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131206 - Denuncian a presidentes, ministros y empresarios por el pago de la deuda externa

Por tercera vez la deuda externa es motivo de una denuncia judicial (Ver demanda completa) impulsada por Alejandro Olmos Gaona. En este caso, involucra a los presidentes, ministros de Economía y funcionarios del área de la etapa democrática y a 180 empresas beneficiadas por las estatización de sus pasivos. De Alfonsín a Kirchner, pasando por Macri, Pérez Compac o el Citibank, todos deberán responder por lo que ya dejó en claro el fallo del juez Ballesteros que reconoció la ilicitud de la deuda. El razonamiento de Olmos es claro: “la deuda se sigue pagando, ergo el delito continúa.”


Es una de David contra Goliat. Pero el historiador Alejandro Olmos Gaona no se amilana, aunque tenga que dar la batalla en soledad y sumergido en el más absoluto de los silencios. El mayor investigador sobre la deuda externa argentina acaba de presentar una denuncia penal contra cinco presidentes que tuvo el país desde el regreso de la democracia y sus respectivos ministros de Economía. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner fueron acusados de defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Con los mismos cargos le apuntó a quienes fueron sus espadas económicas: Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, José Luis Machinea y Roberto Lavagna y todos los titulares del Banco Central y secretarios de Finanzas que los acompañaron en la gestión. Pero la quijotada no termina ahí. También demandó a ciento ochenta empresas que se beneficiaron con la estatización de sus deudas, créditos que pasaron a engrosar la deuda externa argentina. Entre ellas se encuentran firmas de los grupos nacionales Macri, Pérez Companc, Menotti Pescarmona; compañías extranjeras como la Mercedes Benz o Swift Armour; y también los principales bancos que aún operan en plaza como el Galicia, el Citibank, el Francés o el Río. “Los pasivos que transfirieron al Estado eran de 23.000 millones de dólares. A valores de hoy representan 80.000 millones, la mitad del total de la deuda argentina”, explica Olmos Gaona.
 
La denuncia fue presentada ante el juez federal Guillermo Montenegro y deberá actuar el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que pidió el procesamiento de Menem en la causa que investigaba el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Además, Olmos Gaona se presentó como querellante y particular damnificado, por lo que no tendrá que aguardar de manera pasiva las resoluciones que dictamine el magistrado. Podrá aportar documentación, exigir pericias, añadir pruebas y solicitar que se tome declaración a diversos testigos. “El juez no podrá hacerse el distraído. Ya tenemos dos fallos a favor, donde fuimos reconocidos como amparistas de la deuda. Por artículo 43 de la Constitución Nacional, cualquier ciudadano puede recurrir a la Justicia en defensa los derechos de incidencia colectiva. Y la deuda afecta a todos los ciudadanos”, advierte.

Alejandro Olmos Gaona es hijo de un ex asesor del Senado de la Nación homónimo, que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las irregularidades de los préstamos internacionales. Había accedido a la documentación del estudio de Guillermo Walter Klein, Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de la última dictadura, y se convirtió en el mayor especialista en el tema. Cuando falleció, su hijo siguió adelante con el embate judicial. Ya no sólo con lo ocurrido durante la dictadura, sino también durante los gobiernos democráticos.

-¿Cómo surge esta demanda?

-En la causa que llevaba el juez Ballesteros, que tuvo sentencia en julio de 2000 y comprobó la ilicitud de la deuda, se investigó el período 1976 a 1983. En lo que se conoce como “Segunda causa Olmos” se aborda lo ocurrido desde el 83 al 94. Y después hay una nueva acción judicial, iniciada por los entonces diputados Juan Pablo Cafiero, Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Alfredo Bravo, donde se acaba de dictar el procesamiento de Cavallo y Daniel Marx, referida exclusivamente al megacanje de la deuda externa. Aquí había un bache que iba del 95 al 2001 y del 2001 a hoy. Por un lado, queríamos cubrirlo, pero también personalizar las denuncias que hasta ahora eran todas de forma genérica.

-¿Qué quiere decir que eran denuncias genéricas?

-Hasta este momento era un investigación contra supuestos N.N. Ahora nosotros involucramos a todos los responsables y pedimos que se aplique la doctrina jurídica de la ejecución continua de delito, como en el caso de la desaparición forzada de personas. Son delitos que se realizan a través de acciones que permanecen en el tiempo. Como explica el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, este tipo de delitos prescriben cuando se termina el último acto de consumación.

-¿Cómo se demuestra aquí que el delito es de acción continua?

-La deuda se sigue pagando, ergo el delito continúa. Si la deuda de la dictadura fue delictiva, la que se pagó del 83 en adelante también. El Código Civil argentino señala que un acto ilícito no genera consecuencias lícitas. En la causa Olmos II está demostrada que la deuda 83-95 es consecuencia de la deuda 76-83. A punto tal, que un funcionario de Cavallo, Jorge Rodríguez, entonces Director del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, declaró que la deuda de los 90 era una consecuencia del endeudamiento anterior.

-Los economistas de la city suelen decir que la deuda externa es producto del déficit fiscal.

-Eso es un sofisma. He analizado los presupuestos desde 1991 en adelante. La Argentina siempre tuvo superávit, pero dejaba de tenerlo en el momento en que se incorporaban los pagos por el servicio de deuda. Ese déficit que se cubría con títulos se producía por refinanciar la deuda. Es por eso que continúa la ilicitud.

-¿Por qué puede hablarse de delito y no de malas decisiones políticas?

-En la doctrina penal europea moderna y también en la Argentina – lo dijo un constitucionalista como German Bidart Campos- han determinado que toda decisión política que afecta a un ciudadano es materia judiciable. Los delitos no son materia de renegociación y no hay forma de que renegociar un ilícito pueda interpretarse como una mala decisión política. Por otro lado, un funcionario podría decir que no sabía que el origen de la deuda era ilícito, pero es imposible: desde que se abrió la causa que impulsó mi padre todos los funcionarios involucrados se la pasaron contestando oficios judiciales. Estuvieron tan informados que el presidente Kirchner designó como abogado del Estado al mismo que contrató y asesoró a Menem, a través del decreto 319/04. Otra cosa: en agosto del 2004 hubo un homenaje a mi padre en Senado, participaron todos los bloques, enviaron cartas personales desde el Presidente para abajo. ¿Me va a decir que no sabían qué hizo mi padre y qué causa sostenía? El concepto que existe en la Argentina es que otra cosa no se podía hacer. Los delitos que auditaron en la investigación que llevó adelante Ballesteros determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. Agregaron que no se conocía el destino de esos fondos. Es el mismo juez Ballesteros, cuando dicta sentencia, que habla de ilicitud y fraudulencia de la deuda.

-¿Cómo era el mecanismo del fraude?

-Una empresa pública pedía préstamos que no necesitaba –YPF pidió 400- porque la Secretaría de Programación Económica había fijado un cupo de endeudamiento que debían tomar. Repito: aunque no fuera necesario. Esos fondos iban a parar al Tesoro Nacional para sostener la tablita cambiaria. Entonces venían capitales de afuera, cambiaban dólares por pesos, los depositaban a tasas mensuales del 16 al 20 por ciento, lo volvían a dólares y se lo llevaban.

-¿Para qué se usó ese dinero?

-El Banco Mundial , que sabemos qué tipo de organismo es, determinó hace unos años que la deuda externa tuvo este destino: 40 por ciento se fugó al exterior, 30 por ciento se destinó al pago de intereses de esa misma deuda y el otro 30 por ciento se empleó en comprar armamentos. Así que el pueblo no vio nada. Aquí hubo una especie de connivencia entre empresarios y funcionarios que actuaron de común acuerdo

-¿Los empresarios acusados no podrían argumentar que no cometieron un delito, sino que actuaron conforme a la ley que dictó el gobierno y que eso los benefició?

-Cuando se dictan las circulares Banco Central para establecer el seguro de cambio (el Estado les aseguraba a las empresas que tomaban créditos que años después, cuando debían saldarlas, podían comprar dólares al mismo valor que el momento en que habían contraído la deuda), los empresarios podrían haber dicho que no eran responsables de la locura de un gobierno que devaluaba y devaluaba. Pero hicieron algo peor: estos empresarios tomaron esta facilidad que les dio el gobierno para fraguar préstamos. Era un gran negocio que pagaba el Estado. No eran prestamos genuinos, fue un festival de autopréstamos e ilícitos de diversas naturalezas. Ejemplo: Renault Argentina pidió un préstamo a un banco de Bruselas por seis millones. Los auditores determinaron que no era auténtico: no era posible que le pidiera al banco teniendo un plazo fijo depositado por 85 millones en la misma sede. Peor aún, los peritos incautan un acta de directorio donde los directivos de la empresa analizan explícitamente cómo hacer esta operatoria para defraudar al Estado. El Estado los favorecía, pero ellos montaron una estructura delictiva para aprovecharse de esa política.

-¿Por qué en la demanda los únicos ministros de Economía no aludidos son el fallecido Bernardo Grinspun y la actual titular de la cartera Felisa Miceli?
-Grinspun fue el único que se enfrentó al FMI y el que ordenó la auditoría de la deuda privada. Él pidió analizar la licitud y ilicitud de la deuda y su presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, emitió una circular para hacerlo. Fue como un accidente. Después, Machinea interrumpió el proceso. Y Miceli no está porque no firmó hasta ahora ninguna reestructuración de la deuda, aunque sigue emitiendo bonos. Ella está al tanto de todo, porque le entregué a su secretaria privada, en diciembre de 2004, un minucioso informe sobre todas estas causas penales. Los que sí aparecen en la demanda son Kirchner y Lavagna que fueron los que acordaron el canje.

-¿Piensa que la Justicia irá a fondo?

-Aunque no confiamos demasiado en estos tribunales, tenemos alguna esperanza en la Cámara Federal o que por lo menos algún ministro de la Corte formule algún planteo. Si no, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mostraremos allí las pruebas. Por un lado soy optimista, Stornelli procesó a Menem por el tráfico de armas y Montenegro no pertenece a la vieja camada de jueces. Por el otro soy realista, sé que enjuiciamos a los presidentes democráticos, a sus ministros, a sus presidentes del Banco Central, a los titulares de las empresas públicas y los máximos representantes de los grupos económicos argentinos y del exterior, que transfirieron sus deudas al Estado para no pagarlas. Estos señores hablan todo el tiempo de seguridad jurídica y ahora comenzaran a ampararse en artilugios leguleyos. Pero si vemos que esto no prospera, comenzaremos a publicar de todas las formas posibles la información, para que queden en evidencia - La Vaca

 


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