La Deuda Externa
La Deuda Externa y el Derecho: Parte 3
Salvador María Lozada

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La Deuda Odiosa - ¿Qué es el FMI?  - Derechos Humanos

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V. Ilicitud de la deuda externa – responsabilidad de los Estados.

     ¿En qué se apoya, pues, la afirmación de que los aumentos de las tasas de interés son acciones ilícitas para el Derecho Internacional Público? En que contravienen normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional y principios  aplicables  de derecho interno, positivo y vigente, estos últimos, por la citada norma del Art.38, 1, inc. c. del estatuto de la CIJ, son transpuestos a la órbita del derecho  de gentes.

     Tales principios son, tanto los que reprimen la usura y el abuso del derecho como los que constituyen la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad, la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el favor debitoris, la inviolabilidad de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida, etc.

     Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional general como la rebus sic stantibus (cambio fundamental de las circunstancias) a la que se refiere el Art. 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969.

     Con respecto a la responsabilidad del Estado en la génesis del alza de las tasas de interés y sus consecuencias, cabe destacar la obra de los profesores Bonilla y Ortíz Ahlf: "La Deuda Externa y la Responsabilidad Internacional del Estado" ( Méjico, 1994).

     Resulta entonces que ese tipo de aumentos abusivos es una conducta prohibida  en una u otra forma (civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos, tanto de los países  deudores como de los acreedores (ni qué decir en el Derecho Canónico  y en el Derecho Islámico).

     Si bien en algunos de esos estudios del CEISAL también se alegaba la infracción de principios del "common law", no se contaba con un trabajo específico basado en ese sistema legal predominante en los países anglosajones, que son los principales acreedores. Para configurar la nota definitoria de generalidad de los principios vulnerados se hacía necesario completar la alegación de ilicitud con los parámetros de los sistemas jurídicos del "common law". Una contribución importante en ese sentido es la obra "La autonomía de la voluntad en la contratación internacional", de la doctora Cecilia Fresnedo de Aguirre, Montevideo 1991. En esa obra se suministran valiosos elementos para calificar con criterios de derecho anglosajón los cuestionados aumentos de las tasas de interés.

     Del mismo modo, los aspectos vinculados al incumplimiento del deber de cooperación internacional, establecido en los arts. 1, 3, 55, y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, se hallan en el origen de este grave problema mundial.

     En lo que hace a otras normas internacionales de carácter convencional de aplicación pertinente es relevante destacar que, en múltiples instrumentos y declaraciones oficiales, países acreedores se han comprometido a favorecer y promover el desarrollo de los países latinoamericanos. Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes documentos: la Alianza para el Progreso, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la Carta de Alta Gracia y otros instrumentos de organismos económicos de las Naciones Unidas que enuncian obligaciones en aquel sentido. De allí surge también el deber jurídico que tienen los Estados de los países acreedores de no impedir las posibilidades de progreso de los países de América Latina.

     El cobro de intereses arbitrarios conspiró contra el desarrollo y el progreso de los países deudores. El alza de las tasas de interés decidida por los bancos centrales de los países desarrollados, ha sido el detonante del proceso de regresión de la América Latina  de los últimos lustros.

     Con los trabajos  mencionados  se ha conformado una base sustantiva y procesal, con sólida entidad probatoria, para la propuesta de llevar  a la Corte Internacional de Justicia los aspectos  jurídicos  de la deuda externa. A la alegación de la ponencia  inicial, que ponía el acento en la usura y en el abuso de derecho, se han sumado las otras vertientes  de ilicitud  mencionadas. Ahora contamos con elementos doctrinarios suficientes para plantear  el proceso  del pedido de consulta en la Asamblea General de las Naciones Unidas y después ante la propia Corte se La Haya.

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VI. Las cuestiones o preguntas  a ser sometidas eventualmente a la Corte Internacional de Justicia.

     En el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano de marzo de 1992 se formó una Comisión que se reunió allí en julio del mismo año. Dicha Comisión, tomando en cuenta  los citados estudios  y trabajos del IHLADI y del CEISAL, avanzó hasta llegar a la redacción de un proyecto de "cuestiones" a ser formuladas por la Asamblea General a la Corte Internacional de Justicia en un eventual pedido de opinión consultiva. De esta Comisión participaron catedráticos de derecho internacional, civilistas, procesalistas y economistas de universidades italianas, españolas e iberoamericanas. La Comisión tomó como base  la estructura de la tesis original, que contenía un proyecto con cinco preguntas ("cuestiones", Art. 65,2. del estatuto de la CIJ) y el informe preliminar del redactor. Entre otras, se tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas por dos ex presidentes del Tribunal de la Haya, los doctores Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda. Este último recomendó que el pedido de opinión consultiva fuese formulado con carácter "urgente y prioritario".

     La comisión decantó el análisis de la deuda externa resumiendo en dos preguntas (cuestiones), a ser formuladas a la Corte de la Haya, toda la temática jurídica del problema, se le conoce ya como "fórmula de Roma" y es la siguiente:

     "La Asamblea General de la O.N.U. pide a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:

     “1. ¿Cuál es el marco jurídico de derecho internacional en el cual se sitúan  las obligaciones  que resultan de la deuda externa y su cumplimiento?

     “2. En particular, ¿qué consecuencias producen sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en términos reales de los capitales y de los intereses?".

     Esas preguntas o "cuestiones" podrán ser o no adoptadas por la Asamblea General u otro órgano de las Naciones Unidas para iniciar el proceso  consultivo  en caso de que se decidiera efectuar el pedido de opinión consultiva a la C.I.J. Dichas cuestiones o preguntas  tal vez puedan ser reformuladas o ampliadas. La redacción final que se dé a las cuestiones debe tender a abarcar la totalidad de la temática jurídica de la deuda, y al mismo tiempo, a facilitar el marco normativo a la eventual respuesta del tribunal que atienda mejor al justo reclamo de los deudores.

 

VII. Intentos para llevar a la práctica la propuesta.

     En 1995, en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), varios gobiernos iniciaron tratativas dentro del Grupo de los 77", propiciando un proyecto de resolución para plantear una solicitud de opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos internacionales de la Deuda Externa. Esa propuesta encomiable fue precedida por exhortaciones coincidentes de la Comisión Episcopal para la América Latina (CELAM), de la ya mencionada XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea- América Latina (Bruselas, junio de 1995), de la Cámara de diputados de la República federativa del Brasil, y grupos de legisladores del Perú, de Italia y de la Argentina, entre otros.

     Durante las sesiones de octubre del "Grupo de los 77", previos a la reunión de la Comisión II (Económica) de la Asamblea General en cuya agenda figuraba el tema "La crisis de la Deuda Externa y el Desarrollo", varias misiones permanentes hicieron circular las bases de un proyecto de resolución sobre el mencionado pedido de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia que lamentablemente no prosperó. En las tratativas  llevadas a cabo durante esas sesiones, una delegación del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano participó oficiosamente explicando los fundamentos y propósitos de la iniciativa.

     A pesar de las enormes dificultades que esta iniciativa enfrenta y las que enfrentará  merece que se la siga defendiendo porque se basa en la firme convicción de que no es posible permitir que nuestros países  sigan sumergiéndose en el desenfrenado anatocismo que se lleva, sin retribución alguna para sus pueblos, más de la mitad del valor de las exportaciones totales de América Latina. La situación es aun peor para gran parte de los países del África  y es ya un grave problema  también en Europa Oriental.

 

VIII. Las cuatro vertientes de la ilegitimidad de la Deuda Externa.

     Hasta aquí se ha dado la visión de la deuda externa desde la óptica del derecho internacional público. El tratamiento jurídico de la cuestión no se agota en ese análisis.

     Existen cuatro causales básicas de la ilegitimidad de la deuda externa observables cronológicamente.

     * La primera es la del origen de la deuda, ya que en muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad instrumental de los contratos. En esos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones civiles y penales nacionales para que, probándose los vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad de los contratos.

En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado en varios países sobre la nacionalización arbitraria  de deudas privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han sido calificadas de ilegales y hasta de delictivas. Aquí también  cabe el ejercicio de las respectivas jurisdicciones nacionales.

     * La segunda es la ya expuesta desde la óptica del derecho internacional público: el usurario aumento unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en 1980 por el Federal Reserve Bank, alza que actuó como detonante con efecto en cadena al aplicarse a todas las deudas, legítimas o ilegítimas.

     * La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron compelidos a renegociar las deudas con el implícito reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con los niveles de anatocismo al que había llegado su monto en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola las normas del derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones, sancionadas precisamente  para evitar la usura encubierta.

     * Una cuarta causal de ilegitimidad se da en los casos de los países en los que sus respectivos negociadores gubernamentales -quienes acordaron en nombre de sus respectivos gobiernos los términos del Plan Brady- renunciaron poco después a sus cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse como directivos, precisamente de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos. En estos casos también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de deberes de los funcionarios públicos y el cohecho.

 

IX. Deuda externa y derechos Humanos.

     Cabe destacar también que se han efectuado propuestas de iniciar acciones en los foros interamericanos de Derechos Humanos sobre la base de la incidencia de la Deuda Externa en la vulneración de esos derechos. Más de 30 países integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentaron un proyecto de resolución que fue adoptado el 17 de abril de 1998 referente a los "Effects on the full enjoyment on human rights of the economic adjustment policies arising from foreign debt and, in particular, on the implementation of the Declaration on the Right to Development".

     El punto noveno de esa resolución dispone:

     "Request the Special Repporteur to present an anlytical report to the Commission, on an annual basis, beginning at its fifty-fifth session, on the implementation of the present of the present resolution, paying particular attention to: a) The negative effect of the foreign debt and the policies adopted to face it on the full enjoyment of economic, social, and cultural rights in developing countries; b) Mesures taken by Government, the private sector and international financial institutions to alleviate such effects in developing countries, especially the poorest and heavily indebted countries".

     Recientemente se han publicado trabajos sobre la relación de causalidad existente  entre la Deuda Externa y el desempleo en la América Latina. Recuérdese asimismo que no solo la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene la facultad de pedir opiniones  consultivas a la Corte de la Haya; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también está habilitada para hacerlo.

 

X. Posibles causas del estancamiento de la propuesta.

     A pesar del apoyo logrado en medios académicos, científicos y en foros políticos  internacionales y nacionales, la propuesta no ha sido presentada por ningún gobierno en la Asamblea de las Naciones Unidas, salvo la gestión de la misión dominicana en 1989, que no tuvo continuidad. Una de las causas podría ser un error de interpretación, tal vez se entendió que la iniciativa tendría el propósito político de buscar un nuevo campo de confrontación entre  los llamados  "tercer y primer mundo". No es así. No se trata de una tesis "tercermundista". Su intención, por el contrario, es encontrar una vía de racionalidad y conciliación para lograr una solución satisfactoria a este grave problema. El tratamiento de la propuesta por la Asamblea General no tiene por qué perturbar las negociaciones  que se desarrollan  entre los países  deudores y la banca acreedora.

     De la conclusión y recomendaciones del Seminario Roma-Brasilia sobre aspectos jurídicos  de la deuda externa, realizado por ASSLA , surge que: "...se trata de una propuesta imbuida de espíritu de justicia que debe inspirar la convivencia internacional en armonía con la Carta de las Naciones Unidas así como  en la Doctrina Social de la Iglesia, contenida en las enseñanzas del magisterio Pontificio, que exhortan al logro de condiciones reales para el desarrollo de la Paz y de la solidaridad internacionales".

En quienes toman conocimiento de dicha propuesta a veces se advierte la suposición de que en ella hay una crítica a los estados Unidos por su condición de gran acreedor. Ese temor es infundado porque existe una genuina convergencia de fondo, entre este proyecto de llevar el tema a la Corte de La Haya y el interés, enfáticamente declarado por la administración norteamericana, de buscar una solución que atienda también a la posición  de los deudores y no sólo a la de la banca acreedora; es decir, una salida que contemple  asimismo la naturaleza moral, política, social y jurídica del problema y no exclusivamente  su faz económico-financiera.

     Si el gobierno de los estados Unidos, ahora en la cúspide histórica de su poder, adoptase una posición amplia a ese respecto, que permita rescatar el valor del derecho en la convivencia internacional, contaría, sin duda, con el apoyo de sus comunidades académicas, deseosa de ver a su país respetando  la "Rule of Law", tan ligada a su mejor tradición y contribuyendo así a sustentar el régimen democrático que desean se afiance en los países de la América Latina. Los analistas políticos coinciden en que la deuda externa es la más seria amenaza a la democracia en el continente.

 

XI.  Posibles consecuencias de una opinión consultiva de la Corte de la Haya.

     ¿Que se puede esperar de una opinión consultiva de la C.I.J. sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa?

     El objetivo es que la Corte Internacional de Justicia, al responder el pedido de opinión consultiva que haga la AGNU, manifieste que la deuda externa es una cuestión regida por el Derecho Internacional Público y declare, por ende, el carácter ilícito de las subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés, estableciendo los criterios legales para fijar lo que los deudores ya han saldado realmente del capital y de intereses y los montos aun exigibles en derecho. La redacción de las cuestiones -la transcripta formula de Roma- atiende a ese objetivo cuya consecución se hace ahora más premiosa ante la amenaza de nuevos aumentos de la tasa de interés. Cabe recordar que los que tuvieron comienzo de ejecución en febrero y abril de 1994, incrementaron de modo más acelerado los montos  de la ya cuantiosa deuda.

     Si por el contrario el dictamen de la Corte consolidara la pretensión  de los acreedores, convalidando el statu quo de la deuda, los países deudores  seguirán tan mal como hasta ahora, es decir no perderían nada más con el proceso consultivo. Creemos, por eso, que merece la pena ensayarlo. Una opinión consultiva, que contemple el punto de vista de los deudores, abriría valiosas  posibilidades de defensa procesal en eventuales pleitos de países deudores en situación de incumpliendo de prestaciones. Esto sería válido ante los tribunales de países donde rige el sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el Derecho Internacional Público como ley del país.

     Otro argumento de carácter económico hace aconsejable la elección de la vía jurídica propiciada. Si un dictamen de la Corte favoreciera a los países deudores -y en última instancia significara lograr una disminución efectiva de la deuda y por ende de lo que se paga por concepto de tasas de interés-, estos países, que para cumplir con los servicios de la deuda giran cuantiosas sumas que se incorporan al circuito financiero, dispondrían de ese dinero para impulsar su enlentecido desarrollo, comenzar a pagar la cuantiosa "deuda social" pendiente, e invertirían, en gran medida, en la adquisición de bienes de capital y tecnología, de los que los Estados Unidos son el principal exportador. Es fácil prever el efecto beneficioso que produciría en la economía de los Estados Unidos y Europa que aquel dinero ingresara directamente a sus circuitos productivos. Cabe inferir entonces que habría una verdadera coincidencia, en cuanto a los beneficios, entre los países deudores, deseosos de promover su desarrollo, y los sectores genuinamente productivos del primer mundo.

     Por otra parte la iniciativa de consultar al tribunal mundial es coincidente con la necesidad de disciplinar el anárquico comportamiento de los capitales volátiles que actúan sin freno legal alguno y ponen en jaque la estabilidad de gran número de países y la salud del sistema  económico mundial. Es evidente, también, la endebles de un sistema en el que las cifras financieras que se manejan son hasta cien veces mayores que los valores reales de la economía física. La triste experiencia de los últimos años alarma sobre la capacidad de los especuladores de llevar a la miseria a países enteros mediante juegos financieros. Asimismo, debe destacarse que las opiniones consultivas tienen, en principio, valor vinculante para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se comprende entonces la importancia de una opinión consultiva para el manejo del problema por parte de los organismos financieros mundiales que deberán tener en cuenta las pautas que eventualmente fije el tribunal  mundial en aquel dictamen.

     Merece también considerarse que aunque se obtuviese un dictamen del tribunal mundial favorable a los deudores, ello no significaría, per se, que automáticamente  disminuya o se suprima la deuda. El carácter del pronunciamiento consultivo de la Corte es meramente declarativo, no es una sentencia. No obstante, por el prestigio moral y científico del órgano internacional que lo emite, ese dictamen tendría gran repercusión política y desvirtuaría notoriamente las exigencias de los acreedores, poniendo de manifiesto su arbitrariedad y falta de sustento legal. Esto daría, en las negociaciones con la banca internacional, un margen de acción a los países deudores y retemplaría el ánimo de las clases dirigentes latinoamericanas ante la posibilidad de retomar el camino del desarrollo.

     En realidad, buena parte de la deuda -si no el total- ya ha sido efectivamente saldada, como puede comprobarse con los datos que figuran en el cuadro estadístico siguiente y cuya fuente es el CEPAL (Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, ediciones de 1992 (ps. 430 y 431) y de 1994 (ps. 438, 439, 504, y 505).

     América Latina: movimiento de capital e intereses pagados en el sector oficial y en bancos comerciales, 1980 a 1990 (total acumulado en millones de dólares).

(Comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica, Uruguay y Venezuela)

 

I. Prestamos recibidos

   Sector oficial

   Préstamos recibidos                            309.177,

   Amortizaciones                                 -174.991,9

   Préstamos netos de amortizaciones     134.185,5

   Bancos comerciales

   Préstamos recibidos                              74.687,2

   Amortizaciones                                   -58 755,3

   Préstamos netos de amortizaciones        15.931,9

   Total de préstamos netos de

   amortizaciones                                    150.117,4

II. Intereses pagados                            -418.622,0

(Se refiere al total de intereses pagados y no se discrimina entre el sector oficial y el comercial. Incluye también intereses de préstamos anteriores a 1980).

 

III. Monto de la deuda externa  global reclamada:

     1980                                                228.236

     1990                                                441.486

     1994                                                553.765

 

Con posterioridad, las cifras son las siguientes:

     1996                                                600.000

     1998                                                660.000

     1999                                                706.000

El Banco Mundial también calcula la deuda de la región para 1999 en 706.000 millones de dólares.

     Lo que se busca con esta propuesta es que se reconozca la realidad que describen las cifras transcriptas y se enuncie el encuadramiento jurídico de sus consecuencias. Es necesario y urgente que los gobiernos de la América Latina adviertan el carácter constructivo de esta iniciativa, tendiente a hacer prevalecer el imperio del derecho a la vida económica internacional y se dispongan a presentar el proyecto de pedido de opinión consultiva a la AGNU, explicando su finalidad genuina a los gobiernos de los países del primer mundo. La previsible reacción adversa de la banca acreedora no haría otra cosa que confirmar la razonabilidad de dicha propuesta.

 

XII. Objeciones tendenciosas hechas a la propuesta.

     La propuesta jurídica de recurrir al procedimiento consultivo ante la C.I.J. ha sido atacada con argumentos políticos engañosos, de oportunidad, se la ridiculiza procurando desmerecer sus fundamentos. Se sostiene -y este es el argumento más efectista- que el reconocimiento formal efectuado por los Estado deudores de sus obligaciones anteriores (plan Brady y otros acuerdos) constituye el saneamiento de la presunta ilicitud original del alza unilateral de las tasas de interés.  La difusión de esos nuevos títulos o bonos de la deuda en los mercados de valores, vendidos entre innumerables tenedores ("el dentista belga") -supuestamente de buena fe- reforzaría esa argumentación artificiosa.

     Esa falacia es un nuevo reto a la sapiencia de los romanistas y civilistas del Grupo Jurisprudencial del CEISAL. A este respecto  hay que traer a colación las normas de derecho común aplicables a situaciones semejantes, como la del Art. 723 del Código Civil argentino que dice así: "Si el acto de reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y lícita causa de deber." Resulta evidente que esta norma fue diseñada para prevenir la usura encubierta en los reconocimientos de obligaciones cuando éstas fueren más gravosas para el deudor, situación similar a la que se da a escala global con la deuda externa.

 

La composición actual de la deuda con respecto a los acreedores es aproximadamente la siguiente:

2 % la banca,

16 % organismos internacionales,

8 % gobiernos,

80 % títulos de innumerables titulares (cuya gestión real, no obstante, está en las manos de la banca internacional).

 

XIII. Perspectivas ominosas de un nuevo aumento de las tasas de interés.

     Se cierne un nuevo peligro sobre los países deudores de la América Latina y del resto del mundo: que vuelvan a subir las tasas de interés. Se repetirán, tal vez con mayor gravedad, las trágicas consecuencias socioeconómicas y políticas sufridas por el aumento  de las tasas a comienzos de la década pasada y que se acentuaron  con las alzas que se operaron en 1994. Los indicadores económicos vienen previendo nuevos aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos. Algo semejante ocurrió en febrero de 1994 y, a pesar de lo aparentemente insignificante de esa alza (0.25 %), produjo un salto de miles de millones en el monto total de la deuda.

     Esa recidiva de los intereses hizo que América Latina se viera enfrentada otra vez a un desenfrenado anatocismo (escalada de intereses sobre intereses que se suman al capital) y echó a bajo el precario ordenamiento y escalonamiento de los pagos de los servicios de la deuda que se había mantenido hasta febrero de 1994 gracias al bajo nivel y relativa estabilidad de las tasas de los años anteriores. Esto puso al descubierto la falacia del plan Brady. Al promediar el año 1999 vuelve a mencionarse la perspectiva de un nuevo aumento de las tasas de interés; cabe entonces vislumbrar las renovadas secuelas catastróficas que ello causaría a los países deudores de América Latina.

 

XIV. Nuevos llamados de alarma sobre la deuda externa.

     Recientemente se han producido varios acontecimientos importantes. La publicación del documento final del Sínodo de los Obispos católicos de toda América realizado en Roma ha formulado una enérgica apelación por la injusticia imperante en las relaciones económicas  entre el Norte y el Sur. "Si bien  la deuda externa no es la causa exclusiva de la pobreza en muchas naciones en vías de desarrollo, no se puede negar que ha contribuido a crear condiciones de extrema privación, que constituyen un urgente desafío a la conciencia de la humanidad". Se ha anunciado que el Papa Juan Pablo II daría a conocer en los próximos meses una encíclica sobre " El Uso y el Abuso del dinero"; en ella reiteraría su prédica en torno de los intereses de una deuda externa "ya pagada con creces y que carcome las economías regionales". El Papa ha exhortado a los cristianos a combatir este sistema tan injusto y a recordarles que la usura es una vergonzosa y terrible plaga social.

     El 27 de mayo de 1998 la Cámara de Diputados de la República Italiana aprobó, con solamente dos votos en contra, un proyecto presentado por el diputado Cherchi y otros legisladores, denominado "Moción Cherchi", por el que se exhorta al gobierno a cumplir las acciones necesarias para que, en ocasión de la próxima Asamblea general de las Naciones Unidas, se incorpore a la agenda la propuesta de solicitar una opinión consultiva a la C.I.J. para fijar  el perfil jurídico de la de la deuda internacional.

     En lo que va del presente año se multiplicaron las reuniones destinadas a traer soluciones al problema de la deuda externa. Por ejemplo el "Tribunal de la deuda externa", reunido en Río de Janeiro en marzo, y la "Mesa de Trabajo Jubileo 2000 sobre la deuda externa", efectuada en Lima en mayo. En ambas reuniones entre las propuestas aprobadas se reiteró la de la vía consultiva ante el tribunal de la Haya. En junio se realizó en Colonia (Alemania) un foro mundial en torno al Jubileo. En el se logró el apoyo a la iniciativa de la consulta a la C.I.J.

 

XV.  La falacia de l proyecto "HIPC"(Proyecto de cancelación de deudas para los países pobres altamente endeudados).

     En los medios financieros internacionales se ha proyectado la cancelación de deudas de países pobres altamente endeudados, conocida con la sigla HIPC. Se trata de un modo falaz de atender expectativas, creadas por la exhortación eclesial al jubileo, con un "perdón" de parte de la deuda externa de algunos países del África y de América Central (montos comparativamente irrelevantes e incobrables por la absoluta postración de los deudores). Se procura mantener así la sujeción de los países medianos y mayores transformados en genuinos exportadores de capital  hacia el sistema financiero.

     El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga en el discurso inaugural de la reunión de las conferencias episcopales que tuvo lugar en Quito el 11 de mayo ppdo. Dijo lo siguiente:

"...curiosamente, los organismos financieros internacionales y el mundo de la economía en general habían tejido una especie de 'conspiración del silencio' sobre la temática de la deuda externa que se consideraba como una cosa del pasado y ya superada con los ajustes estructurales de la economía del FMI. Incluso el importante documento de Justicia y Paz sobre los aspectos éticos de la deuda dormía en los anaqueles desconocidos hasta por muchos católicos"..."bajo el eufemismo de 'servicios de la deuda' se esconden páginas vergonzosas de 'pecados sociales' de cruel colonialismo del dinero que no exige ya como antaño tributos al imperio, sino intereses que sangran año tras año los presupuestos nacionales excluyendo con otro eufemismo: SILICS (Severe Indebted Low income Countries) a muchos pueblos del orbe que tienen derecho a vivir con dignidad".

 

XVI. La Exhortación del Parlatino al CELAM.

     El Presidente del Parlamento Latinoamericano Diputado Juan Adolfo Singer se ha dirigido al Consejo Episcopal para América Latina (CELAM)  a fin de solicitarle sus buenos oficios para que "tenga a bien proponer que todas las Conferencias Episcopales Nacionales requieran urgentes entrevistas colectivas y se apersonen ante los respectivos Presidentes de las Repúblicas para exhortarlos a que por medio de las misiones permanentes acreditadas ante las Naciones Unidas apoyen un proyecto de Resolución de la Asamblea general por el que se pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva acerca de los aspectos jurídicos de la deuda externa".

     "Tenga la certeza, Excelencia, de que esta propuesta no es en absoluto incompatible con el llamado eclesial del jubileo al perdón o condonación de la deuda. Ese llamado se dirige a la conciencia de los acreedores, mientras que esta iniciativa, formulada en el campo jurídico, es un reclamo de Justicia de los países que tienen la convicción de haber pagado ya con creces lo que deben.” Hasta aquí el documento del órgano consultivo del Parlamento Latinoamericano. Como en él, debieran agudizarse en nuestros días y en nuestros países los estudios y las consideraciones jurídicas de la Deuda Externa. Estas anotaciones sólo procuran llamar la atención sobre la importancia del asunto y marcar algunas direcciones de ese tratamiento jurídico

    
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