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. La deuda odiosa
. Entrevista a Alejandro Olmos

06
- Felipe Fossati - De no tener deuda a la asfixia total

La desclasificación de importantes documentos de los archivos estadounidenses, ha demostrado, como se bloqueó económicamente a la Argentina desde 1945 hasta 1955 utilizándose todos los recursos disponibles para tal propósito. Años en que la Argentina no se adhiere al FMI, creado en Breton Woods en 1944, y se aparta de cualquier organismo multilateral de crédito.


Por primera vez en la historia argentina, la deuda externa desaparece ya que es cancelada en su totalidad. En 1945 las obligaciones con el exterior representaban la suma de 519.910.262 de pesos, en 1946 baja a 114.196.498, en 1950 es de apenas 41.086.681, siendo cancelada totalmente en 1952.

Hasta el golpe militar de 1955 Argentina no tuvo deuda externa, año que empieza la nueva deuda argentina y no por casualidad también año de la incorporación y adhesión al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el cuadro 2 puede observarse el proceso de endeudamiento argentino desde 1946 hasta el presente.

Deuda externa argentina y amortizaciones e intereses pagados, 1946-2003:
Cuadro 2


En cambio la deuda de Estados Unidos e Inglaterra con la Argentina que en 1946 era de 2.000 y 3.500 millones de dólares respectivamente, nunca fue pagada. Ambos países se negaron a pagar no sólo los créditos sino los intereses respectivos. Esas sumas a valores de hoy exceden los 60.000 millones de dólares.

Desde la década del treinta, los pagos por las exportaciones argentinas eran depositados en una cuenta que la Argentina tenía en el Banco de Inglaterra, los cuales se convertían en oro para cuando el país necesitaba hacer uso de ellos, esas libras esterlinas quedaban en Gran Bretaña. Cuando se pretendió hacer uso de las libras, Gran Bretaña decretó la inconvertibilidad de su moneda y el dinero argentino quedo bloqueado. Ello dio lugar a la emisión de unos bonos de congelación para evitar la emisión de moneda, que emitía el gobierno y devengaban un interés que la Argentina debía pagar. Debido a ello Miguel Miranda [1], dijo en una reunión del Consejo Económico y Social: "Sobre el dinero bloqueado el país no cobraba un solo centavo de interés, pero para disimular su emisión se emitían bonos de congelación y se pagaba interés. Yo he sacado como consecuencia que los ingleses con gran habilidad, nos cobraban interés por el dinero que nos debían".

A partir del golpe militar comenzó el proceso de la deuda, en 1958 la deuda externa ascendía a 1.800 millones de dólares, que continuo a lo largo de los años subsiguientes, hasta que a partir de 1976 con otro golpe militar, se implementa la política de verdadero terrorismo económico y el inicio del modelo económico neoliberal implementado por Martínez de Hoz, [2] que provoca un salto espectacular del monto adeudado. De los 7.800 millones de dólares (más de la mitad era privada) que se debían al momento de la caída del gobierno democrático, se paso a 45.000 millones de dólares, en diciembre de 1983. Es decir, casi un 400% de aumento, con el único "beneficio" de un pueblo que empezaba a tener hambre y una industria que comenzaba a ser destruida.
 

En junio de 1977 se hizo una reforma financiera que dejó librada al mercado las tasas de interés; época conocida como "plata dulce" y de la "tablita" porque nada rendía tanto como el dinero a plazo fijo en los bancos. Empezó la liquidación empresas para incorporar su capital al circuito financiero.

El Presidente del Banco Central Domingo Cavallo en julio de 1982, dispuso que empresas deudoras de créditos pagasen una tasa de interés máxima del 6,0% anual, mientras que los precios mayoristas llegaron al 28% a mediados del año; eso significó, que rápidamente las empresas beneficiadas licuaron su deuda.

Casi al final de la dictadura, el proceso termina con el mecanismo de seguros de cambio, que permitió a las empresas convertir su deuda externa a títulos públicos: estatización de la deuda externa privada. De ahí en más la deuda externa fue imposible de frenar, liquidando los recursos productivos y el patrimonio del Estado.

Otro mecanismo utilizado fueron las repatriaciones de fondos depositados en el exterior que figuraban como préstamos, de común acuerdo entre el propietario de los fondos y el Banco extranjero. Esos préstamos ficticios y egresos injustificados de capitales crearon deudas particulares ficticias que terminaron estatizándose.

El endeudamiento argentino empezó a convertirse en crónico con la elección del modelo económico que implementó la dictadura militar de argentina desde 1976, que atribuye a los poseedores del capital financiero la propiedad de los beneficios de la productividad.

Es el Estado que ha otorgado al capital privado la propiedad de los beneficios de la productividad y ha pactado con los mercados financieros la función de decidir en materia de redistribución de tales beneficios; rédito de la liberalización de los movimientos de capitales, de bienes y servicios, así como la desregulación de las actividades económicas, la flexibilización laboral y la privatización de sectores enteros de la economía,

Esos lineamientos económicos del proceso militar, siguieron en los gobiernos democráticos, el gobierno de Alfonsín elevó el endeudamiento a 62.000 millones de dólares en sólo cinco años, dejando además las arcas totalmente vacías del Banco Central. Luego, Carlos Menem, siempre en la misma línea de orientación fondomonetarista y después de haber realizado todo tipo de privatizaciones por las que se cobraron cerca de 40.000 millones de dólares, duplicó con creces la deuda dejándola en 146.000 millones de dólares (123% de aumento). Es decir, al mas puro estilo neoliberal hizo realidad lo predicado por los neoliberales de la dictadura militar "achicar el Estado para engrandecer la Nación", lo que conduce a quedarse sin estado ni nación.

Durante este periodo del gobierno se aplicó la convertibilidad, que indica también el cambio violento de orientación macroeconómica. Con una moneda fuertemente apreciada y la inflación acumulada, ocasionó la desestructuración del aparato productivo y el empobrecimiento del país. Es decir, si una paridad induce al desequilibrio permanente, genera deuda externa e interna.

En tal situación los empresarios desactivan sus industrias y se convierten en importadores o se dedican a la especulación financiera como en la época de la tablita. La hemorragia de capitales producto de la colocación en plazo fijo en moneda local a altas tasas de interés, puede medirse haciendo un simple cálculo por cada 100 millones de dólares colocados al 20% anual (que eran variables, recordando que en el proceso de la dictadura superaron el 100%), producían 20 millones de dólares anuales sin esfuerzos y con la garantía de volver a convertirlos en moneda fuerte. Esto que aconteció durante la dictadura militar y el gobierno de Menem, permitió a los grandes capitales nacionales y trasnacionales a obtener grandes ganancias a costa del pueblo argentino.

Además las famosas políticas de ajuste exigidas por el FMI, que son responsables del proceso de desajuste estructural, de hambre, marginalidad, exclusión social, el irrespeto a los derechos humanos y de los trabajadores, etc.

Esta responsabilidad del FMI y el Banco Mundial es planteada entre otros por:

Heritage Foundation de Washington, que no es progresista ya que sus miembros son ultra conservadores, en un estudio sostienen: "En cada programa, el FMI aconsejaba seguir políticas que retardaban la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Cada acuerdo exigía a la Argentina equilibrar su presupuesto fiscal mediante el aumento de impuestos. El incremento de los impuestos entorpecía la actividad económica y alentaba la evasión impositiva, agravando cada vez mas el desequilibrio fiscal que las recomendaciones debían tratar". En síntesis, esta fundación esta convencida que el FMI tiene gran responsabilidad en la crítica situación argentina, por las exigencias de los acreedores como la reforma del Estado, la eliminación del déficit fiscal y la derogación de leyes que atentan contra la seguridad jurídica, como la ley de Subversión Económica.

El Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz sostiene: "En una crisis económica, la reducción del gasto solo empeora las cosas: la recaudación impositiva, el empleo y la confianza en la economía también caen. Sin embargo, el FMI pidió recortes y la Argentina obedeció, achicando el gasto a nivel federal el 10% entre 1999 y 2001. No sorprende que el recorte haya agravado la caída. Pero si la Argentina hubiera aplicado la receta del FMI, el colapso económico se habría producido mucho antes". "Un análisis del presupuesto argentino demuestra que el panorama del derroche del que se habló en el exterior es muy injusto. Los números oficiales revelan un déficit inferior al 3% del PBI. Cabe recordar que, en 1992, cuando Estados Unidos experimentaba una recesión de menor envergadura que la Argentina, su déficit federal representaba el 4,9% del PBI. Pero incluso ese 3% es engañoso, por la decisión de la Argentina de privatizar su sistema de seguridad social en los 90. Con ese cambio, el dinero que habría entrado ‘dentro del presupuesto’ quedó ‘afuera’. Si la Argentina no hubiera privatizado, su presupuesto del 2001 habría arrojado un superávit". "La experiencia Argentina se lee así: esto es lo que le pasa a los mejores alumnos del FMI. El desastre no se produce por no escuchar al FMI, sino precisamente por escucharlo". Y finaliza "Culpar a la víctima no va a solucionar las cosas". [3].

Conclusión: no es la primera vez que un país no paga la deuda

Como Gran Bretaña y Estados Unidos nunca pagaron su deuda con Argentina, recordamos lo que John M. Keynes decía en el año 1924: "los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania".

Si los países latinoamericanos recibieran un trato similar al de Alemania, otros países europeos después de la primera guerra mundial y como Estados Unidos con España (por Cuba) y a Inglaterra (por la guerra de secesión), que finalmente no pagaron sus deudas; la deuda argentina y la latinoamericana debería reducirse en más del 80 por ciento y prorrogar los plazos de vencimiento con periodos de gracia. José Antonio Alonso, después de indicar el elevado costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo, señala que después de la Segunda Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para el pago de la deuda alemana el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de no dislocar la economía y no drenar indebidamente sus recursos. Es decir que Alemania, después de haber provocado la hecatombe humana más grande de la historia, recibió mejor trato que el que reciben actualmente los países deudores pobres. [4]

El FMI hace pagar sus préstamos a un precio muy alto, beneficiándose de un volumen importante del flujo de transferencia de liquidez. Este es un factor de descapitalización y de privación de soberanía para nuestros países. El carácter impagable de gran parte de la deuda de América Latina debe ser analizado en relación a su ilegitimidad y exige medidas urgentes para frenar la hemorragia y reanimar nuestras economías. El rescate de la deuda histórica, social y ecológica plantea el desafío moral de la reparación.

NOTAS

[1]. Ministro de Hacienda de Argentina 1946-1952

[2]. Cuando se produce el golpe militar, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank, directivo de las empresas Acindar e Italo, elabora el proyecto económico, y como una de las primeras medidas del gobierno de facto, modifica el Art. 1 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, que establecía la improrrogabilidad de la competencia jurisdiccional de la Argentina a favor de jueces extranjeros, es decir que cualquier convenio o contrato que firmara el país, se declinaba la competencia de nuestros tribunales. Martínez de Hoz, según sus expresiones y las obras que publicara con posterioridad a su pasó por la función pública pretendía hacer un país moderno, con una economía productiva y altamente competitiva, con empresas sanas, proyectos realizables, a través del marco de orden y tranquilidad que iban a asegurar las fuerzas armadas, con lo que se llevaría a la Argentina a ocupar el lugar que tuvo -según él- a principios de siglo. Otra realidad se empezó a construir, la economía individualista de la especulación, la desindustrialización y la entrega.

[3]. Joseph, Stiglitz; La Crisis Argentina es responsabilidad del FMI, Clarín, 17 de mayo de 2002.

[4] José, Alonso; en artículo publicado en El País, del 17 de abril de 2001.

Cuadro 2

Deuda externa argentina y amortizaciones e intereses pagados, 1946-2003

Según la OCDE a final de 1999, la deuda externa total de Argentina alcanzaba 169.066 millones de dólares, Statistiques de la dette extérieure, OCDE 2001, p. 20.

(a) Marzo 2003

Fuente: Ministerio de Economía, Banco Mundial, CEPAL; BCRA

0105 - La deuda odiosa - Fernando Krakowiak

El miércoles pasado, el Gobierno anunció el lanzamiento del canje de la deuda en un clima de euforia contenida. La mayoría de los analistas coincide en que la propuesta de reestructuración diseñada por el ministro Roberto Lavagna tiene grandes posibilidades de lograr un elevado porcentaje de adhesión. El desgaste sufrido por los bonistas, el superávit fiscal y las bajas tasas de intereses internacionales conforman un escenario ideal para los intereses argentinos desde una perspectiva financiera. Sin embargo, la reestructuración sigue siendo cuestionada por sectores que denuncian el carácter ilegítimo e ilícito de la deuda desde un punto de vista jurídico y político. Entre ellos se destacan Alejandro Olmos Gaona y Daniel Marcos, dos investigadores que presentaron una solicitud de amparo para frenar el canje hasta tanto no se resuelvan las causas penales que cuestionan el origen de la deuda. El pedido es patrocinado por el prestigioso abogado Salvador María Lozada, presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cash entrevistó a Lozada y a Olmos (ver aparte) para conocer los detalles de una presentación que denuncia las irregularidades cometidas desde 1976 y reivindica el respeto del orden jurídico por sobre la conveniencia financiera de un acuerdo.

¿Por qué presentaron un amparo para frenar el canje de la deuda?

–Porque tenemos la convicción de que el camino elegido es errado. El Gobierno se olvida de los innumerables ilícitos que el juez Jorge Ballestero comprobó en materia de deuda externa desde la dictadura militar en adelante en la sentencia del caso Olmos. Hace cuatro años, Ballestero puso a disposición del Congreso un listado de todos los ilícitos cometidos en la constitución de la deuda. La mayoría legislativa ha ignorado absolutamente esa delicada situación como si la deuda hubiera sido contraída de un modo normal y regular.

¿Pedir la interrupción del canje en este momento no es ser funcional a los acreedores que presionan para lograr una quita menor?
–Nosotros sólo somos funcionales a la protección del patrimonio colectivo de los argentinos. Interrumpir el canje es ayudar a la Nación, a los contribuyentes y al Tesoro nacional porque la renegociación va a ser muy onerosa para el país.

¿Qué cree usted que se debería haber hecho y no se hizo?
–Promover que el Congreso asuma su rol exclusivo de gestor del arreglo de la deuda, como dice el artículo 75 de la Constitución. Todas las mayorías legislativas desde 1983 han escondido la cabeza como un avestruz para no hacerse cargo de esa inmensa responsabilidad.

¿El Congreso no puede delegar la negociación?
–Al hacerlo está violando la Constitución Nacional porque ésa no es una facultad susceptible de delegación.

Esa parece una cuestión de forma, porque dada la conformación del Congreso no se deberían esperar decisiones demasiado diferentes de las que tomó el Ejecutivo.
–Ahora no sabemos qué pasa dentro del despacho de Guillermo Nielsen o de Roberto Lavagna. Desconocemos qué instrucciones se le ha dado al estudio jurídico norteamericano que supuestamente atiende los intereses del pueblo argentino en instancias judiciales norteamericanas. Esa falta absoluta de transparencia se evitaría sustancialmente por el carácter público de las sesiones del Congreso.

¿No sería poco operativo encomendar la negociación de la deuda a un órgano legislativo?
–Cuando la propia generación constituyente estaba en el Congreso, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se dispuso a través de una ley de noviembre de 1863 que la deuda la debía manejar el Congreso a través de una comisión bicameral compuesta por un número reducido de legisladores. Así se logra la operatividad deseada sin perder transparencia.

¿Y qué deberían hacer los legisladores?
–Convocar a todos los que se consideran acreedores para que exhiban sus créditos y digan cuándo compraron los bonos, a qué precio compraron y a través de qué bancos. Eso es esencial para saber cuál es el daño que pueden sufrir y qué correspondería compensar. Así sabremos también qué bancos lucraron con la colocación de la deuda, los cuales deberían contribuir al momento de resarcir a los eventuales damnificados.

En el amparo, ustedes señalan que la deuda es ilegítima por haber sido gestada durante la dictadura militar, pero después fue legitimada por gobiernos democráticos y lo que hoy se está pagando es deuda emitida en democracia.
–La deuda es una sola, como fenómeno político económico empieza con Alfredo Martínez de Hoz y, por corrupción, abdicación, falta de coraje y complicidad de los gobiernos post-dictadura, se ha seguido pagando y renegociando. Nunca hubo una legitimación porque nunca el Congreso asumió la facultad de arreglar el tema de la deuda. Ha habido una prolongación de las responsabilidades que contrajo Martínez de Hoz. Han sido continuadores de la dictadura en contra de los intereses colectivos del pueblo argentino. Se manejaron con un criterio de contadores que asumen la deuda como un mero hecho, como una relación fáctica. Lo principal es saber si esa deuda debe o no debe ser pagada; la relación entre deudor y acreedor es algo esencialmente jurídico.

¿Hay antecedentes internacionales que justifiquen su posición?
–Está el caso de Costa Rica, que se resolvió en términos de deuda odiosa. Se llama el caso Tinoco porque Tinoco era un dictador de Costa Rica que tomó un préstamo del Royal Bank of Canada y se gastó la plata. El asunto fue llevado a la Corte Internacional de La Haya y ambas partes convinieron en que lo resolviera un árbitro. Eligieron al presidente de la Corte norteamericana, William Taft, quien determinó que la deuda era odiosa y no debía pagarse porque no tuvo al público como destino. Si el pueblo no es el destinatario de la deuda, hay deuda odiosa. En el caso de la Argentina, una parte sustancial de la deuda es deuda privada hecha pública por exigencia del FMI durante la propia dictadura militar. No fue una deuda que tuviera como destino el bien público.

¿La deuda contraída con los organismos multilaterales también es ilegítima?
–Sin duda, le estamos pagando a uno de los promotores de la desdicha colectiva de los argentinos. En el caso del Fondo se debería aplicar el principio del derecho romano que se llama Alterum non laedere y sostener que lo que ya se le ha pagado al Fondo excede con mucho lo que le corresponde después de descontar el daño hecho a los argentinos.

Una resolución como la que ustedes plantean parece poco viable.
–La Argentina tiene que explicar con mucha claridad todo el proceso de endeudamiento. Si se hubieran hecho las cosas con cuidado, la sentencia del caso Olmos debería haber sido invocada por el propio Poder Ejecutivo y no haberse ocultado sistemáticamente. Ahora ha pasado más tiempo del recomendable, pero hay quehacerlo igual. Lo importante es clarificar la deuda y liberar al pueblo argentino de esta carga tremenda que va a pesar sobre las generaciones futuras.

Son muchos los que consideran que la deuda es ilegítima, pero no son tantos los que creen que se puede iniciar una revisión de todo el proceso.
–Nosotros nos sentimos acompañados por los principios generales del derecho, por toda la buena doctrina y por sectores colectivos de la Argentina que no están en los medios de comunicación, pero que tienen una actitud muy clara en rechazo de la deuda. El deber ser nos indica que tenemos que empeñarnos hasta el último momento para impedir la continuidad de un proceso erróneo e ilegítimo.

SALVADOR MARIA LOZADA

¿Quién es?

Salvador María Lozada es un reconocido jurista y ex juez de la Nación que adquirió notoriedad pública en 1972 cuando decretó la quiebra del frigorífico Swift, extendiendo la responsabilidad patrimonial a su sociedad controlante Deltec Internacional. A partir de ese histórico fallo se elaboró en la Argentina la doctrina Swift-Deltec, confirmada por la Corte Suprema en 1974, según la cual los conjuntos económicos son internamente solidarios y su separación formal como personas jurídicas no permite a una parte del conjunto desentenderse de las obligaciones del resto de las empresas del grupo. Esa sentencia pudo haberse convertido en un precedente jurídico capaz de obligar a los bancos extranjeros a devolver los dólares que confiscaron sus filiales a partir del corralito. Sin embargo, la Corte Suprema decidió avalar la pesificación al dictaminar que el derecho de los ahorristas se oponía al interés general, poniendo en riesgo la paz social.
El mismo año en que decretó la quiebra de Swift, Lozada fue designado por concurso profesor titular ordinario de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero luego del golpe militar de marzo de 1976 fue destituido de su cargo. Su libro Dependencia y empresas multinacionales, que había recibido el premio Raúl Scalabrini Ortiz en 1974, fue confiscado y destruido por el Ejército. En 1982 promovió la creación de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, siendo entonces su primer vicepresidente y actualmente uno de los presidentes honorarios. A su vez, se desempeña como presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. En enero de 2001 publicó el libro La deuda externa y el derecho, donde profundiza los argumentos expuestos en la entrevista que otorgó a este suplemento.

ENTREVISTA A ALEJANDRO OLMOS GAONA

En el nombre del padre

Por F.K.

Alejandro Olmos fue el principal impulsor de la causa penal llevada adelante para determinar el origen ilícito de la deuda pública argentina. Hizo su primera presentación en la Justicia el 4 de abril de 1982 y siguió aportando pruebas hasta su muerte, el 24 de abril de 2000. Dos meses después, el juez a cargo de la causa, Jorge Ballestero, le dio la razón en un fallo donde se afirma que la deuda fue producto de mecanismos irregulares “que tendían a beneficiar y sostener empresas y negocios privados en desmedro de sociedades y empresas del Estado”. Como la acción penal había prescripto, Ballestero remitió los antecedentes al Parlamento para que establezca “la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino”. Sin embargo, la mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema. “Al ver que el Congreso no intervenía, me di cuenta de que la investigación hecha por mi padre iba a terminar ahí. Entonces me puse a trabajar en el tema porque creo que es mi obligación como ciudadano”, señaló a Cash Alejandro Olmos Gaona, uno de los impulsores del amparo para frenar el canje y de las causas que aún siguen abiertas sobre la deuda en la Justicia.
¿Por qué motivos considera que la deuda es ilícita?
–Todos los peritos que intervinieron en la primera causa, iniciada por mi padre, determinaron que la deuda externa argentina no tenía justificación administrativa, económica ni financiera, y que estaban probados los ilícitos denunciados para el período 1976-1983. Ballestero detectó más de 470 operaciones que fueron ilegítimas. Toda la deuda posterior es simplemente una refinanciación de la deuda de la dictadura, y en la investigación que impulsó sobre el proceso de endeudamiento externo producido entre 1983 a 1995 también hay pruebas que demuestran que es fraudulenta e ilícita. El problema es que los tiempos judiciales son muy lentos y si se dicta una sentencia dentro de cinco años, no va a servir. Por eso presentamos el amparo para suspender el canje hasta que la Justicia criminal se expida sobre el tema.
Ustedes señalan en el amparo que si el canje se concreta, se estaría legitimando la deuda, pero la deuda fue legitimada en las reestructuraciones anteriores.
–Decimos que existe la intención de legitimar la deuda, pero desde el punto de vista del derecho ningún gobierno puede legitimar un fraude. En el amparo señalamos que la deuda es un delito de ejecución permanente porque continúa a través del tiempo, por lo que resulta imprescriptible como en el caso de la sustracción de menores.
¿Usted cree que el gobierno de Kirchner busca legitimar un fraude?
–Este no es un acto hostil contra el Gobierno nacional porque creo que Kirchner está haciendo todo lo posible para solucionar el problema de ladeuda; lo que ocurre es que la política que lleva adelante es desacertada porque no cuestiona la lógica que impone el sistema de la deuda. No es lo mismo proponer un porcentaje de quita que decir: “Señores, en este momento hay dos causas abiertas ante la Justicia penal de mi país que está investigando la deuda que ustedes me reclaman. Por lo tanto, hasta que la Justicia se expida, yo no puedo pagarles”. Lo preocupante es que no sólo no hizo eso sino que, además, contrató al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que, según dice el decreto, es el que nos asesoró desde 1989. No tiene sentido designar al mismo estudio que asesoró a la Argentina en operaciones que no sirvieron para beneficiarnos sino para seguir endeudándonos. Además hemos perdido el poder soberano porque en los decretos sobre el canje de deuda se declina la inmunidad soberana del Estado en los contratos que se van a hacer y se prorroga la jurisdicción porque así lo exigen los mercados internacionales.
Pese a eso, ¿igual considera que el Gobierno hace todo lo posible para solucionar el problema de la deuda?
–El Presidente hace lo posible dentro de la ortodoxia económica clásica que señala que hay que pagar. Sigue los mandatos de la economía convencional, presionado por los organismos financieros. La lógica de la deuda implica pagar aunque no se deba.
¿Qué opinión tiene sobre la propuesta para salir del default?
–Ninguna de las reestructuraciones logró solucionar el problema de la deuda. Si nuestro amparo fracasa y el canje logra un 70 por ciento o más de aceptación, la deuda va a quedar en 140 mil millones de dólares. Eso significa que en 5 o 6 años vamos a volver a atravesar una nueva crisis de la deuda. No obstante, en el amparo no se cuestionan decisiones de política económica. Nosotros queremos que se respete el orden jurídico, porque la marginación de lo jurídico es lo que permitió que se reproduzca el endeudamiento - UTAL
 


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