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Lavado (Blanqueo) de Dinero / Money Laundering
Lavado (Blanqueo) de Dinero: ¿Qué es?

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. Cómo Comprender el Ciclo del Lavado de Dinero
. Las consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero
. La Inútil Guerra contra el Lavado de Dinero

. GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales

El lavado de dinero es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal.

El lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal

El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países porque:
. Evita la detección de actividades criminales
. Provee nuevos recursos a las actividades delictivas
. Distorsiona los mercados financieros
. Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual

Cómo Comprender el Ciclo del Lavado de Dinero - Paul Bauer y Rhoda Ullman 1 

El lavado de dinero se ha venido practicando desde que se cometió el primer delito por lucro, pero en Estados Unidos sólo ha sido ilegal a partir de 1986, según informan Paul Bauer y Rhoda Ullman, del Banco de la Reserva Federal de Cleveland.

En este artículo se detalla el proceso del lavado de dinero, se presenta un resumen de las leyes en evolución y se expone la función que desempeña el Sistema de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, para contribuir a su aplicación

"Sigue el rastro del dinero"
Esto era lo que aconsejaba "Deep Throat", informante principal del periodista del Washington Post Bob Woodward, en su investigación del escándalo de Watergate
Aunque la expresión "lavado de dinero" no apareció en la prensa hasta el escándalo del Watergate, los investigadores penales han seguido durante mucho tiempo el sabio consejo de Deep Throat. Si bien no se declaró ilegal hasta 1986, el lavado de dinero, o la falta de aptitud para hacerlo sin dejar huellas, ha figurado en muchos casos célebres. Dos de los delincuentes más tristemente famosos de Estados Unidos del siglo XX fueron víctimas de su torpeza para ocultar su dinero. Lo que finalmente llevó a Al Capone a la cárcel fue la evasión de impuestos, no su pandillerismo. Richard Hauptmann, que secuestró al hijo del famoso aviador Charles Lindbergh en 1932, cayó en manos de la justicia por no haber sabido lavar el dinero del rescate. Y, como vimos en 1999, cuando cundió la inquietud ante la posibilidad de que hubieran ingresado en el sistema bancario estadounidense fondos obtenidos ilícitamente en Rusia, la cuestión del "dinero sucio" no ha desaparecido.

El gran interés que tienen los delincuentes en ocultar sus actividades no permite conocer con exactitud la cantidad de dinero lavado, pero, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, el total anual oscila entre el 3 y el 5 por ciento de la producción mundial. El Grupo de acción Financiera del Grupo de los Siete (G-7) da una cifra de 300.000 a 500.000 millones dólares en todo el mundo. Según la revista Business Week, sólo en la economía estadounidense circulan más de dos billones de dólares diariamente, de manera que la tarea de asegurar el cumplimiento de la ley se asemeja a la proverbial búsqueda de una aguja en el pajar.

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL CICLO DEL LAVADO

El lavado de dinero entraña tres pasos, que a veces se traslapan: colocación, estratificación e integración. Durante la etapa de colocación, los fondos deben cambiar de forma para ocultar su origen ilícito. Por ejemplo, los ingresos del comercio ilícito de drogas se obtienen en forma de billetes pequeños, que abultan y pesan más que las drogas mismas. La conversión de esos billetes en otros de más valor, cheques de cajero u otros instrumentos monetarios negociables se suele hacer a través de negocios que manejan mucho dinero en efectivo (como restaurantes, hoteles, compañías de máquinas expendedoras, casinos y lavacoches), que sirven de fachada.

En la etapa de estratificación, se trata de ocultar más el rastro que une los fondos a la actividad ilícita mediante la acumulación de una serie de complicadas transacciones financieras. Por ejemplo, los delincuentes refinados que tienen grandes sumas de dinero que lavar establecen compañías ficticias en países conocidos por sus estrictas leyes de protección del secreto bancario o su falta de celo en perseguir el lavado de dinero. Los fondos contaminados se transfieren entonces entre esas compañías ficticias hasta que aparecen limpios.

Estas transacciones se deben disfrazar para fundirse con los billones de dólares de transacciones legítimas que se realizan a diario. Para ello, se recurre con frecuencia a distintas variantes de "autopréstamos" y "doble facturación". En el primer caso, el delincuente coloca los fondos en una entidad extraterritorial que controla en secreto y luego se los "presta" a sí mismo. Esta técnica funciona por las dificultades que plantea averiguar quién controla realmente las cuentas en bancos extraterritoriales de algunos países. En la doble facturación, estafa para mover fondos de un país a otro, una entidad extraterritorial mantiene la proverbial doble contabilidad. Para ingresar fondos "limpios" a Estados Unidos, una entidad estadounidense sobrecarga el costo de varios bienes o servicios. Para sacar fondos (por ejemplo, para eludir impuestos), se sobrecarga a la entidad estadounidense.

Otras técnicas de estratificación entrañan la compra de artículos de elevado costo: valores, automóviles, aviones, pasajes, que a veces se registran a nombre de un amigo para no vincular al delincuente con los fondos. En algunas ocasiones también se utilizan los casinos por la facilidad con que aceptan dinero en efectivo. Una vez convertidos en fichas, los fondos parecen ganancias del juego y se pueden cambiar por cheques contra el banco del casino. La etapa de integración es la de gran rentabilidad para el delincuente; en ella, incorpora los fondos en actividades económicas legítimas, por lo general, inversiones comerciales, bienes raíces o adquisición de artículos de lujo.

LAS LEYES ESTADOUNIDENSES FUNDAMENTALES

Loas organismos encargados de la ejecución de la ley conceden gran valor a la legislación sobre lavado de dinero porque puede ser más eficaz que un ataque directo a la actividad delictiva. Por ejemplo, en el tráfico de drogas ilícitas, los beneficios pueden llegar a ser del 1.000 por ciento, lo que le hace suficientemente tentador para asegurar que nunca falten delincuentes dispuestos a reemplazar a los que van a la cárcel. Sin embargo, así como con medidas legislativas y coercitivas se pueden reducir sus beneficios, también se puede reducir su atractivo.

La base de la legislación estadounidense sobre lavado de dinero es la Ley del Secreto Bancario de 1970 (BSA), por la que no se declara delito el lavado, sino que se exige a las instituciones financieras establecer y mantener un registro de diversos tipos de transacciones que permita seguir su rastro. La ley ha sido impugnada en varias ocasiones. Unos la critican por los costos que impone, mientras que otros alegan que infringe la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra el registro y decomiso irrazonable y las garantías de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Aunque se la ha confirmado una y otra vez, la ley sigue siendo objeto de polémica en algunos sectores. En un caso qué llegó hasta el Tribunal Supremo, el juez Douglas, en una enérgica opinión disidente afirmaba: "Todavía no estoy dispuesto a aceptar que Estados Unidos esté tan obsesionado con el mal que tengamos que eliminar todas las barreras constitucionales para dar a nuestras autoridades civiles los instrumentos para aprehender delincuentes".

Con el incremento del tráfico de drogas, la alarma por el lavado de dinero cundió en el Congreso de Estados Unidos, que decidió proscribirlo en 1984 al declarar las infracciones de la ley del secreto bancario "predicate acts" (actividades que constituyen la norma del crimen organizado), con arreglo a la Ley de Organizaciones Corruptas y Bajo la Influencia del Crimen Organizado (RICO). Finalmente, según la Ley de Lavado de Dinero de 1986, se tipificaba esta actividad como delito federal. Se añadían tres nuevos delitos al código penal: ayudar a sabiendas a lavar dinero procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de 10.000 dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la BSA. Este último elemento iba dirigido a los llamados "pitufos", individuos contratados por los interesados en lavar dinero para efectuar ingresos múltiples o compras de cheques de viajero en cantidades inmediatamente inferiores al límite de los 10.000 dólares.

 

Esta legislación ha sufrido diversas modificaciones. Por la Ley contra la Adicción a Drogas de 1988, se endurecieron considerablemente las penas y se exigió la estricta identificación y el registro de las compras en efectivo de determinados instrumentos monetarios, aunque, posteriormente, se ha revocado la mayoría de los requisitos relativos al mantenimiento de registros de compras en metálico de instrumentos monetarios. Además, mediante la legislación, se autorizaba al Departamento de Hacienda de Estados Unidos a obligar a las instituciones financieras a presentar informes de transacciones en divisas por zonas geográficas determinadas. El secretario de Hacienda puede dictar una orden por la que obligue a las instituciones financieras de una zona geográfica determinada a presentar informes de transacciones en divisas por valor inferior al límite de los 10.000 dólares. La ley también encomendaba al Departamento de Hacienda la negociación de acuerdos internacionales bilaterales para el registro de transacciones importantes en moneda estadounidense y el intercambio de esta información.

Por la Ley Annunzio-Wylie contra el Lavado de Dinero de 1992, se amplió la definición de "transacciones financieras" de la Ley del Secreto Bancario, se añadió una cláusula sobre conspiración y se prohibieron "los negocios de transmisión ilícita de dinero". La Ley Annunzio-Wylie es más conocida por establecer lo que se ha llamado la "pena de muerte", que dispone que si un banco es declarado culpable de lavado de dinero, el banco federal supervisor correspondiente tiene que incoar procedimientos para revocar su carta o su seguro, según lo determine el supervisor primario del banco. Por la Ley Annunzio-Wylie también se estableció el Grupo þsesor de la BSA (del que es miembro fundador la Reserva Federal) para proponer medios de mejorar la eficacia y eficiencia de los programas del Departamento de Hacienda sobre lavado de dinero.

La Ley de Supresión del Lavado de Dinero de 1994, se ocupa de las disposiciones sobre conspiración y organización contenidas en la ley, mientras que la Ley de Prevención del Terrorismo de 1996, añadía los delitos de terrorismo como "predicate acts" (actividades que constituyen la norma del crimen organizado) a los delitos de lavado de dinero y la Ley de Rendición de Cuentas y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996, también declaraba "predicate acts" los "delitos contra la salud pública federal".

Las sanciones penales incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas por un máximo de 500.000 dólares o el doble del valor de los instrumentos monetarios en cuestión, si éste es superior a los 500.000 dólares. Además de las sanciones penales, los infractores pueden ser objeto de sanciones civiles por una cantidad equivalente al valor de los bienes, fondos o intereses monetarios relacionados con una transacción. El propósito del Congreso de Estados Unidos era imponer fuertes sanciones. Antes de la aprobación de la Ley sobre Lavado de Dinero, a los acusados se les aplicaban otras leyes relativas a las actividades ilícitas fundamentales que habían provocado el lavado de dinero, como la evasión fiscal, la conspiración, la violación de la BSA, el soborno y el fraude. En general, las penas contempladas en estas leyes eran mucho más leves.

Pero desde la perspectiva monetaria, la situación de los encausados se pone realmente seria cuando entran en juego las leyes sobre decomiso. Con el decomiso se pretende impedir a los delincuentes quedarse con el fruto de sus delitos o los instrumentos utilizados en su comisión. Con arreglo a la Ley de Reforma del Decomiso Civil de Bienes de 2000, el gobierno de Estados Unidos tiene ahora que salvar un obstáculo algo mayor para incautar y decomisar bienes. Para incautar bienes tiene que probar la existencia de causa probable de que los bienes proceden de actividades ilícitas. Para ganar un decomiso civil, tiene que demostrar su caso por preponderancia de las pruebas y para ganar el decomiso penal, demostrar su caso más allá de toda duda razonable. Los bienes decomisados se pueden compartir con todos los organismos de ejecución de la ley interesados en conseguir una sentencia condenatoria, lo que ha sido especialmente eficaz para conseguir la cooperación de algunos organismos extranjeros de ejecución de la ley.

Jurídicamente, se define el lavado de dinero como todo intento de participar en una transacción monetaria que entrañe bienes derivados de actividades delictivas. Para obtener una sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar que el acusado ha participado en transacciones financieras o de transporte internacional que entrañen fondos derivados de una "actividad ilícita determinada". La lista de estas actividades es extremadamente larga e incluye soborno, falsificación, tráfico de estupefacientes, espionaje, extorsión, fraude, homicidio, secuestro, crimen organizado y determinadas prácticas bancarias.

EL RASTRO DOCUMENTAL

Los fiscales consideran el rastro documental ordenado por la BSA y sus enmiendas un instrumento decisivo en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de lavado de dinero. Utilizan cinco tipos de informes para seguir la pista de las transacciones financieras:

     

  • Informe de transacciones en efectivo: se presenta cuando una institución financiera recibe o entrega más de 10.000 dólares en efectivo. El informe incluye el nombre y la dirección de la persona que presenta la transacción, y la identificación, el número de la cuenta y el número del Seguro Social de cualquier persona en cuyo nombre se efectúe una transacción. (No es necesario presentar estos informes por cada transacción de grandes cantidades en efectivo. Los bancos pueden eximir a determinados clientes de esta obligación, con lo que se reduce el número de informes de transacciones en efectivo).

  • Informe de actividades sospechosas: se presenta cuando un empleado de un banco tiene motivos para sospechar que una persona está lavando dinero, independientemente del volumen de la transacción.

  • Formulario 8300 del Servicio de Rentas Internas (IRS): se presenta por cualquier participante en un negocio que reciba pagos en efectivo a cambio de bienes o servicios, que excedan de 10.000 dólares en una sola transacción o una serie de transacciones conexas.

  • Informe de divisas e instrumentos monetarios: se presenta por cualquiera que entre o salga de Estados Unidos con divisas o instrumentos monetarios por valor de más de 10.000 dólares. Es perfectamente legal llevar más de esta cantidad, pero el no declararla puede ocasionar multas, penas de prisión que no excedan cinco años o el decomiso.

  • Formulario de cuenta de banco en el extranjero: se presenta por cualquiera que controle más de 10.000 dólares en una cuenta de banco extranjero durante el año.

Todos estos informes ayudan a los investigadores a "seguir la pista del dinero". La Red de Aplicación de las Leyes contra los Delitos Financieros (FinCEN), establecida por orden del Departamento del Hacienda en 1990 para prestar apoyo analítico a los organismos de ejecución de la ley, se encarga ahora también de mantener estos registros. En algunas ocasiones, se han ajustado los requisitos de declaración para recoger información valiosa sin generar un aluvión de informes innecesarios.

Con la presentación de estos informes, las instituciones financieras ayudan a las autoridades encargadas de la ejecución de la ley en su lucha contra el lavado de dinero. Por otra parte, estos formularios son onerosos para estas instituciones y sus clientes legítimos. La FinCEN estima que los costos de presentación de informes y mantenimiento de registros relativos al cumplimiento de la BSA en 1999 ascendieron a 109 millones de dólares, sin incluir los costos de formación y supervisión de personal, modificación de programas informáticos para poder cumplir las normas y las molestias ocasionadas a los clientes legítimos. Preocupa también el hecho de que una parte desproporcionada de estos costos pueda recaer sobre las instituciones más pequeñas.

Además, también se ha cuestionado la eficacia de los formularios. El ex gobernador de la Reserva Federal, Larry Lindsey, ha señalado que entre 1987 y 1996 los bancos presentaron 77 millones de informes de transacciones en moneda; estos informes sólo dieron lugar a 3.000 causas por lavado de dinero, en las que 7.300 personas fueron acusadas, pero sólo 580 convictas. En honor de la verdad, además de los 580 veredictos de culpabilidad, el Departamento de Justicia consiguió que 2.295 acusados se declararan culpables, lo que supone un 40 por ciento de los casos. Los reguladores de la banca y los representantes de los organismos de ejecución de la ley defienden la aplicación de la BSA y alegan que su finalidad no fue nunca la de conseguir enjuiciamientos, y que la Junta de la Reserva Federal continúa apoyándola.

EL CICLO MUNDIAL DE LA ROTACIÓN RÁPIDA

En el sistema financiero mundial en evolución se pueden mover fondos instantáneamente de un país a otro, lo que hace aún más urgente la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero. En 1989, los países del G-7 establecieron un Grupo de acción Financiera para formular estrategias contra el lavado de dinero. Un año después, el Grupo de Acción redactó sus "Cuarenta Recomendaciones", por las que se exige a los países miembros prestarse asistencia mutua en investigaciones de lavado de dinero, evitar promulgar leyes de secreto que entorpezcan esas investigaciones, declarar delito el lavado de dinero y dar cuenta de las transacciones sospechosas.

Aunque el Grupo de Acción reúne a los principales centros financieros de América del Norte, Europa y Asia, muchos países todavía no participan en él. En junio de 2000 el grupo publicó una lista de 15 países con "graves problemas sistémicos". En julio, los ministros de Hacienda de los países del G-7 establecieron un plan para persuadir a esos países a cooperar, al tiempo que los amenazaban con impedirles el acceso al sistema bancario internacional, así como a los préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a menos que combatieran más enérgicamente el lavado de dinero. Además, se advertirá a las instituciones financieras privadas de los países del G-7 que las transacciones con determinados países serán objeto de intenso escrutinio.

EL PAPEL DE LA RESERVA FEDERAL

Pese a que la Reserva Federal no es un organismo de ejecución de la ley, se ocupa activamente de impedir el uso de las instituciones financieras con fines de lavado dinero. Como parte de sus actividades realiza inspecciones de los bancos para verificar su observancia de BSA, elabora directrices contra el lavado de dinero, y comparte su experiencia con funcionarios de ejecución de la ley de Estados Unidos así como diversos bancos centrales y organismos gubernamentales extranjeros. Las organizaciones financieras y sus empleados están considerados como la mejor defensa contra el lavado de dinero y la Reserva Federal pone de relieve la importancia de los bancos en el establecimiento de controles para protegerse a sí mismos y a sus clientes de las actividades ilícitas. En cada examen que supervisa la Reserva Federal verifica el cumplimiento por el banco de la BSA. Cualquier indicio de deficiencia, como capacitación o controles internos inadecuados, da como resultado una segunda inspección, que es aún más rigurosa.

La Reserva Federal ha venido promoviendo el concepto de "diligencia debida ampliada". Con arreglo a esta norma, a los bancos que hayan tenido problemas se les exigirá firmar acuerdos para asegurar el cumplimiento futuro. Estos acuerdos están diseñados para asegurar razonablemente la identificación e información oportuna, precisa y completa a las autoridades supervisoras y encargadas de la ejecución de la ley, de cualquier actividad sospechosa contra el banco o que tenga que ver con él.

CONSIDERACIONES FUTURAS

Dos acontecimientos merecen especial atención. En primer lugar, la ampliación de los sistemas de pago por Internet para facilitar las transacciones electrónicas. Con algunos de esos sistemas se trata de permitir a los usuarios mantener el mismo anonimato que ofrece la moneda.

La rapidez de las transferencias electrónicas, junto con el anonimato que ofrece el dinero efectivo, constituiría un poderoso atractivo para quienes desean lavar dinero. Si bien éste podría ser un motivo de inquietud para los encargados de la ejecución de la ley, el dinero electrónico actual no alcanza el gran volumen de transacciones legítimas esenciales necesario para ofrecer una cobertura a las transacciones delictivas. Además, quienes desean lavar dinero no se sienten atraídos por los últimos métodos electrónicos, en los que los límites de saldo son bajos y las transacciones pueden ser objeto de auditoría.

En segundo lugar, la legislación propuesta concedería al Departamento de Hacienda amplios poderes para combatir el lavado de dinero, en particular la facultad de prohibir las transacciones financieras entre centros financieros extraterritoriales y bancos o casas de cambio de Estados Unidos. Actualmente, el departamento carece de autoridad para impedirles a entidades financieras de Estados Unidos realizar transacciones comerciales en países que supuestamente toleran el lavado de dinero; sólo puede pedirle al Congreso que imponga sanciones de urgencia a los países considerados amenazas de seguridad. El Departamento de Hacienda emite avisos de advertencia a los bancos en relación con el dinero de instituciones extranjeras que infringen repetidamente las normas aceptadas, pero esas advertencias no tienen fuerza de ley.

En resumen, a lo largo de los últimos 30 años los legisladores estadounidenses han aprobado una gran variedad de leyes nacionales con el propósito de forjar los instrumentos de ejecución de la ley que necesitan para combatir las ingeniosas y siempre nuevas técnicas de lavado de dinero diseñadas para burlar la ley más reciente. Como organismo regulador de la banca, la Reserva Federal tiene una importante función de apoyo en la lucha contra el lavado de dinero. Dado el carácter mundial de las operaciones de lavado de dinero, el reciente aumento de la cooperación internacional es un acontecimiento prometedor. Por supuesto, en nuestro celo por aprehender a los delincuentes no debemos olvidar ponderar los beneficios de la legislación y la reglamentación contra los costos que imponen a las instituciones financieras y a sus clientes

1 Por Paul Bauer, asesor económico, y Rhoda Ullman, ayudante de investigaciones, Banco de la Reserva Federal de Cleveland. Bauer es asesor económico y Ullman, investigadora adjunta del banco

Fuente Departamento de Estado USA


Las consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito Financiero - John McDowell y Gary Novis 2

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, dicen dos funcionarios del Departamento de Estado
Esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas, agregan
Dadas las ventajas tecnológicas que emplean actualmente quienes lavan dinero, dicen McDowell y Novis, se requiere un alto nivel de cooperación internacional para tenerlos a raya

El lavado de dinero es la forma en que el delincuente trata de asegurarse de que, al final de cuentas, el delito pague. Este requisito demanda que los delincuentes, bien sea narcotraficantes, delincuentes organizados, terroristas, traficantes de armas, chantajistas o estafadores con tarjetas de crédito, disfracen el origen de su dinero ilegal para evitar que sea detectado y que se les enjuicie cuando lo utilizan.

El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada. Los esfuerzos para combatirlo, que tienen por objeto impedir o limitar el desarrollo de la capacidad de los delincuentes de utilizar ganancias mal obtenidas, son un componente tan básico como eficaz de la lucha contra el delito.

El lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples para disfrazar el origen de los ingresos financieros de tal manera que los delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos. Dichas transacciones generalmente tienen tres etapas:

  1. colocación de las ganancias en instituciones financieras (mediante depósitos, giros cablegráficos y otros medios);

  2. estratificación (distanciar de su origen las ganancias procedentes de actividades ilícitas por medio de varias capas de transacciones financieras complejas) y,

  3. integración (el proceso de emplear una transacción aparentemente legítima para disfrazar ganancias ilícitas). Mediante estos procesos el delincuente trata de transformar los beneficios monetarios derivados de actividades ilícitas en fondos con un origen aparentemente legal.

El lavado de dinero tiene potencialmente consecuencias devastadoras económicas y sociales, así como para la seguridad; es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente el alcance internacional del delito va en aumento y los aspectos financieros de éste son más complejos debido al rápido avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros.

Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, permiten también a los delincuentes ordenar el traslado de millones de dólares instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben señales de satélites. Debido a que el lavado de dinero depende hasta cierto punto de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación. El dinero se lava por intermedio de las casas de cambio de moneda, casas de corretaje de bolsa, comerciantes en oro, casinos, vendedores de automóviles, compañías de seguros y sociedades mercantiles. Los servicios de transacciones bancarias privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, todos pueden encubrir actividades ilícitas. Al hacerlo, los delincuentes manipulan los sistemas financieros en Estados Unidos y el exterior.

El lavado de dinero desenfrenado puede erosionar la integridad de las instituciones financieras de un país. Debido al alto grado de integración de los mercados de capital, esta actividad puede también afectar adversamente las monedas y las tasas de interés. Finalmente, el dinero lavado fluye hacia los sistemas financieros mundiales, donde puede socavar las economías y monedas nacionales. Por tanto, el lavado de dinero no es sólo un problema de aplicación de la ley, representa también una grave amenaza a la seguridad nacional e internacional.

VULNERABILIDAD DE LOS MERCADOS EN DESARROLLO

El lavado de dinero es un problema no solamente en los principales mercados financieros y centros extraterritoriales del mundo, sino en los mercados en desarrollo. De hecho, todo país integrado en el sistema financiero internacional corre peligro. A medida que los mercados en desarrollo abren sus economías y sectores financieros, llegan a ser progresivamente blancos viables de esta actividad.

Los esfuerzos intensificados de las autoridades de los principales mercados financieros y en muchos centros financieros extraterritoriales, para combatir esta actividad ofrecen un incentivo más para que los delincuentes trasladen sus actividades a los mercados en desarrollo. Hay pruebas, por ejemplo, de envíos transnacionales crecientes de dinero en efectivo hacia mercados que tienen sistemas deficientes para detectar y registrar la colocación de dinero en efectivo en el sistema financiero, así como una inversión creciente por grupos de delincuentes organizados en bienes raíces y otros negocios en los mercados en desarrollo. Desafortunadamente, los efectos negativos del lavado de dinero tienden a magnificarse en estos mercados.

Un examen detenido de algunos de estos efectos negativos, tanto en el campo microeconómico como en el macroeconómico, ayuda a explicar por qué el lavado de dinero es una amenaza tan compleja, especialmente en los mercados en desarrollo.

EFECTOS ECONÓMICOS DEL LAVADO DE DINERO

Uno de los efectos microeconómicos más graves del lavado de dinero se hace sentir en el sector privado. A menudo, quienes lo practican emplean compañías de fachada que mezclan las ganancias de actividades ilícitas con fondos legítimos, para ocultar ingresos mal habidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la delincuencia organizada ha utilizado pizzerías para encubrir ganancias procedentes del tráfico de heroína. Estas compañías de fachada tienen acceso a fondos ilícitos considerables, lo que les permite subvencionar sus artículos y servicios a niveles por debajo de los precios del mercado.

En algunos casos las compañías de fachada pueden ofrecer productos a precios por debajo del costo de fabricación. Por consiguiente, estas compañías tienen una ventaja competitiva sobre las compañías legítimas que obtienen sus fondos en los mercados de capital. Ello hace difícil, si no imposible para los negocios legítimos competir con las compañías de fachada de financiación subvencionada, situación que puede tener como resultado que las organizaciones delictivas desplacen negocios en el sector privado.

Es obvio que los principios de administración de estas empresas ilícitas no son consecuentes con los principios tradicionales de libre mercado de los negocios legítimos, lo que resulta en más efectos negativos macroeconómicos.

Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros: Las instituciones financieras que dependen de ganancias ilícitas tienen otra tarea difícil en la administración acertada de sus bienes, obligaciones y operaciones. Por ejemplo, grandes sumas de dinero lavado pueden llegar a una institución financiera y luego desaparecer repentinamente, sin aviso, mediante traslados telegráficos ocasionados por factores fuera del mercado, tales como operaciones de aplicación de la ley. Ello puede presentar problemas de liquidez y pánico bancario.

De hecho, varias quiebras bancarias en todo el mundo se han atribuido a la actividad delictiva, incluyendo la quiebra del primer banco Internet, el Banco de la Unión Europea. Por otra parte, algunas crisis financieras de los años 90 tenían importantes componentes de delito o fraude, tales como el escándalo de fraude, lavado de dinero y soborno del BCCI y en 1995 el desplome del Banco Barings cuando se desintegró un arriesgado plan de transacciones en derivados que estaba manejado por un agente en una subsidiaria.

Pérdida del control de la política económica: Michael Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, ha calculado la magnitud del lavado de dinero entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto del mundo, o aproximadamente 600.000 millones de dólares, por lo bajo. En algunos países de mercados en desarrollo es posible que estas ganancias ilícitas empequeñezcan los presupuestos gubernamentales, con el resultado de que los gobiernos pierden el control de la política económica. De hecho, en algunos casos, la magnitud misma de la base acumulada de bienes de las ganancias lavadas puede emplearse para acaparar el mercado o monopolizar las pequeñas economías.

El lavado de dinero también puede afectar adversamente las monedas y las tasas de interés cuando sus practicantes reinvierten los fondos donde sus planes tienen menos posibilidad de ser detectados, en lugar de hacerlo donde la tasa de rendimiento es más elevada. El lavado de dinero puede acrecentar la amenaza de la inestabilidad monetaria debido a la distribución inadecuada de recursos ocasionada por la distorsión artificial de los precios de bienes y productos básicos.

En suma, el lavado de dinero y el delito financiero pueden tener como resultado cambios inexplicables en la demanda monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio. La naturaleza imposible de predecir de esta actividad, aunada a la inherente pérdida del control de la política, pueden hacer difícil establecer una política económica atinada.

Distorsión económica e inestabilidad: Los que lavan dinero no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus ganancias. Por tanto, "invierten" sus fondos en actividades que no necesariamente rinden beneficios económicos para el país donde están los fondos. Además, según sea el grado en que el lavado de dinero y el delito financiero desvían los fondos, de inversiones sólidas hacia inversiones de baja calidad que ocultan las ganancias, el crecimiento económico se afectará. En algunos países, por ejemplo, se han financiado industrias completas, como la de la construcción o la hotelera, no debido a una demanda real, sino al interés a corto plazo de los dueños del dinero lavado. Cuando estas industrias ya no les interesan, las abandonan, lo que causa el desplome de estos sectores y un daño inmenso a las economías que mal pueden darse el lujo de tales pérdidas.

Pérdida de rentas públicas: El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudican indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos. Esta pérdida de rentas públicas generalmente significa tasas de impuestos más elevadas de lo que sería si las ganancias del delito, que no pagan impuestos, fueran legítimas.

Riesgos para los esfuerzos de privatización: El lavado de dinero amenaza los esfuerzos de muchos estados para introducir reformas en sus economías mediante la privatización. Las organizaciones delictivas tienen los medios económicos para hacer una mejor oferta que la de los compradores legítimos por empresas de propiedad del estado. Además, aunque las iniciativas de privatización son a menudo económicamente beneficiosas, también pueden servir de vehículo al lavado de fondos. En ocasiones anteriores, los delincuentes han podido comprar marinas, lugares de veraneo, casinos y bancos para ocultar sus ganancias ilícitas y favorecer sus actividades.

Riesgo para la reputación: Los países no pueden darse el lujo de manchar su buen nombre y el de sus instituciones financieras con su relación con el lavado de dinero, especialmente en la economía mundial actual. La confianza en los mercados y la importante función económica que cumplen las utilidades las erosionan el lavado de dinero y los delitos financieros, como el lavado de ganancias ilícitas, el fraude financiero generalizado, la especulación bursátil que saca ventaja de la información interna y los desfalcos. El mal nombre a que dan lugar estas actividades disminuye las oportunidades mundiales lícitas y el crecimiento sostenible, en tanto que atrae a las organizaciones delictivas internacionales con reputaciones indeseables y metas de corto plazo. El resultado puede ser la disminución del desarrollo y el crecimiento económico. Además, cuando un país adquiere mala reputación financiera es muy difícil borrarla y se requieren recursos gubernamentales considerables para solucionar un problema que pudo evitarse con medidas apropiadas contra el lavado de dinero.

COSTO SOCIAL

Existen costos y riesgos sociales considerables relacionados con el lavado de dinero. Esta actividad es un proceso vital para que el delito rinda beneficios. Permite a los narcotraficantes, los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de cuidado de salud (por ejemplo, el tratamiento de la adicción a drogas) para combatir las graves consecuencias que ocurren.

Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de dinero traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. En resumen, vuelve del revés el viejo refrán de que el crimen no paga.

Además, la magnitud misma del poder económico que acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre todos los elementos de la sociedad. En casos extremos, puede llevar a un apoderamiento virtual del gobierno legítimamente establecido.

En general, el lavado de dinero representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial. Ciertamente, la naturaleza mundial de esta actividad requiere pautas mundiales y cooperación internacional con el fin de reducir la capacidad de los delincuentes para lavar sus ganancias y llevar a cabo sus actividades delictivas

2 John McDowell, asesor principal de política, y Gary Novis, analista de programas, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado

Fuente Departamento de Estado USA


La Inútil Guerra Contra el Lavado de Dinero - Richard W. Rahn

Los criptógrafos financieros son los nuevos héroes del día a día porque gracias a sus esfuerzos aumenta el bienestar económico de la gente en todas partes del mundo y, más importante aún, lo hacen preservando su libertad.

Los funcionarios gubernamentales insisten que el lavado del dinero es un delito terrible y a cada rato leemos en la prensa sobre nuevas imposiciones y reglas en contra del lavado. Pero, exactamente, ¿en qué consiste tal delito?

Si usted dudó en contestar la anterior pregunta es porque comprende el problema. El lavado de dinero es difícil de definir porque no es un delito como matar, robar o violar, donde está muy clara la maldad del acto. De hecho, el lavado de dinero ha sido ilegal en Estados Unidos sólo desde 1986 y no es ilegal en todas partes.

Hay un número infinito de maneras de lavar dinero y los “lavadores” sofisticados conocen bien las reglas y regulaciones, lo mismo que el tipo de información a que los institutos financieros deben hacerle seguimiento y reportar. Por eso, el comportamiento de los lavadores cambia inmediatamente que cambian las reglas y regulaciones.

Generalmente se entiende como lavado de dinero la práctica de transferir ganancias mal habidas a través de varias cuentas bancarias para que aparenten ser ganancias de una actividad legítima. Institutos, personas e inclusive gobiernos que se consideren estar ayudando el lavado de dinero pueden ser acusados y condenados, aunque ignoren que el dinero que ayudaron a transferir proviene de actividades delictivas. Eso tiene tanta lógica como condenar a un fabricante de automóviles porque alguien utilizó un vehículo de su marca para cometer un crimen o a la compañía de teléfono porque algún delincuente usa el teléfono en un secuestro.

Las instituciones financieras están obligadas a “conocer a su cliente”, lo cual quiere decir que tienen que asegurarse que sus clientes no estén haciendo nada ilegal, lo cual es una misión imposible.

Nos aseguran que tenemos que acabar con el lavado de dinero para combatir el terrorismo, el narcotráfico, la evasión de impuestos, etc. Pero si vemos los resultados de esa guerra contra el lavado de dinero nos damos cuenta que ha fracasado en alcanzar sus objetivos, resultando exageradamente costosa no sólo en dinero sino en violación de las libertades civiles, incluyendo el derecho a la privacidad.

Como prevención de terrorismo no ha funcionado, entre otras cosas porque los terroristas necesitan transferir cantidades relativamente pequeñas de dinero que no son detectadas y a menudo se escudan tras alguna ONG con un nombre inocente.

Más frecuentemente se dice que las medidas contra el lavado son necesarias para combatir el narcotráfico. Según el gobernador de Nuevo México, Gary Johnson, “el presupuesto antidrogas en 1980 fue de 1.000 millones de dólares. Para el año 2000 había aumentado a casi $20 mil millones, mientras los estados gastaban al menos lo mismo. Sin embargo, las investigaciones del gobierno federal indican que las drogas son ahora más baratas, más puras y más fáciles de conseguir que antes”.

Quienes claman por la despenalización del consumo de drogas no niegan que estas le hacen mucho daño a la sociedad, sino que la guerra contra las drogas y contra el lavado de dinero hace aún más daño.

El dinero confiscado por las autoridades es menos del 1% del monto que el gobierno estima es lavado cada año. Y la razón es que lavar dinero es más fácil que introducir drogas de contrabando. Y la única manera de ganar la guerra contra las drogas es reduciendo el consumo, lo cual es un reto educacional, no policial.

En América Latina se han disparado los secuestros, especialmente en Colombia, en gran parte debido a que la gente tiene crecientes dificultades en esconder su patrimonio de los secuestradores potenciales, funcionarios corrompidos y demás delincuentes debido a las leyes contra el lavado. El crimen organizado se originó en Estados Unidos durante la Prohibición contra el consumo de licores. Lo que actualmente sucede es un caso clásico de la policía creando mayor demanda por sus servicios, inventando nuevos delitos, lo cual a su vez crea una nueva industria delictiva para evadir esas leyes.

Lawrence Lindsey, principal asesor económico del presidente Bush, ha sido uno de los mayores críticos de la actual guerra contra el lavado, diciendo: “entre 1987 y 1995, el gobierno recolectó 77 millones de informes sobre transacciones, o sea unas 62 toneladas de papel. Con todo eso logró llevar a juicio 3 mil casos de lavado. Más o menos un caso por cada 25 mil informes... y se lograron apenas 580 veredictos de culpabilidad. En otras palabras, más de 100 mil informes fueron presentados por gente inocente para lograr cada condena. Esa proporción de 99.999 a 1 normalmente no se toleraría como un equilibrio razonable entre la privacidad y el fallo de culpabilidad”.

Thomas Jefferson mantenía que “cuando el gobierno le teme a la gente, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía”


GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales)

Introducción

El  GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.

El GAFI está actualmente integrado por 29 países (1) y dos organismos internacionales (2). Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y del Sur, y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas.

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países. Las Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990. En 1996, las cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los últimos seis años y los cambios experimentados en materia de blanqueo de capitales (3)

Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo tanto, las Recomendaciones constituyen los principios de acción en materia de blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar.

Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico.

Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas. La aplicación de las cuarenta Recomendaciones por parte de los países miembros se supervisa a través de un doble enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y un proceso más detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto a un examen sobre el terreno. Además, el GAFI realiza exámenes horizontales de las medidas adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones.

Estas medidas son esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra el blanqueo de capitales.

1 La referencia hecha a " países" en este documento debe entenderse como aplicada también a " territorios" o " jurisdicciones" . Los veinte y nueve países y gobiernos miembros del GAFI son: Alemania; Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; Dinamarca; España; Estados Unidos; Finlandia; Francia; Grecia; Hong Kong, China; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Luxemburgo; México; Noruega; Nueva Zelanda; Reino de los Países Bajos; Portugal; Reino Unido; Singapur; Suecia; Suiza y Turquía.

2 Los dos organismos internacionales son: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

3 Entre 1990 y 1995, el GAFI elaboró también varias Notas Interpretativas que tienen por objeto aclarar la aplicación de determinadas Recomendaciones. Algunas de estas Notas Interpretativas han sido actualizadas en el marco de la Revisión de las Recomendaciones para indicar los cambios introducidos en las Recomendaciones. El 2 de julio de 1999, el GAFI adoptó una nueva Nota Interpretativa relativa a la Recomendación 15.

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES

A. MARCO LEGAL DE LAS RECOMENDACIONES

Recomendación 1
Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Convención de Viena).

Recomendación 2
Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las Recomendaciones.

Recomendación 3
Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales debería incluir una mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales, así como en procedimientos de extradición, cuando sea posible

B. PAPEL DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales

Recomendación 4
Cada país debería tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para poder tipificar como delito el blanqueo de capitales tal y como se prevé en la Convención de Viena. Cada país debería ampliar el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de delitos graves. Cada país determinaría qué delitos graves deben ser considerados como delitos subyacentes al blanqueo de capitales.

Recomendación 5
De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del blanqueo de capitales debería aplicarse al menos a las actividades intencionales de blanqueo, entendiendo que el elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas.

Recomendación 6
En la medida de lo posible, las empresas mismas, y no sólo sus empleados, deberían estar sujetas a responsabilidad penal.

Medidas provisionales y decomiso

Recomendación 7
Los países deberían adoptar, en caso necesario, medidas similares a las previstas en la Convención de Viena, entre ellas las legislativas, para que sus autoridades competentes puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los instrumentos utilizados, o que se pensaba utilizar, en la comisión de cualquier delito de blanqueo de capitales, o bienes de valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Estas medidas deberían permitir: 1) identificar, localizar y evaluar los bienes objeto de decomiso; 2) adoptar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el embargo, para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, y 3) adoptar las medidas de investigación pertinentes.

Además del decomiso y de las sanciones penales, los países deberían contemplar también sanciones económicas y civiles, y/o procedimientos judiciales, incluyendo los de tipo civil, con objeto de anular los contratos concluidos entre las partes, cuando éstas sabían o deberían haber sabido que el contrato dañaría la capacidad del Estado para conseguir reclamaciones económicas a través, por ejemplo, del decomiso o la imposición de multas y otras sanciones.

PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Recomendación 8
Las Recomendaciones 10 a 29 deberían aplicarse no solamente a los bancos, sino también a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las instituciones financieras no bancarias que no están supervisadas en todos los países, por ejemplo, las oficinas de cambio, los gobiernos deberían asegurar que dichas instituciones estén sujetas a las mismas leyes y reglamentos contra el blanqueo de capitales que las demás instituciones financieras y que esas leyes y reglamentos se aplican eficazmente.

Recomendación 9
Las autoridades nacionales competentes deberían considerar aplicar las Recomendaciones 10 a 21 y 23 al ejercicio de actividades financieras por empresas o profesiones que no son instituciones financieras, cuando tal ejercicio está autorizado o no prohibido. Las actividades financieras comprenden, entre otras, las enumeradas en el anexo adjunto. Corresponde a cada país decidir si determinadas situaciones estarán excluídas de la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales, por ejemplo, cuando una actividad financiera se lleve a cabo ocasionalmente o de forma limitada. (Ver Anexo sobre actividades financieras)

Reglas de identificación del cliente y de conservación de documentos

Recomendación 10
Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con nombres manifiestamente ficticios: deberían estar obligadas (por leyes, reglamentos, acuerdos con las autoridades de supervisión o acuerdos de autorregulación entre las instituciones financieras) a identificar, sobre la base de un documento oficial o de otro documento de identificación fiable, a sus clientes ocasionales o habituales, y a registrar esa identificación cuando entablen relaciones de negocios o efectúen transacciones (en particular, la apertura de cuentas o libretas de ahorro, la realización de transacciones fiduciarias, el alquiler de cajas fuertes o la realización de transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo).

Con el fin de cumplir con los requisitos de identificación relativos a las personas jurídicas, las instituciones financieras, cuando sea necesario, deberían tomar las siguientes medidas:

a) Comprobar la existencia y estructura jurídicas del cliente, obteniendo del mismo o de un registro público, o de ambos, alguna prueba de su constitución como sociedad, incluída la información relativa al nombre del cliente, su forma jurídica, su dirección, los directores y las disposiciones que regulan los poderes para obligar a la entidad.

b) Comprobar que las personas que pretenden actuar en nombre del cliente están debidamente autorizadas, e identificar a dichas personas.

Recomendación 11
Las instituciones financieras deberían tomar medidas razonables para obtener información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se abre una cuenta o se realiza una transacción, siempre que existan dudas de que esos clientes podrían no estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el caso de las empresas domiciliarias (es decir, instituciones, sociedades, fundaciones, fideicomisos, etc., que no se dedican a operaciones comerciales o industriales, o a cualquier otra forma de actividad comercial en el país donde está situado su domicilio social).

Recomendación 12
Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir reconstruir las diferentes transacciones (incluidas las cantidades y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de proporcionar, si fuera necesario, las pruebas en caso de procesos por conductas delictivas.

Las instituciones financieras deberían conservar, al menos durante cinco años, registro de la identificación de sus clientes (por ejemplo, copia o registro de documentos oficiales de identificación como pasaportes, tarjetas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los expedientes de clientes y la correspondencia comercial, al menos durante cinco años después de haberse cerrado la cuenta.

Estos documentos deberían estar a disposición de las autoridades nacionales competentes, en el contexto de sus procedimientos y de sus investigaciones penales pertinentes.

Recomendación 13
Los países deberían prestar especial atención a las amenazas de blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo, que pudieran favorecer el anonimato y tomar medidas, en caso necesario, para impedir su uso en los sistemas de blanqueo de capitales.

Mayor diligencia de las instituciones financieras

Recomendación 14
Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las operaciones complejas, a las inusualmente grandes, y a todas las modalidades no habituales de transacciones, que no tengan una causa económica o lícita aparente. En la medida de lo posible, deberían examinarse los antecedentes y fines de dichas transacciones; los resultados de ese examen deberían plasmarse por escrito y estar a disposición de los supervisores, de los auditores de cuentas y de las autoridades de prevención y represión.

Recomendación 15
Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una actividad delictiva, deberían estar obligadas a informar rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.

Recomendación 16
Las instituciones financieras, sus directores y empleados deberían estar protegidos por disposiciones legislativas de toda responsabilidad civil o penal, por violación de las normas de confidencialidad, impuestas por contrato o por disposiciones legislativas reglamentarias o administrativas, cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las autoridades competentes, aun cuando no sepan precisamente cuál es la actividad delictiva en cuestión, y aunque dicha actividad no hubiese ocurrido realmente.

Recomendación 17
Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o no debería autorizarse que les avisasen, cuando hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.

Recomendación 18
Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

Recomendación 19
Las instituciones financieras deberían elaborar programas contra el blanqueo de capitales incluyendo, como mínimo, lo siguiente:

a) Procedimientos y controles internos comprendiendo el nombramiento de las personas responsables a nivel de dirección y los procedimientos adecuados de selección de empleados para asegurar que ésta se realiza de acuerdo con criterios exigentes.

b) Un programa continuo de formación de los empleados.

c) Un sistema de control interno para verificar la eficacia del sistema.

Medidas para hacer frente al problema de los países cuyas disposiciones contra el blanqueo de dinero son insuficientes o inexistentes

Recomendación 20
Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios mencionados anteriormente se aplican también a sus sucursales y filiales situadas en el extranjero, especialmente en los países donde estas Recomendaciones no se aplican o se hace de modo insuficiente, en la medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos locales. Cuando dicho ordenamiento se oponga a la aplicación de esos principios, las instituciones financieras deberían informar a las autoridades competentes del país donde esté situada la institución matriz que no puede aplicar estas Recomendaciones.

Recomendación 21
Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones de negocios y a las transacciones con personas físicas y jurídicas, incluidas las empresas e instituciones financieras residentes en países que no aplican estas Recomendaciones, o que lo hacen de forma insuficiente. Cuando estas transacciones no tengan una causa lícita o económica aparente, deberá examinarse su trasfondo y fines, en la medida de lo posible; los resultados de este examen deberían plasmarse por escrito y estar disponibles para ayudar a los supervisores, a los auditores y a las autoridades de prevención y represión.

Otras medidas para evitar el blanqueo de capitales

Recomendación 22
Los países deberían considerar la adopción de medidas viables para detectar o vigilar el transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, siempre que el uso de esa información se limite estrictamente y no se restrinja de ninguna manera la libertad de los movimientos de capital.

Recomendación 23
Los países deberían estudiar la viabilidad y utilidad de un sistema en el que los bancos y otras instituciones financieras e intermediarios declararían todas las transacciones de moneda nacionales e internacionales por encima de un determinado umbral, a un organismo central nacional que disponga de una base de datos informatizada a la que tengan acceso las autoridades competentes en materia de blanqueo de capitales, y cuya utilización esté estrictamente limitada.

Recomendación 24
Los países deberían promover de forma general el desarrollo de técnicas modernas y seguras de gestión de fondos, incluyendo un mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos y anotación en cuenta de operaciones de valores, con objeto de estimular la sustitución de los pagos en efectivo.

Recomendación 25
Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso abusivo de las sociedades ficticias por los autores de operaciones de blanqueo y deberían considerar si hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso ilícito de dichas entidades.

Creación y papel de las autoridades reguladoras y de otras autoridades administrativas
Recomendación 26
Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras instituciones o intermediarios financieros, u otras autoridades competentes, deberían asegurarse de que las instituciones supervisadas tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capitales. Esas autoridades deberían cooperar y aportar sus conocimientos específicos, bien de forma espontánea o bien previa solicitud, a otras autoridades nacionales judiciales o de detección y represión en las investigaciones y procesos relativos a blanqueo de capitales.

Recomendación 27
Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicación eficaz de todas las Recomendaciones, a través de regulación y supervisión administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo, en los términos definidos en cada país.

Recomendación 28
Las autoridades competentes deberían establecer directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus clientes. Dichas directrices deberán evolucionar con el tiempo y no tendrán carácter exhaustivo. Además, dichas directrices se utilizarán principalmente, para formar al personal de las instituciones financieras.

Recomendación 29
Las autoridades competentes que regulan o supervisan a las instituciones financieras deberían tomar las medidas legales o reglamentarias necesarias para evitar que delincuentes o sus cómplices tomen el control o adquieran participaciones significativas en las instituciones financieras.

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
Intercambio de información de carácter general

Recomendación 30
Las administraciones nacionales deberían considerar registrar, al menos de forma conjunta, los flujos internacionales de dinero en efectivo en cualquier tipo de moneda, de modo que, combinando esos datos con los de otras fuentes extranjeras y con las informaciones que poseen los Bancos centrales, puedan hacerse estimaciones de los flujos de dinero en efectivo entre las partes. Dicha información debería ponerse a disposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales para facilitar los estudios internacionales.

Recomendación 31
Las autoridades internacionales competentes, tal vez Interpol y la Organización Aduanera Mundial, deberían estar facultadas para recopilar y divulgar, a las autoridades competentes, información acerca de la evolución reciente en materia y técnicas de blanqueo de capitales. Los bancos centrales y los reguladores bancarios podrían hacer lo mismo dentro del sector que les compete. Las autoridades nacionales de distintos sectores, con la participación de las asociaciones profesionales, podrían divulgar esa información entre las instituciones financieras en cada país.

Intercambio de información relativa a transacciones sospechosas

Recomendación 32
Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio internacional, espontáneo o "previa solicitud", entre las autoridades competentes, de la información relativa a las transacciones, personas o empresas involucradas en transacciones sospechosas. Deberían establecerse estrictas garantías para asegurar que ese intercambio de información respete las disposiciones nacionales e internacionales sobre derecho a la intimidad y protección de datos.

OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN
Base y medios para la cooperación en materia de decomiso, asistencia mutua y extradición

Recomendación 33
Los países deberían tratar de asegurar, sobre una base bilateral o multilateral, que los diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones nacionales respecto al conocimiento del acto cometido, es decir, los criterios diferentes sobre el elemento intencional de la infracción, no afecten la capacidad o disposición de los países para prestarse asistencia legal mutua.

Recomendación 34
La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes, con el objeto de ofrecer medidas prácticas que se apliquen a la asistencia mutua con la mayor amplitud posible.

Recomendación 35
Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios internacionales pertinentes sobre blanqueo de capitales, tales como la Convención del Consejo de Europa de 1990 sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación y decomiso del producto de delitos.

Pautas para mejorar la asistencia mutua en cuestiones de blanqueo de capitales

Recomendación 36
Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones entre las autoridades competentes de los diversos países. En este sentido, una técnica válida y eficaz consiste en la entrega vigilada de bienes que se sabe o sospecha que son producto de un delito. Se alienta a los países a apoyar esta técnica, cuando sea posible.

Recomendación 37
Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en cuestiones penales relativas al uso de medidas coercitivas, incluyendo la presentación de documentos por parte de las instituciones financieras y otras personas, el registro de personas y locales, el embargo y la obtención de pruebas para usarlas en las investigaciones y los enjuiciamientos de blanqueo de capitales, y en procedimientos conexos ante las jurisdicciones extranjeras.

Recomendación 38
Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la solicitud de otros países de identificación, congelación, incautación y decomiso del producto u otros bienes de valor equivalente a dicho producto, basándose en el blanqueo de capitales o los delitos subyacentes de esa actividad. Asimismo, debería haber acuerdos para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso de forma que se puedan compartir los bienes decomisados.

Recomendación 39
Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la posibilidad de elaborar y aplicar mecanismos para determinar cuál sería, en interés de la justicia, la jurisdicción más adecuada para juzgar a los acusados en las causas que estén sujetas a enjuiciamiento en más de un país. Asimismo, deberían existir medidas para coordinar los procedimientos de incautación y decomiso, pudiendo incluir el reparto de los bienes decomisados.

Recomendación 40
Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar, cuando sea posible, a los acusados de delitos de blanqueo de capitales o delitos conexos. Sin perjuicio de su ordenamiento jurídico, cada país debería tipificar el blanqueo de capitales como delito extraditable. Siempre que su ordenamiento jurídico lo permita, los países podrían considerar la simplificación de las extradiciones al permitir la transmisión directa de las solicitudes de extradición entre los ministerios afectados, extraditando a las personas en base solamente a órdenes de detención o sentencias, extraditando a sus nacionales y/o aplicando la extradición simplificada de personas que consientan en renunciar a los procedimientos oficiales de extradición.

Anexo a la Recomendación 9: Lista de Actividades Financieras realizadas por Empresas o Profesionales que no son Instituciones Financieras

1. Recepción de depósitos y otros fondos reembolsables del público.
2. Préstamos *
3. Arrendamiento financiero.
4. Servicios de transferencia de dinero.
5. Emisión y gestión de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito y débito, cheques, cheques
de viaje, cartas de crédito...).
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos.
7. Negociación por cuenta de clientes (al contado, a plazo, swaps, futuros, opciones...) en:-(
a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.);
(b) mercados de cambios;
(c) instrumentos sobre divisas, tipos de interés, o índices;
(d) valores negociables;
(e) futuros de materias primas.
8. Participaciones en emisiones de valores y prestaciones de los servicios financieros
correspondientes.
9. Gestión individual y colectiva de patrimonios.
10. Custodia y administración de dinero o de valores negociables, en nombre de clientes.
11. Seguros de vida y otros seguros relacionados con inversiones.
12. Cambio de moneda.
* Comprenden en especial,
- crédito al consumo;
- crédito hipotecario;
- "Factoring" con o sin recurso;
- financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").

Recomendación 4
Los países deberían considerar la introducción de un delito de blanqueo de capitales basado en todas las infracciones graves y/o en aquellas que producen una cantidad importante de dinero.10

Recomendación 8 (Con el link de la recomendación 8 se hace visible tanto esta nota interpretativa como las notas interpretativas de las recomendaciones 8 y 9. Una a continuación de otra)

La Recomendaciones del GAFI deberían aplicarse en particular a los seguros de vida y a otras formas de inversión ofrecidas por las compañías de seguros, mientras que la Recomendación 29 se aplica a todo el sector de seguros.

Recomendaciones 8 y 9 (Estas notas interpretativas se hacen visibles tanto al clickear el link de la 8 como de la 9)

Oficinas de Cambio

Las oficinas de cambio constituyen un eslabón importante en la cadena del blanqueo de capitales, debido a la dificultad de seguir la pista del origen del dinero una vez que ha sido cambiado. Diversos ejercicios de tipologías llevados a cabo por el GAFI han mostrado un incremento de la utilización de las oficinas de cambio en las operaciones de blanqueo de capitales. Por consiguiente, sería importante adoptar medidas eficaces en este campo. Esta Nota Interpretativa aclara la aplicación de las Recomendaciones del GAFI relativas al sector financiero a las oficinas de cambio y, cuando así es conveniente, define las opciones en esta materia.

Definición de las Oficinas de Cambio

A efectos de esta Nota, las oficinas de cambio se definen como instituciones que llevan a cabo operaciones de cambio de moneda al por menor (en metálico, por cheque o tarjeta de crédito). Las operaciones de cambio que se realizan únicamente como elementos accesorios de la actividad principal de un negocio están cubiertas ya por la Recomendación 9. Por consiguiente, tales operaciones están excluidas del ámbito de aplicación de esta Nota.

Medidas necesarias aplicables a las Oficinas de Cambio

Para luchar contra la utilización de las oficinas de cambio para el blanqueo de capitales, las autoridades competentes deberían tomar medidas destinadas a conocer la existencia de todas las personas físicas o jurídicas que, como actividad profesional, realizan operaciones de cambio de moneda.

Los miembros del GAFI deberían disponer, como mínimo, de un sistema eficaz por el cual las oficinas de cambio serían conocidas o declaradas a las autoridades competentes (ya sean de regulación o de prevención y represión). Podría lograrse este propósito solicitando a las oficinas de cambio que presentaran en el organismo designado una simple declaración que contuviera la información adecuada sobre la propia institución y sus directivos. El organismo en cuestión podría bien dar acuse de recibo o bien una autorización tácita, considerándose otorgada por la ausencia de expresión de objeciones.

Los miembros del GAFI podrían también considerar la posibilidad de introducir un procedimiento de autorización formal. Las personas que desearan establecer oficinas de cambio tendrían que presentar una solicitud a la autoridad designada, capacitada para conceder las autorizaciones caso por caso. La solicitud de autorización debería contener las informaciones establecidas por la autoridad, pero debería, como mínimo, contener información detallada sobre la institución solicitante y sus directivos. La autorización sería concedida siempre que la oficina de cambio satisfaciera las condiciones específicas relativas a sus directivos y accionistas, e incluyendo los criterios de "competencia y honorabilidad".

Otra opción que se podría considerar consistiría en una combinación de los procedimientos de declaración y de autorización. Las oficinas de cambio tendrían que notificar su existencia a una autoridad designada, pero no necesitarían una autorización para empezar a operar. La autoridad competente tendría libertad para aplicar los criterios de "competencia y honorabilidad" a los gestores de las oficinas de cambio una vez que la oficina hubiera iniciado su actividad, y si así fuere conveniente, prohibir a la oficina de cambio que prosiguiera sus actividades.

En el caso de que las oficinas tuvieran la obligación de realizar una declaración de actividad o una solicitud de inscripción, la autoridad designada (que podría ser un organismo público o un organismo autorregulador) podría estar autorizada para publicar la lista de oficinas de cambio registradas. Al menos debería llevar un archivo (informático) de oficinas de cambio. Esa autoridad estaría también facultada para emprender acciones contra las oficinas de cambio que realizaran operaciones sin haber hecho una declaración de actividad o sin haber sido registradas.

Como se prevé en las Recomendaciones 8 y 9 del GAFI, las oficinas de cambio deberían estar sometidas a las mismas disposiciones contra el blanqueo de capitales que cualquier otra institución financiera. Por tanto, las Recomendaciones del GAFI en materia financiera deberían ser aplicables a las oficinas de cambio. Las obligaciones relativas a la identificación, la comunicación de transacciones sospechosas, la diligencia debida y la conservación de documentos tienen una especial importancia.

Para garantizar la aplicación efectiva de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales por parte de las oficinas de cambio, deberían establecerse y mantenerse mecanismos de vigilancia de este cumplimiento. En caso de existir una autoridad de registro para oficinas de cambio o un organismo que recibiera las declaraciones de actividad de las oficinas de cambio, este último podría encargarse de esta función. Pero la vigilancia podría realizarse también por otras autoridades designadas (realizándose por éstas directamente o a través de la intervención de terceras partes tales como sociedades de auditoría). Se deberían tomar las medidas pertinentes contra las oficinas de cambio que no respetaran las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

El sector de las oficinas de cambio tiende a estructurarse (contrariamente a los bancos) sin organismos representativos nacionales que pudieran actuar como intermediarios en las relaciones con las autoridades. Por este motivo, es importante que los miembros del GAFI establezcan medidas eficaces para asegurarse de que las oficinas de cambio sean conscientes de sus responsabilidades contra el blanqueo de capitales y asegurar la transmisión a esas entidades de informaciones tales como directrices sobre tipos de transacciones sospechosas. En este sentido, sería útil fomentar el desarrollo de asociaciones profesionales.

Recomendaciones 11, 15 y 18

Cuando fuese necesario para conocer la identidad real del cliente y para evitar que las entidades jurídicas puedan ser utilizadas de forma abusiva por personas físicas como un medio para operar en realidad con cuentas anónimas, y si la información no pudiera obtenerse de otro modo a través de registros públicos o de otras fuentes fiables, las instituciones financieras deberían solicitar del cliente información (y actualizar esa información) sobre sus principales propietarios o beneficiarios. Si el cliente no tuviera tal información, la institución financiera debería solicitar al cliente información sobre quien detente el control real del negocio.

Si no se pudiera obtener la información adecuada, las instituciones financieras deberían prestar una atención particular a las relaciones comerciales y a las transacciones con el cliente.

Si fundándose en la información facilitada por el cliente u obtenida por otras fuentes, la institución financiera tuviera motivos para creer que la cuenta del cliente está siendo utilizada en operaciones de blanqueo de capitales, la institución financiera debería cumplir la legislación, reglamentos, directivas o acuerdos que sean aplicables en relación con la notificación de transacciones sospechosas o el cese de los negocios con tales clientes.

Recomendación 11
Los bancos u otras instituciones financieras deberían conocer la identidad de sus propios clientes, aunque éstos fueran representados por abogados, para descubrir y prevenir transacciones sospechosas, así como para poder responder rápidamente a los requerimientos de información o incautación de las autoridades competentes. Por consiguiente, la Recomendación 14 se aplica también al caso en que un apoderado actuase como intermediario en materia de servicios financieros.

Recomendación 14
(a) En la interpretación de esta recomendación se deben examinar con una atención especial no sólo las transacciones entre instituciones financieras y sus clientes, sino también las transacciones y/o envíos, especialmente de dinero e instrumentos equivalentes, entre las instituciones financieras o incluso las transacciones efectuadas dentro de los grupos financieros. Como los términos de la Recomendación 14 sugieren que "todas" las transacciones están comprendidas, debe interpretarse que se aplica a las transacciones interbancarias.

(b) Debe entenderse que la palabra "transacciones" se refiere a contratos de seguros, al pago de primas y a las prestaciones.

Recomendación 15
En aplicación de la Recomendación 15, las instituciones financieras deberían comunicar las operaciones sospechosas aún cuando consideren que dichas operaciones guardan también relación con cuestiones fiscales. Los países deben tener en cuenta que los blanqueadores de capitales pueden alegar, entre otras razones, que sus operaciones se refieren a cuestiones fiscales, con el fin de disuadir a las instituciones financieras de la obligación de comunicar toda operación sospechosa.

Recomendación 22
(a) Con objeto de facilitar la detección y vigilancia de transacciones en metálico, sin obstaculizar en forma alguna la libertad de movimiento de capitales, los miembros podrían considerar la posibilidad de que todas las transferencias transfronterizas por encima de un umbral determinado estuvieran sujetas a verificación, vigilancia administrativa, declaración o a la obligación de conservar la documentación.

(b) Si un país descubriera un envío internacional inhabitual de dinero, instrumentos monetarios, metales o piedras preciosas, etc., debería considerar si notificarlo, en su caso, a los servicios de aduanas u otras autoridades competentes de los países de origen y/o de destino del envío, y debería cooperar para determinar el origen, el destino y el propósito de tal envío y para tomar las medidas adecuadas.

Recomendación 26
Respecto a esta recomendación, cabe observar que sería útil para detectar eficazmente el blanqueo de capitales que las autoridades competentes pusieran a disposición de las autoridades de investigación las informaciones estadísticas disponibles, especialmente si estas informaciones contuviesen indicadores específicos de actividades de blanqueo de capitales. Por ejemplo, si las estadísticas de las autoridades competentes mostraran un desequilibrio entre el desarrollo de las actividades de los servicios financieros en una determinada zona geográfica de un país y el desarrollo de la economía local, este desequilibrio podría indicar la existencia de una actividad de blanqueo de capitales en la región. Otro ejemplo sería un cambio manifiesto en los flujos de billetes nacionales sin causa económica lícita aparente. No obstante, estos datos estadísticos deben ser analizados con prudencia, ya que no existe necesariamente una relación directa entre los flujos financieros y la actividad económica (por ej. los flujos financieros en un centro financiero internacional donde una parte importante de los servicios de gestión de inversiones se presta a clientes extranjeros o que posee un importante mercado interbancario no relacionado con la actividad económica local).

Recomendación 29
La Recomendación 29 no puede ser interpretada en el sentido de que requiera la introducción de un sistema de revisión periódica de las autorizaciones concedidas para el control de participaciones significativas en instituciones financieras únicamente para fines de lucha contra el blanqueo de capitales, sino que esta Recomendación subraya desde el punto de vista del GAFI, la conveniencia de revisar que los accionistas que controlan el capital de las instituciones financieras son adecuados (en particular de los bancos y de otras instituciones). Por consiguiente, en caso de que existan criterios de aptitud (o de honorabilidad) de los accionistas, las autoridades de vigilancia deberían prestar atención a su adaptación a los objetivos de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Recomendación 33
Sin perjuicio de los principios de su ordenamiento interno, los países deberían esforzarse por asegurar que las diferencias en las definiciones nacionales del delito de blanqueo de capitales (es decir, los diferentes criterios relativos al elemento intencional de la infracción, las diferencias en los delitos

subyacentes que den lugar al blanqueo de capitales, las diferencias con respecto a la acusación de la perpetración de la infracción subyacente del delito de blanqueo de capitales) no afecten la capacidad o disposición de los países de prestarse asistencia legal mutua.

Recomendación 36
La entrega vigilada de fondos que se sabe o sospecha son el producto de un delito es una técnica válida y eficaz de aplicación de las leyes para obtener información y pruebas sobre las operaciones internacionales de blanqueo de capitales. En ciertos países, las técnicas de entrega vigilada pueden incluir también la vigilancia de dinero. Puede ser de gran utilidad para emprender ciertas investigaciones penales y también puede ayudar a obtener más información general sobre las actividades de blanqueo de capitales. Debiera alentarse firmemente el uso de estas técnicas. Por lo tanto, deberían tomarse medidas apropiadas para que no haya obstáculos en los sistemas jurídicos que impidan el uso de las técnicas de entrega vigilada para la realización de tales operaciones, con sujeción a los requisitos legales, entre ellos la autorización judicial. El GAFI acoge con agrado y apoya las gestiones de la Organización Aduanera Mundial y de Interpol para alentar a sus miembros a que tomen todas las medidas apropiadas para promover el uso de estas técnicas.

Recomendación 38
a) Cada gobierno considerará, cuando sea posible, el establecimiento de un fondo para los activos decomisados en su respectivo territorio, en el que se deposite una parte o la totalidad de los bienes decomisados para los fines de salud, educación, represivos u otros pertinentes.

b) Cada gobierno debería considerar, cuando sea posible, la adopción de las medidas que sean necesarias para permitir que los bienes decomisados puedan repartirse con otros países, en particular, cuando el decomiso sea el resultado, directo o indirecto, de las acciones operativas coordinadas.

Aplazamiento de la detención e incautación

Los países deberían considerar la adopción de medidas a nivel nacional, incluidas las legislativas, para que las autoridades competentes que investigan las causas de blanqueo de capitales puedan aplazar o suspender la detención de los sospechosos y/o la incautación del dinero, o puedan no llevar a cabo tal detención e incautación, con el fin de identificar a los implicados en dichas actividades o de recopilar pruebas. Sin dichas medidas no es posible aplicar determinados procedimientos, tales como las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas.


 

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