131206 -
Denuncian a presidentes, ministros y empresarios por el pago de
la deuda externa
Por tercera vez la deuda externa es
motivo de una denuncia judicial (Ver
demanda completa) impulsada por
Alejandro
Olmos Gaona. En este caso, involucra a los presidentes,
ministros de Economía y funcionarios del área de la etapa
democrática y a 180 empresas beneficiadas por las estatización de
sus pasivos. De Alfonsín a Kirchner, pasando por Macri, Pérez Compac
o el Citibank, todos deberán responder por lo que ya dejó en claro
el fallo del juez Ballesteros que reconoció la ilicitud de la deuda.
El razonamiento de Olmos es claro: “la deuda se sigue pagando, ergo
el delito continúa.”
Es una de David contra Goliat. Pero el historiador
Alejandro Olmos Gaona no se amilana, aunque tenga que dar la batalla en
soledad y sumergido en el más absoluto de los silencios. El mayor
investigador sobre la deuda externa argentina acaba de presentar una
denuncia penal contra cinco presidentes que tuvo el país desde el
regreso de la democracia y sus respectivos ministros de Economía. Raúl
Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor
Kirchner fueron acusados de defraudación al Estado, incumplimiento de
los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con los mismos
cargos le apuntó a quienes fueron sus espadas económicas: Juan
Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, José Luis Machinea
y Roberto Lavagna y todos los titulares del Banco Central y secretarios
de Finanzas que los acompañaron en la gestión. Pero la quijotada no
termina ahí. También demandó a ciento ochenta empresas que se
beneficiaron con la estatización de sus deudas, créditos que pasaron a
engrosar la deuda externa argentina. Entre ellas se encuentran firmas de
los grupos nacionales Macri, Pérez Companc, Menotti Pescarmona;
compañías extranjeras como la Mercedes Benz o Swift Armour; y también
los principales bancos que aún operan en plaza como el Galicia, el
Citibank, el Francés o el Río. “Los pasivos que transfirieron al Estado
eran de 23.000 millones de dólares. A valores de hoy representan 80.000
millones, la mitad del total de la deuda argentina”, explica Olmos Gaona.
La denuncia fue presentada ante el juez federal Guillermo Montenegro y
deberá actuar el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que pidió el
procesamiento de Menem en la causa que investigaba el tráfico de armas a
Ecuador y Croacia. Además, Olmos Gaona se presentó como querellante y
particular damnificado, por lo que no tendrá que aguardar de manera
pasiva las resoluciones que dictamine el magistrado. Podrá aportar
documentación, exigir pericias, añadir pruebas y solicitar que se tome
declaración a diversos testigos. “El juez no podrá hacerse el distraído.
Ya tenemos dos fallos a favor, donde fuimos reconocidos como amparistas
de la deuda. Por artículo 43 de la Constitución Nacional, cualquier
ciudadano puede recurrir a la Justicia en defensa los derechos de
incidencia colectiva. Y la deuda afecta a todos los ciudadanos”,
advierte.
Alejandro Olmos Gaona es hijo de un ex asesor del Senado de la Nación
homónimo, que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las
irregularidades de los préstamos internacionales. Había accedido a la
documentación del estudio de Guillermo Walter Klein, Secretario de
Estado para la Coordinación y la Programación Económica de la última
dictadura, y se convirtió en el mayor especialista en el tema. Cuando
falleció, su hijo siguió adelante con el embate judicial. Ya no sólo con
lo ocurrido durante la dictadura, sino también durante los gobiernos
democráticos.
-¿Cómo surge esta demanda?
-En la causa que llevaba el juez Ballesteros, que tuvo sentencia en
julio de 2000 y comprobó la ilicitud de la deuda, se investigó el
período 1976 a 1983. En lo que se conoce como “Segunda causa Olmos” se
aborda lo ocurrido desde el 83 al 94. Y después hay una nueva acción
judicial, iniciada por los entonces diputados Juan Pablo Cafiero,
Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Alfredo Bravo, donde se acaba de dictar
el procesamiento de Cavallo y Daniel Marx, referida exclusivamente al
megacanje de la deuda externa. Aquí había un bache que iba del 95 al
2001 y del 2001 a hoy. Por un lado, queríamos cubrirlo, pero también
personalizar las denuncias que hasta ahora eran todas de forma genérica.
-¿Qué quiere decir que eran denuncias genéricas?
-Hasta este momento era un investigación contra supuestos N.N. Ahora
nosotros involucramos a todos los responsables y pedimos que se aplique
la doctrina jurídica de la ejecución continua de delito, como en el caso
de la desaparición forzada de personas. Son delitos que se realizan a
través de acciones que permanecen en el tiempo. Como explica el ministro
de la Corte, Raúl Zaffaroni, este tipo de delitos prescriben cuando se
termina el último acto de consumación.
-¿Cómo se demuestra aquí que el delito es de acción continua?
-La deuda se sigue pagando, ergo el delito continúa. Si la deuda de la
dictadura fue delictiva, la que se pagó del 83 en adelante también. El
Código Civil argentino señala que un acto ilícito no genera
consecuencias lícitas. En la causa Olmos II está demostrada que la deuda
83-95 es consecuencia de la deuda 76-83. A punto tal, que un funcionario
de Cavallo, Jorge Rodríguez, entonces Director del Departamento de Deuda
Externa del Banco Central, declaró que la deuda de los 90 era una
consecuencia del endeudamiento anterior.
-Los economistas de la city suelen decir que la deuda externa es
producto del déficit fiscal.
-Eso es un sofisma. He analizado los presupuestos desde 1991 en
adelante. La Argentina siempre tuvo superávit, pero dejaba de tenerlo en
el momento en que se incorporaban los pagos por el servicio de deuda.
Ese déficit que se cubría con títulos se producía por refinanciar la
deuda. Es por eso que continúa la ilicitud.
-¿Por qué puede hablarse de delito y no de malas decisiones
políticas?
-En la doctrina penal europea moderna y también en la Argentina – lo
dijo un constitucionalista como German Bidart Campos- han determinado
que toda decisión política que afecta a un ciudadano es materia
judiciable. Los delitos no son materia de renegociación y no hay forma
de que renegociar un ilícito pueda interpretarse como una mala decisión
política. Por otro lado, un funcionario podría decir que no sabía que el
origen de la deuda era ilícito, pero es imposible: desde que se abrió la
causa que impulsó mi padre todos los funcionarios involucrados se la
pasaron contestando oficios judiciales. Estuvieron tan informados que el
presidente Kirchner designó como abogado del Estado al mismo que
contrató y asesoró a Menem, a través del decreto 319/04. Otra cosa: en
agosto del 2004 hubo un homenaje a mi padre en Senado, participaron
todos los bloques, enviaron cartas personales desde el Presidente para
abajo. ¿Me va a decir que no sabían qué hizo mi padre y qué causa
sostenía? El concepto que existe en la Argentina es que otra cosa no se
podía hacer. Los delitos que auditaron en la investigación que llevó
adelante Ballesteros determinaron que la deuda no tenía justificación
económica, administrativa ni financiera. Agregaron que no se conocía el
destino de esos fondos. Es el mismo juez Ballesteros, cuando dicta
sentencia, que habla de ilicitud y fraudulencia de la deuda.
-¿Cómo era el mecanismo del fraude?
-Una empresa pública pedía préstamos que no necesitaba –YPF pidió 400-
porque la Secretaría de Programación Económica había fijado un cupo de
endeudamiento que debían tomar. Repito: aunque no fuera necesario. Esos
fondos iban a parar al Tesoro Nacional para sostener la tablita
cambiaria. Entonces venían capitales de afuera, cambiaban dólares por
pesos, los depositaban a tasas mensuales del 16 al 20 por ciento, lo
volvían a dólares y se lo llevaban.
-¿Para qué se usó ese dinero?
-El Banco Mundial , que sabemos qué tipo de organismo es, determinó hace
unos años que la deuda externa tuvo este destino: 40 por ciento se fugó
al exterior, 30 por ciento se destinó al pago de intereses de esa misma
deuda y el otro 30 por ciento se empleó en comprar armamentos. Así que
el pueblo no vio nada. Aquí hubo una especie de connivencia entre
empresarios y funcionarios que actuaron de común acuerdo
-¿Los empresarios acusados no podrían argumentar que no cometieron un
delito, sino que actuaron conforme a la ley que dictó el gobierno y que
eso los benefició?
-Cuando se dictan las circulares Banco Central para establecer el seguro
de cambio (el Estado les aseguraba a las empresas que tomaban créditos
que años después, cuando debían saldarlas, podían comprar dólares al
mismo valor que el momento en que habían contraído la deuda), los
empresarios podrían haber dicho que no eran responsables de la locura de
un gobierno que devaluaba y devaluaba. Pero hicieron algo peor: estos
empresarios tomaron esta facilidad que les dio el gobierno para fraguar
préstamos. Era un gran negocio que pagaba el Estado. No eran prestamos
genuinos, fue un festival de autopréstamos e ilícitos de diversas
naturalezas. Ejemplo: Renault Argentina pidió un préstamo a un banco de
Bruselas por seis millones. Los auditores determinaron que no era
auténtico: no era posible que le pidiera al banco teniendo un plazo fijo
depositado por 85 millones en la misma sede. Peor aún, los peritos
incautan un acta de directorio donde los directivos de la empresa
analizan explícitamente cómo hacer esta operatoria para defraudar al
Estado. El Estado los favorecía, pero ellos montaron una estructura
delictiva para aprovecharse de esa política.
