calificaciones y establece condiciones cuyo cumplimiento se le presenta a la opinión pública como decisivo, veta las inversiones de interés colectivo a título de contribuyentes al déficit fiscal, dirige en fin la economía conforme a criterios que obviamente no son los del bien común nacional ni nada próximo a éste, y se presenta como brazo ejecutor de los acreedores externos y sus exigencias. Lo cual supone siempre ahogo financiero para todo lo que no sea reciclaje financiero. Y esto importa nuevos estadios de empobrecimiento colectivo, y la desocupación que acompaña sistemáticamente a estos alineamientos compulsivos en la "modernización", la "productividad" y la "globalización", aspectos diversos del frecuentemente denunciado, capitalismo "salvaje", con las restricciones consecuentes de los derechos humanos con base económica.

     James Morgan es un corresponsal del servicio mundial de la BBC. Escribió en el Financial Times un artículo con un título sin disimulos: "La Caída del Bloque Soviético ha permitido al FMI y a las G7 regir el mundo y crear una nueva edad imperial".  Escribía que la construcción del nuevo sistema global es orquestado por el Grupo de los Siete, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Convenio General de Tarifas y Comercio (GATT), constituyendo "un sistema de régimen indirecto que incluye la integración de los líderes de los países en desarrollo en la red de una nueva clase dirigente". Obviamente esto implica que los elementos del Tercer Mundo incorporados a este Club del Poder Mundial debían y deben legitimar con su presencia de clase herodiana unas desigualdades alarmantes y unas discriminaciones graves para el bienestar colectivo de sus países. Porque no se le escapaba a Morgan la hipocresía de las naciones ricas en el reclamo de mercados abiertos al Tercer Mundo "mientras cierran los suyos".

     Como añade Chomsky, se podría haber agregado que el propio Banco Mundial refiere que las medidas proteccionistas de las naciones industrializadas reducen la renta nacional de los países del Sud en cerca del doble del monto proporcionado por la ayuda oficial, mayormente a través de la promoción de las exportaciones, especialmente a los sectores más ricos, los menos necesitados pero más consumistas, de los países subdesarrollados (o "en desarrollo", como quiere el eufemismo tecnocrático).

     O podría, insiste el profesor del MIT, haber recordado que la UNTAD estima que las barreras no tarifarias (NTB) de los países industrializados reduce las exportaciones del Tercer Mundo en las categorías afectadas (textiles, acero, productos del mar, alimentos animales y productos agrícolas) en miles de millones de dólares anuales de pérdidas. O, de nuevo, al Banco Mundial en su estimación conforme a la cual el 31 por ciento de las manufacturas del Sur están sujetas a barreras no tarifarias contra el 18 por ciento de las del mundo desarrollado. O el informe de 1992 del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, señalando el creciente abismo entre ricos y pobres, que luego llegaría al 83 por ciento de la riqueza mundial en los mil millones más ricos y el 1.4 por ciento para los mil millones más pobres; un abismo que se había duplicado con relación a 1960 y que era atribuido a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A lo que ese informe de Naciones Unidas agregaba que el proteccionismo de 20 de los 24 países industrializados era más grande entonces que una década atrás, incluidos los Estados Unidos que celebraban la "revolución" de Reagan duplicando la proporción de importaciones sujetas a medidas restrictivas.

     Antes hemos puesto entre comillas las palabras ayuda financiera. Está justificado. Véase el resultado de décadas de prestar dinero, los ricos a los pobres, "para el desarrollo", según decía el Economist. Es, simplemente, que los países pobres han terminado haciendo una transferencia de 21.000 millones al cofre de los ricos (4) Es una trágica ironía que el esquema de transición de la dictadura militar, es decir de un gobierno de facto, a la democracia, implique este sometimiento definitivo y total al gobierno de facto del mundo, que por encima de los gobiernos elegidos establece ese "régimen indirecto" de dominación macroeconómica, que mencionaba Morgan.

( 1 ) Salvador María Lozada, Los Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina (1974-1999), Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1999.

(2) Noam Chomsky, The Year 501: The Conquest Continues, Sound End Press,

 Pág.61 y SS.

     10.La deuda externa en el Derecho Internacional Contemporáneo.

     Esta anotación resultaría incompleta si no diera cuenta de los esfuerzos que desde el ángulo del derecho Internacional Público contemporáneo se han estado haciendo en defensa de los países del Tercer Mundo. Se impone hacer conocer así este documento de 1999 del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano:

     “El presente informe procura reseñar una iniciativa, sustentada en el Derecho Internacional Público que ha sido propiciada por el Parlamento Latinoamericano y por diversos foros políticos internacionales y medios académicos, tendiente a obtener que la Asamblea General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa.

I. Situación de la deuda externa.

     Si tomamos en cuenta el poco espacio que los medios de comunicación masiva venían dando al tema, así como el tono optimista y despreocupado de los despachos informativos, podría suponerse que el problema de la deuda externa está en vías de desaparecer y que ha dejado de ser un drama socioeconómico. Los distintos acuerdos de escalonamiento y fijación de pagos, que varios países concluyeron con la banca acreedora a comienzos de la década presente (caso del Plan Brady), reforzaron esa generalizada sensación de alivio. En algún foro académico, inclusive, la propuesta de continuar los estudios jurídicos sobre el asunto fue calificada de anacrónica.

     Esa tesitura optimista, sin embargo, no fue compartida por todos. Basta leer el discurso papal del lo. de enero de 1993, con motivo del Día Mundial de la Paz, S.S. Juan Pablo II dijo:

     "Quisiera recordar aquí brevemente algunos problemas particularmente inquietantes, que afectan a los pobres y, como consecuencia, amenazan la paz."

     "Ante todo, el problema de la deuda externa que, para algunos países y en ellos para los sectores sociales menos pudientes, sigue siendo un peso insoportable, a pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, los gobiernos y las instituciones económicas para reducirlo. ¿No son quizás los sectores más pobres de dichos países los que tienen que sostener frecuentemente la carga mayor de la devolución? Semejante situación de injusticia puede abrir el camino a crecientes rencores, a sentimientos de frustración y hasta llegar a la desesperación. En muchos casos los mismos gobiernos comparten el malestar generalizado de sus pueblos y esto repercute en las relaciones con los demás Estados. Ha llegado quizás el momento de examinar nuevamente el problema de la deuda externa, dándole la debida prioridad. Las condiciones de devolución total o parcial deben ser revisadas, buscando soluciones definitivas que permitan afrontar plenamente las graves consecuencias sociales de los programas de ajuste. Además, es necesario actuar sobre las causas del endeudamiento, condicionando las concesiones de las ayudas a que los gobiernos asuman el compromiso concreto de reducir  gastos  excesivos  o  inútiles -se piensa particularmente en los gastos para armamentos-  y  garantizar que las subvenciones lleguen  efectivamente a las poblaciones necesitadas". 

II. Monto de la deuda Externa.

     Si nos atenemos a las cifras sobre la deuda externa de los países latinoamericanos cabría concluir que no hay motivos para la tesitura optimista.

     Según el informe "World Bank Global Development Finance 1998" la deuda externa de América Latina a mediados de la década del 70 ascendía a unos 60 mil millones de dólares, en 1980 a 204 mil millones, en 1990 a 443 mil millones de dólares y en 1999 se calcula que llegará a alrededor de 706 mil millones de dólares, lo que requeriría de unos 123 mil millones para el pago de su servicio.

     Solamente por el concepto de servicio de su deuda externa, entre 1982 y 1996, la región pagó 739 mil millones de dólares, es decir, una cifra superior a la de la deuda total acumulada.

     Como dato ilustrativo de lo que esto significa podemos mencionar que, en 1986, América Latina tuvo un saldo favorable en su intercambio comercial de 37.600 millones de dólares. En ese mismo año, en concepto de intereses, pagó 37.200 millones de dólares a la banca acreedora. De modo que, para su desarrollo, toda América Latina dispuso en aquel año de únicamente 400 millones de dólares.

     A mediados de 1995, más de la mitad del valor de las exportaciones de América Latina se estaba destinando al pago de la deuda externa. Según el periódico británico "Financial Times", el déficit de cuenta corriente de América Latina en 1998 sería de 71.800 millones de dólares y en 1999 de 75.600 millones de dólares.

     Las trágicas consecuencias de la deuda externa aparecen certeramente resumidas por los profesores Bonilla y Ortiz Ahlf:

     "La Deuda Externa como ampliamente se ha reconocido, está destruyendo todo: la posibilidad de desarrollo de países subdesarrollados, la producción interna, el nivel de vida de las poblaciones, el empleo, los presupuestos nacionales se restringen cada vez más y se limitan en ocasiones a los gastos que ocasionan la deuda. Se destruyen los sistemas de educación y salud, las ciudades se deterioran y la miseria golpea, hasta la misma naturaleza entra en sistema progresivo de destrucción. El pago de la deuda no permite el cuidado de nada, ni de la vida humana ni de las condiciones de vida de la naturaleza."

      Habida cuenta de esta realidad, ¿qué motiva la sensación de optimismo que sobre este tema difunden los medios de comunicación? Ensayar una respuesta a este interrogante seria objeto de un estudio paralelo.

III. La Propuesta de aplicar el derecho Internacional Público y llevar la cuestión de la Deuda externa a la corte Internacional  de Justicia mediante el procedimiento consultivo.

     Las cifras de la deuda externa mencionadas justifican la necesidad de profundizar los aspectos jurídicos del problema con la finalidad de encontrar, en el Derecho, aportes hacia una solución justa y equitativa que coadyuve al progreso y bienestar de los pueblos de los países deudores en un contexto económico internacional más abierto, estable y armonioso.

     En consonancia con esta visión realista y ante el agravamiento de la situación, los Parlamentos Latinoamericano y Europeo, en la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina, realizada en Bruselas entre los días 19 y 21 de junio de 1995, sobre la base de un proyecto presentado por el profesor André Franco Montoro, adoptaron la siguiente resolución:

     27. Reafirma  la  resolución de la XI  Conferencia Interparlamentaria  CE/América Latina (Acta Final, apartado 26), relativa a los problemas generados por la deuda   externa latinoamericana. Igualmente y basándose en el análisis de origen de ésta, introducido ya por el dictamen aprobado por el Comité Económico y Social de la Comunidad Europea en 1985 (Doc. CES 931/85 CAL/DM apartado 7), en el enfoque del Parlamento Latinoamericano. Y en el análisis jurídico de diversas entidades académicas  y científicas, pide a los Estados miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas buscando el apoyo de otros países del mundo, a fin de que lo Asamblea General de las Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme a los principios generales del derecho internacional contemporáneo (estatuto de la Corte, Art. 38 c.)".

     La declaración transcripta recoge y reafirma la tesis sustentada por el doctor Miguel Ángel Espeche Gil desde 1984, que fue adoptada en el XV Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI) que tuvo lugar en Santo Domingo, en marzo de 1989. Dicha tesis reivindica que el Derecho Internacional Público debe encaminar el tratamiento del problema de la deuda externa mediante el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia. Según esa tesis, las normas aplicables son:

     Artículo 96 de la Carta de la ONU:

    "1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrá solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica."

     “2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto  de la cual se haga la cuestión.

     “Con dicha  solicitud se le acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión".

     Artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:

     "En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte se guiará además por las disposiciones de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las considere aplicables."

     En síntesis, la tesis sostiene que el alza de las tasas de interés, decidida por el Federal Reserve Bank en 1980, llevándolas del 6 al 22% en pocos meses, aplicada unilateralmente a los acreedores y que ha llevado a un desmesurado monto de la deuda externa, contraviene principios generales del derecho de las naciones civilizadas, reconocidos como fuente del derecho internacional en el Art. 38, inc. c, del Estatuto del tribunal de la Haya. Ese estatuto es parte constitutiva de la Carta de las Naciones Unidas. Esos aumentos arbitrarios de las tasas de interés aplicados a los créditos vulneran también normas convencionales y consuetudinarias internacionales.

El mencionado Art.38 inc.c. que es el que reconoce el valor de fuente del derecho internacional que tienen los principios  generales de derecho, dice así:

     "1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:

     a) las convenciones internacionales...

     b)la costumbre internacional...

     c) los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas"

     El IHLADI reafirmó la tesis mencionada en sus congresos  XVI y XVII, de Mérida, Venezuela, marzo de 1991, y de Cáceres, España, septiembre de 1992.

     A fines de 1998 la representación permanente de la República Dominicana en las Naciones Unidas presentó la propuesta del IHLADI al Secretario General con destino a la Asamblea General. La misma fue enviada para su estudio a la Comisión II (Económica), donde se la incluyó en el rubro "la deuda externa y el desarrollo", pero nunca fue considerada. Tampoco fue remitida a su foro natural que debió haber sido la Comisión VI (Jurídica).

     La pertinencia del tratamiento del problema de la deuda externa en el marco del Derecho Internacional Público, como queda demostrado en esta tesis, ha sido materia de numerosos trabajos, foros y seminarios y ha inspirado declaraciones, como la transcripta anteriormente, y proyectos  legislativos en varios países recomendando, a los gobiernos respectivos, la presentación de la propuesta en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

IV. Los trabajos del CEISAL ampliando la fundamentación de un pedido de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia.

     La tesis central, acerca  de la necesidad de llevar la cuestión de la deuda externa a la Corte de la Haya por medio de una solicitud de opinión consultiva, a ser formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha sido asumida como tarea primordial por otra institución, el CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre la América Latina). Esta institución ha desarrollado múltiples trabajos con la finalidad de ampliar la sustentación argumental en torno a la alegación de ilicitud atribuida a la suba unilateral e ilimitada de las tasas de interés de la deuda externa. El CEISAL es una entidad  no gubernamental, reconocida por UNESCO, con sede en Viena, que agrupa a profesores de universidades europeas dedicados a la problemática de América Latina.

     La ASSLA (Associazione di Studi Sociali Latino Americani (rama italiana deL CEISAL) efectuó un seminario en Brasilia en agosto de 1990. Desde entonces dichas instituciones han realizado varios encuentros internacionales para la profundización y ampliación de las bases de la propuesta:

    Foro Científico de Viena, octubre 1991;

    Seminario de Roma-Universidad Lateranense, marzo de 1992;

    Reunión de la Comisión redactora, Roma, 16 de julio de 1992;

    Seminario "Deuda Externa- Principios Generales del Derecho-Corte Internacional de Justicia", Roma-Sant'Agata dei Goti, 25-27 de mayo de 1995;

    VI Coloquio América Latina-Europa sobre la _Deuda Externa, Problemas Jurídicos y Políticos, Madrid 24 y 25 de junio de 1996;

    Seminario "Derecho a la Vida y Deuda Externa", en homenaje a San Alfonso María de Ligorio, Sant'Agata dei Goti, 1-2 de agosto de 1996.

     El grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano organizó el Seminario "El Fin del Milenio y la Deuda Externa, en Caracas, 16-17 de agosto de 1997. También en esa ciudad se realizó el encuentro internacional por una estrategia común, "La  Deuda Externa y el Fin del Milenio", con el auspicio del Congreso de la República de Venezuela y del Parlamento Latinoamericano (10-12 de julio de 1997).

     La "Declaración de Sant'Agata dei Goti sobre la Usura y la Deuda Externa", formulada el 29 de septiembre de 1997 por un grupo interdisciplinario convocado por Monseñor Mario Pasciello, Obispo de esa ciudad medieval, recuerda las normas morales  y los principios  generales de derecho vulnerados por la deuda externa, además del que condena a la usura. Retoma los pronunciamientos papales y los documentos del magisterio de la Iglesia  que entroncan con las enseñanzas sobre la usura de San Alfonso María de Ligorio que han sido incorporadas al Catecismo de la Iglesia Católica.

     Los trabajos presentados en todas esas reuniones profundizan y completan los fundamentos de la ponencia original, basada en el derecho de gentes, y cubren distintas disciplinas, derecho civil, comercial, procesal, internacional privado, económico-financiero, monetario, etc. Se ha obtenido así una descripción, de fondo y de forma, de los aspectos morales, jurídicos, políticos, económicos y sociales involucrados en las consecuencias  del alza de las tasas de interés y otros elementos que componen el cuadro general de la deuda externa.

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